Revista Derecho del Estado

Amicus curiae, constitutional justice and qualitative strengthening of constitutional debate

El presente estudio indaga sobre los perfiles actuales del amicus curiae y su importancia en el despliegue de la justicia constitucional. Analiza asimismo su utilidad como instrumento para viabilizar la participación ciudadana en el debate judicial en torno a asuntos de interés institucional y social, y evalúa su aporte cualitativo al acervo argumental de los tribunales internos e internacionales de derechos humanos, sobre la base del crecimiento de los espacios de interacción del derecho constitucional, el derecho procesal constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos.

This study investigates the current profiles of the amicus curiae and its importance in the deployment of constitutional justice. Also analyzes its usefulness as an instrument of viability of citizen participation in the judicial debate around issues of social and institutional interest, and evaluates its qualitative contribution to the lines of reasoning of the domestic and international human rights courts, on the basis of growth opportunities for interaction of Constitutional Law, Constitutional Procedural Law and International Human Rights Law.

Justice, truth and reparation in the Colombian peace process

Uno de los principales retos del proceso de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP es la conciliación entre el logro de la paz y la garantía de los derechos de las víctimas a la justicia, a la verdad y a la reparación. El Congreso de Colombia aprobó en julio de 2012 el "Marco Jurídico para la Paz", un conjunto de mecanismos de justicia transicional que pretenden facilitar las negociaciones, evitar la impunidad de los graves crímenes cometidos por los diferentes actores (guerrillas, grupos paramilitares y agentes estatales) y otorgar garantías a las víctimas. Este Marco introduce los principios de priorización y selección para el ejercicio de la acción penal, es decir, define en qué supuestos y con qué criterios se pueden priorizar unos delitos respecto de otros e, incluso, si se puede centrar la investigación penal exclusivamente en los máximos responsables de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. Este es el umbral mínimo que cabe exigir tanto al Estado colombiano (y en particular a las fuerzas armadas) como a los miembros del Secretariado de las farc. El Marco Jurídico para la Paz también prevé la creación de una Comisión de la Verdad que arroje luz sobre los gravísimos crímenes cometidos en Colombia, y deja en manos del Estado instrumentos importantes en materia de flexibilización de la respuesta penal ante los crímenes cometidos por diferentes actores armados. Estos beneficios están condicionados a que los desmovilizados efectúen contribuciones significativas para una paz duradera, la verdad y para lograr la reparación de las víctimas.

One of the main challenges facing the peace process between the Colombian government and the FARC-EP is how to secure peace while at the same time guaranteeing the victims' rights to justice, truth and reparation. In July 2012 the Colombian Congress adopted a Legal Framework for Peace, a package of transitional justice mechanisms designed to facilitate negotiations, prevent impunity for the serious crimes committed by the different actors (guerrillas, paramilitary groups and State actors) and provide guarantees to the victims. Under the Framework, the principles of prioritisation and selection are to be applied to the bringing of criminal proceedings, in other words, for deciding in which situations and on the basis of which criteria some offences may be prioritised over others and even whether the criminal investigation might focus solely on the main perpetrators of war crimes, crimes against humanity and genocide. This is the minimum threshold that should be demanded of both the Colombian State (and especially the Armed Forces) and members of the farc Secretariat. The Legal Framework for Peace also provides for the establishment of a Truth Commission to shed light on the extremely serious crimes committed in Colombia and leaves in the State's hands a number of important instruments that allow a flexible approach to be taken with regard to the punishment of crimes committed by the different armed actors. The granting of such benefits will be subject to those being demobilised making significant contributions towards achieving lasting peace and securing truth and reparation for the victims.

Independent candidates in Mexico

En el presente trabajo se revisa el tema de las candidaturas independientes en México, pues a través de la denominada reforma política del año 2012 se incorporó en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el derecho de los ciudadanos a ser registrados como candidatos independientes. Asimismo, en septiembre de 2013 se llevó a cabo una reforma al artículo 116 ibídem con la finalidad de permitir las candidaturas independientes en el ámbito de las entidades federativas. No obstante, previo a las reformas constitucionales que incorporaron tal figura en el derecho electoral mexicano, existen antecedentes de diversa índole, desde las legislativas hasta las jurisdiccionales. Aunado a ello, la tipología de las candidaturas independientes no es única, existen diversas clases de ellas, por ejemplo la legislación electoral mexicana reconoce las candidaturas no registradas, aunque los sufragios emitidos con ese carácter reciben un trato especial por la propia legislación. Además, el Congreso de la Unión no ha cumplido con la obligación de emitir la legislación secundaria en la materia, ya que el órgano revisor de la Constitución determinó que debía emitirse la normatividad reglamentaria a más tardar un año después de la entrada en vigor de la reforma constitucional de agosto de 2012.

In this paper we discuss the issue of independent candidates in Mexico, because through the so-called political reform of 2012 was incorporated in the Political Constitution of the Mexican United States the right of citizens to be registered as independent candidates. Also, in September 2013 was carried out a reform of Article 116 of the Political Constitution of the Mexican United States in order to allow independent candidates in each state of the Republic. However, prior to the constitutional reforms that incorporated such a figure in Mexican electoral law, there is a background of different types, from the legislative to the judicial. Added to this, the type of independent candidates is not unique, there are different kinds of them, for example Mexican electoral law recognizes unregistered candidates, although the votes cast for that type receive special treatment by the legislation itself. In addition, Congress has not complied with the obligation to issue secondary legislation on the matter, as the reviewing autority of the Constitution determined that statutory regulations should be issued no later than one year after the entry into force of the constitutional reform August 2012.

Legal pluralism and coordination instruments between the indigenous judicial system and national judiciary in Colombia

El método negocial -como mecanismo para la elaboración de políticas que definan los límites y parámetros de coordinación entre la jurisdicción ordinaria y las jurisdicciones indígenas- es un imperativo constitucional bajo el ordenamiento establecido por la Constitución Política de 1991. No obstante, el método negocial ha fracasado, porque dos décadas después de la aprobación de la Constitución no se ha desarrollado una verdadera concertación que permita la aprobación de una ley de coordinación entre jurisdicciones. El fracaso del método negocial se hace patente en que el establecimiento de los criterios de coordinación, la fijación de los límites y la resolución de los conflictos de competencia se ha hecho y deberá hacerse -hasta que el método negocial no tenga éxito- caso a caso por parte de los jueces del Consejo Superior de la Judicatura y de la Corte Constitucional. Finalmente, el éxito del método negocial no garantiza la inexistencia de conflictos, ni debe ser excluyente de una aplicación conjunta con el método jurisprudencial.

The negocial method -as an instrument to make policies to define the boundaries and the coordination parameters between the indigenous judiciary systems and the judiciary- is a constitutional mandate under the Colombia Constitution of 1991. However, after two decades since the Constitution was enacted, the negocial method has failed because does not exist a true process of deliberation aiming to enact a coordination law between jurisdictions. The coordination criteria, the boundaries and the definition of the competence conflicts have been established and shall be established case by case by the Judiciary Supreme Council or by the Constitutional Court. Finally, the success of the negocial method cannot guarantee neither the elimination of conflicts nor exclude the use of the jurisprudential method.

The free, prior and informed consent as warranty of transparency in public administration

La consulta previa es un derecho fundamental del que son titulares los grupos étnicos para decidir sobre todo tipo de medida estatal que pueda afectarlos directamente. Encuentra su fundamento constitucional en el reconocimiento de la identidad multicultural del Estado colombiano, bajo una óptica democrática incluyente; en el derecho que tienen los pueblos a decidir sus propias prioridades de acuerdo con sus propias creencias, instituciones y/o territorios que ocupan o utilizan; y en el derecho de participar en el diseño, implementación y evaluación de programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarlos. En este sentido, el Estado colombiano ha sido receptor de importantes instrumentos internacionales para la protección de los derechos de las minorías étnicas, no obstante, los órganos legislativo y gubernamental no han brindado los instrumentos legales y reglamentarios suficientes para hacer efectiva tal protección, vacío que ha sido suplido por una labor activa de la Corte Constitucional. En este sentido, a través de la jurisprudencia constitucional el Estado colombiano ha pasado de una concepción restringida de la aplicación del derecho a la consulta previa a una ampliamente extensiva que evoluciona hacia el consentimiento libre, previo e informado, el cual implica que el Estado debe buscar el consentimiento de los grupos étnicos en un diálogo intercultural de buena fe, con información oportuna y veraz que les permita ser conscientes del contenido, alcance y consecuencias de las medidas que se pretende adoptar. En este contexto, el consentimiento libre, previo e informado condiciona el accionar de la administración pública, constituyendo un referente de obligatorio cumplimiento y garantía de transparencia en la gestión administrativa.

The prior consultation is a fundamental right recognized to ethnic gropus to decide on any type of state measure capable to impact them directly. Finds its constitutional basis in the recognition of the multicultural identity of the colombian State, under an inclusive democratic perspective; the right of peoples to decide their own priorities in accordance with their own beliefs, institutions and / or territories they occupy or use; and the right to participate in the design, implementation and evaluation of programs for national and regional development which may affect them. In this sense, the Colombian State has been the recipient of major international instruments for the protection of the rights of ethnic minorities, however, the legislative and governmental bodies have failed to provide the legal and regulatory instruments necessary to effect such protection, aspect that has been supplemented by an active role of the Constitutional Court. In this sense, through the constitutional jurisprudence, the colombian state has shifted from a narrow conception of the application of the right to prior consultation, to a widely extended concept toward the free, prior and informed consent, which blanket any state measure (legal or administrative) likely to affect ethnic communities, and implies that the state must seek the consent of the ethnic groups in an intercultural dialogue in good faith, and oportuned information that enables them to effectively meet the content, scope and consequences of the measures they intend to adopt. In this context, the prior, free and informed consent determines the actions of government, constituting a binding reference and ensure transparency in the administration.

Inter-American conventionality control: A simple application of International Law

El término control de convencionalidad llevaba siete años en uso en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el año 2013. Pese a ello, esta poco había precisado respecto a cómo entendía ese término hasta marzo de ese año, cuando por primera vez, en una resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, estableció una definición y las formas en las que se puede llevar a cabo. Ante esa situación, resulta imprescindible hacer un nuevo recuento jurisprudencial completo, a fin de conocer qué es lo que el tribunal interamericano pide que lleven a cabo los Estados parte a la Convención Americana. Más aun cuando académicamente el llamado control de convencionalidad ha carecido de análisis completos, al construirse una aparente doctrina a partir de cuatro o cinco jurisprudencias, y no de las veintiocho que hasta julio de 2014 desarrollan esa figura jurídica en la jurisprudencia interamericana. En razón de lo expuesto, en este documento se busca debatir y reflexionar sobre el llamado control de convencionalidad, en lugar de limitarnos a repetir lo establecido por la Corte Interamericana y por parte de la doctrina latinoamericana predominante.

Until the year 2013 the term Conventionality Control had been used for 7 years in the jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights. Nevertheless, until March of that year, the Court had clarified little about how it understood that term. For first time in a Resolution of Monitoring of Compliance with Judgment, the Court established a definition of Conventionality Control and the ways in which it can be used. Because of this situation, it's necessary to make a new and complete jurisprudential recount in order to understand what the Inter-American Court is asking to the Member States of the American Convention to comply with. Furthermore, because academically the so called Conventionality Control has lacked comprehensive analysis due to the fact that the apparent doctrine has been built taking reference of only 4 or 5 isolated case law and not with the total 28 case law that, until July 2014, makes reference to the Conventionality Control. Thus this paper seeks to discuss and reflect, one more time, about the Conventionality Control rather than just repeat the provisions of the Court and of the dominant Latin American doctrine.

"XXI Century Health Insurance Program": A public policy proposal to strenghten the right to health in early childhood in Mexico

El presente artículo analiza los fundamentos jurídicos y la operación del "Programa Seguro Médico Siglo xxi", con el objeto de elaborar una propuesta de política pública que permita fortalecer su integración en el sistema jurídico mexicano. Actualmente su funcionamiento está sujeto a disposiciones regulatorias de carácter anual, como son el Presupuesto de Egresos de la Federación y las Reglas de Operación de los programas que se derivan del mismo. Lo anterior rivaliza con la trascendencia que este Programa supone para dotar de efectividad al derecho constitucional a la protección de la salud y, de manera específica, a los niños en sus primeras etapas de vida. En ese sentido, en este trabajo se establecen las líneas generales que permitan consolidar el funcionamiento del "Seguro Médico Siglo xxi" dentro del Sistema de Protección Social en Salud (también llamado Seguro Popular), a través de su incorporación en la Ley General de Salud.

This article analyses the legal basis and the operation of a National Program established in order to guarantee health care of children, titled "xxi st Century Health Insurance". The objective is to make a public policy proposal to improve the position of the Health Insurance Program in Mexico's legal system. At the present time, this Program depends on budgetary rules with an annual validity. This situation contradicts the significance of its target, which is precisely the health care of children in their early stages of life and the effectiveness of the fundamental right to health. In that sense, this paper establishes the basis to consolidate this Program through a legal reform and its integration in the Mexican System of Social Protection in Health.