International Law

LA INMUNIDAD SOBERANA Y EL EMBARGO DE UN BUQUE DE GUERRA: EL CASO DEL A. R. A. LIBERTAD

La jurisprudencia del Tribunal Internacional de Derecho del Mar (TIDM) en casos de pronta liberación de buques pareció aclararse mediante una serie de precedentes relevantes. Sin embargo, por primera vez desde su creación, el TIDM tuvo que decidir sobre la detención de un buque de guerra por parte de un Estado ribereño. Conforme la costumbre internacional, los buques de guerra gozaron siempre de inmunidad, como lo evidencian numerosos tratados internacionales, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM). El propósito de este artículo es analizar, a la luz de las convenciones, leyes nacionales y decisiones de las cortes nacionales e internacionales, si un buque de guerra puede ser embargado por otro Estado. El artículo discute la decisión del TIDM en el caso del A. R. A. Libertad, y concluye que Ghana violó el derecho internacional de Argentina en materia de inmunidad. El caso A. R. A. Libertad es una importante decisión del TIDM en materia de inmunidad soberana de buques de guerra, pero el alcance de esta decisión se mantiene incierto.

The jurisprudence of the International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) in prompt release cases seems to have been clarified through a series of relevant precedents. However, for the first time since its creation the ITLOS deal with the detention of a warship in a foreign State. As a matter of international custom law warships have long been considered immune from enforcement measures, as evidenced by a number of multilateral treaties, including the UN Convention on the Law of the Sea. The purpose of this article is to analyze, in the light of conventions, national statues and decisions of international courts if a warship can be seized on a foreign State. This article discusses the A. R. A. Libertad case decision of the International Tribunal for the Law of the Sea. It concludes that Ghana contravened international law on immunity of Argentinean rights. Moreover the A. R. A. Libertad case presents an important decision from the ITLOS in the law of sovereign immunity of warships, but the question of the scope of the A. R. A. Libertad case holding remains unsettled.

LA BIOPROSPECCIÓN ANTARTICA: INDEFINICIONES E INCOMPATIBILIDADES CON EL SISTEMA DEL TRATADO ANTARTICO

Pese a que las partes de la Reunión Consultiva del Tratado Antártico de 2009 consideraron que la bioprospección antártica estaba regulada de forma adecuada por la legislación antártica vigente, el presente artículo demuestra que existen problemas jurídicos respecto de la definición de conceptos fundamentales así como posibles incompatibilidades con principios básicos del Tratado Antártico que aún no están resueltas, de manera que haya claridad jurídica para realizar actividades de bioprospección en la Antártida.

A lthoughparts of the Antarctic Treaty Consultative Meeting2009 considered the Antarctic bioprospecting was adequately regulated by existing antarctic legislation, this article shows that there are legal issues regarding the definition of fundamental concepts and possible incompatibilities with basic principles of Antarctic Treaty, not yet resolved, so that there is legal clarity for bioprospecting activities in Antarctica.

PAPEL DE LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EN DECISIONES JUDICIALES DE LOS PAÍSES MIEMBROS

El artículo es resultado de un proyecto de investigación sobre los impactos de la globalización del derecho. El objetivo es establecer el papel que ha venido asumiendo lajurisprudencia de tribunales de justicia internacional en decisiones judiciales de los países miembros, en especial, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina -TJCA-, frente a algunas controversias en Colombia. Es un estudio descriptivo, con enfoque cualitativo, que emplea fuentes primarias y secundarias, mediante las técnicas de la revisión documental y el análisis de casos. Se concluye que la jurisprudencia de órganos de justicia internacional ha adquirido mucha relevancia dentro del derecho interno hasta convertirse en criterio prevalente de interpretación al realizar el control de constitucionalidad; por su lado, la jurisprudencia del TJCA forma parte del derecho derivado o comunitario de la can, el cual, aunque no forma parte del bloque de constitucionalidad, se hace obligatorio para el juez nacional al resolver un conflicto entre el derecho comunitario y la norma interna.

The paper is result of a research project on the impacts of globalization of law. The aim is to establish the role that has been taking the jurisprudence of international courts in internal judicial decisions, in particular the Court of Justice of the Andean Community -TJCA-, compared to some controversy in Colombia. It is a descriptive study with qualitative approach, which uses primary and secondary sources, using the literature review and case analysis techniques. It is conclude that the jurisprudence of international justice agencies has become very important within the domestic law becoming prevalent criterion of interpretation to perform constitutional control; for its side, TJCA jurisprudence is part of community secondary legislation of the CAN, which although not part of the block of constitutionality, it is mandatory for the national court to resolve a conflict between community law and the internal law

EL ESPACIO DE COLOMBIA PARA EXPEDIR REGULACIÓN PRUDENCIAL: UN ANÁLISIS DESDE SUS COMPROMISOS COMERCIALES INTERNACIONALES

Prudential regulation is aimed to protect consumers of financial services and the preservation of the integrity and the stability of the financial system. The adoption of this type of regulation has been proven to be vital for the economic stability of countries. Since the creation of the World Trade Organization (WTO), international commitments towards the liberalization on trade in services, including financial services, have had a direct impact on the policy space of countries for adopting prudential regulation. Such is the case of Colombia, as Member of the WTO and as party of different regional trade agreements (RTAS). This article makes a comparative analysis of the scope of the prudential regulation exceptions that Colombia has negotiated in relevant RTAS vis-à-vis, the so-called "prudential carve-out" under the General Agreement on Trade in Services (GATS). This comparative analysis intends to show that, from this perspective, Colombia's policy space for adopting prudential measures has been limited considerably, especially with respect to discriminatory measures.

La regulación prudencial tiene como objetivo proteger a los consumidores de los servicios financieros y preservar la integridad y la estabilidad del sistema financiero. La expedición de este tipo de regulación ha demostrado ser vitalpara la estabilidad económica de los países. Desde la creación de la Organización mundial del Comercio (OMC), se han asumido compromisos internacionales con el fin de liberalizar el comercio de servicios, entre estos, los financieros, los cuales han tenido un impacto en la discrecionalidad que tienen los países para adop tar regulación prudencial. tal es el caso de Colombia como miembro de la OMC y como parte de distintos acuerdos comerciales regionales (ACR). El presente artículo hace un análisis comparativo del alcance de las excepciones que, en materia de regulación prudencial, ha negociado Colombia en ciertos acr relevantes, vis-à-vis la llamada"excepción cautelar" contenida en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (agsc). Este análisis comparativo pretende demostrar que, desde esta perspectiva, la discrecionalidad de Colombia para adoptar regulación prudencial ha sido limitada considerablemente, en especial, en lo referente a medidas discriminatorias.

¿SIN DESDOBLAMIENTO FUNCIONAL? LA ELUSION DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE VANGUARDIA EN ESPAÑA: ESTRATEGIAS Y PARALELISMOS JUDICIALES

According to the decision of the Supreme Court rendered in Garzón-Memoria Histórica, Francoist crimes cannot be prosecuted in Spain. The judgment offered the unusual example of a national criminal court reluctant to apply avant-garde human rights reasoning, but at the same time having to elaborate in detail on the legal underpinnings ofjudge Garzón's "progressive" constructions. From a juridical point of view, the ruling is most interesting due to the use of four judicial strategies in order to avoid the application of avant-garde human rights reasoning: "closure", "chronological circumvention", "misinterpretation" and "partial recognition". A comparative approach to the use of these strategies that considers similar decisions with transitional relevance-mostly from Latin American courts-can shed light on the methodology employed by national judges as regards the assessment of international law sources. At this point, it must be said that, notwithstanding its demerits, the judgment cannot be merely qualified as "parochial": it underlines the limits of horizontal trans-judicial communication in matters of international criminal law and hints at some uncertainties accompanying avant-garde human rights constructions.

De acuerdo con la decisión del Tribunal Supremo en el caso Garzón-Memoria histórica, los crímenes delfranquismo no pueden ser investigados en España. La sentencia ofreció el ejemplo inusual de una jurisdicción penal nacional poco receptiva al Derecho Internacional de los Derechos humanos de vanguardia, que se vio forzada a pronunciarse en detalle sobre las construcciones progresistas del juez Garzón. Desde un punto de vista jurídico, la decisión es sumamente interesante debido al uso de cuatro estrategias judiciales que permitieron sortear todo tipo de razonamiento vanguardista: cierre, circun-vención cronológica, interpretación errónea y reconocimiento parcial. Una aproximación comparativa de la utilización de estas estrategias que, a su vez, considere decisiones similares con relevancia transicional -principalmente de cortes nacionales latinoamericanas-puede ofrecer luz sobre la metodología empleada por los jueces nacionales en lo que respecta a la evaluación de las fuentes de Derecho Internacional. En este punto debe afirmarse que, a pesar de sus deméritos, la sentencia no puede calificarse meramente como chauvinista: subraya los límites inherentes a la comunicación transjudicial en materia de derecho penal internacional y apunta a una serie de incerti-dumbres que acompañan al Derecho Internacional de los Derechos Humanos de vanguardia.

¿PUDO LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS HABER PREVENIDO LA EXISTENCIA DE VÍCTIMAS FALSAS EN EL CASO DE LA MASACRE DE MAPIRIPÁN?

Although the Inter-American system on Human Rights, enjoy a fair deal of legitimacy among its members and the international community, the Inter-American Commission and Court on Human Rights have experienced certain criticism. Mostly, member States have hinted on the fact that the Court has a strong reticence in deploying fact-finding missions even when dealing with sensitive cases that require a high level of fact analysis. On the other hand, the Commission has been placed under the inquisitor eye and has lost credibility amongst States. The above critiques have recently become stronger with the scandal of the false victims in Mapiripán. Accordingly, it has been argued that the existence of false victims responds partly to a lack of conscious assessment by the Commission and the Court. Several declarations of the Colombian government have hinted on this aspect and consequently Colombia has requested the Court to revise its judgment. Despite the fact that the Court has never agreed to revise its judgments, the impact that this case has on the credibility of the system has compelled the Court to do so. Thus, the main objective of this article is to analyze if the existence of false victims could have been prevented if both organs would have engaged more actively in fact-finding activities.

Aunque el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ostenta un alto grado de legitimidad entre sus Estados miembros, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos recientemente han experimentado algunas críticas. Sobre todo, los Estados miembros han dado a entender que el Sistema ha mostrado una fuerte reticencia en el despliegue de visitas in loco e investigativas para determinar la veracidad de los hechos denunciados, incluso cuando se trata de casos delicados que requieren un alto grado de análisis. Lo anterior aumentó recientemente con el escándalo de las falsas víctimas en Mapiripán. Así, se ha sostenido que la existencia de víctimas falsas responde, en parte, a la falta de una evaluación consciente por parte de la Comisión y de la Corte. Varias declaraciones del Gobierno colombiano han hecho alusión a este aspecto y, en consecuencia, Colombia ha solicitado a la Corte que revise la sentencia. A pesar de que la Corte nunca ha aceptado revisar sus sentencias, el impacto que este caso tiene sobre la credibilidad del sistema ha obligado a la Corte a hacerlo. Así, el objetivo principal de este artículo es analizar si la existencia de víctimas falsas podría haberse evitado si el Sistema hubiera desplegado actividades de investigación de los hechos de manera más activa

LA CONSTITUCIÓN DE 1988 Y LA DISCRIMINACIÓN RACIAL Y DE GÉNERO EN EL MERCADO DE TRABAJO EN BRASIL

O artigo apresenta as condições de inserção do elemento negro no mercado de trabalho pós-abolição, discute o papel que desempenha a educação como alavanca de melhores posições e postos de trabalho para esse segmento da população e destaca a importância que ainda tem a discriminação racial e de gênero na produção e reprodução das desigualdades no mercado de trabalho. Discute, fundamentalmente, o papel da Constituição de 1988 na consolidação de marcos jurídicos na luta antidiscriminatória no mercado de trabalho no Brasil.

El artículo presenta las condiciones de inserción del elemento negro en el mercado de trabajo después de la abolición, discute el papel que desempeña la educación como palanca para obtener mejores posiciones y puestos de trabajo para ese segmento de la población, y destaca la importancia que tiene aún la discriminación racial y de género en la producción y reproducción de las desigualdades en el mercado de trabajo. Discute, fundamentalmente, el papel de la Constitución de 1988 en la consolidación de los marcos jurídicos en la lucha antidiscriminatoria en el mercado de trabajo en Brasil.

PARTICIPACIÓN POLÍTICA: UNA CONDICIÓN PARA UNA PAZ DURADERA Y ESTABLE EN COLOMBIA

After moving a significant step forward towards enduring peace and reconciliation through the Congressional enactment of the Victims and Land Restitution Law, in September 2012 the Colombian Government publicly announced the formal initiation of peace talks with the Revolutionary armed Forces of Colombia (FARC), the oldest still standing guerrilla movement in the country. However, this news did not come entirely by surprise. Just two months before, on July 31st 2012, the Colombian Congress had passed a constitutional amendment- known as the Legal Framework for Peace- exclusively designed to facilitate peace talks by providing the legal foundations of transitional justice mechanisms. This article aims to analyze the scope and meaning of the participation in politics provision of the Legal Framework for Peace, which paves the way to negotiating a political settlement for the non-state armed groups that agree on a ceasefire and a peace commitment. Based on an analysis of the criteria that have been commonly applied to define which type of common crimes should be considered to be associated with a political offence, and taking into account the political participation provision as a basic commitment to any successful transition, I will conclude by addressing the need that the statutory law -that will develop the Legal Framework for Peace - refrain from referring to an exhaustive list of crimes. Rather, I propose that the legislative implementation of the last provision of the Legal Framework for Peace should rely on criteria that will structure a more flexible and responsive case-by-case analysis. In any case, it is necessary to take into account that unlike the cases of South Africa and Northern Ireland, as well as the traditional understanding of the political offence in the Colombian context as exclusively referred to the granting of amnesties or pardons, article 3 is aimed to opening the possibility for the armed groups -and their members- to enter the mainstream of the democratic process. Although the idea of the FARC participating in parliamentary elections and transforming into a political party seems disquieting for an important portion ofthe public opinion, the truth is that this issue constitutes a groundbreaking condition for a successful political transition in Colombia.

Después de dar un gran e importante paso hacia la consecución de una paz duradera y estable median te la sanción de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, en septiembre de 2012 el Gobierno nacional hizo público el inicio de conversaciones de paz con las FARC, la guerrilla más antigua en el país. Esta noticia, sin embargo, no fue una total sorpresa. Justo dos meses antes del anuncio, el 31 de julio de 2012, el Congreso nacional aprobó un Acto Legislativo -también conocido como el Marco Jurídico para la Paz- diseñado para facilitar las negociaciones de paz mediante el establecimiento de instrumentos jurídicos de justicia transicional. En este artículo se analizará el significado y contenido del tercer artículo del Marco Jurídico para la Paz que abre la puerta a la participación en política de miembros desmovilizados de aquellos grupos armados que acuerden un cese al fuego y suscriban un acuerdo para la terminación del conflicto. Así, a partir de un análisis de los criterios a los que, por lo común, se recurre con el propósito de definir qué tipos de penas pueden considerarse conexas al delito político, y según la importancia de la participación en política de los excombatientes para una transición exitosa, concluiré en la necesidad de que la ley estatutaria que desarrolle el Marco Jurídico para la Paz evite definir una vinculación mediante el establecimiento de una lista exhaustiva de delitos. En su lugar, en el presente artículo se propone la adopción de una serie de criterios que permiten un análisis caso por caso de la posibilidad de participar en política. De cualquier modo, debe tenerse en cuenta que, a diferencia de las experiencias de Sudáfrica e Irlanda del Norte, el entendimiento tradicional del delito político en el contexto colombiano es especialmente relevante para efectos de la concesión de amnistías o indultos; el Artículo 3 del Marco Jurídico para la Paz está encaminado a permitir la participación en política de los grupos armados y sus miembros. Si bien la idea de la participación en política de las FARC es difícil de asimilar, y ha sido ampliamente criticada por sectores de la opinión pública, lo cierto es que este aspecto constituye un elemen to esencialpara una transición exitosa hacia lapaz.

LOS DERECHOS DE LOS EXTRANJEROS COMO LIMITE A LA SOBERANÍA DE LOS ESTADOS

Este artículo, resultado de investigación¹, presenta una reflexión a la luz de las normas del DIDH y de la jurisprudencia de los sistemas universal, europeo e interamericano, en relación con la existencia de derechos que pueden ser considerados una limitación a la potestad soberana de los Estados en la definición de su política migratoria. Se aborda el principio de igualdad y no discriminación en favor de los extranjeros, la discrecionalidad de los Estados para la definición de sus políticas migratorias y se analizan derechos que pueden constituir limitaciones a esta soberanía.

This article presents the results of a reflection made under the International Human Rights law, the European and Inter-American human rights protection systems, and the Universal law, all in relation with any rights that may be considered a limitation of the sovereign power of states to define their migration policy. Also, it deals with the principle of equality and non-discrimination of foreigners, the discretion of States to define their migration policies, and analyzes that this principles may constitute a limitation to the sovereignty of states.