International Law

CASE OF INDIGENOUS COMMUNITIES KUNA OF MADUNGANDÍ AND EMBERÁ OF BAYANO AND ITS MEMBERS V. PANAMA

The judgment of 14 October 2014 in the Case of Indigenous Communities Kuna of Madungandí and Emberá of Bayano and its members v. Panamá, concerned the alleged international responsibility of Panama for, inter alia, the continuous violation of the right to collective property of the indigenous communities due to the failure to compensate them for stripping and flooding of their territories, for the construction of a hydroelectric dam. The Inter-American Court of Human Rights decided in its judgment to be without jurisdiction ratione temporis to proceed to the merits of this claim. The article argues the decision of the Inter-American Court of Human Rights was incorrect from the standpoint of the continuous violations doctrine, as well as it argues that the Inter-American Court of Human Rights missed a unique opportunity to set forth the scope of its jurisdiction ratione temporis with regard to expropriations and the obligations deriving from it for States. Therefore, an appraisal and acknowledgment of judge Ferrer Mac-Gregor Poisot partial dissenting opinion is made, as sole dissenter in this aspect of the judgment.

La sentencia del 14 de octubre de 2014 en el caso de los Pueblos Indígenas Kuna de Madungandí y Emberá de Bayano y sus miembros vs. Panamá, hace referencia a la responsabilidad internacional por parte de Panamá por, inter alia, la violación continuada del derecho a la propiedad colectiva de las comunidades indígenas, debido a la falta de compensación por el despojo e inundación de sus territorios para la construcción de una hidroeléctrica. En su sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos decidió no considerarse competente ratione temporis para analizar el fondo de esta pretensión. Este escrito argumen ta que la decisión de la Corte In teramericana de Derechos Humanos fue incorrecta a la luz de la doctrina de las violaciones continuadas, y sostiene que la Corte Interamericana de Derechos Humanos perdió una oportunidad única para establecer el ámbito de su competencia ratione temporis respecto a las expropiaciones y las obligaciones que de estas derivan para los Estados. Por lo tanto, se realiza una valoración y reconocimiento al voto parcialmente disidente del juez Ferrer Mac-Gregor Poisot, como único juez disidente en este aspecto de la decisión.

O PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA EM FACE DA COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL

Valorações jurídicas sobre a coisa julgada inconstitucional constituem um desafio para a Ciência do Direito. O tema descortina a impossibilidade da permanência da res iudicata desconforme com a Lei Maior do Estado e o impasse que, eventualmente, poderá advir diante do postulado da segurança jurídica. De fato, impugnável a decisão judicial transitada emjulgado, formal ou materialmente, se o conteúdo se opuser à Carta Política da Nação. No Brasil, o artigo 5, inciso XXXVI da Constituição Federal, reveste-a de intangibilidade tão somente no tocante à retroação da lei infraconstitucional no tempo que, porventura, possa modificar ou rechaçar direito já assegurado sob o pálio de norma anterior pelo Poder Judiciário. Sem embargo, se ela esbater-se em preceito magno, preveem tanto o Código Processual Civil quanto Penal Brasileiro, mecanismos para desconstituí-la e, consequentemente, findar seus efeitos. O presente artigo traz a lume doutrina que maneja o tema, bem como pontua os instrumentos disponíveis na processualística pátria para atacar a imutabilidade da coisa julgada inquinada pelo vício da pior das nulidades absolutas: a inconstitucionalidade. Nesse diapasão, destaca os dispositivos legais que regem a matéria e ajurisprudência das Cortes Superiores nacionais para, ao final, concluir pela submissão de todos os atos estatais -executivos, legislativos ou judiciais- estes últimos, inclusive, com o tránsito em julgado já operado, à aferição do controle de constitucionalidade em sede incidental. Proclamada a sua incompatibilidade vertical em face da Lex Magna, deverá a res iudicata ser nulificada e operar efeitos ex tunc, como única maneira de assegurar a força normativa da Constituição.

Las valoraciones jurídicas sobre la cosa juzgada inconstitucional constituyen un reto para la Ciencia del Derecho. El tema revela la imposibilidad de que la res judicata permanezca en desacuerdo con la Ley Suprema del Estado y el callejón sin salida que, eventualmente, podría provenir frente al postulado de seguridad jurídica. De hecho, es impugnable la decisión judicial transitada en juzgado, formal o materialmente, si el contenido se opone a la Carta Política de la Nación. En Brasil, el artículo 5, inciso XXXVI de la Constitución Federal, la reviste de intangibilidad tan sólo en lo referente a la retroacción de la ley infraconstitucional en el tiempo que, por ventura, pudiera modificar o rechazar el derecho ya asegurado bajo el escudo de la norma anterior por el Poder Judicial. Sin embargo, si esta se atenúa en precepto magno, tanto el Código de Procedimiento Civil como el Penal Brasileño prevén mecanismos para deshacerla y, consecuentemente, poner fin a sus efectos. El presente artículo trae la doctrina luz que maneja el tema, así como puntualiza los instrumentos disponibles en el procesalismo patrio para atacar la inmutabilidad de la cosa juzgada viciada por la peor de las nulidades absolutas: la inconstitucionalidad. En ese orden de ideas, se destacan los dispositivos legales que rigen la materia y la jurisprudencia de las Cortes Superiores nacionales para, finalmente, concluir sometiendo todos los actos estatales -ejecutivos, legislativos o judiciales, incluso estos últimos con el tránsito en juzgado ya operado-, a la medición del control de constitucionalidad en sede incidental. Proclamada su incompatibilidad vertical de cara a la Lex Magna, la res judicata deberá ser anulada y aplicársele los efectos ex tunc, como única manera de asegurar la fuerza normativa de la Constitución.

The legal assessment about the unconstitutionalstare decisis is a challengefor The Science of Law. The theme reveals the impossibility of the res iudicata, formal or material, opposes against the Federal Constitution and the difficulties that may even tually come due the principle of legal security and Court surety. Indeed, it is possible in legal terms challenge the judicial decision which conflicts with the State's highest law. In Brazil, Article 5, XXXVIof the Federal Constitution only protects the intangibility of stare decisis with regard of retroactivity of law which could be review or even reversal individual rights. Nevertheless, if a judicial sentence eroded a constitutionalprecept, the Brazilian Criminal Procedure Code as also the Code of Civil Procedure, predicts mechanisms to nullify decisions guaranteed by apronouncement by the Judiciary Power and ends its effects. This article presents the doctrine about this juridical discussion as well as evaluates the available instruments in Comparative Law to attack the immutability of res iudicata contaminated by the worst nullity: the unconstitutionality. In this vein, this text will highlight the jurisprudence of National High Courts to conclude the necessary submission of all state acts -executive, legislative or judicial- to the Constitution, including the stare decisis, which judgments has already been definitively decided and the issue cannot be litigated again. Proclaimed the vertical incompatibility in the face of Lex Magna, the stare decisis must be nullified and operate ex tunc effects as the only way to ensure the normative force of the Constitution.

INTERNATIONAL LAW, CULTURAL DIVERSITY, AND THE ENVIRONMENT: THE CASE OF THE GENERAL FORESTRY LAW IN COLOMBIA

El derecho internacional ha sido reiteradamente cuestionado por su carácter excluyente y sus usos imperiales. Estas críticas describen de manera precisa muchas de sus estructuras y dinámicas. Sin embargo, el derecho internacional puede ser un instrumento útil para proteger los intereses legítimos de los Estados del Sur Global, en general, y de los distintos grupos sociales y culturales que los componen, en particular. El uso estratégico de sus normas y procedimientos puede contribuir eficientemente a alcanzar estos objetivos. No obstante, para entender el potencial emancipador o de resistencia social que tiene el derecho internacional es necesario complementar las discusiones y críticas teóricas con el examen de las formas concretas a través de las cuales el Sur Global hace uso del derecho internacional para resistir o transformar su realidad social. Siguiendo esta línea de argumentación, el artículo explora la manera como el derecho internacional puede ser usado como una herramienta para proteger los intereses de algunos de los grupos más vulnerables del Sur Global: las comunidades indígenas y negras culturalmente diversas. Este análisis se hace a partir de un estudio de caso. El artículo examina el proceso que se inicia con la presentación de la acción pública de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional colombiana en contra de la Ley General Forestal y que termina con la sentencia C-030 de 2008 que declaró su inconstitucionalidad. El análisis de este proceso se divide en dos partes: en la primera parte se examina la manera como el derecho internacional y el derecho nacional se entretejieron para la protección de los derechos de las minorías culturales colombianas. En la segunda parte, se presentan las razones jurídicas y políticas que explican por qué en Colombia, así como en otros países del Sur Global, el derecho internacional ambiental y el derecho internacional de las minorías culturales pueden ser (y son) usados eficientemente en las Cortes nacionales. Este artículo de investigación hace parte de un proyecto más amplio que tiene como objetivo examinar las relaciones entre derecho de interés público y minorías culturales.

International law has been repeatedly challenged for its exclusionary character and its imperial uses. These critiques describe many of its structures and dynamics in a precise manner. However, international law may be a useful instrument for protecting the legitimate interests of the States of the Global South in general, and of the distinct social and cultural groups that form them, in particular. Yet, in order to understand international law's potential for emancipation or social resistance, it is necessary to complement theoretical critiques with the examination of concrete forms through which the Global South makes use of international law to resist or transform its social reality. However, this theorization must emerge, at least in part, from the particular experiences that social movements and organizations have had with the use of international law for the defense of their communities, their lands, and their natural resources. This article explores the ways in which international law may be used as a tool to protect the rights and natural resources of some of the most vulnerable groups in the Global South: indigenous peoples and culturally diverse black communities. This analysis proceeds by means of a case study. This chapter examines the strategic litigation project that began when apublic action of unconstitutionality was brought before the Colombian Constitutional Court against the General Forestry Law (GFL), and that culminated with ruling C-030 of2008 declaring the law unconstitutional. The analysis of this strategic litigation project is divided in two parts: the first part examines the way in which international law and national law are interwoven for the protection of the rights of Colombian cultural minorities and of the environment. The second part presents the legal and political arguments that explain why, in Colombia as well as in other countries of the Global South, international environmental law and the international law on cultural minorities may be (and are) used effectively in national courts.

CAPITAL GAINS ON THE ALIENATION OF ASSETS OPERATED IN INTERNATIONAL TRAFFIC UNDER DOUBLE TAXATION CONVENTIONS

El presente texto analiza la tributación de las ganancias de capital obtenidas por la enajenación de activos, específicamente buques, naves y aeronaves, explotados en el tráfico internacional bajo la óptica de los convenios de doble imposición (en adelante, CDI). En particular, se estudia el artículo 13 del Modelo de convenio de la OCDE junto con sus respectivos comentarios, su historia y sus propuestas de reforma, el Modelo de convenio de Estados Unidos, las Decisiones de la Comunidad Andina de Naciones y el Informe de Partnerships. Además, de manera auxiliar se acude a la interpretación dada por la doctrina más especializada. A tal efecto, el texto muestra el resultado de investigación sobre los activos contenidos bajo la norma específica de ganancias de capital de bienes explotados en el tráfico internacional, la distribución del poder tributario que suelen realizar los CDI y las dificultades que se presentan cuando se sigue el MCOCDE y se asigna la potestad exclusiva de gravamen a la sede de dirección efectiva. El artículo finaliza destacando los conflictos de calificación que pueden surgir y las soluciones que pueden plantearse bajo el Informe de partnerships o bajo una aplicación sistemática de los artículos 3.2 y 23 del MCOCDE que se propone.

This article analyzes the taxation of capital gains on the alienation of assets, particularly vessels, ships and aircrafts operated in international traffic from the perspective of double taxation conventions. Therefore, Article 13 of the OECD Model Convention is analyzed from its respective commentaries, the history of the Model and the proposed changes. The research also cover the comparison with the United States Model Convention and the treaty practice. Finally, as an auxiliary source, the interpretation and analysis given by the specialized doctrine is discussed in the paper. The text shows the results of the research on the taxation of capital gains from property operated in international transit, the distribution of the taxation power by double tax treaties (DTC's) and the difficulties that arise when followed the wording of the OECD Model. Under that Model, exclusive taxation power is allocated to the effective place of management. The article concludes by emphasizing the conflicts of interpretation that may arise, and possible interpretative solutions based on the Partnership Report or on a systematic application of Articles 3.2 and 23 of MCOECD.

ERGA OMNES EFFECT THE JUDGMENTS OF THE COURT INTER-AMERICAN CO URT OF HUMAN RIGHTS

Las fuentes de derecho internacional público (en adelante, derecho internacional o DIP) son vinculantes para los Estados, mediando su consentimiento. En el caso de las principales fuentes del DIP -esto es tratados, costumbre, actos jurídicos unilaterales y principios generales del derecho-, es claro el consentimiento necesario para su obligatoriedad. Respecto de las sentencias de tribunales internacionales, y de acuerdo al artículo 59 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia (en adelante, CIJ), su obligatoriedad es, de acuerdo a texto expreso, vinculante para los Estados involucrados en la controversia abordada por el fallo que la resuelve. Esto se expande a toda la judicatura internacional. En este trabajo de reflexión se analizará la obligatoriedad, es decir, el carácter de fuente del derecho del contenido de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, la Corte o CIDH), para aquellos Estados no parte en la controversia: efecto erga omnes de las sentencias de la Corte.

Public international law sources (hereinafter, international law or DIP) are binding for states mediating their consent. In the case of the main sources of DIP, namely treaties, customary, unilateral legal acts and general principles of law, it is clear the need for mandatory consent for its compulsoriness. Regarding the sentences of international tribunals, and according to Article 59 of the Statute of the ICJ, its obligation is, according to explicit text, binding to the states involved in the controversy addressed by the sentence that resolves it. Which expands to the entire judiciary in the international arena. In this paper, the obligation will be discussed, namely, the character of source of law for the content of the judgments of the Inter-American Court of Human Rights (hereinafter, the Court or CIDH), for those states not part to the dispute: effect erga omnes the judgments of the Court.

O ATIVISMO JUDICIAL DA "REPÚBLICA TOGADA" E O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE NA "DEMOCRACIA PARLAMENTAR"

Neste texto será feita uma breve análise acerca do ativismo judicial e do principio da estrita legalidade na dinámica jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal brasileiro, sob as luzes da soberania popular e da separação dos Poderes. O ativismo judicial será compreendido como a possibilidade de o Judiciário preencher as lacunas jurídicas ocorridas em face de injustificadas omissSes normativas inconstitucionais. O ativismo judicial somente é válido para a satisfação de direitos constitucionalmen-te consagrados, mas que estejam com seu exercício inviabilizado ante a injustificada omissão dos Poderes Legislativo ou Executivo. Analisare-mos os limites e as possibilidades dessa prática ativista, especialmente o princípio da estrita legalidade, que vem a ser a exigencia constitucional da indispensável intervenção do Legislador para regular normativamente certas matérias. Colheremos algumas decisSes do STF, e verificaremos se essas decisSes revelam uma postura ativista ou arbitrária.

In this paper, a brief analysis about judicial activism and the principle of strict legality in jurisprudential dynamics of the Supreme Court, under the lights of popular sovereignty and the separation ofpowers will be made. The judicial activism is understood as the ability of the judiciary filling gaps occurred in the face of unjustified regulatory omissions unconstitutional. Judicial activism is valid only for the satisfaction of constitutional rights, but they are with their exercise unviable against the unjustified omission of the Legislative or Executive. Analyze the limits and possibilities of activist practice, especially the principle of strict legality, which comes to the constitutional requirement of necessary intervention of the legislator to regulate certain matters normatively. Reap some decisions of the Supreme Court, and check if these decisions reveal an activist or arbitrary posture.

En este trabajo se hará un breve análisis sobre el activismo judicial y el principio de legalidad estricta en la dinámica judicial de la Corte Suprema de Brasil, a la luz de la soberanía popular y la separación de poderes. El activismo judicial se entiende como la capacidad del poder judicial para llenar los vacíos legales que se produjeron en la ocasión de omisiones injustificadas reglamentos inconstitucionales. El activismo judicial es válido solo para la satisfacción de los derechos constitucionalmente consagrados, pero su ejercicio es inviable por la omisión injustificada del Legislativo o Ejecutivo. Analizamos los límites y posibilidades de esta práctica activista, en especial por el principio de estricta legalidad, que trata de la exigencia constitucional de la intervención del legislador esencial para regular normativamente determinados asuntos. Consultamos algunas decisiones de la Corte Suprema para comprobar si estas decisiones revelan una postura activista o arbitraria.

EL POTENCIAL (DES)PROTECTOR Y (DES)EMPODERADOR DEL DERECHO Y EL DISCURSO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN RECLAMOS DE JUSTICIA SOCIAL Y TIERRAS

This article explores the potential effects of the use of human rights in framing claims for achieving social change. The discourse of human rights provides a conception of social justice based on dignity and equality. Thus, calling upon the human rights discourse can support social justice and land claims. However, in practice, the effects of a legal mobilization of the human rights discourse include not only benefits, but also dilemmas and risks for social and political struggles. I argue that utilization of the human rights discourse seems not to be an ideal strategy for achieving social change and the protection of land rights. However, in some contexts this discourse strongly contributes to the empowerment of underprivileged and excluded people, making unjust situations visible, and offering an alternative reality based on equality and dignity. At the very least, it can become a symbol of those ideals, inspiring social mobilization for change.

Este artículo explora los efectos potenciales del uso de los derechos humanos en la formulación de reclamos de cambio social. El discurso de los derechos humanos ofrece una concepción de justicia social fundamentada en dignidad e igualdad. Por lo tanto, invocar los derechos humanos puede apoyar reclamos de justicia social y de protección del derecho a la tierra. En la realidad, los efectos del uso de los derechos humanos implican no solo beneficios, sino también dilemas y riesgos para las movilizaciones sociales y políticas. Este artículo sostiene que el derecho y los derechos humanos no parecen una estrategia ideal para lograr el cambio social y la protección del derecho a la tierra. Sin embargo, en algunos contextos, este discurso contribuye a empo-derar a las personas o grupos tradicionalmente excluidos, haciendo visibles situaciones injustas y ofreciendo una realidad alternativa fundamentada en igualdad o dignidad. Al menos este discurso puede convertirse en un símbolo que inspira la movilización social.