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En este contexto, en el que además los límites entre lo urbano y lo rural son sumamente difusos, surge la interrogante sobre cómo hacer una lec- tura espacial de los derechos a la ciudad y, más propiamente dicho, del derecho a lo urbano y cómo se ven expresados en el territorio a medida que este se transforma por la ocupación y el desarrollo de actividades eminentemente urbanas.
Introducción
La ciudad ha sido, es y sigue siendo el escenario de grandes enfrentamientos sociales, políticos, económicos y culturales (Carrión y Erazo, 2016). El principal protagonista de estas acciones es el ser humano, quien construye y crea la ciudad que quiere. Sin embargo ¿es la ciudad que necesitamos? En este sentido, los territorios que conocemos son el resultado de acciones, enmarcadas en obligaciones y derechos ciudadanos, establecidas o no por un Estado central y no siempre orientadas a la búsqueda del bien común. Con este panorama de fondo para el desarrollo de las ciudades fue necesario pensar en un término que evite, entre otras cosas, las iniusticias territoriales.
Henri Lefebvre propone el derecho a la ciudad en 1968, a favor de una lucha anticapitalista y en búsqueda de la solución para los problemas socioespaciales urbanos. El filósofo y sociólogo lo define como el "derecho a una vida urbana común, transformada, renovada, donde la clase obrera es el agente para crear y producir ciudad" (Lefebvre, 1968: 138). Por su parte, la Constitución del Ecuador reconoce este derecho, entendido como el ejercicio pleno de la ciudadanía, para asegurar la dignidad y el bienestar colectivo de los habitantes de la ciudad en condiciones de igualdad y justicia (Asamblea Constituyente, 2008). Mientras que la Nueva Agenda Urbana retoma con fuerza este término, refiriéndose al derecho de todos los habitantes de las nuevas y futuras generaciones a crear ciudades y asentamientos humanos habitables, con el fin de promover la prosperidad y la calidad de vida para todos (ONU, 2016).
Los procesos globales, volátiles y dinámicos de reestructuración económica y política de las últimas décadas han generado cambios notorios en las ciudades en plazos demasiado breves, dando lugar a una competencia entre territorios para atraer capitales (Dillon, Cossio, y Pombo, 2010). De otra parte, durante la segunda década del siglo XX la población mundial se multiplicó 2,7 veces, con un incremento de 7,5 en ciudades mayores a un millón de habitantes, lo que confirma un proceso de urbanización contundente (Herrera y Clemencia, 2017). Se estima que en el año 2050 existirá un aumento del 13% de habitantes en las ciudades (ONU, 2018). Este fenómeno urbano ocasiona una repercusión directa en la morfología de las urbes, su funcionamiento, tamaño y distribución (Arteaga, 2005), pero, además, provoca la destrucción y alteración de los ecosistemas y los paisajes tradicionales, la transformación de las actividades rurales y un desorden en los marcos de planeamiento preexistente (Zuluaga Sánchez, 2008).
En este contexto, en el que además los límites entre lo urbano y lo rural son sumamente difusos, surge la interrogante sobre cómo hacer una lectura espacial de los derechos a la ciudad y, más propiamente dicho, del derecho a lo urbano y cómo se ven expresados en el territorio a medida que este se transforma por la ocupación y el desarrollo de actividades eminentemente urbanas. Por lo que, asumiendo la teoría unitaria de la producción del espacio de Lefebvre que parte de la trialéctica: espacio vivido, espacio percibido y espacio concebido, se plantea un conjunto de indicadores para el análisis de la expresión del derecho a la ciudad en el territorio en términos de satisfacción de necesidades fundamentales del ser humano. Esta propuesta se aplica en un sector de la ciudad de Cuenca, Ecuador y su área rural inmediata, con el obietivo de tener una lectura espacial del derecho a lo urbano y confrontar los resultados que se obtienen a ambos lados del límite urbano.
Marco conceptual y propuesta metodológica
David Harvey (2003, citado en Molano, 2016) define que el derecho a la ciudad no es el simple derecho a acceder a lo que los especuladores de la propiedad y los funcionarios estatales han decidido, sino el derecho activo a hacer una ciudad diferente, a adecuarla un poco más a nuestros anhelos y a rehacernos también nosotros de acuerdo con una imagen diferente. Sabiendo que se trata de aquella posibilidad de construir una ciudad en la que se pueda vivir dignamente (Sugranyes, 2010), la interrogante es ¿cómo identificamos el derecho a lo urbano en el territorio?
Efectivamente, los diferentes enfoques baio los cuales se hace una lectura del derecho a la ciudad dan elementos orientativos que permitan responder a esta interrogante. A continuación se presentan algunos.
Desde un marco de convivencia social y bien común, se trata de un derecho colectivo basado en un coniunto de normas que regulan la conducta humana (Villegas, 1967), el cual permite a todos los individuos usar y crear la ciudad (Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, 2016), a partir de decisiones y estrategias territoriales de acuerdo con dimensiones sociales, económicas, culturales y ambientales. En este escenario, diferentes organizaciones sociales a nivel mundial han instituido este término como uno de sus principios de desarrollo, en la medida en que permite a los individuos interactuar activamente en la ciudad, en búsqueda de un lugar que brinde a todos sus habitantes libertad de expresión y construcción de lo urbano, en donde predomina lo colectivo sobre lo individual.
Para que toda sociedad funcione es imprescindible que existan reglas coercitivas de conducta (Aubry y Rau, 1897). Desde ese punto de vista, el derecho a la ciudad se plantea como un conjunto de disposiciones que todos deben cumplir por el hecho de ser parte de una sociedad. En este sentido, se garantiza el derecho que tienen los habitantes de influir activamente en el control de su territorio, sustentado en políticas externas de libertad que buscan fortalecer la administración pública, asegurando autonomía, transparencia y eficiencia. Por lo tanto, las ciudades se construyen mediante un sistema de cooperación fundamentado en las aspiraciones colectivas e individuales que aseguran la armonía social (Oszlak, 1991). El fin último es obtener ventajas mutuas, garantizando la satisfacción de intereses diversos de cualquier grupo humano.
Al momento de hablar del derecho es necesario considerar la significativa carga ética que lo acompaña. Dentro de un marco territorial y de ciudad, este planteamiento se convierte en un presupuesto rector del mismo. El "Estado social y democrático de derecho, asume compromisos explícitos en su pacto político y social con la ciudadanía y lo juridifica" (Jiménez, 2018: 6). El derecho a la ciudad, desde un enfoque eminentemente ético, es la integración normativa de las relaciones humanas dentro del contexto social, en búsqueda de soluciones contra los impactos negativos que dificultan el progreso adecuado de los territorios (HIC-AL, 2008). Supone, de esta manera, un derecho colectivo encaminado a satisfacer necesidades humanas. Para lograrlo, es necesario desarrollar una planificación, regulación y gestión urbano ambiental que garanticen la gestión democrática y la participación de la ciudadanía.
En tanto derecho al entorno urbano y la convivencia social, el derecho a la ciudad requiere de un componente jurídico que lo avale y le añada relevancia y obligatoriedad. De este modo, resulta pertinente afirmar que el derecho a la ciudad es una herramienta producida por el ser humano para servir a la justicia y constituye un medio para satisfacer las necesidades de las personas (Recasens,1997). Para que en una sociedad se practique el derecho a la ciudad es necesario cambiar las estructuras político administrativas, enfocándolas fundamentalmente a la producción de leyes y normas con afección urbanística.
De otra parte, bajo el enfoque de mecanismo de cambio y construcción social se encuentra impreso el concepto de Lefebvre. Aquí es donde se garantiza que el derecho a la ciudad sea la posibilidad que tienen todos los seres humanos que forman parte de un territorio para habitar y crear el lugar en el que viven (ONU, 2016).
De lo anterior se puede concluir que todo sujeto puede fijar su vivienda, localizar una actividad socioeconómica e influir en el control de la ciudad con el predomino de lo colectivo sobre lo individual, lo que implica una correlación intelectual y ética entre el ser humano urbano y su entorno. No es un proceso de "residir en la ciudad", dominándola y sometiéndola a intereses individuales. Por el contrario, es el reflejo de la vida colectiva de quienes la habitan (Delgadillo, 2011), por lo que incluye elementos culturales y simbólicos que los caracterizan. Así, el derecho de los ciudadanos y los gobernantes de participar en la construcción de la ciudad se ve inmerso en el territorio mediante políticas, reglas y acciones concretas que aseguran una vida digna y la distribución incluyente e igualitaria de los recursos (Sugranyes, 2010).
Bajo estas consideraciones y con miras a establecer una metodología para realizar una lectura espacial del derecho a la ciudad, se le asume como una expresión social cambiante y variable, cuyas dinámicas territoriales y urbanas en ámbitos políticos, culturales, económicos y sociales pretenden satisfacer las necesidades humanas fundamentales, en búsqueda de una calidad de vida digna y del bien común. La operativización de esta definición se realiza a partir de la interrelación de los siguientes aspectos, los cuales estructuran la propuesta metodológica.
El derecho a la ciudad se orienta a la satisfacción de las necesidades humanas según diferentes categorías: subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad (Figura 1), las cuales, según Max Neef (1986), son permanentes, de carácter social universal, pues no han cambiado a lo largo del tiempo, pero sí dependen de un contexto determinado. En virtud de ello, lo que en realidad se ha modificado es la forma de satisfacer dichas necesidades, no obstante, históricamente la ciudad ha sido el lugar de encuentro y asociación de las personas en una búsqueda constante de meiorar sus condiciones de vida (Alguacil, 2008).
Fuente: elaboración propia
Figura 1 Metodología de la expresión espacial del derecho a la ciudad en el espacio geográfico
La interacción de los componentes que la constituyen ha permitido, en gran medida, la satisfacción de las necesidades humanas (Alguacil, 2008), reconociendo indudablemente que ellas trascienden los sa-tisfactores que puede prestar la ciudad. La propuesta aquí expuesta hace énfasis en la dimensión espacial de dichos satisfactores y contempla, por lo tanto, elementos con incidencia en esta dimensión (participación ciudadana, expectativas de la población, características jurídicas, seguridad ciudadana, planificación y gestión), las dinámicas urbanas (tendencias de crecimiento, cobertura de equipamientos y servicios básicos) y los componentes mismos de la estructura de la ciudad (suelo urbanizable, vialidad y transporte, trama urbana, predios, edificaciones, uso de suelo, vivienda) (Figura 1).
Un tercer aspecto hace referencia a los entornos sobre los cuales se determinará el porcentaie de observancia del derecho a la ciudad. Se aplica la trialéctica planteada por Lefebvre, buscando elementos que permitan tener una lectura desde lo que el autor denomina el espacio vivido, el espacio percibido y el espacio concebido (Figura 1). Por lo tanto, los elementos antes mencionados se organizan explicitando la esencia de cada uno de los espacios.
El espacio vivido es aquel que experimenta directamente la población, pero a través símbolos e imágenes en función de sus aspiraciones. Esto es captable mediante diversos mecanismos de participación ciudadana, en procesos de toma de decisiones y conformación de organizaciones sociales; al igual que por la identificación de expectativas y demandas en relación con la gestión de las autoridades, las mejoras en la ciudad, el acceso a la propiedad y su satisfacción con el entorno.
El espacio percibido agrupa las relaciones y materializa las necesidades de la vida cotidiana, abordando aquello que la población espera de la ciudad y lo que efectivamente ella le ofrece, como equipamientos, suelo urbanizable, vialidad, transporte, entre otros.
Mientras que el espacio concebido es aquel que ha sido conceptualizado por especialistas y es posible captarlo a partir de aquellos aspectos que han hecho parte de dichas conceptualizaciones, como la trama urbana, características del predio y la edificación, uso de suelo entre otros (Baringo, 2012).
La operacionalización de estos aspectos y su traducción a un entendimiento espacial se realiza a través de la definición de indicadores asociados a los tres aspectos antes mencionados tal como lo esquematiza la Figura 1, los cuales se aplican más adelante en un sector de la ciudad de Cuenca.
Área de estudio
La ciudad de Cuenca en Ecuador, reconocida como la tercera más poblada del país, ha presentado en los últimos años fuertes tendencias de crecimiento disperso hacia las parroquias rurales circundantes (Figura 2). La población busca nuevos espacios para vivir, lo que ha derivado en procesos intensos de urbanización en el área rural próxima al límite urbano. Desde el año 2000 hasta 2010, la tendencia de crecimiento se expande hacia la zona oeste (Municipalidad de Cuenca, 2014), haciendo del límite urbano un elemento casi imperceptible y dejando ver una frontera difusa entre lo formalmente rural y urbano.
Superando una visión exclusivista de la ciudad como lo urbano y el campo como lo rural, es preciso abordar la nueva ruralidad que emerge hoy en día caracterizada por mostrarse como "un campo resignificado, que, no obstante, carece de los atributos físicos de la ciudad, se encuentra impregnado y subsumido a lo urbano" (Limonad y Monte-Mór, 2012: 11). La intención es mirar la ciudad no como el lugar exclusivo de lo urbano y, por ende, el campo no como el lugar exclusivo de lo rural. Dado que el objetivo de este estudio es analizar el cumplimiento del derecho a la ciudad en entornos con características predominantemente urbanas, más allá de su reconocimiento formal, se ha seleccionado como caso de estudio el área próxima al límite urbano, perteneciente a la parroquia rural Baños y a la parroquia urbana Yanuncay en la ciudad de Cuenca (Figura 2), en la cual se levantó información primaria de los indicadores señalados en la Figura 1.
Resultados
Para la aplicación de la propuesta metodológica se consideraron dos tipos de levantamiento: uno de carácter predial, con un universo de 1227 predios; y una encuesta aplicada a 104 personas residentes en el área de estudio. La información recabada se clasificó en zona urbana y zona rural, lo que permitió la posterior comparación del grado de cumplimiento del derecho a la ciudad en zonas contiguas al límite urbano. A continuación, se presentan los resultados obtenidos.
Espacio vivido
Este espacio es considerado como el estudio físico y simbólico del territorio, en donde el actor principal es el ser humano y su capacidad de reinventar el mismo con un fin particular (Lefebvre, Martínez y Martínez, 2013). Con base en esto se identifican dos variables de análisis: la participación ciudadana y las expectativas y demandas de la población (Figura 1).
La participación ciudadana es considerada como la contribución poblacional en los procesos de participación social (PPS) y la organización social del territorio. En general, la población tanto del área urbana como rural muestra bajos porcentajes relativos al conocimiento de los procesos de participación social y organizaciones sociales, aunque en las zonas rurales presentan valores superiores, al igual que la percepción de una gestión pública deficiente.
En cuanto a la contribución en los PPS se obtuvo que el 22,2% de población del área urbana y el 29,6% del área rural conocen sobre la existencia de estos, pero no así su finalidad, únicamente le es familiar al 22,2% en cada caso. De este porcentaje solo el 11,1% de la población residente en el área urbana y el 18,5% del área rural estaría dispuesta a participar de ellos. Con respecto a la organización social, en la zona urbana el 33,3% de la población conoce una o varias organizaciones sociales en su área de residencia, mientras que en la zona rural el 44,4% de la población sabe de ellas.
Para la segunda variable de análisis, expectativas y demandas de la población, se estudió la perspectiva poblacional acerca de la gestión pública, las mejoras en la zona de residencia y la satisfacción con el lugar de residencia. Se obtiene como resultado que el 66,7% de la población que reside en el área urbana califica como regular la gestión de las autoridades, el 25,9% como buena y el 7,4% como mala. Mientras que, en el caso rural, el 59,3% la identifica como regular, el 18,5% como buena y el 22,2% como mala.
En lo referente a la percepción de mejoras en la zona de residencia durante los últimos años, se destaca que tanto en la zona urbana como rural el 25,9% y 18,5%, respectivamente, no reconoce cambios o intervenciones sustanciales en el territorio, en tanto que el resto de la población en ambos casos menciona ciertas intervenciones en aceras, alcantarillado y pavimentación.
Finalmente, y con respecto al grado de satisfacción general con el lugar de residencia, en el área urbana el 77,78% de la población no le gustaría cambiarse a otro sitio porque está satisfecha con la zona. Porcentaje que aumenta en la zona rural, representando el 88,89% de la población encuestada.
Espacio percibido
Como se observa en la Figura 3, los equipamientos existentes en el área de estudio son de índole educativo, religioso, recreación y abastecimiento y están ubicados, en su mayoría, en la zona urbana, mostrando un déficit de equipamientos de seguridad, bienestar social y cultural. Desde la perspectiva de la población, en el área urbana se identifican como más importantes los equipamientos de salud y educación y como menos importante los culturales, administrativos y de gestión. En la zona rural el resultado es similar, los más relevantes siguen siendo los de salud y educación, mientras que los menos importantes son los de bienestar social, administrativos y de gestión.
Fuente: elaboración propia
Figura 3 Expresión espacial del espacio percibido en la conurbación de Baños
Siguiendo con el análisis, se consideran las condiciones del suelo y el costo de la oferta actual. Inicialmente, según los datos obtenidos por el Sistema Nacional de Información (2014) se identifica que la zona tiene baja susceptibilidad de deslizamientos, dado que las pendientes, en su mayoría, se encuentran en rangos de 0 a 12% y de 12 a 30%. El suelo de la zona se caracteriza como urbanizable, donde el 40% de los lotes se encuentran vacantes (Figura 3). La oferta de suelo en el área urbana está entre 215 y 520 dólares el metro cuadrado, mientras en que el área rural no supera los 195 dólares el metro cuadrado, valor que disminuye drásticamente a medida que se aleja del límite urbano.
Con respecto a las características jurídicas de los lotes, se identifican la tenencia de predios y la disponibilidad de escrituras. En la zona urbana el 70,4% de los predios son propios y totalmente pagados, mientras que el porcentaje restante son predios prestados o cedidos (7,4%) y arrendados (22,6%). En la zona urbana el 59,3% son predios propios y totalmente pagados, el 7,4% son propios y se están pagando, el 11,1% son prestados o cedidos y el 22,2% son arrendados. En cuanto a la posesión de escrituras, el 100% de lo urbano posee escrituras, mientras que en lo rural el 92,6% dispone de ellas.
En el ámbito de vialidad y transporte se analizaron cuatro aspectos que dejan ver que, tanto el sistema vial como el servicio, son mejores en la zona urbana. Así y en relación con la cobertura de servicios viales, el coeficiente de Engels obtenido en la zona urbana es de 1,60 y el de la zona rural es de 0,86, considerando que mientras más cercano a 0 es más deficiente. Un segundo elemento analizado es la materialidad de las vías, que en la zona urbana es en su mayoría de pavimento o concreto y se encuentran en estado bueno y regular; no obstante, en el área rural son empedradas, de lastre o tierra y en estado malo o regular. Por otro lado, el nivel de accesibilidad a los predios es alto a ambos lados del límite. Finalmente, y como cuarto aspecto, está la oferta de transporte, existiendo para el área urbana dos rutas disponibles y solo una de ellas cubre también el área rural (Figura 3).
Para concluir con el análisis del espacio percibido se estudia la seguridad ciudadana, considerándola desde la perspectiva de la población. Se obtuvo que el 48% de la población del área urbana se siente medianamente segura y el 14,8% nada segura, identificando como los principales problemas de inseguridad los robos a los domicilios y el alcoholismo. En el caso rural, el 66,66 % se siente poco y medianamente seguro, considerando a los robos a domicilio como el principal problema de inseguridad de esta zona (Figura 3).
Espacio concebido
El espacio concebido domina en la ciudad y se refiere al espacio de "todas las personas que identifican lo vivido y lo percibido con lo concebido" (Lefebvre, Martínez y Martínez, 2013: 97). En este espacio, el análisis se fundamenta en la información mapeada y tiene por objeto visibilizar la calidad de vida y el entorno del área de estudio. Con este fin, se analizaron las siguientes variables: estructura y fraccionamiento del suelo, características físicas del predio y de la edificación, entorno del predio, uso del suelo, características de la vivienda y los principales aspectos relacionados con la normativa vigente para el área de estudio.
La trama urbana se refiere principalmente a la interrelación entre la red vial y el conjunto de manzanas que caracteriza un espacio determinado. El área de estudio cuenta con un eje predominante en su trazado, la denominada calle 1 de Septiembre o vía a Misicata, la cual atraviesa de este a oeste y es la conexión principal entre la parroquia rural de Baños y la ciudad de Cuenca. Como se observa en la Figura 4, la estructuración de la zona de estudio resulta bastante sinuosa tanto en el área urbana como en la rural, particularizada por la presencia de diversas urbanizaciones privadas que no generan ciudad. Sin embargo, vale destacar que el amanzanamiento en el área urbana responde a un trazado un poco más riguroso que en el área rural, pues, a pesar de ser áreas semejantes, la zona rural presenta siete manzanas menos que la zona urbana, debido a la fuerte irregularidad de su trazado.
Fuente: elaboración propia.
Figura 4 Expresión espacial del espacio concebido en la conurbación de Baños (ocupación del suelo)
Las tendencias de fraccionamiento del suelo determinan las características físicas del predio, en este sentido se analiza la forma (número de vértices mayores a 4), el relieve (a nivel, bajo nivel, sobre nivel y escarpado) y la longitud de frentes menores a 6 metros (considerando como ideal aquella que supere este valor). En el área de estudio existen fuertes tendencias negativas, tanto en el área urbana como en la zona rural. La mayoría de los predios presentan formas irregulares (polígonos con varios lados), lo que disminuye el aprovechamiento del suelo. Al sur, particularmente en el área rural, es fácil apreciar áreas urbanizadas en suelos escarpados, sin embargo, un valor a destacar es que la mayoría de los predios tienen frentes mayores a 6 metros (Figura 4).
Otro aspecto que se analizó son las características de las edificaciones: tipo de implantación, altura, Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) y Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS). Es importante mencionar que no existen diferencias marcadas en el tipo de implantación en la zona urbana y rural. Para determinar la altura de las edificaciones se consideró el número de pisos y el resultado reflejó un fuerte predominio de edificaciones de baja altura tanto en el área urbana como rural. Los valores de COS y CUS no superan los límites establecidos por la normativa de la ciudad, a excepción de 12 edificaciones de las 1157 (Figura 4).
El entorno del predio es un aspecto fundamental que permite conocer las condiciones urbanas y paisajísticas del área de estudio. La información recolectada se fundamentó en el grado de dotación de infraestructura (acera, alumbrado y pavimento) y las condiciones del entorno (urbanizado, agrícola, forestal). En la Figura 4 se observa cómo disminuye la dotación de la infraestructura a medida que aumenta la distancia a la vía principal. En lo referido a las condiciones del entorno, la mayoría de los predios del área urbana cuentan con un entorno urbanizado, mientras que el área rural presenta un entorno muy diverso: urbanizado y agrícola en menor medida.
El uso del suelo representa las actividades que realiza el ser humano expresadas en el territorio. En este caso se distingue como uso predominante la combinación del uso para vivienda y servicios personales y afines a la vivienda y la de estos con los usos rústicos. Sin embargo, en el área rural se encuentra una predominancia notable de los usos rústicos y los diferentes usos combinados con este, especialmente el de vivienda. La vivienda, en términos generales, se encuentra en buen estado, sin embargo, existe déficit en el área de construcción de las viviendas de la zona rural (Figura 5).
Discusión
A partir de los resultados obtenidos, correspondientes a cada uno de los espacios mencionados, se puede concluir que, con respecto al espacio vivido, existe una participación ciudadana y social carente en la conformación del territorio, teniendo en cuenta que la misma constituye un derecho y no una obligación. Es notorio que tanto en el área urbana como rural existe la misma desinformación sobre los procesos participativos, las organizaciones sociales existentes y sus funciones en general. En lo que concierne a expectativas y demandas, la población identifica una gestión regular de las autoridades, sin embargo, las obras que se han realizado durante los últimos diez años son diversas y reconocidas por los habitantes, por lo cual la mayoría no se cambiarían de lugar de residencia.
En el espacio percibido se obtuvo un análisis más amplio en torno a los satisfactores expresados espacialmente. Como punto principal se observa una predominancia de equipamientos emplazados en el área urbana (educación, religiosos, recreativos y de abastecimiento) que, si bien no satisfacen totalmente la demanda, su cobertura territorial es adecuada, aunque la población no los considera satisfactores acordes a sus necesidades. En este mismo ámbito, hay disponibilidad de suelo con potencial para la urbanización, los predios existentes están en su mayoría legalizados y bajo tenencia propia. No obstante, una situación negativa se presenta en relación con el transporte y vialidad, aspectos que muestran considerables déficits. Para concluir con los elementos en este espacio, se tiene la seguridad ciudadana, cuya mayor percepción negativa se identifica en el área rural, relacionada especialmente con problemas sociales como el alcoholismo.
Por último y en relación con el espacio concebido, tanto el área rural como urbana se caracterizan por un trazado orgánico, con una arquitectura homogénea, pero con alta variación del tamaño de los predios a medida que se acerca al límite urbano. Las condiciones del entorno responden al uso del suelo más notorio. Así, en el área urbana se distingue la vivienda y, en la zona rural, los usos rústicos.
Con estas consideraciones y al interrelacionar los tres espacios se tiene una visión integral de la forma como se desarrolla la vida colectiva de quienes habitan el área de estudio, caracterizada por diferencias importantes entre lo que el entorno ofrece a sus habitantes en términos de elementos urbanos destinados a satisfacer necesidades y la percepción que la población tiene de ellos, es decir, lo urbano como tal y la percepción de lo urbano.
Estos elementos forman parte, principalmente, de categorías existenciales relacionadas con el entorno vital y social de la población que, en el caso de estudio, muestra que las necesidades y sus condiciones de satisfacción son mejores en el área urbana al existir una mejor dotación de infraestructuras y servicios.
En temas específicos como participación, protección y libertad y considerando las categorías existenciales asociadas al ser, la situación en la zona rural es ligeramente mejor a la urbana, ya que la población muestra mayor involucramiento en las actividades colectivas y de integración social.
En fin, el reto de continuar un debate sobre cómo se puede tener espacialmente una lectura del cumplimiento del derecho a la ciudad, o más propiamente el derecho a lo urbano, permite operativizar conceptos cuya interpretación en la ciudad contemporánea están en permanente discusión. En todo caso, se requieren orientar las reflexiones a la integración de otras categorías teóricas y múltiples aspectos que abarca la ciudad o lo urbano, de manera que trasciendan el espacio público e incorpore otras dimensiones sobre lo que implica el derecho a la ciudad.
