Reintegración sin desmovilización: el caso de las milicias populares de Medellín^*

Jorge Giraldo Ramírez y Juan Pablo Mesa Mejía¹

Es Doctor en Filosofía por la Universidad de Antioquia. Profesor y Decano de la Escuela de Ciencias y Humanidades de la Universidad Eafit. Miembro de la Sociedad Colombiana de Filosofía. En los últimos tres años ha publicado el libro (con Juan Carlos Muñoz) Informalidad e ilegalidad en la explotación del oro y la madera en Antioquia, Medellín: EAFIT -Proantioquia, 2012, ha editado los libros Economía criminal y poder político (2013) y Economía criminal en Antioquia (2011). Y los artículos "Cambios en la interpretación, el comportamiento y las políticas públicas respecto a la violencia homicida en Medellín", en M. Hermelin, A. Echeverri y J. Giraldo (eds.), Medellín: medio ambiente, urbanismo, sociedad, Medellín: Fondo Editorial Universidad Eafit, 2010, y (con Jose A. Fortou) "Medición de la violencia homicida: el índice de incidencia del homicidio". En Urvio, Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana, 11, Quito, marzo 2012, pp. 98-106. Correo electrónico: jorgegiraldo@eafit.edu.co

Es estudiante del pregrado en Ciencias Políticas de la Universidad EAFIT y ha estado vinculado como auxiliar de investigación y docencia en el mismo programa. Ha publicado los artículos "La aproximación schmittiana al concepto de lo político" y "La beligerancia y la distinción entre conflictos armados internos e internacionales: dos temas polémicos para el derecho Internacional Humanitario", ambos en Cuaderno de Ciencias Políticas de la Universidad EAFIT. Correo electrónico: jmesame@eafit.edu.co

RESUMEN

Los recuentos sobre los procesos de paz en Colombia no siempre incluyen la negociación con las milicias populares de Medellín en 1994. Este artículo analiza los acuerdos y desarrollos de este proceso, revisa las explicaciones coetáneas de su fracaso y propone una interpretación que invoca una estructura institucional más profunda que dio lugar a la negociación del desorden y la privatización de la seguridad, en desarrollo de una tesis de María Teresa Uribe.

PALABRAS CLAVE

Colombia, Medellín, milicias populares, acuerdos de paz, procesos DDR, paramilitarismo, María Teresa Uribe

Reintegration without Demobilization: The Case of Urban Militias in Medellin

ABSTRACT

Narratives on peace processes in Colombia do not often include the 1994 negotiations with the so-called "popular militia" in Medellín. This article analyzes the development and results of this process, revises the explanations of its failure which were produced in that time, and proposes an interpretation that appeals to a more profound institutional structure that gave way to the negotiation of disorder and the privatization of security, thus developing a thesis suggested by María Teresa Uribe.

KEYWORDS

Colombia, Medellín, popular militia, peacebuilding, DDR processes, paramilitarism, María Teresa Uribe

DOI: http://dx.doi.org/10.7440/colombiaint77.2013.08

Recibido: 30 de julio de 2012 Modificado: 22 de noviembre de 2012 Aprobado: 4 de febrero de 2013

Introducción

En el horizonte colombiano de más de dos décadas de acuerdos de paz con grupos armados ilegales y de procesos de desmovilización, desarme y reintegración de los mismos, el caso de las milicias populares de Medellín está entre los menos estudiados.²

Y ello a pesar de que fue el primer proceso exclusivamente urbano, su magnitud fue igual a la del Bloque Cacique Nutibara (BCN), el número de armas entregadas superó las de la Corriente de Renovación Socialista (CRS), la relación arma/hombre superó la del Ejército Popular de Liberación (EPL) y se presentó en el mayor contexto de violencia homicida en ciudad alguna del mundo.³

Este artículo se propone llamar la atención sobre la gestión del acuerdo de paz entre el Gobierno nacional y las milicias populares, las peculiaridades que tuvo su proceso de reincorporación y sus consecuencias, así como las probables explicaciones de su fracaso. Se despliega en cuatro secciones: la primera, de naturaleza descriptiva, trata de ordenar los acontecimientos a partir del acuerdo de paz hasta la liquidación de la cooperativa a que dio lugar; la segunda sección revisa las explicaciones ofrecidas del fracaso de este proceso; la tercera desarrolla una interpretación alternativa a partir de una tesis de María Teresa Uribe y sugiere que este proceso es significativo en las trayectorias de gestión privada de la seguridad en Medellín; la cuarta, y conclusiva, confronta esta evaluación con los parámetros propios de los procesos de desarme, desmovilización y reintegración.

Otras preguntas, como el papel de las milicias populares durante la guerra del cartel de Medellín contra el Estado -que coincidió espacial y temporalmente con el fenómeno miliciano- o los eventuales flujos de milicianos desmovilizados hacia las estructuras paramilitares de Medellín -que surgieron inmediatamente después de la liquidación de Coosercom, y cuyo mapa coincide en alto grado-, deberán ser objeto de trabajos posteriores.

Los autores partimos de la idea de que las valoraciones sobre los grupos armados ilegales y las condiciones válidas para adelantar procesos de negociación conducentes a su disolución han cambiado significativamente en el siglo XXI colombiano, es decir, que los procesos anteriores a 1997 diferían sustancialmente en su marco de interpretación y acción gubernamental de los que ocurrieron entre 2003 y 2006. Por esta razón, tratamos de mantener el análisis dentro de los argumentos y las valoraciones (Weber) propios de la primera etapa, es decir, coetáneos de los acontecimientos.

1. De media Luna a Coosercom

El fenómeno miliciano en Medellín data de fines de la década de los ochenta, y son variados sus orígenes, tipologías y trayectorias.⁴

En el caso que nos concierne, se trata de organizaciones híbridas, entendidas como aquellas en las cuales se conjugan narrativas y prácticas criminales y políticas (Camacho 1992, 296; Gutiérrez y Jaramillo 2004, 18).⁵ Sus principales zonas de influencia fueron las comunas 1, 2, 3, 4 y 6, correspondientes a las zonas nororiental y noroccidental de Medellín, que para principios de los años noventa albergaban 583 mil habitantes, es decir, el 34% de la población de la ciudad.

La explicación que sus dirigentes, y algunos analistas de la época, aducían para buscar un acuerdo de paz era que "el proyecto miliciano había llegado a un punto muerto y tendía a la decadencia" (Salazar et al. 1996, 52; Bonilla 1996, 26). Elementos contextuales como las desmovilizaciones del M-19 y el EPL, y las deliberaciones de la Asamblea Nacional Constituyente, aparecieron en sus expresiones públicas previas a las conversaciones (Villamizar 1997, 311). Sin embargo, es preciso hacer notar que, el 19 de junio de 1991, Pablo Escobar se había entregado a la justicia -en un acto reconocido como parte de un arreglo informal con el Gobierno nacional- y que se auguraba cierta distensión en la guerra urbana librada por el cartel de Medellín.⁶

Con la mediación de algunos dirigentes del naciente movimiento Esperanza, Paz y Libertad, conformado por reinsertados del EPL y por miembros de la Iglesia católica, las milicias populares rubricaron un preacuerdo con el Gobierno nacional, el 15 de febrero de 1994, en el que se formalizaba el inicio de una negociación. El llamado "Acuerdo final para la paz y la convivencia, Gobierno nacional, departamental y municipal y milicias de Medellín" se firmó el 26 de mayo del mismo año. El lugar de los diálogos y de la firma de los instrumentos del acuerdo fue un centro social en un lugar denominado Media Luna, en zona rural del corregimiento Santa Elena de Medellín, que para el efecto fue declarado Zona Especial de Distensión, de acuerdo con la Ley 104 de 1993 (Villarraga 2009, 393-406).

El Acuerdo tuvo una estructura muy similar a los cinco previos que llegaron al objetivo previsto (M-19, EPL, PRT, MAQL y CRS). Incluía dos capítulos sobre reintegración y reinserción, y otros sobre protección, favorabilidad política y beneficios jurídicos.⁷ En su momento, el primer capítulo sobre inversión social en las comunas se presentó como una gran novedad que realzaba la legitimidad del proyecto miliciano, pero todos los otros acuerdos habían incluido capítulos sobre programas sociales, planes regionales o desarrollo regional, aunque debe decirse que sólo el acuerdo con el Movimiento Armado Quintín Lame había precisado los territorios para su ejecución, lo cual, tal vez, ponía de presente su similitud con las milicias como proyectos de autodefensa, societales y regionales.

Hasta hace poco se hablaba de un número impreciso entre 600 y 650 milicianos cobijados por el Acuerdo, pero gracias a la unificación de las bases de datos que realizó el Ministerio de Justicia, se estableció el número de integrantes beneficiados en 843.⁸ La Consejería de Paz estimó que esto significaba la reincorporación a la legalidad del 85% de las fuerzas milicianas (Villarraga 2009, 399), mientras que otros analistas tendían a subestimar el arreglo sobre la base de un universo de 3.000 hombres armados (Angarita et al. 2008, 47).

Algunos investigadores calcularon que durante los 102 días que trascurrieron entre el inicio y la culminación de las negociaciones, "fueron asesinados 30 miembros de los grupos milicianos que se encontraban en el proceso" (Villamizar 1997, 318). Algunas de estas muertes se presumían como responsabilidad de la Fuerza Pública, por lo que hubo un momento en el que se acordaron códigos especiales de identificación entre los milicianos y los oficiales (El Tiempo, 4 de marzo de 1994), y en otra ocasión se interrumpieron los diálogos para exigir el retiro de un miembro de la Policía (El Tiempo, 13 de abril de 1994). También se mencionó el copamiento de sus territorios por parte de la milicias de las FARC (Medina 2006, 184), aunque hubo más evidencia de ataques de bandas y otras milicias.

La auténtica novedad de los acuerdos de Media Luna, y verdadera diferencia sustancial con los anteriores, fue la creación de un cuerpo de seguridad integrado por parte de los desmovilizados (Art. 2.B4). Los cinco acuerdos anteriores habían previsto que los equipos de seguridad de los dirigentes desmovilizados pudieran ser mixtos, es decir, integrados por miembros de la Fuerza Pública y combatientes desmovilizados que gozaran de confianza por parte de sus antiguos mandos. En algunos casos, esos excombatientes fueron incorporados como miembros del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y llegaron a ser relativamente numerosos, como en el EPL, que incorporó unos 114 miembros (0,03% de la fuerza).

El convenio entre Gobierno y milicias autorizó la creación de la Cooperativa de Seguridad y Servicio a la Comunidad Coosercom, con un personal total autorizado de 358 miembros, de los cuales 306 serían operativos, y los demás se ocuparían en tareas administrativas, y se apalancaría con un contrato con el municipio de Medellín, a dos años prorrogables. La seguridad de los dirigentes desmovilizados estaría a cargo de otro cuerpo (Art. 5) que podría ser engrosado hasta por treinta exmilicianos.

En los números establecidos estaban implícitas las demandas de los anexos operativos. Los 306 integrantes operativos se distribuyeron en grupos de 51 vigilantes para las cinco subsedes, en los barrios Guadalupe, Picacho, Popular, Berlín y La Esperanza, y la sede principal, que fue el barrio Moscú 2. Aunque el texto del Acuerdo era taxativo en cuanto a los límites territoriales de la acción de la cooperativa, el anexo operativo se refería a "zonas que antes controlaban los grupos milicianos desmovilizados" y "aquellos sectores donde su control es relativo o tuvieron alguna influencia" (Bustamante et al. 1994, 16). Esto último le permitía, por ejemplo, actuar en el sector de la Terminal de Transporte, ahora conocida como del Norte, pero que en esos años era la única terminal terrestre de pasajeros de la ciudad.

Para las tareas de vigilancia cada sede contaría con un automóvil y una moto, y los vigilantes dispondrían de uniforme, revólveres calibre 38 y escopetas calibre 12.⁹ La operación se llevaría a cabo durante las 24 horas del día, 7 días a la semana, y las competencias llegaban hasta la detención y entrega a las autoridades. Además, podría prestar servicios de asesoría e investigación en seguridad (Bustamante et al. 1994, 19).

El primer contrato con el Fondo Metropolitano de Seguridad fue radicado el 16 de junio de 1994, es decir, veinte días después de firmado el Acuerdo, y tenía un monto de 500 millones 388 mil pesos, equivalentes a 2 mil 272 millones, a julio de 2012.¹⁰ El numeral 5 de la cláusula 5^a del contrato obligaba a Coosercom a "contribuir a la prevención del delito, reduciendo las oportunidades para la actividad criminal y desalentando la acción delincuencial, en colaboración con las autoridades de la república, los servicios de seguridad del Estado y, en especial, con los organismos municipales correspondientes".

La operación de Coosercom y la reintegración de los milicianos no supusieron una inflexión en la violencia.

El 8 de julio de 1994 fue asesinado Carlos Herman Correa, "Pablo García". Un año más tarde, El Tiempo (24 de junio de 1995) informaba sobre la captura de Carlos Ospina Osorio, signatario de los acuerdos y por ese entonces gerente de Coosercom, acusado del asesinato de Correa, y dos años después (20 de septiembre), el mismo diario publicaba la detención de Héctor Benítez Moreno, también signatario y excandidato al Concejo de Medellín, bajo la misma sindicación.¹¹ El asesinato de Correa motivó "una especie de ley seca y toque de queda en los establecimientos públicos" declarados por Coosercom, según le dijo el jefe de logística de la cooperativa a El Tiempo (17 de julio de 1994).

Según Villamizar (1997, 318), en los primeros seis meses posteriores al Acuerdo fueron asesinados treinta exmilicianos. Los enfrentamientos entre grupos de vigilantes de Coosercom no fueron extraños (El Tiempo, 14 de diciembre de 1994), o con miembros de la Fuerza Pública, e, incluso, en alguna ocasión, con la escolta del alcalde de la ciudad (El Tiempo, 11 de febrero de 1995). Las quejas de ciudadanos ante las autoridades se multiplicaron, hasta el punto que El Tiempo (9 de mayo de 1995) informó sobre una toma de varias decenas de personas a la oficina de la Defensoría del Pueblo, para presionar las investigaciones a Coorsercom. Cuando el Ministerio de Justicia consolidó su base de datos en junio de 2012, confirmó la muerte violenta de 187 desmovilizados, equivalentes al 22,2% del total, la cifra más alta para cualquier proceso de reinserción en Colombia hasta hoy (ver la tabla 1).

Tabla 1.

A mediados de 1995 la Alcaldía de Medellín, a través del asesor de Paz y Convivencia, Juan Guillermo Sepúlveda, propuso el "desarme gradual de los desmovilizados" (El Tiempo, 27 de mayo de 1995), y tres meses después el Gobierno nacional se sumó a la demanda. Después de muchos forcejeos, Coosercom fue liquidada en noviembre de 1996 (Angarita et al. 2008, 47).

En agosto de 2006 el ministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt de la Vega, y Alberto Jaramillo Ramírez -en nombre de los desmovilizados y elegido en una asamblea realizada el 28 de noviembre de 2005 con 200 reintegrados- firmaron el "Acta de punto final al acuerdo".

2. El fracaso y sus explicaciones

Independientemente de alguna nueva información y articulación implicadas en este relato de los años posteriores al acuerdo de Media Luna, la caracterización del mismo coincide con la que la mayoría de los analistas y protagonistas hicieron en su momento. Se trató de un fracaso (Bonilla 1996, 37; Gutiérrez y Jaramillo 2004, 23). Es también el tono que usa en su evaluación el entonces jefe del Programa de Reinserción, Tomás Concha Sanz (Concha 2001).

Los resultados negativos de la principal y novedosa herramienta de reintegración, Coosercom, así como el alto número de reintegrados asesinados a partir del comienzo de las negociaciones hasta el cierre del proceso, son razones importantes para arribar a esa conclusión.

Pero hay una más, relacionada con el objetivo expresado en el preámbulo del acuerdo de Media Luna: realizar "una contribución decidida a la búsqueda de la paz y la concordia en las comunas, en Medellín y en Colombia".

El proceso de paz con las milicias populares no representó ningún aporte significativo en este aspecto, si se considera el homicidio como indicador principal de la paz y la concordia. Después del mes (612 homicidios en diciembre de 1990) y del año (1991) más violentos en la historia de Medellín, el número de homicidios mantuvo una lenta pero constante tendencia decreciente hasta 1999.

La historia de las milicias populares acotada entre el año de su aparición y el de la disolución de Coosercom en su zona de influencia muestra covariabilidad en la tasa de homicidio con la de toda Medellín (ver la tabla 2). Esto significa que tanto en su fase de ilegalidad como en la de reintegración, la presencia de las milicias no significó un comportamiento de la tasa de homicidio que se desviara del conjunto de la ciudad. Su presencia fue un factor adicional en el ascenso y disminución del homicidio, pero nunca fue determinante en ninguno de los dos comportamientos.

Tabla 2.

Cuando la Alcaldía de Medellín consolidó la información sobre pactos de no agresión con bandas y pandillas (combos) en los barrios de Medellín, en el año 2000, identificó organizaciones de este tipo en veintinueve barrios de la Zona Nororiental y veintiuno de la Zona Noroccidental, y prácticamente todos coincidían con la zona de influencia de las milicias populares. El Acuerdo no había simplificado el mapa de los grupos armados fuera de la ley en las comunas y, al contrario, los había multiplicado.

Un estudio sobre homicidio realizado para el período 1990-2002 mostró que las comunas que más muertes aportaron en el período fueron Popular (9,2%), Manrique (9%), Aranjuez y Doce de Octubre (8,9%). El barrio con el porcentaje más alto de residentes asesinados fue el Popular (3,5%) (Cardona et al. 2005, 115-116). La presencia de las milicias populares, y después de Coosercom, no fue un factor positivo para la convivencia barrial y no significó un aporte diferencial al descenso en el homicidio que Medellín empezó a vivir desde mediados de 1991.

Las narrativas que adjudicaban los miembros de las comunidades a las milicias populares y el concepto de sí mismos que desarrollaron sus mandos no estaban asociados a la protección de la vida, sino a la propiedad y a la buena conducta: control de ladrones, violadores y drogadictos, castigados habitualmente con la pena de muerte. Además, a los atropellos de la Fuerza Pública. De allí derivaron buena parte de su legitimidad y la comprensión de diversos sectores que, como contrapartida, subestimaron la capacidad homicida de estos grupos.

Considerándose implícita o explícitamente como fracaso, las explicaciones que del mismo se hicieron pueden discriminarse en cuatro tipos:

a. Las pugnas entre las milicias, entre los reintegrados, y entre éstos y los grupos que permanecieron armados en los barrios; incluso, venganzas personales (Bonilla 1996, 27; Villamizar 1997, 318).

b. La falta de cumplimiento y supervisión del proceso: no haber ejecutado el programa de desarrollo (Jaramillo 1996, 14); desinterés de las autoridades municipales (Concha 2001, 218); falta de participación de las comunidades (Bonilla 1996, 34; Concha 2001, 218).

c. El desbordamiento de la actividades de Coosercom, entendido como abuso de sus atribuciones y exceso de tamaño (Arias y Medina 1995, 96), explicables por "la matriz cultural e histórica propia de los barrios" y su "poca formación política" (Corpades 2003, 115).

d. La mera estrategia de delegación del uso de la fuerza, que ponía en discusión el monopolio estatal de las armas (Concha 2001, 217), y que implicaba una "privatización de la seguridad" (Bonilla 1996, 35).¹² Estas explicaciones no son incompatibles entre sí, y varias de ellas fueron suscritas por analistas y funcionarios públicos. La excepción es la última. Sólo Bonilla, en mitad del proceso, y todavía con cierto grado de optimismo en el ambiente, cuestionó la apertura de compuertas a la privatización de la seguridad. Concha, un poco tardíamente, invocó el precepto clásico y constitucional del monopolio estatal de la fuerza.

¿Por qué esta última explicación, que representaba un regreso del pactismo a las fórmulas clásicas de Bodino y Hobbes, fue tan extemporánea? ¿Cuáles fueron las razones que se dieron para dar ese paso audaz en el proceso de paz con las milicias populares?

Quien asumió la tarea de explicar y defender esta estrategia fue el entonces consejero presidencial para la Paz, Carlos Eduardo Jaramillo. Sus argumentos pueden resumirse así:

a. Como proceso urbano, era inédito en el país, y la literatura sobre experiencias internacionales resultó "decepcionante", por lo cual el Gobierno se vio abocado a "inventar soluciones".

b. El paso de concentrar la fuerza armada en un campamento no era práctico porque, siendo urbana, acrecentaba los peligros para los combatientes en proceso de desmovilización.

c. Los milicianos no eran combatientes profesionales y compartían esa actividad con otras de trabajo y estudio.

d. El terreno -en el sentido que le da Clausewitz- de los milicianos era a su vez su espacio social, cultural y familiar.

e. Sacar la fuerza miliciana de los barrios hubiera implicado desproteger a las comunidades y ceder el espacio a otros grupos en armas.

f. El Gobierno no podía garantizar la vida de los milicianos desarmados porque no había capacidad en la Fuerza Pública para ocupar los territorios indefinidamente, y porque eso sería poner frente a frente, y súbitamente, a "dos enemigos acérrimos", Policía y milicias.

g. "Tampoco la población estaba dispuesta a aceptar esa presencia repentina de la policía en sus comunas ya que gran parte de la población compartía con las milicias el rechazo a las autoridades" (Jaramillo 1996, 13).¹³

El asesor de Paz de la Alcaldía de Medellín, Juan Guillermo Sepúlveda, esbozó un argumento adicional: el fracaso -en su opinión- de las reinserciones laborales en las experiencias pasadas hacía aconsejable propiciar "a los ex milicianos la posibilidad de ejercer labores ya conocidas" (Sepúlveda 1996, 176).

Al parecer, la única autoridad que durante los primeros meses de operación de Coosercom se opuso con vehemencia a ella fue el procurador departamental, Fernando González Carrizosa, quien calificó la solución como "error", puesto que habían dejado "de ser un grupo armado al margen de la ley [y] les pusieron la camiseta de una organización legalizada, sin darles la más mínima instrucción" (El Tiempo, 4 de diciembre de 1994). Casualmente o no, este funcionario tuvo que salir de la ciudad denunciando amenazas por parte de la cooperativa (El Tiempo, 8 de julio de 1995).

Las justificaciones expresadas por Jaramillo y Sepúlveda bien podrían tomarse como verbalizaciones del consenso general alrededor de la necesidad, viabilidad y legitimidad del proceso adelantado con las milicias populares, consenso que atravesaba todas las instancias de gobierno -desde la Presidencia de la República hasta la Alcaldía- y los sectores sociales más protagónicos de la deliberación regional -organizada alrededor de la Consejería Presidencial para Medellín-,es decir, empresarios, Iglesia, organismos no gubernamentales, academia, organizaciones sociales.

Sin duda, la conjunción del contexto nacional y la imagen pública creada alrededor de las milicias populares puede explicar dicho consenso. Un contexto de paz creado a partir de múltiples negociaciones exitosas con organizaciones armadas de izquierda, realzado por el entusiasmo constitucional, que generaba un ambiente de optimismo y una inercia transaccional. Ese ánimo festivo creado por la Constitución Política de 1991 no impidió que los discursos sobre la ilegitimidad del Estado siguieran vigentes y que los funcionarios gubernamentales, congruentemente, fueran con frecuencia los primeros en echar mano de los recursos sobre la incapacidad estatal, la inconsecuencia de los dirigentes o la reprobación de la Fuerza Pública. Mientras que las milicias populares se describían como proyectos sociales, simple consecuencia del abandono de las comunidades por parte del Estado y del abuso de la Policía, que, además, usaban el lenguaje aceptable de la izquierda; en suma, una visión romántica del rebelde.

También Medellín era objeto de diversas políticas específicas de las administraciones Barco y Gaviria, que incluyeron acciones estratégicas enmarcadas en la llamada "guerra contra el narcotráfico", acciones diplomáticas como los acuerdos de paz, y acciones de intervención social articuladas alrededor de la Consejería Presidencial para Medellín (19901995). Una negociación con las milicias populares en 1994 podía ser una perspectiva tentadora de rematar con éxito tanto la gestión del Presidente de la República como las de las consejerías de Paz, y de Medellín.

Los argumentos del Consejero de Paz indican que el Gobierno no se sentía en capacidad de garantizar la protección de los ciudadanos en los barrios populares, y tampoco tenía la voluntad de asumir la competencia con las milicias populares, que lo conduciría a enfrentar una nueva guerra urbana después de la que había culminado recientemente contra Pablo Escobar.

La solidez de este consenso alrededor de la alternativa pactista (Gutiérrez y Jaramillo 2004, 19) hizo que diversas autoridades regionales y municipales se animaran a proponer la extensión del modelo de cooperativas de seguridad a las zonas rurales, como lo informó El Tiempo (4 de diciembre de 1994).

La administración municipal fue más lejos y promovió, desde 1995, procesos de mediación y firma de pactos con y entre grupos armados, sin más exigencia que la vaga promesa de la "no agresión". Entre 1995 y 1999 se realizaron 57 pactos de este tipo con igual número de bandas o milicias, en 71 barrios, en 5 de las 6 zonas de Medellín, muchos de los cuales implicaron transferencia de dineros públicos a los grupos armados (Giraldo 2008, 104).

¿Por qué no se oyeron los cuestionamientos -si los hubo- al ensayo audaz de negociar con las milicias? La anterior puede ser una explicación plausible desde la perspectiva coyuntural. Pero tal vez haya una más profunda.

3. La negociación del desorden y la privatización de la seguridad

En 1996 la profesora María Teresa Uribe esbozó una tesis con el ánimo expreso de polemizar contra lo que llamó "implícitos aceptados" en torno a la ineficacia del Estado, el supuesto abismo entre éste y la sociedad civil, y sus consecuencias sobre la regulación de la violencia y la negociación de los conflictos armados. Explícitamente, su reflexión tomaba como referente empírico la "historia reciente" de Medellín y Antioquia.¹⁴

En lo que nos interesa, la tesis de Uribe se puede desglosar de la siguiente manera: la existencia de "órdenes complejos" y la dificultad para imponer un orden republicano pensado según la trayectoria moderna europea conducen a la regularización de transacciones cuyo efecto práctico es la "negociación del desorden" (2001, 241). Algunos de aquellos "órdenes de hecho" implican el uso instrumental de la violencia armada y reflejan bien las dificultades del Estado para erigirse en único centro de la vida social y la "preferencia de los ciudadanos corrientes por estrategias privadas de seguridad" (2001, 297). La tendencia transaccional, sin embargo, crea "zonas difusas" donde se traslapan los órdenes públicos y privados, legales e ilegales, que dejan como saldo prácticas de privatización de la seguridad o de legalización de mecanismos privados de seguridad, añadiríamos nosotros.

En este orden de ideas, podemos elaborar una matriz simple en la que se cruzan las estrategias de negociación del desorden y las de privatización de la seguridad -bien sea como iniciativa privada o pública- con el tipo de arreglos que viabilizan esas estrategias, sean ellos formales o informales. Dicho de otro modo, los procesos de negociación del desorden y privatización de la seguridad identificados por María Teresa Uribe son discriminados teniendo en cuenta si ellos resultan de arreglos formales -claramente definidos en actos administrativos o jurídicos de las autoridades competentes- o si lo son de arreglos informales (ver la tabla 3).

Tabla 3.

Bajo la impresión de la vívida realidad colombiana de la década de los noventa, la profesora Uribe conecta su tesis con la expedición del Decreto 356 de 1994, firmado por César Gaviria y Rafael Pardo como presidente de la República y ministro de Defensa, respectivamente, que permitía la creación y articulación de organismos civiles con la Fuerza Pública, y la implementación de esta medida en la administración departamental de Álvaro Uribe Vélez (1995-1997) a través de las asociaciones de vigilancia y seguridad privada, conocidas popularmente como "Convivir".

Sin embargo, tanto las estrategias privadas de la seguridad como la legalización de las mismas mediante diversas figuras que se ajustan bien a la negociación del desorden tienen una historia más larga en Medellín. Al menos hasta la década de los sesenta se retrotraen las referencias a comités de vigilancia barrial (Jaramillo 1994, 14), y en los años ochenta y noventa pululan grupos armados barriales con un carácter autodefensivo (Salazar 1994, 10). En la década del noventa las administraciones municipales estimularon diversas iniciativas privadas de seguridad bajo la idea de que la "seguridad es un asunto de todos" (Alonso et al. 2007, 160-161). No debe olvidarse que la norma de 1994 tenía su antecedente en el Decreto 3398 de 1965 y que al amparo de éste se crearon organismos de seguridad municipales, entre ellos, los que llegaron a ser tenebrosos departamentos de seguridad y control o de orden ciudadano (ver la tabla 3, antes citada).¹⁵

Nuestro planteamiento es que el acuerdo con las milicias populares y sus consecuencias se inscriben, no sólo en una coyuntura como la descrita al final de la sección anterior, sino en una tradición más antigua y arraigada que dio lugar a:

a. El surgimiento de las milicias populares como estrategia privada de seguridad, llámese social o comunitaria, pero privada al fin y al cabo, que permitía la gestión de órdenes de hecho en barrios y comunas.

b. El espíritu transaccional tuvo su época de oro en la primera mitad de la década de los noventa, y la negociación con las milicias populares se inscribió en ella, a pesar de diferencias evidentes en cuanto al carácter político -condición importante en la época-, el tipo de organización y el terreno.

c. La concreción de los acuerdos en la legalización de las milicias populares bajo la denominación de Coosercom, como ejemplo de privatización de la seguridad, es decir, de delegación e intento de instrumentalización de grupos armados privados por parte del Estado.

Al final, Medellín tuvo entre junio de 1994 y noviembre de 1996 una fuerza parapolicial legal que pudo representar hasta el 25% del tamaño de la Policía de la ciudad y un 10% de la del Área Metropolitana.¹⁶ El resultado fue una trampa de equilibrio (Elster) que no contribuyó a la disminución del homicidio, permitió la reproducción y diversificación de los grupos de justicia privada, prolongó el retiro del Estado de la periferia urbana y, probablemente, sirvió, entre otros, como precedente inmediato del extendido, masivo y complejo fenómeno paramilitar en la región (Alonso et al. 2007). La conclusión más ruda la dio un habitante de la zona noroccidental al rememorar esos tiempos: "este sector ha tenido influencias de todo lo que es el marxismo y esas cosas, pero siempre la delincuencia ha vencido" (Arcila et al. 2011, 125).

No se trata de un anacronismo planteado casi dos décadas después de los acontecimientos y bajo el influjo de los nuevos estándares de evaluación de los procesos de construcción y mantenimiento de la paz. A principios de la década de los noventa, y en pleno auge de las milicias populares, Álvaro Camacho Guizado había asociado este fenómeno con lo que llamó la "tradición vigilante norteamericana" (1992, 296) o vigilantism. A mediados de la misma década, en su evaluación del proceso de paz con las milicias, el investigador Wílfer Bonilla se preguntaba si con éste "¿se estaría aportando a la privatización de la seguridad? ¿Hasta qué punto no se estaba creando un 'monstruo' que evolucionaría hacia tareas paramilitares? ¿Estaba el Estado legitimando un cuerpo paralelo a sus organismos de seguridad?" (Bonilla 1996, 35).

Camacho, Bonilla y Uribe representan las voces discordantes, la fisura potencial en el consenso entre el orden estatal y los órdenes sociales que legitimaron y diseñaron los mecanismos que permitieron que una organización semicriminal y semisocial se reconvirtiera en una fuerza parapolicial legalizada.¹⁷

Conclusión a la luz de DDR

Aunque las codificaciones y estandarizaciones de los procesos de desarme, desmovilización y reintegración se producen en la primera década del siglo XXI, la conceptualización se remonta a más atrás y tiene en el caso colombiano una de sus trayectorias más vigorosas.

Ya en 1994, el primer punto del acuerdo inicial entre el Gobierno nacional y las milicias populares indicaba que el proceso de negociación que se abría era "conducente a la desmovilización, desarme y reincorporación a la vida institucional de estas últimas". Así que estamos autorizados, grosso modo, a evaluar dicho proceso siguiendo estos parámetros.

Como se deduce de la descripción hecha en la primera sección, el desarme de la fuerza miliciana tuvo una efectividad de veinte días, suponiendo que la entrega de armas se hubiera efectuado el mismo día en que se firmó el acuerdo, ya que al cabo de ese lapso de tiempo se constituyó la cooperativa rearmada con dotaciones legales.

Nunca hubo una desmovilización de las milicias populares. El personal que se concentró el 25 de febrero de 1994 en el lugar de las negociaciones estaba integrado por veinticinco mandos milicianos, más sus grupos familiares y algunos escoltas, lo que al final no superó la cifra de sesenta personas (Villamizar 1997, 302). El resto de los milicianos permaneció en tregua, pero armados en sus lugares de residencia y operación.

Dado el carácter de las milicias populares, la reintegración sería forzosamente parcial. El primer paso de la misma, que es la legalización de las organizaciones sucedáneas y la restitución de los derechos políticos a sus integrantes, se cumplió, a pesar de la insatisfacción de los beneficiarios con los alcances que tuvo el indulto. Los gastos temporales de sostenimiento de las personas cobijadas por el Acuerdo parecen haberse cumplido y, aún en 2006, al cierre del mismo, el Gobierno nacional giró la suma de 450 millones de pesos para ser repartidos entre doscientas personas que formalizaron la finalización del proceso. Una consolidación general de la dimensión y las características de estos beneficios económicos está por hacerse.

En síntesis, el proceso de paz con las milicias populares puede caracterizarse como reintegración sin desarme ni desmovilización.

Coosercom fue la primera experiencia de creación de organismos compuestos por civiles armados para el cumplimiento de tareas parapoliciales de carácter urbano, a la luz del Decreto 356 de 1994, y se constituye en el antecedente inmediato de las más conocidas y extendidas Convivir.¹⁸ La diferente legitimidad que ambas estructuras tuvieron en su momento no obsta para señalar esta característica común.

El primer experimento colombiano reciente de poner a los reintegrados a ejercer labores conocidas -manejar armas y ejercer control-, bajo un esquema idéntico organizativa y territorialmente, hasta el punto que significó, de hecho, la legalización de un grupo armado no estatal, terminó en un completo fracaso. La principal razón estriba en la delegación del uso de la fuerza por parte del Estado, aunque en el proceso de 1994-1996 coincidieron otros factores, tales como falta de acompañamiento y monitoreo, débil coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, legitimación del grupo reintegrado como autoridad social en los barrios.

Comentarios

^* Este artículo hace parte de la línea de investigación en seguridad y economías criminales del grupo "Estudios sobre política y lenguaje". El trabajo fue financiado por la Universidad EAFIT.

¹ Agradecemos la colaboración de Paula López de la Oficina de Prensa del Ministerio de Justicia y del Derecho, Paulo Andrés Serna director del Programa de Paz y Reconciliación de Medellín, y del Mg. Francisco Zuluaga, jefe del programa de Ingeniería Matemática de la Universidad EAFIT.

² En adelante se usará el genérico "milicias populares" o la sigla MP para designar el conjunto de los tres grupos que hicieron parte del mismo proceso: Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo, Milicias Populares Independientes del Valle de Aburrá y Milicias Metropolitanas de Medellín.

³ Cuando las milicias populares comenzaron sus diálogos con el Gobierno, el número de homicidios anual había sido de 5.526, para una tasa por 100 mil de 311, mientras que en los años inmediatamente anteriores las cifras habían alcanzado los 6.349 y 381 (1991), y 5.881 y 352 (1992).

⁴ Para acercarse a la historia de las milicias en Medellín, ver Duque (1993), Salazar et al. (1996), Jaramillo (1997), Barrero (2001), Medina (2006).

⁵ Esto se ilustra bien en la historia de vida de Carlos Herman Correa, alias "Pablo García", principal dirigente de esas organizaciones, ampliamente reconocido en su proceso de conformación y expansión, así como en el liderazgo para el acuerdo de paz (Salazar et al. 1996, 48-53; Medina 2006, 151-184).

⁶ El entonces Consejero Presidencial para Medellín, Jorge Orlando Melo, destacó este aspecto, puesto que, a su manera de ver, el acuerdo con los milicianos "tiene que ver con [...] que disminuye la prestación del servicio delincuencial; también con que el modelo de éxito era el mafioso lleno de dinero y ahora es el tipo que mataron, que está preso" (El Tiempo, 26 de mayo de 1994). Éste no es el lugar para indagar por la relación de las milicias con el narcotráfico.

⁷ Los beneficios jurídicos que recibieron los exmilicianos se discriminan así: 762 indeterminados, 6 cesaciones de procedimiento, una extinción de pena, una inhibitoria, 24 preclusiones y 45 indultos, de 265 que esperaban (El Tiempo, 8 de abril, 1994). Estos procesos, por supuesto, fueron largos, y motivo de recriminaciones y constantes reclamos por parte de los reintegrados. Dirección de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia y del Derecho. Informe 12 de junio de 2012.

⁸ Esta labor se le asignó al Ministerio de Justicia y del Derecho, de acuerdo con el artículo 196 de la Ley 1448 de 2011, y con el propósito de propiciar medidas de satisfacción a las víctimas por parte de los integrantes de los grupos que se desmovilizaron antes de 1997.

⁹ Las armas y la munición fueron suministradas por Indumil. Los informes coinciden en que las armas entregadas fueron fundidas. Inicialmente, los uniformes eran overoles azules y gorras con un escudo blanco, según reportó El Tiempo (17 de julio de 1994), y a fines del año cambió a uno de "estilo militar", gris con boina negra (El Tiempo, 8 de diciembre de 1994).

¹⁰ O US$1 millón 273 mil, a la misma fecha.

¹¹ Esto significa que las milicias populares recibieron tratamiento político por parte del Estado, y que, en consecuencia, el Acuerdo incluía un capítulo (el 6°.) sobre favorabilidad política, y que los reintegrados hicieron uso de la circunscripción especial en las elecciones de fines de 1994.

¹² El texto de Concha corresponde a un seminario realizado en 1998. Para nuestra argumentación es importante que los análisis e intervenciones sean coetáneos con el proceso, como se dijo antes.

¹³ Esta enumeración parafrasea la exposición de Jaramillo en su revelador artículo (1996).

¹⁴ En los artículos "La negociación de los conflictos en el ámbito de viejas y nuevas sociabilidades" y "Antioquia: entre la guerra y la paz en la década de los 90", publicados en enero de 1997 (Uribe 2001).

¹⁵ No sobra recordar que esta continuidad -desde 1965, como se dijo- en la legalización de la participación privada en la estrategia militar del Estado se suspendió en 1989, hasta su reanudación en el gobierno Gaviria, en 1994.

¹⁶ La primera cifra corresponde a un cálculo nuestro y se refiere exclusivamente a la fuerza policial destinada al municipio de Medellín; la segunda es de Arias y Medina (1995, 96). Oficialmente, el cuerpo policial se ha adscrito desde 1980 a una única dependencia: la Policía Metropolitana de Medellín - Valle de Aburrá.

¹⁷ Al parecer, según Ricardo Barrero, el más alto mando de las milicias populares lo tenía claro: "Pablo García decía que después de tantos años de actividad miliciana había llegado a la conclusión que las milicias eran el 'super policía' o sea, que ninguna forma de policía que se ha implementado en el país, ni rural ni urbana, fue tan efectiva como las milicias. Porque no sólo fue un organismo de policía judicial sino también un organismo juez y vigilante" (Barrero 2001, 219).

¹⁸ En este aspecto, Lamb coincide con nosotros: Coosercom "era una organización de milicianos desmovilizados fundada y legitimada por el Estado para que continuara lo que habían venido haciendo durante varios años (mantener el orden)" (Lamb 2010, 121).

Referencias

1. Alonso, Manuel, Diego Sierra y Jorge Giraldo. 2007. Medellín: el largo camino de la competencia armada. En Parapolitical ¡a ruta de ¡a expansión paramüitar y ¡os acuerdos políticos, ed. Mauricio Romero, 83-121. Bogotá: Intermedio Editores.         [ Links ]

2. Angarita, Pablo, Héctor Gallo y Blanca I. Jiménez (eds.). 2008. Dinámicas de guerra y construcción de paz: estudio interdisciplinario del conflicto armado en la comuna 13 de Medellín. Medellín: Universidad de Antioquia, Universidad de Medellín, Corporación Región, Instituto Popular de Capacitación.         [ Links ]

3. Arcila, María Teresa; Laura María Alzate, Karem Rodríguez y Esteban Ardila. 2011. De memorias. Relatos de Castilla. Medellín, Instituto de Estudios Regionales - Secretaría de Cultura Ciudadana.         [ Links ]

4. Arias, Edgar y Gilberto Medina. 1995. Juventud: pasados ausentes, presentes intensos. En Solución de conflictos, ed. Marta Ruiz, 81-103. Medellín: Instituto Popular de Capacitación.         [ Links ]

5. Barrero Tapias, José Ricardo. 2001. El anclaje cultural del conflicto político: las milicias populares y el ELN como casos de estudio. Re-vista Javeriana 673: 213-238.         [ Links ]

6. Bonilla, Wílfer. 1996. Conflicto urbano y procesos de paz, Medellín 1990-1995: balances y perspectivas. En Derechos humanos y solución de conflictos: perspectivas, ed. IPC, 7-109. Medellín: Instituto Popular de Capacitación.         [ Links ]

7. Bustamante Sierra, Carlos, Luz Stella Zuluaga, Viviana Yarce y Amalia Yarce. 1994. Cooperativa Coosercom: milicias populares. Trabajo, Facultad de Administración de Empresas, Fundación Universitaria Luis Amigó         [ Links ].

8. Camacho, Álvaro. 1992. Violencia urbana: Cali y Medellín. En Medellín: alternativas de futuro, ed. César Hurtado Orozco, 293-298. Medellín: Presidencia de la República, Consejería Presidencial para Medellín y su Área Metropolitana.         [ Links ]

9. Cardona, Marleny, Héctor García, Carlos Giraldo, Victoria López, Clara Suárez, Diana Corcho, Carlos Posada y Nubia Flórez. 2005. Homicidios en Medellín, Colombia, entre 1990 y 2002: actores, móviles y circunstancias. Cad. Saúde Pública 21: 109-118.         [ Links ]

10. Concha, Tomás. 2001. El caso de las milicias o acuerdo de Santa Elena. En Experiencias de intervención en conflicto urbano, T. I, comp. Ana Daza, 213-220. Medellín: Alcaldía de Medellín.         [ Links ]

11. Corpades. 2003. Una vida de guerra... una vida de paz. Balance de los procesos de paz: una relectura con significante urbano. Signos Públicos 8: 99-108.         [ Links ]

12. Duque, Gabriel Jaime. 1993. Las milicias populares: un grupo social en conflicto. Trabajo, Departamento de Sociología, Universidad de Antioquia.         [ Links ]

13. Giraldo Ramírez, Jorge. 2008. Conflicto armado urbano y violencia homicida: el caso de Medellín. Urvio, Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana 5: 82-96.         [ Links ]

14. Gutiérrez Sanín, Francisco y Ana María Jaramillo. 2004. Crime, (counter-) insurgency and the privatization of security - the case of Medellín, Colombia. Environment & Urbanization 16 (2): 17-30.         [ Links ]

15. Jaramillo, Ana María. 1994. Milicias populares en Medellín: entre la guerra y la paz. Medellín: Corporación Región.         [ Links ]

16. Jaramillo, Carlos Eduardo. 1996. Las milicias de Medellín. Reflexiones iniciales sobre el proceso de negociación. Colombia Internacional 36: 9-14.         [ Links ]

17. Lamb, Robert Dale. 2010. Microdynamics of illegitimacy and complex urban violence in Medellín, Colombia. Tesis doctoral, College Park, University of Maryland.         [ Links ]

18. MAPP/OEA (2011). Décimo quinto informe trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/ OEA). Recuperado el 12 de febrero de 2013 de http://www.mapp-oea.net/documentos/informes/Trimestrales%20MAPP/XVInforme.pdf        [ Links ]

19. Medina Franco, Gilberto. 2006. Una historia de las milicias de Medellín. Medellín: Instituto Popular de Capacitación.         [ Links ]

20. Salazar, Alonso. 1994. Tras el espectáculo. el verdadero compromiso de la paz. Desde la Región 16: 8-12.         [ Links ]

21. Salazar, Alonso, Luz Elly Carvajal, Pablo García, Niver y Doña Nena. 1996. La génesis de los invisibles: historias de la segunda fundación de Medellín. Bogotá: Programa por la Paz Compañía de Jesús.         [ Links ]

22. Sepúlveda, Juan Guillermo. 1996. Conflicto urbano y procesos de paz, Medellín 1990-1995: balances y perspectivas. En Derechos humanos y solución de conflictos: perspectivas, ed. IPC, 171-204. Medellín: Instituto Popular de Capacitación.         [ Links ]

23. Uribe de Hincapié, María Teresa. 2001. Nación, ciudadano y soberano. Medellín: Corporación Región.         [ Links ]

24. Villamizar, Darío. 1997. Un adiós a la guerra: memoria histórica de los procesos de paz en Colombia. Bogotá: Planeta.         [ Links ]

25. Villarraga Sarmiento, Álvaro (comp.). 2009. Biblioteca de la paz: serie el proceso de paz en Colombia 1982-2002. T. III. Bogotá: Fundación Cultura Democrática.         [ Links ]

26. Vranckx, An, Nicolás Urrutia, Miguel Ortega y Gustavo Andrade. 2009. Rastreo de armas: perspectivas sobre control, tráfico y uso de armas ilegales en Colombia. Bogotá: Universiteit Gent, Fundación Ideas para la Paz.         [ Links ]