Diez tesis sobre el cambio del conflicto en Colombia

Ten Theses on the Change of the Conflict in Colombia

^* Doctor en Historia Moderna, Ciencias Políticas y Filosofía, Universidad Humboldt, Alemania. Correo electrónico: carsten.wieland@gmx.de.

Este artículo argumenta que la calidad del conflicto en Colombia está cambiando. La intención en lo siguiente es compilar algunas observaciones clave sobre la naturaleza de los escenarios conflictivos en Colombia y destacar algunos términos (como "conflicto" y "posconflicto") en una forma académica y exacta para evitar entrar en la polarización política que está tan vigente en este país. Otros aspectos de este artículo tocan el vecindario agitado en el cual se están desarrollando estos conflictos en Colombia, los cuales se quedan por definir. A continuación, quiero proponer las siguientes diez tesis:

I. Primera tesis: el conflicto en Colombia no ha terminado y no está terminando, pero es un conflicto que está cambiando en su calidad

Esta tesis trata de encontrar un punto medio entre las posiciones de aquellos quienes proclaman que este conflicto prácticamente ya ha terminado y quienes aseguran que no ha cambiado mucho desde el año 2002.

¿En qué sentido, entonces, el conflicto está cambiando su calidad? Colombia está saliendo del conflicto clásico conformado por tres actores: 1) un Estado históricamente débil en el sentido político y militar, con muy poca confianza de la población en las instituciones estatales, 2) grupos guerrilleros, especialmente las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), y 3) paramilitares organizados en las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia). Cada uno de ellos legitimó su presencia y sus acciones por la existencia del otro, a través de proyectos con fines políticos en una dimensión nacional: las FARC, con el proyecto de destruir el orden político-social en el país y las AUC con el proyecto de guardar esta estructura con el pretexto de llenar el vacío que había dejado el primer actor, el Estado débil.

A partir de —escojamos una fecha simbólica— el año 2008, cuando el proceso de una visible erosión política-militar de las FARC culminó en la muerte de tres actores claves de los siete miembros del secretariado del grupo, incluso su líder histórico alias Manuel Marulanda, la liberación de sus secuestrados políticos más importantes como Ingrid Betancourt se llevo a cabo, y por otro lado, después de la desmovilización de la mayoría de los miembros de las AUC con la Ley Justicia y Paz (2005), se puede empezar hablar de que el conflicto colombiano de hoy se compone ya no de tres, sino de dos actores: un Estado que inspira mayor confianza no solamente en el nivel militar, sino también en la gestión política, en sus instituciones cómo la policía, la justicia y los medios de comunicación, y sobre todo en el ejecutivo, lo cual se ve reflejado en las encuestas de forma sorprendente. Como segundo actor del conflicto actual debe entenderse una cantidad de grupos distintos planteados como delincuentes, criminales, narcotraficantes o terroristas, que no son tan diferenciables y antagónicos entre sí.

El elemento nuevo es que ninguno de estos grupos tiene verdaderamente una plataforma política. Un claro ejemplo de esto son las FARC las cuales pueden tener todavía su página web con algunas declaraciones ideológicas pero, como se sabe, en sus zonas de control ni siquiera ha propuesto un concepto ideológico o político específico, ni es seguro que todavía tengan una coherencia suficiente para actuar en una forma política o hacer gestiones diplomáticas. Además, hay que preguntarse si aún son capaces o tienen la voluntad de hacer demandas políticas. Tuvieron la oportunidad de expresarse en el tiempo del gobierno de Andrés Pastrana, y no lo aprovecharon, a pesar de haber sido una organización poderosa y mucho más coherente que hoy.

Al estar debilitadas las FARC desaparece la legitimación de los grupos paramilitares clásicos, como Colombia los ha conocido desde hace dos décadas. Hoy en día existen convenios regionales entre todos los grupos, incluso las FARC, narcotraficantes y nuevos grupos paramilitares que comparten metas económicas como garantizar los canales de comercio de drogas y otros negocios ilícitos. Cuando los grupos intentan influir la política con medidas violentas en un nivel regional, es solamente por intereses económicos y no por un concepto ideológico nacional.

Siendo tres los actores del conflicto clásico, en un escenario complejo, primero era necesario acercarse a algún actor para negociar e inducir una nueva dinámica en un proceso de paz. El presidente Andrés Pastrana (1998-2002) lo intentó con las FARC. El presidente Álvaro Uribe ha comenzado con el paramilitarismo y pudo ganar su confianza para entrar en un proceso hasta ahora exitoso. Sin embargo, hay deficiencias colaterales que son normales cuando se trata de un conflicto de está dimensión, complejidad y de números de miembros tan altos. Unos 35.000 miembros de los clásicos paramilitares se han desmovilizado y casi 15.000 guerrilleros, de los cuales 10.356, entre 2001 y 2008, son de las FARC, según los informes del Ministerio de Defensa.

Es necesario entender que el gobierno colombiano se había visto enfrentado a una decisión difícil cuando lanzó el proceso de desmovilización con la Ley Justicia y Paz, que no es una ley de impunidad como muchos críticos quieren hacer creer. La decisión fue tomada entre dos opciones: los polos extremos fueron el minimalismo pragmático y el maximalismo jurídico. El primero hubiera sido la impunidad, donde lo importante es la entrega de armas a cambio de la libertad de los insurgentes. El segundo habría equivalido, por el contrario, a una entrega de las armas sin ninguna concesión a los combatientes ilegales, los cuales hubieran obtenido nada más que la perspectiva de pasar el resto de su vida en la cárcel, así cooperarán con la justicia o no. Obviamente, eso hubiera impedido el proceso y causado todavía más victimas en el futuro.

Al comparar la actual situación colombiana con la de Sudáfrica en los años después de 1994, al terminar el sistema de Apartheid, es preciso señalar que en este segundo caso realmente hubo impunidad porque no existió ninguna ley de justicia y paz, pero sí hubo, a diferencia de Colombia, una autoridad moral y ética que era la Comisión de Reconciliación, encabezada por el arzobispo Desmond Tutu. Era una reconciliación de los victimarios con la población, y la mayoría de las víctimas estaba de acuerdo. Se puede plantear que los acercamientos para la solución del conflicto colombiano se encuentran en algún punto intermedio entre el minimalismo pragmático y el maximalismo jurídico.

Algo que también es nuevo en este conflicto es la participación masiva de la sociedad civil para ir en contra de la violencia en el conflicto, articulándose y expresándose en las calles, como precisamente lo han mostrado las marchas en febrero, marzo y en julio de 2008. Esas fueron unas de las demostraciones masivas más importantes contra la violencia en la historia de Colombia. Los guerrilleros y en forma creciente los paramilitares han perdido casi todo el respaldo en la población civil.

Es verdad que la participación de la sociedad civil puede volverse peligrosa para sus líderes, en un país como Colombia que está tan polarizado. La polarización, asimismo, es una característica propia del conflicto clásico —por ejemplo, la estigmatización de personas con distintas formas de pensar—. Así que un factor importante para salir de este conflicto completamente es acabar con esa polaridad.

II. Segunda tesis: hay varias razones que justifican hablar de una fase de posconflicto en Colombia pero es preciso diferenciar: cuando hablamos del posconflicto hacemos referencia al conflicto clásico como fue definido arriba.

III. Tercera tesis: con el éxito militar contra la guerrilla y con la desmovilización y deslegitimización de los clásicos paramilitares, el país ha vuelto a ganar espacio político para discutir otros temas que están en parte en el fondo del conflicto clásico como la brecha social, la lucha contra la pobreza, el sistema de salud o la confianza inversionista.

Al leer las encuestas más recientes, la violencia ya no es la preocupación número uno de los colombianos. Ahora los temas sociales están en el primer lugar de preocupación mientras que la violencia se encuentra algo así como en el tercer puesto. Por estas razones, en la campaña presidencial antes de 2010 el tema social va a ser de suma importancia, y precisamente este hecho reflejará un discurso de posconflicto.

Hay que mencionar que varios partidos de la izquierda y de la derecha están debatiendo sobre los mejores conceptos para tratar los problemas sociales. El colombiano ya no es un sistema político casi herméticamente cerrado como antes de la Constitución de 1991, la democracia en Colombia está respirando aire fresco con una multitud de opciones políticas pacíficas. Nadie tiene que recurrir a un grupo guerrillero con el pretexto de buscar una alternativa política de izquierda.

Hoy, por ejemplo, existe el Polo Democrático Alternativo y algunos ex guerrilleros han hecho una carrera política como, por ejemplo, el gobernador de Nariño, Antonio Navarro Wolf, y otros intelectuales aceptados con diversas biografías e ideologías. El de hoy ya no es el ámbito político anterior, en el cual los miembros del grupo guerrillero M-19 se desmovilizaron y fueron asesinados por los paramilitares. Hoy día Colombia no es todavía una democracia ideal, pero es un Estado diferente donde se pueden articular todas las posiciones en un marco político legal.

IV. Cuarta tesis: cuando se habla de este nuevo escenario de conflicto con dos actores —un Estado más fuerte y varios grupos violentos e ilegales— se puede constatar una "normalización" del conflicto en Colombia

Esto no significa que la situación sea normal en un sentido normativo, es decir, positivo, como cada uno lo desea en una sociedad y política pacífica, pero sí en el sentido que describe la estructura del conflicto. Un conflicto con los fenómenos mencionados existe en otros países latinoamericanos y en el mundo también como en México, Brasil o Guatemala. Colombia ya no es un país con un conflicto único.

V. Quinta tesis: el proceso del posconflicto ha acogido una auto-dinámica

Existe la crítica muy fundamentada de que la Ley de Justicia y Paz fue ideada únicamente para los paramilitares. Sin embargo, es necesario subrayar que en marzo de 2008 el gobierno declaró que dicha ley también se propone para los integrantes de las FARC que quieran desmovilizarse. Además, existe la crítica de que esta ley fue aprobada por congresistas que tenían vínculos con paramilitares; no obstante, si eso fue el caso, hay que reconocer hoy día que precisamente por la Ley de Justicia y Paz se ha obligado a los desmovilizados paramilitares a cooperar con la justicia y a decir la verdad. Asimismo, varios políticos están investigados por la justicia en el escándalo de la parapolítica.

El presidente Uribe ha roto su palabra con los paramilitares en dos ocasiones. La primera vez fue cuando puso las cabezas de las AUC en la cárcel de alta seguridad en Itagüí (Antioquia) y la segunda al extraditar a 13 de los altos cargos paramilitares que estaban dentro del proceso de la Ley de Justicia y Paz, pero no habían cooperado suficientemente con la justicia. Con la extradición, los desmovilizados pierden la opción de una pena reducida hasta máximo ocho años. Eso era la base para convencerlos de su desmovilización. Esto implica que en la auto-dinámica de hoy, ya no se puede declarar que el gobierno favorece a los paramilitares, por lo menos no en el sentido jurídico; además, la Ley de Justicia y Paz se aplica también para los otros grupos del conflicto clásico en Colombia.

VI. Sexta tesis: Uribe I es diferente a Uribe II

Mientras que el presidente Uribe en su primer mandato se aferró casi exclusivamente a un debilitamiento militar de la guerrilla, y al mismo tiempo negociaba un desarme colectivo con los paramilitares, ahora, desde su posición de fuerza, le apuesta cada vez más al soft power. Así, ha creado incentivos para facilitar la deserción de los guerrilleros como programas del gobierno para la protección física y reintegración de los desertores, reconocimientos financieros muy altos para la traición y exilio en Francia para los que se entreguen y a la vez liberen a personas secuestradas. Asimismo, ha hecho ofertas a la cúpula de las FARC para establecer una zona de encuentro temporal y sondear negociaciones de paz; ha mostrado disposición, para el caso de conversaciones de paz serias, de no calificar más a las FARC como terroristas e incluso de encontrarse con sus líderes en la selva. Uribe II muestra visiblemente más creatividad que Uribe I en el esfuerzo hacia una solución —también política— definitiva del conflicto clásico. Sin embargo, debe reconocerse que la mano fuerte de Uribe I ha hecho posible el camino hacia ese terreno.

VII. Séptima tesis: la imagen de Colombia está cambiando en el exterior por los éxitos de la política de la seguridad democrática

Los hechos descritos han dejado un impacto internacional durante los últimos años. Colombia ya no solo es percibida como un país en conflicto (o como un failed State), sino también como un país en tránsito a la resolución de un conflicto y a la superación del mismo (hablando del conflicto clásico). Siendo así, gobiernos como el alemán, en cabeza de la canciller Angela Merkel apoyan el esfuerzo del Estado colombiano de mejorar su desempeño para terminar el conflicto clásico y evitar que nuevos conflictos surjan. Un número creciente de políticos europeos han entendido que es contraproducente satanizar las instituciones estatales, porque son precisamente ellas las que deben garantizar el orden público en un Estado, lo que incluye el ejercicio de los derechos humanos y el respeto a todos los grupos de la sociedad, incluso a las víctimas del conflicto.

No se puede comparar en este caso a Colombia con Perú, porque el Estado peruano, en la época del presidente Alberto Fujimori luchó contra Sendero Luminoso aplicando, a veces, las mismas medidas terroristas que el grupo guerrillero. La seguridad democrática no tiene esta meta; aunque todavía se presentan violaciones a los derechos humanos por parte de miembros de instituciones públicas, el número es menor que antes y esta no es una estrategia gubernamental. En Colombia estas violaciones a los derechos humanos causan escándalo en la opinión pública y están seguidos de investigaciones administrativas y jurídicas.

El gobierno ha mostrado que está dispuesto a tomar medidas drásticas para evitar una erosión del concepto de la seguridad democrática. Un ejemplo tangible de esto es el llamado a calificar servicios para 27 miembros de la fuerza militar, algunos de ellos de alto rango, en octubre 2008 por su supuesta responsabilidad en los llamados casos de falsos positivos, que significaron la muerte de personas inocentes, presentadas como bajas del enemigo en combate, por las cuales se buscaron dádivas del gobierno. El comandante del ejército de Colombia, Mario Montoya, se vio forzado a renunciar por estos actos. Por otro lado, el gobierno de Uribe tiene una gran responsabilidad en el hecho que estos homicidios, realizados por miembros de las fuerzas militares, hayan tomado tenido tal magnitud, sin haber sido contenidos oportunamente, por ejemplo, con la abolición de estas dadivas por entregar reales o supuestos combatientes abatidos del enemigo. Estas consecuencias rigurosas fueron tardías pero necesarias para no poner en peligro la percepción internacional y la apreciación de otros avances en el ámbito de los derechos humanos y la seguridad pública.

Desde la llegada al poder de Álvaro Uribe en 2002 las FARC no solo están claramente debilitadas militarmente, sino que también aparecen bajo un proceso de resquebrajamiento interno. La lucha contra este grupo insurgente ha sido tan exitosa que muchos de sus líderes tan solo se pueden sentir seguros más allá de las fronteras colombianas. El campamento en Ecuador en el que el segundo líder más importante de las FARC, alias Raúl Reyes, y otros 23 combatientes de la guerrilla fueron eliminados por fuerzas militares colombianas, tenía una infraestructura consistente y no era, por cierto, ningún campamento de paso. Los documentos hallados en el portátil del abatido jefe guerrillero demuestran que las expresiones públicas de simpatía del presidente venezolano Hugo Chávez por las FARC no eran solo son palabras vacías.

Después de lo conocido hasta ahora del contenido de los computadores de Reyes, según lo argumenta Colombia, Venezuela y Ecuador atentan contra la Resolución 1373 de 2001 emitida por la ONU (Organización de las Naciones Unidas). Conforme con dicha resolución, todos los Estados están obligados a perseguir como delito tanto las actividades terroristas de cualquier naturaleza como el simple apoyo en su territorio a grupos terroristas. Esto incluye ayuda financiera, refugio y el compartir información con dichos grupos.¹

Luego de la liberación de las primeras dos secuestradas políticas colombianas el 10 de enero 2008, Hugo Chávez tomó la propuesta de las FARC de exigir a la comunidad política internacional el reconocimiento para la guerrilla del estatus de beligerancia y de borrarla de la lista internacional de terroristas. Sin embargo, esa petición se convirtió en un bumerán; exceptuando a Nicaragua ningún otro país se unió a tal demanda. En un gesto sorprendente, en abril del mismo año el presidente Chávez dio un giro de 180º tratando de convencer a las FARC de dejar las armas y hacer una lucha política. Sin embargo, según informaciones de la inteligencia colombiana, el apoyo logístico-militar de Venezuela a este grupo insurgente continúa.

Tanto si se trata de un apoyo abierto o no, como si las palabras se han vuelto más diplomáticas o no, una cosa es segura: se trata de un conflicto no solamente entre "países hermanos" con los cuales Colombia conformó la Gran Colombia hasta 1830, sino también de un conflicto asimétrico en el cual un Estado utiliza un actor sub-estatal para perjudicar al gobierno de otro Estado. Estos tipos de constelaciones existen también en otras partes del mundo como en el Medio Oriente, donde Irán utiliza a Hezbolá para confrontar a Israel. Fue Chávez, en marzo de 2008 después de la operación militar contra Raúl Reyes, quien precisamente estableció un paralelo entre el Medio Oriente y la región, al decir que Colombia era como Israel, que llevaba el conflicto fuera de sus fronteras. Asimismo, uno podría decir que entonces Venezuela era como Irán por el hecho de apoyar a un actor sub-estatal para confrontar a un gobierno elegido democráticamente.

Aunque este tipo de comparaciones no siempre son exactas ni carecen de problemas, puede constatarse que la región andina se ha convertido, como el Cercano Oriente, en un área en la que los conflictos asimétricos, con actores estatales y no estatales, traspasan las fronteras internacionales, y la que florecen prácticas terroristas por enemistades interestatales. Esa es una cruda verdad para el presidente colombiano Uribe en su lucha contra los grupos ilegales en su propio país. Igual de dolorosa es esa realidad para los Estados occidentales, debido a que de esa manera la lucha contra las plantaciones y el comercio de drogas, el combustible del conflicto colombiano, con mayor razón se convierten en un trabajo de Sísifo.

IX. Novena tesis: en la región faltan mecanismos de prevención y solución de conflictos y esto también tiene repercusiones en el conflicto colombiano

No hay mecanismos institucionales para resolver conflictos entre países vecinos en la región andina y más allá. Es verdad que los Estados latinoamericanos reunidos en el Grupo de Río demostraron de forma impresionante su capacidad espontánea para la solución de conflictos durante la cumbre de Santo Domingo, el 7 de marzo 2008, después de la acción militar contra Raúl Reyes. Sin embargo, la región no cuenta con instituciones efectivas a través de las cuales las partes se puedan comunicar de manera continua en el largo plazo, y que puedan ser utilizadas como mecanismos en la solución de conflictos.

La disciplina diplomática de los países no desempeña un papel adecuado en la solución de conflictos. La tensión y la distensión dependen de jefes de Estado como caudillos que actúan emocionalmente. El clima político de la región está enrarecido por una honda desconfianza que mutuamente se expresan los gobiernos, en parte por polarizaciones ideológicas y, en parte, por aversiones personales.

Un choque económico (que ya existe en parte) o un choque militar con países vecinos disminuiría la capacidad del Estado colombiano de avanzar en la lucha para establecer el orden público y el Estado de derecho al interior y mantener los éxitos hasta ahora conseguidos; además, aumentaría el riesgo de un revés en la cuestión social, lo cual siempre tiene repercusiones en la intensidad del conflicto interior.

X. Décima tesis: América Latina no está dividida, en primer término, entre gobiernos izquierdistas y derechistas sino, por un lado, entre demócratas de tendencias de izquierda y de derecha (entre ellos Colombia, Brasil, Chile y México) y, por otro, lado regímenes populistas (como Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua). Algunos de ellos no temen ni utilizar actores violentos no estatales como brazo armado de sus propios intereses ni simpatizar con ellos.

En las declaraciones públicas, la expresión de simpatía con las FARC ha disminuido del lado venezolano, especialmente después de que fueron encontradas delicadas evidencias de la relación gobierno venezolano - FARC en los computadores de Raúl Reyes. Además, después del debilitamiento profundo de la guerrilla, ahora es más plausible hacer una política sin esta, o también contra esta, ya que el grupo se ha vuelto cada vez menos importante para los actores internacionales.

Estos son los escenarios del conflicto en el cual se encuentra Colombia hoy en día. En medio de estos factores la calidad del conflicto está cambiando, como se mencionó arriba, del conflicto clásico con tres actores a un conflicto nuevo, con una constelación más "normal" con dos actores. Sería más apto hablar de nuevos conflictos en plural, porque los grupos opuestos al orden público y a las instituciones del Estado son múltiples. El escenario se ha vuelta más caótico.

El país en general, y especialmente las zonas urbanas, está viviendo una fase de estabilidad como no la había vivido en décadas. La tasa de homicidios, según datos del Ministerio de Defensa, bajó de 28.837 en 2002 a 12.234 en 2008 (hasta septiembre). Los homicidios con motivo político también se han reducido drásticamente, aunque volvieron a subir ligeramente entre 2007 y 2008, pero en un nivel relativamente bajo. Los llamados homicidios colectivos (de más de cuatro personas) de grupos ilegales disminuyeron de 680 (2002) a 99 (2008, hasta septiembre). En el mismo periodo el número de secuestros se redujo de 2.882 a 353 y los actos de terrorismo pasaron de 1.645 a 265. Por otro lado, sin embargo, están surgiendo nuevos conflictos y nuevas violencias en niveles locales o regionales.

Por lo dicho anteriormente existen dos maneras de juzgar el desarrollo del país: la mirada al empeño del país en el eje del tiempo y en el nivel nacional. Esto debe llegar a conclusiones claramente positivas si se toman como base las declaraciones de la gran mayoría de los colombianos, incluso las encuestas de apoyo al presidente (conclusión subjetiva), o si se tienen en cuenta las estadísticas sobre niveles de delincuencia, secuestros, extorsiones, corrupción, etc. (conclusión objetiva). Si se habla con personas en regiones específicas se escuchan conclusiones preocupantes sobre las llamadas nuevas bandas emergentes, sobre protagonistas antiguos en nuevas estructuras o en estructuras conocidas, la actividad de todos estos grupos en el narcotráfico, etc. El tamaño de estos grupos es difícil de estimar, pero las cifras oscilan entre 3.000 y 9.000 combatientes, entre lo que se encuentran bandas como "Las Águilas Negras", "La Oficina de Envigado" y "los Rastrojos", entre otras. La parte de la población que más sufre el accionar de estas organizaciones, como siempre, es la población campesina, y en algunas partes los indígenas.

Las bandas delictivas de cualquier índole, ya sean narcotraficantes del estilo tradicional, grupos de la guerrilla o paramilitares vinculados al narcotráfico, tienen como meta asegurar las rutas de comercio y de drogas. Estos grupos se caracterizan por la estrategia de conseguir un objetivo puramente económico por medio de conflictos locales. Esto no implica que la violencia en las regiones haya terminado, lo que ocurre es que es una violencia distinta. Esto no excluye tampoco el esfuerzo de algunos grupos por influenciar la esfera política en el nivel municipal y regional. Pero, a diferencia de antes, este esfuerzo no tiene nada que ver con un proyecto político-ideológico nacional, pero sí con el intento de conseguir condiciones de marco favorables para el comercio de estupefacientes y para otros negocios ilícitos.

Un tema interesante y sugerente es la combinación entre negocios lícitos e ilícitos. Ejemplo de ello es la siembra de palma para producir aceite para biocombustibles. La producción en masa de aceite de palma para este propósito representa la posibilidad, por primera vez, de que una planta legal con su potencial económico sea una verdadera competencia al cultivo de coca, después de muchos fracasos y esfuerzos nacionales e internacionales en la sustitución de esta planta.

No obstante, aparte del problema ecológico que implican los monocultivos, se presentan otros desafíos. En Colombia se están mezclando actividades legales e ilegales porque las estructuras y la distribución de recursos permanecen iguales. Una planta que puede ser algo muy positivo deja de serlo. Las estructuras de propiedad, distribución de la tierra, poder e influencia en las regiones no han cambiado y permanecen vigentes en el tiempo del conflicto clásico en el país; por esa razón, los recursos legales e ilegales se cruzan. Además, los cultivos de palma tienden a estar en manos de personas que no dejan que los desplazados del conflicto regresen a sus tierras ya que, precisamente, las necesitan para cultivar la palma como antes las necesitaron para cultivar plantas de las cuales se obtienen drogas.

Por lo anterior, existen algunos fenómenos que pertenecen a ambos escenarios de conflicto en Colombia —el clásico y el nuevo—. El desplazamiento forzado y la urgencia de una reforma a la propiedad de la tierra son los dos problemas más graves; estos no han perdido su actualidad con el cambio de la calidad del conflicto. Los conflictos en la nueva constelación también producen y van a producir víctimas. Así, el tema de un sistema de reparación profesional y efectivo sigue vigente, además del desafío moral de la reconciliación.

Para concluir: el gobierno colombiano se ve enfrentado con dos desafíos grandes al mismo tiempo

Primero: llevar las medidas por seguir en el posconflicto del conflicto clásico a un final exitoso, y tratar de reducir al mínimo posible las insuficiencias colaterales como el rearme de algunos paramilitares clásicos. En cuanto a la guerrilla, el gobierno Uribe también sabe que al final de cuentas no se puede ganar el conflicto clásico militarmente. El último guerrillero en la selva no se puede vencer con armas, pero puede perder su misión, su convicción y su relevancia. La visión optimista (hay otras versiones, obviamente) es que las FARC, de un modo comparable al de los últimos guerrilleros del Sendero Luminoso en Perú, con algunos pocos cientos de combatientes, deje de ser un grupo relevante para la seguridad y el proceso político del país. Asimismo, aunque los actores ya no son actores políticos, es necesario encontrar una solución política porque el trasfondo del conflicto es político y social.

Otra herencia del conflicto clásico son las minas terrestres. Lo que es poco conocido mundialmente es que Colombia es el cuarto país más minado del mundo, después de Camboya, Afganistán y Angola, y el único país de América Latina donde los actores armados ilegales continúan sembrando este tipo de artefactos. Según datos de la Fundación Seguridad y Democracia en los últimos 10 años se registraron 2.185 accidentes, los cuales dejaron como consecuencia 4.051 victimas. De estas, 1.549 fueron civiles, es decir el 38%, y 2.505 militares, el 62%. En más de la mitad de los 1.100 municipios, en 30 de los 32 departamentos, según el Observatorio de Minas Antipersonales, se sospecha o se ha confirmado la presencia de campos minados.

Finalmente, el tema de las víctimas del conflicto clásico, así como la restauración simbólica y la reparación material (de tipo financiero o como la restitución de propiedades) sigue siendo un tema vigente en el escenario del posconflicto.

El segundo complejo de desafíos es enfrentar los retos que se están presentando con los nuevos escenarios del conflicto; es decir, que la superación del pasado rompiendo y destapando los vínculos de parte de la política con la filosofía y estructura de los paramilitares clásicos debe seguir con la misma dinámica que se ha visto en los años 2007 y 2008, para evitar que este problema se convierta en un nuevo escenario de conflictos. Los esfuerzos por fortalecer las instituciones, la seguridad y el Estado de derecho, así como la sensibilización contra la corrupción en el país, están en un muy buen camino y deben continuar. El rearme paramilitar² de grupos ilegales, la continuidad del negocio del narcotráfico, controlado ahora por grupos descentralizados después del éxito en la captura de varios jefes importantes en los últimos tiempos, el desplazamiento forzado de población rural por grupos ilegales y el desafío de impedir que las actividades de la delincuencia común aumenten su nivel presente, uno de los más bajos de Latinoamérica, son los retos que están sobre la mesa hoy en día.

Colombia sigue siendo un país con muchas tareas complejas y urgentes por solucionar, y si bien las precondiciones establecidas para superar muchos de estos problemas siguen existiendo, en contraste con años anteriores el optimismo de la población es más grande que nunca y el cambio gradual de la imagen de Colombia en el exterior está justificado por logros impresionantes. Es verdad que un gran número de problemas espera su solución, pero algunos de ellos son consecuencia de la superación del conflicto clásico, lo cual es preciso reconocer. Asimismo, otros problemas como el narcotráfico y sus delitos conexos nunca van a ser solucionados de una manera satisfactoria, hasta que no haya un cambio radical en la cooperación con los países consumidores.

En esta etapa el país ha logrado ser reconocido como un Estado en transición y superación de un conflicto complejo del pasado y que está entrando en una fase de conflictos más comparables a los de otros países de la región y del mundo. Es demasiado temprano para hablar de un país normal en el sentido normativo, pero habían muy pocos, hace solo seis años, que creyeran en la posibilidad de cambiar a Colombia en una forma tan visible. Es necesario esperar que esta etapa no sea solamente un brevísimo intermezzo de nuevas oportunidades y confianza, sino que el país siga recorriendo este difícil camino con el apoyo internacional que se merece.

Notas

1 Sobre el particular se encuentran más detalles se encuentran en el artículo: Wieland, C. (2008). Escalada y fraternización espontánea en los Andes: La región entre el dilema de la lucha contra el terrorismo y las confrontaciones caudillistas. Papel Político, 13, y en los informes de la Fundación Konrad Adenauer (www.kas.de/kolumbien).

2 En este sentido —en cuanto el nuevo conflicto es más comparable con otros conflictos en el mundo—, la palabra "paramilitar" está utilizada en su acepción académica primordial e independiente de un contexto, sin referencia a los clásicos grupos paramilitares en Colombia (las AUC), los cuales no hacen parte de esta nueva constelación.