¿Tratamiento militar y policial al Paro Nacional 2021?

Al jueves, 17 de junio de 2021 diferentes organizaciones y procesos, incluida la Unión de Resistencias Cali Somos Todos y Todas, convocaron a movilizarse desde la Loma de la Dignidad y Sameco hasta el Puente de las Mil Luchas y desde Meléndez hasta Puerto Resistencia. Un motivo de orgullo popular radica en que para ese día habían pasado cincuenta y un (51) días de Paro Nacional y aún persistían, insistían y resistían miles de personas a nivel nacional e internacional. Al mismo tiempo, circundaba un sentimiento de nostalgia y tristeza por las víctimas de asesinato, desaparición forzada, violencia y abuso sexual, tortura, detenciones arbitrarias, allanamientos, amenazas, incineraciones, descuartizamientos, atentados, heridas y demás violaciones a los derechos humanos y de abuso de autoridad.

¿Qué pasó? Lo que sucedió - y sucede - es que el Gobierno Nacional, la Fuerza Pública, el Congreso, la Fiscalía General de la Nación, un sector del Poder Judicial y el Ministerio Público emprendieron un proceso sistemático de represión interinstitucional contra la movilización social. La respuesta estatal se congregó alrededor de los instrumentos de Asistencia Militar. A la vez, el partido de gobierno Centro Democrático promovió y defendió el uso de las armas contra la población movilizada. Sumando, que distintos grupos de interés acudieron al uso de la violencia letal contra los y las manifestantes. De tal manera que se articuló una criminal asistencia militar y paramilitar para derrotar por la fuerza al Paro Nacional, en tanto, que en el debate político, constitucional, diplomático y de derechos humanos la legitimidad la logró el Pueblo movilizado y protestando.

La movilización del 28 de abril en el Distrito de Santiago de Cali fue multitudinaria y en los días posteriores se consolidó un movimiento de resistencia muy fuerte por toda el área urbana y en varios sectores del área rural, al igual, en los municipios circundantes de Jamundí, Yumbo, Palmira y Candelaria. Lo mismo se presentó en otros municipios del departamento del Valle del Cauca, como Buga, Buenaventura y Tuluá. Desde el primer día la respuesta estatal obedeció a la suma de estigmatización, criminalización, represión y penalización.

El Ministro de Defensa Diego Molano anunció desde el 28 de abril de 2021 y días posteriores el aumento del pie de fuerza en la ciudad de Cali con 850 policías y 450 soldados del Ejército Nacional, el día siguiente y posteriores informó de 700 policías adicionales, incluyendo varias secciones del Esmad, 300 policías, dos helicópteros, 60 motos adicionales, millonarias recompensas, la acción permanente del Puesto de Mando Unificado Cibernético (PMU-CIBER) y la acción articulada de los ministerios de Defensa, Salud, Agricultura, Transporte y Comercio, junto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Comando General de las Fuerzas Militares, la Policía y el Ejército Nacional, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), la Dirección de Tránsito y Transporte (Ditra) y demás entramado institucional que constituye los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del Estado Colombiano.

Sin embargo, el Paro Nacional se mantuvo en distintas regiones en Colombia, incluido el Distrito de Santiago de Cali, donde la fuerza de la movilización ha sido particularmente significativa, tanto en términos de movilización, como por la constitución de 26 puntos de resistencia - en algunos momentos más - y la masiva incidencia a través de las redes sociales y medios alternativos de comunicación (^{Claros, 2021}; ^{Guerrero y Veloza, 2021}; ^{Rojas, 2021}; ^{Valencia et al., 2021}).

¿Asistencia militar contra el Paro Nacional 2021?

La contundencia de la protesta social en Cali no cambió en absoluto la actitud del gobierno nacional y el partido de gobierno, ni de los sectores de extrema derecha. Así que profundizaron sus políticas de uso de la fuerza represiva. El 1º de mayo de 2021 el Presidente de la República, Iván Duque Márquez, aprobó la figura de Asistencia Militar:

Conforme a la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, la figura de asistencia militar seguirá vigente en los centros urbanos donde existe un alto riesgo para la integridad de los ciudadanos y donde se requiere emplear toda la capacidad del estado para proteger a la población.

El 3 de mayo de 2021, el Ministro de Defensa Diego Molano, insistió en estigmatizar y señalar la protesta social, asociando en su discurso el Paro Nacional con las disidencias de las FARC, el ELN y otros grupos armados. Expuso también que, a través de la Asistencia Militar, se colocaban a disposición del Presidente de la República, de forma temporal y excepcional, las capacidades de las Fuerzas Militares para asistir militarmente ante la grave alteración de la seguridad y la convivencia, el riesgo o peligro inminente y la emergencia o calamidad pública, como tres posibles escenarios para los cuales es necesaria dicha figura.

La Asistencia Militar, lo explica el propio Ministro de Defensa Diego Molano, se realiza en cumplimiento de la Constitución y la Ley 1801 de 2016 o Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, cuyo Artículo 170 la establece. Para el caso de Santiago de Cali, la Asistencia Militar consistió en asumir las funciones que para la ciudad realizaba regularmente la Policía Nacional. Esta acción se hizo extensiva al sur occidente de Colombia, donde tienen sus teatros operativos la Tercera División Fuerza Naval del Pacífico, al Eje Cafetero donde opera la Quinta División y al departamento de Antioquia, en el cual actúa la Séptima División. La militarización incluyó un conjunto de “operaciones de carácter humanitario” relacionadas con transportes de víveres, elementos de sanidad y combustibles.

El 6 de mayo de 2021 se informó que desde el interior de la Defensoría del Pueblo, distintos funcionarios de la entidad denunciaron que el Defensor del Pueblo Carlos Ernesto Camargo Assis, respaldó también la Asistencia Militar. El miércoles 19 de mayo de 2021 el Concejal Carlos Carrillo, Bogotá D.C., al solicitar la renuncia del funcionario, entre otros planteamientos señaló que “el Defensor ha demostrado ser un funcionario abiertamente servil al Gobierno, dándole la espalda al pueblo colombiano”:

Así lo evidencia la reciente Resolución No. 076 del 6 de mayo del 2021 expedida por la Defensoría del Pueblo en donde el Defensor imparte directrices tendientes a instar a los Gobernadores, Alcaldes Distritales y Municipales a “Garantizar en desarrollo de la asistencia militar y en el marco de la convivencia, la aplicación irrestricta de normas y protocolos, en el marco de la función, la actividad y los procedimientos de policía”.

Para el Distrito de Santiago de Cali la sustitución de funciones policiales por parte del Ejército Nacional implicó que la Policía Nacional y el ESMAD quedaron plenamente concentradas en las respuestas estatales a la protesta social, por medio de un accionar en su absoluta mayoría de represión violenta y el uso de fuerza letal, más que disuasiva.

El 28 de mayo de 2021, el Presidente de la República, emitió el Decreto para la conservación y el restablecimiento del orden público por medio del cual ordenó a los gobernadores del Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá y Risaralda, a los alcaldes del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Cali, del Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura, de los municipios de Pasto, Ipiales, Popayán, Yumbo, Buga, Palmira, Bucaramanga, Pereira, Madrid, Facatativá y Neiva adoptar las siguientes medidas:

Sin embargo, ni la Policía Nacional, ni el ESMAD, ni el seguimiento cibernético, ni el apoyo de la Fuerza Aérea y los aparatos de inteligencia, ni la persecución por parte de la Fiscalía General de la Nación y demás fuerzas del Estado, lograron desmovilizar a los y las manifestantes en el Distrito de Santiago de Cali. Pese al agotamiento y estrés que generan las grandes dificultades de movilización y provisión de bienes esenciales como alimentos y combustible, un porcentaje muy alto de la población mantuvo su respaldo al Paro Nacional, especialmente, a la juventud movilizada en los puntos de resistencia y concentración.

Ante la insuficiencia de la represión legal para destruir el Paro Nacional, a la militarización y penalización regular y a la asistencia militar excepcional, se sumó la histórica y recurrente asistencia paramilitar del terrorismo de Estado.

¿Asistencia Paramilitar contra el Paro Nacional 2021 en Santiago de Cali?

Desde el primer día, 28 de abril de 2021, las acciones de vandalismo en áreas donde la movilización pacífica no estaba presente o en lugares por donde ya las marchas habían pasado hace bastante tiempo, daban cuenta de un posible plan de sabotaje. El temor a estas formas de desvirtuar la protesta social crecía al observar que, ante el saqueo de almacenes y otros bienes públicos y privados, la policía solo observaba, llegaba tarde o simplemente se concentraba a una o dos cuadras sin hacer absolutamente nada para impedir que la situación de vandalismo empeorara.

Otras situaciones comenzaron a ser una constante contra la protesta social. Un hecho doloroso de este tipo sucedió el 7 de mayo de 2021, cuando pasadas las siete de la noche, se dieron ataques paramilitares simultáneos en los sectores de La Luna, el Puente del Comercio y el Paso del Comercio. El día anterior, 6 de mayo de 2021, se denunció que civiles armados llegaron al Punto de Concentración de la Portada en un camión que posteriormente se comprobó era de propiedad de la policía, esto por medio de la averiguación de las placas, así como por los implementos que estaban en el vehículo, incluida una chaqueta con el respectivo número de un agente. Fue tan evidente la participación oficial que la Policía Nacional declaró que el camión le pertenecía, que los civiles eran agentes de la institución y que estaban en el área desarrollando una acción policial.

La situación de tensión ante las distintas arremetidas, tanto policiales, como del ESMAD y los paramilitares pudo enfrentarse gracias al apoyo que la movilización social del Distrito de Santiago de Cali recibió de la Minga Indígena, Popular y Comunitaria. Con la llegada de la Guardia Indígena iniciaron un conjunto de acciones de cuidado y autocuidado de los y las manifestantes y de los sitios donde había presencia permanente. Uno de esos ejercicios de soberanía popular permitió evidenciar la relación directa entre la asistencia militar y la asistencia paramilitar.

Según informe de la Minga, el 06 de mayo de 2021, la Guardia Indígena a través de un ejercicio de control y defensa de la protesta social para prevenir la infiltración al paro nacional, identificó en el sector La Luna de la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca, “al señor JOSE RICARDO SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 10.295.778, de 38 años de edad, como presunto miembro activo de la Policía Nacional de Colombia”. En otros ejercicios de protección y prevención, la Guardia Indígena identificó y denunció la presencia de vehículos con civiles armados, que nuevamente permitieron evidenciar la articulación entre la policía Nacional y las acciones de civiles disparando en horas de la noche contra los y las manifestantes. Estas acciones y otras a las cuales fue imposible hacerles seguimiento, evidencian el interés de desarrollar acciones para deslegitimar el Paro Nacional, generando eventos de vandalismo, terrorismo de Estado y zozobra, que posteriormente se referencian por las autoridades para justificar el aumento de la militarización y penalización de la protesta social.

La situación se agravó el 9 de mayo por el ataque militar y paramilitar contra el Thutenas We’sx (Autoridad) y la Guardia Indígena. Según lo manifestó públicamente el Representante a la Cámara John Jairo Hoyos:

Me acerco a los indígenas y uno de ellos me dice: “mire, señor, nosotros venidos desde la Universidad del Valle porque un consejero indígena se encuentra atrapado en el puente de La Viga y nos llamó pidiendo auxilio. Desde que salimos hemos tenido obstáculos; primero, nos levantaron a bala en el rompoi de Ciudad Jardín. Logramos pasar y al llegar de nuevo a este punto, volvieron a atacarnos con balas. Tenemos personas heridas, pero nosotros no queremos inconvenientes. Ya el consejero pudo salir y nosotros vamos a retirarnos.

La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca - ACIN -, denunció que “a las 2:20 p.m. de la tarde de este domingo 9 de mayo se presenta una delicada situación de agresión con armas de fuego a la minga que se encontraba desplazándose por la zona de Jamundí”, hechos en los cuales integrantes de la Policía Nacional y civiles armados con armas cortas y largas dispararon contra integrantes de la guardia indígena, en un claro operativo de corte paramilitar, que previamente había interceptado al Thutenas We’sx (Autoridad) Hareold Secue.

Ese mismo día sucedieron en Cali graves hechos de corte militar y paramilitar, similares a los sucedidos el día 9 de mayo contra la Guardia Indígena en el sur de la ciudad. Al medio día un agente del CTI asesinó a dos manifestantes, a raíz de lo cual fue víctima de linchamiento. En horas de la tarde, frente al CAI¹ de Ciudad Jardín, paramilitares y policías actuaron de manera conjunta, como se denunció masivamente por medio de fotografías, videos y testimonios en las redes sociales. En medio de una delicada situación y de tensión, civiles dispararon armas de corto y largo alcance contra los y las manifestantes, con el agravante de que tales acciones paramilitares se desarrollaron, no solo en presencia sino con el apoyo y respaldo de la Policía Nacional. Añadiendo que además de las agresiones paramilitares, el Estado a través de la Policía Nacional y los organismos judiciales desarrollaron contra los y las manifestantes operativos como detenciones, al menos un caso de tortura física y psicológica, amenazas y agresiones contra defensores de derechos humanos, judicializaciones y encarcelamiento, a la vez, que no hubo ninguna acción policial y judicial contra los paramilitares.

Ante tan graves circunstancias el Fiscal General de la Nación, si bien reconoció que el agente que asesinó a dos manifestantes era un agente del CTI, negó que estuviera en misión institucional. Por su parte, el Presidente Duque, no emitió ningún pronunciamiento explícito contra el paramilitarismo, por el contrario, manifestó que desde el viernes 28 de mayo empezará “el máximo despliegue de asistencia militar a la policía en la ciudad de Cali y el departamento del Valle del Cauca”.

El 10 de junio de 2021, el Ministro de Defensa se refirió a La Luna, no para reclamar acciones contundentes por el accionar paramilitar que llevó a la muerte de por lo menos tres personas, dos de ellas manifestantes pacíficos, sino, para anunciar que “La Luna, uno de los puntos críticos donde se presentaban obstrucciones viales en la ciudad de Cali, ha sido liberado por la Fuerza Pública”. El mismo día en horas de la tarde, en el punto de concentración Meléndez, al sur de la ciudad de Cali, una camioneta pasó a toda velocidad haciendo disparos contra los y las manifestantes que ahí se encontraban.

Durante los meses de mayo y junio de 2021, congresistas como María Fernanda Cabal y Christian Garcés, no se manifestaron condenando el paramilitarismo, pero, sí en contra de los diálogos entre la Alcaldía distrital y los y las manifestantes y a favor de la profundización del tratamiento militar a la protesta social.

Respecto a este y los demás hechos de este tipo, las Fuerzas Militares de Colombia no se pronunciaron rechazando el paramilitarismo, ni buscaron canales de superación de las demandas del Paro Nacional, al contrario, se convirtieron en el principal instrumento de la mano dura contra la ciudadanía, además priorizaron realizar reuniones únicamente con comunidades de barrios de altos ingresos en cuyos entornos actuaron los paramilitares. Así sucedió el 9 de mayo de 2021 cuando el General Navarro, Comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, el Ministro de Defensa, Diego Molano, y otras autoridades locales informaron a través de Twitter que se reunieron con “habitantes del barrio Ciudad Jardín en Cali, con el fin de dar a conocer a esta comunidad la importancia de la presencia de las tropas desplegadas en el territorio”. Nuevamente, el 11 de mayo, el Ministerio de Defensa informó en su portal oficial que se reunió con la Comunidad del sector La María de Cali, destacando el apoyo de la Fuerza Pública para restablecer la seguridad de la zona.

En el cuerpo de la nota se mencionan dos testimonios, el de doña Olga y Andrés. La primera denuncia que el 9 de mayo de 2021 “fue uno de los días más terroríficos que ha vivido en su comuna”, por los hechos de la “confrontación entre la comunidad de esta zona y un grupo de indígenas”, sin embargo, ella apunta que la situación venía de días anteriores, por los “bloqueos ilegales por parte de la Minga”, requisas y cobros dependiendo del vestuario y el carro o vehículo, desde 10 hasta 50 mil pesos. La señora Olga también denuncia amenazas y requisición de documentos. Por su parte, según la misma nota del Ministerio de Defensa, Andrés, quien aseguró que ha recibido amenazas, cuenta que “todo empezó cuando algunos habitantes del sector protestaban pacíficamente”, pero que, a raíz del cruce de palabras, empezaron los empujones, el arrebatamiento de celulares y requisas tirando al suelo a varios vecinos; el mismo Andrés habla de que pasados tres minutos llegaron “dos chivas explotando papás bomba contra los vehículos”, por lo cual “Empieza la balacera”.

De llegar a ser ciertos estos testimonios, los hechos deberán investigarse y sancionarse a la luz de las pruebas porque el testimonio del Representante a la Cámara John Jairo Hoyos y otras personas, como el Thutenas We’sx (Autoridad) Hareold Secue, cuentan una versión totalmente distinta sobre los mismos sucesos.

Pero el pronunciamiento del Ministerio de Defensa no se orientó en ese sentido. Haciendo silencio sobre la posibilidad de una acción paramilitar con presencia de la Policía Nacional, lo que expuso en el portal oficial del Ministerio de Defensa fue que los “habitantes aseguran que han denunciado lo ocurrido ante las autoridades competentes, con la esperanza que no se repita, pero también piden cese a la violencia y no más agresiones a la Fuerza Pública”.

El 29 de mayo de 2021, el periódico Q’hubo Cali informó que el “Presidente Duque llegó a Cali, tras grave situación en la ciudad”. Ya se dijo líneas atrás que ese día el Presidente tras presidir el Consejo de Seguridad con las autoridades de la ciudad, anunció “el máximo despliegue de asistencia militar a la policía en la ciudad de Cali y el departamento del Valle del Cauca”; pero además, como el propio presidente expresó a través de un tuit - 10:29 p.m. del 28 de mayo de 2021 -: “Recorrimos las calles de #Cali, donde dialogamos con los ciudadanos que rechazan la violencia, el vandalismo y los bloqueos, y quieren los cambios que necesita Colombia pero construyendo consensos; juntos y escuchándonos mutuamente saldremos adelante”. Lo que debe aclararse sobre ese tuit es que la visita del Presidente de la República fue al lugar en donde horas antes los paramilitares y la policía nacional actuando juntos dispararon armas de corto y largo alcance contra los y las manifestantes. Nada dijo el presidente contra el paramilitarismo, ni frente al comportamiento de los agentes de la Policía Nacional que actuaron en las circunstancias de ese proceder paramilitar.

Sólo el 30 de mayo de 2021, ante la ola de denuncias y la imposibilidad de ocultar la gravedad de los hechos, pues varios videos y fotografías mostraron a paramilitares y policías disparando contra civiles, el general Jorge Ramírez, inspector general de la Policía Nacional, además de informar que puso en conocimiento de la Personería, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General y la Procuraduría los hechos “para que en el marco de su competencia contribuyan al esclarecimiento”, declaró:

Frente a los videos que se han conocido en redes sociales, en los que se observan algunos ciudadanos usando armas en el sector de Ciudad Jardín, y en el que se evidencia la presencia de la fuerza pública, se ha dispuesto la respectiva investigación por parte de la Inspección General de la Policía Nacional y de la Justicia Penal Militar.

Por su parte, el general Jorge Luis Vargas, director General de la Policía, se pronunció utilizando expresiones como personas presuntamente armadas e informando de la apertura de investigaciones sobre las circunstancias en que tales personas se ven en videos “realizando disparos cerca a uniformados de la Policía Nacional que posiblemente hayan cometido omisiones a sus funciones”. En tal sentido aseveró que le dieron instrucciones al comandante de la Policía Metropolitana de Cali para una actuación administrativa rápida en pro de la identificación e individualización de los integrantes de la Policía Nacional que así actuaron, remitiendo también ante la Justicia Penal Militar y la Fiscalía General de la Nación a estos funcionarios públicos y, de igual manera, también frente a un eventual delito que se haya cometido.

En este sentido, es interesante observar como cuando se trata de condenar las manifestaciones públicas se habla de terrorismo, violencia, vandalismo, afectación violenta, violentos, criminales - Ministerio de Defensa, 28 y 30 de abril; 3, 12 y 14 de mayo, 2021 -, pero, nunca hay un pronunciamiento contra el paramilitarismo, a excepción del caso en que Juan Roberto Vargas, Director de Noticias Caracol, le arrancó la declaración al Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado.

El periodista Luis Alfonso Mena S. de Periodismo Libre, en un artículo titulado Yumbo: 24 horas de terror policial, del martes 18 de mayo de 2021, manifestó sobre el actuar militar y paramilitar contra las comunidades y personas movilizadas:

Como complemento de la violencia oficial, continúan operando las bandas de paramilitares, mezclados con policías de civil y delincuentes contratados por “la gente de bien” para que disparen desde motocicletas y camionetas Toyota blancas contra los puntos de concentración de los jóvenes y el pueblo.

El 9 de mayo de 2021, una vez el Presidente de la República ordenó el máximo despliegue, inició una delicado accionar por parte de la Policía Nacional y el ESMAD en diferentes puntos de la ciudad. La situación más delicada se reportó en el Punto de Concentración de Meléndez, a las 11:16 de la noche, según se informó a través de una emisión de Facebook Live. A su vez, a pocas cuadras de este lugar, en el punto de concentración de la Universidad del Valle, se vivieron momentos de mucha tensión por el riesgo de que el campus universitario pudiera ser ocupado por la Fuerza Pública o por civiles armados que estaban circulando por el entorno del campus universitario. Días después, el 12 de mayo de 2021, se presentó un ataque con más de 30 disparos con arma de fuego en el Puente de las Mil Luchas, por parte de personas movilizadas en tres motocicletas y una camioneta blanca.

El 23 de mayo de 2021, el Equipo Jurídico y Humanitario 21N, la Corporación Justicia y Dignidad, la Comisión Intereclesial Justicia y Paz denunciaron la posible existencia de sitios de detención, fosas comunes y casas de pique en Cali. Señalando que desde el 13 de mayo de 2021 comenzaron a recibir “relatos absolutamente escabrosos y delicados que hieren la conciencia de la humanidad por el comportamiento y las prácticas policiales”, según sus afirmaciones, estarían cometiéndose graves crímenes a la luz de un modo de pensar institucional que califica a la juventud manifestante con vándalos y terroristas. Afirmaron tener denuncias sobre posibles fosas comunes en los municipios de Buga, Yumbo y Guacarí, municipios a los cuales “estarían llevando los cuerpos de muchos jóvenes caleños”, reportados como desaparecidos por sus familias. Incluso, en ese comunicado se denuncia sobre posibles hechos de operaciones encubiertas.

¿Asistencia Militar y Paramilitar contra el Paro Nacional 2021 en Santiago de Cali?

Al cumplirse el primer mes del Paro Nacional, el 28 de mayo, nuevamente la asistencia militar y paramilitar actúa con saña contra los y las manifestantes. En su programa en vivo, la periodista María Jimena Duzán² desarrolló una serie de entrevistas con la pregunta: ¿Quién está detrás del grupo de autodefensa que se armó contra los indígenas en Cali? Participaron Diana Salinas y Claudia Báez de Cuestión Pública, el abogado Sebastián Caballero de Primera Línea Jurídica y Elmer Montaña, abogado penalista y defensor de DDHH. Si bien la periodista Duzán y las dos periodistas de Cuestión Pública prefieren no usar la palabra paramilitarismo, Montaña no duda en hacerlo. De muchas cuestiones que se abordan, para este artículo se rescata el debate sobre la alianza entre civiles, fuerza pública y políticos para actuar conjuntamente y haciendo uso de armas de fuego.

Las periodistas de Cuestión Pública refieren un testimonio de un político de la región del cual por razones de seguridad omiten el nombre, quien literalmente señaló: “quien ha sido el principal promotor de esta violencia sistemática que se ha dado es Christian Garcés” - minuto 20:03 a 20:13 -. A partir de esa pista, las periodistas inician el rastreo de los hechos que explican lo sucedido el 28 de mayo en Ciudad Jardín al sur de la ciudad de Cali. Ellas indican que uno de sus hallazgos fueron las conversaciones de un grupo de WhatsApp de vecinos de dicho barrio que permiten deducir sin margen de error que se realizó una reunión para tratar el tema de seguridad, que ese espacio tuvo lugar entre las 8:00 a.m. y 9:00 a.m. “en Ciudad Jardín y con todos los ediles de la Comuna 22, que es donde queda el barrio Ciudad Jardín, allí dice literal el chat. “tema seguridad para el día de hoy”. Las periodistas exponen que para la reunión en la mañana de ese 28 de mayo uno de los invitados fue el representante Christian Garcés, quien además había logrado que asistiera la comandancia de la Policía Metropolitana de Cali, la cual delegó al coronel Luis Ernesto Gómez Luna, dado que el general León estaba en reunión con el Ministro de Defensa.

Precisan las periodistas que, en el chat, quienes escriben, resaltan tres cuestiones:

“1. Que las fuerzas militares y de policía de Cali son conscientes y están enteradas de la situación de la ciudad y la comunidad del sur de Cali; 2. Que tienen previstos los operativos conjuntos - esto es muy importante porque son conjuntos - para afrontar los actos de vandalismo y terrorismo; 3. Que han dispuesto un número de efectivos y equipos necesarios para tal fin” - minuto 22:14 a 22.38 -.

El coronel Luna respondió a una comunicación de las periodistas confirmando la reunión, alegando a su favor, que él llevaba solo dos días de ser trasladado a Cali, que no conocía a nadie, pero que la reunión si se realizó con la participación de los ediles. Del general León no obtuvieron respuesta.

Christian Garcés ingresa al programa descalificando el desarrollo del programa y a las periodistas de Cuestión Pública, con un tono bastante prepotente plantea que les debe enseñar a investigar. Su primera respuesta es la siguiente:

Primero que todo la reunión que yo hice, por Dios, fue con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de toda la Comuna 22, no con los ediles de Ciudad Jardín, estaba el presidente de la Junta de Acción Comunal de Ciudad Jardín, eran todos los ediles; segundo, es falso que estuvo la policía de Ciudad Jardín, la reunión fue con el subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, pero tampoco hubiera estado mal que estuviera la policía de la Comuna 22” - minuto 32:16 a 32:53.

El señor Garcés elaboró su disertación en torno al argumento de que la izquierda radical ha buscado con sus narrativas confundir las manifestaciones pacíficas con los actos vandálicos. Es decir, repitió la estrategia argumentativa del Fiscal General de la Nación, esto es, ante una acusación sobre crímenes o posibles crímenes de corte paramilitar y de represión estatal, de inmediato pasan a acusar a quienes protestan y a la izquierda. El señor Garcés, representante por el Centro Democrático a la Cámara de Representantes, continuó su argumento diciendo que las manifestaciones pacíficas llegaron hasta un punto distinto al del área cercana a Ciudad Jardín, implícitamente ya señala que tal manifestación no fue pacífica. A su argumento sumó unos segundos después acusaciones contra “estos vándalos” por destrucción del comercio, quema del CAI, disparos, vandalización de oficinas, daños a un hotel y destrucción de un local comercial.

Ante la pregunta sobre los disparos contra las personas participantes de la manifestación y el llamado de las periodistas a que responda políticamente por tales hechos, el señor Garcés expuso que no tiene porqué responder por las acciones de la comunidad, la que, según él, por las decisiones del alcalde entró en pánico, estaba atemorizada y se sintió desprotegida. Incluso a su favor recuerda que él envío un audio pidiendo calma a la comunidad y que por ningún motivo se tomarán medidas extremas. Agregó que la comunidad argumentó que no veían a la policía organizada y que por ello él habló con el subcomandante de la Policía Metropolitana, quien, según Garcés, respondió que no debían preocuparse porque había un operativo de la policía. En un momento de su intervención el señor Garcés expuso:

Entonces la comunidad sale, bien o mal, esa es una decisión autónoma de la comunidad, a proteger su vida, sus bienes, lo que sea, y resulta que yo soy el responsable, no qué es esto. Yo puedo ser el político de mayor votación en Cali, eso es así, y en el sur de Cali también, pero no me hago responsable de lo que suceda. Yo por eso hablo con la Policía Metropolitana y hablo con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal que son elegidos popularmente. Y no pueden entonces armar un rompecabezas y ya por eso culparme a mí de lo que dicen en un chat que no sé cuál chat sea, hay montones de chats en toda Colombia, entonces lo que diga ahí resulta que me hace responsable de algo. A mí me parece una falta de respeto y una investigación muy superficial lo que están haciendo - minuto 38:25 a 39:14 -.

La estrategia argumentativa del representante Garcés es igual a la del Fiscal General, el presidente y el Ministro de Defensa, entre otros altos representantes del Gobierno Nacional y el Estado de Colombia. Consiste en cuatro planteamientos: i. Cuestionar la legitimidad de la protesta social y de las manifestaciones; ii. Colocar en duda la legalidad de las acciones de los y las manifestantes, calificando sus acciones como violentas, vandálicas, terroristas; iii. Poner en duda las investigaciones independientes acusándolas de parcializadas, a la vez que les piden que hagan investigación sobre las acciones de la protesta social; iv. Amparar su derecho a emitir cualquier juicio contra cualquier agente de las Fuerzas Militares, de las agencias afines y de los paramilitares con la premisa de que esperarán que las autoridades responsables investiguen y se pronuncien.

Al tiempo, la estrategia de la derecha y extrema derecha consiste en victimizar a quienes hacen uso de la violencia contra quienes participan del Paro Nacional, sean integrantes de la fuerza pública o paramilitares, fundamentando que la propiedad privada, el derecho a la vida y a la familia de los ciudadanos y los agentes estaba amenazada. En este caso y como claro ejemplo, el representante Garcés, a la altura del minuto 41:48 expresa: “acuérdense que aparece un video grotesco, tristísimo de un técnico de la Fiscalía asesinado a golpes y a pata, que se vio inmerso en una situación de dos personas asesinadas también”. Nótese que habla con particular sensibilidad de la muerte del agente estatal, lamentable claro está, mientras elude denunciar con la misma contundencia que esta persona asesinó a dos manifestantes. Por lo demás todas estas personas se presentan como sujetos altruistas preocupados por el Estado, la sociedad, la comunidad, la comunidad, la familia y la ley, por decir lo menos, se auto designan como faros morales de la sociedad.

En el desarrollo del debate, sucede en la palabra el abogado Elmer Montaña, quien expresa las siguientes palabras:

Quiero comenzar diciéndole Christian que a raíz de este informe mañana en horas de la mañana voy a radicar denuncia penal en contra en la Corte Suprema de Justicia porque yo creo que hay suficientes elementos materiales de prueba, evidencias e indicios que señalan que Usted está detrás de la conformación de estos grupos, que la Corte pues deferirá sin son realmente grupos paramilitares por la vocación que puedan tener de permanencia o si simplemente fueron grupos que salieron a sembrar el terror en la ciudad de Cali, tanto el 9 de mayo como el 28 de mayo, con el ataque que hicieron en primer lugar a la Minga y después a los manifestantes.

Y le voy a decir por qué Christian. Usted ha sido un defensor y un azuzador en la ciudad de Cali de que todo el mundo se arme, ha sido su propuesta bandera con una argumentación que ahora la ha esgrimido en el sentido de que los ciudadanos caleños están indefensos y la gente tienen la necesidad imperiosa, “la gente de bien de la que Usted habla”, de armarse para poder enfrentarse a la delincuencia, habida cuenta que la policía no es capaz de hacerlo. Pero además de que Usted es un promotor del armamentismo en la ciudad, Usted ha empleado una estrategia de desinformación muy bien calculada en la ciudad, en lo que respecta a lo que fueron los ataques a la Minga Indígena y lo que sucedió el pasado 28 de mayo.

En relación con la Minga Indígena, Christian le recuerdo por ejemplo que hubo unas imágenes de un dron que circularon mostrando supuestamente a los indígenas metiéndose a las casas para violar y matar a las personas y Usted hizo una promoción de esa situación cuando eso era completamente falso, pero, además de esa falsedad y otras falsedades en las que Usted ha incurrido, exacerbando los ánimos, Christian, porque Usted ha sido un exacerbador del odio en la ciudad de Cali, un promotor de que la gente salga a armarse para enfrentar a la delincuencia con el argumento de que la gente está secuestrada por los manifestantes y que en Ciudad Jardín la gente estaba secuestrada por los mingueros y por los estudiantes y era menester usar esas armas de fuego, Usted además ha incurrido en otras mentiras - minuto 46:14 a 48:26.

Montaña acusa además al representante Garcés de incurrir en varias mentiras sobre la ubicación de las marchas, el lugar de detención de los manifestantes, la afirmación de que fueron vandalizadas viviendas en Ciudad Jardín. Agrega Montaña que Garcés ha justificado las acciones paramilitares con la existencia de actos de vandalismo en la ciudad de Cali. E interpela al representante diciéndole que:

ha participado activamente en reuniones en desarrollo de las cuales, Christian, han salido personas de Ciudad Jardín a enfrentar a los manifestantes, eso que ocurrió, esa reunión pacífica, tranquila, que coincidió, fíjese Usted Christian, con el hecho del enfrentamiento con los manifestantes de la Universidad del Valle y ese ataque alevoso de estas personas armadas, además innecesario porque la Policía Christian, el Goes no estaba presente, pero, había policía uniformada en ese sitio. Sin embargo, los policías le cedieron el turno a los civiles armados para que fueran ellos los que enfrentaran a través del uso de armas de fuego a manifestantes que estaban en la Universidad del Valle. Pero Christian mire, esas situaciones serán las que tendrá que investigar la Corte Suprema de Justicia. Usted pregunta por qué me hacen responsable de eso. Yo le digo Christian, por todo lo que yo acabo de anotar y por supuesto, la responsabilidad no la fijo yo Christian, la fijará la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, a partir de la denuncia que le presentaré no solamente con fundamento en esto que acaban de presentar en este informe tan bueno, que Usted considera que es sesgado, pero que es un informe muy bueno, Usted mañana va a tener la oportunidad, o más tarde, de poder examinarlo y se va a dar cuenta que corresponde a la verdad, sino también por otro informe que aquí no hemos mencionado, y me perdona María Jimena, y es el informe que presentó Colombia Check en relación con lo que ocurrió en el ataque a la Minga Indígena, donde Usted nuevamente Christian Garcés, es protagonista y es protagonista por la desinformación tendenciosa que esto muestra, y concluyo diciendo lo siguiente, mire. Lo que ocurrió en Ciudad Jardín no fue un acto espontáneo, ahí no fueron unos ciudadanos que salieron a defenderse porque venían a atacarlos y a destruirles sus propiedades, no, eso fue un acto concertado previamente, eso fue planificado, eso fue un acto personas que estaban armadas y salieron en una acción combinada con la policía, también coordinada con la policía previamente, a atacar a los manifestantes. De manera que ahí hay elementos suficientes como para que se inicie una investigación penal en contra suya Christian y ojalá con esa vehemencia que Usted tenga, pueda convencer a los honorables magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que Usted no tiene ninguna responsabilidad en estos hechos, cuando los caleños sabemos que Usted es el que está detrás de estas organizaciones armadas en el sur de Cali, Christian - minuto 49:20 a 51:52 -.

Alrededor de los mismos hechos de Ciudad Jardín, del ataque contra la Minga y en general, sobre los hechos del Paro Nacional, el 7 de junio de 2021 el periodista Juan Roberto Vargas, Director de Noticias Caracol, le preguntó al Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado:

Minuto 4:47: En Cali, señor Fiscal, hay unas imágenes estremecedoras que se hicieron virales en las redes sociales. Ese fenómeno se conoció en medio del caos de hace unos días en la capital del Valle de civiles armados disparando incluso al lado de miembros de la fuerza pública. ¿Qué ha podido establecer la Fiscalía y exactamente a quiénes ha llamado a interrogatorio o ha iniciado procesos y por qué delitos?

El FGN respondió - minuto 5:13 - que el Estado debía ser claro con la ciudadanía que nadie “puede intentar ejercer justicia en mano propia, ni tampoco utilizar las armas”, ni en apoyo ni en contra del Estado. Sin embargo, el señor Fiscal se expresó muy afanado en relativizar el crimen del paramilitarismo, consagrado en el Artículo 22 de la Constitución Política. En la entrevista manifestó que las personas involucradas serán llamadas a interrogatorio y que se valorará si se acusan “en principio” por usurpación de funciones públicas y probablemente por creación de zozobra y terror, pero, inmediatamente pasó a relacionar este hecho con situaciones alrededor de los y las manifestantes del Paro Nacional, mencionando el caso de “dos menores que fueron capturados y a quienes se les imputó terrorismo”, con la aceptación de un juez de garantías. Sobre los policías que permitieron que civiles dispararan contra otros civiles en una manifestación, el Fiscal manifestó que se estudiarán todas las circunstancias en que salen al lado de los civiles disparando, que “serán imputados por prevaricato por omisión y también tendrán que responder ante jurisdicción ordinaria”. Levemente inquieto, Juan Roberto Vargas - minuto 6:34 - pregunta por la tentativa de homicidio, a lo que el FGN - minuto 6:39 - responde que tendrán que estudiar todas esas circunstancias. El Fiscal volvió sobre el caso de los jóvenes imputados de homicidio en grado de tentativa, en cuanto a los crímenes de los manifestantes no duda, pero, en el caso de los paramilitares nuevamente planteó: “si hay elementos materiales probatorios, hay evidencia física, tenemos información o tendríamos información obtenida legalmente de grabaciones e interceptaciones en casos concretos, también podríamos imputar esa conducta”.

Sus palabras como máxima autoridad de la Fiscalía General de la Nación, insistieron en que su interés prioritario es no permitir que se genere caos y zozobra en las diferentes ciudades. Pero, esto no lo relacionó con el paramilitarismo, sino con las manifestaciones pacíficas y actos graves como la quema del Palacio de Justicia de Tuluá, hecho que relaciona con lo sucedido en el Palacio de Justicia en Bogotá en 1985, cuando se quemaron expedientes. “No, aquí no hay que permitir eso”, pero, se negó a referirse al paramilitarismo, lo que planteó es que “tampoco podemos permitir que haya civiles que crean que pueden ejercer justicia en mano propia y entonces les parezca normal hacerlo”, es decir, a su juicio, los civiles disparando pistolas y fusiles automáticos estaban buscando justicia de un modo inadecuado. Su preocupación, lo dejó entrever, es el quiebre de la sociabilidad y las instituciones, razón por la cual informó que la Fiscalía estaba concentrada en todas las líneas investigativas.

No atinó en pronunciarse contra el paramilitarismo, repitiendo un mensaje generalizador más interesado en condenar la protesta social: “no más violencia en el marco, ni de la defensa de sus derechos creyendo que yo estoy apoyando al Estado si salgo con un arma a acompañar a una persona. Ese acompañamiento a la Fuerza Pública es un delito”.

Fue tan evidente la evasión a la cuestión del paramilitarismo que Juan Roberto Vargas, Director de Noticias Caracol, no aguantó más e intervino - minuto 8:20 -: “eso es paramilitarismo Fiscal”. Solo entonces y ante la imposibilidad absoluta de eludir la cuestión - minuto 8:23 - el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, un poco forzado pronunció las siguientes palabras: “eso es un delito y eso es paramilitarismo, uno no puede permitir que los civiles se armen y ataquen a la gente, eso no puede ser posible”.

De inmediato el Fiscal General de la Nación volvió a sus críticas a la protesta social justificando implícitamente la acción armada de civiles porque a su juicio quienes protestan, refirió el caso de Tuluá, también realizaron acciones como llamar a quemar el palacio justicia y la alcaldía, lo que calificó de terrorismo - hasta aquí minuto 8:52 -.