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Introducción1
No es un secreto que perviven en Colombia las causas esenciales que mantienen vivo el péndulo entre la guerra y la paz, razón de fondo que dificulta un avance cierto para alcanzar un cierre definitivo del conflicto armado (Barrera Machado y Villa Gómez, 2018).
Esta realidad impactan de manera directa en la construcción de una memoria liberadora, por el contrario, esas causas aún vivas, atizando el regreso constante de la confrontación armada, transitan hacia escenarios como la construcción de la verdad, la memoria histórica, el relato explicativo del mismo estado de cosas que perviven en el país, es decir, se traducen en otro campo de batalla en tanto se procurará instaurar, imponer y mantener un relato único, hegemónico, totalizante de lo que ha ocurrido y sigue sucediendo en el país.
Los actores del poder dominante, en esta lógica, procurarán además, construir una memoria victimista en disputa y en abierta competencia (Bar-Tal, 2003, 2017; Martín Beristain, 2021) con el fin de instalar representaciones sociales en un colectivo, constituyendo marcos de significado que configuran la historia oficial de élites en el poder, útil para legitimar la violencia política, el conflicto armado y la lógica de eliminación del adversario al ser asumido como enemigo absoluto (Angarita et al, 20015, Gallo et al, 2018; Villa Gómez, 2019)
Y esto se evidencia aún más cuando hablamos de contextos en donde el conflicto armado se recicla, no termina, se ve interrumpido si, por acuerdos de paz entre actores dando paso de inmediato a nuevos ciclos del horror en tanto continúan los actores activos, gozando de plena impunidad, además, concentrando aún más poder político y económico (Vallejo Duque & Insuasty Rodríguez, Contundente rechazo al gobierno en las calles de Colombia, 2021).
Partimos afirmando que Colombia se ha convertido en un campo de batalla sin un aparente ganador, dejando como único resultado millares de víctimas que guardan en su memoria los más crudos recuerdos (Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, 2013b), dando lugar a que 9.153.178 personas se encuentren en el Registro Único de Víctimas (RUV) (Red Nacional de Información, 24 de julio, 2021), alrededor de un 18% del total de la población, con un total de 11.580.422 hechos victimizantes (RUV, 24 de julio, 2021).
Estos datos, representan el carácter de la violencia política en el país, sobre la que historiadores y teóricos no se ponen de acuerdo para determinar la fecha de sus inicios. Este panorama, caracterizado por ser “producto de acciones intencionales que se inscriben mayoritariamente en estrategias políticas y militares, y se asientan sobre complejas alianzas y dinámicas sociales” (CNMH, 2013b, p.31) una suerte de alianza perversa entre CriminalidadEmpresa-Estado que ha logrado no solo hacerse a los espacios de poder sino que, cooptando la democracia ha logrado rediseñar la institucionalidad (normas e instituciones) haciéndolas funcionales a sus intereses mezquinos, garantizando gozar de amplia impunidad (Mesa Duque & Insuasty Rodríguez, 2021).
Una compleja realidad que tiene como base formas de violencia estructural y cultural, que se mantienen y se perpetúan a través de lo que se denomina ‘barreras psicosociales para la paz’ (Bar-Tal y Halperin, 2011; Barrera Machado y Villa Gómez, 2018).
En otras palabras, responde a intereses particulares de instituciones y grupos de poder, que tienen la posibilidad de influir y persuadir a la población, a través de una narrativa hegemónica, sin que sean ellos los que sufren las consecuencias, porque los riesgos y efectos materiales de la violencia generada, los asumen otros (González, 2015), es decir,
una construcción sociohistórica acerca del pasado compartido, a través de la cual los grupos sociales constituyen marcos interpretativos, referentes subjetivos y dotan de sentido sus experiencias; configurando identidades, procesos simbólicos y emocionales de carácter colectivo; posibilitando la toma de decisiones frente a situaciones que emergen en el presente e impactan el futuro (Barrera Machado y Villa Gómez, 2018, p. 1).
La utilización de dichas narrativas tiene como fin la justificación del uso de medios violentos para alcanzar objetivos que se consideran de primera necesidad, tales como justicia o seguridad, con lo cual se persuade a la población para respaldarlos, perpetuando el curso de la violencia (Bar-Tal, 2018; Villa Gómez y Barrera, 2021).
Asociado a lo anterior, puede considerarse al conflicto colombiano como intratable (Villa Gómez y Patiño, 2021; Villa Gómez, Quiceno y Andrade, 2021), puesto que pueden identificarse 7 factores característicos (Bar-Tal, 2007): a) prolongación o larga duración, que implica paso generacional del mismo a través del tiempo, b) niveles de violencia que influyen radicalmente sobre emociones y horizontes de interpretación de las personas involucradas, c) creencias sobre la imposibilidad de resolución, tanto en quienes combaten como en quienes no, d) abarca la mayoría de recursos que produce la sociedad, se debe invertir mucho en guerra, e) pluridimensionalidad, de modo que distintos ámbitos de las personas se ven afectados, f) opera bajo lógicas de suma cero y, finalmente g) pasa a ser el tema central de la agenda pública y los medios de comunicación centran su atención en el mismo.
En este contexto, algunas narrativas de memoria se convierten en barreras para la construcción de paz, puesto que se constituyen como relatos rígidos e inflexibles, sin posibilidad de cuestionamiento y terminan formando visiones absolutistas, ‘del todo o nada’, sin puntos intermedios que permitan un consenso (Bar-Tal, 2013; Villa Gómez y Barrera Machado, 2021). Lo anterior lleva a deshumanizar al contrincante, legitimando acciones crueles que afectan su integridad, “obstaculizando una posible transformación negociada del conflicto armado, la cual requiere del reconocimiento del otro como legítimo y no como un enemigo absoluto a eliminar” (Barrera Machado y Villa Gómez, 2018, p. 1).
En el contexto colombiano no se han estudiado a profundidad estas narrativas, en la medida que abundan estudios sobre la memoria transformadora como agente de cambio hacia la paz y la resistencia de las víctimas, pero no sobre cómo se construyen relatos que ayudan a mantener la confrontación, ni cómo la construcción de representaciones sociales de hechos históricos, en lo que es nombrado y omitido, son base para que élites en el poder las utilicen para legitimarse y perpetuarse, encubriendo un orden social injusto y violento para las grandes mayorías (Martín-Baró, 2003; Martín Beristaín, 2021).
Así, la memoria, los hechos, los recuerdos, las emociones que de ello se derivan, se traducen en un campo en disputa profunda y más cuando se intenta reconstruir la verdad fruto de un acuerdo de Paz firmado entre dos actores: las Farc y el Estado (2016), pero en un contexto donde quienes han impulsado y se han beneficiado de esta barbarie siguen vivos ocupando espacios de poder institucional y empresarial permitiendo que la guerra regresa pendularmente. Es así como, en este complejo contexto, la disputa por el relato se amplía y complejiza, en tanto los actores de poder, esas élites que se han servido de la guerra buscan a toda costa reconstruir, incidir, prefabricar el pensar y hasta el sentir de una sociedad con el fin de mover decisiones de orden político y electoral a su favor, garantía de la perpetuación de sus privilegios (Insuasty Rodríguez, 2020).
Es de recordar que, en escenarios de democracias débiles, dictaduras o conflictos armados internos se utiliza el concepto de enemigo absoluto como requisito para que el sistema siga funcionando, dado que esta figura se convierte en un instrumento para tramitar los conflictos estructurales (González, 2015; Angarita et. Al. 2015; Gallo, et. Al, 2018). Dicha actitud, deviene en fenómenos de polarización que, son reforzados por estas narrativas y discursos, puesto que portan significados y representaciones sociales de la historia que configuran una infraestructura psicosocial para poder adaptarse y resistir a dichos contextos (Nasie, Harrison, y Bar-Tal, 2015), cumpliendo con tres grandes retos: satisfacer las necesidades de los miembros de la sociedad, afrontar el estrés y resistir al rival (Bar-tal, 2003, 2007, 2010, 2013, 2017, 2018).
Justificar lo injustificable.
Ahora bien, las narrativas no actúan solas, también se anclan y cristalizan en RSHH y se valen de creencias sociales y orientaciones emocionales colectivas para configurar memorias victimistas y competitivas, traumas escogidos, hechos reificados, que se normalizan y perpetúan a través del tiempo, transmitiéndose de generación en generación, anclándose como un marco común de significado que aglutina al grupo como única víctima, glorificando a sus guerreros y deslegitimado al oponente (Bar-Tal, et al., 2014).
Así, Bar-Tal (2018) identifica tres grandes funciones: justificar los propios objetivos en el conflicto, movilizar a los miembros de la sociedad y justificar el uso de violencia, utilizando la pérdida de vidas humanas, puesto que implican una fuerte experiencia emocional que queda grabada en el recuerdo, como representación social anclada y cristalizada, creando victimismo competitivo y sentimientos de patriotismo, deslegitimando al enemigo, resistiendo a una solución pacífica (Bar-Tal, 2003; Mathías et al., 2019).
Al ser construcciones sociales, no es de extrañar que no solo los individuos se articulen a estas memorias colectivas, sino que, los ‘productos del recuerdo individual’ las alimenten y promuevan al interior de los espacios primarios de socialización, puesto que funcionan en doble vía (Mukherjee, Adams y Molina, 2017).
Para Rowe, Wertsch y Kosyaeva (2002) estas narrativas y representaciones son herramientas culturales, “[...] que afirman y limitan la actividad comunicativa y cognitiva humana de diversas maneras” (p. 98). De modo que determinan la forma como conocemos el mundo, ofreciendo una estructura secuencial (inicio, nudo y desenlace). Además, tienen gran contenido político y responden a los marcos de significado hegemónicos del contexto en el que se desarrollen (Hammack, 2011).
Paralelo a ello, Jelin (2014) señala que pueden configurar ‘testimonios personales’ y estar cargados de silencios con significados, que pueden dar cuenta, entre otros asuntos, de situaciones traumáticas. Por tanto, “las narrativas personales confieren sentido, coherencia y propósito, mientras que reproducen o repudian el statu quo” (Jelin, 2014, p. 312). En este sentido,
los individuos están expuestos a múltiples narrativas maestras, a veces en competencia, sobre la historia, la identidad y el significado de las categorías sociales, y que toman decisiones, conscientes o no, sobre qué aspectos de estas narrativas deben apropiarse y cuáles deben descartarse. Heredamos un mundo de significados que podemos reproducir ciegamente, rechazar por la fuerza o responder en algún punto intermedio. (Jelin, 2014, p. 314).
Sin embargo, Nets-Zehngut (2017) afirma que la construcción de la memoria colectiva, en tanto una representación social de la historia, no solo está constituida por factores políticos, sino también por apolíticos, que ayudan indirectamente a su consolidación. Como tal, no necesariamente van por caminos separados, en ocasiones pueden coexistir e incluso, apuntar en la misma dirección. De este mismo modo, algunos autores (de Saint-Laurent, 2018; Bar-Tal, et al. 2014) entienden que, en las representaciones sociales de la historia, ésta “se convierte en un recurso en el presente al permitirnos dar sentido a la novedad, pero también al alinear estratégicamente las representaciones elegidas del pasado con las agendas políticas [actuales].” (de Saint-Laurent, 2018, p. 2).
Páez, Bobowik, Guismé, Liu y Licata (2016) y, Páez y Liu (2011), afirman que para que un hecho histórico se convierta en una representación social de la historia debe: (a) generar un cambio a nivel social significativo o ser amenaza potencial para el grupo; (b) tener impacto a nivel emocional; (c) ser relevante para la identidad social; (d) ser conmemorado a través de rituales y (e) ser útil para suplir necesidades sociales, cultivando así, valores y normas al interior del grupo, mejorando la cohesión, movilizando y legitimando acciones grupales.
Con lo anterior, narrativas y RSHH pueden cumplir una doble función, a) movilizar procesos de cambio y reconciliación promoviendo nuevas perspectivas desde las cuales observar el fenómeno o, como en el caso de los conflictos intratables, b) mantener la pugna, a través del fortalecimiento de la enemistad de las partes involucradas, permitiendo la legitimación de acciones injustas, yendo en contravía de los principios morales de la sociedad en cuestión (Bar-Tal, et al., 2014; Paez et al., 2016).
Respecto a este último propósito, Bilali (2012a; 2013), Bar-Tal (2018) y Bar-Tal, Oren y Nets-Zehngut (2014) resaltan su uso para justificar hechos violentos a partir de ideales justos e indispensables para una sociedad, de modo que, el daño causado se convierte en vehículo para alcanzar un fin. Dicho marco moral funciona a partir de cuatro mecanismos
(1) justificación del hecho violento, (2) negación o desplazamiento de la responsabilidad, (3) minimización de consecuencias negativas y (4) atribución de responsabilidad circunstancial. Todo con el objetivo de mantener una autoimagen grupal positiva que permita la movilización conjunta y la cohesión grupal (Bilali, 2013; Bilali & Dasgupta, 2012).
Para lograr esto, las narrativas deben ser simples, comprensibles y moralistas, y la representación social quedar anclada en el imaginario social. De tal manera que se suplan algunas necesidades: (a) de significado para proporcionar coherencia, orden, sentido y credibilidad a la situación, (b) de imagen positiva del propio grupo e identidad colectiva; y (c) de justicia.
Siguiendo a Bar-Tal, et al. (2014) y Nasie, et al. (2014) la adhesión a una narrativa implica procesar de forma sesgada y selectiva la información, constituyendo representaciones sociales que apoyan el propio sistema de creencias, impulsando a un realismo ingenuo. Es decir, la creencia de que las ideas propias son libres de sesgos, razón por la cual es difícil cambiar narrativas bajo las cuales un sujeto observa su contexto, pues allí se juegan procesos identitarios y adaptativos que afirman su pertenencia al grupo (Nasie, et al., 2014), de allí su cristalización en una representación social que, a su vez, se convierte en patrimonio o acervo para interpretar su propia historia en función de su propia visión.
Por otro lado, las experiencias dejadas por el conflicto que configuran estas narrativas y RSHH tienen una gran carga emocional que involucra y afecta a la sociedad en su conjunto, permeando los canales de comunicación que sirven al mantenimiento y diseminación de los relatos, lo que con el tiempo deviene en tres facetas identificables a) la formación de creencias sociales que concierne a la violencia intergrupal; b) la aparición de rituales y ceremonias que conmemoran los compatriotas asesinados; y c) la construcción de movimientos en honor a las víctimas (Bar-Tal, 2018), las cuales fortalecen las representaciones de ciertos hechos históricos que pueden ser considerados como emblemáticos y claves en la comprensión societal del conflicto.
Las RSHH también tienen una función expresiva, donde es posible acceder a los significados construidos socialmente sobre un objeto que se presentó en el contexto de un grupo social como puede ser un hecho histórico (Jodelet, 2008), pero éstas no se refieren exclusivamente a la manera como el grupo o la sociedad reconstruye su pasado, sino también a relatos e interpretaciones específicas sobre esos hechos o eventos ofrecidos por expertos que recogen y estudian datos: como el momento en el que ocurrió o quienes estuvieron involucrados (Bombelli, et al., 2013). Básicamente son construcciones sociales que provienen del sentido común o del conocimiento de la cotidianidad de las personas, por lo que permiten orientar a los miembros de la sociedad en el momento presente y en su contexto inmediato, lo que, a su vez, les posibilita adaptarse a nivel social desde su entorno físico (Páez y Liu, 2011 citados por Sosa, et al., 2013).
Así, las RSHH tienen la función de explicar a una comunidad o sociedad cómo su realidad desembocó en la situación actual y la de brindar una justificación a las respuestas y actitudes ante los desafíos del presente, en este sentido se emparentan con las narrativas del pasado de la memoria colectiva (Bar-Tal, 2013) en la medida en que podrían ser la dimensión sociocognitiva del relato que se cristaliza en una imagen histórica. Lo anterior sugiere que las RSHH vinculan la relación de los miembros del grupo con su historia en tanto son definidas como imágenes y conocimientos sobre el pasado que son conservados gracias a la comunicación interpersonal, los medios de comunicación o las comunicaciones institucionales (Páez, et al., 2016). De acuerdo con Páez et al (2016), las RSHH ayudan a objetivar los acontecimientos, a convertir algo abstracto en algo más concreto, convirtiendo eventos en figuras o imágenes concretas, como puede ser un héroe, una bandera o un gesto.
Existen distintas formas de clasificar estas narrativas y representaciones, entre hegemónicas y contranarrativas (Hammack, 2011). Las hegemónicas facilitan una especie de guiones culturales que permiten legitimar o deslegitimar ciertos fenómenos; mientras que, las contra narrativas, ofrecen formas alternativas de pensar, por ejemplo, la historia del conflicto o sus orígenes de acuerdo con distintos valores, que permitan el establecimiento de otro tipo de metas en comparación con las hegemónicas, incluso sobre hechos emblemáticos y traumas escogidos. Para mantener el orden que instauran las narrativas y representaciones hegemónicas, se requiere el acallamiento de aquellas alternas que contradigan el poder establecido, a partir del uso de estrategias de guerra psicológica que institucionalizan, mantienen y refuerzan las dominantes, persuadiendo a las personas para tener un marco común de significación, promovido por élites, instituciones sociales y políticas como escuelas, familias, museos y medios de comunicación que logra impactar significativamente la capacidad reflexiva de la población (Martín-Baró, 1989; Bar-Tal, 2018; Bar-Tal, et al., 2014; Barrera Machado y Villa Gómez, 2018); consolidando un orden identitario que se va interiorizando en procesos de socialización.
En esta línea, Nasie, et al. (2015) realizaron estudios en jardines infantiles y escuelas primarias israelíes y encontraron que, los niños comienzan a adherirse a narrativas y representaciones que consolidan la guerra entre los 3 y 9 años, dado que, se encuentran expuestos a múltiples agentes socializadores que van moldeando su visión del mundo y, por tanto, su visión del conflicto ya sea por la escucha y observación de los mayores o porque hayan vivido algún hecho violento en carne propia. Se trata de una “socialización política”, entendida, como todo proceso donde representaciones y narrativas de la memoria colectiva, configuran “creencias, actitudes, motivaciones, valores y patrones de comportamiento que se relaciona con los ámbitos del mundo político” (Nasie, et al., 2015, p.2). De modo que, termina por configurar repertorios psicosociales que perdurarán hasta la adultez, que proveen una explicación coherente y simple del conflicto, permitiendo su comprensión y, por tanto, una mejor adaptación al medio; con lo que la representación del hecho histórico se ancla como referente primordial que proporciona una imagen de los acontecimientos identificando al propio bando y al adversario.
De hecho, algunos estudios sobre cómo se configuran estas narrativas en las escuelas o instituciones educativas en zonas de conflictos intratables como en el caso de Chipre, Israel y Palestina demostraron que, los maestros se encargan de transmitir narrativas y representaciones hegemónicas u oficiales a sus estudiantes, fortaleciendo procesos identitarios relacionados con posiciones victimistas, omitiendo de manera intencional o no, ciertas tensiones presentes en sus sociedades, a través del uso de discursos asociados a su identidad a través de diferentes mecanismos como celebraciones, tradiciones, libros de textos (Christou, 2007; Bekerman y Zembylas, 2010, 2016; Hammack, 2010; Christou y Philipou, 2010; Psaltis y Cakal, 2016; Nasie y Bar-Tal, 2020; Bilali, 2012b; Zembylas y Bekerman, 2008). En este proceso cristalizan hechos que devienen representación y referente inmediato como memoria victimista y trauma escogido que valida y confirma la narrativa.
Paralelo al papel de la escuela como centro de enseñanza y trasmisión de narrativas, se encuentra el rol de la familia, que contribuye de manera significativa en la construcción y mantenimiento de narrativas homogéneas, que suelen corresponder con las hegemónicas, insertas en la sociedad en la que se encuentren inmersos, con lo cual, cuando aparece algún miembro con argumentos contrarios a lo normativo, aparece el rechazo y la censura, en la medida en que esta forma de pensar atenta contra la estructura familiar que se había constituido como un “nosotros” (Velásquez, Barrera Machado y Villa Gómez, 2020, Avendaño y Villa Gómez, 2021).
Vinculado al ciclo vital, los hallazgos encontrados por algunos autores sugieren que las narrativas y representaciones históricas se construyen de manera diferente de acuerdo con la generación a la cual la persona pertenezca (Lojo y De la Mata, 2019; Oberti et al, 2019). Por ejemplo, Droguett, López y Piper (2018) encontraron que aunque las personas mayores poseen mayor conocimiento estructural del conflicto, mostraron más resistencia a la hora de rememorar consecuencias negativamente impactantes (p. ej. asesinatos); mientras que, las generaciones más jóvenes, evidenciaron mayor compromiso social y ético en el reconocimiento de estos hechos victimizantes. No obstante, según Lojo y De la Mata (2019) las posiciones ideológicas de los miembros de una familia no necesariamente son decisivas a la hora de recordar un hecho histórico, también depende de la distancia de la persona respecto de la generación que comenzó a transmitir el recuerdo del acontecimiento histórico. De hecho, algunos estudios sugieren que los recuerdos se reproducen hasta tres generaciones como representación vívida del mismo (Mathías et al., 2019).
El último actor a resaltar son los medios de comunicación, frente a los cuales se encontró, a partir de las investigaciones realizadas por Gallo et al. (2018), Villa Gómez, Velásquez, Barrera y Avendaño (2020) y Roncallo-Dow, Cárdenas Ruiz y Gómez Giraldo (2019) en el territorio colombiano, que estos juegan un papel importante en la diseminación de una visión parcializada del inicio y curso del conflicto en aquellos quienes no lo han vivido de manera directa, de este modo, se privilegian las acciones dañinas de ciertos grupos como el caso de las FARC, dado que, responde a una estrategia político-militar, donde se utiliza la figura de un enemigo interno para la generación de una cohesión a nivel nacional.
Esto provoca que otros actores queden bajo su sombra, encubriendo incluso acciones similares, y motivando que la responsabilidad de todos los males recaiga sobre este gran ‘mal’ que debe ser erradicado. Es así, como el papel atroz de las acciones paramilitares se ha confundido y olvidado, perdiéndose dentro de la memoria colectiva de los colombianos.
Como tercer actor principal en el marco del conflicto armado colombiano se encuentran las fuerzas armadas, quienes se convierten en héroes o salvadores de la patria que luchan contra los villanos, en un acto de valentía y servicio a la nación mientras se olvidan o soslayan sus acciones atroces (Villa Gómez y Barrera Machado, 2021).
Metodología
El modelo de investigación en el que se enmarca el presente trabajo es de carácter cualitativo, dado que para su desarrollo es fundamental el estudio de las subjetividades y las construcciones de sentido que los participantes hacen de su realidad por medio de su discurso (Galeano, 2004). Este modelo está orientado a considerar la singularidad como proceso válido para la producción de conocimiento científico, en constante construcción, interesado por la profundización en los fenómenos, abierto a lo emergente, flexible y no estructurado, sin que responda a una lógica lineal o estandarizada (González, 2000; Galeano, 2004).
En este orden de ideas, el enfoque utilizado es el hermenéutico, fundamentado en la comprensión del significado de un acontecimiento, en este caso, la categoría RSHH (Ayala, 2008). Adicionalmente, el sentido de la temporalidad que presenta el enfoque implica entender estos hechos históricos para reconstruirlos en un “todo-con-sentido” (Vasco, 1985, p.4), dependiendo de la manera en cómo se ha constituido y cómo se piensa en la actualidad.
Para ello se realizó una entrevista cualitativa semiestructurada donde se plantea una conversación cara a cara, que tiene como propósito conocer lo que una persona siente, piensa o sabe respecto a al hecho histórico en el marco del conflicto armado colombiano, enfatizando en los significados que cada uno de ellos le da a la situación particular. En total se entrevistaron 54 personas, según los siguientes criterios: personas adultas, ciudadanos del común, del área metropolitana del Valle de Aburrá, que no tengan un saber especializado en la historia de Colombia o en el conflicto armado, que no pertenezcan a ninguna organización social y/o política, seleccionados a conveniencia y por bola de nieve. Este criterio se toma a consideración en tanto que las RSHH cobran sentido con base en el conocimiento cotidiano de las personas.
En cuanto al instrumento, este se dividió en 4 momentos, en el primero se indaga por datos sociodemográficos: edad, género, ocupación, estrato sociodemográfico y la posición frente a los acuerdos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARFC-EP firmado en 2016. El segundo momento consiste en indagar acerca de hechos en el marco del conflicto armado que lleguen a la memoria de manera espontánea, con respecto al hecho nombrado se pregunta por: a) ¿Cuáles fueron las circunstancias?, b) ¿Quién es el principal responsable? ¿Quiénes son los involucrados?, c) ¿Usted qué piensa de ese grupo? ¿Y qué siente frente al mismo? y d) ¿Dónde adquirió esa información?
Posteriormente, se preguntó por unos hechos específicos contemplados al interior del instrumento, unos, menos recientes, ubicados en los prolegómenos del conflicto armado colombiano: Masacre de las Bananeras, Bogotazo y Frente Nacional; otros, más recientes, ocurridos en el desarrollo del conflicto armado, según diversos actores:
Masacre de La Chinita
Masacre de El Salado
Masacre de Machuca
Toma embajada dominicana
Masacres de El aro y La Granja
Masacre de Bojayá
Masacre de Alto Mira, Tumaco
Masacre de “La Galleta”, Mont., Ant.
Masacre de Mapiripán
Atentado en el club El Nogal
Secuestro masivo Iglesia La Maria, Cali
Masacre de Jamundí
Toma Palacio de Justicia
Asesinato de hijos de las madres Soacha
Si la persona conoce el hecho se le preguntarán los mismos sub-ítems del primer apartado (a,b,c y d), mientras que, si la respuesta es negativa se preguntará ¿quién se imagina que pudo ser? y ¿por qué cree usted que no tiene conocimiento sobre hecho? o ¿A qué cree usted que se deba que no esté enterado/a de ese acontecimiento? Al final se preguntan por otros hechos que las personas hayan podido recordar mientras se realizaban las preguntas. De modo que se contemplan 3 temporalidades del recuerdo, 2 espontáneas (antes y después) y uno inducido (durante). Es así como el instrumento se presta para la emergencia de otros hechos que se han cristalizado en el recuerdo.
Ahora bien, la información se sistematizó y se produjeron los resultados a través de un análisis de contenido en un procedimiento guiado por categorías predeterminadas. Las categorías permitieron un reagrupamiento de la información, en primer lugar en un análisis de coherencia, intratextual. Posteriormente en un análisis intertextual, se comparan los diversos relatos y respuestas de todos los sujetos, los cuales fueron categorizados según su posición en relación con la negociación política del conflicto armado (Acuerdo -A-, Desacuerdo -D-, Ambivalente -Amb-, e Indiferente -I-). Y allí se analizó cada hechos histórico en un procedimiento de codificación teórica de primero y segundo nivel. En el primer nivel se trabajó con códigos descriptivos, para en el segundo pasar a códigos de tipo interpretativo, base para la producción de los resultados.
Finalmente, luego de emerger los hechos constituidos como RSHH para los participantes, se realizó una revisión documental contrastando varias fuentes que permitieran hacer una breve reconstrucción histórica de cada uno de los hechos para contrastarla con las descripciones realizadas por los participantes en sus relatos, con el objetivo de evidenciar la forma como se construye cada representación social y la narrativa de cada hecho, más allá de las fuentes históricas y de las sentencias judiciales alrededor de los mismos, lo que permite identificar la huella de la construcción de memorias hegemónicas desde instancias de poder.
Resultados
En la introducción se definió el rol de la familia y las instituciones sociales como colegios y medios de comunicación en la configuración de narrativas y la consolidación de ciertas RSHH (Christou, 2007; Bekerman y Zembylas, 2010; Hammack, 2010; Christou y Philipou, 2010; Psaltis y Cakal, 2016; Bekerman, y Zembylas, 2016; Nasie y Bar-Tal, 2020; Bilali, 2012b; Zembylas y Bekerman, 2008), dado que la forma en cómo se transmite el conocimiento y tipo de contenido en ellas impacta en las relaciones intergrupales, las actitudes y las elecciones políticas (Rimé, Bouchat, Klein y Licata, 2015).
En los participantes los medios de comunicación han tenido un papel preponderante en la construcción de las RSHH, puesto que de las veces que mencionaron la fuente de información para referirse a los hechos que recordaban, en 240 ocasiones hicieron referencia a este tipo de marcos de configuración del recuerdo. La información alternativa, la escuela, el colegio o la universidad se referencia mucho menos (86 veces) y las historias familiares sólo 28 veces, quizás porque en Colombia este tema es poco conversado y debatido en escenarios cotidianos como las relaciones vecinales, familiares o de amistad (Velásquez, Barrera y Villa Gómez, 2020) (Ver Tabla 1)
Tabla No. 1 Referencias de los participantes a medios de comunicación
| Medio de configuración | Número de referencias a fuente de información sobre hechos |
|---|---|
| Medios | 28 |
| Noticias/noticieros | 129 |
| RCN / CARACOL | 74 |
| Redes | 18 |
| Series, novelas, películas | 9 |
| SUBTOTAL Medios | 240 |
| Documentales y alternativos | 15 |
| Colegio | 53 |
| Universidad | 18 |
| SUBTOTAL académicos y alternativos | 86 |
| Historias familiares | 28 |
| Fuente: Elaboración propia |
Así pues, en su inmensa mayoría, son los medios mencionados y, en algunos casos la escuela, quienes orientan el conocimiento y la forma de comprender las circunstancias y hechos en el marco del conflicto colombiano, con lo cual, lo que se puede esperar de las RSHH construidas es que estén alineadas con el discurso promovido por estos medios, es decir, el oficial, promovido desde las élites en el poder. El cual, en muchos casos, también se reproduce en la escuela (sobre todo primaria y secundaria), con lo que, las fuentes alternativas y críticas a la historia y a la construcción de una memoria colectiva que incluya todas las voces es apenas incipiente, siendo en los y las participantes de acuerdo, quienes con mayor frecuencia referencian la formación académica:
Yo diría que el colegio fue la principal fuente de información, tenía muchos profesores de sociales, política, sociales, filosofía, muchos de ellos nos hablaban de este tipo de temas (P8-A). Ha sido el resultado de mi curiosidad acerca del tema de la política y el trabajo de grado que hice para la maestría me ayudó mucho a informarme acerca de eso […] Es muy evidente o al menos a mi parecer que los medios de comunicación o ciertas casas editoriales buscan favorecer a cierto dirigente, pero no dejo de consultar los periódicos de redes sociales o medios independientes (P41-A).
Mientras los participantes en desacuerdo refieren con mayor frecuencia a los medios de comunicación como su fuente principal para la evocación de recuerdos, aunque también se puedan hacer algunas referencias a los procesos de formación escolar,
Me acuerdo de que, en ese tiempo […] cuando sucedió salió en las noticias, de la serie de Pablo y pues del Colegio, de los libros de historia. (P27-D). La historia la sabía porque me contaron en la universidad y en el colegio, pero más que todo porque la serie (el general Naranjo) que estaba viendo me ayudo a recordar este momento (P44-D). Estaba muy pequeña, pero recuerdo que eso fue en las noticias [...] Casi siempre yo veo Caracol y el periódico El Espectador (P1- D). A través de la historia de mis padres, y en las noticias, lo que se ha ido mostrando en la televisión […] Pues, caracol y RCN (P2-D).
Ahora bien, con este panorama, encontramos que los hechos que se han cristalizado con mayor fuerza en la memoria de los participantes, configurándose como RSHH (Paéz et al.,2016) son El Bogotazo, la Masacre de Bojayá, el Atentado al Club El Nogal, la Toma del Palacio de Justicia, algunos hechos relacionados con el narcotráfico y la Operación Orión, siendo estos últimos dos hechos emergentes, es decir, acontecimientos que no se tenían contemplados en el instrumento, pero que cumplen con las características propuestas por Páez et al. (2016).
El Bogotazo
En este orden de ideas, lo evidenciado durante las entrevistas sobre hechos como el Bogotazo, es la tendencia a recordarlo en mayor medida en comparación con otros hechos. De manera que, las narraciones sobre los acontecimientos de lo que significa el Bogotazo para la memoria colectiva fueron recordados por 33 de los 54 participantes, 5 de manera espontánea y 28 cuando se les presentó en el marco de la entrevista. Ahora bien, la RSHH del Bogotazo, se recuerda a través de una imagen icónica: el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, siendo su muerte lo más representativo del hecho, incluso, llegando a ser lo único. Esto sugiere de acuerdo con Páez et al (2016) que a través de dicha figura ‘heroica’ el evento se recuerda y queda anclado en la memoria colectiva:
Fue en el año 1948 cuando mataron a Gaitán. La plaza de Bolívar estaba llena, Gaitán le estaba hablando al pueblo, eso fue como un día de mercado y en un momento inesperado le disparan a él, cuando esto pasa la gente empieza a saquear cosas. (P5- Amb.). No estoy segura si fue cuando mataron a Jorge Eliécer Gaitán ¿cierto? … Nada, solo tengo entendido que lo mataron a él, pero no sé si tuvo que ver con la disputa entre liberales y conservadores. (P9-D)
Al reducirse la visión del evento a las acciones en contra de una persona, se entiende el todo por una de sus partes. Esto lo permiten las RSHH y puede llegar a ser una barrera estructural que impide el análisis global de los acontecimientos y, por tanto, el reconocimiento de responsabilidades compartidas. El asesinato del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán en el año 1948 precedido por la violencia bipartidista, desencadena uno de los períodos más representativos para la historia de Colombia, la época de la Violencia (1946-1958) (Montoya, Arboleda, Valencia, Serrano y Gómez, 2017). Este hecho es recordado cada año a través de diferentes medios a partir de la mención del caudillo y de la manera en cómo cambió radicalmente el futuro del país, convirtiéndose en una representación relevante para la identidad colectiva que se refuerza con la conmemoración, cada 9 de abril, en diversos escenarios políticos, sociales y mediáticos (Villota, 2019).
El hecho también transversaliza la academia, desde la formación básica hasta la educación superior, algunos estudios y textos como Antecedentes y Secretos del 9 de abril de Alberto Niño; El Nueve de Abril, Quiebra Cultural y Política de Roberto Restrepo; Los Verdugos del Caudillo y su Pueblo de Antolin Díaz; El día del odio de José Antonio Osorio Lizarazo; Trilogía del 9 de abril de Miguel Torres y ‘Pa’ que se acabe la vaina’ de William Ospina, dan cuenta de la enseñanza de este hecho en las instituciones educativas (González, 2014, 2015) y en otros escenarios como los museos también es posible encontrarlo, ejemplo de ello es lo sucedido en el Museo de Arte Moderno de Bogotá en el año 2018 (Universidad de los Andes, 2018), donde un docente presentó un producto llamado Nuestras crónicas, de hecho, la fuente principal de conocimiento sobre este hecho fue el colegio, siendo también el único hecho donde esta fue la principal fuente.
Por otro lado, las narrativas sobre el acontecimiento dan cuenta de un tipo de sesgo donde los participantes tienden a recordar las palabras “disturbio”, “muertes” y “desorden”, referidas a la reacción popular frente a la violencia sistemática del gobierno conservador contra los liberales gaitanistas, que está en la base de esa época de la Violencia, asociadas al asesinato de Gaitán, que condensa, pero precisamente encubre este proceso de persecución y represión violenta a la oposición política por parte de las élites dominantes,
Me parece que fue algún disturbio ocurrido en Bogotá para ese tiempo […] Ocurrió o pudo haber ocurrido a raíz de la muerte de Jorge Eliecer Gaitán. ([…] Grupos guerrilleros, paramilitares, los Carteles de la droga (P18-A). Fueron unos disturbios en Colombia cuando lo de Jorge Eliecer Gaitán. (Paramilitares, FARC y algunos narcotraficantes (P44-D)
Ahora bien, los responsables mencionados por los participantes dan cuenta de un patrón afín a la memoria colectiva hegemónica y a sus fuentes de configuración, puesto que, y nos llamó profundamente la atención, 16 de los 54 participantes le atribuyeran a alguna de las insurgencias armadas la responsabilidad de los hechos por este acontecimiento especialmente a las FARC, lo que parece, incluso motivo de sorpresa; mientras unos pocos lo atribuyen a los paramilitares y el narcotráfico (6 en total) y sólo 19 adjudican la responsabilidad a actores propios de esta época. Como se verá más adelante se condensa en las guerrillas una imagen de “enemigo” que, al parecer, siempre ha estado y estará en el conflicto interno y, por ende, es y será el responsable de los actos violentos (González, 2015; Angarita et. Al. 2015; Gallo, et. Al, 2018). De tal manera que, confluyen o se entremezclan en la narrativa de memoria el pasado y el presente de las insurgencias armadas (Piper, 2018; Saint-Lauren, 2018; Bar-Tal, 2014b).
Por otro lado, ningún participante hizo referencia al marco contextual de la violencia de los chulavitas y los pájaros contra los seguidores de Gaitán desde 1946, ni a la emergencia de las guerrillas liberales por este contexto de persecución y muerte, con lo cual el hecho queda reificado en la historia, la de un “prócer” que muere como “mártir” y que es elevado en un evento que se inmortaliza desde el discurso de la historia oficial, pero que esconde una realidad política e histórica más profunda, la permanente persecución que se ha hecho en este país a las ideas alternativas, disidentes, a la oposición política y a todo lo que pueda poner en riesgo es statu quo de las élites en el poder.
Toma al Palacio de Justicia
El recuerdo mayoritario de La Toma del Palacio de Justicia se enmarca de manera similar a lo explicado sobre “el Bogotazo”. Puesto que nuevamente, se evidencia una narrativa relacionada con la capacidad de acción violenta de la guerrilla, en la mayoría de los casos del M-19, aunque también se responsabiliza a otras guerrillas como las FARC o el ELN. Pero ahora se le añade un nuevo elemento: la narrativa en torno a la financiación de estas, y en particular de esta acción, por parte del narcotráfico:
El hecho de que entraran a irrumpir en la capital ya era como que ellos habían adquirido mucho poder [refiriéndose al M-19], pues porque eso siempre es como en las zonas rurales, en el campo, pues, pero el hecho de tomar el Palacio de Justicia es como que ya tenían mucho poder [risa] (P11-A). Esa es mucho más antigua que todavía estaba Pablo Escobar vivo, que es él quien finalmente va como a la cabeza de todo eso, pero no, es que yo estaba muy pequeña (P20-A).
En las narrativas de los participantes parece verse con claridad la deslegitimación de un adversario, que se comienza a delinear en la memoria colectiva y se configura como enemigo; además, se contrapone con la exaltación del propio grupo, la gente de bien, de tal manera que se comienza a evidenciar una de las principales características de esta y otras RSHH que emergieron en esta investigación. Además, se le atribuyen todas las pérdidas humanas y materiales a la exguerrilla del M-19, al considerarla auspiciada por Pablo Escobar y el narcotráfico; mientras que, se invisibilizan las acciones emprendidas por el ejército en la retoma bajo la justificación del deber. De esta forma, se legitima que, bajo el argumento del monopolio de la fuerza, se hayan cometido, incluso, crímenes de lesa humanidad por parte de las Fuerzas Militares, pero que no son considerados ni enunciados,
Todos sabemos que fue un incendio, el palacio se destruyó, murieron muchas personas, creo que fue totalmente innecesario, fue como más un acto de vandalismo […] Ellos (M-19) querían hacerse escuchar, pero pienso que fue demasiado (P36-A).
En relación con ello, el Estado ha censurado información y manipulado evidencias con el fin de salvaguardar su imagen, dado que durante la retoma, las fuerzas militares mantuvieron una postura poco ética al poner por encima de la vida de los rehenes la aniquilación de los guerrilleros, quemar el edificio sin llegar a ser absolutamente necesario y retener doce personas, algunas de ellas sometidas a torturas y desaparición forzada, en un proceso en el cual, incluso se ha condenado al Estado por la comisión de estos crímenes (Sacosta, 2017).
El ELN como que se tomó el Palacio, pero había muchas inconsistencias en cuanto al proceso, que se quemaron como un montón de documentos, desaparecieron a muchas personas que hasta hoy no sé sabe qué pasó con ellas (P48-D).
La legitimación de las acciones del Ejército por parte de los participantes, dan cuenta de la adherencia a unos relatos específicos que contribuyen a la acusación moralista de los actos del adversario, en este caso, del grupo guerrillero. Esto configura una narrativa victimista con la que algunos de los participantes se identifican, es en este punto, donde expresiones como “intentó defenderse” se presentan con frecuencia.
Eso fue terrible. Eso fue espantoso, el Estado trató de defenderse, finalmente se volvió algo muy confuso, terminó siendo culpable el presidente de la época que era Belisario, los mismos militares, o sea, terminaron pagando la culpa el Estado y los militares, pero los guerrilleros no. (P33-D).
Asimismo, en las narrativas de los participantes no se evidencia un reconocimiento de la responsabilidad del Estado, que pudo prever el curso de los acontecimientos, lo que se reflejó en la disminución del cuerpo de seguridad el día del ataque, pese a las amenazas previas. Las acciones dan cuenta de hechos que constituyen crímenes de Estado y de lesa humanidad, posteriormente se niega su responsabilidad, luego se elude la investigación, y se teje una impunidad que da cuenta de su tendencia y sistematicidad en la intención de instaurar políticas de olvido (Corte Suprema de Justicia, 2017).
La RSHH construida por los participantes puede sintetizarse en la imagen de un “favor político” por parte del M-19 para Pablo Escobar, en beneficio de los extraditables. Esta representación y configuración del recuerdo es vigente en los medios de comunicación y en la rememoración del hecho (El Tiempo, 2020). Aun así, algunos pueden enunciar que este hecho podría interpretarse como un acto político bajo expresiones como: “ellos querían hacerse escuchar” o “eso fue un golpe de Estado” pero no logran desligarlo de la narrativa oficial como un acto violento al servicio del narcotráfico: “Eso fue como un golpe al Estado. Fue en la época de Pablo Escobar. Los narcos querían que los escucharan” (P5-Amb). Esta RSHH se configura como trauma escogido para representar la maldad inherente de la insurgencia armada, uno de los hechos más representativos para la historia del país, cuya versión oficial continúa siendo confusa, pero transmitida de generación en generación en canales institucionales y medios de comunicación dominantes (Arce, 2020):
Solo sé que el M-19 se tomó el Palacio de Justicia, no sé muy bien cómo ocurrió la situación, pero es algo que nos dicen todos. (P37-A). El M-19 se tomó el Palacio de Justicia y secuestró toda la gente que estaba allí, entonces hubo muchos heridos y la policía y el ejército y todos trataron de entrar, se volvió prácticamente pues una masacre, todo eso porque murieron tanto gente inocente como policías y el ejército y también del M19 abatieron a varias personas, entonces ese fue un hecho que duró casi todo el día, entonces todo el tiempo estuvieron trasmitiendo en la radio en la televisión, por ahí me di cuenta (P1-D).
Adicionalmente, la sensación de confusión, relacionada con la manipulación de información que se dio en su momento, se acompaña de la campaña de odio hacia las distintas guerrillas por parte del Estado. Todo ello desemboca en una explicación simplista del hecho con el fin de evitar ofrecer explicaciones al respecto, que den apertura a la verdad de los acontecimientos, respondiendo a unos intereses particulares (Gonzales, 2015). Incluso, la Corte interamericana de Derechos Humanos sentenció a Colombia como responsable por diferentes violaciones a los DDHH en la retoma del Palacio por la Fuerza Pública, entre ellos tratos crueles, torturas, incumplimiento en su deber de protección a las personas que estaban al interior y falta de esclarecimiento judicial (CIDH, 2014). Muy pocos participantes reconocen la injerencia del Ejército como victimario, mientras la mayoría lo ven incluso como víctima:
Ellos (M-19) en represalia se tomaron el palacio de justicia, el cual lo incendiaron, matando a todos los magistrados que había y a todos los civiles [...] para tratar de eludir todo lo que estaba llevando a cabo la justicia colombiana en contra de dicha subversión [...] Samudio Molina, ese fue uno de los generales más implicados para que desaparecieran tanta gente ahí, gente que sacaron viva […] De acuerdo pues a lo que yo escuché en esos tiempos, que hablaban todo en clave, ordenes en clave al… ¿cómo era que se llamaba? El teniente que lo metieron tanto tiempo en la cárcel [Plazas Vega] y dejaron a los generales quietecitos, solamente metieron a un general nada más y a Samudio Molina lo dejaron quieto, que era uno de los que estaba más implicado … o podía estar si lo investigaban (P4-Amb).
Lo anterior no solo ha desembocado en que pocas personas tengan una versión amplia y compleja de cómo se desenvolvieron los acontecimientos. Sino que también ha creado una herida profunda en los colombianos, haciendo que prevalezcan sentimientos como resentimiento, desprecio u odio hacia el M-19. Lo cual contribuye al cuestionamiento actual frente a los desmovilizados de esta guerrilla que tienen algún tipo de incidencia política, considerándolos asociados o condenándolos bajo expresiones como “no han purgado sus culpas”. En los relatos, aún hoy se le atribuyen a personajes como Gustavo Petro, exmilitante de esta guerrilla, la responsabilidad sobre los hechos, y al mismo tiempo, la imposibilidad de poder acceder al poder por considerar que “lo que se es no se deja de ser”, es decir, se le sigue considerando “guerrillero”, en la medida en que se niega su desmovilización efectiva, esto funge como barrera psicosocial para la construcción de paz y reconciliación:
De manera que hemos tenido hasta gobernantes pertenecientes al grupo del M-19, hasta un candidato a la presidencia como es Petro que perteneció a este grupo armado (P19-D). [En la Toma] también tomó parte el polémico Petro, el hoy senador Petro, que es de los que más promueve el marxismo en Colombia, el más peligroso para la política colombiana, hablando apolíticamente (P4-Amb).
Así, la representación de la acción violenta por parte del M-19 ligada a una sensación de rebelión y confusión y la idea de la incidencia del narcotráfico, satisfaciendo la necesidad de coherencia y significado en medio del panorama de incertidumbre de los hechos, no sólo construye una imagen de un “responsable”, sino que descalifica su vocación política, aun décadas después de haberse ejecutado y de haberse desmovilizado como guerrilla.
En relación con lo anterior, la narrativa del narcotráfico representada a través de una figura simbólicamente importante para la sociedad colombiana como lo es Pablo Escobar (Duncan, 2013) asociada a la RSHH de la Toma del Palacio de Justicia como acto ejecutado por el M-19, da cuenta de un patrón establecido en la memoria colectiva de las personas, configurándose como barrera para la construcción de la paz y la reconciliación. Puesto que, al asociarla con el narcotráfico y con Escobar, la insurgencia armada encarna el lugar del enemigo absoluto, encarnación del mal, que reemplazó a este actor en las narrativas y representaciones de lo malo-absoluto que atacaría al conjunto de la sociedad, por lo que es legítimo eliminarles:
Lo que sé es que la hizo Pablo Escobar, creo que fue porque le negaron la entrada a la política en Colombia (P27-D). Pienso que igual los testimonios de muchas personas que sobrevivieron a ese hecho también muestran demasiada confusión y pues el narcotráfico estuvo involucrado, el mismo M-19 directamente […] pues eso también de alguna forma pasó en cierta impunidad (P42-A).
Hechos relacionados con el narcotráflco
Así pues, el narcotráfico emerge como una representación social con un gran componente identitario en los participantes, dado que transversaliza la experiencia subjetiva de los mismos en su rol de ciudadanos, en especial en aquellos con edades entre 40 y 65 años, pues vivieron de primera mano su nacimiento y expansión en todo el territorio. Sin embargo, esto no indica que la representación sea la misma, de hecho se encontró que las representaciones de los participantes estaban ancladas a la ciudad de Medellín.
Con ello, es relevante recordar que Medellín fue considerada la ciudad más violenta de Colombia entre 1980 y 2005. En los años 60 y 70, cuando la ciudad sufrió una expansión desordenada producto del desplazamiento forzado del campo a la ciudad por cuenta de la violencia política que se vivía en el país, la búsqueda de una mejor calidad de vida y por las estrategias del gobierno de Pastrana para el desarrollo urbano (CNMH, 2017; Museo Casa de la Memoria, s.f.a), se presentó un desbordamiento del valle de Aburrá, con la consecuente ‘invasión’ de las laderas, en especial la zona norte. Los años 80 vieron crecer unos jóvenes que vivieron el auge del narcotráfico, el surgimiento del sicariato, el nacimiento y posterior fortalecimiento de las milicias y grupos de autodefensas, es decir, vivieron el aumento progresivo de la violencia provocada por múltiples actores (fuerza pública, guerrillas, paramilitares, narcotraficantes y bandas delincuenciales) que hacían difícil siquiera entender la violencia en la ciudad (CNMH, 2017 ; Museo Casa de la Memoria, s.f.c)
Cuando yo era adolescente, vivía en Manrique y para nosotros era muy frecuente escuchar los enfrentamientos, porque veíamos, escuchábamos los tiroteos, eso te marca con miedo. El periodo de las bombas que vivimos en Medellín […] el continuo venir de noticias en ese sentido, pero así como generalizado nunca viví como un hecho así cercano, más allá de lo que vi en noticias (P7-A).
En general, se recuerdan los artefactos explosivos puestos en lugares públicos y la sensación de incertidumbre y zozobra con la que se habitaba la ciudad, ayudándose de relatar experiencias personales para relatar experiencias locales y de medios de comunicación nacionales para referirse al panorama nacional.
Me acuerdo cuando Pablo Escobar tiraba todas esas bombas aquí en Medellín, eso era una tras otra, cuando ese terrorismo en ese tiempo, cuando en esas discotecas llegaban y hacían esas masacres […] Pero en sí, no recuerdo bien las fechas (P25-D). Bomba al Espectador. Solo sé que fue Pablo Escobar quien puso la bomba (P43-A). Atentado al avión de Avianca. Creo que ese atentado se hizo porque querían asesinar a un candidato a la presidencia […] (P19-D).
De acuerdo con los relatos de los participantes, la representación social frente al narcotráfico se encuentra encabezada por Pablo Escobar, líder y fundador del Cartel de Medellín y va a estar ligada a un significante que se va a convertir en un elemento central de estas RSHH, el “terrorismo”. Frente a Escobar, parece haber un consenso en cuanto a las implicaciones nocivas que tuvieron sus acciones en la historia colombiana, así como en la imagen del país a nivel internacional, quien encarnaba la imagen de la maldad, del bandido, del delincuente consumado sin posibilidad de redención. Como encarnación del mal, la única opción parecía ser su eliminación, su extirpación del entramado social.
Así pues, en esta figura se consolida una RSHH, que, por otro lado, contribuye con algunos elementos a la configuración de una identidad nacional, por vía negativa, con un fuerte impacto social, político y cultural. Ahora bien, esta condensación de imagen que se vinculaba con la toma del Palacio de Justicia por un lado, los participantes la asocian en varias ocasiones con otros hechos, convirtiéndose en una representación superpuesta, vía el significante ‘terrorismo’, que parece ser la caja de sastre que permite explicar todo el fenómeno de la violencia política y el conflicto armado en Colombia, tal es el caso del atentado al Club El Nogal.
Atentado al club El Nogal
Como hemos visto hasta ahora, el conflicto en Colombia parece resumirse en dos actores responsables: las guerrillas, siendo la más mencionada las FARC (Villa Gómez, Velásquez, Barrera y Avendaño, 2020 y Villa Gómez y Barrera Machado, 2021), y el narcotráfico. En este sentido, no es extraño encontrar el Atentado en el Club El Nogal entre los hechos que se configuran como RSHH, pues además de ser perpetrada por las FARC se la relaciona con el término terrorismo, asociado inicialmente al narcotráfico, como se veía en el acápite anterior. Este significante es clave para entender la configuración de una narrativa de memoria hegemónica sobre el conflicto armado. De tal manera que, cuando las guerrillas acudieron a acciones de este tipo, parece ser que en el recuerdo se asociara una y otra cosa de manera directa,
Yo escuché en las noticias que eso fueron unos grupos que estaba relacionados con el narcotráfico. Eso fue en Bogotá, si no estoy mal […] Francamente no sé qué pasó, pero algo sí escuché, que fue un atentado... un carrobomba, algo así (P19-I). Sí. Allí colocaron una bomba, ese club es muy importante en Bogotá, de la alta sociedad y estaban en un evento, no recuerdo cuál, pero colocaron una bomba y murió mucha gente (P1-A). Ese fue un ataque terrorista. [Las FARC] metieron un carro bomba o algo así, fue en Bogotá. (P36-A)
En la mayoría de los participantes las narrativas asociadas al atentado concuerdan con los hechos ocurridos: la activación de un carro bomba al interior del parqueadero del club El Nogal en el norte de Bogotá el 7 de febrero de 2003 dejando un saldo de 36 muertos y 198 heridos por parte de la columna móvil Teófilo Forero de las FARC (CNMH, 2020a). Este distinguido club tenía entre sus miembros a ministros, empresarios y funcionarios de alto nivel (El Tiempo, 2019), dato que no pasa desapercibido por los participantes al mencionar “una élite social o una élite de la sociedad”.
Dicho acontecimiento fue ampliamente discutido a nivel nacional e internacional, siendo calificado como terrorismo por entidades y figuras políticas, como por los medios de comunicación, incluso por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2003). Es preciso entender el término ‘terrorismo’ como el uso de la violencia “para coaccionar, forzar o persuadir a un Estado, sociedad o grupo social o político, al cual se aterroriza en busca de una finalidad política” (Rojas, 2012, p.99). Asimismo, este tipo de violencia no se guía por leyes o ética alguna. Su principal función es generar un impacto no solo en las víctimas, que suelen ser población civil o población no combatiente, sino también que busca generar una reacción de temor e incertidumbre en otras personas no involucradas, con el fin de crear caos e inestabilidad y con ello ejercer un poder coercitivo (Rojas, 2012; Aldana y Aguilera, 2012).
Pensar en terrorismo implica la interpretación de los hechos a partir de a) la acción táctico-estratégica donde el sujeto que ejecuta orienta su accionar a provocar una reacción en otro con fines políticos; b) el acto, en otras palabras, la correlación de fuerzas al interior del escenario promovido por la acción terrorista donde interactúan todos los actores y móviles de lucha y c) el fenómeno, a saber, la acción mediatiza una política simbólica que irrumpe en un escenario de manera sorpresiva y si bien se dan múltiples interpretaciones y discursos frente a dicha acción, las que más se difunden son las de los medios de comunicación quienes, siguiendo el modelo dominante, excluyen al Estado como responsable de este tipo de acciones y se les atribuyen a grupos rebeldes en contra del status quo (Rojas, 2012).
Tal como lo mencionan distintos autores (Villa Gómez, Velásquez, Barrera y Avendaño, 2020; Villa Gómez, et al, 2019) las palabras utilizadas para describir los acontecimientos en los diversos medios de comunicación y plataformas digitales tienen una gran relevancia sobre cómo se recuerda, el énfasis que se hace y las emociones que esto suscita; por ejemplo, distintos medios de comunicación denominaban el atentado al Club El Nogal como “el atentado terrorista de mayores dimensiones en la historia del país” (El Tiempo, 2020). Dando cuenta de una representación de los hechos anclada al temor y a la incertidumbre. Pero se omiten y desconocen las responsabilidades del Estado dada su omisión, las amenazas y revelaciones de información por parte de las FARC, cuando expresaron públicamente en su página web que en este club se daban reuniones entre paramilitares y personal del gobierno, entre otros, que reflejaba, en cierto grado sus intenciones (Consejo de Estado, 2018).
De este modo, el término ‘terrorismo’ ha sido muy controvertido, pues preguntarse qué es, lleva a la pregunta quién es terrorista y su respuesta implica siempre un posicionamiento ideológico y político. Bajo esta lógica, desde instancias de poder se considera que la utilización del terror por parte de quienes ya tienen el poder del Estado no es terrorismo, mientras que desde sectores críticos se afirma que cualquier actor que aplique una acción que haga uso del terror para lograr fines políticos es considerado como tal (Rojas, 2012).
Con esta reflexión introducida por Rojas (2012), se puede concluir que en Colombia coexisten el terrorismo del Estado junto con el terrorismo de grupos no estatales, siendo este último el que se cristaliza en la memoria colectiva a través de RSHH, especialmente de hechos que son atribuidos a las guerrillas y el narcotráfico. Mientras otras expresiones paralelas que han tenido una clara connivencia con la Fuerza Pública y fuerzas paraestatales, que incluso fueron presentadas en este investigación, como masacres y otras acciones violentas contra la población civil con el fin de generar terror, no fueron recordadas como tales, ni se pudieron constituir como RSHH, cuando fueron ejecutadas por estos actores. De modo que la detonación de artefactos explosivos no es la única forma de ejecutar acciones terroristas, aunque éstas suelen ser las mayormente recordadas y atribuidas a los grupos insurgentes. Lo cual nos remite a un olvido conveniente en la construcción de la memoria colectiva, lo que será abordado en otro texto, producto de esta investigación.
Sin embargo, como subyace también en el recuerdo la representación del narcotráfico, como actor que utilizó este tipo de artefactos explosivos, no es de extrañar que los hechos ocurridos en el Nogal se le atribuyan también a Pablo Escobar:
De ese si recuerdo mucho que fue por la droga y todos estos conflictos del narcotráfico, pero no recuerdo más. Colocaron una bomba (P22-D). Fue un carro bomba que mandó Pablo Escobar, creo que fue él (P6-D)
Incluso con la imprecisión y confusión de hechos, autores y escenarios, lo que prima en los relatos es la vinculación e identificación entre insurgencia, narcotráfico y terrorismo en una misma línea de sentido que se sintetiza en el significante “narcoterrorista” que, de nuevo, es aquél que encarna la maldad pura, lo no-humano y, por lo tanto, aquello sobre lo cual no hay una corresponsabilidad ética, por lo que debe extirparse y eliminarse. Discurso a la base de la legitimación histórica de la violencia estatal, la violación de los derechos humanos y la represión histórica que también puede hacer uso de métodos terroristas, no reconocidos como tales, mientras que la representación de malignidad se extiende a todo aquello que sea oposición política, que en Colombia suele asociarse con este significante.
Esta ‘Narco - RSHH’ logró consolidarse gracias a que el lugar del acontecimiento resulta ser visible, central y reconocido por los medios, por la población local e incluso internacional, asunto que podría llegar a perder relevancia si hubiese ocurrido en zonas periféricas, tal como ocurrió en el caso de las masacres, en su mayoría, cometidas en zonas periféricas y recordadas por pocos participantes. Por lo tanto, se desdibuja totalmente el trasfondo político de la acción, que no deja de ser deplorable, y que tenía como objetivo atentar contra la élite política y económica del país, que, además utilizaba el club para reuniones clandestinas con comandantes paramilitares. Y queda fijado el acto terrorista, maléfico en sí mismo, ligado a intereses oscuros, a la delincuencia y al narcotráfico, como si éste fuera el móvil y el único leitmotiv del conflicto armado. De allí la utilización de la categoría “narco-representación”, puesto que pareciera que es dominante en la forma en que los participantes recuerdan, nombran, narran y representan estos hechos.
Masacre de Bojayá
El quinto hecho que fue recordado, nombrado y representado de forma dominante por los participantes, es la ‘masacre’ de Bojayá. En relación con este hecho, recordaban el acontecimiento y reconocían el actor armado que perpetró la masacre.
Este aspecto ya había sido evidenciado durante la investigación de Villa Gómez et al. (2019) y Viejo (2011), afirmando que hay ciertos acontecimientos que se han constituido como traumas colectivos, siendo las masacres de El Salado y de Bojayá, ejemplos de ello. En este sentido, la representación social de la Masacre de Bojayá puede entenderse como trauma escogido, dado que fue recordada por más de la mitad de los participantes, lo que solo sucedió con dos hechos más: Bogotazo y Atentado en el Club El Nogal. Así, se alinea estratégicamente con la agenda política (de Saint-Laurent, 2018) y la lógica de las élites y los medios de comunicación.
Ahora bien, en la presente investigación, si bien la masacre del Salado, ejecutada por paramilitares, es un trauma colectivo para la población de este corregimiento de los Montes de María y la región, no se convierte en una RSHH dado que no cumple con las características asociadas a dicha categoría, de hecho, la gran mayoría de participantes no la recordaron, además, no parece haber generado un impacto relevante en los entrevistados a excepción de aquellos que conocían los acontecimientos, a pesar de que en algunos medios de comunicación se ha ofrecido algún tipo de información sobre lo sucedido allí; por tanto, se puede asumir que solo deviene experiencia traumática para las víctimas directas.
Si aceptamos la tesis de Halbwachs (2002) que solo recordamos desde marcos sociales previamente construidos y según los argumentos enunciados anteriormente, es probable que se pueda hipotetizar que esta masacre no sea recordada por los participantes porque no se enmarca en la representación y narrativa dominante que venimos develando, que alinea narcotráfico, terrorismo y guerrillas, como leitmotiv en el discurso de las memorias hegemónicas.
Las masacres perpetradas por los paramilitares, al parecer, no tienen estos referentes en las representaciones de los participantes, aun cuando sus acciones de horror y productoras de terror en la población, como las desarrolladas en El Salado, Mapiripán, El Aro y la Granja (indagadas explícitamente en las entrevistas) pudieran ser calificadas también como terroristas y el vínculo entre paramilitarismo y narcotráfico está ampliamente documentada en Colombia (Ronderos, 2014). Nos preguntamos por qué un hecho de tal magnitud no es recordado, a pesar de haber sido informado por los medios de comunicación, incluso, los marcos de significado que enmarcan el recuerdo son difusos y poco profundos para un participante del común2.
Por su parte, la masacre de Bojayá es uno de los hechos más recordados. Pese a las diferencias, los participantes tenían en común la mención del acto violento contra la comunidad al interior de la iglesia como su representación clave, aspecto que da cuenta de lo sugerido por Páez et al. (2016), cuando se remite a la imagen de la Iglesia como institución religiosa que permite objetivar acontecimientos de una narrativa,
Prácticamente, no sé si los terroristas, terminaron con la población, destruyeron, incluso lo tengo presente porque cuando fuimos al Chocó vimos en la Catedral el Cristo, acabaron con la iglesia y población. (P7-Amb). La población de este pueblo se refugió en la iglesia y en ese enfrentamiento tiraron un cilindro bomba para acabar con el enemigo, tengo entendido que quien lo lanzó era el grupo ilegal, no las fuerzas armadas (P43-A). En ese momento estaban en tiroteos, como en conflicto entre ellos dos y las personas de pueblo se encerraron en la iglesia para protegerse […] creo que fue la guerrilla (P2-D).
Comparando las narraciones de los participantes, se muestra una tendencia en donde quienes asumieron las posiciones de acuerdo y desacuerdo muestran mayor complejidad en la estructura narrativas de sus recuerdos. Siendo evidente en los relatos de las personas en desacuerdo, con algunas excepciones de personas de acuerdo, una marcada tendencia a narrar la masacre como una acción deliberada de asesinar a las personas al interior de la iglesia por parte de las FARC (guerrilla).
La guerrilla (FARC) se tomó el pueblo de Bojayá y cogió todos los habitantes y los encerró en la iglesia, los que no masacraron por fuera de la iglesia, a los que estaban en la iglesia los masacraron y los quemaron. (P1-D). Ocurrió un ataque armado por parte de las FARC con cilindros bomba, ráfagas de fusil, acribillando y matando muchas personas inocentes que se encontraban en ese momento (P18-A).
Los participantes utilizan palabras como: “masacraron”, “quemaron”, “acribillando”, denotando intencionalidad, maldad, alevosía y barbarie, que se conjugan con la configuración del enemigo absoluto deshumanizado, tal como se ha visto hasta ahora, pero que no son atribuidos a quienes cometieron masacres como las de El Salado, Mapiripán, La Galleta o Alto Mira, referenciadas en esta investigación, en las que prima el olvido. En cambio, con Bojayá se hace hincapié en la responsabilidad de las FARC y la magnitud de la masacre.
De acuerdo con el Centro de Memoria Histórica (2010) la masacre ocurrida el 2 de mayo de 2002 se dio durante un enfrentamiento entre las FARC-EP y los paramilitares. El primero lanzó un cilindro bomba dirigido hacia el lugar desde donde disparaban los paramilitares, la iglesia, quienes utilizaron a la población civil como escudo humano. El cilindro explotó y dejó alrededor de 79 personas muertas y decenas heridas. Para los ciudadanos de a pie también es desconocido que la población llevaba varios días sitiada por ambos bandos y que, antes del suceso se habían emitido varios comunicados por parte de la Defensoría del pueblo y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) sobre la inminencia de un enfrentamiento, sin haber encontrado respuesta por parte del gobierno y del ejército nacional, quien había abandonado la población días antes (Grupo de memoria histórica Equipo de Bojayá, 2010).
Esta Masacre se ha convertido en un símbolo de la guerra, pues no solo pone en evidencia a las FARC como principal responsable, sino que da cuenta de la incompetencia del gobierno para responder a las víctimas y para aceptar parte de su responsabilidad en el hecho. En este punto se denota con mayor fuerza el sesgo bélico (Sosa, et al., 2013). No obstante, retomando las implicaciones lingüísticas, Bar-Tal, et al. (2014) y Nasie, et al. (2014) afirman que la carencia de una visión más compleja y holística del conflicto impide el reconocimiento de otros actores armados involucrados en su desarrollo. En el caso colombiano, por ejemplo, los paramilitares, el otro grupo implicado en el enfrentamiento.
Dichas narrativas simplistas impiden la circulación de contra narrativas para atribuir responsabilidades a todos los actores involucrados. De manera que solo 3 de los participantes recordaron que los paramilitares también tenían responsabilidad en los hechos: “Tengo entendido que fue un enfrentamiento entre paramilitares o las autodefensas, no recuerdo si con las FARC” (P9-I), razón por la cual la Masacre de Bojayá en una RSHH como trauma escogido: el asesinato de muchas personas en una iglesia por parte de las FARC, con alevosía y barbarie, lo que la convierte en barrera para la construcción de paz.
En último término se contribuye a la deshumanización o deterioro moral del adversario, a través de la negación de la participación de los paramilitares y de la omisión y connivencia por parte de la Fuerza Pública, atribuyendo toda la responsabilidad a las FARC. En este caso la percepción de daño infligido a la población civil se maximiza (Bilali, 2013, p. 28). Esto se refleja en expresiones como: “mató a mucha gente” (P.5), “murió mucha gente en una iglesia” (P.9), “entonces ahí murieron muchas personas” (P.2), “y ahí fue que se murieron un montón de personas” (P.11), “sé que hubo una gran cantidad de muertos ehh…” (P.19) y “y hubo pues, una cantidad impresionante de muertos” (P.14). Se ahonda en la demonización de la guerrilla, mientras se soslayan las otras responsabilidades.
Operación Orión
Tras la falsa esperanza que vino con la caída de Pablo Escobar, el lugar del capo fue ocupado por otros actores, en especial, en la ciudad de Medellín, la oficina de Envigado, que se asoció con grupos paramilitares conformando el denominado “Bloque Cacique Nutibara”. Las autoridades nacionales y locales enfrentaron el problema de la violencia delegando la función de seguridad a estos grupos armados. Quienes confrontarían en la comuna 13 al ELN y los Comando Armados del Pueblo (CAP), establecidas allí por varios años, más el posterior posicionamiento de las FARC en la zona centro-occidental de Medellín (CNMH, 2017).
En este escenario, en el 2002 se rompieron los diálogos en El Caguán entre el gobierno y las FARC y se posesionó Álvaro Uribe, incrementado las operaciones militares de ambos actores en todo el territorio nacional. Entre tanto, los gobiernos municipal y departamental pidieron apoyo al gobierno nacional, que decidió efectuar una operación militar que se presentó como una retoma de la zona por parte del Estado. Orión fue el nombre dado a la operación en la que participaron, junto a la Policía y el Ejército, la Fuerza Aérea, el DAS, la Fiscalía y fuerzas paramilitares (CNMH, 2017; 2020). Conocida como la operación militar urbana más grande de Colombia se desarrolló entre el 16 y el 18 de octubre de 2002. De este modo, se constituye como una RSHH que ha configurado procesos identitarios en los ciudadanos de Medellín, algunos de los cuales conmemoran este trágico evento que trajo consigo desapariciones, desplazamientos forzados, secuestros, etc.
A mí me tocó lo de la operación Orión a la edad de 4 años en el barrio San Javier, que casi que literal me cagué del miedo, yo solo sentía bombas, estallidos, metralletas, yo sentía de todo. O sea, en este momento de mi vida, con la edad que tengo y me acuerdo de todo: las bombas, las botas caminando en frente de la casa, fue impresionante. Yo digo que ese fue el acercamiento más al rojo vivo con respecto a ese tema y eso que yo no sé si Orión también involucraba paramilitares o Bacrim, creo que paramilitares. Ese ha sido el acercamiento mayor con ese tipo de grupos en mi caso (P30-A).
Hasta la fecha, el hecho continúa generando confusión en la memoria colectiva de las personas y un impacto emocional compartido debido a la sensación de impunidad frente a los responsables y presuntos nexos entre ellos. Diferentes medios como El Tiempo (Mesa e Insuasty, 2019) y organizaciones no gubernamentales como la Corporación Jurídica Libertad (Álvarez, 2019) y la Fundación Paz y Reconciliación (Saavedra, 2020) lo afirman.
Tengo entendido que también fue por parte de los paramilitares que ellos querían como tener ese territorio, ahí llegaba mucha gente desplazada, entonces ellos querían meterse a ese territorio, hubo muchas muertes, los desaparecidos que hay en cierto espacio de la comuna 13, que todavía no sé qué haya pasado con eso y todo lo que hacen para dar a conocer lo que pasó e intentar que eso no vuelva a pasar (P38-I).
La representación social de la operación Orión como hecho histórico está ligada en las narrativas de los participantes por su pertenencia a la ciudad de Medellín y al nivel de difusión que tuvo dicho hecho en los medios de comunicación, generando recuerdos vívidos acompañados de disposiciones emocionales que lo hacen más fuerte. Aun así, prima la perspectiva que exculpa al Estado, legitima su intervención armada como una forma de recuperar el control sobre el territorio, se suele eximir la presencia, el apoyo y el trabajo coordinado con grupos paramilitares, y se avala la acción puesto que iba dirigida a expulsar del territorio al actor armado que aparece en la mayoría de las narrativas analizadas como el único enemigo: la insurgencia armada (guerrillas), en particular las FARC.
Discusión y conclusiones
Incidir en la configuración del recuerdo es una clara estrategia de poder que permite perpetuar lógica, actores y dinámicas abiertamente inaceptables que terminan siendo avaladas, incluso, por grupos humanos que han sufrido y sufren las decisiones y acciones de estos mismos actores, generando así una suerte de disociación epistémica y valorativa, una confusión muy funcional a las dinámicas del poder instituido y dominante.
Esta disputa por el relato se complejiza en casos como el de Colombia, en el que los actores no nombrados y dinamizadores del conflicto siguen hoy ocupando lugares de poder institucional central, son tomadores de decisiones Estatales, algunos operadores de justicia, empresarios, hacen parte de la arquitectura de poder institucional y siguen gozando de los privilegios que ha dejado un conflicto aparentemente intratable. Así mismo, aún y los acuerdos de Paz firmados, Colombia sigue padeciendo ciclos perpetuos de violencia armada, por lo que habría que ahondar sobre los factores-hilo que no han cambiado y perviven aún a la firma de diversos acuerdos de paz, los cuales se constituyen en un factor estructural que perpetúa el conflicto violento y limita las posibilidades de una paz real.
Cabría preguntarse, entonces, por el papel de unas élites que en varios momentos de la historia pareciera configurar una alianza Criminalidad-Empresa-Estado y termina cooptando la democracia y las instituciones, en la constitución de barreras para la construcción de la paz y la reconciliación en Colombia. Puesto que, según el análisis de las RSHH emergentes en el marco de esta investigación, estas élites mueven las condiciones necesarias, incluso simbólicas, narrativas y discursivas para atizar el odio, justificar lo injustificable, permitiendo que el conflicto en Colombia tome las condiciones de intratable. Esto pondría el foco de cambio en otros ángulos de mirada y obligaría a un replanteamiento del orden establecido, apuntando a una paz y una democracia donde todos los actores tengan la posibilidad de coexistir y construir país.
De acuerdo con lo hasta ahora visto en nuestros resultados, una visión simplista, cristalizada en la memoria colectiva, conlleva a pensar el conflicto armado colombiano como ‘sin sentido’ político, motivado solo por la captación de recursos económicos (Villa Gómez, 2012) y donde se equipara a la insurgencia, a la guerrilla, a las FARC con el narcotráfico y, a su vez, se les cataloga como “terroristas”. Esto se utiliza como recurso retórico, de modo que se adorna la verdad para desresponsabilizar al Estado de la violencia que vive el país y como actor participante. Dicha desresponsabilización se enmarca en una de las funciones que cumple la historia oficial al buscar una identificación con el relato hegemónico en torno a discursos de unanimidad ligados a la “patria” en el intento de configurar una identidad nacional (Villa Gómez y Barrera Machado, 2017), anclándose a una forma particular del recuerdo que, a su vez crea repertorios del olvido, en otras palabras, un olvido institucionalizado, implícito y generalizado, lo cual será tema de un posterior artículo, producto de esta investigación.
Estos repertorios del olvido, donde hay ausencia de RSHH, tal como sucede en el caso de los Falsos positivos y de la mayoría de Masacres3, autoría de los paramilitares y de la Fuerza Pública, se configuran a partir de relaciones complejas no solamente entre el tipo de hechos que se recuerdan y aquellos que no, según su relevancia para la identidad nacional; sino también a partir de la vinculación de las RSHH entre los actores involucrados y su impacto social, bien sea, por sus acciones violentas y/o por la publicidad que hacen los medios de masivos de comunicación sobre ellos y su responsabilidad, atendiendo al mantenimiento del status quo.
Es así como, de acuerdo con el análisis de los resultados, el fenómeno del narcotráfico ha supuesto un trauma histórico, que al mismo tiempo ha sido anclado a la representación de las FARC, amalgamándolos sin diferenciarlos, de tal manera que sería uno de los fines de este grupo armado, más allá de la financiación de sus objetivos políticos, lo que refleja la tendencia de los participantes a concebir a este grupo no solo como el “enemigo absoluto”, sino también como un grupo inicialmente con ideales políticos, que se deshumaniza y se deja corromper, perdiendo sus propósitos originales. La asociación de este actor armado con el narcotráfico y el terrorismo permite la generalización sobre los actos cometidos por este grupo como atroces y, por ende, las RSHH que surgen de hechos como la Masacre de Bojayá, o la Toma del Palacio de Justicia se imponen como barreras para la paz en la memoria colectiva.
Por otro lado, cabe señalar nuevamente que, aparte de la Masacre de Bojayá, otros de los hechos donde se constituyeron RSHH que se configuran como barreras para la paz y la reconciliación son: el Atentado al Club El Nogal, la Toma del Palacio de Justicia y la Operación Orión, en los cuales, incluso para El Bogotazo un buen número de participantes le atribuyen culpabilidad a la insurgencia armada, exonerando otros actores, con énfasis en las FARC.
Estas RSHH que se constituyen en barreras psicosociales para la paz cumplen la función de poder resistir al conflicto y mantener una forma hegemónica de comprender lo que sucede, generalmente asociada a una perspectiva simplista y moralista que no da cabida a otras formas de entender los hechos y el entramado estructural de trasfondo (Bar-Tal, 2018).
La RSHH de la Masacre de Bojayá objetivada a partir de la figura de la iglesia, al igual que el Atentado al Club El Nogal mediante “el acto terrorista” y la Toma del Palacio de Justicia a partir de la figura de “Pablo Escobar”, dan cuenta de unos patrones y sesgos que no solo se transmiten de generación en generación, sino que también naturalizan formas de relatar los hechos que perduran en ideas simples, donde la responsabilidad también se convierte en adjudicación de culpabilidad y no en la comprensión integral de su desarrollo.
Lo anterior termina configurando lo que mencionan diversos autores: la construcción de una memoria victimista de tipo competitivo (Bar-Tal, et al., 2014; Christou, 2007; Bekerman y Zembylas, 2010; Hammack, 2010; Christou y Philipou, 2010; Psaltis y Cakal, 2016; Bekerman, y Zembylas, 2016; Nasie y Bar-Tal, 2020; Bilali, 2012b; Zembylas y Bekerman, 2008; Barrera Machado y Villa Gómez, 2018; Martín Beristain, 2021), relatos simplistas, absolutistas, indiferenciados o naturalizados, que denotan no sólo falta de conocimiento, sino la instalación de un discurso estereotipado que se difumina en la sociedad desde sectores de poder, haciendo uso de medios retóricos, la educación y medios de comunicación, en donde se reproduce hasta el final un sentido único: “miren todo lo que nos hicieron, es justo que podamos reclamar una retaliación”.
En relación con ello, la tendencia a dar cuenta de un conocimiento centralizado donde se olvidan las dinámicas de las periferias es recurrente, incluso en RSHH locales como la de la Operación Orión se da cuenta de ello, puesto que hechos como este, acontecido en la urbe, alcanzan a configurarse como tales y ser reproducidas, narradas, contar con imágenes de referencia. No sucede lo mismo con hechos como la Masacre de El Salado (perpetrada por los paramilitares), o la de Alto Mira (perpetrada por el ejército), para mencionar sólo dos de las incluidas en nuestro instrumento de investigación, pese al impacto que estas últimas dos masacres y muchas más pudieron tener en las personas que las vivieron directamente, pero cuyas voces no hacen parte del repertorio dominante del recuerdo.
Todo lo anterior, conlleva a la conclusión de que la configuración de RSHH está marcada porque algunos relatos y discursos son privilegiados y difundidos por los medios de comunicación masiva y las instituciones sociales más que otros, dependiendo también del actor involucrado; inclusive, algunos pueden opacar a otros o coexistir en la narración de un mismo hecho. En el caso de la Toma del Palacio de Justicia o el atentado al Club El Nogal, pueden tener más impacto social por estar asociados los significantes “comunismo”, “guerrilla”, “narcotráfico”, “terrorismo”, en una línea de continuidad que conduce al significado “caos” y “destrucción”.
La presente investigación sugiere la realización de un estudio con mayores alcances en cuanto a la comprensión de elementos que influyen en la construcción de RSHH como barreras para la paz en el contexto colombiano, de modo que puedan arrojar claridades frente a la influencia de aspectos sociodemográficos como edad, género, ocupación, estrato y de mecanismos de socialización como las instituciones de formación (familia, colegios, universidades, entre otros) y en cuanto a la consolidación de RSHH de otros hechos de la historia nacional pasada, presente y posible en el marco del conflicto armado colombiano.
La mayoría de los participantes no realizaron una lectura integral y estructural ni de la responsabilidad ni de las circunstancias al momento de la entrevista. Si bien el no saber a profundidad sobre el conflicto armado y su historia era uno de los criterios de inclusión de la población, se evidencia la importancia de trabajar mucho más con las diversas poblaciones en torno la construcción de la memoria histórica y el papel de la verdad como aportes fundamentales para romper las lógicas que legitiman la violencia y la guerra.
Estos procesos deben desarrollarse no solamente a través de la educación y la academia, aunque también este modelo de construcción funcional del RSHH ha impactado en los centros Universitarios, en tanto la academia gracias a sus postura y también silencios y omisiones, en múltiples ocasiones pareciera ponerse del lado del poder hegemónico instituido (Espinosa & Insuasty, 2021). Este sería otro debate que está abierto y debería desarrollarse de forma más profunda, por lo que sugerimos que, desde el sistema educativo, se debe avanzar de manera concreta hacia el fortalecimiento de una postura ética más clara y un estudio comprehensivo y crítico de nuestra memoria histórica.
Sin duda alguna los medios masivos, al estar vinculados a las élites en el poder, se limitan a reproducir la historia oficial o las versiones que favorecen la interpretación histórica de estas élites, constituyendo una mirada sesgada, estereotipada, simplista y conveniente; de tal manera que la configuración de RSHH significa una barrera psicosocial para la paz y la reconciliación, que sólo puede ser rota cuando las voces de las víctimas, las voces de todos los actores, el dolor no competitivo y la identificación de todos los actores del conflicto como responsables, sea parte integral del relato y del recuerdo. Por tanto, a los medios de comunicación también les cabe este llamado a una postura ética más consecuente, por lo menos, para que de manera concreta permitan o aporten a una democratización de la información. Aunque, los medios alternativos en este contexto han ganado gran valor.
Esa es la tarea que esta sociedad requiere de la comisión de la verdad y de la JEP, de tal manera que por fin Colombia pueda comprender que no hay buenos ni malos en la guerra y que nuestra tarea ética y política fundamental es superar la violencia como una forma normal de ejercer la política y de resolver los diversos conflictos sociales, políticos, económicos que nos agobian como nación. A la par sin duda alguna, superar la violencia estructural que sigue estando a la base de nuestra historia de conflicto interminable.
