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Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias

Print version ISSN 0120-0690

Rev Colom Cienc Pecua vol.28 no.3 Medellín July/Aug. 2015

 

EDITORIAL

 

 

Inversión en investigación

 

 

Francisco J Arango V
Coordinador de Extensión
Facultad de Ciencias Agrarias
Universidad de Antioquia

 

Colciencias es el ente encargado de definir las políticas públicas en materia de ciencia, tecnología e innovación (CTI) para el sector agropecuario colombiano. Las políticas actuales en esta materia buscan fortalecer la capacidad de respuesta del agro a las cambiantes y exigentes condiciones del entorno. En su Plan Estratégico 2005-2015 del Programa Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria de Colciencias, se estableció como principal objetivo “desarrollar capacidades institucionales, científicas, tecnológicas y de innovación que garanticen la generación y aplicación social y económica del conocimiento a fin de elevar la competitividad del sector agropecuario y agroindustrial, bajo los criterios de equidad social y sostenibilidad ambiental”. Sin lugar a dudas, ese objetivo enmarca el deber ser de las políticas públicas en dichas materias.

En cuanto a disponibilidad de recursos para esta actividad, debemos resaltar que la inversión colombiana en CTI es muy reducida. Según el Observatorio Colombiano de Ciencia, Tecnología e Innovación, para el año 2003 la inversión pública en CTI correspondió al 0,41% del producto interno bruto (PIB). Dicha cifra aumentó a 0,66% para el año 2013, indicando que se ha hecho un esfuerzo para destinar más recursos económicos a esta actividad. Sin embargo, esos porcentajes siguen siendo muy bajos en comparación con los países desarrollados. Estados Unidos y países asiáticos y europeos invierten anualmente entre el 2 y el 5% de su PIB en ciencia, tecnología e innovación, mientras que en América Latina, a excepción de Brasil, la inversión es inferior al 1%.

Ante su evidente escasez, cabe preguntarse como están siendo invertidos los recursos. El Sistema General de Regalías entrega los dineros que se ejecutan en los departamentos mediante proyectos viabilizados según los criterios de cada uno. Al sector agropecuario se destinó un total de $425.113 millones de pesos para el año 2014, correspondiente al 22,1% de todo el presupuesto proveniente de regalías.

Dado que son los gobiernos departamentales la primera instancia que define las prioridades de inversión de esos recursos, queda el interrogante de si existe una proporcionalidad entre el aumento de los recursos y los indicadores de desarrollo del sector agropecuario en las regiones. Asumimos que los gobiernos departamentales priorizan la ejecución de proyectos del fondo general de regalías según el impacto y pertinencia esperada para cada territorio, buscando mejorar el bienestar de los ciudadanos y atender sus necesidades básicas insatisfechas; pero, ¿está correspondiendo el aumento en la inversión con el desarrollo de capacidades tecnológicas y productivas del sector y sus actores? Confiamos en que las políticas regionales buscan acelerar el desarrollo y la competitividad de las cadenas productivas de mayor impacto socio-económico.

Por otra parte, nos preguntamos ¿hasta qué punto están participando las universidades en el direccionamiento estratégico de las regiones con respecto a la solución de sus demandas tecnológicas? Es necesario reconocer que las universidades deben participar en la formulación de estrategias de solución a las demandas tecnológicas y en su transferencia efectiva al interior