Diferentes formas de habitar la calle

En términos generales, podemos decir que en la CABA los/as habitantes de la calle que en su vida diaria habitan el espacio de la calle entablan en ella una relación con el entorno y establecen vínculos e interacciones con diferentes personas y grupos que se encuentran en su misma situación como también con otros que no (vecinos, comerciantes, transeúntes, policía, miembros de organizaciones sociales, trabajadores de los programas sociales, entre otros). En este caso, el habitar la calle no solo remite a una condición física territorial, sino que esta se les presenta como "un espacio de redes de relaciones que vehiculizan las interacciones sociales" (^{Marcús, 2006}, p. 102). Los/as habitantes de la calle se apropian y hacen uso de este espacio en su cotidianeidad, lo significan y modifican; es por esto por lo que se entiende el habitar como "el proceso de significación, uso y apropiación del entorno que se realiza en el tiempo" (Signorelli, citado en ^{Duhau y Giglia, 2008}, p. 22). De este modo, el ámbito de la calle cobra un sentido particular para quienes viven allí y se torna central, pues es donde gestan vínculos con otros y donde logran los recursos necesarios para la sobrevivencia diaria (como los provistos por las organizaciones sociales). Es un lugar dotado de códigos, reglas, actitudes y recorridos que deben aprenderse y gestionarse para poder "ser" habitante de la calle.

En este sentido es que ^{Grigsby, Baumann, Gregorich y Roberts (1990)} identificaron que existe un proceso de resocialización⁶ por parte de estos sujetos a partir de la internalización de ciertos códigos y reglas de la vida en la calle. Estos aprenden a vivir en un espacio con otras características, un mundo en movimiento que posee ritmos diferentes. Después de un tiempo en la calle saben cómo moverse y qué estrategias desplegar, dónde conseguir alimentos, ropas, cuáles son los mejores lugares para dormir⁷, etc. Los miembros de este grupo, denominado por los autores como parte de la subcultura marginal, generalmente consideran que el vivir en la calle forma parte de una elección personal y manifiestan que no quieren salir de la misma, aunque algunas veces concurren a algún servicio social como puede ser el de duchas o el de ropería. En este caso, la calle se torna su lugar de pertenencia, pues "es resignificada como un contexto de estabilidad, es decir, como el hogar mismo" (^{Berhó, 2006}, p. 25). Los autores también señalan la existencia de otro subgrupo, estos son quienes desarrollan una vida solitaria por la continua pérdida de apoyos sociales, y poseen un gran deterioro de la salud física y mental. Este grupo es identificado por el descuido físico y la suciedad, sus cuerpos muestran las marcas de la experiencia de vida a la intemperie, su apariencia física y su estado de salud son su reflejo. Más allá de las diferencias entre los dos subgrupos, ambos tienen una característica compartida: atravesaron un proceso de transformación subjetivo dado que debieron adaptarse a tener un nuevo estilo de vida.

Esta diferenciación entre subgrupos resulta replicable para caracterizar algunos de los subgrupos encontrados en los/as habitantes de la calle en la CABA. Sin embargo, cabría incorporar un tercer subgrupo diferente a los descriptos. Este tiene la particularidad de no residir de manera permanente en la calle, sino de manera aleatoria. Por ello, en el marco de este trabajo, fue denominado como habitante intermitente de la calle. Estas son personas adultas o grupos familiares que habitan en la calle de manera errante y circunstancial combinando este ámbito con el alquiler de una habitación en un hotel-pensión localizado en la ciudad⁸. Este grupo, que se consolida en los últimos años, tiene la particularidad de generarse a partir de la lógica planteada por el propio programa creado para atender las necesidades en materia habitacional de las poblaciones vulnerables de la ciudad. A través de esta política, los/as beneficiarios/as obtienen un subsidio por un lapso de tiempo, que es utilizado generalmente para arrendar por su propia cuenta una habitación en un hotel-pensión. Este tipo específico de residencia a la que acceden los/as beneficiarios/as del programa no casualmente forma parte del recorrido habitacional de estas poblaciones. Estos alojamientos, a partir de la década de 1980, se constituyeron en una alternativa habitacional promovida por la propia política de vivienda social del gobierno de la ciudad (^{Cuenya y Toscani, 2018}).

Los componentes de la intermitencia: el hotel-pensión, el desalojo y el programa

Para aproximarnos a las particularidades de este tipo de habitante de la calle y comprender el proceso de ir y volver de la calle al hotel y del hotel a la calle, es necesario identificar ciertos componentes específicos: a) el modo específico de funcionamiento y de habitar dentro de los hoteles-pensión; b) los procesos de desalojos a los cuales se ven expuestos quienes residen en ellos; y, por último, c) el programa y sus derivaciones para atender la problemática de situación de calle en la ciudad. El encuentro entre estos tres componentes es lo que posibilita el surgimiento del habitante intermitente de la calle.

Los hoteles-pensión⁹ son una tipología de hábitat singular en la Argentina, que conforma, junto con los conventillos e inquilinatos, el submercado de arrendamiento de piezas (^{Rivas, 1977}). La particularidad de estos establecimientos es que se trata de inmuebles obsoletos, con escaso mantenimiento, que se encuentran ubicados en zonas centrales de la ciudad. Quienes los administran subdividen el inmueble y rentan las habitaciones a diferentes personas. Por ejemplo, ingresan grupos familiares enteros a vivir en una pieza y comparten la cocina y el baño con los/as demás inquilinos/ as¹⁰. Al ser catalogados como "hoteles" se encuentran regulados por la ley hotelera (Ley 4631) y sus dueños/as poseen el derecho de determinar la admisión y tiempo de permanencia de quienes duermen allí (^{Marcús, 2017}). donde "la casa se reserva el derecho de admisión y permanencia". Estos son considerados pasajeros en tránsito y por lo tanto no es obligatorio precisar un precio fijo de alquiler y firmar un contrato de locación. El pago de las habitaciones puede ser diario, quincenal o mensual. El valor es fijado por quien administra el inmueble y se establece un contrato verbal de permanencia (^{Rivas, 1977}; Cuenya 1988; P^{astrana, Alvarez, Bellardi y Di Franceso 2012}). Estos inmuebles poseen escasos controles gubernamentales y se gestionan en un vacío legal en el cual quedan registrados como "hoteles" (en donde la estadía suele ser por un lapso breve de tiempo), pero en realidad funcionan como lugares de residencia de largo plazo (Marcús, 2017). Esto abre paso a que el tiempo de permanencia en dichos lugares esté sujeto, además de la capacidad de pago, a la relación que se tenga con el dueño/a o encargado/a de administrar el lugar y al cumplimiento de las normas de uso que son impuestas por estos/as¹¹. La contraparte de ello es el riesgo y temor constante de ser desalojado/a (^{Toscani, 2018}).

El proceso de desalojo puede realizarse de diferentes maneras. Interesa aquí recuperar los desalojos de tipo informal que se realizan más frecuentemente porque garantizan mayor celeridad de expulsión y circulación de las personas, en contraposición a aquellos de tipo formal¹². Se distinguen dos maneras: a) directa, a través de hostigamiento y maltrato para que las personas o las familias decidan irse, o bien, puede ser a través del uso de la fuerza pública¹³ o grupos parapoliciales contratados por el dueño/a para lograr la expulsión de la familia y b) indirecta, a través del aumento del valor de la habitación por parte del dueño/a sin previo aviso. Esto, que sucede de manera habitual, se logra, pues, como señalamos, quienes residen en estos lugares lo hacen sin contrato de alquiler formal por lo cual no tienen ningún tipo de protección legal frente a estas situaciones, quedando de un momento a otro en "la calle". Lo mismo sucede, si el subsidio finaliza, o se demora con el pago, y la familia no llega a cubrir por sus propios medios el valor del alquiler. En estos casos, también el dueño/a, por diferentes mecanismos, generalmente violentos, expulsa a la familia a la vía pública. Estos desalojos se realizan de manera constante e invisibilizada, garantizando una circulación de personas dentro del hotel, a la vez que un aumento de la rentabilidad¹⁴ por el alquiler permanente de las habitaciones (^{Toscani, 2019}).

Para comprender la lógica de funcionamiento y financiamiento de los hoteles-pensión, resulta necesario introducir algunos de los lineamientos de la política pública que utiliza a estos establecimientos como medio para dar respuesta a la problemática habitacional. Dichos programas¹⁵, que tienen su origen en la CABA en el año 1985, surgen como respuesta transitoria a la emergencia habitacional de ese entonces, la cual era consideraba excepcional y circunstancial (^{Avila y Pallares, 2014}). Sin embargo, a fines de la década de 1990, "se convirtieron en una práctica institucional habitual pasando a ser parte de hecho de la política habitacional del gobierno" (^{Arcidiácono y Gamallo, 2014}, s. p.). Precisamente, en el año 1997, se crea el "Programa Integrador para personas o grupos en Situación de Emergencia habitacional". Este contemplaba el alojamiento en dormitorios nocturnos y hogares de tránsito para personas solas (Programa para las Personas Sin Techo) y alojamiento por quince días en hoteles contratados por el gobierno de la ciudad para grupos familiares (Programa para las Familias Sin Techo). Este programa, conocido como "Programa Hotelados", establecía convenios con hoteles-pensión para derivar a personas o grupos familiares. El convenio garantizaba el pago por el alojamiento al dueño del hotel, pero no regulaba las condiciones habitacionales en la que este recibía a las familias. Luego de diferentes críticas y demandas realizadas (por las condiciones degradadas en que estos se encontraban y por la sobreocupación respecto de la cantidad de plazas para las cuales están habilitados) por parte de organizaciones sociales y de las Defensorías de la Ciudad, el programa dejó de incorporar nuevos beneficiarios/as¹⁶ (^{Royo, 2011}). La finalización de este se complementó en el año 2002 con el Decreto 895/02 que se basó en el otorgamiento de un "subsidio habitacional" directamente a los/as beneficiarios/as para ser utilizado solo con fines habitacionales (que, en la práctica, es principalmente utilizado para el pago de una habitación en un hotel-pensión principalmente por el monto entregado y por ser establecimientos con casi nulos requisitos de ingresos). Con este decreto se modifican los modos de ejecución de los programas existentes y aparece por primera vez la condición de realizar una contraprestación por parte de los/as beneficiarios/as. Entre estas se establecen: a) asistencia de menores a establecimientos escolares en los niveles de educación obligatoria, lo cual deben acreditar bimensualmente; b) cumplimiento de los planes de vacunación; c) presentación de comprobantes que den cuenta de que el subsidio es utilizado para una solución habitacional (ejemplo, recibo de pago de alquiler). En el año 2006 se crea el Programa "Atención para Familias en Situación de Calle" que, con modificaciones, continúa vigente en la actualidad. Este otorga un subsidio habitacional en cuotas cuyo monto varía de acuerdo a la composición del grupo familiar¹⁷. Posteriormente, se sancionaron diferentes decretos que fueron modificando este programa (por ejemplo, algunos actualizaron el monto de dinero otorgado o restringían los requisitos de acceso). Más allá de las distintas modificaciones, un rasgo común entre todos ellos es que el subsidio es entregado por un periodo acotado en el tiempo durante el cual se considera que la persona o familia, por sus propios medios, debe encontrar una solución habitacional. Cumplido ese periodo, el beneficiario pierde la posibilidad de continuar percibiendo esa asistencia por parte del Gobierno. En este contexto, algunos de los/as beneficiarios/as, especialmente mujeres solas con niños/as a su cargo, han optado por presentar un recurso de amparo¹⁸ para continuar percibiendo el subsidio, dado que su situación de vulnerabilidad habitacional persiste (Arcidiácono y Gamallo, 2017; ^{Marino, 2015}).

Los diferentes componentes señalados hasta aquí configuran la intermitencia de este subgrupo de habitantes de la calle. Estos se ven inmersos en un circuito habitacional del cual es difícil salir. Hacemos referencia, de manera esquemática, a la siguiente secuencia: de la calle al hotel, en el hotel el desalojo, de vuelta a la calle y con el subsidio se vuelve al hotel. Esto se constituye a partir de intercalar la residencia en el hotel-pensión, mientras se tiene otorgado el subsidio habitacional, y el habitar en la calle cuando se termina el subsidio, o se es desalojado, no se puede continuar pagando la habitación por sus propios medios (y en caso de que así sea, lo pueden hacer solo por algunos días extra) y no se tiene otro lugar donde residir. De esta manera, "su cotidianeidad se torna en un 'círculo vicioso' de entradas y salidas, de idas y vueltas entre estas formas de habitar que van socavando las subjetividades, aumentando las incertidumbres y debilitando las posibilidades reales de una salida duradera y sólida" (^{Toscani, Belcastro y Rosa, 2015}, p. 8). En tal sentido, si bien con el programa se logra la salida de la calle, esta es transitoria, y, además, el techo al que se accede, como se pudo ver, no reúne las condiciones de habitabilidad adecuadas para el correcto desarrollo de la vida. Por ello, en realidad, el programa

naturaliza o legitima condiciones habitacionales totalmente inadecuadas al consagrar como la meta del proceso de gestión una vivienda sumamente precaria, apenas menos indeseable que la situación de calle, y muy lejos de constituirse en una respuesta al derecho a una vivienda digna. (Battistessa y Matisevicius, 2012, p. 11)

Dentro de todo este circuito habitacional se identifica también el atravesamiento de un circuito denominado estatal-judicial. Este se caracteriza por la entrada y salida del programa, la realización de amparos judiciales frente a la finalización del subsidio, la gestión de trámites para la prolongación del subsidio, la obtención de certificados que aseveren la residencia en calle, el encuentro con trabajadoras sociales y abogados, la espera para conseguir turnos y la realización de largas filas para ser atendidos en las diferentes ventanillas estatales. La forma que adquiere el circuito estatal-judicial se torna altamente burocrática, lo cual implica que gran parte del día se estén realizando trámites, cuestión que les impide encontrar o conservar un trabajo, lograr hacer otras actividades o bien que los/as niños/as cumplan correctamente con la escolaridad o que cuenten con espacios recreativos, dado que en muchos casos acompañan a los padres y madres a hacer estas gestiones. Todas estas situaciones se ven acompañadas por falta de información clara, cambios constantes en las normativas y maltratos y discriminaciones de forma recurrente¹⁹ por el propio personal estatal. Asimismo, en la vida cotidiana de los/as habitantes de la calle intermitentes se encuentra el circuito red-social. Este está caracterizado por los espacios generados por las organizaciones sociales quienes desarrollan en la ciudad una red asistencial para los/as habitantes de la calle²⁰. Concurren a comedores -lugares para almorzar, merendar o cenar-, duchas, ropería y talleres. Las organizaciones sociales son las que generan un "colchón" cotidiano, ya que desde el programa no se generan espacios para garantizar la reproducción cotidiana de esta población que en muchos casos no cuenta con ingresos suficientes para sus gastos diarios; son poblaciones con trabajos precarios, mal pagos o discontinuados, en el caso de que lo tengan.

Como se observa, generalmente quienes acceden al programa y residen en un hotel-pensión continúan con las prácticas que tenían en la calle, y "circulan por la ciudad de un servicio a otro, ideando estrategias, coordinando horarios y necesidades durante el día y la noche" (^{Rosa, 2012b}, p. 273). En este sentido, existe una resocialización vinculada al circuito habitacional, estatal-judicial y de red-social. Adaptan sus pertenencias a esta intermitencia habitacional, deben entablar vínculos en cada nuevo ámbito, revisar constantemente su situación económica financiera, adquirir los recursos necesarios para cada hábitat y aprender modos de vida diferentes (lo cual implica el aprendizaje de códigos y normas). De este modo, podemos decir que su realidad está inscripta "en un mundo en movimiento y que posee tiempos y sentidos diferentes" (^{Rosa, 2015b}, p. 524).

Efectos persistentes: la estigmatización

Lo descripto hasta aquí posee efectos persistentes y concretos en cada habitante de la calle. La forma de vida de los/as habitantes de la calle tensiona lo considerado como el modo "normal" y "aceptado" de habitar la ciudad y el espacio público. Ello se traduce en una visión estigmatizada hacia esta forma de habitar y hacia quienes la llevan a cabo. La noción de estigma posibilita identificar "la situación del individuo inhabilitado para una plena aceptación social" (^{Goffman 2006}, p. 7). Ello, como señala ^{Goffman (2006)}, se relaciona con el ser portador de un atributo que lo vuelve diferente a los demás, a aquellos considerados "los normales", y se lo deja de ver como "una persona total y corriente para reducirlo a un ser inficionado y menospreciado" (Goffman 2006, p. 7). Estas cuestiones, como señala ^{Rosa (2012a)}, se complejizan al considerar las consecuencias que tiene en los sujetos el ser permanentemente estigmatizados y reprobados por ser quienes son, dado que "la descalificación social va penetrando en la propia imagen de sí mismos y también transformando su capacidad de acción" (p.112).

En relación con estos planteos, ^{Boy, Marcús y Perelman (2013)} señalan que el espacio urbano "emite mensajes de bienvenida y de rechazo hacia los 'indeseables' de la ciudad (migrantes, villeros, cirujas, etc.) y configura 'zonas permitidas' y 'zonas prohibidas' de circulación y permanencia" (p. 17). Estos mensajes son internalizados por aquellos que son objeto de discriminación. La construcción del estigma contribuye a la constitución de una subjetividad específica para los sujetos portadores del mismo. Se trata de un atributo definido en y para la interacción social y por eso opera tanto en la segregación como en las formas de contacto mixto. Ello posee implicancias también en la esfera laboral, dado que dichos prejuicios operan descalificando a la persona. En este sentido, "la discriminación residencial obstaculiza la búsqueda de trabajo y contribuye a afianzar la desocupación. Se topan con mayor desconfianza y reticencia entre los empleadores tan pronto como mencionan su domicilio" (^{Boy, Marcús y Perelman, 2013}, p. 18). Cuando se vive en una situación de intermitencia habitacional se torna aún más difícil sostener un trabajo a largo plazo o un tratamiento médico, lo mismo sucede con la posibilidad de sostener la escolarización de los/ as niños/as, quienes deben readaptarse permanentemente a estos nuevos entornos y también son objeto de diferentes estigmatizaciones.

Estos procesos también pueden advertirse al interior de las instituciones estatales que contribuyen en la construcción y en la reproducción de la estigmatización hacia estos sectores. En este sentido, podemos señalar cuestiones relacionadas con la forma de gestión del programa para dar cuenta de la manera en que participa de los procesos de estigmatización. Al respecto, ^{Lijterman (2015)} realiza un análisis acerca del encuentro que se da entre profesionales ejecutores de la política habitacional y los/as beneficiarios/as, en la instancia de inscripción y otorgamiento del programa, en la que se "acredita" la situación de pobreza y de emergencia habitacional. Como plantea la autora, la solicitud de asistencia pública da cuenta de una negación a la condición de autovalía que supone las formas legítimas en que cada persona debe desarrollar su vida. En cuanto tal, esto en muchos casos puede ocasionar la construcción de un estigma en torno a los sujetos "desacreditando a los mismos en su "integración" a la sociedad como individuos "normales" (^{Lijterman, 2015}, p. 248). Continuando con lo planteado por la autora podemos señalar que, en este "contacto mixto", los profesionales examinan la situación familiar y trayectoria de los sujetos en búsqueda de información que demuestre la necesidad de solicitar la asistencia estatal, dado que "no todos los pobres son legítimos, existen dependencias admitidas y otras desacreditadas. El merecimiento se desliza en esa línea y las definiciones del estigma, por ende, también" (^{Lijterman, 2015}, p. 249).

Asimismo, quienes quieren tener acceso al programa de subsidio habitacional entran, en muchos casos, en rutinas que no tienden a la búsqueda de una integración efectiva, sino que tienden a la generación de un sujeto pasivo que pasa días recorriendo ventanillas y esperando (^{Rosa, 2012b}, 2015a). De este modo, quedan atrapados dentro del circuito que ofrece este tipo de sistema de atención. ^{Battistesa y Matusevisius (2012)} señalan diferentes obstáculos dentro de dicho circuito. Por un lado, mencionan la dificultad para conseguir un turno dentro del Ministerio de Desarrollo Social de la ciudad, en medio de la urgencia que implica encontrarse en situación de calle. Igualmente, señalan la negativa por parte de diferentes efectores de realizar el informe social que se requiere para acreditar la situación de calle del beneficiario/a (ello genera a su vez, una sobrecarga para aquellas instituciones públicas que sí los realizan y, por lo tanto, una mayor demora para obtener turnos); como tercer componente, mencionan que la intervención que se propone desde el programa remite solamente a brindar una compensación económica y focalizada en el grupo familiar. Ello opera individualizando la problemática habitacional a quienes se acercan a solicitar el subsidio y, a la vez, invisibilizando los factores estructurales que inciden en el acceso a la vivienda dentro de la ciudad. De este modo, se torna una asistencia que realiza un "abordaje de los efectos visibles del problema a través de una intervención paliativa ante la emergencia y sobre un supuesto de transitoriedad del problema que encubre sus causas estructurales" (Batistessa y Matusevicius, 2012, p. 11). En tal sentido, lejos de promover una salida definitiva de su situación, actúa en la emergencia, cuando los derechos ya fueron vulnerados, y contribuye a continuar profundizando la situación de vulnerabilidad y desigualdad en la que se encuentran.

Todo este recorrido por las diferentes instituciones y sus lógicas, sumado a los diferentes maltratos y discriminaciones, va socavando poco a poco su subjetividad y contribuyendo a la consolidación de sujetos pasivos, que deben adaptarse a los tiempos burocráticos, llenar formularios, realizar largas filas, relatar su situación una y mil veces, etc. Aquella actitud pasiva y a disposición de la institución estatal y sus operarios se torna necesaria para poder constituirse en pobres merecedores/as de asistencia (^{Hopp y Lijterman, 2018}).

Reflexiones finales

Los/as habitantes de la calle son una población compuesta por diversidad de subgrupos que comparten tener poca visibilidad y aceptación social. Sus recorridos, experiencias y movimientos por la ciudad son prácticamente invisibles. Sin embargo, todos los días en la mayoría de los barrios de la ciudad hay miles de personas y familias que circulan de un lugar a otro intentando reproducir su vida y lograr un lugar de pertenencia.

Quienes habitan la calle generalmente han tenido la experiencia de habitar en un hotel-pensión. Ambas situaciones habitacionales pueden pensarse como una experiencia imbricada, ya que es usual que quienes residen dentro de hoteles-pensión han vivido en calle, y, probablemente, quienes habitan la calle han pasado alguna noche o un tiempo más prolongado en un hotel-pensión.

Los programas presentados poseen la característica de no concebir a los hoteles-pensión como hábitats precarios, sino que en realidad los colocan como una respuesta o "solución" a la emergencia que suscita encontrarse habitando en la calle. El subsidio habitacional actúa ante la emergencia, una vez que los derechos de las personas ya fueron vulnerados, dado que, para percibirlo, hay que encontrarse efectivamente en la calle. Esto se agrava con los tiempos de atención que tiene el Ministerio de Desarrollo Social; dada la cantidad de personas que se encuentran en esta situación, la disponibilidad de turnos no responde a la urgencia de la problemática. Por otro lado, una vez que cobran el subsidio, se han registrado demoras en el cobro, y esas demoras someten a las personas nuevamente a las amenazas de ser desalojadas. Por último, con el subsidio se logra el acceso a un lugar precario, donde las condiciones edilicias no son las indicadas para vivir de manera adecuada (presencia de humedad, malas instalaciones eléctricas, goteras, lugares compartidos con otros residentes como son baño y cocina, sin ventanas, habitaciones abiertas y sin puertas, hacinamiento, etc.), que a su vez genera un estigma a quienes residen allí. En tal sentido, el programa legitima una forma de habitar que expone a nuevas problemáticas como maltrato de los dueños, problemas de convivencia con los/as vecinos/as, problemas de salud, violencia, incertidumbre permanente, dificultad de acceso a un empleo por vivir en un hotel, etc. Como se puede observar, el proceso de otorgamiento del subsidio se encuentra atravesado por estigmatizaciones múltiples.

Asimismo, el "techo" no es lo único que necesita la población que habita en la calle. Una vez que ingresan a un hotel, si no tienen los recursos económicos para comprar alimentos y productos de aseo, continúan dependiendo del circuito red-social para los/as habitantes de la calle.

La imposibilidad de sostener el alquiler dentro del hotel-pensión los deja más vulnerables a las situaciones de desalojos informales que realizan los dueños o encargados. De esta manera, su cotidianeidad está atravesada por la incertidumbre y los cambios constantes de formas de habitar que van socavando las subjetividades. Esto los lleva a recrear su presente, readaptar sus vínculos, sus costumbres y sus recorridos de manera permanente. Su vida cotidiana se identifica con la falta de lo estable, lo duradero y lo "propio". Se constituye una realidad atravesada por el cambio y movimiento constante. Todo esto trae aparejados efectos concretos en sus percepciones sobre sí mismos y sus posibilidades futuras para poder encontrar una salida a esta situación.

Todo lo relatado previamente da cuenta de que el acceso a un subsidio habitacional no garantiza la solución a la problemática habitacional para los sectores más vulnerables de la ciudad. Es necesario pensar en una política pública para estos sectores que pueda considerar su situación desde una mirada amplia, integral, no estigmatizante y que posibilite trazar líneas de intervención multidimensionales. En tal sentido, se necesitan políticas que se basen en un real acompañamiento a las personas afectadas, que garanticen un control efectivo de las condiciones de habitabilidad de los hoteles-pensión, pero que también realicen acciones que contribuyan a garantizar el acceso a modo de vida seguro y estable para poder revertir todos los efectos de la intermitencia habitacional y su pasaje por los diferentes circuitos. El desafío es la generación de políticas que se anticipen, que pueden prever y prevenir las situaciones de vulnerabilidad extrema y abonen a garantizar el ejercicio pleno de los derechos.