La ciencia política como correlato de la democratización de la región

La construcción de la ciencia política como campo científico en la región es un proceso que sirve de correlato para la compleja historia de la democratización de América Latina, sin embargo, puede pasar inadvertida para quienes dedican su vida a esta emergente comunidad académica en la región. El estudio de la política como ciencia depende de la existencia de escenarios de pluralismo político (^{Freidenberg, 2017}, p. 18), pero en su camino de especialización puede terminar alejándose de la sociedad, por lo que el reto está en «conseguir una mayor imbricación del investigador en ciencia política en la sociedad» (p. 351).

La extensa obra editada por Flavia Freidenberg, recopilación del trabajo de 34 autores en 24 contribuciones, es una pieza fundamental tanto para la reconstrucción histórica como para la reflexión crítica sobre el presente de la ciencia política en la región, no solo por sus contenidos sino también por la pluralidad de aproximaciones metodológicas. El texto aborda el problema a partir de cuatro ejes temáticos: la enseñanza de la ciencia política, la investigación politológica sobre América Latina, las publicaciones y sobre la profesión y su grado de institucionalización.

La primera sección se centra en reconstruir a partir de estudios de caso (Argentina, Brasil, Chile, México, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Venezuela) y de trabajos comparados de Centroamérica (Costa Rica, El Salvador. Honduras, Guatemala y Nicaragua) la institucionalización de la ciencia política como área del saber en las universidades de trece países de América Latina. Es revelador observar cómo los productos académicos de la región tienen temáticas en común que resaltan la conexión de la producción académica regional con las preocupaciones de los tomadores de decisiones (^{Amorin y Santos, 2017}, p. 232; ^{Lardone y Liendo, 2017}, pp. 54-55), lo que permite pensar a este campo disciplinar no como una ciencia aislada de la realidad, sino en constante producción de insumos para el debate público.

Por otra parte, más que interdisciplinariedad, en la ciencia política lo que hay es un proceso de interconexión con subáreas de otras ciencias como parte del proceso de fragmentación y especialización en la producción del conocimiento (^{Lardone y Liendo, 2017}, p. 60). El reto, la falta de un trabajo comparativo más arduo, pues, como resalta Cecilia ^{Rocha (2017}, p. 266), los estudios de caso sobre el propio país resultan los más publicados en las principales revistas de ciencia política en Argentina, Brasil y México.

Un aspecto que llama la atención son las diferencias en la inclusión del saber de la política como un asunto de la política educativa pública superior o de la primacía dentro del campo privado: por un lado, las diferencias entre países de los proyectos educativos de las universidades públicas y de las políticas de ciencia y tecnología en relación con las ciencias sociales,¹ y del papel de lo privado en la innovación académica; por otra parte, permite debatir sobre la probabilidad de acceso a formación en ciencia política, bien sea por la existencia de centros educativos públicos, los que en teoría garantizan el acceso a formación de grupos externos a las élites (Baralt, 2017, p. 122), como por la concentración o distribución territorial de programas de formación en el área (^{Bulcourf y Cardozo, 2017}, p. 550).

Los textos de esta sección también revisan las mallas curriculares y los diferentes énfasis de la formación, los que dependen tanto de las distintas aproximaciones a la empleabilidad del egresado en el sector público, sector privado, la investigación, así como del grado de autonomía o institucionalización de la ciencia política frente a otras áreas de formación como las humanidades, la sociología o el derecho.

Un punto para resaltar es la influencia exterior sobre la región y sus efectos para la formación de las carreras, por ejemplo, el caso de la academia de EE. UU. y sus escuelas de estudios mexicanos como catalizadores del desarrollo de la ciencia política de México (^{Gutiérrez y Valverde, 2017}, p. 151). Otros ejemplos son las instituciones regionales como la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) (^{Sánchez y Bernal, 2017}, p. 219) y las entidades de cooperación internacional destinadas al fortalecimiento de la democracia y de los partidos políticos (^{Vargas y González, 2017}, p. 189).

La sección finaliza con un debate sin cierre que atraviesa a los programas de ciencia política en la región: la existencia de mesas separadas entre la formación cualitativa, blanda, frente a una formación cuantitativa, dura; o mejor, entre la tradición empirista anglosajona y una discusión politológica que no marca distancia con la filosofía u otras humanidades, de la cual se desprende una disputa sobre la importancia de dar primacía a la validez metodológica o la relevancia social, ante lo cual se ofrece como posible sutura reconocer que «la relevancia social está dada por la significación de nuestras preguntas, mientras que la rigurosidad metodológica atañe calidad a las respuestas» (^{Pérez-Liñán, 2017}, p. 313). Esta discusión conecta con la segunda sección del texto, dedicada a revisar la experiencia de los estudios sobre Latinoamérica en las academias de EE. UU., España, Francia, Alemania, Noruega y República Checa.

Aníbal ^{Pérez Liñán (2017}, p. 290) hace una revisión crítica a las consecuencias para la investigación en ciencia política de la alta institucionalización del campo académico norteamericano: la primacía de estudios explicativos sobre los descriptivos, la mayor sofisticación de los métodos estadísticos por sobre la creatividad en investigación y la micropolítica por sobre la crítica y la contribución pública. Advierte el autor que en un entorno de baja institucionalización el papel del politólogo termina por priorizar el ser intelectual público, con alta visibilidad mediática, pero con baja producción para contribuir de manera efectiva al debate público (p. 293).

En el caso de los estudios sobre américa latina en EE. UU. y Europa se enfrentan dos tipos de retos: por un lado, la falta de espacios de difusión de la producción debido a la alta institucionalización y a la demanda por generalización por parte de las áreas de divulgación -revistas indexadas con impacto académico-, lo cual escapa a la débil consolidación de datos sobre fenómenos políticos de la región; y por el otro, la falta de apertura de la academia a la formalización profesional e institucional de la investigación y enseñanza sobre problemas políticos de América Latina, en autonomía de los estudios culturales, históricos o económicos sobre la región.

Sugerente resulta la aproximación amplia a la inserción de los estudios latinoamericanistas en distintas regiones de Europa, por ejemplo, los países nórdicos -vía Noruega-, cuya distancia sociocultural no ha impedido la identificación de temas en común -manejo de recursos naturales y políticas étnicas-, o el bloque de Europa Oriental -vía República Checa-, con el que se comparte el proceso de democratización. Invitación a la reflexión sobre el impacto de los estudios de América Latina en otros países de estas áreas, así como a nuevos jugadores internacionales -es decir, China-, cuyo peso en la academia y la política internacional está cambiando rápidamente.

La tercera sección, dedicada al análisis de la producción regional, entrega un dictamen interesante sobre la preponderancia de los estudios de caso por sobre otro tipo de artículos, al encontrar que 64% de los publicados en la región corresponde a estudios de este tipo, frente a 21% de comparados, 13% teóricos y 2% metodológicos (^{Chasquetti, 2017}, p. 500), siendo la producción comparada impulsada por coautorías o trabajos provenientes de EE. UU. o Europa (p. 503). El otro artículo de la sección deja entrever algunos problemas metodológicos, en especial, la validez del intento de comparar la producción internacional en ciencia política con la producción colombiana, debido tanto a la poca similitud entre los datos externos y nacionales, como a la compleja especialización que el campo politológico internacional tiene.

La última sección, correspondiente a la institucionalización, presenta discusiones significativas sobre cómo abordar el desarrollo del quehacer científico politológico. Pablo ^{Bulcourf y Nelson Cardozo (2017}, p. 517) hacen una aproximación cualitativa al estudiar el campo en términos de programas académicos de pregrado y posgrado, redes de académicos, revistas especializadas, productos con impacto intermedio o global, y actores de relevancia en el quehacer científico. David Altman, en cambio, propone como método de valoración de los programas la producción científica e impacto de su planta docente.

Víctor Alarcón propone una revisión crítica a los estándares mexicanos de evaluación de las carreras académicas en ciencia política y administración pública dentro de la institucionalidad público-privada de acreditación científica. Andrés Malamud y Flavia Freidenberg realizan un significativo estudio sobre la diáspora politológica argentina y uruguaya, y las trayectorias y las causales de este patrón de migración, el cual, reconociendo sus limitaciones de selección de unidades de análisis, contribuye al debate sobre las políticas de educación superior en ciencias sociales.

Entre las reflexiones que el lector puede extraer del texto está la definición de complejos problemas de investigación desde la sociología del conocimiento o la historia disciplinar, como la identificación de líneas para valorar la consolidación de un saber, no solo en el ámbito de las instituciones educativas o en la interacción con los tomadores de decisiones, sino también con la sociedad, por ejemplo, la importancia de la visibilidad en medios de los expertos en ciencia política (^{Amorin y Santos, 2017}, p. 244; ^{Rocha, 2017}, p. 262). Otra arista de investigación en la que algunos trabajos del libro ofrecen datos, pero que podría contribuir al punto señalado, es la vinculación de egresados de ciencia política en los altos cargos de las ramas del poder público (^{Rocha, 2017}, p. 262).

Entre los puntos de deuda del libro está un mayor acercamiento a la reflexión sobre el Caribe en el área de la ciencia política, más aún cuando la institución que acoge el espacio de reflexión está asentada en República Dominicana. Hubiera sido enriquecedora la reflexión sobre el quehacer politológico en una zona con una compleja relación con EE. UU. como Puerto Rico o la evolución del saber politológico en no democracias como Cuba o en países con una débil consolidación estatal como Haití.

Para finalizar esta reseña, no queda más que dejar las reflexiones que Martín ^{Tanaka (2017}, p. 679) propone en el último capítulo, las cuales deberían hacer parte de toda clase de Introducción a la Ciencia Política de América Latina, la sutura de la brecha entre los estudios políticos críticos y la ciencia política empírica al rescatar, por un lado, el valor de la producción sobre el poder y la política previa a la institucionalización de la profesión; y por el otro, el valor del reconocimiento de lo particular como vía para ofrecer a la sociedad productos académicos que respondan a las necesidades de la ciudadanía, lo cual no debe servir de excusa para demeritar el rigor científico, pues «de lo que se trata es de evitar los vicios de una profesionalización que lleve a una sofisticación social y políticamente irrelevante y de una politización o compromiso público, pero que produzca trabajos especulativos y sin rigor».