Tipología exploratoria de asesinatos políticos

Existen distintas clasificaciones y tipologías sobre violencia política en ciencias sociales (^{Braud 2006}; ^{Della Porta 2013}; ^{González 2002}; ^{Gurr 1974}; ^{Kalyvas 2006}; ^{Malesevic 2017}; ^{Mann 2009}; ^{Tilly 2007}; ^{Wood 2019}). Pese a la abundancia de definiciones y criterios para estudiarla, en este trabajo seguiremos a Kalyvas (2006), en el sentido de que la violencia política se ejerce a grandes rasgos por dos motivos: para aniquilar o para reprimir. Independientemente de los matices que haya entre ambos ejercicios de violencia, las diversas formas en que puedan manifestarse y lo relacionados que estén, para efectos prácticos de este artículo sirven como categorías diferenciadoras. En ese orden de ideas, se puede definir el asesinato político como el ejercicio de violencia letal en contra de un actor debido a su ideología, filiación partidista, opinión contraria al régimen o intereses contrapuestos a los de las élites de poder nacionales o locales, con el propósito de aniquilarlo total o parcialmente, o reprimir/intimidar al colectivo que le sobrevive. El asesinato político masivo de un grupo es llamado en las ciencias sociales genocidio político o politicidio.

Desde el derecho y las ciencias sociales se han diseñado conceptos para describir los asesinatos en masa. Tras la Segunda Guerra Mundial, en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, se acuñó el concepto de genocidio descrito originalmente por el jurista polaco Raphael Lemkin para referirse a cualquier conjunto de actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Por presiones de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y China, en ese momento se excluyeron de la definición de genocidio las categorías de grupo político y clase social (^{De Swaan 2016}). Esta misma definición de la convención sería retomada posteriormente por el Estatuto de Roma en 1998.

En vista de la limitación jurídica inicial del concepto, autores como ^{Harff y Gurr (1988, 1989)} acuñaron la categoría de politicidio para referirse en específico a los asesinatos en masa producidos en contra de grupos por su filiación partidista, ideología y facción política. Otros como ^{Jaulin (1970)} y ^{Mann (2009)} elaboraron los conceptos de etnocidio y clasicidio respectivamente para referirse a asesinatos masivos justificados en características étnico-culturales y de clase social. Mientras autores como ^{Rummel (1994)}, ^{Goldhagen (2010)} y ^{De Swaan (2016)} acuñaron conceptos más amplios como democidio, eliminacionismo y exterminios masivos, respectivamente, los cuales subsumen a las categorías más específicas de genocidio, politicidio, etnocidio, clasicidio o cualquier tipo de asesinato en masa.

Estos autores han contribuido a enriquecer enormemente el campo de los genocide studies, como bien señalan ^{Jones (2011)}, ^{Marco (2012)} y ^{Feierstein (2016)}. Pese a lo anterior, la mayor parte de ellos caen en lo que en este artículo se denomina sesgo de cantidad. Esta situación se refiere al hecho de que para estos autores los democidios, genocidios, politicidios o cualquier tipo de exterminio es susceptible de análisis solo si es masivo. Un ejemplo de lo anterior queda resumido en el siguiente fragmento de De Swaan:

exterminio masivo se refiere a una escala muy amplia, que abarca desde los miles hasta los millones de víctimas […] ¿Qué tan grande es la gran escala de un asesinato masivo? Un solo muerto ya son demasiados. Pero nuestro tema de estudio es el asesinato de muchos de miles, cientos de miles o incluso de millones de seres humanos. (2016, 142)

Aunque algunos otros como Goldhagen parecieran advertir el sesgo, siguen fijando estándares “masivos”:

No deberíamos restringir nuestro estudio solo a los mayores asesinatos en masa de nuestro tiempo, a los que suman millones de víctimas y algunos de los que suman cientos de miles […] El asesinato masivo puede definirse como el asesinato de más de algunos cientos de personas, pongamos de más de mil. (2010, 44)

Ejemplos de politicidios serían entonces los más de 10 millones de opositores asesinados tanto en la China comunista como en la URSS estalinista durante el siglo XX, o los 2 millones en Camboya durante el régimen de los Jemeres Rojos (^{Rummel 1994}). Para cifras menores, pero también altas, están los 30.000 opositores al régimen asesinados o desaparecidos durante la dictadura militar en Argentina (^{Feierstein 2016}).

Pero no en todos los casos los politicidios son masivos y no implican campos de concentración, centros de detención clandestinos o marchas de la muerte. Los que cumplen este tipo de características podríamos denominarlos como politicidios de alta intensidad. En esta categoría entrarían las anteriormente señaladas purgas soviéticas, chinas o camboyanas en contra de opositores políticos, como ejemplos desde la extrema izquierda; los exterminios de opositores durante las dictaduras del Cono Sur -Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil- serían ejemplos desde la extrema derecha. Pero existen otros politicidios que son más selectivos, locales y en los cuales el Estado cede parcialmente su rol protagónico. Corresponden a lo que en este artículo hemos denominado politicidios de baja intensidad. No ocurren en campos de concentración ni son ejecutados directamente por el Estado. Pero es precisamente esa “aparente” omisión del régimen lo que puede generar incentivos para que ciertas élites y ejércitos privados locales ejerzan violencia letal y sistemática en contra de opositores.

Si combinamos los criterios de intencionalidad señalados por ^{Kalyvas (2006)} con respecto al ejercicio de la violencia política (reprimir y/o aniquilar) con el patrón⁵ con que se realizan los asesinatos políticos (individuales y/o grupales), es posible construir una tipología exploratoria que resume algunos de los tipos de asesinatos políticos que se pueden presentar.

En la casilla de la esquina superior izquierda de la tabla 1 encontramos situaciones en las que el Estado, sus agentes, élites locales o actores armados realizan asesinatos selectivos individuales y en algunos casos magnicidios en contra de un grupo, con el objetivo de intimidar a los sobrevivientes, doblegar su voluntad o mandar un mensaje. En esta categoría podrían entrar los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia. Este tipo de violencia letal es llamada por ^{Ávila (2020)}asesinatos ejemplarizantes o violencia selectiva ejemplarizante.

En la casilla inferior izquierda se presentan situaciones en las que el Estado, sus agentes, élites locales o actores armados realizan asesinatos grupales con el objetivo de intimidar a los sobrevivientes, doblegar su voluntad o mandar un mensaje. Un ataque terrorista que cause muertes o una masacre perpetrada por grupos armados en contra de combatientes que depongan las armas o civiles indefensos son ejemplos de este tipo de violencia letal. Es lo que María Teresa ^{Uribe y Teófilo Vásquez (1995)} llamaron masacres políticamente orientadas.

Por su parte, en la casilla inferior derecha están los politicidios de alta intensidad, los cuales implican una amplia combinación de repertorios de violencia que abarcan asesinatos selectivos, magnicidios, masacres, campos de concentración, unidades móviles de exterminio, reasentamientos forzados, deportaciones masivas, marchas de la muerte, hambrunas intencionadas y demás instituciones eliminacionistas (^{Goldhagen 2010}). Son perpetrados por el Estado en su mayor parte, aunque pueden contar con el apoyo entusiasta de amplios sectores sociales.

Politicidios de baja intensidad: violencia selectiva individual, accionar paramilitar y alcance subnacional

Los politicidios de baja intensidad se diferencian de los de alta intensidad por el tipo de violencia ejercida, los perpetradores principales y su alcance territorial. Los politicidios de baja intensidad son ejecutados en su mayor parte a través de violencia selectiva individual. Este tipo de violencia conlleva el establecimiento personalizado del blanco, mientras que otros tipos violencia, como la indiscriminada, suponen un establecimiento colectivo o inespecífico del objetivo. Pese a la extendida percepción, en algunos casos la violencia selectiva puede a menudo acabar siendo masiva en cuanto a su escala; por ejemplo, se estima que el Vietcong asesinó de forma selectiva a 50.000 personas en una década y media (^{Kalyvas 2006, 207}). Las víctimas de violencia selectiva son personales. Tienen nombre y apellido. Son seleccionadas por sus supuestos vínculos con los adversarios en conflicto. Caen en categorías como enemigos, colaboradores, traidores o soplones (^{Schedler 2015}, 60).

Con respecto al actor responsable del politicidio, algunos de los autores suponen que la responsabilidad directa recae principalmente en el Estado o en agentes ligados a este (^{Harff y Gurr 1989}; ^{Rummel 1994}). Esta descripción es precisa para los politicidios de alta intensidad, mas no necesariamente para los de baja intensidad. En estos últimos, el Estado peca más por omisión que por acción. Más que responsables directos, sus agentes pueden tolerar, promover, facilitar o instigar el exterminio, aportando información a los perpetradores, no investigando los hechos judicialmente o reduciendo la exposición penal de los responsables. Al respecto señala De Swaan:

A veces tropas rebeldes, milicias o incluso bandas criminales son las responsables de ejecutar los asesinatos, de manera que no es visible el rol del Estado. Pero, incluso en esas instancias, los exterminios masivos son el resultado de la incitación directa por parte de los políticos locales y de los líderes de pandillas. La violencia ocurre, usualmente, con el consentimiento tácito y el apoyo encubierto de los agentes del gobierno en ejercicio. (2016, 140)

Es necesario aclarar que, incluso en los exterminios de mayor escala, el Estado no es necesariamente el único actor aniquilador. ^{Gerlach (2015)} manifiesta que el enfoque de los estudios sobre genocidios centrados únicamente en el Estado como perpetrador es muy limitado, pues capta solo algunas de las causas y desarrollos relevantes respecto a la violencia en masa. Como complemento, ^{Pinker (2012, 447)} señala que en ocasiones las definiciones de Estado o Gobierno utilizadas por algunos autores -como Rummel- para identificar a los perpetradores de exterminios masivos son imprecisas, pues pueden abarcar también milicias, paramilitares o señores de la guerra, lo que podría interpretarse como una señal de un Estado débil que no posee el monopolio de la violencia legítima en la mayor parte de su territorio, más que como una señal de un Estado fuertemente genocida. De la misma forma, ^{Mann (2009, 19)} sostiene que, en el caso de lo etnocidios, los responsables no son solo las élites del Estado, sino, además, grupos de militantes que se convierten en paramilitares entusiastas y cierto tipo de electorados violentos.

La participación de grupos paramilitares está ampliamente documentada en genocidios y exterminios alrededor del mundo (^{Gerlach 2015}; ^{Goldhagen 2010}; ^{Mann 2009}). Un ejemplo de lo anterior son las fuerzas paramilitares turcas de las Teskilat-I Mahsusa durante el genocidio armenio de inicios de siglo XX, los paramilitares hutus interahamwe en Ruanda, las Águilas Blancas y los Tigres de Arkan en las guerras de los Balcanes de los noventa, los escuadrones de la muerte durante las dictaduras del Cono Sur o los grupos paramilitares integrados por pakistaníes o indios, como los asociados al Rastriya Swayamsevak Sangh (RSS) (Asociación de Voluntarios Nacionales) en las distintas campañas de exterminios recíprocos que se desarrollaron durante la partición de India y Pakistán.

Muchas veces estos paramilitares no solo reciben apoyo público o encubierto de agentes del Estado, sino también de élites locales. En el caso colombiano, en muchas partes del territorio nacional han existido lo que ^{Gutiérrez Sanín (2014)} llama élites vulnerables o lo que ^{Carroll (2015)} denomina élites patrocinadoras de la represión a nivel local. Desde el punto de vista económico, estas élites, por la naturaleza de su riqueza y el espacio que ocupa su actividad socioeconómica (p. ej., ganadería extensiva, monocultivos, etcétera), sienten amenazados sus derechos básicos -a la vida y a la propiedad- por la insurgencia o por movimientos sociales contrarios a sus intereses, de modo que tienen incentivos para promover respuestas violentas, organizadas, estables, legales o ilegales (Gutiérrez Sanín 2014). Desde el punto de vista político, estas élites locales también pueden sentirse amenazadas por el triunfo, o eventual triunfo, de electorados de izquierda en ciertos territorios, lo que les genera incentivos para organizar represión en contra de este tipo de partidos o movimientos. Por lo general, estas élites patrocinadoras de la represión tienen intereses tanto económicos como políticos a nivel regional o local, y solo pueden adquirir eventualmente poder político a nivel nacional de una base electoral regional; por tanto, la pérdida del control político en lo local es grave para ellos, de ahí su promoción de formas legales o ilegales de represión y exterminio (Carroll 2015). Estos incentivos perversos pueden contribuir a que élites locales, agentes del Estado, grupos paramilitares y otros actores terminen conformando bloques perpetradores (^{Gómez-Suarez 2008}) o coaliciones violentas (^{Gerlach 2015}), e identifiquen a ciertas poblaciones (desmovilizados, militantes de izquierda, líderes campesinos, etcétera) como blancos militares colectivos susceptibles de campañas de limpieza política (^{Steele 2019}).⁶

Por último, en lo que relativo al alcance, los politicidios de baja intensidad suelen tener repercusión más local o regional. Este es otro tema que se ha descuidado en los estudios clásicos sobre genocidios, politicidios o exterminios, lo que hace que no solamente se pueda caer en un sesgo de cantidad, sino también en un sesgo nacional. Por tal motivo, adoptamos la perspectiva metodológica de ^{Gibson (2007)}, ^{Snyder (2009)} y ^{Giraudi, Snyder y Moncada (2020)}, en el sentido de aprovechar las ventajas que tiene reducir la escala a nivel subnacional a la hora de estudiar ciertos fenómenos políticos. En lo que respecta al estudio de los genocidios, politicidios y exterminios, ^{Feierstein (2019)} hace la misma invitación en lo concerniente a reducir el foco y analizar lo que él denomina prácticas sociales genocidas en una escala subnacional. Lo anterior evita centrarse solamente en las instituciones y procesos genocidas nacionales y permite aproximarse a la compresión de exterminios más territorializados, que pueden ser el producto de factores o conflictos a nivel internacional o nacional (ideológicos, políticos, económicos, culturales, etcétera) que interactúan de manera compleja y dinámica con factores más regionales y locales, e influyen en los actores en los territorios.

Las élites locales

La apertura democrática promovida por la Constitución de 1991 y el acuerdo de paz suscrito entre el PRT y el Gobierno generaron lo que algunos autores denominan una coyuntura crítica (^{Acemoglu y Robinson 2012}) o una estructura de oportunidad (^{McAdam, McCarthy y Zald 1999}; ^{Tilly 2007}) en la que muchos de los líderes del PRT empezaron a participar en política electoral, y en instancias de toma de decisión nacionales, regionales y locales. Pero esto mismo fue interpretado por las élites locales y regionales en los Montes de María como una amenaza a su poder político y económico, motivo por el cual, según los exintegrantes del PRT, algunas élites políticas (antiguos clanes y nuevas figuras emergentes) y económicas (terratenientes, ganaderos, narcos en ascenso) hicieron alianzas con integrantes de la fuerza pública y grupos paramilitares, y conformaron lo que ^{Gómez-Suarez (2013)} denomina coaliciones violentas regionales, con el propósito de perseguir, amenazar y exterminar a los firmantes del acuerdo del PRT, así como a antiguos militantes y su base social, dentro de quienes había no solo antiguos miembros del PRT, sino líderes de la ANUC, sindicales, comunales y defensores de DD. HH.

Con respecto a la participación de élites locales en el exterminio del PRT, uno de los desmovilizados relató lo que en una audiencia de versión libre de los Tribunales de Justicia y Paz contó el exparamilitar Juan Manuel Borré Barreto, alias “Javier”, exintegrante del bloque Córdoba:

yo recuerdo que Juan Manuel Borré Barreto, alias “Javier”, dice: “Nosotros nos reunimos en la finca de [un] exalcalde de San Juan”. La finca se llama, ¿cómo se llama?, queda a la salida de San Juan para San Jacinto; a la izquierda está esa finca, una finca muy bonita… Dijo: “En la reunión […] estuvieron siete concejales de San Juan… en la finca […] donde se planeó todo… eran como las once a. m. de noviembre 2 de 1996”. (Entrevista 1, 2020)

En su declaración, el exparamilitar menciona los nombres de dos exalcaldes de San Juan Nepomuceno, quienes pertenecen a las élites políticas tradicionales del municipio. Uno de ellos fue investigado por participar junto con paramilitares en el asesinato del alcalde de San Jacinto (Bolívar), Carlos Quiroz Tidjet, en 1997. Aunque los paramilitares que confesaron la participación en este asesinato fueron hallados culpables, el exmandatario fue absuelto.⁷

Con respecto al otro exalcalde señalado, la Fiscalía General solicitó investigarlo, y a dos integrantes de su familia, por su presunta participación junto con paramilitares en la desaparición del exintegrante del PRT José Joaquín Contreras Morales en 1996 en San Juan Nepomuceno.⁸ Alias “Javier” señaló además que en la finca de este exalcalde funcionaba un campamento paramilitar (“Dos paramilitares” 2008; “‘Javier’ confesó” 2008).

Para los exintegrantes del PRT, su trabajo de base con organizaciones campesinas, obreras y estudiantiles en la zona les permitió construir un liderazgo y un capital político tan amplio y fuerte que representaba una amenaza electoral para las élites locales:

Fue algo planeado por un sector de las clases dominantes, de pronto no toda […] con una finalidad la cual era debilitar políticamente a la organización porque ellos temían, porque la inserción de la organización dentro de la comunidad era fuerte. Yo digo que si nos hubiesen percibido débiles no hubiesen hecho eso, pero como éramos fuertes, como el PRT estaba enraizado en muchas organizaciones campesinas, comunales, sindicales, sectores de mujeres, sobre todo ahí en los Montes de María, éramos un peligro desde el punto de vista de la estabilidad del régimen político existente. Nos veían como un riesgo, como un peligro, que nosotros llegáramos, que nos proyectáramos, como empezó a proyectarse el PRT, y, digámoslo así, diera al traste con los clanes políticos, los partidos y los sectores que siempre habían estado dominantes por allí. (Entrevista 7, 2021)

El exterminio del PRT se desarrolló en un contexto más amplio, al que algunos autores como Andrei ^{Gómez-Suarez denominan una coyuntura geopolítica genocida (2013)} . Esta coyuntura, que va desde finales de los setenta hasta la primera década del presente siglo y en la que se desarrollaron otros politicidios, como los de la UP, se caracterizó por la permanencia -pese al fin de la Guerra Fría- de la doctrina de la seguridad nacional y la lógica del enemigo interno en buena parte de la fuerza pública, élites civiles y empresariales. Esto permitió el desarrollo de lo que han llamado algunos una mentalidad genocida (^{De Swaan 2016}; Gómez-Suarez 2008). Adicional a lo anterior, en los Montes de María el desarrollo de esta mentalidad genocida también estuvo ligado a factores más locales relacionados con las luchas históricas por la redistribución de la tierra (^{Mercado Vega 2016}, 2020; Therán 2016). En este sentido, uno de los exintegrantes del PRT manifestó:

Lo que tenemos son unas élites locales que fueron afectadas estructuralmente por el ascenso del movimiento campesino desde la década del setenta, y que al ascenso del movimiento campesino, las tomas de tierras, la búsqueda de transformaciones estructurales por parte de las fuerzas campesinas como la ANUC, a eso se le agregó un desarrollo político de organizaciones que tenían el componente armado […] Estos como factores objetivos fueron generando una mentalidad de exterminio, de venganza, de acabar con el problema, en sectores de la élite ganadera, de la élite política local […] del exterminio a todo lo que les fuese adverso. (Entrevista 5, 2021)

Complementando la anterior apreciación, otro de los desmovilizados del PRT expresó:

de 1991 al 1994 yo lo llamo “la primavera democrática” de nuestro proceso. Hicimos los foros de democracia y paz en los Montes de María, donde cogió mucha fuerza la Asociación de Municipios de los Montes de María, que fue una experiencia pionera en tratar de articular distintos municipios de distintos departamentos. Logramos hacer unos foros bastantes masivos, y entonces se empieza a configurar esa alternativa política con un respaldo social importante… Entonces los sectores en ascenso -como los del Gordo García- y los más tradicionales ven que ese movimiento social y político creciente representa un peligro para su control político y económico del departamento. (Entrevista 6, 2021)

En los departamentos de Atlántico, Bolívar y Sucre los exintegrantes del PRT consiguieron importantes resultados en las elecciones municipales de 1992 y 1994. Raúl Tovar Barreto fue elegido alcalde de Chalán (Sucre) y resultó ser el único candidato de la Alianza Democrática M-19 (ADM-19)⁹ que tuvo éxito en las elecciones de alcaldes de marzo de 1992. En las mismas elecciones otros cuatro exintegrantes del PRT entraron a tres concejos municipales de los departamentos de Atlántico y Sucre como candidatos de la ADM-19; uno de ellos fue Reinaldo Rivas. Dos años más tarde, otros siete exintegrantes del PRT ganaron escaños en diversos concejos municipales de la región, cuatro de ellos en el ámbito de la Circunscripción Territorial Especial de Paz, la cual se aplicó para la elección de un concejal adicional en determinados municipios reconocidos por haber contado con una presencia histórica de los grupos desmovilizados resaltados en el Decreto 1388 del 1994 (ver Tabla 2, Tabla 3) (^{Rampf, Castillo y Llano 2014}).

Al entrevistar a un exjefe paramilitar, comandante de uno de los frentes que integraban el bloque Héroes de los Montes de María (BHMM) de las AUC, que se convirtió en la estructura paramilitar más fuerte en la zona, este nos señaló con respecto al caso del PRT:

Las élites políticas nos buscaban cuando era época de campañas… Si íbamos por x partido y el otro partido no entraba en la coalición, eran asesinados. Pero a los políticos no les interesaban tanto si eran exguerrilleros o no, lo que les interesaba era que la gente votara por ellos; si votan por otro ya son enemigos. Mientras que a la fuerza pública lo que les interesaba era no dejar crecer a la guerrilla, al político lo que le interesaba era no perder votos. Nosotros vigilábamos los votos de los políticos. Cuando algunos no querían votar o apoyar a esos políticos, los mismos políticos nos llevaban la información y entonces ese sí era asesinado, eso no era mentira […] Los mismos políticos a través de la fuerza pública eran los que le hacían llegar las listas a uno […] por miedo al socialismo, por miedo a la ANUC, por miedo a la UP, por miedo al Eme¹⁰[…] por eso eran asesinados. (Entrevista 8, 2021)

Este tipo de alianzas de élites locales con grupos paramilitares, con el propósito de realizar clientelismo armado, constreñimiento al elector y/o eliminar opositores políticos, ha sido corroborado judicialmente en otros casos de parapolítica en los Montes de María, como en los de los exsenadores José María Conde Romero, Muriel Benitoreboyo, Álvaro García Romero y el exgobernador Salvador Arana (^{Mercado Vega 2018, 2019}).

Así como la reunión en la finca de Las Canarias en Sucre en 1997 fue uno de los momentos fundacionales claves del paramilitarismo en el Caribe, puesto que élites regionales, fuerza pública y grupos paramilitares se pusieron de acuerdo para unificar y consolidar una macroestructura paramilitar que tuviese influencia en la zona de los Montes de María y sus áreas cercanas, estructura que a la postre se convertiría en el BHMM,¹¹ la reunión en la finca del exalcalde de San Juan Nepomuceno en 1996 parece ser uno de los momentos fundacionales en el plan de exterminio de los desmovilizados del PRT en los Montes de María. En ella, al parecer, al igual que en el caso de la finca Las Canarias, también participaron élites locales, fuerza pública y grupos paramilitares.

Los agentes del Estado

Una característica de los politicidios de baja intensidad es el papel particular que desempeñan el Estado y sus agentes. Como se señaló, en los politicidios de alta intensidad el papel del Estado es protagónico y la mayoría de las veces público, y son principalmente sus agentes (centrales de inteligencia, ejército, armada, policía, etcétera) quienes planean y ejecutan el exterminio. Esto no desconoce que otros actores, como grupos paramilitares y élites locales, puedan tener un rol clave. Por su parte, en los politicidios de baja intensidad el Estado cede su rol protagónico a otros actores.¹²

Para ilustrar el rol de agentes del Estado en la ejecución del politicidio del PRT, podemos tomar la siguiente declaración del exparamilitar alias “Javier”, rendida el 29 de mayo de 2008 sobre sus inicios en el paramilitarismo:

Allá se aparece el comandante del B2, el capitán Estupiñán, y me dice que me puede llevar con una gente que puede hacer lo que ellos no pueden hacer: “exterminar la plaga del país, la subversión”, y me presenta con Mancuso, y desde ese momento quedo vinculado”. (“‘Javier’ confesó” 2008)

La participación del capitán Estupiñán es corroborada en otro documento por alias “Javier”, al narrar los hechos relacionados con el atentado y posterior asesinato del exintegrante del PRT Héctor Rivas, quien fungía al momento de su muerte como presidente de la junta directiva de la Empresa Solidaria de Salud Mutual Montes de María: “La lista [de los desmovilizados del PRT] la suministra el capitán Estupiñán, quien era el comandante del B2¹³ de la Infantería de Marina del Bafim¹⁴ de Malagana #3”.¹⁵ Por este y otros hechos la Fiscalía General de la Nación ordenó investigar al capitán Estupiñán por su presunta participación junto con paramilitares en los asesinatos de los exintegrantes del PRT Antonio Ferradanes y Humberto Castillo en 1996 y 1997 en San Juan Nepomuceno, respectivamente.¹⁶

En lo que se refiere a los vínculos de la fuerza pública con los grupos paramilitares en los Montes de María, en varias investigaciones se ha hecho referencia a la figura del entonces coronel y hoy general retirado Rodrigo Alfonso Quiñones Cárdenas. Con respecto al caso del PRT, uno de sus exintegrantes expresó:

en esa reunión,¹⁷ esa que fue donde se planeó, se dijo que el PRT era el culpable, a través de la Asociación de Municipios de Montes de María y la Asociación de Usuarios Campesinos (ANUC), del desorden público que había en los Montes de María; que ellos tenían plena claridad; que son los del PRT los que tienen convulsionada la región. Y eso fue corroborado: ese militar de Malagana que participó en esa reunión fue el mismo que participó allá en El Carmen de Bolívar en un consejo de seguridad en el que yo estuve, siendo yo secretario en El Carmen de Bolívar y yo estaba también ahí en esa reunión… era él, Rodrigo Quiñones, que era de la Infantería de Marina. (Entrevista 1, 2020)

Rodrigo Quiñones ha sido mencionado por paramilitares como Juan Vicente Gamboa, alias “Pantera”, y Salvatore Mancuso como integrante del grupo de oficiales de la fuerza pública que participó en la planeación de la masacre de El Salado (Corporación Opción Legal et al. 2020). Con relación a su actuación en esta masacre y en la de Chengue, fue investigado por la Procuraduría General de la Nación y fue destituido por su equivocado manejo de la tropa en dicha masacre. El general Quiñones fue, durante el tiempo en que ocurrieron las masacres de la Operación Rastrillo por parte de los paramilitares en los Montes de María (2000-2001), el comandante de la Primera Brigada de la Infantería de Marina, máximo oficial al mando de la tropa en la zona (Corporación Opción Legal et al. 2020).

Otro de los militares señalados de apoyar a los grupos paramilitares en el exterminio del PRT y que estuvo en la reunión realizada en la finca del exalcalde de San Juan fue el capitán de Infantería de Marina Martínez Briña (entrevista 1, 2020). La Fiscalía General también ordenó investigar a este capitán, quien fuera comandante del B2 de la Infantería de Marina en Malagana con incidencia en los Montes de María, por su participación en los asesinatos de Antonio Ferradanes, Humberto Castillo y el también exintegrante del PRT José Joaquín Contreras Morales.¹⁸

En una audiencia pública de los Tribunales de Justicia y Paz, alias “Javier” fue mucho más preciso y afirmó que, en las alianzas con estos agentes del Estado, uno de los propósitos explícitos en la zona de los Montes de María era exterminar a los desmovilizados del PRT:

Me echan pa San Onofre, después para Sincelejo y después para los Montes de María, porque yo conocía la zona. Ahí se habían reinsertado la gente del PRT. La misión era exterminar a los desmovilizados… La lista [de desmovilizados] nos la suministró el Batallón [de Malagana] y la Policía. Matamos a unos 30, entre esos a un tío mío que era ganadero, pero que en esos días le entregó una remesa al frente 37 de las FARC. (“Ex ‘paras’ destapan vínculos” 2008; “‘Javier’ confesó” 2008)

La información suministrada por agentes del Estado a los grupos paramilitares, a través de las mencionadas listas descritas por alias “Javier”, permitió realizar el politicidio de baja intensidad en contra del PRT en la zona. Aunque la Guerra Fría finalizó a inicios de los noventa, el discurso del enemigo interno seguía presente en las prácticas de buena parte de la fuerza pública. Al respecto, la frase que el capitán Estupiñán le dice a alias “Javier” es diciente: “exterminar la plaga del país, la subversión”.

Los grupos paramilitares

La debilidad del Estado colombiano y la persistencia del conflicto armado incentivaron a las élites políticas para permitir/tolerar la privatización, delegación u outsourcing de la violencia estatal (^{Vásquez y Barrera 2016}). Desde la década de los sesenta se crearon los diseños institucionales que permitieron la existencia legal por mucho tiempo de grupos paramilitares, pero bajo la figura de juntas de autodefensa apoyadas por el Estado, como lo permitía el Decreto 3398 de 1965 y posteriormente la Ley 48 de 1968. Aunque esta legislación fue derogada por el Gobierno en 1989 y luego revivida brevemente entre 1993 y 1996 con la creación de las Convivir, la existencia de esta normatividad y la debilidad del Estado central generaron las suficientes motivaciones perversas para que las élites locales (legales o ilegales) crearan sus propios ejércitos privados locales en los Montes de María. Estos fueron utilizados para atacar insurgentes, pero también opositores políticos, líderes campesinos, comunales, estudiantiles o sindicales que afectaran sus intereses (CNRR, Grupo de Memoria Histórica 2010; “El precio que pagó la ANUC” 2010; ^{Reyes 2009}).

Los grupos paramilitares desempeñan un rol central en la ejecución de los politicidios de baja intensidad. Aunque de los 45 casos documentados en este artículo de exintegrantes del PRT asesinados o desaparecidos 29 ocurrieron en municipios que hacen parte de la subregión de los Montes de María, el BHMM no es la única estructura paramilitar señalada de cometer los crímenes. Otras estructuras, como los bloques Córdoba (“‘Javier’ reconoció” 2009), Norte, Resistencia Tayrona (“Crímenes de odio” 2014) y las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), han sido relacionadas con estos. Lo anterior explicaría por qué se presentaron asesinatos o desapariciones de exintegrantes del PRT en municipios del Atlántico, en Barranquilla y Santa Marta, zonas que no eran de influencia directa del BHMM (ver Tabla 4).

Si bien hechos como los descritos por alias “Javier”, al confesar la existencia de una lista suministrada por el propio Bafim de Malagana y la Policía con los nombres de desmovilizados del PRT, podrían configurar una posible evidencia de la intencionalidad y la sistematicidad del fenómeno, tanto por la planificación como por el resultado, ninguno de los jefes paramilitares ha reconocido expresamente la sistematicidad en los asesinatos,¹⁹ ni mucho menos un genocidio, politicidio o exterminio. Solamente han aceptado en las audiencias de versión libre algunos de los asesinatos, pero de manera aislada e individual.

Con respecto a la posición de Salvatore Mancuso, uno de los exintegrantes del PRT opinó: “Mancuso dice que no nos exterminaron, como partido o como organización política, porque Mancuso sabe que el artículo sexto²⁰ y séptimo²¹ del código penal internacional le cae encima y ahí sí no lo salva ni la JEP [Jurisdicción Especial para la Paz]” (entrevista 1, 2020).

En este mismo sentido, sobre la posición del exparamilitar Sergio Manuel Córdoba Ávila, alias ‘120’, ‘el Gordo’ o ‘Caracortada’, el exintegrante del PRT comentó:

él no, prácticamente no lo dice como PRT, dicen: “Asesinamos a fulano, fulano, fulano y fulano”. En las audiencias yo me guardé el secreto que yo era del PRT, porque yo ya les había oído la resistencia que tenían con relación a reconocer el tema. Yo pude estar ahí porque soy abogado de víctimas… Yo les preguntaba era individualmente qué pasó, caso por caso. Sergio Córdoba Ávila en esa declaración lo dice, reconoce todos los hechos, todos los hechos de La Haya²² y todos los desplazamientos que se dieron ahí. (Entrevista 1, 2020)

Uno de los casos que mejor ejemplifica el accionar del paramilitarismo en contra no solo de desmovilizados, exmilitantes y simpatizantes del PRT, sino de los proyectos que estos emprendieron en los Montes de María luego de la firma del acuerdo de paz, fue el asesinato de Héctor Rivas y la victimización de la que fue objeto la ARS Mutual Montes de María, creada en el municipio de El Carmen de Bolívar a mediados de 1990, actualmente conocida como Mutual Ser. Esta funcionaba como administradora del régimen subsidiado de salud, cuya finalidad era que campesinos, y específicamente mujeres, tuvieran acceso al sistema de salud. Este fue un proyecto liderado por Héctor Rivas. Luego de creada la entidad, las AUC la declararon objetivo militar porque asociaban ese proyecto con la subversión. Al respecto reza una sentencia: “el postulado Salvatore Mancuso, manifiesta que Mutual Montes de María carnetizó a varias personas de las que tenían información que pertenecían a la subversión”²³.

Describe la sentencia que por este motivo ejecutaron hechos de violencia en contra de dicha población, lo que ocasionó el desplazamiento de varias mujeres pertenecientes al programa hacia las cabeceras municipales de Cartagena y Barranquilla. En 1997 Héctor Rivas se desplazó de El Carmen de Bolívar luego de sufrir un atentado y en 1999 fue asesinado en la ciudad de Cartagena de Indias. Pese a que alias “Javier” confirmó su participación en los atentados y Salvatore Mancuso aceptó la autoría mediata del asesinato, este último no reconoció ningún plan de exterminio en contra de los desmovilizados del PRT.

La negativa a reconocer la intención de sistematicidad tal vez tenga que ver con reducir su exposición penal, como lo afirmó uno de los entrevistados. El tema de la intencionalidad para definir si un proceso puede ser considerado como genocida o no es uno de los debates más interesantes que existen en los genocide studies. Al respecto, ^{Marco (2012)} señala que a grandes rasgos se identifican dos posiciones a las que podríamos denominar la intencionalista y la de acciones/resultados. Autores como ^{Harff y Gurr (1988, 1989)}, ^{Chalk y Kurt (2010)}, entre otros, sostienen que la intencionalidad es clave a la hora de catalogar si una situación puede ser definida como genocidio, politicidio o exterminio, puesto que un evento de violencia colectiva de tal magnitud no podría ser el resultado de factores aleatorios. Por su parte, autores como ^{Churchill (1986}), ^{Strauss (2001)}, entre otros, afirman que la intencionalidad en muchas ocasiones es muy difícil de probar, ya sea porque es complicado estudiar los propósitos de los actores, a menos que estos las hayan expresado de alguna forma y hayan dejado evidencia documental de ello, o porque muchos de los perpetradores eliminan las pruebas que los puedan incriminar; por ende, los citados autores consideran que lo clave no está tanto en centrase en las intenciones, sino en los hechos o resultados de las acciones. Es decir, identificar si se produjo o no el exterminio parcial o total de un grupo, como consecuencia de un conjunto de acciones ejecutadas por uno o varios perpetradores, así hayan tenido o no el objetivo manifesto de exterminar a un grupo. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, para el caso del PRT la alianza entre grupos paramilitares, agentes del Estado y élites locales evidencia elementos tanto de intencionalidad (así los paramilitares no lo admitan, se puede inferir razonablemente de sus acciones) como de resultados exterminadores.

En lo que respecta a la frecuencia de los asesinatos o desapariciones, tanto los testimonios como las cifras parecen confirmar la conexión entre la violencia letal ejercida por el paramilitarismo y el exterminio del PRT. Como se puede apreciar en la gráfica 2, el primer pico de infracciones masivas al DIH por parte de los paramilitares en el Caribe colombiano se desarrolló entre los años 1996 y 1997, cuando ocurrió igualmente el primer pico exterminador de integrantes del PRT, según se evidencia en la gráfica 3. De la misma manera, el segundo pico de infracciones al DIH por los paramilitares en el Caribe colombiano coincide con el último pico exterminador a integrantes del PRT en el año 2003. Por último, el final del ciclo exterminador contra el PRT en el 2005 coincide con el inicio de las desmovilizaciones de las AUC en el Caribe colombiano entre 2004 y 2005.

Fuente: ^{González et al. (2014)}

Gráfica 2. Infracciones al DIH en el Caribe colombiano por actor 

Fuente: elaboración propia con base en sentencias judiciales, revisión de prensa y entrevistas a exintegrantes del PRT.

Gráfica 3. Integrantes del PRT asesinados o desaparecidos 

¿Traidores a la causa? El papel de las FARC-EP en el politicidio del PRT

Si bien la mayor parte de los asesinatos y desapariciones pueden ser atribuibles al paramilitarismo (25 casos), casi un tercio de las muertes han sido atribuidas a las FARC-EP (13 casos) y al ELN (2 casos).²⁴ Pero ¿qué motivaciones podrían tener estas guerrillas? (ver Gráfica 4)

Fuente: elaboración propia con base en sentencias judiciales, revisión de prensa y entrevistas a exintegrantes del PRT.

Gráfica 4. Actores presuntamente responsables del exterminio del PRT 

Al respecto existen tres versiones. La primera hace referencia a que las FARC-EP ejercieron violencia letal en contra de algunos exintegrantes del PRT que continuaron en los territorios por considerarlos “traidores a la causa” o porque estos no quisieron plegarse a su proyecto político en la zona. La segunda indica que, al finalizar el proceso de negociación entre el Estado y el PRT, de esta guerrilla surgió una pequeña disidencia que luego se autodenominaría Colombia Libre, la cual se dedicó a actividades más delincuenciales que políticas, como secuestros, extorsiones, robos, etcétera, motivo por el cual las FARC-EP la combatieron y exterminaron. Por último, la tercera versión habla de retaliaciones de milicianos de las FARC-EP contra exintegrantes del PRT por temas personales.

Según los entrevistados, las relaciones entre las FARC-EP y el PRT antes de la desmovilización de este último fueron cordiales la mayor parte del tiempo. De hecho, ambas organizaciones hicieron parte de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (^{Villamizar 2018}). En la zona de los Montes de María no se presentaron combates entre ambas guerrillas. Señalan los testimonios que el PRT tenía más presencia territorial en la zona y arraigo entre sectores importantes de la población. Por ende, pese a que las FARC-EP lograron hacer algo de presencia antes de 1991, su incursión y asentamiento fuerte se presentaron luego de 1991. El vacío que dejó la desmovilización del PRT en 1991 y de la Corriente de Renovación Socialista (CRS) en 1994 en los Montes de María²⁵ fue ocupado poco a poco por el ELN y por las FARC-EP (OPPDH 2006).

Hay que mencionar que la participación de las FARC-EP en el asesinato de excombatientes y militantes de otras organizaciones armadas luego de desmovilizarse no es algo nuevo. Se ha documentado cómo en la región del Urabá las FARC-EP asesinaron de manera selectiva a integrantes del movimiento político Esperanza, Paz y Libertad, organización surgida luego de los acuerdos de paz con la guerrilla del EPL en 1990 (^{Carroll 2015}; “¿Exterminio del EPL?” 2014; “La reinserción del EPL” 2015; ^{Suarez 2007}; ^{Villarraga 2006}).

Con respecto al proceso de paz que desarrolló el PRT y cómo este hecho fue interpretado por las FARC-EP, uno de los exintegrantes del PRT manifestó:

en el relato político de las FARC, para la época las personas que hacíamos parte de los grupos desmovilizados, del EPL, del PRT, del Quintín Lame, de la Corriente de Renovación Socialista, éramos personas traidoras a los intereses de la revolución… y con ese fácil expediente se condujo el asesinato de algunos de nuestros compañeros… las FARC llegaron y empezaron también a establecer relaciones con ellos [lo que el PRT consideraba su base social] y eso fue produciendo pues roces, enfrentamientos, porque ya nosotros estábamos en la civilidad, ellos continuaban con las armas en la mano, y por supuesto hay enfoques diferentes para la acción política en el territorio así, para las tareas políticas o las tareas sociales frente al Estado, y eso condujo a estas desavenencias con las FARC, amén también señalarlo, de pronto cierto estilo de algunos mandos de las FARC muy atrabiliarios, y cierta visión igual a la ultraderecha, de que al contradictor político lo sacamos eliminándolo físicamente, los llevó en el caso de las FARC a atentar y asesinar a varios de nuestros amigos. (Entrevista 4, 2021)

Por su parte, la disidencia de Colombia Libre siguió operando en algunos de los territorios en los que el PRT hizo presencia en los Montes de María, como El Carmen de Bolívar, Ovejas y San Juan Nepomuceno, y en algunos otros municipios del Atlántico (entrevista 4, 2021). Al momento de las negociaciones entre el Gobierno y el PRT se presentaron dos tipos de disidencias. Una disidencia política de carácter más nacional, en la cual había algunos líderes del PRT de distintas regiones que no estaban de acuerdo con el proceso de paz (Bejarano 2019). Pese a que algunos manifestaron su inconformidad de manera pública y se apartaron del proceso, la mayoría no continuaron con la lucha armada. Por otro lado, existió una disidencia de carácter más local y militar, que sería la que daría origen a Colombia Libre en la región de los Montes de María.

Aunque los entrevistados del PRT reconocen que la disidencia de Colombia Libre pudo haber tenido motivos políticos e ideológicos para disentir del proceso de negociación con el Gobierno, afirman que luego de la desmovilización del PRT su accionar se concentró en actividades más de tipo delincuencial que revolucionarias (entrevista 3, 2020). Con respecto a las acciones que emprendieron las FARC-EP en la zona en contra de Colombia Libre, un exguerrillero que hizo parte del estado mayor del frente 37 de esa organización, estructura armada que tenía presencia en los Montes de María en los años en que se cometió el politicidio del PRT, comentó:

yo he recogido una versión ya después, en donde mucha gente dice que alguna gente del PRT estaba haciendo trabajos de extorsión, que le quitaba que la vaquita, que el puerquito, que el millón de pesos o quinientos mil pesos a la gente, haciéndose pasar por guerrilla, y de pronto en eso nosotros sabemos que en estos procesos se han dado este tipo de cosas, como en el proceso de EPL se dio ese tipo de cosas. Mucha gente que estuvo en la disidencia trató de cooptar a gente en la región de las bases que habían participado en las negociaciones, que habían entrado en los acuerdos y mucha gente les hizo el juego a las disidencias igual. Eso pudo haber ocasionado que las FARC en esa región eliminaran alguna gente del PRT… en lo que no estaría de acuerdo es que se diga que el exterminio del PRT es producto de las FARC, no, no estoy de acuerdo, porque sé que hubo un plan, hubo un plan sistemático para eliminar no solamente a los miembros del PRT, sino a todos los que fueran, supieran a comunistas, o los que estuvieran cerca a la insurgencia… En la ANUC y yo era un pelao cuando hacía mis primeros pasos en la izquierda con ellos y todo lo que me enteré de esas muertes es que fueron a manos de grupos de extrema derecha, a manos de grupos de paramilitares. (Entrevista 2, 2020)

Aunque parezcan contradictorias, las distintas versiones pueden ser complementarias. Como ya lo han señalado ^{Gutiérrez Sanín (2004)}, ^{Kalyvas (2005)} y Gutiérrez Sanín y Wood (2014), en las guerras civiles las motivaciones políticas/ideológicas de los actores pueden estar combinadas con motivaciones privadas/criminales, sin que necesariamente sean excluyentes. Por ejemplo, además de los casos en los que habría una clara motivación política, como el asesinato de Raúl Tovar, quien fue alcalde de Chalán y al momento de su muerte estaba aspirando la alcaldía de Colosó (entrevista 4, 2021), algunos entrevistados también narraron situaciones en las que milicianos de las FARC-EP levantaban falsas acusaciones en contra de exintegrantes del PRT en algunos territorios -como ser auxiliadores de los paramilitares o del Ejército- para poder ejercer violencia letal contra ellos, cuando las verdaderas motivaciones estaban más relacionadas con situaciones de venganzas, disputas familiares o personales (entrevista 2, 2020; entrevista 3, 2021).

En este sentido, a diferencia del papel que desempeñó la coalición violenta o bloque perpetrador que se configuró entre élites locales, agentes del Estado y grupos paramilitares en el exterminio parcial del PRT, en el caso de las FARC-EP su contribución podría estar no tanto asociada a la ejecución de un plan de exterminio (intención), sino a que el conjunto de repertorios de violencia letal desplegados por esta guerrilla en los territorios (acciones/resultados) contribuyó también en el exterminio parcial de los desmovilizados del PRT en los Montes de María. Es decir, las FARC-EP no hicieron parte de la alianza exterminadora, pero sus acciones sí terminaron contribuyendo con el politicidio del PRT.

El papel que las FARC-EP tuvieron en el exterminio del PRT ayuda a comprender lo útil que puede ser complementar el enfoque de la intencionalidad con el enfoque de las acciones/resultados, sobre todo en contextos tan complejos y dinámicos como el del conflicto armado interno en Colombia, en donde ha existido una pluralidad de actores armados tanto legales como ilegales que, en ocasiones, no necesariamente por tener la misma orientación ideológica o política, han evitado enfrentarse de manera violenta y letal entre sí.