Objetivo/contexto:

Este artículo estudia el uso que hizo el Ejecutivo del estado de sitio, entre 1958 y 1990, para silenciar a la oposición y contener la protesta social, con el fin de poner en evidencia cómo las leyes que hoy criminalizan la protesta en Colombia reproducen los rasgos autoritarios que se construyeron en este periodo.

Metodología:

Se desarrolló un método cualitativo basado en la recopilación de los decretos legislativos expedidos entre 1958 y 1990. Este análisis incluye la revisión del considerando de los decretos que declararon el estado de sitio, las medidas que el Ejecutivo adoptó para conjurar las perturbaciones del orden público y la revisión del contexto político en el que dichos decretos fueron expedidos.

Conclusiones:

Este estudio revela que, más preocupante que la represión de un Gobierno puntual, los excesos que hoy observamos por parte del Gobierno y la fuerza pública en el manejo de la protesta social hacen parte de prácticas políticas que tienen décadas de ser ensayadas y reforzadas en momentos de crisis.

Originalidad:

Si bien existen numerosas investigaciones sobre los estados de sitio, este trabajo aporta a la comprensión de cómo se ha construido un pasado autoritario que continúa presente en la memoria de nuestras instituciones y determina la forma en que nuestros gobernantes se enfrentan al disenso.