Acciones colectivas y expropiación de bienes naturales. Tácticas de resistencia a la invisibilización mediática y los reenmarcamientos estatales*

Collective actions and natural goods expropriation. Resistance tactics against the invisibilization in the media and the State re-framing

Patricia Mariel Sorribas** y Ximena Cabral***

* Las problematizaciones atraviesan dos proyectos de investigación: uno relativo a las mediaciones mediáticas de la conflictividad social y las estrategias de visibilización de los colectivos movilizados, y otro orientado hacia la expresividad de la protesta social dentro del conflicto por los bienes naturales comunes, financiados por el Conicet desde 2006 y 2007, respectivamente.

** Magíster en Sociología y doctoranda en Psicología. Becaria de postgrado tipo II del Conicet. Profesora de las universidades Nacional de Córdoba (Argentina) y Católica de Córdoba (Argentina). Miembro del Programa de Estudios de Acción Colectiva y Conflicto Social (CEA-Conicet), Córdoba (Argentina). E-mail: pmsorribas@conicet.gov.ar

*** Licenciada en Comunicación Social, maestranda en Partidos Políticos y doctoranda en Estudios Sociales en América Latina (CEAUNC). Becaria de Postgrado tipo I del Conicet. Miembro del Programa de Estudios de Acción Colectiva y Conflicto Social (CEAConicet), Córdoba (Argentina). E-mail: ximenacabral@yahoo.com

{original recibido: 30/08/2010 · aceptado: 26/09/2010}

Desde una lectura sobre la acción colectiva y los procesos de enmarcado, el presente texto focaliza en aquellas prácticas de los colectivos orientadas a revertir los procesos de invisibilización, estigmatización y silenciamiento dentro de la prensa hegemónica en Argentina. Para ello, caracteriza el avance de las políticas extractivas en los últimos años en América Latina, y la visibilidad mediática hegemónica que adopta la conflictividad en torno a éstas; luego traza la resistencia vía protestas y medios de comunicación alternativos, para finalmente dar cuenta de los reenmarcamientos del discurso público oficial en torno a lo ambiental y lo indígena como nueva estrategia de invisibilización.

Palabras clave: acción colectiva, encuadres mediáticos, políticas extractivas, discurso público, bienes naturales, resistencia.

De uma leitura sobre a ação coletiva e os processos de enmarcado, o presente texto enfoca naquelas práticas dos coletivos orientados a reverter os processos de invisibilização, estigmatização e silenciamento dentro da imprensa hegemônica na Argentina. Para isso, caracteriza o avanço das políticas extrativas nos últimos anos na América Latina, e a visibilidade mediática hegemônica que adota a conflitividade em torno a estas; logo traça a resistência via protestos e meios de comunicação alternativos, para finalmente dar conta dos reposicionamentos do discurso público oficial em torno ao ambiental e ao indígena como nova estratégia de invisibilização.

Palavras chave: ação coletiva, enquadramentos mediáticos, políticas extrativas, discurso público, bens naturais, resistência.

From a view of the collective action and the framing processes, this article focuses on those collectives’ practices tending to reverse the invisibilization, stigmatization and silencing processes inside the hegemonic media press in Argentina. To get the purpose it characterizes the last years’ extractive policies advancement in Latin America and the hegemonic visibilization on the media of the conflicts around those policies; then it describes the resistance through protests and alternative media. Finally, it gives an account of the official public discourse re-framing around the indigenous and environmental issues as a new invisibilization strategy.

Key words: collective action, framing, extractive policies, public discourse, natural goods, resistance.

POLÍTICAS EXTRACTIVAS EN EL MAPA NEOCOLONIAL

L a imagen de un gran mapa donde se puedan colorear regiones según la radicación de las fábricas globales, graficaría la forma en que el capitalismo en su lógica global e imperial, asigna y ordena geopolíticamente el territorio. Las diferentes cromáticas irían definiéndose de acuerdo con las necesidades de este capitalismo, que va calificando el valor geopolítico de esos territorios. En tal mapa, y por una reorganización acelerada en los últimos quince años, cualquier empresa industrial (automotriz, aérea, naviera o textil) globaliza el proceso de producción¹, es decir, se unifica industrialmente como una serie de fábricas a escala planetaria (Barreda, 2006). En ese sentido, el trazado geopolítico se colorea en dos grandes terrenos vinculados por un lado con la carrera por el desarrollo tecnológico y, por el otro, con la búsqueda de espacios, tanto en lo relativo a la extracción de los recursos-insumos, como a la construcción de mercados en donde colocar los nuevos productos. Así, mientras la naturaleza continúa constituyendo la fuente fundamental para lo obtención de las materias primas, los territorios libres (liberados) para el capital ("cercados" para aquellos intereses y sectores no ligados al capital) constituyen el soporte físico-espacial indispensable para localizar la extracción de naturaleza, transformándose así la ecosistémica y biodiversa naturaleza en nada más que "recursos naturales" (Galassi, 2009).

Este trazado remite a la concepción de acumulación originaria, propuesta por Marx, no como una fase o instancia primaria, sino reactualizada y constitutiva del capital en su lógica neocolonial. La acumulación no es resultado sino punto de partida del régimen capitalista de producción.

El descubrimiento de las comarcas de oro y plata en América, la cruzada de exterminio, esclavización y sepultamiento en las minas de la población aborigen, el comienzo de la conquista y el saqueo de las indias orientales, la conversión del continente africano en cazadero de esclavos negros: son todos hechos que señalan los albores de la era de producción capitalista. Estos procesos idílicos representan otros tantos factores fundamentales en el movimiento de la acumulación originaria" (Marx, 1994: 638).

La reactualización de esos procesos en ciertos espacios a partir de la "conquista", el "saqueo" y la "caza", se constituye en la lógica dominante dentro de la forma de acumulación primaria y extractiva con la que se configura la política dentro de América Latina.

La imagen conformada por las factorías con la que iniciábamos, permite proponer un trazado subrayando su sentido colonialista en cuanto a los cambios en el modelo productivo de acumulación. La categoría neocolonialismo se torna una de las características "más relevante y reveladora de nuestra época" (Scribano, 2005, 2008 y 2009), por constituir un momento histórico de compleja recomposición y transformación del modelo de dominio colonial que afecta y configura las condiciones de existencia de nuestras sociedades contemporáneas.

Un eje central de la explicación de las nuevas dinámicas lo constituye la expropiación de bienes comunes necesarios para mantener el irracional sistema de producción. Cantidades exorbitantes de madera, carbón, agua, combustibles fósiles, caracterizan esta lógica depredatoria a partir de políticas que promueven y posibilitan la expansión de la agroindustria, la monopolización y el control de tierras y las imposición de paquetes tecnológicos para el control de alimentos y materias primas. Ahora bien, en ese mapa, la racionalización geográfica de los procesos de producción depende en parte de la cambiante estructura de las instalaciones de transporte, de la demanda de materias primas y de la comercialización por parte de la industria y de la tendencia inherente del propio capital a la aglomeración y a la concentración. Así, tanto la expansión como la concentración geográficas son producto de la misma lucha por crear nuevas oportunidades para la acumulación de capital (Harvey, 2001: 264), cuya circulación implica un aumento determinante de los flujos espaciales donde carreteras, puertos, viaductos, se construyen para el transporte de las mercancías. Esos flujos se trazan como líneas que interconectan los diferentes puntos y factorías del mapa, a partir de su organización en ejes-corredores: ejes centrales que coordinan las grandes regiones del mundo, los grandes corredores de integración urbano-industrial y urbano-regional desarrollados a partir de la década de los noventa². Luego, a partir del 2000, en Brasilia, y ante doce presidentes latinoamericanos, se presenta públicamente el proyecto Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). La Autoridad Sudamericana de Infraestructura (ASI) se crea en el nivel ministerial para formalizar y dar rumbo a la iniciativa e identificar posibles proyectos en tres sectores clave: energía, transporte y telecomunicaciones. La coordinación técnica y el funcionamiento de IIRSA se delegó en 3 bancos multilaterales de desarrollo: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata)³. Los proyectos en el marco de la IIRSA varían enormemente, desde mejoras viales y construcción de nuevas carreteras, al establecimiento de servicios de telecomunicaciones de alta calidad (con mayor ancho de banda)⁴, y se identifican casi 300 proyectos de inversión en los 3 sectores, y más de 189 estudios de viabilidad iniciados. En esa línea, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) propone, siguiendo las pautas metodológicas del BID, la creación de 18 corredores de integración para poder vincular también la economía sudamericana del Atlántico (sobre todo de la región de Mercosur) con la cuenca del Pacífico. Son los viaductos que pasan por el cuello de botella estratégico que significa Bolivia, atravesada por 5 de esos corredores, para dar salida al Pacífico (Barreda, 2006). Dentro de estos corredores, se destaca el eje norte-sur⁵ por sus yacimientos mineros, cabezas de cuenca y grandes reservas de biodiversidad, que no integra tanto zonas urbanizadas, sino una de las zonas más importantes del planeta en materia de hidrocarburos, minerales, biodiversidad y agua. A partir de la propuesta del BID, también en esta zona se pretende integrar las tres grandes cuencas fluviales de Sudamérica: Orinoco, Amazonas y Paraná, lo que en términos ambientales constituye un grave problema. Estos trazados van delineando el mapa central donde se producirán, a su vez, las diferentes expresiones conflictuales a las que nos iremos refiriendo.

POLÍTICAS EXTRACTIVAS VÍA MECANISMOS DE DESPOSESIÓN Y MERCANTILIZACIÓN

Los aportes de Harvey (2005) en torno a los mecanismos de acumulación por desposesión⁶ y el proceso de creciente mercantilización de la tierra, nos permiten obser- var las relaciones y los claroscuros dentro de este mapa que intentamos trazar.

Una de las formas centrales de la depredación la constituye la mercantilización de la tierra⁷, donde las degradaciones medioambientales son condicionadas por las políticas neoliberales que han sido geográficamente desiguales e inestables a lo largo del tiempo. La neoliberalización viene siendo también la era de más rápida extinción en masa de especies ocurrida en la historia reciente. En la industria extractiva y en la agricultura el carácter depredatorio se asume a partir de su agotamiento lineal⁸, cuando se ha demostrado que muchos sistemas ecológicos sufren hundimientos repentinos después de que se han efectuado daños más allá de cierto límite, a partir del cual, se abre un proceso en cascada que anula su capacidad natural para reproducirse (Harvey, 2005). Aquí, la simple acción del hombre sobre la naturaleza permite incrementar la riqueza producida sin un capital adicional (Marini, 2007), llevando a que se extiendan las fronteras de tierra para la producción, y avasallando espacios de bosques, ecosistemas y expulsando a las comunidades originarias de las tierras –como así lo testifican las denuncias de los movimientos sociales y de pueblos originarios dentro de esta región–⁹.

Ya en este terreno conviene señalar que el Estado ha desempeñado un papel crucial tanto en el apoyo como en la promoción de las acciones de privatización de los bienes sociales y naturales, lo cual supone una transferencia de activos desde la esfera pública y popular a los dominios de lo privado y de los privilegios de clase (Harvey, 2005). En tal sentido, y asociados con los datos proporcionados por Barreda (2005 y 2006), se describen algunos de los procesos mencionados. En primer lugar, aparece la privatización-empresarialización, utilizando el poder del Estado para forzar esos procesos: privatización de material genético, contenido celular de las semillas, donde las poblaciones cuyas prácticas han desempeñado un papel decisivo en el desarrollo de estos materiales genéticos, pueden ser objeto de extracción de las rentas derivadas de su utilización¹⁰, y biopiratería¹¹, en beneficio de un reducido número de grandes compañías farmacéuticas. En segundo término, las redistribuciones estatales implementadas vía privatización y recortes de aquella parte del gasto público que constituye el salario social¹², o vía reformas del código tributario que conceden un trato favorable hacia los beneficios generados por las inversiones, frente a los que proceden de los salarios y de otro tipo de ingresos; la promoción de elementos regresivos en la legislación fiscal; la imposición de tasas a los usuarios de los servicios y la introducción de subvenciones y exenciones fiscales destinadas a las corporaciones (recanalización de los fondos públicos en beneficio de las empresas) o deducciones fiscales sobre el tipo de interés hipotecario, como forma de subsidiar a los propietarios de viviendas con rentas más elevadas y a la industria de la construcción¹³.

La modificación o la caducidad de los marcos normativos elaborados para proteger la fuerza de trabajo y evitar la degradación medioambiental, si bien implica una pérdida neta de derechos¹⁴, tiene como su consecuencia más grave el agotamiento de los bienes comunes (tierra, agua, aire), que sumado a la mercantilización vía turismo de las formas culturales¹⁵, de la historia y la creatividad intelectual, implica desposesiones íntegras que remiten a la complejidad del abordaje al referenciar la mercantilización y desposesión del territorio como forma de acumulación dentro del neocolonialismo.

LOS DESPLAZAMIENTOS: DE RECURSO A SERVICIO

Dentro del trazado inicial hemos intentado observar cómo las apropiaciones unilaterales de los bienes comunes se desarrollan bajo la concentración en manos privadas del acceso, manejo y distribución de estos bienes considerados como "recursos". En esta instancia intentaremos delinear cómo estos recursos se transforman en muchos casos en "servicios" vitales privados en Latinoamérica y en Argentina en particular. Este traspaso puede materializarse en la sugerente expresión de una vivendi universal. Esta nominación hace referencia a la convergencia y optimización entre las redes que permite la obtención de mayor ganancia, ya que Vivendi fue la primera empresa planetaria en manejo de agua y de basura, estuvo en el área del gas y la electricidad, fue la segunda empresa mundial de comunicación, manejaba industrias culturales (Larousse y Hachette), es dueña de MP3.com, incluso fue la primera empresa mundial de construcción. Ésta, como otras empresas, es categorizada como de servicios múltiples que se mueven por medio de estructuras de red y se pueden clasificar entre productivos, metabólicos, puramente formales o reproductivos (de la sociedad o reproductivos del medio ambiente). Las del sector servicios son las empresas que impulsan los procesos de privatización del ambiente al pretender el pago por "servicios" de agua y biodiversidad. Precisamente, por la importancia estratégica de los bienes que estas empresas transforman en recursos gestionados como servicios, es que se expresa su contraparte en el control territorial¹⁶. En Latinoamérica, la mayor parte de las inversiones extranjeras directas (IED) se concentran en áreas de recursos naturales y de manufactura de tecnología baja y media-baja, y existen muy pocos proyectos relacionados con la búsqueda de activos que faciliten las actividades de investigación y desarrollo (Cepal, 2009a). Después de la liberalización de las inversiones iniciada a principios de los años noventa, la IED tuvo fluctuaciones, pero siempre con una clara tendencia ascendente. Cabe destacar que de las corrientes de capital que han recibido los países de la región en las últimas dos décadas, la IED ha mostrado ser la mayor y más estable, incluso durante los períodos de crisis (Cepal, 2009b). En articulación con los primeros planteos, desde la misma Cepal se informa que los principales actores de la IED, es decir, las fuentes de dicha inversión, son las empresas transnacionales (ET), la mayoría de éstas clasificables como de "servicios múltiples". Los nuevos proyectos de inversión anunciados en 2009 en el sector primario acumularon un monto anunciado de 11.200 millones de dólares, y se concentraron, fundamentalmente, en actividades extractivas, minería e hidrocarburos. Entre las principales operaciones de fusiones y adquisiciones de 2009 se destacan las destinadas a la manufactura o el procesamiento de recursos naturales que tuvieron como principal destino Brasil, Uruguay, Chile y Colombia, siendo los inversionistas más importantes Finlandia, Alemania y Francia (Cepal, 2009a). Asociado con esto, se resalta que la intensidad tecnológica de la actividad transnacional en la región ha sido baja y concentra las actividades intensivas en trabajo y las actividades manufactureras intensivas en recursos naturales. Estas actividades tradicionalmente se asocian con el uso de mano de obra menos calificada y tecnologías estándares.

En Argentina, hemos observado como en los últimos años se han profundizado las políticas de las grandes ET que avanzan sobre el territorio, privatizando la naturaleza y apropiándose de los bienes comunes, mientras reciben el apoyo explícito del poder político central¹⁷. Del mismo modo, la explotación de la minería a cielo abierto¹⁸, la expansión de la frontera agrícola¹⁹, la tala indiscriminada de bosques, el desmonte y el monocultivo de árboles²⁰ constituyen intervenciones sobre la naturaleza que han modificado el clima, la capacidad de absorción del suelo (provocando inundaciones y desmoronamientos o aludes que afectan a poblaciones enteras). Tales inversiones asociadas con los bienes naturales coinciden con aquellos territorios donde se enraízan los principales conflictos sociales que impugnan los modelos económicos de los Estados-nación de la región. Solamente para la actividad minera se contabilizan 155 conflictos, 182 proyectos y 261 comunidades afectadas, siendo Perú, Argentina, Chile y Brasil los países de mayor concentración de dicha conflictividad (OLCA, 2010). En Argentina, además de la minería, la conflictividad en torno al petróleo, las plantas de celulosa y la sojización configuran los principales núcleos alrededor de los cuales se movilizan los colectivos que con sus demandas, desde las más específicas hasta las más integrales²¹, impugnan el modelo económico en desarrollo, llevando a la emergencia de alrededor de setenta asambleas por conflictos socioterrioriales y socioambientales.

Por otra parte, estas acciones extractivas-depredatorias necesitan de la construcción de un relato donde la tecnificación y las ficciones del progreso sean asumidas como propias dentro de estos territorios. Es aquí donde el papel de los medios masivos de comunicación –en tanto contracara del accionar económico– se hace indispensable para que el reenmarcamiento que hace de un "bien común" un "recurso" que al ser gestionado de modo privado retorna al ciudadano como "servicio", se desarrolle de manera que no genere disonancias, es decir, que el desplazamiento semántico naturalice ambos términos como equivalentes. Este reenmarcamiento debe ocluir el carácter conflictual que adquiere para aquellos sujetos que se enfrentan directamente con las avanzadas extractivas-depredatorias. Es necesario que los sujetos que se constituyen en audiencias –aquellos que dependen de la mediación mediática para conocer esta realidad– no perciban la naturaleza conflictual del desplazamiento de sentidos, naturalizando estas nuevas formas de nombrar.

LAS MEDIACIONES QUE SILENCIAN INVISIBILIZAN Y ESTIGMATIZAN

Como hemos observado a partir de diferentes registros de protestas²², podemos señalar que las acciones de protesta se enfrentan, a su vez, con procesos de invisibilización, de estigmatización, de burocratización o ficcionalización de la democracia semidirecta y de represión. Los dos primeros procesos encuentran su condición de posibilidad a través de las mediaciones mediáticas que configuran una política de silenciamiento dentro de la agenda mediática hegemónica. Mientras que la represión y la burocratización responden a la mediación estatal ante este tipo de conflictividad.

La mediación que logra invisibilizar-silenciar puede operar mediante las técnicas de recopilación, selección y edición de las noticias; los límites de tiempo y espacio; la falta de libertad en el formato dado a las noticias; los procesos de socialización dentro de la sala de redacción; y otras limitaciones organizacionales que ayudan a determinar tanto el contenido como las perspectivas de las noticias (Maneri y Ter Wal, 2005). Estudios sobre media frame (Rucht y Neidhardt, 1999; Rucht et ál., 1999) señalan que los procedimientos de selección afectan a las diversas modalidades de las manifestaciones políticas –principalmente las de tipo colectivo–, produciendo sub o sobrerepresentaciones de dichos eventos. Más específicamente se proponen tres mecanismos generales por los cuales los sesgos de descripción en los reportes de los eventos ocurren: la omisión de información, la subrepresentación de la información y el framing de los eventos a partir de las piezas de información que sí son reportadas por la prensa (McCarthy et ál., 1999).

Otras formas de invisibilizar-silenciar más estructurales corresponden a las políticas de programación. En Argentina, paradójicamente, de forma simultánea a la implementación de la Ley Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley 26.522), la reprogramación de Radio Nacional dejó fuera del aire el programa Horizonte Sur, vinculado con la visibilización de las voces disidentes en cuanto a los agronegocios y las críticas al modelo de acumulación. Lejos de contribuir a la "creación de contenido local" y de considerar que

[...] la comunicación audiovisual en cualquiera de sus soportes resulta una actividad social de interés público, en la que el Estado debe salvaguardar el derecho a la información, a la participación, preservación y desarrollo del Estado de derecho, así como los valores de la libertad de expresión (Ley 26.522).

La reducción del espacio radial y las amenazas y agresiones recibidas por medios comunitarios, constituyen parte de las operaciones que fortalecen el proceso de invisibilización- silenciamiento²³.

Dentro de este proceso, que hace referencia al escaso y casi inexistente registro de estas acciones colectivas y protestas, se ocluyen: a) las consecuencias para la naturaleza y los pobladores de este modo de intervenir económicamente sobre ellos, b) las acciones de resistencia y protesta de esos pobladores y c) las acciones represivas en contra de esa movilización. Desde las voces de los propios protagonistas de muchas de las acciones colectivas en relación con los conflictos ambientales y en defensa de sus territorios y modos de vida, se hace explícita la mediación mediática que omite visibilizarlos: "[...] en el mapa han sido muchos hermanos silenciados", "se ocultan, les están ocultando todas las represiones que ocurren en nuestro territorio", "la gente está siendo investigada, está siendo reprimida, está siendo perseguida"²⁴.

Complementariamente, la accesibilidad al espacio y a la construcción del discurso público por parte de diferentes agentes estatales y empresariales relacionados con el actual modelo económico en Argentina, está garantizada. De ello dan cuenta, por ejemplo, la "ingeniería legal" que posibilita el accionar minero en tanto discurso normativo que justifica y legitima a los emprendimientos del sector, la responsabilidad social empresaria o licencia social para la extracción de los "recursos naturales" y hasta las campañas de forestación (¿o mejor dicho de forestación?) en donde el uso de términos como árboles o bosques y todo su campo de significaciones pierde sentido, porque de lo que se trata es "del desembarco de los agronegocios forestales". Estas son sólo algunas de las diversas vías de manifestación del discurso legitimante del modelo económico, que a su vez ocultan e invisibilizan toda aquella otra expresión que no se ajuste a éste y le ofrezca resistencia. Los principales actores de la IED, las ET, tienen en su discurso como una de sus principales preocupaciones el tema ambiental, pero no para evitarlo o corregirlo²⁵, sino para reducir sus responsabilidades legales al mínimo posible.

Los colectivos sociales movilizados que llegan a hacer visibles sus acciones por la mediación mediática, a su vez pueden ser objeto de atribuciones identitarias negativas que se instituyen en estigmas sobre la protesta social. La prensa, ante ciertos colectivos sociales movilizados, efectúa una atribución de agencia cuando se trata de acciones que considera negativas, contribuyendo o reforzando la configuración de una identidad mediática negativizada sobre las audiencias (Van Leeuwen, 1995). La mediación se construye a partir de la reactivación de ciertos fantasmas sociales (Scribano, 2005 y 2009), a partir de estrategias retóricas metonímicas que llevan de la protesta al caos, al desorden y la bestialidad-incivilidad. En primera persona, miembros de pueblos originarios que defienden sus territorios reconocen:

[...] porque cuando se habló de nosotros, siempre se habló con calificativos denostadores, excluyentes pero, fundamentalmente siempre en tiempo pasado [...] a nosotros nos defenestran diciendo que somos fundamentalistas, ambientalistas o de que estamos negando una actividad esencial para el desarrollo de los pueblos [...] los gobernantes y los representantes de las empresas [mineras] hablan a través de los medios. Jamás se van a presentar a un foro de discusión con la comunidad de afectados (II Congreso de Pueblos Originarios, 2010)²⁶.

Así, estas voces son visibilizadas en oposición a las narrativas del "desarrollo", y son conjugadas con la demonización del trazado del eje del mal que alinea fundamentalismo con ambientalismo.

La vía institucional implementa otras mediaciones bajo la forma de canales que orientan y regulan las acciones colectivas tendientes a reconfigurar los marcos normativos. Así, las modalidades de democracia semidirecta que propician el protagonismo de la ciudadanía en términos legislativos, a la vez tienen la cualidad de a) regular y normalizar la acción colectiva tornándola menos conflictiva; b) regular los tiempos y espacios de tramitación de las demandas; c) descolectivizar la acción; d) en algunos casos, ocultar el carácter minoritario de la mayoría que decide dentro del poder legislativo, la cual debilita así su representatividad; y e) ser una vía para dar legitimidad a la voluntad del poder ejecutivo, alineando el proceso y la decisión final con la posición de esta autoridad. La experiencia de la Asamblea de Gualeguaychú por las pasteras localizadas sobre el margen del río Uruguay que llegó hasta los tribunales de La Haya, y la experiencia en Córdoba de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (COTBN)²⁷, evidencian las relaciones entre poder político y poder económico que van cercenando institucionalmente las "demandas" y avances de los colectivos. Apelando a ciertos significantes que configuran la identidad del buen ciudadano, se esconden prácticas antidemocráticas. Al reverso de esta retórica que apela a la legalidad, los derechos y el consenso, se justifican y enmarcan acciones autoritarias y de grupos de intereses. A esta cuestión de derechos se le suma el ejercicio "correcto" que supone la forma en que se manifiesta la protesta. Hasta la expresión de bronca, angustia y decepción parecen tener una forma unívoca de manifestación²⁸.

El Estado y las formas institucionales de la política se presentan entonces como gerenciadores de las prácticas extractivas y depredatorias por vía doble, a partir de la instalación de marcos jurídicos que las hacen posibles –la "institucionalidad democrática"– o aguzando su aparato represivo para evitar y acallar las prácticas de resistencia.

En esa última línea, la reacción estatal vía represión directa hacia los colectivos movilizados, evidencia la capacidad de atención selectiva de las fuerzas policiales, lo cual permite sostener la plena vigencia de las políticas de control y criminalización de la protesta. Acción estatalpolicial que incluso llega a hacerse presente de manera masiva ante familias campesinas que resisten desalojos. Esta criminalización se da en el marco de una retórica belicista como forma que da cierta "legalidad" al ejercicio de la coacción y, al mismo tiempo, como forma de represión preventiva que presiona sobre los imaginarios de resistencia. La masacre de pueblos originarios en Perú, el golpe de Estado en Honduras, las bases militares en Colombia y Paraguay, los puertos de Sallaberry y Callao en Perú, la IV Flota de Estados Unidos en el Atlántico y en el Pacífico, la nuclearización de la isla Diego García y las represiones y judicializaciones en espacios locales son parte de los escenarios que muestran esta geopolítica militarista²⁹. La represión se ha hecho sistemática y constituye una constante en la forma de resolver los conflictos sociales recientes en la provincia de Catamarca (Andalgalá), Chubut (Esquel), en el norte cordobés, en el monte de Santiago del Estero y otras provincias³⁰, y adquiere particular crueldad con el crimen de Chocobar (Cabral, s/f), registrado por los mismos asesinos.

En los conflictos ambientales los actores tienen visiones excluyentes. El Estado y sus instituciones tienen una visión sectorial y físico-natural; las ET consideran el tema como un problema de control de emisiones (indicadores); los indígenas, campesinos, vecinos y pescadores entienden lo ambiental como un problema integral, donde el deterioro de los bienes naturales forma un todo con el deterioro de la calidad de vida, de la tenencia de la tierra y el derecho al trabajo (Carrillo, 2000). La diferencia entre estas visiones, a su vez, encuentra desiguales oportunidades de alcanzar una visibilidad que permita tornarse hegemónica, universal y natural.

LA RESISTENCIA: MEDIOS PROPIOS Y REDES ALTERNATIVAS DE COMUNICACIÓN

Ante las operaciones de invisibilización-silenciamiento y de estigmatización por parte de las corporaciones mediáticas, emerge la necesidad de construir medios propios tanto para tener una existencia como para poder constituir otros enmarcados. En este sentido, la relación entre procesos de enmarcado y acción colectiva ha adoptado centralmente tres formas donde los medios aparecen a) como amplificadores de la posibilidad de construcción de audiencias; b) como registro-testigo de los procesos colectivos, así como de las prácticas represivas de la protesta; y c) como mediación que entabla una resonancia con los marcos de acción colectiva de los propios activistas. De esta manera, en diferentes episodios de protesta puede analizarse el lugar privilegiado de estos medios de comunicación en la construcción social del conflicto, al visibilizar actores, prácticas y discursos que configuran los marcos de percepción de las audiencias. Construir audiencias, atenuar la represión y disputar los enmarcados de los conflictos socioambientales en la región, y en Argentina en particular, ha sido posible por el desarrollo de tácticas de difusión y la construcción de medios propios, más el enlace con periodistas de medios alternativos que se han multiplicado hacia fines de los noventa, a la par de la concentración monopólica dentro de las políticas culturales y, específicamente, dentro de las políticas de comunicación vinculadas con la convergencia tecnológica de los multimedios.

Lo que se denominó cerco informativo³¹ –denunciado por diferentes organizaciones sindicales– aludía a la necesidad "amplificadora", vinculada con la construcción de audiencias en diferentes instancias de expresión. El acceso al espacio desregulado de la Web permitió fortalecer la noción de una prensa propia y la construcción de redes en la cual los colectivos encuentran resonancia y amplificación de sus marcos interpretativos en torno a este tipo de conflictividad.

En el plano regional, la denuncia del proyecto IIRSA por el Comité Regional Sudamericano de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), diagnosticó la falta de conocimiento por parte de la opinión pública acerca del proyecto en sí y de sus impactos socioambientales. Así, se creó el Observatorio Ambiental IIRSA como una alternativa de comunicación y monitoreo a través de la oficina regional para América del Sur. Según las organizaciones que lo conforman, sus productos (mapas, foros electrónicos y gacetillas de prensa para periodistas) fortalecerán la capacidad de la sociedad civil, los gobiernos y el sector privado para evaluar los impactos, oportunidades y amenazas asociados con IIRSA, desde una perspectiva socioambiental.

En Argentina, específicamente, las últimas acciones y talleres de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) –lugar de encuentro, intercambio y debate de los colectivos afectados por el saqueo y la contaminación de los bienes naturales– se orientan a la visibilización de IIRSA. Los mismos portales de la UAC, No a la Mina, Movida Ambiental, Iconoclasistas y otros productos digitales sirven al mismo fin de contrarrestar la invisibilización mediática hegemónica, a la vez que permiten amplificar y documentar estas luchas. Como forma de resistencia y confrontación se editan los propios mapas y registros, las cartillas, los volantes y algunos documentos que operan como soportes desde los cuales se interpelan las demandas y las prácticas que sustentan las prácticas colectivas³². Las superficies de inscripción se multiplican y amplifican con la posibilidad de registros más autónomos de estos medios³³.

Este tipo de mediación hace de quien sostiene la cámara o el micrófono un testigo, y de lo objetivado técnicamente un testimonio. Tal es el caso del fotógrafo Brad (Indymedia), quien fue asesinado por las fuerzas represivas al visibilizar la pueblada de Oaxaca, y lo que se conoció en Argentina como "la masacre del puente Pueyrredón", donde la presencia de las cámaras al visibilizar la acción y sus agentes ofreció un contenido que no puede enmarcarse como "la crisis se cobró dos víctimas" (tal como lo tituló el periódico Clarín).

Más allá de los avances y resistencias que materializan estos medios alternativos, parte de la respuesta estatal vía represión también los alcanza. Recursivamente se hace necesario registrar, documentar y visibilizar la violencia ejercida contra la prensa comprometida con esta mediación, alineada con los colectivos movilizados. La colectivización de los reporteros "sin fronteras" es la que posibilita la lucha contra la invisibilización de sus propias prácticas³⁴. En varios países, Reporteros sin Fronteras pudo observar la paradoja de que la población local, si bien es la primera víctima de la contaminación y los diversos tráficos, llega a apoyar a los que están comprometiendo su futuro³⁵. Situaciones similares son denunciadas por periodistas de medios independientes y alternativos en Argentina, a partir del accionar de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) que aglutina a diferentes proyectos radiales, websites, audiovisuales y gráficos. En su balance a diez años de su creación, se definió la importancia de incorporar la RNMA a las comunidades de pueblos originarios y a los movimientos campesinos como parte de la identidad del espacio. Asimismo, se propició la elaboración de un banco de datos sobre casos de criminalización con información sobre causas abiertas en cada provincia, de donde se desprende la necesidad de articularse con otras organizaciones que no estén en la RNMA³⁶.

Esta mediación alternativa y en resonancia con los marcos de acción colectiva de los propios actores, enmarca y denuncia los conflictos desde un tiempo-espacio experimentado en común. Las retóricas del desarrollo y la sustentabilidad como parte de la fantasmática vinculada con el progreso, son confrontadas por el abandono, la desocupación, el hambre, la enfermedad y la muerte que van testimoniando los propios pobladores. La retórica vinculada al consenso, la participación y el fortalecimiento de regiones asociada con la democratización del espacio y sus relaciones³⁷ –formas de ocultamiento de la lógica neocolonial e imperial del trazado del mapa regional–, entra en conflicto con la condición marginal a la que son expulsados quienes no se resignan. Al plan de progreso, desarrollo y responsabilidad empresarial construido por los medios hegemónicos y el Estado como parte del discurso hegemónico, se contraponen las gráficas y trazados de la prensa alternativa que registran testimonios de quienes hablan de envenenamiento, depredación, saqueo y extracción vital. Aquí esas empresas de servicios múltiples operan como máscaras de emprendimientos saqueadores que ocluyen la vitalidad del bien, intraducible como "servicio".

Paradójica y hasta cínicamente, la retórica bicentenaria en torno a la libertad, la soberanía y la independencia, se articula con la plena vigencia del credo liberal. El Bicentenario es también el momento en el que se asiste a la profundización de lógicas coloniales que suponen, en el trazado de las fábricas globales, ser una de esas regiones del mapa que aporta las energías que alimentan y mantienen el desarrollo de los países centrales. En Argentina, durante el año de festejos del Bicentenario, la conflictividad asociada con la defensa de bienes naturales comunes se incrementa y se contrapone a la versión oficial que no sólo ocluye lo conflictual, sino que instrumentaliza un encuadre folclórico estetizado sobre "lo" indígena. Cuestiones con las que concluiremos en el siguiente apartado.

REENMARCAMIENTOS OFICIALES EN EL BICENTENARIO (A MODO DE CONCLUSIÓN)

Como hemos observado, la alta dependencia de las economías de la región latinoamericana, de la cual la IED es un claro indicador, y la centralidad de los bienes naturales y primarios en la generación de la riqueza tornan comprensibles –aunque no justificables– las estrategias que los Estados- nación implementan ante la emergencia de la conflictividad y las prácticas de resistencia de los colectivos movilizados. El carácter menos urbano y la posición marginal dentro del amplio territorio argentino que soportan muchas de las comunidades sensibilizadas y activas, facilita el mantenimiento de las respuestas estatales hasta ahora referenciadas (burocratización y represión).

Dentro de esas comunidades, enfatizamos el caso de los pueblos originarios porque son precisamente éstos los que –tanto en Argentina como en otros países de la región– deben necesariamente combatir la materialidad que adquiere el capitalismo en estas latitudes. Junto con amplios sectores de pequeños campesinos y otros pobladores, encarnan diferentes intentos de resistencia a la desposesión y mercantilización de aquello que consideran un bien.

Habiendo experimentado la radicalidad y la orientación contraria a la lógica capitalista de las demandas que estos pueblos plasmaron en el documento "Demandas y propuestas de acción al Estado argentino" (Foro Nacional Derecho de los Pueblos Indígenas en la Política Pública, 2005)³⁸, la anterior presidencia optó por no canalizarlas institucionalmente. Si la vía institucional en democracia queda obstaculizada y la resignación –asumir la identidad sacrificable– no constituye una opción, queda la resistencia y la acción colectiva. Frente a estas alternativas, el Estado también se ha dado otras modalidades de reacción. Precisamente, el discurso reflexivo y la revisión histórica en torno al Bicentenario fue la ocasión para que en el nivel del discurso público, la situación de los pueblos indígenas fuera parte de la agenda estatal. Ser parte de esa agenda implica quedar enmarcados en el discurso oficial –restringido a sus operaciones de énfasis y reducción de la complejidad social–, a la vez que ser incluidos dentro de un proceso de visibilización que prioriza figuras individualizadas como portavoces de lo indígena. Así, la Marcha de los Pueblos Originarios, "Transitando hacia el Camino de la Verdad" –Qapac Ñanta Purispa–, ingresó a la plaza encabezada por el referente nacional del Movimiento Barrial Tupac Amaru, Milagro Sala, y fue recibida por las Madres de Plaza de Mayo. Se trata de toda una forma de organizar la(s) experiencia(s) de estos pueblos, de manera que el carácter conflictual en el nivel estructural siga invisibilizado en el momento de mayor visibilidad mediática y urbana alcanzada por algunos de los colectivos movilizados. Desde la perspectiva de quienes participaron de esas acciones, la experiencia adquirió el carácter de espectáculo pensado para otros: las grandes audiencias. La interacción con la máxima autoridad del Estado-nación no constituyó una instancia de reconocimiento: "[...] la respuesta de la presidenta no estuvo a la altura de la marcha ni de los reclamos [...] no está informada sobre nosotros [...] no está en la misma dimensión que nosotros" (II Congreso de Pueblos Originarios, 2010). Las respuestas brindadas por el Estado en dicha oportunidad³⁹, por un lado, hacen inteligible su desconocimiento acerca de lo demandado por estos actores, y por el otro, son la marca del discurso público oficial, que instala una idea de lo originario y lo indígena hoy en Argentina, a partir de una estetización de sus prácticas y cosmovisiones.

La espectacularización y estetización conllevan como reverso la invisibilización de uno de los actores centrales y "sacrificables" dentro de las lógicas de acumulación neocoloniales. Aun en estos escenarios de regímenes políticos democráticos, el sacrificio y la desaparición aparecen como marcas recurrentes y encubiertas bajo ropajes civilizatorios. Son las "zonas sacrificables"⁴⁰, según la lógica de rentabilidad económica que favorece la radicación de empresas extractivas en nombre del desarrollo. En cambio, según los propios habitantes de esos territorios, se trata de la desaparición de "seres humanos [...] de una ciudad centenaria con una enorme riqueza cultural", es decir, no se interviene sobre un territorio deshabitado sino que son "zonas donde vive gente" y, por lo tanto, "es necesario que mueran o se vayan para que la actividad [minera] se sustente" (II Congreso de Pueblos Originarios, 2010). El destierro o la muerte aparecen como equivalentes que cercenan, acorralan, aplanan a ciertos cuerpos. Zonas y cuerpos que constituyen el reverso de un mapa neotecnologizado bajo viaductos, carreteras, puertos que hablan de integración y crecimiento. Nuevamente, lo que quede por fuera o se desborde, será parte de ese sujeto social sacrificable ya previsto por el Estado, y cuya desaparición progresiva se naturaliza junto con la desaparición de la naturaleza y los bienes comunes.

NOTAS

1. Este tipo de transformación, que hace a la construcción de la fábrica mundial, es a su vez el punto de partida del control del trabajo en el mundo, desafiando a la organización obrera.

2. Un núcleo industrial que desplazó el centro de la economía mundial del Atlántico al Pacífico es el factor clave para entender por qué la nueva "necesidad" de integración por parte de Estados Unidos es recepcionada por el gobierno mexicano, y trae como consecuencia la intervención sobre su propio territorio terrestre y marítimo. Esta reorganización del territorio significa romper con toda la industria de la agricultura y de la mano de obra nacional, –con quinientos años de historia–(Barreda, 2006).

3. Desde su creación, los bancos multilaterales de desarrollo han tenido un papel muy activo en el financiamiento de los estudios y proyectos relacionados con IIRSA, y proporcionaron apoyo técnico, facilitando la participación del sector privado extranjero.

4. En la primera cartera de IIRSA se realizaron 189 estudios de proyectos. De ellos, 41 fueron identificados como proyectos ancla, megaproyectos que darán lugar al desarrollo de cientos de proyectos subsiguientes. Las primeras actividades propuestas para IIRSA representan una inversión total de US$ 23.500 millones. Véase: <http://www.proteger.org.ar/iirsa/pagina.php?id=2>.

5. La resistencia a los proyectos del ALCA fue masiva en la región. La creación de tratados bilaterales en sustitución, y la actualización de corredores diseñados desde el Norte en el marco del IIRSA, muestran el mismo contenido imperialista y neocolonizador que se denunciaba en relación con el ALCA (Spedale, 2009).

6. Para Harvey (2005), el proceso de financiarización sumado al cambio tecnológico alejado de la producción, resulta relevante como mecanismo de acumulación por desposesión. A diferencia de Barreda (2006) este autor sostiene a su vez, que las áreas de producción que más crecieron fueron las emergentes industrias culturales que utilizan la tecnología de la información como base de la innovación y comercialización de sus productos.

7. Las proposiciones de Harvey (2005) suponen la "mercantilización de todo", con énfasis en las mercancías ficticias (en términos de Polanyi).

8. Según Harvey, un factor legal posibilitado por los Estados (los contratos a corto plazo), trae como consecuencia la presión ejercida sobre los productores para extraer todo lo que se pueda mientras dure la vigencia del contrato. El horizonte temporal más dilatado posible para la explotación de los recursos naturales es equivalente a la tasa de descuento (aproximadamente veinticinco años), pero en la actualidad la mayoría de los contratos son por un periodo menor.

9. La cantidad de foros y el crecimiento de cumbres "de los pueblos" e indígenas caracterizaran parte del escenario en este primer cuarto de siglo, donde se van testificando el despojo y la expulsión de campesinos e indígenas. Al respecto, ver los informes del Observatorio Social de América Latina (OSALClacso).

10. Un estudio reciente (Then y Tippe, 2009) sobre solicitudes presentadas ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), muestra que las grandes empresas internacionales de semillas (Monsanto, Dupont y Syngent) siguen intentando imponer sus reivindicaciones de monopolio sin preocuparse por las consecuencias para la seguridad alimentaria global y el sustento de los agricultores del mundo entero.

11. En Barreda (2005) confluyen los planteos de la materialidad del capitalismo actual en términos de corredores en la zona de Chiapas y el intento de implantación de transnacionales de industria biotecnológica.

12. Ejemplo: planes de vivienda en Inglaterra en la gestión de Margaret Tatcher que obligaron a los recientes propietarios (clases bajas) a desplazarse a las periferias en ciudades como Londres, transformando los barrios obreros en centros de intensa elitización. Igual sucedió en México, China, Estados Unidos y está sucediendo localmente en la ciudad de Córdoba (Levstein y Boito, 2008).

13. Al respecto y en el nivel local (Córdoba, Argentina), véase: Boito et ál. (2010).

14. La presión de las empresas extranjeras para la explotación forestal en países pobres, resiente las mínimas protecciones legales alcanzadas. Las propias políticas del FMI colaboraron con la reducción de los fondos estatales destinados a la gestión de esos recursos forestales. No parece accidental que entre 1997 y 1998 en el punto álgido de una crisis financiera que expulsó a millones de personas del mercado de trabajo en Indonesia, una oleada de incendios descontrolados arrasó Sumatra. Igual sospecha se ha sostenido públicamente en la provincia de Córdoba frente a los incendios en zonas de reserva.

15. En sintonía con procesos de sociosegregación urbana implementados en Europa, en Córdoba (Argentina), también se intervino el espacio público rediseñando el centro de la ciudad y estableciendo "corredores turísticos" modificando las interacciones sociales previas (Espoz, et ál., 2010).

16. Estas dos dimensiones del fenómeno pudieron establecerse en el caso de Chiapas (zona en la cual está el agua, la electricidad, el petróleo y el mejor territorio para comunicar con el Atlántico y el Pacífico), donde mediante un atlas geopolítico se produjo el mapeo de los recursos y se estudió su relación con la pobreza y con la militarización del territorio (Barreda, 2006).

17. Una de las expresiones más obscenas la constituyó el veto de la Ley de Protección de los Glaciares. Después de su aprobación por las dos cámaras, el poder ejecutivo la vetó vía decreto.

18. Actualmente existen pedidos de autorización a los gobiernos provinciales y locales en las provincias de San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Mendoza y Neuquén para cientos de explotaciones mineras. La envergadura del problema social que implica este sector hizo que, desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y un grupo de organizaciones académicas y no gubernamentales, se desarrolle un proyecto que focaliza inicialmente en la generación de un sistema de información sobre la conflictividad minera, confiable, legítimo y útil para el diseño y la aplicación de políticas públicas.

19. La expansión de la frontera sojera y el uso de agroquímicos están directamente asociados con la concentración y depredación de la tierra como mercancía. La sojización no tiene límites ambientales ni sociales. Ejemplos paradigmáticos en Argentina son el asesinato con una topadora de una mujer que intentaba impedir el desmonte (denunciado por Vía Campesina) y el alud en Tartagal (Salta) en 2008 como consecuencia inmediata del desmonte.

20. El Congreso Forestal Mundial (Buenos Aires, Argentina) estuvo respaldado por los más altos funcionarios del Gobierno Nacional. Con el fin de incentivar la actividad forestal, la Cámara de Diputados aprobó la prórroga por diez años de la Ley 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados. La prórroga, sancionada en noviembre de 2008, tuvo el apoyo de Carlos Cheppi desde la secretaría de AGPyA, y fue impulsada por los senadores Urquía, Capitanich y otros, quienes presentaron el proyecto de ley. Las fuerzas armadas anunciaron la posibilidad de uso de sus tierras para el mismo fin. Véanse las declaraciones del Grupo de Reflexión Rural en el marco del Congreso Mundial de Forestación durante 2009, disponibles en: <http://parendefumigar.blogspot.com>; véase también la campaña del ejército, disponible en: <http://www.remonta.mil.ar/content/boletin.htm>.

21. Los conflictos socioambientales más importantes giran en torno a las políticas y proyectos de extracción de recursos naturales, al régimen de propiedad y uso del territorio, y al acceso a fuentes de agua (FARN, 2010).

22. Como integrantes del Programa de Acción colectiva y Conflicto Social del Centro de Estudios Avanzados-UE Conicet, trabajamos diferentes instancias de encuentro, participación y registro de estas problemáticas. Las sistematizaciones de las intervenciones de diferentes movimientos sociales, colectivos e intelectuales durante las primeras jornadas de Acción Colectiva y Conflicto Social contra la Expropiación y Depredación de la Naturaleza. Modelo de Acumulación y Ambiente en la Reconfiguración Neocolonial del Capital, y otros pronunciamientos al respecto, pueden consultarse en <www.accioncolectiva.com.ar>, y en artículos de divulgación: Cabral (2009 y 2010), Cabral y García (2009).

23. Al respecto, véase la denuncia de censura en <http://www.grr.org.ar/censurahsur> y <http://horizontesurblog.blogspot.com>.

24. Parte de estas expresiones conformaron de la actividad de observación y registro de intervenciones en los paneles del II Congreso de Pueblos Originarios, Córdoba, 2010.

25. Las ET consideran los problemas ambientales como situaciones exclusivamente físico-naturales, que se reducen a emisiones, efluentes y residuos. El daño a terceros y la responsabilidad social son temas que, según las ET, significan sólo al pago de impuestos, el resto queda en manos del Estado (Carrillo, 2000).

26. Expresiones similares han sido recogidas en la plenaria final del Primer Encuentro de Médicos de Pueblos Fumigados, a partir de testimonios de pobladores y del colectivo Paren de Fumigar (Córdoba, agosto de 2010). La Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) denunció las operatorias de demonización en el momento de planificar la movilización céntrica y los diferentes escraches.

27. En noviembre de 2007 se sancionó la Ley Nacional de Bosques y recién en febrero de 2009 la reglamentó el ejecutivo, previa multiplicación de protestas de alrededor de setenta organizaciones y colectivos de todo el país. En Córdoba, en 2010, la Legislatura aprobó un proyecto de ley que desconoce los estudios y lineamientos planteados por la Comisión, permitiendo extender la superficie de desmonte.

28. En Argentina, el movimiento piquetero y sus formas de manifestación (quema de neumáticos, rostros semicubiertos y porte de palos como medida de seguridad) son reconstruidos como marcas delictivitas de alteración del orden.

29. Al respecto, Ceceña (2004) describe y mapea las formas en que Estados Unidos militarizó los territorios y las relaciones sociales dentro de Latinoamérica. Véase zonas estratégicas en: <http://defenselink.mil>.

30. Informe de la Cátedra Unesco de la Universidad de Cataluña, en el apartado sobre el modelo agropecuario (Cátedra Unesco de la Universidad Politécnica de Cataluña et ál., 2009).

31. El "cerco informativo" fue abordado en Córdoba desde diferentes ámbitos que confluyeron en la creación de la Red Alternativa de Medios (RAM), junto con radios comunitarias, públicas y universitarias, revistas alternativas y medios de prensa digitales que trabajan con organizaciones sociales (2002-2003), y desde el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren). En el nivel nacional, la red Indymedia y algunos colectivos de contrainformación van apareciendo en otras provincias.

32. Véanse los diferentes mapas trazados del conflicto realizado por Iconoclasistas, así como audios, fotografías y otros registros de las diferentes acciones colectivas en: <http://asambleasciudadanas.org.ar/?page_id=232>.

33. En Córdoba, dos experiencias de trabajo en esta línea se conformaron después de 2001. La convocada por la Universidad (Córdoba Nexo) posibilitó el trabajo con los documentos directos que se crearon en las diferentes experiencias asamblearias y autogestivas que caracterizaron el escenario posterior a 2001 en la ciudad. La iniciativa del Cispren (Prensared) fortaleció la idea de trabajo a partir de redes.

34. Casos: a) Lúcio Pinto, fundador y editor de Jornal Pessoal en Belém (Estado de Pará, Norte), publicó una serie de investigaciones sobre la deforestación amazónica, razón por la cual recibió treinta y tres actuaciones judiciales en su contra; b) Vilmar Berna, director del diario Jornal do Meio Ambiente, por abordar el exceso de pesca clandestina y las amenazas sobre la fauna marina de la Bahía de Río, recibió intimidaciones telefónicas, amenazas de muerte, y en mayo de 2006 dejaron delante de su casa un cadáver ensangrentado, medio calcinado; c) en el estado de Espirito Santo (Sudeste), Fabrício Ribeiro Pimenta tuvo que huir tras el atentado que sufrió el 30 de julio de 2009. El periodista se encontraba denunciando los vertidos tóxicos de una marmolería clandestina instalada en plena zona residencial.

35. La razón es evidente: quienes se enriquecen saqueando los recursos disponen de medios para, al hacerlo, dar empleos o ingresos a los más desfavorecidos. Esto hace que la lucha contra la deforestación o el combate contra las fábricas más contaminantes resulten más difíciles y perjudiciales para quienes los llevan a cabo.

36. Para consultar las conclusiones y puntos centrales de discusión revisar las resoluciones del 4° y 7° encuentro, disponibles en: <www.rnma.org.ar>.

37. Agenda de Implementación Consensuada es la forma como se tituló la planificación de redes y corredores de infraestructura para el transporte de mercancías del IIRSA. Su nominación connota acuerdos que suponen una igualdad de condiciones de negociación apoyada sobre fines integracionistas.

38. Los ejes centrales de dicho documento son territoriointerculturalidad- biodiversidad-personalidad jurídica.

39. Para mayor información sobre las medidas tomadas, véase: <http://www.casarosada.gov.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=7218>.

40. Tal expresión se le atribuyó a la presidenta argentina, Cristina Fernández, en uno de los paneles del II Congreso de Pueblos Originarios.

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