2.1 Breve génesis del paramilitarismo

Si quisiéramos hacer una cronología de los grupos paramilitares en el Eje Cafetero habría que remontarse a los años 1980. Entre los proyectos de carácter local, convendría destacar el caso de Los Magníficos, grupo conformado, de acuerdo con el cronista Juan Miguel ^{Álvarez (2013)}, por soldados del Batallón San Mateo. El grupo fue el embrión del paramilitarismo en la región y operó hasta 1991. El autor remonta el origen de Los Magníficos al narcotraficante Olmedo Ocampo, distinguido por tener a su servicio un grupo de sicarios que se hacían llamar “Asesinos S.A.S.” conformado, entre otros, por miembros de la Policía Judicial (^{Álvarez, 2013}).

Al parecer, este grupo habría tenido relaciones con cafeteros, ganaderos, miembros de la Brigada No. VIII y el alcalde de la época del municipio de Quinchía, fortín del grupo paramilitar (^{El Quindiano, 2022}; ^{Jaramillo et al., 2020}). Los orígenes del grupo, y su direccionamiento, se relacionan con la familia Zuluaga, con Cirso Zuluaga como la cabeza más visible en el occidente de Risaralda (^{El Tiempo, 1991}), principalmente en el municipio de Quinchía, donde el grupo ejerció su hegemonía. Si bien Los Magníficos actuaron en varios municipios del Eje Cafetero, su origen localizado permite considerarlos dentro de los proyectos paramilitares de carácter local, aunque fluctúa en lo regional.

De un carácter mucho más regional, otro de los proyectos que vale la pena referir es el de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio -ACMM-. Su germen data de 1977, cuando Ramón Isaza junto a un grupo de civiles, bajo un discurso contrainsurgente, se armó para crear el grupo Los Escopeteros, el cual tendría como hito fundacional un combate con el frente 9 de las FARC. El mismo reconocido ex jefe paramilitar refiere que habría buscado comprar armas al ejército y que este lo apoyara en su lucha contrainsurgente (^{CNMH, 2018}). Si bien su origen se remonta al municipio de Puerto Triunfo, Antioquia, las ACMM se expandieron por toda la región del Magdalena Medio en la década de 1980, incluyendo el Magdalena y el oriente caldense. El grupo tuvo, hasta su desmovilización en el año 2006, un accionar significativo que dejó innumerables víctimas.

Esta referencia cobra importancia por cuanto la región del Magdalena Medio ha sido considerada como la “cuna del primer gran modelo paramilitar de Colombia” (^{CNMH, 2018}, p. 48). El proyecto de las ACMM fue el único proyecto paramilitar que tuvo su génesis en los años 1970 y operó en la región hasta 2006.

Si bien la experiencia paramilitar conocida como Los Magníficos y la incipiente estructura criminal conocida como Los Escopeteros, recreadas en la década de los años 1980 con una incipiente presencia en el territorio caldense, perfilaron una vocación contrainsurgente, su origen asociado al narcotráfico perfila una de las alianzas que caracterizaron el modus operandi en la región cafetera. Estos escenarios de guerra fueron minimizados en los distintos informes oficiales que desestimaron la presencia activa y continua del conflicto armado en la región (^{Comisión de la Verdad, 2022b}).

Precisamente, la antesala a estos grupos paramilitares fue la confluencia de distintos actores narcotraficantes emergidos en el seno de la región. Su actuación precede incluso a la operación de los Carteles de Medellín y Cali. El informe sobre el BCB del CNMH llama “señores del narcotráfico” a quienes “heredaron un modelo criminal que mezclaba el negocio ilegal, con inversiones legales que se traducían en conglomerados empresariales y ejércitos privados con discursos de orden paramilitar” (^{CNMH, 2022}, p. 289). Algunos señores serían Antonio Correa Molina y José Olmedo Ocampo, quienes tuvieron su emporio en los años 1970 principalmente en Risaralda, este último fue el creador de la primera escuela de sicarios del país (^{CNMH, 2022}). En la década de 1990 serían Rodrigo Escobar y Carlos Arturo Patiño algunos de estos señores, y serían cardinales para la consolidación del BCB.

Finalmente, en este periodo habría que destacar la operación de grupos de carácter nacional como Muerte a Secuestradores -MAS-. No se tienen muchas referencias sobre cómo actuó el grupo en la región, más allá de algunos hechos concretos de violencia.

2.2 Repertorios

Con esta pequeña radiografía del paramilitarismo de primera generación en el Eje Cafetero se abre paso a la descripción y análisis de los principales repertorios de violencia utilizados por estos grupos, para, más adelante, identificar cuáles han sido continuos y cuáles no. Hay que mencionar que más allá de los repertorios mismos, deben tenerse en cuenta elementos importantes que permitan avanzar en variables de orden cualitativo, tales como intencionalidades, motivaciones y sujetos de la violencia paramilitar. A continuación, se describen algunas cifras encontradas para complementar el análisis con algunos elementos de carácter cualitativo y dar algunas puntadas que permitan avanzar en la comprensión del fenómeno paramilitar en la región. Se trabajó principalmente con la base de datos del Centro Nacional de Memoria Histórica porque permite desagregar la información por responsable de los hechos.

En términos generales, de acuerdo al Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH⁵ -en adelante El Observatorio-, en la región se reportan un total de 3841 personas víctimas de la violencia paramilitar. Caldas ha sido el departamento más afectado, concentrando el 77,2% de las víctimas, seguido de Risaralda con 19,8% y Quindío con 2,9%. Desde 1996 los índices muestran un incremento gradual, el cual se escala a partir de 1999. Como se observa, contrastan enormemente las cifras entre departamentos, lo cual pone en relieve la necesidad de un análisis que particularice en los elementos explicativos departamentales e incluso subregionales.

En dicho periodo, los repertorios de violencia principales fueron el asesinato selectivo y la desaparición forzada. Con una marcada diferencia se registraron masacres, violencia sexual, secuestros, reclutamiento y utilización de NNA y daños a bienes civiles. Además de las violaciones a los DDHH y las infracciones al DIH, resulta importante evidenciar en términos de confrontación armada qué ocurrió: El Observatorio registra solo 4 acciones bélicas (1 en Risaralda, 3 en Caldas) que involucran grupos paramilitares.

Durante este periodo, en los casos en los cuales se pudo identificar el responsable, el Observatorio registra a grupos paramilitares diversos como las ACMM, MAS, AUC, ACCU, Los Magníficos y Autodefensas de Hernán Giraldo. Se registran tres casos de asesinatos selectivos cometidos conjuntamente por agentes del Estado y grupos paramilitares. Hechos en los que, además, se ejercieron amenazas y tortura. Desde 1996 el Observatorio registra hechos atribuidos al BCB.

En Risaralda, entre 1980 y 1999, 211 personas se vieron afectadas por el accionar paramilitar, 186 fueron víctimas letales. Los años 1989 y 1999 registraron los mayores niveles de violencia. Los principales repertorios que se presentaron en el departamento condicen con lo registrado para toda la región, ya que son el asesinato selectivo y la desaparición forzada los hechos que más víctimas cobraron. También se presentaron masacres y victimizaciones por violencia sexual, daños a bienes y secuestros. Respecto a las masacres, resulta interesante que, a pesar de ser Caldas el departamento que concentra la mayor victimización por parte de grupos paramilitares, no concentra el mayor número de las mismas, sino Risaralda: siete de diez, las cuales dejaron 35 personas asesinadas (^{CNMH, 2021}), la mayoría campesinas y dedicadas a la economía informal.

Una primera aproximación a los repertorios permite señalar que la violencia paramilitar tuvo un fuerte componente de letalidad. Los asesinatos, como ya se señaló, fueron el repertorio característico del periodo. Además de las cifras, otras investigaciones robustecen esta afirmación.

Entre 1989 y 1991, según el ^{Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH}, Risaralda superó la tasa de homicidios nacional, con 137 en 1989 y 132 en 1991 (^{Arciniegas, 2020}). Si bien existen diferentes factores explicativos que trascienden el ámbito del accionar paramilitar, es innegable que los grupos paramilitares pusieron una alta cuota de violencia homicida.

Respecto a las características de las víctimas, las cuales nos dan luces sobre las motivaciones, vale la pena referir el caso de Los Magníficos, expresión de paramilitarismo endógeno. Algunos habitantes del municipio de Quinchía recuerdan el vehículo donde se movilizaban sus miembros por el terror que infundía al vaticinar la muerte. Consumidores de sustancias psicoactivas, personas en ejercicio de la prostitución o vendedores de drogas fueron víctimas de este grupo (^{Arciniegas, 2020}).

Las violaciones a los DDHH como una manifestación de intolerancia social (^{CINEP y Justicia y Paz, 2003}), hay que decirlo, no son prácticas inventadas por los grupos paramilitares. Pereira fue pionera a nivel nacional en “limpieza social”, según se documenta en un informe del ^{CNMH (2015)}, y fueron los mismos agentes del Estado quienes la llevaron a cabo:

(…) cuando la alcaldía de Pereira tuvo la macabra idea de marcar con tinta la cara y las manos de los atracadores apresados por la Policía; a los pocos días unos cadáveres comenzaron a aparecer tirados en las calles, todos con el signo de la tinta (^{El Tiempo, 1980}, p. 26).

Además de lo ya referido, la violencia paramilitar también tuvo un marcado componente económico y de violencia política. ^{Álvarez (2013)} señala, por ejemplo, que Los Magníficos “cometían asesinatos políticos y asesinatos múltiples y masacres para desplazar campesinos” (p. 58), alude que algunos asesinatos se dieron con la intención de apoderarse de tierras con minas de oro, sobre todo en el occidente de Risaralda. Esta última referencia nos ubica y deja presente la necesidad de indagar sobre hechos de violencia que han desencadenado en el abandono forzado o despojo de tierras y han terminado por transformar no solo la propiedad de la tierra, sino también su uso y acceso.

Con respecto a la dimensión política de los asesinatos, el Observatorio registra en Risaralda 33 víctimas (15,6 % del total) catalogadas como población vulnerable, debido a los roles que desempeñaban. Es el caso de los militantes políticos de oposición, maestros, maestras, líderes y lideresas (^{Rodríguez y Rodríguez, 1990}; ^{CNMH, 2021}).

Las cifras tienen su correlato en el dolor que dejó en familiares, organizaciones, y partidos políticos, el asesinato de algunos de sus líderes, cuyos rostros perviven en la memoria de los habitantes de la región. Tal es el caso del dirigente político Gildardo Castaño Orozco, presidente y fundador de la Unión Patriótica -UP- en Risaralda, quien fue asesinado el 6 de enero de 1989. El Periódico La Tarde señaló que el homicidio fue ejecutado por el grupo paramilitar Los Magníficos:

(…) se afirmó que el Teniente del Ejército Eduardo Idárraga, el Mayor de la Policía Orlando García y el agente policial Juan Carlos García Gil, que se vieron involucrados con Los Magníficos, fueron procesados y absueltos por la Justicia Penal Militar (^{CIDH, 2017}, p. 73).

Además de este asesinato, en 1991 la Procuraduría Regional señalaba la comisión de otros hechos como los de “Jaime Gómez, profesor de Quinchía, asesinado el 28 de enero de 1989; Harvey Muriel Vinasco, muerto en la misma población el 4 de octubre del 88, y Jorge Luis Garcés Castillo, ultimado en Mistrató el 12 de marzo de 1989” (^{El Tiempo, 1991}).

El banco de datos de Noche y Niebla del ^{CINEP (2005)}, en su revista “Deuda con la humanidad”, recopila hechos que ilustran el fuerte componente de violencia contra sectores de oposición. Además de líderes políticos y militantes de base, también el paramilitarismo cobró la vida de líderes agrarios como Eusebio Toro (militante también de la UP), asesinado en Pereira en 1988. Aunque en la mayoría de los casos que registra el CINEP para este periodo aparece de manera genérica el paramilitarismo como responsable, se señalan homicidios también por parte de Muerte a Comunistas -MAC-. Es el caso de Emiro de Jesús Rueda, quien se desempeñaba como concejal del municipio de Quinchía por la UP y además era miembro de la junta directiva de la Federación Nacional Sindical del Agro -FENSUAGRO-. Eusebio también fue torturado (^{CINEP, 2005}).

Grosso modo, lo esbozado permite identificar los principales repertorios del paramilitarismo en la región, los responsables específicos y modos de actuación sobre todo en el departamento de Risaralda. Como se señaló anteriormente, la violencia comienza un escalamiento gradual a partir de 1996, según datos del Observatorio. En este orden de ideas, es importante destacar que el periodo comprendido entre 1994 y 1997 marca a nivel nacional el tránsito de una variedad de grupos paramilitares de ámbito local hacia la concreción de un proyecto paramilitar nacional y unificado como lo fue el proyecto de las AUC, el cual no logró materializarse del todo. Para la región, específicamente, como ya se refirió, se consolidó el proyecto de las ACMM en Caldas y se dieron las primeras acciones e incursiones de lo que luego se conocería como el BCB. En los años noventa también se ha evidenciado la existencia de 15 cooperativas de seguridad privada en todo el Eje Cafetero (^{CINEP y Justicia y Paz, 2003}).

3.1 Breves referencias al BCB

En muchas partes del país los proyectos locales alimentaron a los grupos paramilitares de segunda generación, pues proyectos como los de las AUC y BCB capitalizaron sus conocimientos armados, del territorio y la población para consolidar su poder. Tal situación se replicó en la región cafetera, primero con la adhesión de capos locales al Bloque Central Bolívar, y, posteriormente, con la incorporación de mandos medios del mismo bloque a La Cordillera, a partir de su desmovilización en 2005. Este proceso fue acompañado con la adhesión a estructuras paramilitares de mayor envergadura en el contexto nacional. La Cordillera consolidó su monopolio como estructura criminal de gran envergadura, monopolizando distintos mercados criminales (^{Martínez, 2017a}) y ejerciendo una soberanía criminal con variaciones y altibajos desde el 2006 hasta el presente. En este escenario ocupó un lugar protagónico el Bloque Central Bolívar y su líder histórico Carlos Mario Jiménez alias Macaco.

El BCB fue un proyecto narcoparamilitar -si se quiere- de carácter nacional, con expresiones regionales específicas. Si bien no fue un paramilitarismo endógeno, ya que el grupo no tuvo su germen en la región, sí parece importante destacar que dos de sus máximos comandantes (Macaco y Ernesto Báez) eran de la región y tenían de antaño lazos económicos y políticos establecidos con el territorio.

En el año 2000 se realizó una reunión en el restaurante Cabo Verde, entre los municipios de Belén de Umbría y Anserma, en la que participaron Rodrigo Escobar, Héctor Edilson Duque Monoteto, Carlos Arturo Patiño Patemuro, El Nato, Don Gildardo, Jhony Cano y Mecato, para concretar los respectivos aportes económicos a la naciente estructura (^{Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, 2014}). Algunos de los narcotraficantes tenían relaciones con el Cartel del Norte del Valle, al igual que Macaco. Sin duda, esta cercanía tan marcada con el narcotráfico terminaría repercutiendo en el tipo de repertorios de violencia desplegados y en una forma de control territorial específico.

La discusión se centrará para este periodo en el BCB, pues excede a este propósito realizar un análisis detallado del accionar del Bloque Calima en el Quindío, el cual tendría que señalar las marcadas diferencias con respecto a la operación de la misma estructura en el Valle del Cauca y Cauca principalmente; y sobre las ACMM en el oriente y Magdalena Medio Caldense.

En Caldas y Risaralda operaron los Frentes Cacique Pipintá -FCP- y el Frente Héroes y Mártires de Guática -FHMG- del BCB. Un análisis detallado del accionar de cada uno de los frentes revela unas intencionalidades, formas de actuación y trayectorias armadas diferenciadas por las comandancias de cada una de esas subestructuras y por las características propias de cada territorio y su población. Según versa en la sentencia de Justicia y Paz contra Rodrigo Pérez Álzate, Julián Bolívar, las estructuras tuvieron su origen en el Bloque Metro, ya que fue este bloque el que incursionó primero en Chocó en límites con Risaralda y en Antioquia en límites con Caldas.

La sentencia pone varios puntos en consideración que son indispensables para entender la dinámica del accionar del BCB en la región. Lo primero que destaca, es que hablar del BCB como una organización “sólida, monolítica […] es imposible” (^{Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, 2021}, p. 199). Esto refuerza la idea ya planteada con anterioridad sobre la especificidad del accionar en cada departamento.

Para el ^{Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá (2021)}, diferentes estructuras armadas con “miras a la negociación con el gobierno nacional, fueron paulatinamente haciendo alianzas y coaliciones con el fin de hacer contrapeso, al liderazgo de las AUC” (p. 199), terminando cobijadas bajo la sigla BCB. Para el Tribunal, es importante distinguir las causas que llevaron a la creación del BCB y las que dinamizaron su expansión militar y territorial (^{Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, 2021}). En este orden de ideas, se señala en la misma sentencia que “los núcleos del BCB”, es decir, las estructuras creadas directamente por la comandancia de alguno de sus jefes paramilitares fueron las que operaron en el Magdalena Medio, Sur de Bolívar, Bajo Cauca Antioqueño y Nariño, mientras que la expansión a regiones como Caquetá, Vichada, Caldas y Risaralda “se debió más, a asuntos de coyuntura” (p. 239), siendo los FCP y FHMG adiciones. Si algo deja entrever esta característica particular del BCB es el poder y la capacidad armada, económica y política que tuvieron sus comandantes. La maniobra de compra de franquicias le permitió a personajes como Macaco pasar de delincuentes organizados a ostentar un rol de comandante dentro del conflicto armado (^{Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, 2021}).

¿Cuál fue la importancia que revistió para el BCB expandir su accionar a Risaralda y Caldas? Diferentes factores confluyeron. Sin duda, la región ofrecía ventajas económicas, políticas y militares, no solo por su ubicación geográfica y estratégica respecto a otras partes del país, sino porque la región fue un nicho para que prácticas legales e ilegales coexistieran sin contradicciones. Esto facilitó, entre otras cosas, la cooptación de diferentes estamentos del poder público. Cobró importancia posicionar y controlar corredores de movilidad -en este caso el que conecta al Norte del Valle del Cauca con Risaralda- por las ventajas que implica para el transporte de droga, tropa y armamento, así como monopolizar diferentes rentas producto del narcotráfico, el hurto de hidrocarburos, la minería ilegal y las extorsiones (^{Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, 2017}).

Antes de referir los repertorios característicos de este periodo, parece importante mencionar que, especialmente en Risaralda, el FHMG se consolidó con mayor solidez en municipios donde antaño se encontraban asentados capos del narcotráfico. Además, añadir que este es un periodo donde lo regional y las conexiones con el resto del país parecen cobrar mayor fuerza e importancia y en el que se evidencia un control hegemónico por parte del BCB en la región.

3.2 Repertorios

Con la consolidación de los grupos paramilitares de segunda generación en la región la violencia se incrementó, en consonancia también con lo ocurrido a nivel nacional. El periodo 1999-2005 registra, de acuerdo a las cifras del Observatorio, el mayor número de víctimas en relación con otros periodos.

La violencia paramilitar afectó a 2962 personas, es decir, en este periodo se concentra el 77% del total de víctimas registradas por esta entidad. Si bien El Observatorio no registra las víctimas de desplazamiento forzado, al analizar los datos de la Registro Único de Víctimas -RUV- también se observa un incremento exponencial de las víctimas de este hecho. Mientras que entre 1984 y 1998 la red reportó 15.441 víctimas para toda la región, para el periodo 1999-2005 las víctimas ascendieron a 118.510. Aunque la RUV no permite discriminar por responsable en su base de datos pública, las tendencias entre ambas fuentes son similares en cuanto a su comportamiento (aumento). Vale destacar que, en el anterior periodo, hubo desplazamientos masivos que no superaron las 80 personas, mientras que en este alcanzaron la escandalosa cifra de 2872 (^{Unidad para las Víctimas, 2021}). No sólo la confrontación armada, por la entrada en escena de otros actores al tablero del conflicto armado en la región, fueron los causantes del aumento vertiginoso de las víctimas, sino que factores como el control de las rentas legales e ilegales, el acaparamiento de tierras, la violencia política, la cooptación del Estado, la imposición de orden social específico, entre otros factores, atizaron la violencia.

Respecto a los repertorios característicos, de acuerdo al CNMH, nuevamente son los asesinatos selectivos y las desapariciones forzadas los más recurrentes. No obstante, con respecto al periodo anterior, en términos porcentuales el asesinato selectivo disminuyó y las desapariciones forzadas aumentaron. Además de las desapariciones forzadas, se registra un aumento de la violencia sexual, siendo este el tercer repertorio, seguido de las acciones bélicas, las cuales ascienden a 55 casos. Las masacres que se posicionaban en tercer lugar en el periodo anterior, en este son el hecho que registra un menor número de víctimas en relación con otros hechos. Se mantiene la tendencia anterior: Caldas concentra el 78,1% de la victimización, Risaralda el 19,4% y Quindío el 2,5%. El pico de este periodo se presenta en 2002, lo cual coincide con la expansión que desde el 2001 venía realizando el BCB en Caldas y Risaralda (^{Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, 2017}).

Sin duda, la letalidad sigue teniendo un lugar protagónico en el repertorio paramilitar. No obstante, como se mostrará más adelante, también hubo un aumento de otros repertorios no letales, como el desplazamiento forzado y las amenazas. Existe un dato interesante en vía de lo que se viene enunciado: personas desmovilizadas del FHMG firmantes de los Acuerdos de la Verdad (Ley 1424 de 2010), en sus aportes ante la Dirección de Acuerdos de la Verdad del CNMH, aseguraron que las principales victimizaciones que se dieron en el marco de su accionar fueron: el exterminio social (“limpieza social”), el homicidio selectivo, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado y el despojo de tierras (^{CNMH, 2021}).

La violencia en el Eje Cafetero no fue menor. La región, considerada un remanso de paz, volvió en este periodo a registrar tasas de homicidios por encima de la media nacional. Entre 1998 y 2004, el Eje Cafetero superó la tasa nacional, siendo el 2001 el año con la mayor tasa de homicidios: 111 (^{Programa presidencial de DDHH y DIH, 2004}). Las descripciones de la Vicepresidencia y la sistematización de la Policía Nacional adolecen de los problemas que entraña la sistematización de los datos cuando se trata de determinar los responsables. Para el 2004, solo en el 41% de los casos se pudo establecer el responsable (frente al 5% de 2003), los grupos paramilitares fueron responsables del 5% de los homicidios, frente al 35% atribuido a la delincuencia común, según esta fuente. No se pueden desconocer los vasos comunicantes entre ambos fenómenos. A esto se suma que la Defensoría del Pueblo, en diferentes informes de riesgo publicados entre 2001 y 2005, alertó sobre la posible ocurrencia de masacres y homicidios. Si bien el foco de análisis es el departamento de Risaralda, vale la pena mencionar cómo las masacres fueron un repertorio característico del FCP en el departamento de Caldas, a diferencia del FHMG en Risaralda, pese a que las dos subestructuras hacían parte del BCB.

Si se puntualiza sobre lo ocurrido en el departamento de Risaralda, se evidencia que los indicadores tienen una leve modificación: aumenta la proporción de homicidios y disminuye la proporción de desapariciones forzadas. Las acciones bélicas descienden del cuarto al quinto lugar. Se registran, además, hechos de daños a bienes civiles, reclutamiento y utilización de NNA, masacres y secuestros. Todos estos repertorios afectaron en total a 566 personas. Debe señalarse que se registran tan sólo 8 acciones bélicas, que, si bien puede haber un subregistro, están marcando una tendencia mínima de confrontación armada, por ejemplo, entre insurgencias y paramilitares, o estos últimos y fuerza pública. La estrategia de los grupos paramilitares, no estuvo encaminada a la confrontación directa con las guerrillas, sino contra la población civil y contra quienes les disputaban sus rentas. La estrategia fue debilitar “sus fuentes de financiamiento”, “su capacidad operativa” “mediante el empleo de la violencia en contra de la población” (^{Defensoría del Pueblo, 2016}, p. 4). Sin embargo, esto que ha sido etiquetado como contrainsurgencia, es un discurso, una narrativa que esconde un modelo de acumulación violenta de riqueza y poder (^{González, 2017}; ^{Comisión de la Verdad, 2022b}).

Volviendo a las cifras, estas nos permiten identificar la magnitud de lo ocurrido, pero no revelan quiénes fueron los sujetos de la violencia paramilitar, ni las modalidades de estos repertorios.

Analizar la información acopiada por entidades como la Defensoría del Pueblo, el CNMH, el CINEP, sentencias judiciales, entre otras fuentes y autores, y tratar de avanzar en la identificación de unos repertorios sistemáticos del paramilitarismo, ahondar en sus modalidades y las características de aquellas personas que en carne y hueso han padecido la violencia paramilitar en cada uno de los municipios de Risaralda, es una tarea compleja, que requiere ingentes esfuerzos. Este pequeño avance pretende dejar presentes elementos que tracen una ruta, inacabada y aún poco explorada, hacia la comprensión de la dinámica paramilitar en Risaralda.

En este orden de ideas, en el departamento se evidencia que hay lugares que cobraron una mayor importancia para el BCB. Por ejemplo, el Área Metropolitana del Centro Occidente de Risaralda -AMCO-, los municipios de Santuario y Belén de Umbría fueron fundamentales para la operación del bloque y fueron, sobre todo, municipios donde la estructura armada tuvo una consolidación mayor, lo cual no fue óbice para un control territorial menos violento. En otros municipios como Mistrató, Pueblo Rico y Quinchía, municipios donde las guerrillas tuvieron un mayor arraigo, la violencia también se convirtió en cotidianidad.

Quinchía es un municipio que conecta con el occidente de Caldas, especialmente con el municipio de Riosucio, donde también se sintió con fuerza el brazo armado paramilitar. Si bien, como se refirió, las masacres fueron los hechos que menos víctimas cobraron, en cuanto al número de casos, estos aumentaron respecto al periodo anterior y se diversificaron en varios territorios. Paramilitares perpetraron tres masacres en Quinchía, que se suman a las dolorosas ocurridas en Riosucio. Algunas -aunque deberían serlas todas- se han vuelto emblemáticas, como las masacres de La Rueda y La Herradura. En la masacre de La Herradura fue asesinado el candidato a la alcaldía Gabriel Ángel Cartagena, quien había sido gobernador del resguardo de Cañamomo y Lomaprieta por tres periodos consecutivos. A diferencia de lo ocurrido en años anteriores, Caldas sobrepasa el número de masacres: 32, frente a 6 registradas en Risaralda. Vale la pena puntualizar un poco más sobre este repertorio, no sólo por la magnitud en términos de personas afectadas en un mismo hecho, sino por lo que se puede decir acerca de los móviles; sobre las personas que fueron sujetos de la violencia paramilitar y el modus operandi.

Las masacres cometidas en Risaralda por el FHMG demarcan un recorrido por varias veredas, mientras que, en Caldas, las masacres perpetradas por miembros del FCP ocurrieron en su mayoría en un mismo lugar, en algunos casos hubo intentos de desaparecer los cuerpos. En casi todos los casos (Caldas) los cuerpos fueron encontrados en otros lugares distintos a donde la persona fue abordada (^{Rutas del Conflicto, 2019}).

Sobre los sujetos de la violencia paramilitar vale mencionar varias cosas: la violencia sigue teniendo un fuerte componente de “limpieza social” y violencia política, pero se han incrementado acciones contra otro tipo de perfiles. En términos generales, se pueden desagregar algunos elementos de lo registrado por El Observatorio sobre las víctimas de la violencia paramilitar en Risaralda: un alto porcentaje de víctimas eran trabajadores de finca y campesinos principalmente, aunque también se registran ocupaciones como comerciantes, estudiantes, personas dedicadas a la economía informal, funcionarios, conductores, entre otros. Además, casi un 10% de las personas víctimas se encontraban en roles considerados “vulnerables”.

En áreas rurales como Santuario, Pueblo Rico y demás municipios señalados más arriba, ocurrieron hechos aberrantes como el asesinato de la profesora Soraya Patricia Díaz, en el municipio de Quinchía el 31 de marzo de 2003. Según información del ^{CINEP (2023)}, paramilitares habrían llamado guerrillera a la profesora y, ante la indignación de la misma, decidieron reprimir con la muerte: “varios de los sujetos desenfundaron sus armas, pero fue quien la agredió verbalmente quien le puso el arma corta en el pómulo derecho y le disparó. Cuando la docente cayó boca abajo le pegó otro tiro en la espalda y los demás individuos la golpearon a patadas en diferentes partes del cuerpo" (p. 31).

La profesora hacía parte del Sindicato de Educadores de Risaralda. No solo estar sindicalizados les valió el estigma de guerrilleros a los pobladores, sino simplemente vivir en territorios que la guerra llenó de valor para los grupos armados ilegales, por ser estratégicos.

Es el caso de Pueblo Rico, donde las acciones de los grupos armados ilegales estuvieron dirigidas “a presionar e intimidar la población” (^{Defensoría del Pueblo, 2016}). En este municipio, la Defensoría registra amenazas de los paramilitares contra transportadores y comerciantes que realizaran algún tipo de contribución a las guerrillas; además de la imposición de bloqueos económicos en algunas veredas del corregimiento de Santa Cecilia, con la restricción de vehículos de comestibles y de transporte público.

Ser campesino también se volvió una ocupación riesgosa. En municipios como Santuario, vestirse de negro o usar botas pantaneras le significaron la muerte a algunos pobladores. El periódico ^{El Tiempo (2008)} relata uno de los hechos perpetrados sobre un agricultor: “[…] lo detuvieron y lo acusaron de ser guerrillero. Su padre supo de la 'captura' pero fueron inútiles sus ruegos. Lo subieron en un vehículo y no supo más de él”. En esta misma nota se señala que, para el año 2008, 160 personas en Risaralda se encontraban a la espera de poder recibir los restos de sus familiares desaparecidos por el BCB.

Claramente este es un periodo donde la violencia no solo fue mayor sino que, también en términos de información, los casos se encuentran mejor documentados. Esto permite conocer más elementos de cómo ocurrieron los hechos y, de acuerdo con lo encontrado, vale la pena destacar algunos de ellos que no fueron recurrentes en años anteriores. En este periodo toman protagonismo, como una modalidad de amenaza, la distribución de panfletos y la aparición de listas con nombres de presuntos colaboradores de la guerrilla o personas consideradas “indeseables” que fueron asesinadas posteriormente. A esto se suman los continuos retenes realizados por los paramilitares, en los cuales efectuaban requisas y exigían la cédula de ciudadanía a los pobladores (^{CINEP, 2023}), y la utilización de pasamontañas para la ejecución de homicidios.

Estos casos y elementos dan cuenta de los repertorios paramilitares en áreas rurales. Sin embargo, existió un fuerte componente urbano de la violencia paramilitar. Especialmente el AMCO “se convirtió en el centro por parte del paramilitarismo desde el cual se dirigen las operaciones hacia el suroccidente (Valle-Chocó) y centro norte (Caldas y Antioquia)” (^{Defensoría del Pueblo, 2008}, p. 11).

En el AMCO, el BCB empezó un proceso de persecución contra militantes o sectores sociales señalados de ser auxiliadores de la insurgencia urbana entre los años 2000 y 2002 (^{Álvarez, 2013}). Esto se extendió también a áreas rurales durante todo el periodo, como fue señalado. La violencia en el área metropolitana también tuvo un fuerte componente de “limpieza social”. El 26 de febrero de 2003, paramilitares del BCB asesinaron a cinco jóvenes en el municipio de Dosquebradas. Sobre el hecho el portal ^{Rutas del Conflicto (2019)} recoge dos versiones: las autoridades afirman que los homicidios se dieron por disputas entre pandillas, mientras que los familiares aseguran que fue como parte de prácticas de “limpieza social” que los paramilitares venían realizando. En Manizales, el FCP perpetró tres masacres.

Lo anterior deja presente otra dimensión de la violencia ejercida por miembros del BCB y fue la perpetrada para obtener la hegemonía de las rentas en Risaralda, sobre todo en el Área Metropolitana. Este proceso se produjo nuevamente con la transición del FHMG a La Cordillera, quienes también incorporaron a su repertorio los homicidios, las amenazas y otros hechos según ha señalado la Defensoría del Pueblo en diferentes ocasiones (^{Defensoría del Pueblo, 2020}; ²⁰²²; ²⁰²³).

El FHMG se desmovilizó el 15 de diciembre de 2005 en el municipio de Santuario, Risaralda, el FCP no entró en el proceso de desmovilización colectiva y algunos de sus miembros fueron dados de baja, capturados o siguieron delinquiendo. Pese a la desmovilización del FHMG no ha habido una ruptura entre las relaciones y los repertorios del paramilitarismo, y las violencias que persisten en la región cafetera. La consolidación y el fortalecimiento del grupo La Cordillera, posterior a 2006, guardan relación con el paramilitarismo del primer lustro de la década del 2000, haciendo evidente unas dinámicas de continuidad, las cuales dejan presentes varios elementos interpretativos que se muestran en el siguiente apartado.