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Introducción
Dos interrogantes han tomado centralidad en los estudios sobre la juventud realizados en México en las últimas décadas: el primero responde al interés por conocer en dónde transitan los jóvenes actuales y cómo dotan de sentido a sus vidas; es decir, se trata de reconocer las instancias que pueden dar a los y las jóvenes las mínimas certezas y seguridades de vida en el contexto actual (Reguillo, 2010). El segundo es más específico: ¿de qué mueren las y los jóvenes? Detrás de este se encuentra la inquietud por comprender por qué se incrementa de manera acelerada el fallecimiento de personas, quienes no están en edad de morir.
La realidad social nos deja ver que la edad no es el único determinante en la configuración de las trayectorias individuales, ya que los contextos sociohistóricos y los factores de clase, género y etnia también inciden en las condiciones en que las y los jóvenes viven y mueren. A manera de referente, y con base en el rango etario para la juventud utilizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ([Inegi], 2021), entre los 15 y 29 años habitan en México 31 millones de personas que representan el 25 % del total de los habitantes. A pesar de concebirse como un sector con un fuerte potencial para impulsar el desarrollo del país, una gran parte transita en entornos de alta incertidumbre sobre su presente y futuro.
Las crisis económicas recurrentes, la precarización del empleo, la baja calidad educativa, los escenarios de miedo, la estigmatización, las desigualdades y la violación constante de sus derechos han propiciado que un gran número de jóvenes decaigan económica, social y políticamente, aún más a raíz de la pandemia del covid-19. Las grandes complicaciones que generó la emergencia sanitaria agudizaron la pobreza e inseguridad social en este sector poblacional.
La muerte juvenil es un hecho palmario en México. En 2006, año en que el gobierno declaró la guerra contra el narcotráfico, las cifras de homicidio en jóvenes se elevaron a 6500 víctimas, situación que entonces se consideró alarmante; sin embargo, su asesinato se ha incrementado al grado de llegar a más de 11 mil víctimas en 2017 y permanecer por arriba de los 13 mil eventos por año del 2018 a la fecha, incluso con el confinamiento sanitario. A 2020, la principal causa de muerte juvenil es el homicidio (Inegi, 2021).
Esta realidad es el sustrato del que emerge el concepto de juvenicidio, mediante el cual se trata de evidenciar que el modelo de desarrollo hegemónico, la política pública y las relaciones de poder asentadas en América Latina provocan elevados niveles de vulnerabilidad, desigualdad e inseguridad social en los y las jóvenes; lo anterior los lleva a discurrir en espacios de incertidumbre que van desde el trabajo informal hasta su incorporación en actividades delictivas y en el crimen organizado (Valenzuela, 2015).
Reguillo (2010) planteó que la fragilidad de la juventud es consecuencia de la acumulación de desventajas materiales y simbólicas que confluyen en una espiral de descapitalizaciones cognitivas, educativas, sociales y políticas. En este contexto, la muerte de los jóvenes es resultado de una serie de carencias y negaciones que prefiguran sus trayectorias individuales.
El juvenicidio es una propuesta conceptual que permite reflexionar y realizar aportaciones ante las difíciles condiciones de vida de un sector fundamental de la población y las graves consecuencias que puede tener en el futuro de la sociedad en general. Habría que resaltar el señalamiento de Muñoz y Valenzuela (2020) en el sentido de que el juvenicidio no es sinónimo de genocidio juvenil, sino solo una de sus acepciones, ya que existen muchas formas de atentar contra la vida de las y los jóvenes; entre estas se encuentran el asesinato rutinario, la precariedad laboral y el empleo sin derechos, la exclusión de la vida pública y la estigmatización. Son juvenicidios blandos ejercidos gota a gota y en formas refinadas, silenciosas, sin sangre y en pequeñas dosis (Muñoz & Valenzuela, 2020).
Estas formas de juvenicidio suelen pasar desapercibidas porque se han integrado a los escenarios habituales y a las prácticas cotidianas, a pesar de la gravedad de sus consecuencias; de ahí la necesidad de indagar y evidenciar los diferentes modos en que se despliega la precarización y vulnerabilidad de la juventud. Este texto es resultado de una investigación efectuada para estudiar el juvenicidio en México con el propósito de analizar los modos en que se ejerce, los entornos donde se produce y los factores que inciden en su desarrollo.
La indagación se efectuó mediante el análisis de notas periodísticas donde los jóvenes aparecen como actores centrales, en los sitios de internet de El Universal y La Jornada, dos medios informativos relevantes y con elevada audiencia en el país (Reuters Institute, 2020). Aunque estas publicaciones pueden estar condicionadas por factores de carácter ideológico, su revisión facilitó la aproximación a la realidad a escala nacional. Además, el empleo de la teoría fundamentada y del análisis de contenido como recursos metodológicos permitieron construir los resultados a partir de la identificación y ordenamiento de las circunstancias cotidianas que inciden en el juvenicidio en este país. En general, la pregunta que condujo este trabajo se centró en indagar: ¿cuáles formas adquiere el juvenicidio en el entorno actual en México y cuáles son sus particularidades las conforman?
¿Qué se entiende por juvenicidio?
El concepto de juvenicidio comenzó a desarrollarse en 2012 a partir de los asesinatos masivos de mujeres en Ciudad Juárez, México, así como de los millares de desaparecidos y muertos derivados de la declaración de la guerra contra el narcotráfico, donde los jóvenes aparecen como principales víctimas y victimarios. Valenzuela (2012) propuso dicha conceptualización para explicar que estos crímenes y la precarización sistémica de la vida de los jóvenes están anclados al modelo capitalista. En América Latina, en particular, las condiciones juveniles no solo son producto del papel que han jugado los y las jóvenes en los procesos de producción del capital y de reproducción social hegemónicos en Occidente (Pérez, 2009), sino que también se enmarcan en los mecanismos de esclavización y sometimiento de los pueblos de esta región desde la Colonia (Valenzuela, 2019).
El sustento teórico se concentra en las aportaciones de Michael Foucault, Agnes Heller, Fehér Ferenc, Giorgio Agamben y Achille Mbembe sobre biopolítica y necropolítica, que se traducen en formas naturalizadas de dar muerte o dejar morir a aquellos individuos que «lo merecen». Valenzuela (2019) retoma el planteamiento sobre el poder del soberano para decidir quién puede vivir y quién debe morir, y lo traslada a los jóvenes descapitalizados de América Latina cuyas muertes se efectúan en forma artera; así, el homo sacer se traduce en iuvenis sacer: «vidas sacrificables, vidas desechables, vidas prescindibles, no vidas, vidas al límite, vidas expuestas en los linderos del juvenicidio» (p. 73).
El fallecimiento de estos jóvenes tiene su origen en el agotamiento continuo de sus vidas; de ahí que la muerte se considera como el componente límite al cual se llega con la decadencia material y simbólica sucesiva. El juvenicidio alude a:
Procesos de precarización, vulnerabilidad estigmatización, criminalización y muerte. Refiere a la presencia de procesos de estigmatización y criminalización de las y los jóvenes construida por quienes detentan el poder, con la activa participación de las industrias culturales que estereotipan y estigmatizan conductas y estilos juveniles creando predisposiciones que descalifican a los sujetos juveniles presentándolos como revoltosos, vagos, violentos, pandilleros, peligrosos, anarquistas, criminales. (Valenzuela, 2015, p. 21)
Los objetivos detrás de esta conceptualización son claros: evidenciar las estrategias de necropolítica que llevan a la precarización y muerte de los jóvenes, visibilizar las condiciones que propician estas situaciones, mostrar a los responsables y desarrollar propuestas académicas y políticas ante las desfavorables circunstancias de vida de la juventud (Valenzuela, 2019).
Cabe señalar que el juvenicidio se engloba en una conceptualización más amplia que incluye también a la biocultura, término que refiere a los mecanismos de contención de la bio y la necropolítica. Esto implica que se reconoce al biopoder como forma contemporánea de sometimiento de la vida al poder de la muerte, pero, a la vez, se valoran las resistencias o biorresistencias políticas, culturales e identitarias donde el cuerpo ocupa un lugar protagónico por ser un territorio donde confluyen el sometimiento y la confrontación (Valenzuela, 2012, 2015, 2019).
El juvenicidio, por tanto, no habla solamente de los dispositivos de control y muerte que afectan a la juventud, sino que remite a las condiciones en las cuales emergen las luchas que confrontan al biopoder, lo cual evita caer en la victimización de la juventud o en la apología de los movimientos juveniles. Ante la creciente violencia que aqueja a la juventud latinoamericana, el juvenicio permite comprender las lógicas de dominación, aunque también refleja los espacios sociales, los actores y las sensibilidades juveniles que se vuelcan contra los procesos de pobreza, de desigualdad social y las estrategias depredadoras inherentes al capitalismo globalizado.
A pesar de las aprensiones que pueda implicar el concepto (Hernández et al., 2019), el juvenicidio ofrece una plataforma reflexiva sobre las realidades que enfrentan las juventudes actuales. Al respecto, uno de los textos centrales es la compilación coordinada por Valenzuela (2015), ya que muestra las condiciones juveniles y el juvenicidio en América Latina y España.
Desde esta plataforma se han creado nuevas aproximaciones que enriquecen los estudios sobre juvenicidio, como las realizadas sobre la violencia sistémica y la exclusión social de la juventud (Salazar, 2015); la estigmatización, el policiamiento y los dispositivos de precarización de la vida juvenil (Blanco, 2017); el reclutamiento forzado de jóvenes a organizaciones ilegales (Díaz, 2019); las violencias y abusos policiales, así como el control represivo de jóvenes de sectores populares (Bonvillani, 2019; Lerchundi, 2020).
De igual forma, el homicidio de jóvenes (Otamendi, 2019), el despojo de tierras y el desplazamiento forzado en la juventud rural (Rosales, 2021), además de analizar el juvenicidio y las biorresistencias (Roldán, 2020). Estos trabajos denotan la diversidad de situaciones en las cuales se genera el juvenicidio y evidencian la necesidad de profundizar en el análisis de las condiciones de vida de los y las jóvenes.
Metodología
En discrepancia con las perspectivas epistemológicas que conciben a la realidad como independiente de los individuos y buscan la generación de leyes universales, en esta investigación se consideró que la realidad se construye socialmente y que los contextos sociohistóricos son determinantes en los fenómenos sociales; en consecuencia, la indagación tuvo un carácter cualitativo a fin de profundizar en el análisis específico del juvenicidio en México.
Diseño
Se diseñó la investigación como descriptiva ya que se dio prioridad a la identificación de los rasgos determinantes del juvenicidio en este país. Asimismo, tomando en cuenta que son insuficientes las aportaciones sobre el tema, se recurrió a la teoría fundamentada (o grounded theory) como marco referencial interpretativo, pues en ella las categorías de análisis surgen de los datos recabados en la investigación por la constante comparación de los materiales significativos, lo cual deriva en la elaboración de conceptos y permite revisar tanto las dimensiones como las propiedades de las categorías con las que analizamos la realidad (Álvarez-Gayou, 2005; Glaser & Strauss, 2006). De manera adicional, se empleó el análisis de contenido como recurso que permite develar el fondo de los mensajes comunicacionales desde diferentes posturas teóricas y metodologías de investigación (Fernández, 2002).
Selección de las fuentes y recolección de datos
El trabajo partió de la recopilación de noticias sobre jóvenes y juventud con el uso de los motores de búsqueda internos de www.eluniversal.com.mx y www.jornada.com.mx. El seguimiento abarcó del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2020, ya que en este lapso se ubican eventos significativos respecto a la juventud en México: la conmemoración de aniversarios del movimiento estudiantil de 1968 y de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa en 2014, así como situaciones vinculadas al covid-19 que afectaron de manera particular al sector juvenil.
Análisis de datos
El proceso metodológico siguió la propuesta de Strauss y Corbin (2002), la cual considera tres etapas:
Codificación abierta del material recopilado, a partir de la contrastación del contenido de las notas informativas para identificar y etiquetar las situaciones o eventos que repercuten en los proyectos de vida de los jóvenes.
Codificación axial mediante la clasificación, reducción y agrupamiento de los códigos o etiquetas generadas para establecer categorías de análisis sobre las situaciones que integran al juvenicidio.
Codificación selectiva con el fin de crear esquemas conceptuales que relacionan las categorías de análisis e identificar las que tienen mayor presencia en el conjunto de la información obtenida, así como la vinculación entre ellas.
Este proceso permitió la clasificación de la información con base en la semejanza de los temas y la interrelación entre las situaciones expuestas, lo que, a su vez, propició la construcción de interpretaciones, la elaboración de los resultados y su discusión.
Resultados
En total se obtuvieron 284 notas informativas: 138 de La Jornada y 146 de El Universal. La exploración no solo permitió identificar aspectos que inciden en el juvenicidio, sino también las diversas dinámicas donde se insertan los jóvenes: económicas, políticas, financieras, culturales y sociales. Asimismo, se observó su participación en la ciencia, la tecnología, las artes y la religión, algunas de las cuales fungen como espacios identitarios y les permiten seguir estilos y estéticas específicas, como las generadas desde el K-pop. De manera semejante, algunos entornos propician la definición de proyectos profesionales que implican actividades vinculadas con la gastronomía o el deporte.
Uno de los ámbitos donde se exponen con mayor frecuencia las juventudes es el educativo. Este entorno les permite destacar por vincularse a la generación de conocimientos, como se muestra en la noticia relativa a la estudiante que ganó 24 medallas en certámenes de matemáticas. De igual forma, el acervo de conocimientos les da acceso a foros y concursos nacionales e internacionales donde pueden proponer soluciones a los problemas actuales, como lo hicieron los ganadores de la competencia Latam 100K por su innovación en el diseño y fabricación de un biorreactor.
De forma paralela, el ámbito institucional influye notoriamente en la configuración de las juventudes a través de los programas sociales dirigidos, principalmente, a tres grupos de jóvenes: estudiantes, trabajadores del campo y para quienes ingresan al mercado laboral; con menor presencia se encuentran apoyos específicos en el área de la salud.
En contraposición con las circunstancias que permiten el desarrollo de los jóvenes, el 73% de las noticias expone elementos que influyen de manera negativa en sus trayectorias de vida; además, en por lo menos el 52% de las notas está implicada alguna forma de violencia. A esto se suman los crímenes de Estado que se acompañan de abuso y represión policial. Sin embargo, a la par de estas situaciones también destaca la participación de los jóvenes en eventos de resistencia y antagonismo contra la opresión y las arbitrariedades de los poderes públicos, así como en la demanda de respeto a derechos humanos. Estos elementos orientaron la organización de la información en tres grandes formas de juvenicidio: 1) violencias y muerte cotidiana; 2) los genocidios de Estado; y 3) la precarización de la vida de los jóvenes y su inserción en zonas de riesgo. Cada forma contiene los componentes del juvenicidio y las correspondientes resistencias.
Violencias y muerte cotidiana
En las notas se observaron elevadas cifras de muerte de personas jóvenes en el país, de las cuales el menor número corresponde a asesinatos notificados por testigos donde sujetos armados sorprenden a sus víctimas para quitarles la vida. En comparación, son numerosos los reportes de hallazgos de cuerpos abandonados en la vía pública, lotes baldíos, a bordo de carreteras, tambos o cisternas y en fosas clandestinas, como los 59 cuerpos encontrados en Salvatierra, Guanajuato, «con evidencia de que la mayoría son de jóvenes y hasta adolescentes» (Álvarez, 2020).
Las notas subrayan la brutalidad de los sucesos, ya que los cuerpos muestran huellas de tortura, golpes, atadura de pies y manos, caras encintadas, incineración y heridas de arma blanca, a lo cual se suma la presencia de restos desmembrados.
Al menos 15 notas refieren como víctimas a mujeres. En algunos casos el perpetrador es el marido o la pareja sentimental, pero la mayoría corresponde a feminicidios registrados como tales por la localización de mujeres sin vida sobre el pavimento, en basureros clandestinos, canales de aguas negras, predios baldíos o tambos de basura. Las notas señalan que son asesinatos realizados con violencia, pues los cuerpos evidencian fuertes golpes o asfixia, otros fueron calcinados o degollados, y la mayoría estaban desnudos o semidesnudos.
En la información se resalta el elevado número de feminicidios en diferentes entidades: de enero a noviembre de 2020 se registraron 87 en Oaxaca, 33 en Sinaloa, 30 en Sonora y 15 en Hidalgo. A pesar de ello, son escasos los datos sobre los agresores, algunos de los cuales fueron identificados como feminicidas seriales: Alonso «R», de Sinaloa, a quien le imputaron cuatro víctimas, y Óscar García, el «Monstruo de Toluca», en cuya casa ubicaron cuerpos de tres mujeres, y quien admitió haber matado a otras tres.
A los homicidios se suma la desaparición forzada. 13 notas evidencian la elevada cantidad de secuestro de personas, muchas de las cuales son jóvenes. Un bajo porcentaje tiene la fortuna de regresar con vida a sus casas, como le sucedió a Carlos Zataráin, joven fotoperiodista del diario Noroeste, quien fue privado de la libertad el 14 de noviembre de 2020 y liberado 24 horas después. En contraste, las notas señalan miles de casos sin resolver, al grado de establecerse alertas humanitarias, como sucedió en el estado de Sonora por el incremento de víctimas de desaparición forzada.
La mayoría de los casos refieren a mujeres, muchas de ellas jóvenes y adolescentes. Un reportaje indica que en Oaxaca se registraron 818 casos de mujeres desaparecidas del 1 de diciembre a septiembre de 2020, de las cuales solo el 13% fueron localizadas, aunque algunas sin vida y con signos de haber sido asesinadas con violencia extrema (Manzo, 2020). Además de esta entidad, los feminicidios y la desaparición de mujeres jóvenes se acentúan en el Estado de México, la Ciudad de México, Hidalgo, Chihuahua, Sonora, Coa-huila, Sinaloa, Jalisco y Michoacán.
La desaparición revela la vulnerabilidad de las personas con desigualdades acumuladas, incluyendo la edad, el género y la clase social. Un ejemplo es el caso del joven chiapaneco Antonio López, quien trató de trasladarse a Estados Unidos para ganar dinero, pero quedó agotado en el desierto de Sonora. La nota se construyó a partir del testimonio del amigo que lo acompañaba, quien relata la dura travesía y la imposibilidad de ayudar a su paisano, a quien dejó en el desierto porque él fue capturado y repatriado por la patrulla fronteriza. De Antonio no se logró conocer su condición ni paradero (Pérez, 2020).
A estas vulnerabilidades se agrega la generada por la expansión del crimen organizado. Muchos eventos se exponen como resultado del enfrentamiento por el control de los territorios de trasiego y venta de drogas entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (en adelante, CJNG) con el Cártel de Sinaloa, el grupo La Unión en la Ciudad de México y con agrupaciones locales de Michoacán. También se anotan las muertes derivadas de contiendas entre criminales y autoridades de seguridad, como la registrada en Yurécuaro, Michoacán, entre presuntos integrantes del CJNG y militares en noviembre del 2020. Las víctimas pueden estar o no implicadas en el narcotráfico; por ejemplo, los dos jóvenes que desaparecieron después de una balacera en un bar de Azcapotzalco, Ciudad de México:
En el bar El Barquito, donde desaparecieron Karla y Christopher, algunos empleados aseguraron que se encontraba El 20, a quien las autoridades señalan como presunto líder de una célula ligada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), además sujetos armados lo tomaron varios meses para la venta de droga, reveló el abogado de las dos familias, Guillermo Torres. (Ruiz, 2020, § 1)
La multiplicidad de eventos ha generado el levantamiento de grupos sociales que exigen atención y justicia mediante de denuncias, movilizaciones en la vía pública, plantones, toma de instalaciones y cierre de carreteras, además de expresiones culturales disponibles: colocación de ofrendas, conciertos musicales y murales. Es notoria la construcción de redes de apoyo y colectivos que congregan a familiares, amigos y sociedad en general, los cuales denuncian la negligencia de las autoridades en la resolución de los casos. Dichas denuncias señalan indolencia, impunidad y corrupción. El testimonio de la madre de la joven Verónica Soto Hernández lo evidencia: «Hay muchas inconsistencias. Apenas en julio llegó un preliminar de genética, no hay dictamen de patología, no hay peritaje de mecánica de lesiones, ni siquiera hora aproximada de la muerte» (Jiménez, 2020, § 8).
Los expedientes permanecen semanas, meses o años sin resolver, como el caso de Pamela Gallardo Volante, joven que desapareció a los 23 años de edad. Sus familiares colocaron un contador electrónico frente a la Fiscalía General de la Ciudad de México para visibilizar los días transcurridos desde su desaparición: 1095 hasta el 6 de noviembre de 2020 (Castillo, 2020).
A estas denuncias su suman las imputaciones por violencias de género. A lo largo de todo el país se registran manifestaciones en contra del hostigamiento y agresión contra la mujer, donde el mayor número de participantes son jóvenes. Uno de los contextos con mayor incidencia de dichas violencias es el educativo, pues existen numerosas acusaciones de acoso y abuso sexual por conductas inapropiadas, toma de fotografías y propuestas sexuales a cambio de calificaciones, o bien de violaciones perpetradas por trabajadores de la institución.
Solo el Instituto Politécnico Nacional reportó 302 denuncias por violencia de género en los últimos años (Román, 2020). Una estudiante narró la agresión sexual a la que fue sometida por dos trabajadores de su casa de estudios, a lo cual se agregó la revictimización por el desinterés de las autoridades, la carencia de orientación legal y apoyo psicológico.
Estoy harta de todo lo que he tenido que vivir, y que la escuela no haga nada. Lo mío no trascendió porque no me mataron, pero a Nazareth (Bautista) sí y fue la única razón por la que se visibilizó. (Amezcua, 2020, § 7)
De igual manera en las noticias se evidencia la violencia de género en el entorno familiar. En el marco del aumento de las agresiones contra la mujer en Veracruz, ministros de la Suprema Corte de Justicia coincidieron en que entre las víctimas suelen estar mujeres menores de edad y los agresores son frecuentemente hombres jóvenes o de mediana edad, lo cual implica que las agredidas están en una posición subordinada respecto a su agresor.
Con frecuencia los agravios provienen de miembros de instituciones de seguridad y justicia a partir de la criminalización de las protestas contra las violencias de género, que deriva en la detención de las manifestantes o en su dispersión a balazos. Incluso, un caso alude al abuso sexual de jóvenes por los policías que las arrestaron, y quienes les realizaron tocamientos configurados como tentativas de violación sexual (Varillas, 2020).
Genocidios de Estado
A las violencias y muertes mencionadas se entrelazan los crímenes de Estado. 19 notas hacen referencia al asesinato de los jóvenes en Tlatelolco en 1968 y a la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa «Raúl Isidro Burgos» en 2014. La mayoría de las noticias aluden a los reclamos de justicia y las denuncias sobre la corrupción e impunidad de las autoridades involucradas.
El movimiento del 68 marcó la historia moderna del país, de ahí que las noticias revelen los pronunciamientos de la sociedad en manifestaciones, marchas y eventos de conmemoración; sobre todo, se hace referencia al abuso de poder que derivó en la masacre de cientos de jóvenes. A pesar de calificarse como producto de un régimen autoritario y represivo, se reconoce la falta de resultados y de aplicación de la justicia; de ahí que se exija la reapertura del proceso contra el expresidente Luis Echeverría considerando que el delito de genocidio no prescribe (Bravo, 2020).
En el caso de los jóvenes de Ayotzinapa se profundiza en los testimonios de los padres de las víctimas, la forma en que se dieron los hechos, las grandes limitaciones para realizar la búsqueda, las difíciles condiciones en que se encuentran las familias y en su obligada intervención por la ineficiencia de las autoridades.
De forma paralela, se presentan las declaraciones del presidente de la República en discursos oficiales, donde ofrece disculpas por este crimen que calificó como una injusticia cometida por el Estado. El mandatario aseguró que se rompió el pacto de silencio que ha obstaculizado el esclarecimiento de este caso y que será esclarecida la verdad histórica difundida por el gobierno de Enrique Peña Nieto como explicación del suceso (Muñoz et al., 2020).
Por su parte, los familiares de los normalistas advirtieron posibles acuerdos entre altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional para eximir a militares implicados: «Exigimos al presidente de la República que cumpla su palabra de cero impunidad, no puede quedar así solo porque porte un uniforme de militar» (Redacción La Jornada, 2020).
El informe sobre Ayotzinapa del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, ofrece evidencias de corrupción en distintos niveles de autoridad: el encubrimiento de hechos por el titular de la Agencia de Investigación Criminal a cambio de mil millones de pesos, la implicación de militares quienes recibieron sobornos del grupo criminal Guerreros Unidos y el montaje construido con fragmentos óseos en el río Cocula con el aval del Ministerio Público. En suma, que
el gobierno de la República se convirtió en el operador de un encubrimiento generalizado», que «todas sus instancias desde la cúspide del poder hasta los operadores más elementales encubrieron, mintieron, torturaron, realizaron falsas diligencias y trataron de ocultar con impunidad y con escándalos mediáticos». (Castillo et al., 2020)
Además, revela que los hechos fueron aún más graves, ya que la presencia de los estudiantes coincidió con un momento de choque entre grupos criminales que derivó en la matanza simultánea de otras 80 personas, situación que se ocultó.
Las heridas que estos genocidios provocaron en la sociedad han dado pie a la protesta continua contra el autoritarismo, la represión institucional y la corrupción, así como a la exigencia de la aplicación de justicia. En la marcha del 26 de octubre de 2020, los jóvenes manifestantes colocaron los nombres de los 43 estudiantes desaparecidos como parte de la nomenclatura de las calles del centro de la Ciudad de México; sin embargo, la denuncia también se realiza de manera violenta: instalaciones gubernamentales destrozadas en Guerrero, incendio de las oficinas judiciales en Iguala, tomas de casetas en carreteras de ese mismo estado, Michoacán y Morelos, además de actos calificados como vandálicos en las marchas conmemorativas.
Precarización de la vida y tránsito por zonas de riesgo
Un conjunto de notas hace referencia al juvenicidio reflejado en el rezago económico y social. Diez noticias alertan sobre las difíciles condiciones para que los jóvenes continúen sus estudios, sobre todo en el contexto de pandemia por covid-19. Dentro del lapso analizado, la Secretaría de Educación Pública informó que cada inicio de ciclo escolar 20 de cada 100 estudiantes de bachillerato abandonan sus estudios, y «aunque en muchas ocasiones el abandono escolar se debe a cuestiones personales o familiares, el "factor sustantivo" es la situación económica» (Jiménez, 2020). En la Ciudad de México se identificó el rezago en los tres niveles educativos, aunque el mayor problema está en la educación superior debido a que el rechazo anual de aspirantes asciende a 230 mil jóvenes (Corona, 2020).
En un foro especializado se dijo que la pandemia aumentó los riesgos en el aprendizaje y la deserción de alumnos debido a la insuficiente conectividad, situación que se agudiza en las zonas rurales ya que solo el 27 % de sus estudiantes tiene computadora y acceso a internet: «La cifra pone a México por debajo de países de América Latina como Colombia, Perú, Argentina, Brasil y Chile, donde la proporción de acceso es de 35 %, 36 %, 64 %, 73 % y 86 %, respectivamente» (Martínez, 2020). A esto se agrega la falta de interés de las y los jóvenes que sí tienen acceso al no poder acoplarse a la educación a distancia.
De igual manera, la pandemia detonó problemas de salud en la población joven por el estrés y el consumo de drogas, así como por la desatención a enfermos de VIH y el retroceso en el acceso a los servicios de salud reproductiva que puede repercutir en el aumento de la fecundidad adolescente. Además, instituciones gubernamentales observaron la necesidad de disminuir el suicidio, ya que representa la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años (Cruz, 2020).
De manera paralela a la deserción escolar y los problemas de salud, la información revela la precarización de los y las jóvenes por el incremento del desempleo y la disminución del ingreso familiar. Aunque la economía mexicana se recupera de manera paulatina por la pandemia, los índices de pobreza en el sector juvenil permanecen elevados dadas las difíciles condiciones del mercado laboral y las limitadas posibilidades para que la juventud logre empleos y salarios dignos. De hecho, la población joven es la más afectada por el desempleo a consecuencia de la emergencia sanitaria, lo que demuestra su vulnerabilidad laboral respecto al resto de la población:
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los jóvenes entre 20 y 29 años de edad fueron los que se vieron más afectados durante la pandemia, con una pérdida de 344 mil 742 puestos de trabajo. (Rodríguez, 2020)
La insuficiencia de ingresos económicos ha colocado a los jóvenes en zonas de riesgo ligadas a la delincuencia y el crimen organizado. En el Estado de México, Michoacán y Guerrero la pobreza desembocó en la toma ilegal de casetas de peaje para conseguir ingresos económicos en beneficio de sectores de la población y agrupaciones como Resistencia Cívica Pacífica, el Movimiento Nacional por la Libertad de Presos Políticos de Guerrero y el Movimiento Revolucionario, entre otros; el resultado ha sido el aumento de la violencia en esta región.
Los manifestantes se apoderan de las instalaciones y dan el paso a los automovilistas a cambio de «un apoyo monetario». Un reportaje evidencia la gravedad de los sucesos: integrantes del Movimiento Revolucionario tomaron una caseta en la carretera México Tepotzotlán; cuando se retiraron llegaron trabajadores despedidos de la Secretaría de Salud; posteriormente, estuvieron operadores de autobuses y un grupo de cirqueros y, más tarde, se presentaron personas que trataron de expulsar a los anteriores, lo cual derivó en un enfrentamiento «a cinturonazos y patadas», el despliegue de elementos de la Guardia Nacional y la detención de varias personas implicadas. La presencia de los jóvenes en estos eventos es constante. «También en la caseta de Tultitlán del Circuito Exterior Mexiquense, unos 20 jóvenes se apostaron pidiendo dinero a conductores. "Tenemos hambre", gritaban al paso de los vehículos» (Salinas & Chávez, 2020).
Una noticia relata que al menos una docena de jóvenes indígenas de Ometepec, Guerrero, fueron embaucados por grupos del crimen organizado para extorsionar a los conductores a cambio de mil quinientos pesos por dos días, alimentación y hospedaje.
Sin embargo, esto generó el enfrentamiento a golpes con automovilistas y la detención de los jóvenes por daños a los automóviles y secuestro, ya que presuntamente retuvieron a los choferes (De Dios, 2020).
En los entornos de criminalidad las y los jóvenes son sujetos reclutables para actividades de narcomenudeo, extorsión, sicariato, despojo y venta de órganos, como se observa en el centro del país por la llegada del CJNG a las alcaldías que estaban bajo control de La Unión Tepito:
Locatarios de los mercados de San Rafael y Santa María, aseguran que desde mediados del mes pasado, jóvenes armados llegan a sus negocios, se identifican como integrantes del CJNG y les exigen «derecho de piso», de lo contrario, advierten, quemarán o dañarán a quien sea. (Redacción El Universal, 2020)
La participación de jóvenes en estas acciones se identifica en noticias de la capital de país, el Estado de México, Zacatecas, Sinaloa, Sonora, Michoacán, Jalisco y Guerrero.
Discusión
Los y las jóvenes se insertan en múltiples espacios sociales que les permiten definir sus proyectos de vida, sobre todo el entorno educativo; sin embargo, son espacios de desarrollo para algunos y de precarización para otros, debido a que solo una minoría tiene acceso a sus beneficios y porque en ellos se registran prácticas de hostigamiento que incrementan la fragilidad social. Como advirtió Reguillo (2010), en México existen dos grupos de jóvenes: una mayoría de jóvenes precarizados, desafiliados de las instituciones que otorgan educación, seguridad, salud y trabajo, sobreviviendo con los mínimos recursos, frente a la juventud minoritaria incorporada a los circuitos e instituciones sociales, conectada y en condiciones de elegir.
Considerando la pregunta que dio pauta a la investigación, se puede señalar que el juvenicidio en México se presenta principalmente con violencias y muertes cotidianas, crímenes de Estado y mediante la precarización de la vida de las y los jóvenes y su tránsito hacia zonas de riesgo. Sin embargo, el principal peligro sobre la juventud mexicana es la violencia, cuyo grado de brutalidad hace pensar que la muerte no es suficiente, sino que es necesario acentuar y dejar huella del suplicio para evidenciar la dominación sobre el cuerpo y la vida. No son simples asesinatos, sino la eliminación de todo rastro de identidad y existencia, así como la consumación del sometimiento de los cuerpos. Como lo plantea Valenzuela (2019), en los tiempos actuales el asesinato resulta insuficiente, pues «se requiere intimidar, amenazar, derrotar y humillar a los adversarios o a las víctimas indefensas que no quisieron cooperar» (p. 13).
La información revisada exhibe la centralidad que tienen las mujeres jóvenes en este contexto, ya que los feminicidios y las violencias de género reflejan el arraigo de prácticas patriarcales de ejercicio del poder cuya explicación no puede reducirse a motivaciones personales o de maldad individual, sino que tienen un carácter social y político, y están arraigadas en estrategias de dominación patriarcal.
Velasco-Domínguez y Castañeda-Xochitl (2020) señalan que la mayor incidencia de desaparición de mujeres se registra entre las que tienen entre 12 y 17 años, con características compatibles con el modelo de belleza occidental femenina asociado con la juventud, la delgadez y altura. Esto no implica que dichos aspectos sean la causa de los ataques, ya que se anclan a factores de género relacionados con el control patriarcal y la explotación sexual. Se trata de «la desposesión del cuerpo de las mujeres por organizaciones criminales y por las parejas íntimas para la acumulación de capital económico y el reforzamiento del estatus de masculinidades hegemónicas» (p. 107).
A diferencia de otros países donde la violencia y la muerte de los y las jóvenes están ligadas a factores de raza, etnia o derivan de regímenes dictatoriales, en México parecen sujetarse a la reorganización de los grupos dominantes de las diversas regiones del país, donde la apropiación de los territorios implica el control y posesión de las personas que por ellos transitan. En estas circunstancias los y las jóvenes no son víctimas colaterales sino sujetos centrales, ya que constituyen un sector fundamental por la fuerza de trabajo que representan y porque pueden ser explotados para fines de acumulación de capital y de poder.
Es notorio que el asesinato y la privación ilegal de la libertad de este sector de la población se registra más en regiones donde se incrementó el crimen organizado: las fronteras norte y sur, el centro del país y los estados ubicados en la costa del Pacífico; sin embargo, su desarrollo es más complejo. Como se observa en los datos recabados, en los escenarios de violencia y muerte juvenil convergen el poder del Estado, la fuerza de los grupos criminales, la pobreza económica y social, así como un sistema judicial con altos índices de negligencia, arbitrariedad y corrupción judicial y política.
Ante la falta de respuestas, son constantes las denuncias y manifestaciones de la sociedad en las cuales la presencia de los y las jóvenes es palmaria; de hecho, las matanzas en Tlatelolco y Ayotzinapa son expuestas en los medios informativos a raíz de las diversas protestas que denuncian estos sucesos como crímenes de Estado. De igual forma, los feminicidios y las violencias de género se exponen por los reclamos de las jóvenes a los gobiernos estatales y al federal. Con frecuencia dichas protestas implican acciones violentas que, por ser tipificadas como vandálicas, son sometidas incluso con abuso policial.
En este punto es conveniente incorporar el concepto de violencia posestructural propuesto por Slack y Whiteford (2010), ya que toma en cuenta las acciones de los individuos frente a las violencias estructurales. En los hechos mencionados, las sucesivas confrontaciones entre las autoridades y los grupos juveniles derivan en espirales de violencia cada vez más intensa, que aumentan la vulnerabilidad de los y las jóvenes porque quedan ubicados dentro de la delincuencia, la transgresión y el rechazo social.
Sin embargo, en los entornos donde la violencia llega a niveles exacerbados y la muerte aparece de manera perenne, como en el crimen organizado, la respuesta común es el empleo de la fuerza porque está en juego su propia sobrevivencia. Independientemente de las condiciones individuales de ingreso a dichos entornos (reclutamiento forzado o búsqueda voluntaria de recompensas económicas y materiales), las condiciones de desventaja y vulnerabilidad reducen al mínimo sus opciones y la libertad de decisión. Además, no solo entra en juego la violencia aplicada mediante la fuerza, sino también la simbólica que se ejerce sobre la subjetividad las personas, como señalaron Feixa et al. (2015), el quebranto de las subjetividades es una constante en la población joven como resultado de trayectorias de vida fallidas.
Para el caso mexicano, Moreno y Urteaga (2019) señalan que la pobreza que experimentan muchos de los y las jóvenes no solo es económica sino también de sentido; de ahí que en el narcotráfico logren algo más que un mejor salario: se les ofrece reconocimiento, respeto y poder, sentido de pertenencia y una forma de vida. Esto permite comprender por qué ingresan al tráfico de drogas jóvenes de distintas clases sociales y por qué, en lugar de debilitarse, sus organizaciones se han fortalecido mediante el reclutamiento masivo de jóvenes, no obstante el alto riesgo de muerte en sus actividades.
El panorama sobre la juventud que se muestra en los medios informativos es preocupante, aún más por las consecuencias negativas de la pandemia del covid-19 en el poder adquisitivo, la seguridad social, la salud y la educación. Asimismo, denotan que los espacios de desarrollo y programas gubernamentales que dan certidumbre a los proyectos de vida de esta población son insuficientes ante el entramado de poderes, violencias y desigualdades que permean en la sociedad.
En la investigación se percibió que existen múltiples situaciones que merman las trayectorias de vida de las y los jóvenes: desempleo, deserción escolar, brecha digital, discriminación social, pobreza, delincuencia, crimen organizado, embarazo adolescente, drogadicción, VIH y depresión; además de los distintos modos de violencia: familiar, de género, suicidio, desaparición forzada, tortura, extorsión, feminicidio y homicidio, así como las derivadas de la represión gubernamental.
En este sentido, los resultados corroboran los planteamientos de Muñoz y Valenzuela (2020), quienes precisan que el juvenicidio no se limita al asesinato de las y los jóvenes, sino que también implica procesos constantes de precarización y vulneración de sus trayectorias de vida. Igualmente, coinciden con las aportaciones que identifican la presencia de actores, como el Estado y los grupos de poder, cuya capacidad de eliminación e intimidación les permite actuar con libertad sobre la vida y la muerte de los y las jóvenes (Valenzuela, 2015).
Aunque una limitante del estudio fue la recopilación de datos únicamente de publicaciones periodísticas, cuyos contenidos pueden estar ligados a intereses ideológicos y comerciales, la revisión de las notas informativas permitió observar la estrecha relación entre el juvenicidio y las resistencias; asimismo, que los alzamientos no solo denuncian las agresiones actuales sino que refieren al carácter sistémico de la violencia contra la juventud. Esto ratifica el señalamiento de Valenzuela (2019) sobre la necesidad de pensar al juvenicidio de manera articulada con las biorresistencias, ya que estas se entienden «como expresión de las respuestas individuales y colectivas frente a la biopolítica» (p. 93).
Por otra parte, la indagación reafirma el carácter definitorio de los ámbitos socio-históricos en las formas del juvenicidio. En contraste con las características mencionadas para México, en el texto colectivo sobre el juvenicidio (Valenzuela, 2015) pueden observarse otras particularidades en América Latina: el asesinato selectivo de jóvenes en Colombia, el aniquilamiento de jóvenes con identidades desacreditadas en Centroamérica, los genocidios de juventudes étnicas y afrodescendientes en Brasil, la legitimación del asesinato de jóvenes en Argentina, el juvenicidio económico y la estigmatización mediática y cultural en España.
La revisión de las notas periodísticas permitió palpar la magnitud del juvenicidio por la cantidad y la intensidad de los sucesos registrados día a día, así como de su invisibilización ante la rutina y la fragmentación con la que generalmente se exponen. Adicionalmente, se pudo observar que el juvenicidio se entrecruza con los ámbitos por donde transitan las y los jóvenes, por lo cual emergen nuevas interrogantes, entre otras: ¿cómo influye el juvenicidio en las dinámicas de las familias y las comunidades que son afectadas y de qué manera solventan sus consecuencias?, o bien, ¿cómo perciben y atienden las instituciones educativas el incremento del juvenicidio, considerando que son espacios dedicados a la formación de los y las jóvenes en el país?
La diversidad y complejidad del juvenicidio lleva a plantear la necesidad de ampliar la investigación académica a la luz de los conceptos de juventud y biorresistencias. Sin embargo, su relevancia como fenómeno social incorpora un desafío mayor, ya que implica la generación de propuestas hacia una sociedad con menores desigualdades y un orden social que garantice el respeto a la vida y a los derechos humanos de la juventud como un sector fundamental para el desarrollo del país.
