CASI LA VERDAD: SILENCIOS Y SECRETOS EN LA POSDICTADURA DEL GENERAL AUGUSTO PINOCHET EN CHILE

Marcia Esperanza¹

¹Profesora Asistente, Con colaboración de Liza Rosas Bustos, magistrada en literatura, John Jay College of Criminal Justice City University of New York, EE.UU. mesparza@jjay.cuny.edu

RESUMEN

Nuestro trabajo, Casi la Verdad: Silencios y Secretos en la post-dictadura del General Augusto Pinochet en Chile, examina testimonios de militares y personal civil de inteligencia chilena procesados por crímenes cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), encontrados en testimonios judiciales. El objetivo principal es cuestionar el papel social que juega ese silencio mermado tanto por la cultura militar como por omisión testimonial en la Comisión de la Verdad. En estos testimonios se detectan, patrones de lealtad a las Fuerzas Armadas y no el reconocimiento de responsabilidades de los delitos.

PALABRAS CLAVE
Verdad-Comisiones de la Verdad-Silencios-Post-dictadura-Cultura Militar

ALMOST THE TRUTH: SILENCE AND SECRETS IN GENERAL AUGUSTO PINOCHET'S POST-DICTATORSHIP, CHILE

ABSTRACT

Ourstudy, Almostthe Truth: Silences and Secrets in General Augusto Pinochet's dictatorship in Chile, examines intelligentsia, militaryand civilian staff's judicial testimonies, accused of participating in crimes committed during the Augusto Pinochet's dictatorship (1973-1990). Our aim is to interrogate the social role played by this silence influenced, we argue, by a persisting military culture. In these confessions, we identify subordination to the Armed Forces and not the acknowledgement for responsibilities for the crimes committed.

KEY WORDS
Truth-Commissions-Silence-Post-dictatorship-Military Culture

FECHA DE RECEPCIÓN: ENERO DE 2007 / FECHA DE ACEPTACIÓN: MAYO DE 2007

"El día que toquen a uno de mis hombres se acaba el estado de derecho",
amenazó Augusto Pinochet en la toma del poder del primer presidente electo,
Patricio Aylwin².

INTRODUCCIÓN

Este trabajo está inspirado en los estudios realizados por Leigh A. Payne, quien analiza confesiones ofrecidas por responsables de crímenes durante la dictadura militar argentina, por un lado, y la cultura militar, que incluye el código de silencio, lealtad y obediencia debida, examinada por Edwin Chemerinsky en su trabajo de estudio sobre el Departamento de Policía de la Ciudad del Estado de Los Ángeles en los Estados Unidos.

El texto tiene, entonces, como propósito examinar y analizar trece testimonios de militares y de personal civil de inteligencia chilena procesados por crímenes cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet entre 1973 y 1990, nueve de ellos funcionarios de la Central Nacional de Informaciones o CNI y cuatro de ellos ex guardias de los centros de detención Villa Grimaldi y Tejas Verdes. En estos testimonios se observan expresiones que revelan el entrenamiento militar de obediencia ciega, silencio y lealtad.

Cabe destacar que los testimonios aquí analizados no se encuentran incluidos en el reporte de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de Chile o Comisión Rettig. Porque si bien es cierto que la Comisión logró con gran éxito documentar que los crímenes perpetrados correspondían a un plan de Estado sistemático de intimidación y eliminación de activistas de izquierda marxista, no obtuvo la cooperación de los principales responsables de los crímenes de Estado chileno. La Comisión Rettig tampoco consiguió reunir confesiones de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y sus agentes civiles³. Es más, la respuesta de las FF.AA. -que incluye las fuerzas de orden y seguridad, ejército, marina, aviación y carabineros, y la fuerza policial chilena- fue "un repudio total" al reporte final, negándose a asumir la responsabilidad que les cabía en los hechos. Este "no reconocimiento" ha significado, a nuestro juicio, una visión falsa del horror chileno, donde el uso sistemático de la mentira (Garretón, 1999) justificó asesinatos y torturas logrando implantarse en forma perpetua en la psicología social chilena y la memoria social⁴. Para críticos como Norbert Lechner y Pedro Güell (1998), al no aportar información o antecedentes de los detenidos desaparecidos, el silencio de los militares hizo que la gestión de la reconciliación fracasara.

Según nuestro punto de vista, estos testimonios de agentes del Estado que colaboraron, delataron, espiaron, informaron y ejecutaron los crímenes poseen un valor altamente significativo⁵. En ellos se detecta, por sobre todo, patrones de lealtad a las FF.AA. Y el no reconocimiento de responsabilidades individuales o institucionales por estos delitos⁶. Por lo tanto, tener acceso a estas declaraciones nos permitiría no sólo comprobar la subjetividad de las mismas, sino que además éstas darían evidencia de procesos cognitivos, como la internalización de la cultura militar, que se anteponen a procesos de reconciliación, ya que presentan un conocimiento parcial fragmentado por códigos de lealtad militar.

Sostenemos que este silencio institucional ha limitado el acceso a aspectos clave de la cultura militar tales como el silencio-complicidad, la disciplina y la lealtad con mandos superiores y entre el grupo. La cita de Augusto Pinochet señalada en el epígrafe a este escrito, resume cómo el silencio de las Fuerzas Armadas y su responsabilidad en los crímenes de la dictadura pinochetista se mantenía intacto en el tiempo en que la Comisión Rettig investigó y documentó crímenes políticos cometidos por el Estado. Este código de silencio, manifestado en las declaraciones que analizaremos a continuación, refuerza una versión parcelada de la realidad o una "casi verdad" del pasado y del presente, la cual no nos permite cuestionar, por ejemplo, la construcción social del torturador o del agente civil-militar que facilitó la identificación de las víctimas para su posterior ejecución con la más completa impunidad⁷.

Durante una última visita de terreno en Chile realizada por la autora en noviembre de 2006, logramos obtener declaraciones presentadas en pesquisas judiciales durante los años 1992 y 2006⁸. Los testimonios corresponden a declaraciones realizadas por personal del ejército, suboficiales quienes en su mayoría estuvieron a cargo de la seguridad en centros de detención tales como Villa Grimaldi en Santiago, la Escuela Militar de Ingenieros, el Campamento de Prisioneros No. 2 de Tejas Verdes, la comuna de San Antonio y la Quinta Región. Una búsqueda en Internet también arrojó como resultado un expediente judicial: el caso del asesinato del ex líder sindicalista Tucapel Jiménez en 1982⁹. Seleccionamos un total de trece confesiones, las cuales han sido codificadas siguiendo las categorías de confesiones con carácter de remordimiento y heroísmo, elaboradas por Leigh A. Payne, por un lado; y el código de silencio, lealtad y obediencia debida, examinados por Edwin Chemerinsky. Aunque ésta es una pequeña muestra, por lo que las generalizaciones están limitadas, las consideramos altamente valorables puesto que ofrecen la oportunidad de evaluar la manera en que estos contribuyen -o no- a la construcción de la verdad, la reconciliación y la paz, para lo que originalmente se proyectan dichas comisiones.

APROXIMACIONES TEÓRICAS Y ANTECEDENTES

Según nuestro punto de vista, los trabajos que han examinado el impacto de confesiones de victimarios han contribuido enormemente al análisis de las justificaciones brindadas por agentes del Estado en participar en el teatro de la violencia (Foster et ál., 2005; Huggins et ál., 2002; Payne, 1999). La investigación de Leigh A. Payne ilumina de manera muy particular nuestro análisis del papel social del silencio militar.

Payne examina las confesiones de torturadores durante la dictadura en Argentina entre 1976 y 1983. Haciendo uso de cuatro casos de estudios, Payne señala cómo las confesiones que se han hecho públicas a partir de 1994, lejos de reflejar un solo patrón de culpabilidad y remordimiento, por ejemplo, tienen diversas características dependiendo del contexto en que se dieron -religioso, público, mercado comercial donde el testimonio es intercambiado por dinero, o en un juicio criminal-.

La confesión realizada por Adolfo Scilingo al periodista Horacio Verbitsky ilustra un primer tipo de confesión, la ideal "remorse confession" dentro de la clasificación de Payne, pero que se da escasamente. En la confesión de Scilingo, se observan remordimiento y una búsqueda por mantener su imagen como soldado leal hacia los futuros soldados y no hacia la dictadura argentina. Dos elementos se destacan en este tipo de declaración que la hace ideal. Por un lado, Scilingo se distancia de la institución militar alcanzando una perspectiva que lo lleva a criticar a las FF.AA., esto porque, para él, las autoridades militares argentinas han fallado al reconocer su responsabilidad y proporcionar listas de detenidos desaparecidos. A la vez, Scilingo se siente traicionado por los militares argentinos, lo que contribuye a que rompa con el código de subordinación o lealtad debida. Resulta además importante destacar que durante su relato sobre su papel en la temida Escuela Mecánica de la Armada, ESMA, Scilingo utiliza eufemismos para la elaboración y racionalización de un texto ficticio que lo excluya de responsabilidades y crítica.

En segundo lugar están las confesiones heroicas, como en el caso del Ángel de la Muerte, Alfredo Astiz, capitán de navío, implicado en las torturas del campo de concentración ESMA. Payne explica que las confesiones heroicas admiten el uso de la violencia, pero a la vez la justifican glorificando las políticas de terror. Un tercer tipo de confesiones son las de intercambio, "peddling confession", como es el caso de Julio Simón, alias El Turco, quien admitió, a cambio de dinero, haber torturado a sus víctimas. Finalmente, existe una cuarta categoría: las confesiones en foros públicos, como en el Senado argentino, en el caso de los capitanes Antonio Pernias y Juan Carlos Rolón, quienes fueron llamados a dar testimonio en 1994 -para su promoción- y donde por primera vez en un proceso oficial confesaron su participación en torturas. Este tipo de confesiones no ilustran remordimiento sino más bien autodefensa. En otras palabras, las justificaciones son para defender la patria, "era la naturaleza de la guerra", y se alcanza una justicia simbólica, en este caso, la negación de la promoción de Pernias y Rolón.

Las conclusiones del estudio de Payne son contradictorias. Por un lado, Payne observa que ninguna de las confesiones de los torturadores -independientemente de su contexto y de la respuesta que reciben- dan paso a la verdad, el reconocimiento, la justicia y la memoria colectiva. Por otra parte, sin embargo, las confesiones examinadas sí contribuyen a una verdad parcial, porque corroboran la existencia de la tortura y, en algunas ocasiones, incluso ofrecen información sobre los mecanismos usados. Finalmente, Payne señala que son las confesiones donde hay remordimiento -la de Scilingo- las que tienen un mayor impacto en cuanto a verdad, reconocimiento y memoria colectiva se trata.

SILENCIO Y CULTURA MILITAR

Asimismo, Edwin Chemerinsky analiza la cultura militar: el carácter autoritario y jerárquico; la disciplina que emana de valores como centinelas de un orden social; las normas y valores, así como la mentalidad militar. En su reporte "An Independent Analysis of the Los Angeles Police Department's Board of Inquiry Report on Rampart Scandal", Chemerinsky señala además cómo el "unwritten silence" o "código no escrito", mantenido por el Departamento de Policía de Los Ángeles, sirve entre otros objetivos para encubrir acciones ilegales de los uniformados, cimentando así las relaciones de lealtad y confianza dentro del grupo. Para Chemerinsky, el código del silencio se resume en una norma general: "Un oficial no provee de información adversa sobre sus camaradas oficiales" (2001: 575, mi traducción). En otras palabras, dentro del grupo no se acusan entre ellos, aunque con algunas excepciones. Finalmente, el autor señala que "el silencio militar" es un "silencio necesario para aquellos que se ven en un estado de alerta constante en contra de un enemigo y cuya mejor protección es ofrecida por otros compañeros" (2001: 574, mi traducción).

A la luz de estos trabajos y sus categorías de análisis, los distintos tipos de confesiones -de remordimiento y heroísmo, por un lado, y la del código de silencio, lealtad y obediencia debida, por otro-, examinamos el caso chileno para evaluar de qué manera los testimonios judiciales ayudan a elucidar patrones de conducta militares, como el silencio y la lealtad.

ANTECEDENTES DEL CASO CHILENO

La Comisión de la Verdad y la Reconciliación se hizo efectiva según el Decreto Supremo No. 355 en abril de 1990, durante el gobierno de Patricio Aylwin. Nombrada tras su principal coordinador, el ex senador Raúl Rettig, la Comisión tuvo entre sus objetivos, por un lado, el esclarecimiento de la verdad sobre las graves violaciones a los derechos humanos entre septiembre 11 de 1973 y marzo 11 de 1990, y por otro, conocer la verdad como una piedra fundamental para conseguir justicia y una "efectiva reconciliación nacional" (Vol. I: VII). De esta manera, verdad, justicia y reconciliación se convirtieron en los objetivos del gobierno de Patricio Aylwin para sanear la conciencia moral de la nación.

Entre los delitos cometidos, la Comisión Rettig "consideró las desapariciones de personas detenidas, las ejecuciones, las torturas con resultado de muerte cometidas por agentes del Estado o personas al servicio de éste y los secuestros y atentados contra la vida cometidos por particulares bajo pretextos políticos" (Vol. I: 4). Finalmente, la Comisión culpabilizó al Estado chileno, en su gran mayoría, de los crímenes que habían estremecido al país, tales como el asesinato a tiros y degollamiento de Tucapel Jiménez, ocurrido el 25 de febrero de 1982. Un total de 2.279 víctimas de violaciones a los derechos humanos fue documentado por el proyecto reconciliador Rettig.

REPUDIO A LOS INFORMES DE LAS COMISIONES DE LA VERDAD POR PARTE DE LAS FF.AA.

A pesar de que el mandato de la Comisión Rettig prohibía individualizar identidades de victimarios, cómplices, colaboradores y agentes del Estado se rehusaron a colaborar. Según el reporte de la Comisión, "los miembros en servicio activo de las instituciones armadas se negaron a prestar testimonio ante esta Comisión" (Vol. I: 9). Es más, cuando prestaron declaraciones, señalaron no estar en posesión de información, puesto que el plazo legal para mantener documentación había pasado por lo que estos habían sido incinerados o destruidos (Vol.II: 7).

Las FF.AA. no sólo se negaron a prestar sus testimonios sino que además repudiaron el Informe final de la investigación. Aproximadamente, ciento sesenta miembros de las FF.AA. y carabineros fueron llamados por la Comisión para prestar declaraciones. Sólo dos uniformados "mostraron disposición a prestar declaraciones" (Vol II: 9). La Comisión concluye que "no ha recibido colaboración para desvirtuarlas o atenuarlas [las declaraciones], de parte de quienes [desde el otro lado] deberían también conocer los mismos hechos" (Vol. I: 114). En una respuesta oficial de las FF.AA., el Informe de la Comisión es desmentido como una "simple opinión que puede ser compartida o rechazada^"10.

Tras la publicación del reporte final, Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, el presidente Aylwin pidió a las fuerzas armadas que reconocieran el daño causado durante la dictadura. Lejos de este reconocimiento, el general Pinochet expresó su profundo desacuerdo con el reporte y mantuvo que el Ejército había salvado al país de la amenaza comunista (Hay-nes, 2001: 37)¹¹. Ante la negativa del general Pinochet a asumir responsabilidades, la Comisión sólo contribuyó a dar origen, a nuestro juicio, a una suerte de política de consenso de reconciliación ficticia, donde más que un consenso, lo que existe, según Lechner y Güell (1999), es un temor colectivo a volver al pasado y, de alguna manera, experimentar los mismos antagonismos.

EL CASO DE TUCAPEL JIMENÉZ: BREVE HISTORIA DEL CASO

Tucapel Jiménez fue abordado por dos presuntos pasajeros en el vehículo en el que trabajaba como taxi el 25 de febrero de 1982. Más tarde sería encontrado asesinado con impactos de bala y, al quedar aún con vida, fue degollado con un arma blanca. Jiménez era en ese entonces el líder de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF. En el momento de su muerte, el activista sindical llamaba a la unidad de los trabajadores chilenos para la coordinación de un paro nacional en contra del régimen pinochetista. A la vez, también Jiménez coordinaba un boicot internacional en contra de productos chilenos, coordinado con el sindicato de trabajadores, de los Estados Unidos, AFL-CIO. En el homicidio participaron miembros de la Central Nacional de Informaciones, CNI,¹² la Dirección de Inteligencia del Ejército, DINE, el Cuerpo de Inteligencia del Ejército, CIE, y el Batallón de Inteligencia del Ejército, BIE¹³.

En el proceso judicial se buscaba esclarecer la identidad de los autores intelectuales y materiales. El principal sospechoso material era el mayor de ejército en retiro Carlos Herrera Jiménez, junto a sus cómplices Francisco Ferrer Lima y Manuel Contreras Donaire, quienes justificaron el delito basados en las órdenes que recibían por parte de sus superiores. Hacemos notar que todos los nombres han sido cambiados u omitidos, excepto por estos últimos y el del comandante Manuel Contreras, por tener estos un carácter notoriamente público en Chile.

En el caso de Tucapel Jiménez hemos analizado nueve testimonios realizados por agentes del servicio de inteligencia en diferentes partes del proceso, que consta de más de quinientas páginas¹⁴.

CENTROS DE DETENCIÓN VILLA GRIMALDI Y TEJAS VERDES

Estudiamos cuatro declaraciones encontradas en juicios llevados por detención, desaparición y torturas en estos dos campos de detención. Por un lado, Villa Grimaldi, ubicado en la zona oriente de Santiago, comuna de la Reina, el recinto más importante de la DINA, aparato estatal militar que operó aproximadamente entre fines de 1975 y el término del año 1976, encargado de reprimir al Partido Comunista¹⁵. Por otro lado, estudiamos el Regimiento No. 2 de la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes, comuna de San Antonio, utilizado la mayoría de las veces por la DINA a fines de 1973 e inicios de 1974. Todos pertenecen a agentes del ejército. Testigos, víctimas y sobrevivientes establecieron que fueron estos los lugares donde fueron vistos por última vez muchos de los detenidos desaparecidos. De acuerdo con agrupaciones de derechos humanos chilenas, como la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, AFDD, hoy en el país se encuentran 1.192 personas detenidas y desaparecidas.

ANÁLISIS DE LOS CASOS, OBSERVACIONES PERTINENTES

CASO TUCAPEL JIMENEZ

En este primer grupo sobresalen las frases que reflejan la disciplina a la que estaban subordinados los agentes de inteligencia durante este período y que, según nuestra tesis, aún está presente en los testigos, a pesar de que muchos de ellos se han acogido a retiro. Esto ilustra cómo la cultura militar se perpetúa, especialmente si consideramos que los reportes emanados de autoridades superiores, siguiendo la jerarquía militar, no eran cuestionables en cuanto a la información que contenían como tampoco a los métodos de interrogación que se utilizaban. Esto es, los testigos no expresan cuestionamiento de las órdenes, característica clave del entrenamiento militar. Así mismo podemos comprobar cómo la normativa de obediencia debida antepone los intereses institucionales por sobre los intereses individuales¹⁶. En estas declaraciones podemos observar un claro desconocimiento de la víctima. Si miramos detalladamente la sintaxis de sus declaraciones también se puede decir que se observa una marcada tendencia al uso de la voz pasiva como por ejemplo "... sin tener plena certeza (...)se desarrollaron labores de vigilancia" (sexto testigo). Esta tendencia a nuestro juicio marcadamente recurrente se da en testimonios donde los responsables tendrían que haber asumido la responsabilidad que les cabía en los hechos. En esta cita, no hay explicación -ni siquiera una referencia- de quién realizó estas labores.

A continuación ofrecemos un informe detallado de cada declaración por parte de los testigos que conforman nuestro análisis. Confiamos que este informe en detalle entregue una visión complementaria a la tabla presentada anteriormente. Para lograr nuestro propósito, descartaremos información irrelevante -o de carácter simple- concentrándonos exclusivamente en comentarios relevantes a nuestras categorías. A través de estas citas, esperamos situar en un contexto más amplio tanto las declaraciones dadas por los funcionarios de la CNI, como por los funcionarios de la Villa Grimaldi y el Centro de Detención Tejas Verdes, para que permitan analizar en forma cuidadosa los patrones de cultura militar observados.

Según el primer testimonio, de quien fuese jefe de relaciones públicas entre 1979 y 1980 de la CNI, director de Inteligencia del Ejército entre 1987 y octubre de 1990, y director de la CNI entre mayo de 1989 y marzo de 1990 se declara que "En el desempeño de los diferentes cargos que le correspondió servir nunca se enteró de una posible operación especial de inteligencia llevada adelante en el mes de febrero de 1982 por un grupo de funcionar ios que conllevaría la eliminación física de Tucapel Jiménez Alfaro" (nuestro énfasis).

Otro testigo, el sexto, director de la CNI entre enero de 1978 y julio de 1980, niega tener seguridad de los hechos y declara que "Por lo que tiene entendido se tenía interés en conocer lo relacionado con el mundo de los gremios, pero esta información la recibía como un antecedente procesado y como un informe de inteligencia sin que se le expusieran las formas o procedimientos por las cuales se obtenía la información (nuestro énfasis)".

Más adelante declara que,

Dentro de lo que fue el quehacer de los agentes de la Central, sin tener plena certeza, considera que se desarrollaron labores de vigilancia, seguimientos e intercepciones telefónicas a diferentes personas de relevancia en la actividad gremial, entre otras, por cuanto era una actividad necesaria para recopilar antecedentes (nuestro énfasis).

Este mismo declarante más adelante asegura que durante su permanencia como director de la institución "... no requirió una información especial y circunstanciada del grupo de los diez, de la ANEF O Tucapel Jiménez Alfaro".

También este otro testigo, el número 14, se desempeñó como jefe de personal de la Central Nacional de Informaciones desde marzo de 1980 al 31 de diciembre de 1981. El testigo señala que respecto al día del crimen de Jiménez, "no está autorizado para decir cuáles eran sus labores ese día, sólo lo puede hacer la Superioridad del Servicio".

El testigo número veintitrés señala que como oficial de Ejército fue funcionario de la Central Nacional de Informaciones en 1979 "... y por su parte solamente se limitaba a las órdenes de búsqueda de información, según se lo ordenaba su superior jerárquico coronel Fernando Salazar".

El testigo número treinta y cinco colaboraba con el Ejército desde el año 1973 hasta 1975, cuando pasa a ser funcionario de la Dirección de Inteligencia Nacional, pasando luego a la CNI. Se retira en el año de 1986. Este testigo declara que el

... coronel Ibarra le dijo que manifestara al tribunal que no conocía a El Pera, que le respondió que eso era falso pues lo había visto en varias oportunidades, a lo que el señor Ibarra insistió en que negara conocerlo, y que al realizarse el careo se le preguntó si conocía a Alarcón, a lo que contestó que no le conocía, cumpliendo la orden que había recibido (nuestro énfasis).

El testigo número 13, funcionario de la Central Nacional de Informaciones desde el año 1976, declara nunca haber ...

vigilado a Tucapel Jiménez, a este señor sólo lo conocía de fotografías de prensa o alguna entrevista televisiva que se le hizo, pero no personalmente. El día 25 de febrero del año 1982 —señala—, me encontraba en Santiago, trabajando, pero no puede dar información respecto de la labor, sólo sus superiores pueden hacerlo (nuestro énfasis).

El décimo testigo declara haber estado a cargo -entre 1981 y 1982- de la Jefatura de Unidades Regionales de la CNI,

... controlando el flujo de información a través de todo el país. Las materias sobre las que se requería información eran relacionadas con lo político, sindical, económico, religioso, estudiantil y recuerda que se realizaban investigaciones respecto a los movimientos de empleados, del sector público o privado. Sin embargo no recuerda... se haya efectuado al interior de la Central una investigación a fin de determinar la posible responsabilidad del personal de la CNI en la muerte de Tucapel Jiménez. Si se hubiera hecho se habría enterado pues tendría que haber transmitido la orden a otras unidades (nuestro énfasis).

El segundo testigo ingresó al Ejército el 1 de agosto de 1974, como funcionario civil, y cumplió funciones en la Dirección de Inteligencia hasta su retiro en 1987. El testigo declara que

Su jornada se iniciaba con una nómina de personas de las que se debía obtener antecedentes y que eran requeridos por los diferentes departamentos de la Dirección de Inteligencia del Ejército y Cuerpo de Inteligencia del Ejército, requiriendo información de un total de cincuenta individuos diariamente, lista con la que se trasladaba a las diferentes oficinas de la Comunidad de Inteligencia, recabando los antecedentes que ellos pudieran tener de estas personas y terminaba su jornada de investigación en el Registro Civil de donde sacaba todos los antecedentes personales y de red familiar de los investigados.

Más adelante este testigo señala que,

No recuerda haber efectuado investigaciones relacionadas con Tucapel Jiménez Alfaro, las que deben haberse canalizado por otros funcionarios. Recuerda sí haberle hecho investigación a Manuel Bustos Huerta, Rodolfo Seguel y Hernol Flores. Los datos que se obtenían se consignaban en una tarjeta personal que era escrita a máquina y se guardaba en la Sección Archivo del Cuerpo de Inteligencia del Ejército, en donde personalmente le correspondió verlas y recuerda haber curioseado y encontrado, entre otras incluso la de algunos de sus familiares... (nuestro énfasis).

El tercer declarante, ex director de la Central Nacional de Informaciones entre julio de 1980 y finales de 1986, declara que

entre las técnicas por las cuales se obtenía información se encontraban las intervenciones telefónicas. No recuerda se efectuaran seguimientos a Tucapel Jiménez Alfaro, como tampoco alguna orden específica en torno a él, correspondiendo a labores de iniciativa personal de los agentes el haber tratado de grabar una de las reuniones a que asistiría.

Este mismo testigo expresa que

para obtener los antecedentes se utilizaron diversos métodos, fuentes abiertas y cerradas, entre ellos colaboradores, informantes, seguimientos, fotografías, grabaciones, intercepciones telefónicas, vigilancias y otros. Respecto de las personas que tenían alguna importancia pública, principalmente quienes tenían ideas contrarias al gobierno de la época fueron investigados, con el único objeto de estar prevenidos de sus acciones, nunca para causarles algún daño a ellos o sus familiares.

Es más, "Estima que su labor en su período fue adecuada, pero que el gobierno militar cometió 'varios errores', como son los detenidos desaparecidos, el caso (...) Tucapel Jiménez, entre otros" (nuestro énfasis).

ANÁLISIS EN CENTROS DE DETENCIÓN VILLA GRIMALDI Y TEJAS VERDES

Los testigos de la Villa Grimaldi y Tejas Verdes, al contrario del caso de Tucapel Jiménez, presentan una marcada tendencia a la voz activa. Así mismo, estas declaraciones son algo más explícitas y se refieren en su mayoría a acciones concretas por tratarse de un contacto directo con prisioneros y detenidos. Se observa igualmente una marcada tendencia a dar nombres y entregar información, hecho que está relativamente ausente en el caso de los testigos de la Central de Información.

El segundo testigo, ex fiscal militar, cargo por el cual le correspondía interrogar a los detenidos sobre hechos que no se encontraban claros, expresa que "Por comentarios de otros funcionarios supe que el subterráneo de casino de oficiales de la Escuela era ocupado para realizar interrogatorios por el personal de la sección número II. Cuando es consultado sobre el papel jugado por sus compañeros en el campamento, declara que González, era el ayudante de mi coronel Contreras, debía velar por las relaciones públicas..." (nuestro énfasis). A continuación, según la declaración, se le lee al testigo una lista con detenidos desaparecidos y víctimas sobrevivientes ante la cual responde "no reconozco ningún nombre". Llama la atención que a tres años de haber servido como guardia del regimiento, este declarante aún se refiere al coronel Contreras, como "mi coronel Contreras". De esta manera se observan normas de obediencia debida.

Otro testigo, el tercero, de 69 años, suboficial mayor en retiro, señala que luego del 11 de septiembre de 1973, con el grado de sargento segundo, cumplía funciones en la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes y pasó a ser guardia del campo de prisioneros. Como tal, sus funciones consistían en "vigilar el campo de detenidos, vigilar la seguridad de los mismos, controlar las salidas e ingresos de ellos, vigilar el orden, la alimentación y abrigo de los detenidos". El testigo continúa su declaración,

Cuando los detenidos llegaban de los interrogatorios lo hacían en muy malas condiciones físicas, algunas veces debían ser atendidos por las enfermeras de guerra, esto nos traía muy malos ratos porque nosotros estábamos a cargo de ellos y cuando salían a los interrogatorios lo hacían en buenas condiciones físicas y al regresar lo hacían en pésimas condiciones, algunos ni siquiera podían caminar. Lo más probable es que hayan sido torturados por el personal encargado de los interrogatorios.

A pesar de estar a cargo del cuidado de los detenidos y vigilar "el orden" del campo el testigo asegura desconocer "quién se encontraba a cargo de los interrogatorios...". Es más, asegura que "Yo nunca interrogué ni torturé a algún detenido".

El cuarto testigo declara que, para el 11 de septiembre de 1973, tenía el grado de suboficial del Ejército y que hasta el mes de abril de 1974, se ocupaba del campamento de prisioneros políticos de la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes. Este testigo relata cómo los detenidos eran llamados a interrogatorios: "El comandante de guardia de turno recibía un llamado desde la Fiscalía Militar solicitando una lista de detenidos que debían concurrir a declarar, los detenidos solicitados eran amarrados de brazos y se les colocaba una funda en la cabeza y se les subía a una camioneta tipo frigorífica.... Más adelante señala: Por los dichos de los mismos prisioneros, pero yo no lo puedo confirmar ni negar, ellos nombraban cómo los interrogadores del subterráneo a Mario Jara Seguel, también nombraban a un señor de apellido Valdés...".

Cuando se le presenta un listado de detenidos, el testigo declara, De las personas que me menciona sólo recuerdo a Carmen Núñez y un detenido de apellido Salamanca, en cuanto a los demás no los recuerdo.... Sin embargo ofrece más detalles: Hubo una señorita llamada Teresa Marín era asistente de Párvulo, estuvo en Londres 38, había sido violada y que se encontraba embarazada producto de las violaciones.... Otra detenida, continúa el declarante, fue interrogada y cuando regresaba de los interrogatorios tenía evidentes secuelas de las torturas, a ella la ayudé bastante, trataba de ayudar a todas las mujeres detenidas (nuestro énfasis).

Antes de concluir su declaración, este testigo señala,

Antes de terminar mi declaración debo decir que cuando los detenidos llegaban a la Escuela en primer momento ingresaban a la Fiscalía Militar donde se les tomaban sus datos personales y se les retenían los documentos, a algunos se les interrogaba de inmediato y otros eran llevados al campamento de prisioneros con la orden de dejarlos separados del resto de los detenidos. Ni yo ni ninguno de los guardias interrogamos ni torturamos a los detenidos que se encontraban prisioneros en el campamento, sólo cumplíamos con las órdenes que recibíamos de nuestros jefes y que consistían en custodia[r] el campamento y velar por la seguridad de los detenidos, yo hice lo posible por darles un buen trato, darles sus comidas, prestarles útiles de aseo, etcétera (nuestro énfasis).

Este testigo además señala estar en muy malas condiciones económicas, "por lo que venir a Santiago a declarar me acarrea graves problemas económicos, en algunas oportunidades debo conseguirme dinero".

El primer declarante, teniente coronel retirado del Ejército, asegura que

El comandante Contreras no me consideraba en absoluto en las decisiones que tomaba, podría decir que me sentía como postergado. Creo que desconfiaban de mí, porque yo era un militar apegado a las normas y reglamentación vigente, es por eso que no me asignaron ningún cargo especial.

Este mismo declarante manifiesta que,

Yo nunca tuve acceso a este campamento de detenidos -Tejas Verdes-, lo veía desde lejos, al igual como lo veía la gente del pueblo, todo el mundo sabía que había un campamento de detenidos. Y agrega, (...) se comentaba que a los detenidos se les torturaba, eso era conocido por todo el mundo, pero no podría decir quién estaba a cargo de esto.

Además, "supo" que en una ocasión "se condenó a muerte a un carabinero".

Al leérsele la lista con detenidos desaparecidos señala que no tuve contacto con los detenidos cuya lista se me acaba de leer. Al concluir su declaración, reitera una vez la desconfianza que Manuel Contreras le manifestara al quitársele todas las atribuciones que le corresponden al segundo jefe de la Escuela, esto es porque Contreras no le confidenció cuándo exactamente se llevaría a cabo el golpe militar.

Como podemos ver, en explicaciones como "Hubo una señorita llamada Teresa Marín quien era asistente de Párvulo, estuvo en Londres", por parte del testigo número cuatro, entrega información concreta sobre los hechos que acaecieron. Las negaciones, así mismo, son directas y no manifiestan ambigüedad de la voz pasiva. "Yo nunca interrogué ni torturé a algún detenido", -tercer testigo- o "no tuve contacto con los detenidos cuya lista se me acaba de leer", -primer testigo- contrastan con las declaraciones de los funcionarios de la Central de Información. Esta ambigüedad se da, en particular, cuando se denuncian hechos violentos, cuando el mismo testigo número cuatro menciona que "había sido violada y que se encontraba embarazada producto de las violaciones".

CONCLUSIONES

A través de este análisis podemos detectar varias tendencias, las cuales apuntan, invariablemente a una verdad fragmentada, o casi verdad, como señalamos en la introducción de este trabajo, pero en contraste arrojan valiosa información acerca de la cultura militar. Es importante analizar las tendencias y comparar porcentajes según las distintas categorías para detectar detalles. A nuestro juicio, estos presentan "la otra cara" de la Comisión de la Verdad; al mismo tiempo, al estar ésta fragmentada por el código militar nos ofrece sólo una versión parcial y no una verdad completa necesaria para lograr procesos de reconciliación entre grupos antagónicos, propósito original para lograr la paz.

Payne señala que las confesiones varían según el contexto en el cual se llevan a cabo; por ejemplo: cargo del agente interrogador, probables repercusiones, o el hecho de si ha de haber o no un proceso criminal. Este último es el caso de los testimonios aquí analizados. Pudimos detectar que un 55 por ciento de los testimonios de los funcionarios de la CNI estaban influenciados por un código de silencio y por procesos de lealtad institucional militar. Así mismo, sólo un 20 por ciento de ellos presenta ambigüedad. Por otro lado, los testimonios de Grimaldi y Tejas Verdes presentan un porcentaje algo superior de influencia por códigos de lealtad -75 por ciento-. Sin embargo, el porcentaje de testimonios influenciado por códigos de silencio en ambos casos es sorprendentemente similar -50 por ciento-; asimismo, un 20 por ciento de los testimonios presentó ambigüedad con respecto a los hechos al negar y afirmar participación en ellos. Curiosamente, esta categoría fue detectada en un funcionario de la Central Nacional de Informaciones, influencia que no se detectó entre los testigos de la Villa Grimaldi o Tejas Verdes.

Cabe destacar que, a diferencia del trabajo de Payne, en este análisis no se presentaron testimonios influenciados por confesiones heroicas, tampoco hubo diferencias enormes en las categorías de "códigos de silencio" y "obediencia". Sin embargo, las cifras difirieron sustancialmente en la categoría "remordimiento".

Se pudo comprobar según este análisis que un 50 por ciento de los testimonios de los Centros de Detención de la Villa Grimaldi y Tejas Verdes manifestaron "remordimiento", factor clave que no se presenta entre funcionarios de la Central Nacional de Informaciones. Consideramos que ello se debe a la cercanía vital de los funcionarios a cargo de áreas de desempeño personal como era la seguridad de los detenidos. Esta particularidad les permitió mirar más allá de ideologías militares reflejadas en sus testimonios, en los que muchos se refieren al estado humano en que se encontraban los prisioneros; algunos incluso se esforzaron por ayudar a los detenidos, yendo más allá de su papel de guardias de seguridad, a diferencia de los agentes de la CNI cuyos testimonios no reflejan cercanía con las víctimas, se refieren a ellas como datos y rara vez como seres humanos, detalle que, a nuestro juicio tiene importancia vital.

A través de esta fusión de categorías, una por Chemerinsky y la otra perteneciente a Payne, podemos concluir que estas "parcelaciones de la verdad" son producto de la influencia de un código militar que se ha perpetuado a través de varias décadas. Éste es detectable e incluso clasificable gracias a las teorías anteriormente mencionadas. Cabe destacar una vez más que la mayoría de los funcionarios que presentaron testimonio vital se han acogido a retiro. Se puede detectar sin embargo que este marco militar continúa influenciando la mayoría de los testimonios en diferentes aspectos, principalmente cuando se trata de códigos de silencio y lealtad.

Así mismo, a pesar de que estos testimonios, ausentes en la Comisión de la Verdad, entregan una versión complementaria de los hechos, de ningún modo contribuyen a fomentar la reconciliación de la sociedad chilena porque no existe un reconocimiento integral de los hechos por parte de las Fuerzas Armadas tanto a través de los testimonios de individuos como en forma pública institucional, dato curioso si consideramos, como señalamos al comienzo de este trabajo, que la misma institución rechazó el valor de la Comisión de la Verdad, sentando el precedente a los individuos que aún sienten lealtad a sus juicios de valores y, por ende, realizan testimonios que se alinean con la directriz pública adoptada por la institución militar. Esto sugiere que el testimonio dado por estos agentes del Estado se ajusta al discurso nacional de la institución en sí.

Estos testimonios ponen a prueba de juicio las declaraciones militares incluso a través del tiempo puesto que presentan patrones de silencio. Esta ceguera cognitiva creada por el adiestramiento militar, tanto en perpetradores como en testigos, no fue mencionada por la Comisión de la Verdad. Esto merma la capacidad de reflexión y cuestionamiento impidiendo un paso a la reconciliación y la paz. Así mismo, estas conclusiones entregan una visión interna del modus operandi de la mente militar sugiriendo procesos de deshumanización que se manifiesta a través de la influencia del silencio y la lealtad, así como la falta de remordimiento en el caso de los funcionarios de la CNI. Queda por decir que los códigos militares tendrán armonía con la Comisión de la Verdad cuando transfieran sus directrices a "seguridad humana" y no a "seguridad nacional".

Comentarios

² A pesar de dejar su cargo como presidente, el general Pinochet permaneció como comandante en jefe de las FF.AA. hasta marzo de 1998 y luego como senador vitalicio hasta su fallecimiento en noviembre de 2006.

³ La Comisión, estableció que estructuras del Estado chileno quedaron obligadas a prestar toda su colaboración dentro del ámbito de sus competencias.... (Tomo i, p. 4). Por otro lado, el mandato careció de poder para exigir confesiones, ya que la Comisión no tuvo atribuciones para exigir la comparecencia de nadie a declarar ante ella (Tomo I, p. 4). Esta característica, que no contempla ni obligación ni tampoco incentivo a cambio de testimonio, estuvo presente en todas las comisiones en la región latinoamericana.

⁴ El Plan z, por ejemplo, es ilustrativo de cómo a base de mentiras, engaños, y rumores, la dictadura logró promover la idea de que existía, con anterioridad al golpe de Estado, un plan criminal de parte de las fuerzas de izquierda para matar a sus adversarios. de esto, según la propia Comisión rettig, poco se ha logrado documentar.

⁵ De entre los contados testimonios de responsables y colaboradores de las prácticas del terror en Chile, se encuentra la valiosa confesión pública -una autobiografía- de una ex socialista, luz Arce, que luego de ser salvajemente torturada, se convierte en colaboradora. Ver Arce (2004).

⁶ Aquí aludimos al trabajo filosófico de Hannah Arendt (2003).

⁷ El asunto de si el caso chileno constituye un genocidio, excede espacio y tiempo para este ensayo. Para otros genocidios en latinoamérica, ver Feierstein (2005).

⁸ Estos procesos judiciales se han reactivado desde el año 2001, cuando la Corte Suprema designó Ministros de Fuero de las Cortes de Apelaciones y jueces de primera instancia con la facultad exclusiva de investigar casos de derechos humanos (Human rights Watch, 2005).

⁹ Se agradece la amable colaboración de todas las personas que prestaron su ayuda en el acceso a los expedientes y búsqueda en Internet.

¹⁰ Ver texto completo en el periódico virtual, http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20041118/pags/20041118145031.html

¹¹ La Comisión de la Verdad y reconciliación estableció que, entre septiembre 11 de 1973 y marzo 10 de 1990, el número de muertos en el país por agentes del Estado fue de 1.068 y el número de detenidos desaparecidos fue de 957.

¹² La Central Nacional de Informaciones fue creada en agosto de 1977 por un decreto ley con el objeto de reunir y procesar información de inteligencia para el Estado.

¹³ La Comunidad de Inteligencia, según datos encontrados en el expediente judicial de Tucapel Jiménez, estaba conformada por las siguientes instituciones y unidades: Central Nacional de Informaciones, CNI, Servicio de Inteligencia Naval, dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea, dirección de Inteligencia Policial de Carabineros, Asesoría Técnica y departamento de Informaciones Políticas de la Policía de Investigaciones, como también el servicio de registro Civil e Identificación. la DINA estaba excluida.

¹⁴ Dependiendo del proceso, algunos casos pueden tener siete mil hojas o más, lo que indica la complejidad delas investigaciones judiciales e indica además algunas de las limitaciones en los estudios de los mismos, como la cuestión de presupuesto para copias.

¹⁵ Cabe señalar que durante la Guerra Fría, trasfondo histórico de las dictaduras en el Cono Sur, las Fuerzas Armadas recibieron entrenamiento en los Estados unidos, y en la Escuela de las Américas, específicamente. Ver el trabajo de Gill (2004).

¹⁶ Estudios sobre la institución militar en los Estados unidos proponen dos modelos de organización militar, el modelo institucional o vocacional, en el cual los intereses institucionales trascienden los intereses egoístas, individuales, y el modelo ocupacional, el cual busca reflejar las demandas del mercado con la vocación militar. Ver los estudios de Moskos y Wood (1988).

REfERENCIAS

Arce, Luz 2004 The Inferno. A Story of Terror and Survival in Chile, Madison, The University of Wisconsin Press.        [ Links ]

Arendt, Hannah 2003 Responsibility and Judgment, New York, Schocken Books.        [ Links ]

Chemerisnky, Erwin 2001 "An Independent Analysis of the los Angeles Police department's board of Inquiry report on the rampart Scandal", disponible en http://eprints.law.duke.edu/arc hive/00001384/        [ Links ]

Chile, Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación 1991 Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Vols.I, II, III Santiago, Secretaría de Comunicación y Cultura, Ministerio Secretaría General de Gobierno.        [ Links ]

Feierstein, Daniel 2005 Genocidio: la administración de la muerte en la modernidad, Buenos Aires, EDUNTREF.        [ Links ]

Foster, Dan, Paul Haupt y Marésa de Beer 2005 The Theater of Violence: Narratives of Protagonists in the South African Conflict, Oxford, James Currey ltd.        [ Links ]

Garretón, Roberto S. f. "Intervención en mesa de diálogo por los derechos humanos. un diálogo para la verdad y la justicia", recuperado el 3 de octubre de 2007, disponible en http://www.purochile.org/mesa01.htm.        [ Links ]

Gill, Lesley 2004 The School of the Americas: Military Training andPolitical Violencein the Americas, Durham, Duke University Press.        [ Links ]

Huggins, K. Martha, Mika Haritos-Fatouros y Philip G. Zimbardo 2002 Violence Workers: Police Torturers and Murderers Reconstruct Brazilian Atrocities, Berkeley, University of California Press.        [ Links ]

Moskos C., Charles y Frank R. Wood (eds.) 1988 The Military More Than Just a Job?, Washington, Pergamon-brassey's International Defense Publishers, Inc.        [ Links ]

Payne, A. Leigh 1999 TRC: Commissioning the Past. Confessions of Torturers. Reflections from Argentina, paper presented at the History Workshop and CVSR Conference, University of Witwatersrand, 11-14, disponible en http://sunsite.wits.ac.za/trcresearch/papers99/payne.pdf        [ Links ]

Otras Fuentes

"Caso Tucapel Jiménez", disponible en http://www.fasic.org/juri/fallotuca.doc        [ Links ]