Una definición de microsoberanía

La definición de soberanía es la del poder depositado en una institución, persona o cuerpo que tiene la autoridad suprema para imponer reglas y leyes dentro de un territorio específico (^{McVeigh, 2021}). Este territorio está compuesto por aquello que se reclama y, lo que es más importante, lo que es reconocido por otros actores similares. La soberanía es la capacidad de imponer castigos y otorgar privilegios a los habitantes del territorio, lo que puede generar diferencias de opinión y desafíos internos a la soberanía. La idea de la soberanía se originó en el Estado westfaliano y ha sido la base de las relaciones internacionales desde el siglo XVII hasta la actualidad.

Antes de profundizar, es necesario establecer una comprensión clara de la microsoberanía. Por lo tanto, ofrezco a continuación algunos ejemplos adicionales y propongo algunos métodos para identificar y medir la importancia de la microsoberanía.

La legitimidad de una pretensión de soberanía por parte de un actor se establece a través de una combinación de factores, procesos formales y símbolos. La posesión física del territorio es una forma evidente de ejercicio de soberanía. Pero, para evitar conflictos constantes, se utilizan procesos formales, como títulos de propiedad, contratos o tratados, que confirman la legitimidad del actor ocupante.

En cuanto a la dimensión simbólica, la coronación de reyes es un acto que confiere legitimidad a la persona elegida como soberana. Durante la ceremonia, hay símbolos subyacentes o subsímbolos que fortalecen la legitimidad de la soberanía, como las coronas, los cetros y otros objetos entregados al nuevo rey. La unción con aceite sagrado es, a su vez, un subsímbolo significativo que significa que la legitimidad de la soberanía del rey es reconocida por la divinidad, no solo por los seres humanos. Estos símbolos subyacentes fortalecen el gran símbolo de la ceremonia de coronación.

En la actualidad, la mayoría de los Estados ya no son monarquías, sino democracias. Y, aun así, algunos aspectos simbólicos de la monarquía son imitados por las democracias para otorgar legitimidad y soberanía a este tipo de Estados. Un ejemplo de esto son las ceremonias de inauguración de Presidentes o de Congresos. Durante estas ceremonias, los nuevos gobernantes prestan juramento ante un juez de la más alta Corte del poder judicial o ante el presidente del órgano legislativo. En muchos casos, estas ceremonias cuentan con la presencia de presidentes anteriores y de representantes de todos los legisladores, independientemente de su afiliación política.

Además, la presencia de símbolos legitimadores, como banderas y Constituciones, juega un papel importante en la transferencia de la soberanía al nuevo Gobierno. La presencia de gobernantes pasados (de las altas cortes, de representantes de diferentes partidos políticos y de símbolos nacionales) ayuda a sembrar y a consolidar, en la mente de los ciudadanos y de los Gobiernos extranjeros, la idea de que el nuevo presidente o el nuevo Gobierno ejerce la soberanía legítimamente. La soberanía y su alcance son muy importantes, incluso más allá del control físico real que ejerce el gobernante. Y esto se extiende también a las microsoberanías.

En términos académicos, la noción de soberanía siempre ha sido artificial en su naturaleza. A excepción de algunos regímenes autoritarios, ningún Estado ha logrado ejercer un control absoluto sobre su territorio reconocido. Stephen ^{Krasner (2001)} sostiene que, aunque es una idea poderosa, en la práctica la autoridad o soberanía total siempre ha sido irrealizable. Por esta razón, los Estados mantienen fuerzas armadas y de seguridad pública: para proteger su soberanía frente a retos internos y externos. Es una prioridad para los Estados protegerla, tanto que sus fuerzas armadas suelen ser financiadas con una gran proporción del presupuesto estatal. Además, las altas cortes tienen un papel fundamental en el ejercicio de la soberanía, tanto a nivel local como nacional e internacional.

Estos elementos demuestran tanto la importancia como la complejidad de ejercer la soberanía. La soberanía es siempre incompleta y depende de los recursos disponibles y del nivel de riesgo que un Estado está dispuesto a asumir. Los vacíos en la soberanía brindan oportunidades para que otros actores ejerzan control dentro de un territorio nacional.

Es indispensable destacar que la democracia, que es la forma de gobierno de la mayoría de los países en el hemisferio occidental, contribuye a la complejidad de la soberanía.

Desde una perspectiva filosófica, el pueblo es soberano y delega una parte de su soberanía al Gobierno, para que los represente y brinde bienes públicos tales como seguridad, infraestructura, educación y salud. Sin embargo, existe una tensión continua entre la soberanía del pueblo y la del Gobierno, pues cada vez son más los bienes públicos necesarios para el desarrollo de la sociedad, los cuales requieren grandes recursos, mayor dirección y mejor organización. Por lo tanto, las democracias modernas ejercen un control central cada vez más fuerte, pero también conceden una soberanía suficiente a la población para resolver sus disputas a través de las instituciones democráticas, y no a través del uso de la violencia.

La complejidad de la soberanía democrática ha resultado, por ejemplo, en grupos armados irregulares no-insurgentes que ejercen funciones paraestatales en varios países, tanto en las zonas urbanas como rurales donde la gobernanza democrática es débil. Esto es particularmente notable en varios Estados latinoamericanos (^{Davis, 2010}).

De esta manera, es posible afirmar que la soberanía puede ser concebida como una compleja trama de redes socioespaciales de poder que se intersecan (^{Mann, 1986}). Estas redes de poder están en constante interacción: compiten, negocian, colaboran y crean espacios de dominación mediante la institucionalidad o, en algunos casos, a través de métodos ilegales e incluso violentos.

Hay actores que utilizan una combinación de ambos enfoques. Estas redes de soberanía se encuentran presentes en diferentes escalas, desde el nivel internacional hasta el nivel local o micro. En este último es en el que me interesa enfocarme.

En este nivel, hablamos de individuos, grupos, organizaciones e instituciones, tanto formales como informales, que ejercen, disputan o compiten por el poder local. Si un Estado desea imponer o restablecer su soberanía, debe tener en cuenta la presencia de todos estos actores. Algunos podrán ser reprimidos y otros cooptados, y habrá algunos con los que se colaborará y otros con los que se negociará.

La importancia de las microsoberanías y de los actores que las ejercen

En los últimos años, las microsoberanías han cobrado mayor importancia por varias razones.

Primero, el avance tecnológico ha permitido una proyección de la violencia generada por poderes con microsoberanía hasta el nivel regional, nacional e incluso global.

Por ejemplo, los ataques del 11 de septiembre de 2001 fueron perpetrados por Al Qaeda, una organización que operaba en una zona fuera del control del Gobierno afgano de la época. En ese momento, el Gobierno afgano se alineó con Al Qaeda para evitar conflictos, pero esta decisión de corto plazo tuvo consecuencias estratégicas negativas, ya que Estados Unidos invadió Afganistán y derrocó al Gobierno por permitirle a Al Qaeda tener una microsoberanía en el país.

Segundo, la existencia de economías ilícitas de escala en estas zonas. En todo el mundo, la mayoría del narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de animales, la trata de personas, entre otras economías ilícitas, prospera en una gran cantidad de estas zonas de microsoberanía.

Estas economías han resultado en la formación de grupos armados que ponen en peligro la estabilidad de los Estados, tales como las FARC, Sendero Luminoso, los maoís-tas nepaleses o grupos de crimen organizado como los carteles mexicanos o las pandillas salvadoreñas. La capacidad de estos grupos para desafiar a los Estados se explica en parte por su control sobre economías ilícitas de escala.

Tercero, las economías ilícitas de escala tienen un efecto corrosivo. Además de la violencia, muchos de los actores que están a cargo de economías ilícitas en zonas de microsoberanía utilizan la corrupción para evitar la acción del Estado y reducir su soberanía.

Además, estas economías tienden a desvirtuar la economía lícita del resto del país o región al introducir grandes cantidades de dinero de una fuente extranjera. Este efecto tiene un impacto inflacionario en el precio de los inmuebles y un impacto negativo en la producción, ya que disminuye el incentivo para producir productos y bienes licitos.

Cuarto, muchas de estas microsoberanías tienen impactos transnacionales o son parte de redes transnacionales, por lo que es difícil reprimirlas o cooptarlas sin enfrentar también el componente transnacional. Entre los ejemplos de esta situación se encuentran las pandillas salvadoreñas, como la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, que han establecido presencia en países de Centroamérica, Estados Unidos, México, Suramérica y Europa.

Estas pandillas funcionan como una franquicia: mantienen conexiones entre ellas, pero localmente tienen gran autonomía. El incremento en número de estas soberanías locales genera un efecto nacional y transnacional, pues actúan como puentes para las organizaciones nacionales y transnacionales. Por ejemplo, dada la persecución estatal de las pandillas en El Salvador, muchos de sus miembros huyen a Estados Unidos, y viceversa (^{Spencer et al., 2021}), y reciben apoyo de sus homólogos cuando lo necesitan.

Quinto, las microsoberanías pueden obstaculizar el proceso de consolidación de la soberanía de un Estado o Gobierno, particularmente después de una guerra, haya sido esta convencional o irregular. En Irak, por ejemplo, después de 2010, las microsoberanías provocaron inestabilidad y violencia e imposibilitaron la consolidación de instituciones estatales fuertes, capaces de satisfacer necesidades humanas y de recuperarse de la invasión y guerra insurgente recién terminada (^{Doyle & Dunning, 2018}).

En otras palabras, surgió una especie de ciclo vicioso en que los obstáculos que las microsoberanías creaban le impedían al Estado cumplir con su papel de satisfacer necesidades humanas básicas y, a su vez, la falta de satisfacción de necesidades humanas básicas por parte del Estado fortalecía a las microsoberanías y, por ende, los obstáculos que estas creaban. Esto derivó en la formación del Estado Islámico (o ISIS), que representó una guerra peor que la recién terminada.

A pesar de todo esto, no todas las microsoberanías son negativas para el Estado. Por ejemplo, los actores religiosos pueden desempeñar un papel importante como intermediarios entre el Estado y grupos violentos o entre grupos rivales violentos. Por lo general, los individuos religiosos se consideran más desinteresados y, por lo tanto, más neutrales u honestos. Actores religiosos tales como sacerdotes católicos, misioneros protestantes y comunidades religiosas han actuado como intermediarios en este tipo de conflictos, hasta convertirse en elementos de confianza para cada grupo.

Hace un tiempo conocí personalmente a un líder religioso que vivió en zonas de conflicto durante varias décadas. Al comenzar su carrera, fue secuestrado por un grupo guerrillero, pero posteriormente estableció relaciones de respeto con varios de sus líderes. Al ser liberado, continuó su trabajo allí y se convirtió en un interlocutor entre la guerrilla y la población local (^{Anders, 2020}). Podía acercarse a la guerrilla sin temor a ser atacado y la guerrilla podía enviar mensajes a la población que podían ser debatidos abiertamente en su presencia, sin temor a represalias. Tanto la población como la guerrilla apreciaron su papel de intermediario (^{Anders, 2020}).

En conclusión, las microsoberanías pueden tener un impacto tanto positivo como negativo en el Estado, dependiendo del tipo de actores que las ejerzan.

El líder religioso no era hostil al Gobierno, todo lo contrario. Y por esa razón el Ejército confiaba en él, lo consultaba y enviaba mensajes con él a la población o a la guerrilla cuando era necesario (^{Spencer, 2010}). Además, el Ejército colaboró con él para operar estaciones de radio en la zona, lo que permitió que este pudiera evangelizar, y se encontró que las personas que eran evangelizadas tenían una postura menos hostil hacia el Gobierno.

Posteriormente, llegaron los narcotraficantes y los paramilitares, que también confiaron en él. Todos los grupos le permitieron viajar libremente por su territorio para evangelizar y, cuando necesitaban un favor especial, como evacuar a un enfermo o herido grave, transmitir un mensaje o hacer alguna negociación difícil, el líder religioso demostró ser de gran ayuda.

Maestros y profesores también pueden desempeñar un papel de liderazgo similar. Este es el caso de un profesor que conocí en Cali (Colombia) y que fue maestro tanto de la Policía como de varios jóvenes integrantes de un grupo de primeras líneas que participó en las protestas violentas de 2021 en la ciudad de Cali. En varias ocasiones, este maestro actuó para reducir los niveles de violencia entre los dos bandos. Por ejemplo, en una ocasión, las primeras líneas habían sitiado a un grupo de policías y planeaban quemarlos con bombas molotov, lo que habría resultado en lesiones o muertes lamentables e innecesarias. Sin embargo, el profesor ejerció su influencia para negociar la evacuación de los policías y evitar un desenlace trágico.

La persona puede ser de cualquier origen o profesión. Lo esencial es que ejerza un tipo de autoridad moral sobre las personas de diferentes grupos e identidades que habitan o trabajan en un territorio específico, de modo que forme parte de las redes de microso-beranía antes descritas (^{Anders, 2020}).

Cómo reconocer y medir las microsoberanías

Existen muchos trabajos de académicos sobre el fenómeno de los grupos armados irregulares, que son grupos insurgentes, terroristas o criminales que se han armado y organizado por fuera de la ley para ejercer control territorial para sus propios fines estratégicos (^{Spencer, 2010}).

Así, según Therese ^{Anders (2020)}, se puede medir el nivel de microsoberanía por las tácticas de control territorial empleadas por los grupos armados en diferentes zonas. "La preferencia táctica en una guerra civil refleja la maximización de los beneficios de un actor y la minimización de costos, sujeta a las restricciones de recursos y a las acciones del rival" (Anders, 2020; traducción propia).

Por su parte, en el trabajo reciente de ^{Bahiss et al. (2022)}, se afirma que la evaluación del nivel y las tácticas de violencia es insuficiente para medir la microsoberanía ejercida por diferentes actores en un territorio específico.

Según ^{Bahiss et al. (2022)}, el mapeo de la violencia es insuficiente para comprender el control territorial de los grupos armados. Por que los grupos armados buscan influir y controlar a las personas y su comportamiento, no solo el territorio. Además, suelen proyectar su poder más allá de las áreas donde están presentes físicamente, lo que indica que no es necesario que controlen el territorio para influir en lo que ocurre allí.

Asimismo, destacan que el control no se puede entender en términos de una interacción de suma cero. Los grupos armados, el Gobierno y otros actores ejercen influencias dinámicas y superpuestas sobre las poblaciones. La presunción de control estatal puede ocultar las dinámicas de poder reales (^{Bahiss et al., 2022}), ya que el Estado puede ser solo uno de varios actores compitiendo por el control, no necesariamente el más dominante.

En ese mismo sentido, afirman que la microsoberanía puede ser entendida como una red, en lugar de como una hegemonía, y que existen tres esferas de control: la económica, la social y la política. Dentro de estas esferas, hay varias formas de ejercer control territorial, que incluyen el uso de la violencia, el arbitraje y la administración de justicia, la extorsión, el control del movimiento, la regulación del acceso a servicios y el control social. A continuación, describo sucintamente cada una de estas formas de ejercer control.

La violencia es una de las formas más universales para ejercer control territorial y es utilizada como medio para obtenerlo y mantenerlo. Las formas de violencia progresan y varían dependiendo de las capacidades de la organización o del actor en cuestión.

Se estima que pueden diferenciarse al menos tres fases de violencia: violencia para abrir espacio, violencia para conquistar y violencia para defender. Cada una de estas fases tiene sus objetivos y características únicas, y comprender en qué fase se encuentra un grupo armado permite evaluar su nivel de microsoberanía sobre un territorio particular (^{Bahiss et al., 2022,} p. 30).

En la fase de apertura de espacio, los primeros actos de violencia se utilizan para anunciar la presencia de un nuevo actor poderoso que debe ser considerado.

La violencia se emplea aquí para demostrar que el nuevo grupo es serio en sus demandas y para advertir las consecuencias de desacatarlo. Además, se utiliza para aumentar el costo que el actor poderoso que actualmente domina tiene que pagar para mantener el control del territorio hasta el punto de que no sea capaz de eliminar al nuevo actor. Esto puede resultar en que el actor dominante tenga que elevar significativamente su capacidad para pagar los costos de mantener su actual dominio o en que, finalmente, tenga que ceder espacio o llegar a un estado de convivencia de facto. En esta fase, el nuevo actor a menudo emplea métodos irregulares debido a su relativa debilidad. Y, si el actor dominante es también irregular, el nuevo actor busca emplear métodos aún más irregulares.

En la fase de conquista, la violencia generalmente se usa para desplazar a otro actor actualmente dominante, ya sea el Estado o un grupo rival.

Esta fase suele ser la más violenta, pues los otros actores resisten firmemente debido a que tienen capacidad para hacerlo. En esta fase, se emplean métodos más regulares o abiertos que en las otras fases. Si el nuevo actor no puede desplazar completamente a los demás, busca neutralizarlos de tal manera que no obstaculicen sus objetivos estratégicos. Un buen ejemplo de esto es lo que sucedió en un barrio de El Salvador dominado por una de las pandillas del país: allí, para visitar el barrio, se requería entrar en vehículos llenos de soldados armados y desplazarse sin detenerse (^{Spencer et al., 2021}).

Finalmente, la fase defensiva corresponde a la conquista inversa. Es decir, en lugar de emplear la violencia para conquistar un territorio, el actor la usa para defenderlo de otro nuevo que busca conquistarlo. Al inicio, el actor suele implementar métodos regulares y visibles. Si el nuevo actor logra ganar la posición de ventaja, la defensa por parte del actor pasa a ser más irregular hasta que se ve derrotado. Por otro lado, si logra recuperar la ventaja, se vuelve a regularizar hasta lograr de nuevo el control del territorio.

Una segunda forma de ejercer control territorial es el arbitraje y la administración de justicia. Este puede ser uno de los indicadores más importantes de la microsoberanía real que ejerce un actor en un territorio determinado. Para resolver sus disputas y conflictos la gente del territorio acude a dicho actor por considerar que tiene la autoridad normativa y física para tomar decisiones e impartir justicia. En muchos casos, no es el Estado. En democracias, esto se debe a la ineficiencia de los sistemas judiciales, lo que hace que los procesos para obtener justicia sean muy largos y puedan tomar años o décadas y haya altos niveles de impunidad.

En contraste, los sistemas de justicia paralelos de actores que ejercen microsoberanía (cortes o tribunales de justicia, que pueden ser transitorios o permanentes) suelen ser más rápidos y contundentes, aunque muy drásticos y no propiamente justos. Por ejemplo, en alguna oportunidad, en El Salvador, entré a un mercado controlado por las pandillas, en donde había un problema grave de ladrones. Después de la llegada de las pandillas, el problema desapareció, pues las pandillas capturaron y asesinaron a un par de ladrones. Asimismo, la tranquilidad en el mercado se mantenía a cambio de un pequeño impuesto o "renta" que cada vendedor debía pagar y pagaba, aunque no le gustara, pues prefería eso a la constante presión de los ladrones (^{Spencer et al., 2021}, pp. 58-59).

Una tercera forma de ejercer control territorial es la extorsión, la cual se emplea para financiar las actividades del actor y moldear la esfera social. La extorsión se define como un impuesto que cobra el actor y que le permite tanto financiar sus actividades como influir en la sociedad. Por ejemplo, instaurando impuestos sobre bienes o comportamientos considerados inmorales, como el consumo de drogas o de alcohol. El cobro de estos impuestos les permite a los actores armados que ejercen microsoberanía sustituir al Estado y adquirir características similares a las del Estado. La capacidad de obligar a la población a pagar estos impuestos es un indicador de su poder y refuerza su autoridad a través de un "contrato" social con la población (^{Bahiss et al., 2022,} p. 36).

En el caso de las FARC, en Colombia, ellas insistían en que no eran narcotraficantes y solo recaudaban impuestos (extorsión) de la economía existente en las zonas de cultivo de coca. Es cierto que no traficaban con drogas, con la excepción de casos aislados, pero fomentaban el cultivo de coca por parte de los habitantes de las zonas donde persistían. La razón era que, mientras más coca hubiera, más grande sería su economía. Además, la población que cultivaba la coca estaba cometiendo un delito, por lo que requería la protección del grupo armado frente a las acciones punitivas del Estado. Este círculo virtuoso para las FARC, y vicioso para el Gobierno, hacía que la población fuera más leal al grupo armado y menos afín al Gobierno, aumentaba los recursos de las FARC y ofrecía una fuente de posibles reclutas para su estructura armada.

Una cuarta forma es el control del movimiento, especialmente de civiles, en el territorio. Es otro indicador clave del control territorial ejercido por el grupo. Se ejerce a través de tres medios: retenes, bloqueos y cercos.

Los retenes son manifestaciones visibles del control territorial que indican el poder del actor y la debilidad del Estado o del actor dominante (^{Bahiss et al., 2022}). Un retén permite regular, autorizar o bloquear el movimiento de personas, pero es más importante como una evidencia palpable de la presencia del actor en el territorio. Sin embargo, los retenes requieren un esfuerzo mínimo por parte del actor y pueden suprimirse fácilmente ante la presencia de una fuerza más grande.

Los bloqueos y cercos requieren esfuerzos mayores en zonas o territorios específicos. Consisten en la interrupción total o parcial del flujo del movimiento y comercio entre dicha zona y otras zonas. Los bloqueos pueden ser empleados con diversos fines, como demostrar la micosoberanía del actor en la zona, castigar a poblaciones que han colaborado con otros actores, ejercer presión para cambiar la lealtad de la población o forzar el desplazamiento de la población a fin de reemplazarla por una nueva población más afín al actor (^{Bahiss et al., 2022}).

En Colombia, tanto las FARC como las autodefensas usaron los bloqueos con ambos propósitos, aunque en muchas ocasiones lo hicieron con el objetivo de forzar el desplazamiento de la población, lo cual ha resultado en grandes movimientos de población y una comunidad de refugiados internos en el país.

Una quinta forma de control territorial es la regulación del acceso a servicios. Esta forma requiere e indica que el actor tiene cierto control sobre la contratación (estatal o no gubernamental) en el territorio para ejecutar diferentes proyectos, de modo que una cantidad significativa o la totalidad de los empleos así creados van a personas seleccionadas por el actor y que la ayuda brindada por los Gobiernos o las ONG se dirige en su mayoría, o prioritariamente, a las poblaciones o personas que les son leales (^{Bahiss et al., 2022,} pp. 39-40).

En El Salvador, las pandillas negociaban con los alcaldes, tanto en funciones como en campaña, la cantidad de dinero municipal, de empleos y de ayuda social para sus miembros o sus familias a cambio de permitir el sufragio en sus zonas de influencia. Algo similar ocurría con las FARC y los alcaldes de los municipios en los que tenían influencia.

Finalmente, una sexta forma de ejercer control territorial es el control social. El control social es la práctica de obligar a la población a comportarse de manera anómala, por ejemplo, obligar a las mujeres a cubrirse la cara con hijab o velo, o a los hombres a dejarse crecer la barba. Este tipo de control requiere, según ^{Bahiss et al. (2022,} p. 41), una presencia amplia y bien estructurada del actor para que pueda imponer estas normas.

Sin embargo, hay casos en los que actores que no tienen una gran presencia física logran imponer este tipo de control. Por ejemplo, en Paraguay, el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) ha obligado a los habitantes locales a no cazar en áreas boscosas y a no talar árboles y a los agricultores, a no usar pesticidas y otros químicos. A pesar de que el EPP nunca ha tenido más de treinta combatientes y hoy en día solo quedan nueve de ellos, la gente los obedece debido al temor. El EPP ha asesinado a más civiles que militares y policías y, por lo tanto, la gente teme sufrir un destino similar. Las FARC operaban de una manera similar.

Estos ejemplos ponen en cuestión la tesis de ^{Bahiss et al. (2022)} de que es indispensable una gran presencia para hacer efectivo el control social y sugiere que el miedo puede ser una fuente de un control social eficaz.

Ahora bien, hay una forma o fuente de control que ^{Bahiss et al. (2022)} no consideran: la autoridad moral. Esta ausencia puede deberse a la dificultad para medir esta forma de autoridad o a que su análisis se circunscribe al ámbito de la acción estatal y gubernamental. Sin embargo, si se consideran todos los actores que ejercen o pueden ejercer cierto nivel de microsoberanía, se encuentra que existen varias clases de actores no estatales ni gubernamentales que ejercen autoridad moral. Los jeques mencionados al comienzo son un buen ejemplo de esto, así como los líderes religiosos y los maestros, que también ejercen su autoridad a través de su autoridad moral, aunque no solo a través de esta.

La autoridad moral se refiere a la capacidad que tiene un actor para influir en su entorno a través de una justificación normativa. Estos actores pueden tener enemigos. Y, sin embargo, su reputación les permite imponerse en muchas situaciones, pues incluso sus enemigos los respetan.

Un ejemplo ilustrativo es el siguiente (del cual fui testigo). En un restaurante de comida rápida, un grupo de jóvenes estaba comportándose de manera ruidosa y grosera. La gente los evitaba por temor a enfrentarlos. De repente, una mujer de unos cuarenta años, probablemente una madre, se acercó a ellos y les pidió que bajaran la voz, dejaran de usar groserías y no molestaran a otros clientes. De inmediato, los jóvenes obedecieron y cambiaron su comportamiento por el resto del tiempo que la mujer estuvo en el restaurante. Si hubiera sido cualquier otra persona, el resultado habría sido diferente, pues lo más probable es que esa otra persona no habría tenido ante los jóvenes la autoridad moral que puede tener una madre de mediana edad. La mujer era vulnerable y probablemente más débil que cualquiera de los jóvenes, pero su autoridad moral los hizo obedecerla sin cuestionarla.

Es posible que los líderes religiosos, los maestros y otras figuras de la sociedad ejerzan influencia y control a través de su autoridad moral, ya sea a través de su personalidad o de lo que representan. Como lo ilustra el ejemplo de la mujer en el restaurante, la autoridad moral puede ser reconocida y respetada por personas que no tienen una relación directa previa con la figura que ejerce dicha autoridad moral. La autoridad de los jeques también puede ser explicada por este mismo fenómeno, a pesar de que no posean una posición formal reconocida por el Estado.

Además, aunque los Estados y Gobiernos no están dispuestos a admitirlo, en algunos casos los líderes o miembros de grupos armados también pueden ejercer autoridad moral. Esta autoridad moral se utiliza para justificar su existencia y acciones, ya sea que la posean o no. Incluso las pandillas en El Salvador se apoyan en argumentos de autoridad moral para fundamentar su existencia y actividad (^{Spencer et al., 2021}).

Identificar a los actores y el grado de autoridad moral que poseen en un territorio puede ser de gran utilidad para comprender los obstáculos más importantes que plantean y para saber con quiénes se puede colaborar o negociar para reducir los costos de la restauración de la soberanía estatal. La creación de alianzas con las autoridades morales, como es el caso de los jeques, puede ser un factor clave para fortalecer la soberanía del Estado en regiones donde esta es débil o se encuentra en disputa. Es crucial también despojar de autoridad moral a aquellos que se oponen a la soberanía estatal, y establecer y consolidar una propia autoridad moral del Estado.