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Introducción
En las últimas décadas, la perspectiva de género y los estudios feministas se han incorporado paulatinamente en la disciplina de las relaciones internacionales y en el campo de la política exterior. Integrar estos temas a las agendas internacionales, ha evidenciado la ausencia de un debate sólido sobre las problemáticas que afrontan las mujeres y el incumplimiento de sus derechos. En el caso de Bolivia, el gobierno del Movimiento al Socialismo (mas), desde 2006 hasta la actualidad, ha creado una agenda internacional con tintes indigenistas, en la cual ha incorporado primordialmente demandas y saberes de los pueblos indígenas andinos. Este proceso ha gestado las bases para poder pensar en la construcción de un proyecto que integre a sectores minoritarios, tradicionalmente relegados en las definiciones de política exterior. En este sentido, el artículo se orienta a comprender en qué medida la incorporación de una política exterior proindígena crearía los cimientos para integrar a diversos grupos marginados en el diseño y desarrollo del programa internacional del país. Específicamente, se profundiza en el caso de las mujeres, las mujeres indígenas y la implementación de la perspectiva de género.
El argumento central del artículo es que incluir la visión indígena en el diseño del programa internacional funciona como correa de transmisión de saberes ancestrales con clara influencia de la cosmovisión del Buen Vivir. Ello permite generar una ventana de oportunidad para repensar el género e integrar a las mujeres, como grupos históricamente marginados. Para el pensamiento indígena andino, el mundo es una versión ampliada de las comunidades. Se encuentra compuesto por hombres, mujeres y la naturaleza, y sin alguna de sus partes constitutivas, resulta en una entidad incompleta. A partir de esta concepción, un proyecto estatal e internacional que excluya la cuestión de género se considera un programa que no representa a todas las partes. La adopción de la cosmovisión del Buen Vivir, en conjunto con una visión indigenista, allanan el camino para pensar en incorporar la perspectiva de género en el armado de la política internacional boliviana.
Como se ha planteado, el MAS se ha ocupado de construir un proyecto estatal sustentado en el modelo de desarrollo y cosmovisión del Buen Vivir. Esta propuesta se erige sobre designios comunitarios como la reciprocidad, la complementariedad, el equilibrio, la rotación, el trabajo, la abundancia y la armonía con la naturaleza (Hernández Castillo, 2017). En este discurso se han basado las mujeres y las mujeres indígenas-campesinas para reclamar por la ampliación de derechos, en consonancia con la generación de leyes que les permitan integrarse a la vida política en igualdad de condiciones frente a los hombres. Parte de las demandas han sido escuchadas, y en el ámbito nacional se vienen observando avances en la incorporación de los derechos de las mujeres. En las cámaras legislativas se cumple con la paridad de género y se creó el Viceministerio de Descolonización y Despatriarcalización, entre otras decisiones adoptadas que se ampliarán posteriormente.
Por consiguiente, el Gobierno cuenta con regulaciones y procedimientos estatales para tomar de referencia en el momento de idear una política exterior afín a la cuestión de género. En este sentido, se considera el caso boliviano destacable de estudio, al vislumbrar que, en los gobiernos del MÁS1, se construyeron los cimientos necesarios para ampliar políticas con enfoque de género en todas las dependencias gubernamentales. Específicamente, el Ministerio de Relaciones Exteriores es el organismo con menores avances en esta materia, pero cuenta con las bases programáticas y discursivas estatales necesarias para pensar en una propuesta internacional en clave feminista.
La construcción de programas de política exterior que incluyan las problemáticas que afrontan las mujeres resulta en procesos desafiantes de las jerarquías de poder y de género. Tanto en la generación de nuevas políticas como dentro de las instituciones estatales. Thompson y Clement (2019) entienden la política exterior feminista como un programa que prioriza: la igualdad de género y el respeto a los derechos de las mujeres y a grupos marginados en relación con otros Estados o movimientos sociales. La construcción de una política exterior feminista se considera un proceso colaborativo e inclusivo, guiado por valores éticos y de sensibilidad de género en el diseño del programa (Escriche, 2022). Requiere una modalidad de abordaje amplia, que abarca la capacitación de los recursos humanos para evitar reproducir prácticas discriminatorias o de violencia institucional contra las mujeres e individuos marginados por cuestiones de género, sexualidad o raza.
Para llevar adelante el análisis del caso, se toman como referencia en el campo disciplinar de las relaciones internacionales a la escuela decolonial, al igual que los feminismos decoloniales y comunitarios, comprendiendo que estas escuelas de pensamiento permiten abordar al objetivo de estudio desde una mirada amplia, interseccional (Crenshaw, 1989) y situada en América Latina. En este aspecto, se adopta una metodología de investigación cualitativa. Se realizaron entrevistas semiestructuradas a informantes clave del sector público y se analizaron documentación oficial y de organismos internacionales, notas periodísticas, así como discursos de funcionarios y funcionarias. Adicionalmente, se relevó bibliografía sobre debates feministas, tanto en la disciplina de las relaciones internacionales como en el campo de la política exterior en América Latina.
Para responder a los interrogantes planteados en el artículo, se estructuró un primer apartado sobre la relevancia del caso boliviano, dando cuenta de sus particularidades y de la metodología de investigación implementada en el estudio. En la segunda sección se analizan los aportes de los feminismos decoloniales al debate de la política exterior y específicamente al caso abordado. En el tercer apartado se hace mención al caso empírico, abordando la política nacional y exterior indigenista, poniendo el foco en el estado actual sobre la cuestión de género y analizando la posibilidad de incorporar dichas políticas en la cancillería y en el programa internacional del país. Por último, se esbozan las conclusiones del caso, para dar respuesta a la pregunta que guía la investigación sobre la política exterior indígena y la posibilidad de sentar las bases programáticas para la incorporación del enfoque de género.
Caso de estudio y estrategia metodológica
Profundizar en los aportes de los estudios feministas y la perspectiva de género en el campo de las relaciones internacionales latinoamericanas, inevitablemente, pone de manifiesto la pertinencia de emprender análisis situados e interseccionales. La interseccionalidad puede considerarse un enfoque epistemológico o una estrategia metodológica, pero es ante todo una postura política que permite discutir críticamente la forma en que fueron comprendidos el poder y la subordinación (Crenshaw, 1989; Bentouhami-Molino, 2016; Gorbán & Tizziani, 2018). “Es un instrumento de diagnóstico que permite detectar el carácter acumulativo y agravante de las violencias de raza, de género y de clase” (Bentouhami-Molino, 2016, p. 99).
La investigación seguirá esta línea de trabajo, analizando un estudio de caso que permita desarrollar conceptos teóricos y vincularlos con resultados empíricos. Este se centra en la política exterior boliviana con tintes indigenistas y la ventana de oportunidad que el proyecto genera para construir una agenda internacional con perspectiva de género. A partir de 2006, Bolivia comienza a refundación estatal hacia un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario basado en la cosmovisión, filosofía política y modelo de desarrollo del Buen Vivir, replanteando la relación con la naturaleza, la alteridad, la interculturalidad y la plurinacionalidad. El nuevo programa estatal se plasmó en la promulgación de la Constitución2 (2009), diversos planes de desarrollo (2006-2011, 2016-2020, 2021-2025), reorganización de la estructura institucional (creación de nuevos ministerios y viceministerios), implementación de políticas públicas en línea con la cosmovisión del Buen Vivir, una renovada política exterior, entre otras disposiciones. Es importante remarcar que este proceso se ha desarrollado con clara injerencia del pensamiento indígena andino y contiene un potencial de reedificación social inconcebible sin un abordaje de género (Zaragocín, 2017).
Adoptar la cosmovisión del Buen Vivir de forma oficial, junto con los reclamos de los colectivos de mujeres campesinas e indígenas, permitió repensar las limitaciones que se les han impuesto a ciertos colectivos en el momento de ingresar a la arena política y en la toma de decisiones estatales. Este proceso derivó en el comienzo de un camino de ampliación y reconocimiento de los derechos de las mujeres en el ámbito político nacional, basándose en la noción comunal de que un mundo sin una de sus partes constitutivas resulta una entidad incompleta. Según la cosmovisión indígena andina, la dualidad es el principio explicativo y organizador de todo lo que existe. Es una categoría ontológica que se expresa en los ámbitos materiales y simbólicos. El orden dual del mundo se observa, por ejemplo, en la noche y el día, el cielo y la tierra, lo femenino y lo masculino, etc. La totalidad está compuesta por mitades complementarias, pero a la vez antagónicas. Ningún ser es único ni se encuentra aislado, y todo lo que existe tiene a su par, su opuesto complementario (Alvarado et al., 2013).
La correspondencia, reciprocidad y complementariedad se manifiestan en todas las áreas y niveles, en una relación mutua y bidireccional para lograr un orden armonioso y equilibrado. Esta filosofía se extiende a la pareja humana -se denomina Chachawarmi en idioma aymara- con una misma vinculación dialéctica de opuestos complementarios que deben tener las mismas obligaciones y derechos (Alvarado et al., 2013). Asimismo, las mujeres integran la tríada que compone al “mundo”, junto a los hombres y la naturaleza. Los sujetos que viven en la comunidad ampliada que llamamos “mundo” deben participar, intervenir y ser respetados en sus derechos de forma equitativa e igualitaria. Si a alguna de las partes se le niega la representación, este cuerpo social y político pierde la mitad de su accionar, supone un cuerpo comunitario incompleto.
Partiendo de esta posición filosófica y discursiva, se incluyeron las demandas de los campesinos e indígenas en la refundación estatal y paulatinamente se incorporaron medidas con perspectiva de género en el ámbito nacional. Los principales avances en esta materia se han dado en el Poder Legislativo (Coordinadora de la Mujer, 2020), con la implementación de reglas sobre paridad de género en candidaturas y cargos, la homologación de leyes en contra de la violencia política hacia las mujeres (López, 2022), la creación del Ministerio de Descolonización y Despatriarcalización (Viceministerio de Comunicación, 2020), etc. Si valoramos los últimos veinte años de historia política boliviana, se pueden distinguir avances en materia de perspectiva de género. Sin embargo, este enfoque no se adoptó de forma homogénea en todas las carteras del Estado. Así, por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en su agenda internacional, aún no ha abordado explícitamente políticas afines a la cuestión de género. No obstante, se sostiene que el proceso de refundación estatal sentó las bases simbólicas y materiales para construir un proyecto de política exterior que incluya un enfoque despatriarcalizador de la cancillería y su agenda internacional.
Para llevar a cabo la investigación, se implementó un estudio de caso con enfoque metodológico cualitativo. En abril de 2022 se realizaron dos entrevistas semiestructuradas a funcionarios del MAS, con el objetivo de indagar por la visión que poseen los actores participantes sobre el proceso de refundación estatal y por la inclusión de una perspectiva de género en la política pública boliviana. Asimismo, resultó de interés reconstruir su recorrido militante y político e indagar en las funciones que cumplen actualmente como trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Relaciones Exteriores.
También se relevaron entrevistas en medios de comunicación a otros funcionarios y funcionaria Constitución, informes oficiales, etc.) y eventos del Ministerio de Relaciones Exteriores, en formato audiovisual. Para poder situar el caso de estudio en los debates teóricos de las relaciones internacionales, se requirió una exhaustiva revisión de la literatura sobre los debates feministas en la disciplina y el campo de la política exterior con énfasis en la academia latinoamericana. Además, la investigación se presentó preliminarmente en el encuentro de las organizaciones MULHERIS-MUJERIS, que se dio en el marco de la Conferencia del World International Studies Comittee (wisc) en Buenos Aires (Argentina), en junio de 2022.
Feminismos decoloniales y política exterior con perspectiva de género
Para implementar un análisis minucioso del caso de estudio desde las relaciones internacionales feministas y el campo de la política exterior, resulta importante apelar a producciones teóricas alternativas a las generadas por el mainstream de la disciplina (Bull, 1977; Keohane, 1986, 1988; Keohane & Nye, 1988; Kissinger, 1971; Morgenthau, 1948; Waltz, 1975, 1979, 1982). Emprender este camino, nos aproxima a visiones críticas sobre las teorías clásicas y el sistema de género occidental, por considerarlas funcionales a un proyecto etnocéntrico que omite las jerarquías de poder y marginaliza la agencia de las mujeres que se encuentran fuera de los centros de producción de conocimiento hegemónicos (Grecco, 2020).
Se debe destacar que, en general, los estudios feministas son heterogéneos;3 sin embargo, comparten en gran medida la preocupación por realizar un análisis sobre las subjetividades y alejarse de las posiciones positivistas, otorgándole relevancia a las experiencias e identidades, al mismo tiempo que se desarrollan como una propuesta política (Villarroel Peña, 2007). Además, pretenden explicitar “la forma en que distintos relatos y afirmaciones sobre la verdad son distorsionados por el sesgo masculino” (Arreaza & Tickner, 2002, p. 29). Al utilizar estas teorías para analizar problemáticas regionales e internacionales, se inicia un camino que permite pensar la disciplina desde los márgenes conceptuales y la interseccionalidad, revisando las bases epistemológicas, la construcción de conocimiento y la caracterización de los objeto/ sujetos de estudio (Acharya & Buzan, 2019; Arreaza & Tickner, 2002; Tickner & Blaney, 2012, 2017; Fonseca & Jerrems, 2012).
En el ámbito internacional, los estudios poscoloniales y decoloniales posibilitan correr del centro de la escena a las aproximaciones del mainstream, lo cual facilita el desarrollo de investigaciones con enfoques específicos. También permiten comprender la relevancia de las esferas individuales, comunitarias e, inclusive, de las categorías identitarias, étnicas y de género en el establecimiento de vínculos o relaciones causales con los ámbitos regionales o globales. Reflexionando sobre la dominación colonial, las autoras feministas poscoloniales señalan las identidades como partes constitutivas de las relaciones jerárquicas de poder y critican aquellas visiones que consideran el género como una categoría universal (Marchand, 2013; Marchand & Meza, 2014). Desde esta posición, argumentan que las mujeres no poseen los mismos problemas, intereses y vivencias solo por el hecho de ser mujeres, pues los diferentes entornos e historias forjan sus experiencias y construyen una posición. Iluminan sobre la cuestión de la doble opresión de la mujer a causa de discriminación por raza y género e invitan a desarrollar análisis situados e interseccionales, para evitar la homogeneización y universalización de las realidades que viven las mujeres del Sur Global.
De forma similar, los estudios decoloniales adoptan la crítica epistemológica sobre el proceso de colonización y su impacto en las ciencias sociales (Quijano 2000, 2007; Mignolo, 2007). Se encuentran estrechamente ligados al pensamiento antimperial, antirracista y anticolonial, y fijan el núcleo de sus estudios en la experiencia de subalternización de la región latinoamericana frente a las relaciones jerárquicas de poder mundial y su impacto en las epistemologías, la sexualidad, el género, etc. Autoras como María Lugones (2008, 2010) han instado al enfoque decolonial a expandir sus horizontes, teniendo en cuenta la primacía heteronormativa y patriarcal de las relaciones sociales. Lugones estableció el concepto de colonialidad del género para explicar otra forma de dominación a las mujeres y a las disidencias.
Dentro de esta línea, el feminismo comunitario busca revertir todas las formas de opresión patriarcal desde el pensamiento situado y como práctica política. Posee una impronta anticapitalista, antimperialista, antisistema, anticolonial, desheterosexualizador, antimachista, anticlasista y antirracista (Guzmán & Triana, 2019). Se encuentra estrechamente ligado a la cosmovisión del Buen Vivir, al adoptar como principal prerrogativa el vivir en armonía con la naturaleza. Asimismo, posee una perspectiva reivindicativa de las demandas ancestrales contra todas las formas de opresión colonial, que han generado relaciones jerárquicas basadas en categorías como la raza, la clase y el género, entre otras.
Esto se vislumbra en el trabajo de la autora Julieta Paredes (2006), que busca generar estudios capaces de dar a entender el lugar que han ocupado las mujeres a lo largo de la historia. Su principal objetivo se orienta a crear una propuesta política de resistencia transformadora. Al exponer su pensamiento, la autora pone atención en no idealizar las relaciones entre hombres y mujeres precoloniales en América Latina. Alerta sobre la necesidad de evitar un “enroque” de opresión machista colonial por uno precolonial. Para ello, Paredes plantea como ideal superador el feminismo comunitario con la intención de desarrollar una propuesta teórica y política sobre las bases de la concepción indígena andina del mundo, de las mujeres, de los hombres y de todos los seres vivos. Su formulación epistémica retoma el concepto de comunidad, con la intención de evadir las relaciones binarias jerarquizantes entre hombres y mujeres. Propone adoptar a la comunidad como una unidad política transformadora y la considera un organismo en la cual cada uno de sus integrantes es único, necesario y autónomo (Guzmán & Triana, 2019).
El feminismo comunitario latinoamericano aporta al campo de las relaciones internacionales la propuesta de descolonizar y desneoliberalizar la disciplina, al considerarla regida por el género, la clase, la etnia y el sesgo norte-sur. Cuestiona específicamente a las mujeres y teóricas del “norte-rico”, por su complicidad con el patriarcado transnacional (Paredes, 2013). Sustentan esta crítica en la irrelevancia que le han otorgado al aporte histórico desarrollado por el feminismo comunitario sobre el lugar que han ocupado las mujeres indígenas en la historia. Análogamente, consideran que adoptan una concepción lineal de la historia, progresiva e individualista que sitúa al feminismo del sur como incivilizado frente a los feminismos occidentales (Guzmán & Triana, 2019; Paredes, 2017).
En vinculación con los debates sobre política exterior feminista, incrementar su alcance en América Latina es una tarea que implica la inserción de las mujeres, la ampliación de sus derechos e, incluso, mediante el análisis de casos particulares, el generar nuevos diagnósticos y conocimientos desde el Sur Global (Sepúlveda, 2021). Es importante aclarar que no existe una definición unívoca sobre política exterior feminista. Es un concepto ligado a la relevancia que han cobrado las agendas de género en la política internacional, con la intención de desafiar las jerarquías de poder, de género y de repensar al Estado en su origen.
Autoras como Thompson y Clement (2019) sostienen que la política exterior feminista es una política estatal que prioriza la igualdad de género, el respeto a los derechos de las mujeres y a grupos marginados en vinculación con otros Estados o movimientos sociales. Las autoras destacan que para construir un proyecto de política exterior, es necesaria la asignación de recursos financieros y humanos, con el objetivo de derribar las estructuras patriarcales que componen las cancillerías. Escriche cataloga la política exterior feminista como un “proceso inclusivo y colaborativo guiado por valores éticos y con sensibilidad de género en el diseño y práctica de la política exterior, más allá de añadir simplemente mujeres en la toma de decisiones” (2022, p. 2). Resalta que la equidad de género en la distribución de cargos no implica necesariamente la adopción de políticas con una visión inclusiva de las problemáticas de las mujeres. Deciancio y Loza (2021) consideran que al implementar un proyecto de política internacional feminista se torna necesario apelar a la protección de las mujeres y de los grupos marginados, y que en la búsqueda de ampliación de derechos y oportunidades, estos proyectos se deben llevar adelante desde un enfoque transversal de los derechos humanos.
Diversas visiones han abordado los componentes de una política exterior feminista, con el objetivo de transformar cuestiones normativas y éticas (Aggestam & Bergman-Rosamind, 2016). Así, critican el orden internacional vigente, por caracterizarse de un sistema patriarcal, heteronormativo y totalmente masculinizado (Lunz & Bernarding, 2020). Cabe destacar que, al adoptar un enfoque feminista en la política exterior, adquieren un primer plano las perspectivas críticas de las relaciones internacionales, teorías que ayudan a pensar en la eliminación de las prácticas culturales patriarcales, marginalizantes de las mujeres, a una posición de asistencia (Sepúlveda, 2021). A partir de las ideas presentadas, se manifiesta la diversidad de definiciones, que revelan un debate en continua construcción teórica y estrechamente conectado con los casos empíricos estudiados.
Otro de los puntos relevantes observados en la revisión bibliográfica del campo se orienta a la implementación del enfoque de género en concordancia con las políticas públicas internas (Barbas et al., 2022). La transversalización del proyecto a todas las dependencias estatales ayudará a sentar las bases para crear un programa internacional afín a las problemáticas actuales que afrontan las mujeres. En este ámbito, no se debe confundir la aplicación de reglamentaciones en favor de las mujeres y los grupos oprimidos con la simple implementación de leyes de cupos en el organigrama estatal. Es un proceso más amplio que abarca la capacitación de los recursos humanos y funcionarios para evitar reproducir prácticas discriminatorias o de violencia institucional.
En tal sentido, resulta central para el desarrollo del caso la implementación de análisis situados que brinden herramientas para estudiar las identidades y culturas, contextualizando al objeto/sujeto de la investigación (Cardinali & Winer, 2022). En América Latina, pensar la aplicación de políticas con perspectiva de género, será factible si los gobiernos adoptan la multiculturalidad y la plurinacionalidad que atraviesa a los países y a la región. En esta línea, con el principal objetivo de evitar la homogeneización en los análisis de los casos específicos, es pertinente incorporar las herramientas metodológicas provenientes de los feminismos latinoamericanos, en conjunto con la interseccionalidad (Crenshaw, 1989). Aportan singularidad a las investigaciones, por ejemplo, clarificando la diferencia existente entre la mirada de los feminismos blancos urbanos frente a los comunitarios indígenas o los feminismos negros frente al radical. Cada grupo social representa y enfrenta dificultades particulares del lugar de procedencia, material y simbólico. De ahí que se torne esencial la influencia de los enfoques feministas decoloniales y comunitarios, porque contribuyen a la construcción de una visión ampliada, pero a la vez particular del problema de estudio, al considerar los ámbitos individuales y comunitarios como creadores de realidades que afectan y se vinculan a la escala internacional.
La inclusión de la perspectiva de género en los gobiernos del Movimiento al Socialismo
Políticas internas con enfoque de género
Como se ha mencionado a lo largo del artículo, el proceso de cambio social y político en Bolivia, desde la llegada del MAS al Poder Ejecutivo (2006), abarcó paulatinamente todas las aristas estatales. Y uno de los temas ampliamente abordado ha sido la inclusión del enfoque de género en el ámbito público. El pedido sobre la incorporación de una mirada que brinde respuestas a las problemáticas específicas de las mujeres en el ámbito estatal se ha manifestado, principalmente, por medio de los colectivos sociales de mujeres indígenas-campesinas. Las militantes que forman parte de estos movimientos, al integrarse a la acción colectiva o la vida política, encuentran el primer obstáculo en el seno familiar, pues, en la mayoría de los casos, sus propias parejas y familias se oponen a su participación política (Garino & Loza, 2020). Dentro de las organizaciones sociales también encuentran obstáculos en su desarrollo militante, ya que suelen asignarles tareas de cuidado, de limpieza o culinarias, y los lugares de toma de decisión se encuentran mayormente ocupados por hombres (Jaureguí Jinés, 2017, 2018).
Aunque la discriminación contra las mujeres no ha mermado, a partir de la década de 1980 se sumaron paulatinamente mayor cantidad de mujeres indígenas que reclaman por lugares en los puestos decisorios de las organizaciones sociales, en los partidos políticos y en el gobierno (Garino & Loza, 2020; Jaureguí Jinés, 2017, 2018). Esta experiencia de exclusión y discriminación las ha llevado a crear movimientos campesinos-indígenas para abordar sus problemáticas. Cabe destacar la Confederación de Mujeres Campesinas Originarias de Bolivia (Bartolina Sisa), que en la actualidad es la organización de mujeres más importante del país y compone el Pacto Unidad4 y el MAS.
Inicialmente, las mujeres indígenas-campesinas trabajaron en la construcción de espacios de poder dentro de los movimientos sociales; luego, reclamaron por su inclusión en el partido político (mas), y, posteriormente, han trabajo en la ampliación de derechos en consonancia con la generación de leyes que les permitan integrarse a la vida política en igualdad de condiciones frente los hombres (Jaureguí Jinés, 2017, 2018). También han demandado a las autoridades estatales por legislaciones que incluyan la principal problemática que afrontan: la violencia intrafamiliar y la discriminación por cuestiones de género y raza, que resultan en problemáticas obstaculizantes para su desarrollo tanto en la esfera pública como en la privada.
A partir de los antecedentes de la acción colectiva de mujeres, que han reclamado por igualdad, equidad, no discriminación y eliminación de todo tipo de violencia, el Gobierno boliviano avanzó en la ejecución de diversas políticas públicas en materia de género. Se creó el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades (2008) y el bono Juana Azurduy para ayudar a las mujeres gestantes. Se implementó la Ley de Régimen Electoral (2010), que establece la equidad de género en las candidaturas y cargos en la Asamblea Plurinacional; además, en esa normativa se conceptualizó sobre el acoso político. Se aplicó la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (2010), decisión que incorporó la equidad de género entre los principios que rigen la organización territorial y las entidades territoriales autónomas (2010, art. 6). Se adoptaron la Ley Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres (2012), la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia (2013) y la Ley de Organizaciones Políticas (2018), que incorporaron mecanismos para el ejercicio de la igualdad y paridad de género en el interior de los partidos políticos y colectivos sociales. El proyecto de ley fue el resultado de una construcción cooperativa, desarrollada en nueve talleres departamentales con la participación de más de 500 mujeres de diferentes grupos poblacionales y pueblos indígenas (ONU Mujeres, 2018). En 2019, se creó el Gabinete Especial de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer y la Niñez, y el Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización “Ana María Romero”.
Luego de una larga campaña por la implementación de la Ley de Cupos en el Poder Legislativo, en la actualidad las mujeres representan al 55,5 % del total de los miembros del Senado, y en la Cámara de Diputados desciende la cifra al 46,9 %. Estos porcentajes muestran de manera favorable el trabajo que se ha realizado por la aplicación del cupo femenino en las candidaturas y en la cantidad de escaños en ambas cámaras legislativas. No obstante, esta situación no se expandió en la misma medida al Poder Ejecutivo. En el segundo periodo presidencial de Evo Morales, su gabinete presidencial se encontraba compuesto por un 39,1 % mujeres; en el tercer período de Gobierno descendió ese porcentaje al 29,9 % y en los primeros años del Gobierno del presidente Arce disminuyó al 27,8 % (Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, 2022).
Desarrollar políticas públicas con perspectiva de género en el ámbito nacional, transversalizando dichos programas, permite ampliar este enfoque hacia el proyecto de política exterior (Barbas et al., 2022); además, sienta precedentes institucionales para incorporar nuevos abordajes en la construcción de una agenda internacional inclusiva, con objetivos despatriarcales, desmasculinizantes y de inación que sufren las mujeres y las mujeres indígenas-campesinas en el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La política exterior boliviana y la cuestión de género
En esta sección se analiza la política exterior boliviana y su aporte a la construcción de un proyecto internacional con perspectiva de género en el periodo 2006-2022. Como se ha destacado, la incorporación del enfoque indigenista se plasmó ampliamente en la esfera estatal boliviana; se ha incluido en la estructura institucional de la Cancillería5 y en el armado de la propuesta de política exterior. Desde este ámbito, los reclamos y demandas indígenas se han convertido en políticas específicas y centrales en la formación de la agenda internacional boliviana, lo que ha constituido un discurso con marcado énfasis indigenista, ambientalista, anticolonial, latinoamericanista y, en ocasiones, con tintes antimperialistas (Querejazu, 2015). Entre los aportes más significativos se observan modificaciones en los objetivos de la política exterior. Se instauró un nuevo formato de relacionamiento bilateral entre Estados y organizaciones y se innovó en el enfoque de la política regional y en el modelo de inserción internacional. Se valoraron positivamente ciertas agendas internacionales (derechos indígenas, cuidado de la tierra y los recursos naturales, cambio climático, etc.) ligadas a las principales problemáticas que aborda la cosmovisión del Buen Vivir (Estado Plurinacional de Bolivia, 2006).
Estas decisiones se fundamentaron en la diplomacia de los pueblos, concepto medular para la política exterior boliviana en todas las presidencias del MAS. Se presenta como un modelo contrahegemónico de relaciones internacionales, superador del Estado-nación, con un enfoque concentrado en un esquema de integración regional orientado a temáticas amplias, de carácter social, político y económico (Díaz Martínez, 2013). Plantea principios de complementariedad y horizontalidad en las relaciones regionales e internacionales, otorgándoles relevancia a los actores de la sociedad civil.6
Construir un modelo de política internacional que responda a la cosmovisión del Buen Vivir y al pensamiento indígena andino supuso el nombramiento de cancilleres de raíces indígenas en las presidencias de Evo Morales (2006-2019) y en el gobierno de Luis Arce (2020-2025). Se designó a los líderes David Choquehuanca (2006-2017), Fernando Huanacuni (2017-2018), Diego Pary (2018-2019) y Rogelio Mayta (2020-). La decisión de nombrar a cancilleres indígenas desde el comienzo de la Presidencia de Evo Morales puso de manifiesto el camino en que se direccionaría la nueva agenda de política internacional y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El nuevo modelo de política exterior se sustentó en la Constitución Plurinacional y en los sucesivos planes de desarrollo nacionales (2006-2011, 2016-2020 y 2021-2025). Para analizar los cimientos del proyecto, se torna relevante citar el primer Plan de Desarrollo “Bolivia digna, soberana, productiva y democrática para vivir bien, lineamientos estratégicos 2006-2011”, por ser el documento que, junto a la Constitución, forjó las bases de la política exterior del país. En el plan se mencionaron los principales objetivos de la agenda internacional boliviana y se desarrolló una visión crítica del plan económico y político implementado hasta comienzos del siglo XXI en el país y la región. Este sostiene que Bolivia se encontraba en una posición altamente dependiente y cuestionaba el modelo de acumulación capitalista, al resultar insostenible para la subsistencia del planeta y para afrontar el proceso de cambio climático.
En respuesta a las críticas esbozadas, se plantearon modificaciones sustanciales al proyecto de desarrollo, manifestando que el cambio no se produciría por sí solo, sino que se debía construir de forma conjunta, lo cual era un proceso complejo y lleno de contradicciones, en busca de nuevos equilibrios. Se consideró la política exterior del país una de las herramientas más importantes para emplear este camino: “no solo como expresión de los procesos de transformación interna […] sino como instrumento para incidir de manera protagónica en estos procesos de cambio a nivel mundial” (Estado Plurinacional de Bolivia, 2006, p. 236).
En el documento presentado, el Gobierno entendía el proceso de cambio como altamente interdependiente de la evolución mundial y, por ello, debía sentar de forma explícita los ejes de su política exterior para ampliar su margen de maniobra. El modelo se asentaría en la valoración de la identidad nacional, la defensa de los recursos naturales (conjuntamente con la industrialización de estos recursos y sus derivados, y con la articulación de alianzas estratégicas regionales e internacionales). Se especificaba la intención de implementar sus decisiones en armonía con la naturaleza y el paradigma del Buen Vivir. Los siguientes planes de desarrollo, exceptuando el periodo presidencial de Jeanine Añez, continuaron con esta línea en las disposiciones de la política exterior (2016-2020 y 2021-2025).
Al presentar las bases de la política exterior indigenista boliviana, se hace una breve introducción en esta materia, con dos intenciones: 1) profundizar en la oportunidad que brinda este enfoque para implementar una agenda internacional con perspectiva de género y 2) comprender que los gobiernos del MAS, al menos discursivamente, han tenido en cuenta en la articulación de su proyecto de país a los grupos subalternos -mujeres, mujeres indígenas-campesinas, mujeres afroamericanas y pueblos indígenas- que han sufrido históricamente discriminación y marginación social. Por ello, nos interesa profundizar en el análisis de los grupos de mujeres y mujeres indígenas, estudiando su inclusión discursiva y material en el proyecto de política exterior y en la agenda internacional del país.
Con el objetivo de analizar la participación de mujeres y mujeres indígenas en el Ministerio de Relaciones Exteriores, se ha trabajado en la búsqueda de estadísticas oficiales sobre la participación de hombres y mujeres en cargos de funcionarios y puestos de toma de decisión. Esta información no se ha encontrado, dado que no se publicaron estadísticas oficiales sobre equidad de género en la Cancillería. Por tal motivo, se recurrió a la información brindada por la entrevistada Francisca Alvarado (comunicación personal, 9 de abril de 2022), quien mencionó que en los diferentes gobiernos del MAS han sido una minoría las mujeres que detentaron cargos decisorios en el organismo. Particularmente, en el caso de mujeres indígenas, el escenario es aún peor. Desde 2006 hasta la actualidad, únicamente tres mujeres de “pollera” han logrado acceder al puesto de embajadoras (Luzmila Carpio, Segundina Flores y Maribel Santamaría). Entre 2019 y 2022, de 36 representaciones que posee Bolivia en el mundo, tan solo nueve mujeres habían ocupado los cargos de mayor autoridad.7 Además, en la historia de la Escuela Diplomática boliviana no existen registros sobre mujeres indígenas que se graduaran en el programa y accedieran a puestos de carrera diplomática. La única mujer de “pollera” que ingresó por concurso a la academia diplomática fue Francisca Alvarado, quien no pudo concluir sus estudios, por el quiebre democrático ocurrido en noviembre del 2019 (comunicación personal, 9 de abril de 2022).
Como se ha mencionado, el cupo femenino no es el único indicador hacia una posible paridad y equidad de género; pero en gobiernos que pregonan un incipiente interés por adoptar un enfoque feminista en su política exterior, ello es relevante para incurrir en análisis preliminares. Si bien Bolivia es un caso ejemplar en relación con el cupo femenino en la Asamblea Legislativa y en las candidaturas electorales, esta situación no se ha desarrollado de forma similar en todas las áreas del Poder Ejecutivo. Específicamente, en el Ministerio de Relaciones Exteriores resulta imperioso que se incorporen medidas de paridad y equidad de género tanto en las representaciones en el exterior como en el interior del ministerio y de la Escuela Diplomática.
Asimismo, el legado comunitario expuesto en el plan de desarrollo y político basado en el Buen Vivir debe incorporarse en mayor medida, para posibilitar el camino hacia el desarrollo de una política exterior con perspectiva de género. La viceministra de Relaciones Consulares, Eva Chuquimia (2021), expuso sobre la relevancia de incluir saberes indígenas derivados del comunitarismo en la construcción de una política exterior afecta a la cuestión de género. En primer lugar, hizo mención sobre la obligación ética comunitaria de cuidarse entre todos y todas, priorizando el respeto por la vida. En segundo lugar, abogó por llevar estos conceptos al campo de la política internacional, considerando al mundo una comunidad ampliada, compuesta por los seres humanos y los seres vivos. Chuquimia (2021) sostuvo la necesidad de implementar una política exterior con perspectiva de género que se comprenda como parte del ejercicio pleno de la ética del cuidado comunitario. Básicamente, se refiere a cumplir cabalmente el derecho y la obligación de cuidarse entre todos los seres humanos y a todas las expresiones de vida. Dejó en claro que una estrategia de abordaje feminista del proyecto internacional del país debe basarse en las lecciones del feminismo comunitario, en cuanto a las relaciones de complementariedad, reciprocidad y solidaridad entre hombres, mujeres y naturaleza.
En esta línea, la actual directora de género del Ministerio de Justicia Boliviano, Claudia Peña (2021a), mencionó la importancia de los aportes del feminismo comunitario en la articulación de una política exterior con perspectiva de género, de comprenderse que las relaciones de poder en que se ha basado la política moderna se materializan en estructuras patriarcales de jerarquías y dominio de los hombres, y en este caso de hombres de élite. También afirmó la importancia de aplicar los postulados teóricos del feminismo, al brindar herramientas y mecanismos para entender las relaciones de poder, ya que no solamente problematiza sobre los derechos de las mujeres, sino que ayuda a pensar la construcción de las relaciones de poder y brinda una mirada crítica a la realidad que se vive.
Peña (2021a, 2021b) sostiene que Bolivia es un país con una legislación ejemplar en materia de género; pero que en la práctica se observan diversas falencias. Por ejemplo, el 75 % de las mujeres bolivianas ha sufrido alguna forma de violencia (ONU Mujeres, 2018) y en los últimos años este porcentaje no ha disminuido. En plena pandemia de covid-19, tras el aislamiento social obligatorio, aumentaron las denuncias de violencia contra las mujeres y los femicidios. Es por ello por lo que, en materia consular, desde 2021, la Cancillería ha decidido aplicar protocolos de acción contra todo tipo de violencia (C. Mamani, comunicación personal, 21 de abril de 2022), al recibir numerosas denuncias de mujeres bolivianas residentes en el exterior. En este sentido, la cancillería ha solicitado a representaciones en el exterior informes anuales sobre actividades, capacitaciones y resoluciones en materia de género, con el objetivo de hacer cumplir la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia.
Siguiendo con el hilo argumental sobre la construcción de un proyecto de política internacional con enfoque feminista, cabe mencionar que Bolivia ha adherido y ratificado numerosos convenios internacionales sobre la cuestión de género y los derechos de las mujeres. Entre ellos se encuentran la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW); la Declaración y Plataforma de Acción de Pekín; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), y la adhesión a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas (csw62). En los gobiernos del MAS ha participado activamente la CEDAW, y respondió a los informes anuales presentados por la convención. Incluso en el Plan Nacional para la igualdad de Oportunidades “Mujeres construyendo la Nueva Bolivia para Vivir Bien” (Estado Plurinacional de Bolivia, 2008) se mencionó en la estrategia intersectorial sobre la solicitud al Ministerio de Relaciones Exteriores trabajar por el cumplimiento de los compromisos internacionales y específicamente con la CEDAW. También ha participado de la CSW62 de forma destacada, con delegaciones de alto nivel, conformadas por autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo, y de lideresas de los movimientos sociales (ONU Mujeres, 2018). Además, en 2010 se instauró en el país la oficina de ONU Mujeres, y en la actualidad se encuentra trabajando para vincular los acuerdos internacionales con los marcos normativos nacionales, haciendo hincapié en la armonización de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
De lo expuesto se desprende que en Bolivia, a partir de la asunción del MAS, se han creado y aplicado diversas regulaciones nacionales sobre inclusión femenina, paridad de género y eliminación de todo tipo de violencia contra las mujeres. El caso más emblemático se observa en el plano legislativo, con grandes avances en la equidad de cargos; pero esta situación no se ha expandido en la misma magnitud a todas las áreas de Poder Ejecutivo.
Por la información relevada y las entrevistas hechas, una de las dependencias gubernamentales que adhirió en menor medida políticas que impulsen la paridad y equidad de género ha sido el Ministerio de Relaciones Exteriores. Si bien se ha dado cuenta de la incorporación de mayor cantidad de mujeres en cargos de toma de decisión, tanto en el interior del ministerio como en las representaciones en el exterior (C. Mamani, comunicación personal, 21 de abril de 2022), resultan menores frente a los grandes avances implementados en esta materia en el Poder Legislativo. Si la intención de quienes manejan la política exterior del país es ampliar el enfoque, añadiendo al proyecto una visión feminista de las relaciones internacionales para avanzar en esta temática, al menos se debe incorporar la normativa interna en materia de inclusión femenina, de equidad y paridad en los cargos decisorios, y cumplir plenamente con la Ley 348, para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.
Del mismo modo, la simple capacitación a sus funcionarios y funcionarias por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la no discriminación contra la mujer y la erradicación de violencia de género no implica necesariamente la adhesión a una política exterior feminista. Si se tiene en cuenta que Bolivia ya aplica un modelo de política internacional basado en las contribuciones indígenas andinas, también queda pendiente la incorporación de las mujeres indígenas, por ejemplo, en la Academia Diplomática Plurinacional y en puestos políticos decisorios de la Cancillería. Implementar ayudas financieras o becas para la formación académica de las mujeres, principalmente de las mujeres indígenas-campesinas, brindaría herramientas para acceder a cargos en igualdad condiciones frente a los hombres, emprendiendo el camino hacia la erradicación de la doble discriminación que sufren por cuestiones de raza y género. Por último, se considera central el otorgamiento de recursos financieros, con el objetivo de gestar un plan a largo plazo que incluya la creación de bases de datos sobre equidad de género, para comparar y evaluar históricamente la situación de las mujeres y las mujeres indígenas en la cancillería boliviana, en las embajadas y en los consulados. Implementar una política internacional con enfoque feminista supera lo discursivo y hace un llamado a combatir las causas estructurales de la desigualdad entre hombres, mujeres y grupos marginados.
Consideraciones finales
El trabajo indagó por las contribuciones indígenas (2006-2022) al proceso de construcción de una política exterior con perspectiva de género. Para dar respuesta a la pregunta de investigación, se analizó el caso de estudio desde los enfoques feministas decoloniales y comunitarios. Se adoptó esta línea teórica para incorporar una visión interseccional y situada de las problemáticas que afrontan las mujeres latinoamericanas, sin dejar de lado las vinculaciones con la escala regional e internacional.
Como se ha mencionado a lo largo del artículo, el debate y la conceptualización sobre política exterior feminista es heterogéneo y se encuentra en plena construcción teórica. Por lo tanto, no hay un modo estático de implementar un proyecto de política internacional feminista. Más bien, se relaciona con la idea de incorporar una agenda amplia con perspectiva de género para derribar a las concepciones jerarquizantes y patriarcales, que priman en la disciplina de las relaciones internacionales y en el campo de la política exterior.
Ampliar el enfoque hacia las identidades e integrar prerrogativas en línea con la inclusión de las mujeres y los grupos marginados, es uno de los grandes objetivos del pensamiento feminista en las relaciones internacionales latinoamericanas. Para esta tarea, los estudios decoloniales y el feminismo comunitario resultan de gran ayuda, a efectos de estudiar casos como el boliviano, principalmente, por sus aspiraciones interseccionales y para analizar las múltiples discriminaciones que afrontan las mujeres latinoamericanas en la esfera privada, pero también en el momento de incorporarse al ámbito público
El caso boliviano muestra que la refundación estatal llevada adelante por el gobierno del MAS ha ampliado los márgenes de la inclusión social. Ello ha. sido posible en gran medida por la incorporación de la cosmovisión del Buen Vivir y del pensamiento indígena andino en el discurso oficial. Es importante remarcar que este proceso contiene un potencial de reedificación social inconcebible sin un abordaje de género, ya que este posibilita la inclusión de las mujeres y las mujeres indígenas-campesinas, quienes han sido marginadas históricamente del espacio público y particularmente de la construcción del proyecto de política exterior.
La oportunidad presentada, el proceso de refundación estatal para la transversalización de las políticas de género, no ha impactado en la misma medida en todas las carteras gubernamentales. Hasta la actualidad, el Ministerio de Relaciones Exteriores resulta el organismo con menores avances en materia de inclusión de las mujeres. Las principales variables que afectan al desarrollo pleno de un proyecto con perspectiva de género se relacionan con la concepción moderna, elitista y patriarcal imperante en el organismo y, asimismo, de la política internacional. Indudablemente, en los gobiernos del MAS se ha trabajado para ampliar las bases sociales que componen la Cancillería, con el objetivo de superar los sesgos de clase, pero aún se mantienen ciertos rasgos conservadores. La raza y la clase persisten como categorías estructurantes de la diferencia, por ejemplo, en el momento de admitir a los alumnos y alumnas de la Academia Diplomática Plurinacional (F. Alvarado, comunicación personal, 9 de abril de 2022), para las designaciones de autoridades en las representaciones internacionales, etc.
A esta situación se le añade la preeminencia de la visión patriarcal y heteronormativa de la Cancillería. Al analizar la estructura institucional, se han creado nuevas unidades para abordar la cuestión indígena, el cuidado del medio ambiente y la “Madre Tierra”, problemáticas limítrofes y de aguas internacionales, pero se ha dejado de la lado la cuestión de género. Todavía no existe una oficina que se ocupe de la situación de las mujeres y las disidencias que lleve adelante estadísticas sobre equidad e igualdad en los cargos, capacitaciones en contra del acoso laboral y político o que aborde específicamente dicha agenda en los ámbitos internacional y multilateral. Tampoco se ha establecido un apartado en el presupuesto ministerial para la capacitación contra la violencia de género, el acoso y la inclusión laboral femenina.
el análisis se desprende que los sesgos raciales, clasistas y sexistas continúan vigentes en el órgano que dirige la política exterior; por ello, la cuestión de género hasta el momento solo se ha abordado de forma limitada discursivamente. Por un lado, no ha sido posible construir un proyecto de política exterior feminista, debido a los obstáculos que representan las jerarquías de poder masculinas y la marginalización de la agencia de las mujeres. Por otro, la primacía heteronormativa y patriarcal en la concepción de la política exterior se presenta como una gran barrera para forjar un proyecto alternativo que evada las relaciones binarias modernizantes e incluya una agenda regional y global con perspectiva de género. Tampoco se ha incurrido en la implementación de políticas en favor del cupo femenino y no se asignaron recursos financieros y humanos con el objetivo de superar las estructuras basadas en la diferencia. Por estas razones, a pesar de los grandes avances en la implementación de políticas nacionales para repensar la posición de subordinación de las mujeres, no se ha logrado construir un proyecto de política exterior con perspectiva feminista, comunitaria y decolonial que supere a las concepciones modernas de las relaciones internacionales.
