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Introducción
En décadas recientes, los estudios decoloniales han ocupado un lugar destacado en los debates de diversas disciplinas, particularmente de las ciencias humanas y sociales. La mirada decolonial ha tenido un gran impacto en América Latina, pues varios de sus principales exponentes provienen de esta región que, a su vez, se ha convertido en objeto de estudio y punta de lanza de dicha perspectiva (ver, entre otros: Castro-Gómez 2011; Castro-Gómez y Grosfoguel 2007; Escobar 1996, 2000, 2010 y 2014; Lugones 2008; Mignolo 2000, 2010a, 2010b y 2011; Quijano 1988, 1993a, 1993b, 2000 y 2010; Walsh 2007). Este artículo dará cuenta de la criminología del sur, un cuerpo de trabajo que se ha venido consolidando en el sur global y, como parte de él, en América Latina. A partir de la mirada decolonial, la criminología del sur busca explicar la criminalidad y la violencia, y las respuestas de control social frente a estos fenómenos, en tanto pertenecen a la matriz colonial de relaciones de poder imperante.
Este cuerpo de trabajo se ha producido, paradójicamente, bajo el paraguas epistemológico de la criminología (disciplina hija de la modernidad), pero cuestionándolo y distanciándose de él. Los campos sociales de control del crimen (de los que la criminología se ocupa) han sido un terreno privilegiado de reproducción y naturalización del paradigma de la modernidad al desplegar y justificar mecanismos de control, subordinación y exclusión de individuos y grupos sociales (señalados como desviados, anormales, peligrosos) que son funcionales a la matriz colonial del poder. En el campo de definición y control del crimen opera el mecanismo de la otredad, de forma tal que el sujeto colonial se transforma en el delincuente que debe ser disciplinado. Los discursos y prácticas de control que se establecen sobre estos grupos, principalmente bajo líneas étnico-raciales, de clase social y de género, sirven para estructurar y legitimar los órdenes económicos, sociales y políticos vigentes, basados en relaciones violentas de exclusión y cuya trayectoria histórica se proyecta desde tiempos coloniales (Iturralde 2022, 17-29).
La criminología del sur aborda de manera crítica las dinámicas de criminalidad, violencia y control social presentes en la mayoría de los países de América Latina, y aboga por el desprendimiento de la criminología moderna y de las relaciones de poder que la acompañan. A partir de estos elementos, se sostendrá que la criminología del sur puede hacer aportes valiosos en al menos dos aspectos: el primero, un análisis incisivo de las relaciones entre violencias multiformes y procesos de subordinación, y de las respuestas punitivas y excluyentes que han caracterizado a la mayoría de los países de la región. El segundo, una explicación sugestiva de cómo las formas de control social que se han dado en varios países latinoamericanos —desde su surgimiento como repúblicas independientes— están íntimamente ligadas a la construcción de sus órdenes políticos, económicos y sociales, que a su vez forman parte de la matriz de la colonialidad del poder.
A pesar de sus transformaciones y adaptaciones, la colonialidad del poder tiene origen en el proyecto colonial de la modernidad impuesto por los imperios europeos, primero a los pobladores de América a partir del siglo XVI, y luego en Asia y África desde el siglo XIX. En este sentido, la colonialidad constituye un patrón global de poder del sistema-mundo moderno/capitalista, basado en la diferencia colonial y que se articula alrededor de dos ejes: la producción de nuevas identidades geoculturales jerarquizadas en torno al concepto de raza; y el surgimiento de nuevas relaciones sociales y materiales de producción y de control del trabajo, enmarcadas dentro de la noción de capitalismo (Quijano 1992 y 1993b; Quintero 2010).
En este orden de ideas, en la primera parte del artículo se expondrá brevemente la constitución histórica de la criminología del sur y su impacto en América Latina. Sus antecedentes están en la criminología crítica que se produjo en la región, especialmente en la década de 1980, así como en la teoría de la colonialidad que surgió en la década de 1990. Adicionalmente, se hará referencia a los principales argumentos de la criminología del sur para decolonizar el discurso criminológico eurocéntrico dominante y su agenda orientada a desarrollar una perspectiva propia. En la segunda parte, se presentarán algunas de las principales dinámicas de criminalidad, violencia y control social que han caracterizado a la región en las últimas cuatro décadas y que pueden ser objeto de estudio de la criminología del sur, en cuanto hacen parte de la matriz de colonialidad del poder. Tales características son, en buena medida, resultado de las trayectorias históricas de los países latinoamericanos y de dinámicas coloniales1 y neocoloniales2 que aún persisten. Desde este punto de vista, el colonialismo no es un fantasma del pasado, sino una fuerza viva que incide en la economía política y las formas de control social de los países latinoamericanos (Iturralde 2022). En la tercera parte, se discutirán algunas destacadas características sociopolíticas de los países latinoamericanos (a pesar de las innegables diferencias entre ellos) que posibilitan los fenómenos de criminalidad, violencia y control social presentes en la región. Dichas características tienen su origen en el pasado colonial y se transforman a través de dinámicas neocoloniales que son fundamentales para dar cuenta de los rasgos y cambios de los campos de control del crimen de la región, así como de sus conexiones con las sociedades del norte global. En la cuarta parte, a manera de conclusión, se plantearán las posibilidades que tiene la criminología del sur de contribuir al debate criminológico desde una orilla distinta; de proponer otras visiones de un mundo plural e híbrido; y de encontrar alternativas para afrontar, de manera más compleja y pluralista, las relaciones de poder que configuran formas específicas de violencia, criminalidad y orden social que siguen basándose en tipos de opresión y subordinación coloniales.
El mito de la modernidad, la mirada decolonial y la criminología del sur
Los estudios decoloniales que surgieron en América Latina a comienzos de la década de 1990 se diferencian de otras perspectivas críticas del sistema capitalista y de la modernidad (como la teoría de la dependencia y la teoría poscolonial) porque, como señalan Castro-Gómez y Grosfoguel (2007), han tendido a entender el capitalismo como un sistema económico o cultural, en lugar de analizarlo como una matriz global de poder estructurada por procesos económicos, políticos y culturales cuya combinación sostiene y legitima todo el sistema.
Bajo el paradigma de la modernidad se produjeron la naturalización y la universalización de diversas prácticas y discursos (económicos, religiosos, políticos, jurídicos, antropológicos) que organizan y dan sentido al mundo que habitamos. Tales prácticas y discursos están íntimamente ligados al proceso de conquista y colonización de América (y luego de Asia, África y Oceanía) por parte de los poderes imperiales europeos. Desde una mirada decolonial, la modernidad no existe ni puede ser entendida sin la colonización. La primera tuvo origen y se sostiene en un modelo epistemológico, económico, político y cultural de dominio y explotación de sus colonias y los sujetos coloniales que las habitan, basado en la idea del otro y el invento colonial de la discriminación étnico-racial.
Uno de los principales cuestionamientos de la perspectiva decolonial a otras teorías críticas del capitalismo es que estas tienen un potencial de transformación limitado, pues siguen operando epistemológicamente bajo el canon de la modernidad al buscar establecer postulados universales y, por lo tanto, excluyentes de otras visiones y experiencias del mundo que coexisten con tales premisas (Escobar 2010, 38). A pesar del nacimiento de los estados3 nación poscoloniales, fruto de las olas de descolonización de los siglos XVIII y XIX (primero en América y luego en Asia, África y Oceanía), las relaciones asimétricas de poder entre Europa y sus excolonias se conservaron, de la mano del sistema económico capitalista y de los modelos político y jurídico que lo complementan: la democracia liberal y el estado de derecho.
La matriz colonial fija relaciones de poder y dominación basadas en distinciones binarias (superior/inferior, desarrollado/primitivo, civilizado/salvaje), y en conceptos de diferencia/superioridad étnico-racial que fijan una jerarquía entre lo europeo y lo no europeo, la diferencia colonial (Escobar 2010, 39). Dicha matriz se ha sostenido en relaciones económicas de explotación y en una epistemología eurocéntrica que hace que las disciplinas sociales y humanas, tanto del sur como del norte globales, actúen dentro del paradigma de la modernidad (Quijano 1993a, 218). Por esto, desde el punto de vista decolonial, el mundo actual no está descolonizado (Castro-Gómez y Grosfoguel 2007, 17).
A pesar de que el discurso científico hegemónico y totalizante de la modernidad ha invisibilizado y marginalizado otros discursos y saberes alternos, estos no han dejado de existir (Escobar 2010, 37). La modernidad es un proyecto abierto e inacabado en el que prima la hibridez, resultado de la interacción entre supuestos diversos —contrario al discurso hegemónico basado en la pureza de conceptos—. Como sostienen los estudios decoloniales, la realidad social es multiforme, multidimensional y en continuo movimiento. Por lo tanto, cuestionar la modernidad no implica negar su existencia ni su relevancia, sino resistir su pretensión de universalidad y necesidad, y de regir un mundo monolítico (Mignolo 2010a, 15). Para superar la epistemología de la modernidad/colonialidad, es necesario desprenderse de ella por medio de la imaginación de alternativas al statu quo eurocéntrico (Mignolo 2011, 276).
La criminología del sur como parte de la perspectiva decolonial
Pese a haberse originado en la modernidad eurocéntrica, la criminología no se ha consolidado en América Latina como una disciplina autónoma, puesto que ha servido de saber subalterno a otras disciplinas (particularmente el derecho penal) o no ha sido reconocida como tal. A pesar de esto, existe una larga tradición en la región (que se remonta al siglo XIX) que ha abordado el estudio del crimen y las respuestas sociales a este a partir de un marco epistemológico y metodológico que cae bajo los parámetros de la criminología (Goyes y Sozzo 2023; Ariza e Iturralde 2022; Pinheiro Flauzina 2017). El conocimiento criminológico ha servido como sistema discursivo y mecanismo de transmisión de los postulados de la modernidad, por medio de la separación entre ciudadanos y delincuentes, personas normales y desviadas, así como mediante el establecimiento de sistemas de exclusión y jerarquías sociales alrededor del binomio delito-delincuente. Este conocimiento científico legitimó discursos y tecnologías de control social que servían de fundamento para la estructuración de los órdenes económicos y políticos dominantes (Iturralde 2022, 17-29).
En este sentido, es indudable la incidencia del saber criminológico en las explicaciones causales del crimen y la violencia, así como de las formas específicas de control social de la región. Como en otras latitudes, en América Latina la criminología ha servido como un dispositivo legitimador del orden capitalista imperante. Pero los países latinoamericanos también han sido terreno fértil para una criminología crítica que, influenciada por perspectivas marxistas del norte global, ha cuestionado el carácter correccionalista y normalizador de su vertiente dominante. Particularmente desde la década de 1980, diversas autoras y autores latinoamericanos (entre otros, Aniyar de Castro 1987; Del Olmo 1981; Del Olmo y Riera Encinoza 1981; Sandoval 1989; Zaffaroni 1988 y 2023) desarrollaron un cuerpo de trabajo crítico frente a la criminología imperante del norte global como la única forma de comprender y dar respuesta a los problemas de violencia y criminalidad de la región. En línea con la perspectiva decolonial, algunas autoras han denunciado el mito de la democracia racial imperante en buena parte de Latinoamérica. Este mito oculta la discriminación étnico-racial como un eje central de la conformación de los sistemas de control social imperantes en la región que, además, en casos como el brasileño, han permitido y legitimado la subordinación y el exterminio de la población negra (Pinheiro Flauzina 2017, 19; De Oliveira Pires 2018).
Pese a su carácter innovador, la criminología crítica latinoamericana ha mantenido la tendencia a operar bajo el paradigma de la modernidad, al no cuestionar la epistemología eurocéntrica de la disciplina (incluso en su vertiente más crítica) y su estrecha conexión con la colonialidad del poder de control social, ejercido por los regímenes políticos de la región. Sumados a esta falencia, la tercera ola democratizadora y el advenimiento del neoliberalismo contribuyeron a que la criminología crítica latinoamericana fuese absorbida y domesticada en la década de 1990 por el statu quo, el cual privilegió las visiones economicistas y punitivas del crimen, así como los modelos importados para enfrentarlo (por ejemplo, las políticas de seguridad ciudadana y tolerancia cero promovidas y financiadas por países y organismos del norte global).
Si bien la criminología crítica de la década de 1980 comparte un carácter contrahegemónico con la criminología del sur en la región, esta última plantea la posibilidad de cuestionar el origen moderno y colonial de la criminología latinoamericana, así como de ofrecer alternativas epistemológicas, descriptivas y políticas frente a los fenómenos de violencia y criminalidad, sus condiciones de posibilidad, y las respuestas que las sociedades dan bajo determinados órdenes políticos y económicos (tanto del norte como del sur global) (Alagia y Codino 2019; Ariza e Iturralde 2022; Duarte, Alves y Freitas 2023; Caimari y Sozzo 2017; García y Sozzo 2023; Goyes 2023; Goyes y Sozzo 2023; Hathazy 2016; Iturralde 2022; Sozzo 2006 y 2022; Pessoa Cavalcanti 2020). No obstante la variedad de tópicos y matices, la criminología del sur tiene dos objetivos centrales: primero, decolonizar epistemológica y metodológicamente la disciplina criminológica; segundo, analizar críticamente la matriz neocolonial del poder que, a pesar de múltiples giros y transformaciones, no tiene solución de continuidad con aquella colonial (Aliverti et al. 2021; Carrington, Hogg et al. 2019; Carrington, Dixon et al. 2019; Carrington, Hogg y Sozzo 2018; Carrington y Hogg 2017; Carrington, Hogg y Sozzo 2016; Ciocchini y Greener 2021; Iturralde 2022 y 2010).
La criminología del sur cuestiona la criminología dominante por naturalizar el proyecto de la modernidad. Al ser parte integral de las ciencias sociales modernas (Connell 2007), la criminología convencional se representa como una disciplina totalizante, por fuera de un lugar y atemporal, que oculta su carácter contingente, resultado de los procesos históricos que condujeron al predominio del sistema capitalista por medio del colonialismo y las dinámicas de conquista violenta que conlleva. A partir de la diferenciación jerárquica entre sociedades modernas y primitivas, civilizadas y salvajes, desarrolladas y subdesarrolladas, se forjan relaciones de poder inequitativas entre el centro y la periferia (proyección de las metrópolis y sus colonias), y construcciones de identidades dominantes y subalternas. Tales relaciones de poder legitiman el ejercicio de diversas formas de violencia (material y simbólica) en contra de los grupos subalternos (los excluidos, los marginales, los inmigrantes, los desviados, los anormales, los delincuentes, las minorías étnicas), etiquetados como peligrosos por amenazar el proyecto civilizador de la modernidad.
De otra parte, la narrativa de la modernidad construye una imagen del estado weberiano que se caracteriza por presuponer su consolidación, su carácter monolítico y su efectivo monopolio de la violencia como garante de la paz social. Tanto el derecho penal como la criminología convencionales dan por hechos estos rasgos del estado de derecho y, con base en esta presunción, asignan responsabilidad penal a quienes cometen delitos y los etiquetan como criminales. Esta imagen del estado no se corresponde con la realidad de las sociedades del sur global (ni siquiera se cumple plenamente en las del norte global) y oculta el papel histórico de la violencia estatal en la construcción del estado nación, así como el rol desempeñado por el colonialismo. Como indica Quijano (1993b), el proceso histórico de consolidación de los estados nación europeos fue de la mano de la formación de los imperios coloniales. De esta manera, el colonialismo no es simplemente un eco del pasado, sino una fuerza actuante en el establecimiento de relaciones jerárquicas e inequitativas entre el norte y el sur globales que el derecho penal y la criminología respaldan desde su pretendida cientificidad (Aliverti et al. 2021; Carrington, Hogg y Sozzo 2018; Connell 2007).
La criminología del sur tiene como objetivo revelar tales procesos y relaciones de poder que afectan a las sociedades del sur global —como aspectos esenciales del estudio de los fenómenos de criminalidad, violencia y control social—, así como evidenciar la configuración epistémica y metodológica de la criminología convencional que ha monopolizado el análisis de dichos fenómenos. Esta postura de la criminología del sur no implica desconocer la relevancia teórica, metodológica o empírica de la criminología del norte global y sus objetos de estudio; más bien, consiste en un llamado a transformar la disciplina criminológica en una empresa plural e incluyente que cuente con una caja de herramientas teóricas, conceptuales y metodológicas más variada. Este giro además permitiría establecer una relación horizontal de cooperación, no solo en términos epistémicos, sino también al analizar fenómenos que caen bajo su mirada disciplinar y que afectan tanto al norte como al sur, que usualmente son ignorados o subestimados por el pensamiento criminológico hegemónico (Carrington, Hogg y Sozzo 2018, 3).
Otro posible efecto de esta cooperación en igualdad de condiciones es el entendimiento de los discursos, estrategias y tecnologías de control del crimen que rigen en el sur global, no como una imposición de visiones e intereses que viajan desde el norte, sino como parte de un circuito global que posibilita la circulación e intercambio de dichos saberes y prácticas, que pueden originarse tanto en el norte como en el sur y que afectan a ambos. Dicho circuito establece y conecta diversos mecanismos de inclusión subordinada de los otros sureños que también habitan el norte global (inmigrantes, minorías étnicas, las “clases peligrosas”), a través de formas punitivas y excluyentes de control social que fueron en muchas ocasiones ensayadas en las colonias para luego ser importadas a las metrópolis (Fonseca 2018; Hönke y Müller 2016).
Uno de los aspectos centrales de la agenda de trabajo de la criminología del sur es el análisis crítico de las estructuras y prácticas de neocolonización que forman parte integral del orden social global vigente, así como su conexión con procesos violentos de criminalización en contextos específicos, tanto del norte como del sur globales (Ciocchini y Greener 2021; Aliverti et al. 2021). Bajo el paradigma de la modernidad, la violencia estatal ha tenido un rol destacado en la expansión del colonialismo (Carrington, Hogg et al. 2019). Así, las categorías colonialismo e imperio son centrales en la agenda de investigación de la criminología del sur, en la medida en que dan forma a relaciones y geografías de desigualdad y opresión, las cuales no son fenómenos históricos que se dan por la inercia del pasado colonial; más bien, son manifestaciones de dinámicas de desempoderamiento de grupos sociales (bajo criterios de género, clase y raza), emprendidas por los estados nación con el apoyo de fuerzas de los mercados locales, regionales y globales (Aliverti et al. 2021).
Como se verá en la siguiente sección, algunos de los aspectos más prometedores de esta agenda investigativa son, por un lado, el análisis crítico de la conexión del colonialismo y el neocolonialismo con la violencia y la criminalidad, así como con los sistemas de criminalización, control y subordinación de grupos sociales específicos, clasificados principalmente en términos de raza, clase y género. Por otro lado, la denuncia de los resultados inequitativos de las interacciones entre el norte y el sur globales en la configuración de los campos de control del crimen y las formas de control social existentes (Ciocchini y Greener 2021, 4; Carrington, Hogg et al. 2019).
Violencia y control social en América Latina
Con el fin de evidenciar la relevancia de la criminología del sur en la comprensión de los elevados niveles de violencia y criminalidad de la región, y de los dispositivos punitivos y excluyentes de control estatal4 que se ofrecen como respuesta a estas problemáticas, en esta sección se esbozará brevemente algunas de las manifestaciones de violencia y control que se dan en distintas partes de Latinoamérica. Estos fenómenos, así como los principales factores que los alientan, son atravesados por la colonialidad del poder y están siendo discutidos de manera creciente desde perspectivas afines a la criminología del sur (Carrington, Hogg y Sozzo 2018).
Criminalidad y violencia
Desde finales del siglo XX, en los discursos políticos e institucionales latinoamericanos se han impuesto perspectivas estandarizadas que privilegian políticas penales punitivas, bajo rótulos de uso común, como tolerancia cero, mano dura y seguridad ciudadana (Dammert y Salazar 2009). Adicionalmente, la guerra contra las drogas (Iturralde 2019), la expansión y el endurecimiento de los sistemas carcelarios (De Dardel y Söderström 2009), las reformas procesales penales (Langer 2004 y 2007) y la militarización de los cuerpos de policía para controlar el orden público (Flores-Macías y Zarkin 2021; Solar 2021; Hönke y Müller 2016) han contribuido a la configuración de modelos autoritarios de control en la región.
La criminología del sur ha permitido cuestionar estas narrativas y tecnologías de control social de la criminalidad y la violencia, al considerarlas formas naturalizadas de opresión y explotación en detrimento de los grupos sociales excluidos y discriminados: los otros, los nadies, herederos del sujeto colonial, construidos para ser dominados a partir de una diferenciación jerárquica de raza, clase y género. Como parte de la matriz colonial del poder, dichos dispositivos de control interactúan en una retícula que no es unidireccional; lo hacen a través de circuitos que movilizan tecnologías de control social que pueden originarse tanto en los países centrales como en la periferia. De esta forma, las instituciones, las prácticas y los discursos de control social no son simplemente una imposición del norte global o un legado del pasado colonial; son resultado de un complejo proceso de traducción, negociación, adaptación, circulación y descentralización de dispositivos que configuran una penalidad poscolonial (Brown 2017, 189; Hönke y Müller 2016). Los efectos de dicha penalidad se sienten tanto en el sur como en el norte y benefician a sus élites locales, en cuanto a la conservación del poder y a su participación creciente en las ganancias de un orden global inequitativo (Aliverti et al. 2021; Stambøl 2021; Agozino 2005). De esta forma, la matriz colonial del poder propicia la continuación de altos índices de violencia y criminalidad, además de legitimar nuevos ciclos de respuestas punitivas.
Por décadas, América Latina ha sido considerada como la región con los mayores niveles de violencia y criminalidad del mundo: a pesar de que sus habitantes representan el 8 % de la población mundial, son víctimas del 33 % de los homicidios a nivel global. En 2018, la tasa de homicidios por 100.000 habitantes de la región era de 21,5 %, es decir, tres veces el promedio mundial; 17 de los 20 países (y 43 de las 50 ciudades) con las más altas tasas de homicidio eran latinoamericanos; Sudamérica y Centroamérica tienen los niveles más altos de agresiones físicas y hurtos violentos en el mundo (426,28 y 364,84 hurtos violentos por 100.000 habitantes, respectivamente, mientras que el promedio en Europa Occidental es de 226,60 [Muggah y Aguirre Tobón 2018, 2-9]).
Bajo las narrativas dominantes, la violencia y la criminalidad son obstáculos para el desarrollo sostenible de la región, lo que las hace un objeto central de debate público y de intervenciones internacionales para fortalecer las políticas e instituciones de seguridad latinoamericanas (Iturralde 2019 y 2021). El binomio “control del crimen y desarrollo” es un componente importante del neocolonialismo, ya que reproduce y legitima los intereses geopolíticos de países del norte global y de las organizaciones internacionales sobre las que ejercen gran influencia (Iturralde 2021; Stambøl 2021).
A pesar de la existencia y resistencia de discursos y prácticas que se oponen al legado colonial y a las presiones neocoloniales que le dan continuidad, la “modernización” de las instituciones penales y de seguridad de los países latinoamericanos durante las últimas tres décadas no han reducido de forma significativa los elevados niveles de criminalidad y violencia. Al contrario, han reproducido el modelo neocolonial y sus mecanismos de subordinación a través de la creación y naturalización de categorías de clase, raza y género que son usadas para cometer excesos punitivos o permitir manifestaciones intensas de violencia en contra de grupos sociales marginalizados y discriminados (Fonseca 2018), mientras que se los deja desprotegidos frente a las relaciones de explotación a que los somete la matriz colonial del poder. Estos procesos de subordinación (de control social punitivo y selectivo) y de estrategias de tolerancia e invisibilización, que naturalizan formas extremas de violencia, son objetos ideales de estudio de la criminología del sur y se explicarán a continuación a partir de tres casos ilustrativos: la expansión de los sistemas carcelarios de la región; la militarización y el uso excesivo de la fuerza de los cuerpos policiales; y la impunidad frente a la violencia de género, problema crónico de la región.
La expansión del encarcelamiento como mecanismo de control social selectivo
La prisión es un objeto recurrente de comparación entre el norte y el sur globales, dado que es una institución moderna por excelencia, con pretendidos fines civilizadores (nacida en los Estados Unidos y Europa a finales del siglo XVIII), que se ha expandido por todo el mundo, hasta convertirse en la forma dominante de castigo estatal. A pesar del discurso progresista y humanitario que ha rodeado a la institución de la prisión como forma moderna de castigo, la incapacitación (en lugar de la reintegración) de grupos sociales marginalizados ha sido un rasgo central de los sistemas penitenciarios y carcelarios latinoamericanos desde su introducción en el siglo XIX (Darke y Garces 2017; Carrington, Hogg et al. 2019).
Dicha tendencia se ha intensificado durante las últimas tres décadas con el acelerado incremento de las tasas de encarcelamiento en toda la región. Este ha sido fruto de la combinación de discursos y prácticas más punitivos y excluyentes, y de los esfuerzos modernizadores de los gobiernos latinoamericanos para estar a tono con las demandas internacionales de fortalecimiento del estado de derecho y de las instituciones como prerrequisitos de inserción en el orden global y en la economía de mercado (Iturralde 2021). Las tasas de encarcelamiento en América Latina se duplicaron en un 107 % en el lapso de treinta años, lo que significa la privación de la libertad de cerca de 1,2 millones de personas, o el equivalente a 237 personas por cada 100.000 habitantes (comparado con el promedio mundial de 145 personas por 100.000 habitantes), lo que representa el 12 % de la población mundial encarcelada (Marmolejo et al. 2020; Iturralde 2019, 478).
Otro rasgo central de la expansión carcelaria reciente en Latinoamérica, y en los países del norte global, es la sobrerrepresentación de grupos discriminados, excluidos o marginados bajo categorías étnico-raciales. A comienzos de 2020, los inmigrantes conformaban el 15 % de la población privada de la libertad en Europa (Prison Reform 2021). En Estados Unidos, en 2019, el 38 % de la población privada de la libertad era afroamericana, el 21 % correspondía a la población latina y el 2 % lo constituían los nativos americanos, mientras que la población blanca encarcelada representaba el 28 % -con la salvedad de que esta última representa el 60 % de la población total de Estados Unidos; el 13 %, la población afroamericana; el 18 %, la población latina, y 0,9 %, la población nativa- (Prison Policy Initiative 2023a, 2023b).
Como indica Segato (2007), los datos sobre la sobrerrepresentación étnica en prisiones latinoamericanas son escasos, fragmentarios y desactualizados, en buena medida porque las autoridades no se preocupan por recopilarlos, y porque al momento de definir y utilizar categorías como raza y grupo étnico estas suelen confundirse. A pesar de tales limitaciones, la poca información disponible indica que la población “no blanca” es desproporcionadamente penalizada frente a la blanca y padece peores condiciones de reclusión.
Según las narrativas académicas del norte global, la expansión del sistema carcelario, la situación de hacinamiento y la violación de los derechos humanos de la población reclusa en América Latina se explican, de una parte, como resultado de la implantación del modelo neoliberal en la región y su estrategia de reducción del estado social y ampliación del estado penal para controlar a los pobres (al respecto, véase Wacquant 2000, 2003 y 2009). De otra parte, por ser las prisiones latinoamericanas una copia defectuosa del molde del que fueron sacadas, por lo que se les atribuye calificativos de inferioridad como “atrasadas”, “premodernas” y “salvajes”, frente a los modelos estadounidense o europeo (Carrington, Hogg et al. 2019, 125).
Desde una perspectiva del sur, la expansión carcelaria experimentada en la región, los altos niveles de violencia y la violación de los derechos humanos responden a la manifestación del papel histórico de la penalidad como una dimensión clave del poder colonial sobre el sujeto colonial, constituido por aquellos grupos señalados como desviados, anormales, indisciplinados y peligrosos. En esta medida, las explicaciones que entienden la penalidad en el sur global como consecuencia de la transferencia e implantación de modelos del norte, aunque tocan un punto relevante, dejan de lado las trayectorias históricas y particularidades de los distintos países latinoamericanos que se forjaron en relación con las de los poderes coloniales y neocoloniales, y no simplemente como imposición de estos. De esta manera, la explicación sobre los rasgos distintivos del control del crimen en los países del sur global es relevante, no para dar cuenta de una imagen distorsionada del norte, sino para entenderlos como sitios de producción de cambios e innovaciones penales (positivas y negativas) que también se reproducen en el norte (Carrington, Hogg et al. 2019).
La militarización de los cuerpos policiales
En América Latina, los cuerpos de policía y de seguridad del estado han tendido a victimizar a hombres jóvenes de la periferia urbana, quienes, en varias ocasiones, también pertenecen a minorías étnicas (Pessoa Cavalcanti 2020; Iturralde 2019; Wacquant 2003). El uso de la fuerza brutal y el asesinato de miembros de estas comunidades “sospechosas” en nombre del mantenimiento del orden público se ha convertido en el actuar normalizado de las fuerzas policiales, en muchos casos aprobado por amplios sectores de la sociedad (González 2020). Este uso desproporcionado y diferenciado de la fuerza por parte de la policía evidencia dos rasgos clave de la colonialidad del poder: primero, el uso de métodos excesivos de violencia (que incluyen la letal) como mecanismo de control de poblaciones consideradas problemáticas; y, segundo, la distribución inequitativa de dicha violencia en contra de grupos sociales jerarquizados a partir de los parámetros coloniales de raza, clase y género.
El primer rasgo hace que espacios de la periferia urbana, donde se concentran grupos sociales marginalizados y alejados de la mano social del estado, se conviertan en zonas de combate en las que los cuerpos policiales actúan como fuerzas de ocupación que perfilan a ciertos habitantes como potenciales enemigos y no como ciudadanos. Esto implica una fuerte militarización de la policía, que lleva a situaciones de tensión y confrontación con la población y al uso excesivo de la fuerza letal. El segundo rasgo evidencia que la violencia estatal, y particularmente la policial, es racializada (Carrington, Hogg et al. 2019; Pinheiro Flauzina 2017).
Un caso ilustrativo es Brasil. Durante los últimos cuatro años, de los 5.958 homicidios que se cometieron en la ciudad de Río de Janeiro y su periferia, 2.043 fueron causados en operativos policiales (es decir, uno de cada tres asesinatos), y la mayoría de los muertos fueron jóvenes negros (Galarraga Gortázar 2023). Según la Red de Observatorios de Seguridad del Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía (Cesec), en Brasil el 65,7 % de las víctimas de violencia policial en 2022 fueron clasificadas como negras, especialmente hombres jóvenes. En 8 de los 21 estados brasileños en los que la red hizo el estudio, de las 4.219 personas que murieron a manos de la policía, 2.700 fueron clasificadas como negras. Según estos datos, la policía mata a una persona negra cada cuatro horas. Río de Janeiro es un caso paradigmático: las personas clasificadas como negras representan el 54,4 % de la población, pero constituyen el 87 % de las víctimas policiales (Royo Gual 2023).
Como señalan Hönke y Müller (2016), a pesar de las extremas condiciones de violencia, desigualdad y exclusión social bajo las que operan los cuerpos policiales de la región, los discursos, prácticas y tecnologías de policiamiento (policing) son similares a los utilizados en países del norte global para controlar a minorías étnicas, inmigrantes y grupos contestatarios. Tales similitudes no son resultado de la difusión de estas técnicas y prácticas desde el centro hacia la periferia del orden mundial, sino que circulan y configuran una red global de policiamiento. Los países de la periferia poscolonial desempeñan un papel destacado como laboratorios y centros de innovación de las técnicas de control policial militarizado de grupos sociales problemáticos, las cuales viajan de regreso a las metrópolis. La globalización de dichas prácticas y técnicas, tanto en regímenes democráticos del norte como del sur, evidencian cómo la violencia es parte integral del proyecto moderno liberal (Hönke y Müller 2016).
Violencia de género e impunidad
La matriz colonial de poder se manifiesta no solo por lo que dice y hace, sino también por lo que calla y deja de hacer. Desde este punto de vista y a pesar del robustecimiento del estado penal y de la expansión punitiva en la región, no sorprende que a las mujeres no se les haya reconocido ni protegido en los discursos y prácticas de control social. De acuerdo con Luiza Carvalho, exdirectora de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe, en 2016 la tasa de impunidad por feminicidios en la región era del 98 % (“98 % de los feminicidios” 2016). No obstante, en pocos años las mujeres se han vuelto blanco de los sistemas penales de la región. A finales de 2022, había 95.000 mujeres encarceladas, frente a 37.671 en 2000 (un aumento de más del 150 % en dos décadas) (Youngers 2022); proporcionalmente, el aumento de la población femenina privada de la libertad ha sido mucho más pronunciado que el de los hombres.
En cuanto a la violencia ejercida en contra de las mujeres, esta es, al menos en parte, resultado de la expansión de mercados y formas de opresión sociocultural de las prácticas coloniales y poscoloniales. Las distintas formas de violencia en contra de las mujeres las privan de su estatus social y las representan como objetos sexuales y de mercancía, cuyos cuerpos y fuerza de trabajo son funcionales a las necesidades reproductivas y a las relaciones de poder del sistema económico capitalista (Segato 2016 y 2013). Esta objetificación y subordinación del cuerpo y la autonomía femeninos lleva a la estructuración y naturalización de violencias patriarcales, materiales y simbólicas, en contra de ellas.
Si bien los hombres son las principales víctimas de homicidio a nivel global, las mujeres sobrellevan la carga de victimización letal con base en estereotipos de género y relaciones patriarcales de poder. Esto se manifiesta en la disparidad entre hombres y mujeres víctimas de homicidio a manos de sus parejas o familiares: el 36 % de las víctimas son hombres, mientras que el 64 % son mujeres. Aún más, quienes son asesinadas por sus parejas no mueren por actos aislados o espontáneos, sino como desenlace de ciclos previos de violencia de género (UNODC 2019). La distribución de la violencia doméstica y sexual impacta de manera desproporcionada a las mujeres de países de ingresos medios y bajos del sur global, que a su vez presentan los niveles más elevados de violencia de género (Carrington, Hogg et al. 2019). Es por esto que las más altas tasas de homicidio de mujeres se reportan en países del sur global. En 2019, en América Latina y el Caribe, 4.555 mujeres fueron víctimas de homicidio, lo que indica que al menos 12 mujeres son víctimas de homicidio cada día del año (es decir, una mujer cada dos horas) (Cepal 2020). En 2021, 11 países latinoamericanos registraron una tasa igual o superior a una víctima de feminicidio por cada 100.000 mujeres (Cepal 2023)5. De estos países, las mayores tasas de feminicidio se presentaron en Honduras (4,6 casos por cada 100.000 mujeres), República Dominicana (2,7 casos por cada 100.000 mujeres) y El Salvador (2,4 casos por cada 100.000 mujeres).
La violencia crónica contra las mujeres, cuya máxima expresión en la región son los feminicidios, su naturalización y silenciamiento, ponen de presente lo que Lugones (2008) llama la colonialidad del género, que hace parte del entramado de la colonialidad del poder que ha racializado las divisiones de género. A partir de la jerarquización entre mujeres blancas y negras, se han establecido mecanismos de control y disciplina que varían gradualmente según el color de la piel. En un lado están las mujeres de piel clara, pasivas, sumisas y sin agencia, quienes deben ser controladas por sus padres, esposos y hermanos en la privacidad del hogar, mientras cumplen con sus labores reproductivas y de cuidado. En el otro lado están las mujeres de piel oscura, “salvajes” e hipersexualizadas, a quienes desde la esclavitud en la Colonia se les asignaron roles de género específicos y formas de explotación económica y sexual violentas (Carrington, Hogg et al. 2019).
La contraparte de la violencia feminicida es la construcción de masculinidades violentas. Estas surgen de un conjunto de factores históricos, económicos y sociales que se han forjado bajo el legado colonial. Para muchos hombres jóvenes que viven en la periferia de sus sociedades, dichas masculinidades son una manera de sobrevivir en un mundo violento y con escasas oportunidades, a partir de la construcción y reafirmación de una identidad y roles de género patriarcales que se han visto amenazados por la pérdida del control ante situaciones económicas, políticas, sociales y culturales en las que no pueden incidir (Carrington, Hogg et al. 2019).
El control del crimen y la configuración del orden social y político en América Latina
Los rasgos expuestos sobre el control del crimen en América Latina, caracterizados por su autoritarismo violento y excluyente, suelen ser presentados por la academia del norte global como evidencia de la debilidad, la fragmentación y el elitismo de los regímenes políticos latinoamericanos. Desde la perspectiva del proyecto de la modernidad, estos no cuentan con las instituciones, la infraestructura, los recursos ni las capacidades necesarios para encauzar los conflictos sociales (Miller 2021; Pearce 2018). De esta manera, al carecer de las condiciones adecuadas para responder a dichos conflictos por medio de políticas incluyentes, los estados latinoamericanos tienden a recurrir a medidas punitivas como mecanismo de acción y legitimación.
Esta narrativa deja de lado importantes características y transformaciones de las sociedades latinoamericanas que son relevantes para tener una mirada más compleja de las prácticas, los discursos y las instituciones de control social de la región. En primer lugar, no considera el impacto de la desigualdad entre violencia y criminalidad. Estos fenómenos son parte de la trayectoria histórica de las sociedades latinoamericanas, que aparecen desde el periodo colonial y que hacen parte del proceso de construcción del estado nación de las nacientes repúblicas. A pesar de su discurso democrático y liberal, este proyecto fue liderado por élites criollas y excluyó a los grupos sociales considerados como subordinados (indígenas, negros y mestizos), que eran percibidos como una amenaza para el orden social y político naciente. Así, se configuraron órdenes sociales y políticos racialmente segregados que reprodujeron las estructuras y relaciones de poder coloniales (Iturralde 2022), lo que redujo la capacidad del estado de actuar como un intermediario legítimo en la tramitación de los conflictos sociales y económicos. En palabras de Quijano (1993b, 234), las nacientes repúblicas latinoamericanas se establecieron como estados independientes con sociedades coloniales.
Pese al carácter autoritario y excluyente de los estados latinoamericanos a lo largo de su historia republicana, ha habido esfuerzos importantes por democratizarlos y hacerlos más incluyentes, como en el caso de la llamada tercera ola de democratización, entre las décadas de 1980 y 1990. El fortalecimiento de las agencias de seguridad del estado y de sus instituciones penales ha sido un objetivo central de las reformas democráticas. Los cuerpos de seguridad y los sistemas penales cuentan con más recursos y capacidades para confrontar la criminalidad y la violencia, pero siguen haciéndolo a través de estrategias autoritarias y represivas. Como señalan Arias y Goldstein (2010), los países latinoamericanos, a pesar de ser regímenes políticos democráticos, no lo son en términos sociales y económicos. Desde su surgimiento como estados independientes, y a pesar de seguir el modelo eurocéntrico del estado nación, los países latinoamericanos no alcanzaron dicho “estado de civilización”, puesto que permanecieron atados al legado colonial de sociedades altamente jerarquizadas y fragmentadas que impedían la democratización de las relaciones políticas, sociales y económicas por medio de la exclusión (y en ocasiones el exterminio) de buena parte de la población, clasificada y racializada como negra, india y mestiza (Quijano 1993b).
Para contener la extendida visión eurocéntrica según la cual los problemas de pobreza, desigualdad, violencia y criminalidad en Latinoamérica son atribuibles a las fallas y la debilidad de sus regímenes democráticos, es necesario tener en cuenta la trayectoria histórica, las particularidades y el legado colonial de sus sociedades. La violencia es parte integral de la configuración y el mantenimiento de los regímenes políticos y económicos latinoamericanos, así como instrumento de oposición y rebeldía frente a dichos regímenes, los cuales son “pluralmente violentos” (Arias y Goldstein 2010, 4). Este pluralismo violento ha sido instrumental para mantener y desafiar el orden político y las instituciones propias del régimen liberal capitalista (Arias y Goldstein 2010).
Una criminología del sur para América Latina
Como se vio en páginas anteriores, los campos del control del crimen que enfrentan las intensas formas de violencia y criminalidad de las sociedades latinoamericanas son parte de la matriz colonial de poder, al servir como mecanismos de ejercicio de la violencia material y simbólica en contra del otro colonial. Dichos campos no se configuran simplemente para reducir y prevenir la criminalidad; a pesar de su carácter punitivo, han probado ser poco eficaces para lograr estos objetivos. Más bien, son expresiones de las relaciones sociales inequitativas y de subordinación que las redes neocoloniales de poder propician a escala local, regional y global. El predominio del capitalismo, la democracia liberal y el estado de derecho han dado lugar a y legitimado intercambios injustos y violentos entre el norte y el sur, en nombre del desarrollo y de la integración a un mercado y una comunidad globales. Estos se convierten en la única vía disponible que los países e instituciones del norte global ofrecen a sus vecinos del sur para que hagan parte de la civilización y la modernidad, mientras que sus necesidades y saberes locales son ignorados o subestimados (Carrington, Dixon et al. 2019).
La interferencia del norte global en las sociedades del sur ha tenido un gran impacto en los campos de control del crimen latinoamericanos, con los que comparten un pasado y, por lo tanto, una relación que se basa en dinámicas coloniales y neocoloniales (Carrington, Dixon et al. 2019). Retomando varios de los postulados de la criminología crítica latinoamericana, pero llevándolos a nuevas direcciones, la criminología del sur ha ofrecido perspectivas innovadoras para iluminar tales formas de injusticia epistemológica y estructural, y ha cuestionado así el predominio de la criminología del norte global como el único discurso reconocido y autorizado sobre los fenómenos de criminalidad y violencia, así como sobre las formas de control social que suscitan.
La criminología del sur no pretende suceder o reemplazar a la del norte. Es una criminología con una orientación global y con una sensibilidad del sur, especialmente atenta a la inclusión de miradas y voces subalternas (Carrington, Dixon et al. 2019), pero sin excluir las del norte. Esto también es parte de un pragmatismo epistemológico que reconoce que los cimientos de la criminología como disciplina se encuentran en el norte global, así como identifica la matriz colonial de saberes y poderes sobre la que se construyó. La perspectiva plural e incluyente de la criminología del sur la ubica en relación con (en lugar de en oposición a) la criminología del norte. Su objetivo es contribuir a tender puentes para la construcción de una criminología transnacional (Carrington, Dixon et al. 2019), en lugar de ampliar la distancia entre el norte y el sur. La transformación y la hibridación, tanto de la transferencia de discursos y tecnologías sobre el crimen y su control como de los marcos cognitivos y metodológicos para aproximarse a esos fenómenos, son objeto de estudio de la criminología del sur y su puerta de entrada para dialogar con la del norte.
Al volver la mirada al sur (geográfica y metafóricamente), la criminología del sur apuesta por abrir nuevos caminos, en lugar de seguir la ruta angloeuropea de la civilización. Esta exploración es estimulante, pues permite divisar otros órdenes sociales, económicos, políticos y culturales en los que el crimen, así como las formas de enfrentarlo, no sean las principales adaptaciones y respuestas de regímenes opresivos y excluyentes.
