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Introducción
En este artículo se intenta explicar el protagonismo del paramilitarismo como uno de los factores en la configuración territorial de la ciudad de Bogotá. Se parte de la idea que Colombia ha experimentado una profunda asimetrización de la guerra resultado del escalonamiento del conflicto armado, que posibilitó el surgimiento de estos actores paraestatales. La importancia estratégica de Bogotá y su área circundante en las dinámicas de la guerra, la posicionó como un punto clave de control por parte de los diferentes actores armados desde la década de los ochenta, tanto por el control de la economía ilegal como por el debilitamiento del enemigo. Sin embargo, por el alto nivel de negacionismo que hay sobre el conflicto armado en Bogotá, el paramilitarismo se relaciona con expresiones de crimen organizado, reduciendo su protagonismo en la comprensión del conflicto en la ciudad.
No obstante, existen diferentes fuentes de información y algunos documentos que relacionan hechos violentos con grupos paraestatales. Informes realizados por la Defensoría del Pueblo de Colombia por medio de su sistema de alertas tempranas, o la documentación expuesta por el Centro Nacional de Memoria Histórica sobre el accionar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la capital del país. Por otro lado, existen investigaciones de carácter doctoral, en las cuales el actor paramilitar no es el objeto de estudio, pero sí resulta ser un factor explicativo de los procesos investigativos de securización (Peña, 2015), marginalidad socioespacial y representaciones territoriales de la inseguridad (Ritterbusch, 2011).
De esta manera, la geografía como ciencia social no ha sido incorporada en el análisis del conflicto armado, las representaciones existentes no permiten una comprensión detallada del impacto territorial de la guerra y de las expresiones que la violencia imprime en el espacio (Salas, 2014).
El origen de la investigación y de los resultados expuestos en este artículo parten de la necesidad de vincular la perspectiva geográfica en la comprensión del paramilitarismo en Bogotá y sus efectos en la transformación territorial de la ciudad. El objetivo es comprender ¿Cómo se configuró la territorialidad paramilitar en Bogotá y su área metropolitana entre 2009 y 2016 como resultado de la asimetrización de la guerra en Colombia? En este sentido, se trata de ampliar la discusión sobre la incidencia del paramilitarismo en Bogotá y su área metropolitana desde una interpretación geográfica. Para ello se buscó operacionalizar el concepto de territorialidad en tres variables: a) objetivos territoriales, b) mecanismos de control territorial y c) la construcción social de la territorialidad paramilitar, todo en relación de poder comprender las continuidades y discontinuidades del control territorial paramilitar.
Consideraciones contextuales. Configuración geohistórica del paramilitarismo en Bogotá
Según la literatura trabajada sobre la historia de los grupos paramilitares en Bogotá se pueden identificar tres grandes momentos. El primero se da entre 1981 a 1989 surgió el grupo Muerte a secuestradores (MAS) para mantener el control de las rentas ilícitas de los grandes narcotraficantes y contener el fenómeno del secuestro por parte de los grupos guerrilleros como fuente de financiamiento (Zelik, 2015). En el segundo momento, entre 1990 y 2003, aumentaron los homicidios y atentados contra los militantes de partidos de izquierda, líderes sociales y detractores del establecimiento a manos de las recién creadas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y su facción las Autodefensas de Cundinamarca (bloque Cundinamarca) (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2014). En este mismo periodo, surgieron las Autodefensas Campesinas de Casanare (ACC), oriundas de los departamentos de Meta y del Casanare, que pretendían debilitar la insurgencia, reclutar menores y posicionar el comercio de estupefacientes en las zonas más vulnerables de Bogotá, como las localidades de Ciudad Bolívar, Usme y Suba. En paralelo surgió el Bloque Capital hacia 2001, según las declaraciones de Carlos Castaño, para contener las rutas y circuitos de aprovisionamiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) de las localidades de Usme y Kennedy (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2014). Las ACC y las ACCU no solo frenaron el abastecimiento de la guerrilla sino empezaron a luchar por el establecimiento de comercio de bienes ilícitos, algunos puntos geoestratégicos fueron las localidades de Puente Aranda y su zona industrial; la localidad de Kennedy y el centro de acopio de alimentos Corabastos y los centros de comercio de la localidad de Los Mártires, los sanandresitos (puntos de comercio).
Según la información recolectada, el Bloque Capital generó acciones militares de inteligencia para frenar a la insurgencia en su control territorial y desplegó un conjunto de estrategias para garantizar rentas de carácter ilegal y la coaptación de estructuras criminales principalmente en las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa, así como intimidación a funcionarios públicos de las alcaldías locales y periodistas, lo que aumentó su dominio a nivel barrial (Valencia, 2016). Como resultado de este proceso, diferentes acciones criminales se extendieron por toda la ciudad, la extorsión, el robo y el asesinato de militantes de izquierda fue común en las localidades de San Cristóbal, Los Mártires, Rafael Uribe, Usme y Tunjuelito.
El Bloque Capital, durante los años 1999 a 2002, distribuyó por toda la ciudad servicios de sicariato y seguridad privada en función de los grandes capitales e intereses de la clase dominante, disparando los indicadores de homicidios y lesiones personales. Asociados a estos servicios se identificó la coaptación de las Juntas de Acción Comunal que históricamente habían sido dominadas por las guerrillas para la promulgación de su proyecto político e ideológico (Corporación Nuevo ArcoIris, 2001).
Luego de dominar las periferias de la ciudad, hacia el 2002, el Bloque Capital buscó tomar el control del centro de la ciudad a través de castigos ejemplarizantes y amenazas a las organizaciones criminales preexistentes, intensificando la violencia en esta zona y las relaciones espaciales de la delincuencia. El reclutamiento "[...] correspondió con una primera etapa de "acercamiento" a las comunidades locales, con el propósito de hacer una limpieza inicial y expulsar a las milicias y redes de apoyo de la FARC" (Corporación Nuevo ArcoIris, 2001, p. 16). Este proceso generó mayores niveles de intimidación en la población, lo cual facilitó las extorsiones y la protección violenta.
El tercer periodo de la presencia de los grupos paramilitares en Bogotá se enmarcó en el proceso de desmovilización de las AUC entre 2003 a 2006 y durante su proceso de reincorporación a la sociedad civil entre el 2006 al 2009. Estos actores recién desmovilizados, volvieron a delinquir por el control de las rentas ilícitas históricamente dominadas. Se mantuvo su presencia en el municipio de Soacha, específicamente, en Altos de Cazucá y Ciudad Bolívar, cobraron extorsiones y se mantuvo el hostigamiento hacia jóvenes y líderes sociales (Pérez, 2006). Algo muy importante de este periodo fue la inestabilidad territorial experimentada en estos sectores por los reajustes de los grupos paramilitares y grupos guerrilleros.
Entre los grupos residuales de la desmovilización del Bloque Capital se pueden encontrar las Autodefensas de Arroyave y las de Martín Llanos. Este último tuvo el control pleno en los negocios ilícitos de las localidades de Rafael Uribe, Suba, San Cristóbal y Los Mártires; por otro lado, las Autodefensas de Arroyave tomaron el control de los negocios ilícitos y del ataque a la insurgencia en el Restrepo, Puente Aranda. Kennedy, Bosa, 7 de Agosto, las Ferias y Cazucá en el municipio de Soacha. Estas dos organizaciones disputaron violentamente territorios estratégicos para el nuevo proyecto paramilitar, entre ellos se encuentran los sanandresitos y la central de acopio Corabastos, estos lugares se configuraron como "oficinas de cobro" (Castillo, 2009)
Entre el 2004 al 2009, la Defensoría del Pueblo, a través de su sistema de alertas tempranas (SAT), informó que nuevas estructuras paramilitares hacían presencia en la ciudad como resultado del proceso de desmovilización. Se encontraban Autodefensas Campesinas Nueva Generación, Los Rastrojos, Las Águilas Negras, Bloque Héroes de Carlos Castaño, Bloque Metropolitano, Nuevo Bloque Capital, entre otros (Defensoría del Pueblo, 2008).
Como se ha mencionado anteriormente, los objetivos de las organizaciones paramilitares existentes en Bogotá y su área metropolitana desde la década de los años ochenta hasta el 2009 fue el control de rentas ilícitas, el lavado de activos y el debilitamiento de la insurgencia, es decir, más que opositor político, era un contrincante económico. La continuidad del fenómeno paramilitar responde a las ganancias de la economía ilegal y sus profundas relaciones con el establecimiento, el sector privado y la fuerza pública al menos hasta 2009. Sin embargo, el fenómeno tuvo profundas modificaciones con el pasar de los años, hubo manifestaciones violentas más simbólicas y difusas que imposibilitaron responsabilizar a los actores, el crimen organizado creció considerablemente haciendo más difícil reconocer el accionar político de estas nuevas organizaciones. En las siguientes páginas, se buscará demostrar que el fenómeno paramilitar independientemente de sus profundos cambios mantuvo controles territoriales en función de objetivos políticos y económicos.
Consideraciones metodológicas
La metodología implementada en esta investigación parte de los principios de la teoría fundamentada, este paradigma reflexiona sobre los hechos sociales desde el acercamiento empírico. Las categorías de análisis surgen como resultado de la discusión de la literatura especializada con los hallazgos de campo. Este enfoque busca que sea el acercamiento con la realidad lo que permita el surgimiento de las categorías de análisis, más allá de la relación atemporal y acrítica de categorías con los hechos sociales. Sin embargo, este no descuida la importancia de la literatura especializada sobre los temas y promueve un diálogo constante entre los factores empíricos y teóricos (Glaser, 1977).
A través del Software Atlas.ti se sistematizó la información recolectada en campo a través de diferentes instrumentos de investigación implementados como la observación participante multisituada, la cartografía social y las entrevistas. Esto sirvió para reconstruir patrones y tendencias del accionar paramilitar en la ciudad, así se diseñó la categoría "territorialidad paramilitar" y sus variables para identificar el accionar territorial de estos grupos.
La territorialidad de los actores armados en contextos de conflicto se relaciona en la mayoría de los estudios con las acciones violentas que estos inscriben en el espacio. La georreferenciación de las acciones a escala local no da cuenta de las dinámicas territoriales, pues la presencia y accionar espacial no solo están relacionadas con el uso de la fuerza. En este orden de ideas, el vacío de información existente de las dinámicas locales -y por los criterios tradicionales para el estudio del fenómeno- obligó a diseñar nuevos e innovadores marcos metodológicos que permitan comprender la dinámica territorial de los grupos paraestatales.
Según el informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) (2017), titulado Crimen organizado y saboteadores en tiempos de transición, las representaciones de las territorialidades de los actores armados presentaron tres problemas: a) No existen bases de datos a nivel local que permitan reconstruir y entender las trayectorias espaciales de los actores armados, b) Hay una sobreproducción y una sobrevaloración de la información periodística sobre el conflicto armado y c) No hay un criterio para determinar qué es la territorialidad de un actor armado ni cómo este lleva a cabo su ejercicio de territorial.
La principal crítica a la interpretación geografía del conflicto es que reduce la territorialidad de los grupos armados a sus acciones violentas en el espacio, en otras palabras, "reducir la presencia a hechos violentos y acciones armadas es negar una realidad que ha sido construida históricamente por los grupos armados y que es reconocida por la población" (Escobar, 2018).
Para solventar los vacíos metodológicos planteados anteriormente se propuso el diseño de un muestro espacial y evaluación de las fuentes de información sobre el conflicto armado en Bogotá. Si bien existen múltiples fuentes de información en el desarrollo del pensamiento sobre el conflicto armado, para el diseño del muestreo espacial se seleccionaron fuentes de carácter no gubernamental como los informes de la Corporación Nuevo Arcoíris, la Fundación Paz y Reconciliación, Fundación Ideas para la Paz (FIP), el Banco de Datos Noche y Niebla del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep). Las fuentes gubernamentales, los informes del Centro de Estudios y Análisis de Convivencia y Seguridad Ciudadana de Bogotá (CEACSC) y sistema de alertas tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo.
Con estas fuentes de información se buscó determinar la distribución geográfica de los grupos paramilitares a través del tiempo, identificando los lugares donde habían ejercido su poder político, económico y militar. De esta manera, se logró identificar 5772 barrios con registro de presencia paramilitar, luego de ello se diseñó el muestro espacial, operación que permitió determinar los territorios donde se realizó el trabajo de campo. Este diseño, tuvo tres criterios: a) posibilidades de acceso, b) presencia continua y c) ubicación espacial del fenómeno.
Estos criterios permitieron seleccionar 577 barrios con presencia continua de grupos para-militares entre 2000 a 2016. Entre estos se destacaron 59 barrios con presencia continua en 16 zonas tanto del centro como de la periferia urbana. En cuanto a las posibilidades de acceso se identificaron 45 barrios en las mismas 16 zonas que, por motivos de seguridad, no fue posible visitar. La tabla 1 expone los lugares donde se realizó el trabajo de campo en relación con los tres criterios anteriormente expuestos.
Tabla 1 Muestreo espacial. Zonas de trabajo de campo y aplicación de instrumentos de investigación según criterios
Fuente. Elaboración propia.
Después de establecer los lugares del trabajo de campo, en un segundo momento se buscó operacionalizar el concepto de territorialidad paramilitar, identificando las variables en función de la literatura y los hallazgos en campo. De esta manera, la primera variable fue la construcción social sobre la territorialidad paramili-tar, esta hace referencia a las representaciones sociales del accionar paramilitar por parte de las comunidades directamente afectadas. La segunda variable hace referencia a los objetivos de control territorial, que permitió reconocer las motivaciones de infiltración territorial revelando el entramado histórico de la presencia paramilitar y, por último, la tercera variable identificada fueron los mecanismos de control territorial para indagar sobre las herramientas y estrategias que desplegaron los grupos paraestatales en el control poblacional y territorial.
En un tercer momento, tras explicar las variables de análisis y los territorios del trabajo de campo, se diseñó como estrategia cualitativa el mapeo de la territorialidad que permitió cartografiar los procesos geohistóricos de estos grupos. El mapeo de conflictos es una perspectiva metodológica que permitió comprender situaciones sociales de confrontación violenta o pacífica, estableciendo los hechos, las dinámicas y las acciones entre los actores sociales reconociendo la naturaleza cambiante de los conflictos (Franco, 2004). La realización del mapeo fue posible a la información recolectada en la implementación de los instrumentos de investigación como la cartografía social, la etnografía multisituada y las treinta y cinco entrevistas semiestructuradas.
Resultados y discusión. Constantes estructurales de la territorialización paramilitar en el área metropolitana de Bogotá (2009-2016)
Los hallazgos de esta investigación son diversos, se logró especializar los procesos territoriales de los grupos paramilitares durante los años de investigación por zonas de influencia; se reconstruyó la territorialidad paramilitar en toda la ciudad y se establecieron tres constantes estructurales del proceso de territorialización paramilitar. Las constantes que se discutirán a continuación permiten comprender la configuración de la territorialidad paramilitar.
La primera constante se denomina la territorialización paramilitar está determinada por el uso racionalizado de medios coercitivos (Escobar, 2018). Esta idea reposa en la información recolectada en campo y la teoría de Kalyvas (2006) en su libro La lógica de la violencia en la guerra civil, la autora señaló que la relación territorial se teje entre los actores armados y la población civil en función del uso racionalizado de la violencia. En el documento se contextualiza dicha relación, sosteniendo que, dependiendo del grado de aceptación o rechazo por parte de la población civil hacia el actor armado, este último despliega en mayor o menor grado la violencia simbólica, física o psicológica. La territorialidad como respuesta del uso de los medios de coerción determina las relaciones socioespaciales que la población civil y los actores armados construyen en el espacio. Los procesos de infiltración territorial o de territorialización establecen los grados de violencia que se despliegan, por ejemplo, en los lugares donde el control es reducido y la aceptación por parte de la comunidad es baja se da un uso indiscriminado de la violencia. Por otro lado, en los lugares donde hay mayor aceptación del actor armado la coerción es reducida, por el nivel de aceptación social, los medios ya no responden a violencia física sino a estrategias como la persuasión, la individualización de los riesgos y la codependencia.
En relación con la primera constante, a través de los resultados del trabajo de campo y de la revisión de literatura especializada se identificó que el periodo de 1981 a 2008 se caracterizó por la infiltración territorial y la reestructuración de los grupos paraestatales, el uso de la violencia física y directa fue constante y visible. No obstante, en el periodo posterior de 2009 al 2016, la violencia física fue menos evidente, pero se transformó hacia violencia aún más racionalizada y simbólica, principalmente, porque los actores armados perdieron las lealtades históricamente ganadas y por la incapacidad tanto militar como política de interferir en la población, sumado a ello, estos sufrieron fuertes golpes de la fuerza pública y tuvieron problemas internos que hicieron que perdieran el poder territorial.
A partir de lo anteriormente expuesto es preciso inferir que en un primer momento la territorialidad ejercida por los grupos paramilitares respondió a la construcción de la violencia física a través de fuerza armada, directa y visible principalmente en zonas de disputa o de recién infiltración en la década de los noventa y en el inicio del siglo xxi. Por otro lado, en el escenario posterior se desarrolló una territorialidad de carácter intermitente caracterizada por la violencia simbólica, en cuanto a la población, la posibilidad de incidir sobre esta fue reducida por la pérdida de poder. Los actores armados entre el 2009 y el 2016 solo tuvieron poder sobre pequeñas actividades ilícitas. Según la información recolectada en campo -y los planteamientos de Kalyvas- se determinó una tipología territorial que permitió mapear los procesos territoriales, de esta manera se establecieron que existían diferentes tipos de territorio en relación con la presencia continua y el uso de la violencia: territorios en disputa; territorios de dominio simbólico, retaguardia desactivada y presencia intermitente; territorios de retaguardia, de dominio y presencia histórica; territorios en red (corredores, nodos y centro de control); territorios de coexistencia (Escobar, 2018).
Fuente. Elaboración propia.
Figura 1 Proceso espacio-temporal de la territorialidad paramilitar en el área metropolitana de Bogotá
El proceso espacio temporal de la territorialidad paramilitar en Bogotá que se expone en la figura 1 resume las dinámicas territoriales de los grupos paraestatales desde la década de los ochenta hasta 2016 en relación con las constantes estructurales.
Ahora bien, la segunda constante hace referencia a las transformaciones de los grupos posdesmovilización que repercuten de manera directa en la territorialidad ejercida (Escobar, 2018). Para comprender los procesos de territorialización es necesario entender la estructura organizativa y el origen grupos paramilitares.
Se pudo establecer que de 2009 a 2012 en la ciudad hacían presencia cinco organizaciones: Águilas Negras, la organización del Loco Barrera, Bloque Héroes Carlos Castaño, Rastrojos y el Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia (Erpac) y durante el siguiente periodo de 2013 a 2016 estuvieron presentes tres organizaciones: Las Águilas Negras, el Bloque Meta y el Clan de Golfo. Los procesos de territorialización de estos grupos fueron interpretados en función de su origen y tipo de organización criminal (Restrepo, et al., 2009).
Como se había mencionado anteriormente, las estructuras que resultaron en Bogotá de 2009 al 2016 resultaron de la desmovilización de las AUC. La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), entidad del Estado colombiano, clasificó los grupos emergentes en tres: rearmados, emergentes y disidentes (Franco, 2014). Por rearmados se entienden los grupos reincidentes que tenían comportamientos delincuenciales iguales a los grupos previos. Por emergentes, los grupos que se desarrollaron para suplir los vacíos de poder político y económico dejado por los grupos paramilitares, si bien no tenían el mismo poder ni la misma visibilidad, su actuación militar era considerable. Y, finalmente, por disidentes, los miembros de las AUC que no entraron al proceso de desmovilización y continuaron con su actividad criminal (Restrepo et al., 2009).
De acuerdo con Restrepo et al. (2009), estas organizaciones residuales también tienen estructuras particulares, ya que -según los resultados del trabajo de campo- la manera de organizarse internamente repercute de manera directa sobre el ejercicio territorial. Existen tres tipos de organizaciones según su estructura: en red, jerárquica y híbrida. Por estructuras en red se entienden aquellas que tienen un alto nivel de complejidad, que no tienen definido un mando, por ende, existe cierta independencia de las acciones violentas que sus miembros realizan y lo único que los identifica como grupo es que comparten símbolos similares como estandartes, escudos y frases. Por jerárquicas se entienden las organizaciones que presentan una línea de mando definida y tiene una baja complejidad por su fuerte disciplina militar, con líderes establecidos y el uso de diferenciados. Y por estructuras hídricas, se reconoce aquellas que no tienen mandos lineales y su complejidad es mediana dado que son organizaciones federales con cierta independencia en sus acciones militares, aunque comparten objetivos comunes. A continuación, se presentan los diferentes grupos resultantes relacionados con las tipologías:
Grupos paramilitares identificados de 2009 a 2012 clasificado según el origen de los combatientes y el tipo de estructura:
Bloque Héroes Carlos Castaño (BHCC): rearmados-estructura híbrida.
La organización del Loco Barrera: rearmado-estructura híbrida.
Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia (Erpac): disidentes y rearmados-estructura jerárquica.
Rastrojos: emergente-estructura híbrida.
Grupos paramilitares identificados de 2013 a 2016 clasificado según el origen de los combatientes y el tipo de estructura:
Clan de Golfo: rearmados, disidentes y emergentes-estructura jerárquica.
Bloque Meta: rearmados y emergentes-estructura jerárquica.
En la investigación no se identificaron estructuras paramilitares en red. Sin embargo, hubo un actor paramilitar fuertemente denunciado por la ciudadanía que ha hecho presencia de manera continua en la ciudad de Bogotá y no se enmarca en ninguna de las tipologías presentadas: Las Águilas Negras. Este es un grupo para-militar difuso con un alto nivel de complejidad debido a sus acciones. La información que se recolectó dio cuenta que esta organización no tiene cohesión militar ni presenta una jerarquía definida, ya que es una estructura esporádica que mantiene el orden dominante por medio de las amenazas, asesinatos selectivos y lesiones personales (Human Rights Watch, 2010). La categoría Águilas Negras ha sido instrumentalizada desde el establecimiento y los medios de comunicación como un significante vacío que reproduce miedo e inseguridad en la ciudadanía sin ningún tipo de respaldo empírico. Sin embargo, este grupo sí se responsabiliza por el asesinato, lesiones personales y amenazas a líderes sociales, periodistas, estudiantes y profesores universitarios (Valencia y Montoya, 2017).
La tercera constante identificada con el proceso de territorialización paramilitar fue la coaptación de los conflictos estructurales de las comunidades lo que garantiza un ejercicio territorial paramilitar más efectivo (Escobar, 2018). Según Franco (2003), la categoría conflicto urbano ha sido mal interpretada en la academia para explicar fenómenos urbanos y se relaciona de manera directa con conceptos como violencia urbana y guerra civil. El conflicto urbano, según la autora, no es un conflicto a gran escala ni tiene una dinámica concreta de la guerra y tampoco es un resultado de la violencia en la ciudad, por el contrario, es una relación social antagónica que permite la construcción creativa del territorio urbano y de nuevas relaciones socioespaciales. Diferentes conflictos, como la privatización de lo público, la pobreza, la desigualdad urbana, la ruptura Estado-ciudadanía, entre otras, son algunas variables que se tejen en la realidad urbana Bogotana desde hace mucho tiempo y se entrecruzan con la dinámica de la guerra en el país y con el escalonamiento de la misma. Si bien estos problemas son estructurales y responden a la misma configuración de la ciudad, la presencia de actores armados transformó radicalmente estas problemáticas y los mismos territorios urbanos, afectando de manera directa el derecho a la ciudad y otras posibilidades más democráticas y plurales de vivir la ciudad.
Desde este punto de vista, la territorialidad ejercida por los grupos paramilitares y su eficacia se relaciona con la coaptación de problemas estructurales que, según el trabajo de campo y la literatura trabajada, son: conflictos por la configuración socioeconómica, conflictos por la producción de ciudad y conflictos por el control político (Escobar, 2018).
Estos tres tipos de conflictos se manifiestan en los territorios con altos niveles de pobreza, con experiencias precarias de la ciudad, con déficit en la satisfacción de necesidades básicas y vulnerabilidad socio espacial (Franco, 2003). La coaptación y lucha por estos territorios en su mayoría periféricos o centros precarizados son puntos geoestratégicos para el desarrollo de actividades ilegales y la promoción de un discurso contrainsurgente. En las figura 2 y 3 se representan los mapas de los territorios donde se hubo mayor intensidad de los conflictos conceptualizados en relación con las constantes anteriormente trabajadas (uso de la violencia y tipologías según origen y estructura).
Fuente. Elaboración propia.
Figura 2 Territorialidad contrainsurgente en el área metropolitana de Bogotá (2009-2012)
Fuente. Elaboración propia.
Figura 3 Territorialidad contrainsurgente en el área metropolitana de Bogotá (2013-2016)
La territorialidad representada en estos dos mapas muestra las representaciones socioterritoriales de las comunidades con los actores armados, se identificaron los mecanismos y objetivos de control en relación con los problemas estructurales. De esta manera, podemos afirmar que, la territorialidad paramilitar no es uniforme y configura territorios particulares según los objetivos establecidos y por el estatus del mismo: en disputa o en coexistencia. Los actores paraestatales no solo violentan los territorios sino se han convertido en referentes políticos, sociales y económicos en la configuración y ordenamiento del espacio urbano.
Según lo mencionado anteriormente, los grupos paramilitares y las transformaciones que sufren sumado al uso de la violencia inciden de manera directa sobre la configuración territorial urbana. Por ende, identificar el origen, el tipo de estructura y la manera en que coaptan los problemas estructurales es fundamental para comprender cómo el fenómeno paramilitar persiste en la transformación urbana de la ciudad de Bogotá y de su área metropolitana.
Ahora bien, en relación con lo mencionado durante el periodo de 2009 al 2012, los grupos paramilitares generaron "intervenciones territoriales estratégicas" para recuperar las retaguardias. Históricamente, contaban con un capital social y político que facilitó su control. Aunque el nivel militar era significativo el despliegue de la violencia fue mínimo por el nivel de control social que tenían.
La mayor dinámica violenta del proceso de infiltración territorial paramilitar se vivió en el suroccidente y suroriente de la ciudad. Se desarrollaron fuertes retaguardias militares y políticas de grupos como el Erpac, Héroes Carlos Castaño y Águilas Negras. En estos territorios se observó mayor nivel de coaptación de los problemas estructurales arrebatados a la guerrilla de las FARC-EP. Cabe mencionar, que los municipios de Cota y la Calera fueron satélites para el flujo de mercancías hacia el nororiente y noroccidente de la ciudad, pero también fueron indispensables para el desarrollo político en Codito y en algunos barrios de la localidad de Suba.
En el suroccidente de Bogotá y el área metropolitana se identificaron relaciones territoriales de coexistencia entre la delincuencia común y los grupos paramilitares, en función del comercio de estupefacientes. Estos territorios fueron durante mucho tiempo retaguardias históricas -arrebatadas a la guerrilla de las FARC-EP- que permitirían el flujo de mercancías (drogas y armas) tanto en la ciudad como fuera de esta. Así mismo, se lograron desarrollar zonas de coexistencia entre la guerrilla y grupos paramilitares tal como señala la figura.
Posteriormente, de 2013 a 2016, tras los operativos de la fuerza pública para desmantelar el crimen organizado en Bogotá y su área circundante, hubo una reducción de las retaguardias y una trasformación de los usos de la violencia, estas hicieron intermitente su control territorial. La coaptación de los problemas estructurales se redujo considerablemente por la oferta de servicios sociales y de seguridad por parte del Estado, sin embargo, la inconformidad de la población se mantuvo, al igual que las representaciones sociales de la presencia de los grupos paramilitares.
Según los hallazgos del trabajo de campo es evidente que se transformaron las relaciones socioespaciales en la configuración de la territorialidad paramilitar, pero no desapareció el fenómeno, principalmente, por la continuidad del conflicto armado y el escalonamiento de la guerra en los centros urbanos. Aunque los controles económicos y políticos se redujeron significativamente tal como lo señala la figura 3, los territorios de retaguardias se redujeron y se convirtieron en territorios de coexistencia entre dos o más actores armados. También se incrementaron las disputas por puntos estratégicos de la ciudad como los sanandresitos y Corabastos y, además, se evidenció la baja incidencia de las FARC-EP en el sur de la ciudad. En cuanto a los centros de control visibles en los mapas, muchos se desmantelaron y otros surgieron en relación con la presencia del Estado y la transformación del grupo armado, sumado a ello surgieron nuevos nodos de control político y económicos dirigidos a la población.
Conclusiones
El escalonamiento de conflicto armado en Bogotá responde al proceso de asimetrización que se ha desarrollado desde los años ochenta, esto implicó que el control para-militar se reajustó territorialmente durante cuatro etapas en las que se ha racionalizado el uso de la violencia física y simbólica. Esto implica que el fenómeno paramilitar continúa sobreviviendo a las nuevas condiciones políticas, sociales y territoriales del país debido a su capacidad de reajustarse.
En el área metropolitana de la ciudad de Bogotá, la territorialidad paramilitar no es homogénea porque depende de los objetivos de incursión territorial, esto se puede evidenciar en el sur de la ciudad donde el objetivo es económico y buscan monopolizar y controlar las actividades legales e ilegales. En el norte, el objetivo obedece al orden político dado el nivel de infiltraciones para-militares en las organizaciones locales. Por otro lado, en el norte, las Águilas Negras, una organización en red y difusa, controló a la población con sus intereses políticos por medio de asesinatos selectivos y panfletos amenazantes; mientras en el sur y suroccidente, el Erpac y, posteriormente, el Bloque Meta frenarían la expansión de las FARC-EP, lo que permitió reconocer que los procesos de territorialización dependen de las transformaciones de los actores y la estructura de sus organizaciones.
Otros de los factores que determinan la territorialidad paramilitar en la ciudad de Bogotá son las zonas de coexistencia y los núcleos de disputa y esto a su vez sugiere mayor o menor despliegue de violencia tanto física como simbólica. En el suroccidente existió mayor violencia dado que se disputaron dos núcleos que son Corabastos y el norte del municipio de Soacha. En cambio, en el sur hubo un menor control violento debido a los pactos de no agresión entre las Águilas Negras y el Erpac y, posteriormente, entre El Clan del Golfo, El Bloque Meta y las Águilas Negras y un mayor control simbólico de estos grupos sobre la población y el territorio.
Los principales objetivos de los procesos de territorialización establecidos en esta investigación fueron el control de rentas y los negocios ilegales, que hacen referencia al control económico, sin embargo, si no se garantiza un mínimo nivel de control político, el despliegue de estrategias por el control económico es reducido. Esto indica que el carácter político de las organizaciones paramilitares carece de fundamentos al no estar explícitamente evidenciado. La monopolización de los problemas estructurales de la población es un ejercicio político por el reemplazo de las funciones estatales en la gestión del suelo urbano (comercialización y gestión del suelo urbanos) y por el control político (establecimiento de redes clientelares y control de las zonas de participación ciudadana como las Juntas de acción comunal). Por lo tanto, se sostiene que el ejercicio paramilitar persiste de manera reducida e intermitente, lo que sugiere una reducción de su poder, pero no su ausencia.
