La inflación es el incremento continuo y sostenido en el nivel general de precios, y su control es uno de los objetivos fundamentales de la política económica en cualquier país, dados los efectos que tiene en la economía y en la sociedad. En primer lugar, afecta el poder adquisitivo de las personas, en la medida en que se reduce su capacidad de compra, es decir, tendrán menos ingresos para cubrir sus gastos. De esta forma, la inflación actúa como un impuesto regresivo, en la medida en que afecta los ingresos de la población, en especial de la más pobre, que ve cómo dichos recursos se reducen. En segundo lugar, genera una redistribución forzada del ingreso, debido a que los productores trasladan el incremento de precios al consumidor final; este resultado tiene repercusiones más notorias en los asalariados, sobre todo en quienes poseen bajos niveles de remuneración. En tercer lugar, afecta, inevitablemente, la competitividad de un país, puesto que, si la inflación es más alta que la de sus socios comerciales, los bienes y servicios del país que tienen precios altos no serán atractivos en los mercados internacionales.

La inflación, que estuvo en niveles bajos en los últimos años, se intensifica cuando se reactivan las economías, después de mitigar, en parte, los efectos de la pandemia provocada por el COVID-19. Durante este periodo era normal que hubiera una mayor demanda de bienes, pero la cadena de suministros fue interrumpida y eso generó la escasez, que llevó a que los precios se incrementaran; luego, en febrero de 2022, la guerra en Ucrania atizó el proceso inflacionario.

En todos los países los niveles de inflación están desbordados. En Estados Unidos, el primer socio comercial de Colombia, llegó en abril a un nivel de 8.3 % anual, una cifra que no se registraba desde hace 40 años. En la Eurozona ha alcanzado el 7.5 %, y es posible que se incremente aún más, dado el eventual desabastecimiento de petróleo y gas, que hace que la energía sea más costosa e impacte el nivel general de precios. En el caso de algunos países de América latina, también los datos son inquietantes, si se tiene en cuenta que las cifras de la inflación anual en mayo son: Brasil 12.1 %, Chile 10.5 %, Perú 9.47 % y México 7.7 %.

Este incremento sustancial en el nivel de precios también afectó a Colombia. La variación anual de la inflación acumulada hasta abril fue de 9.23 %, el nivel más elevado registrado en los últimos 22 años. En mayo, tal como se pronosticaba, bajó muy poco y fue de 9.07 %; en lo corrido del año es de 6.55 %. El comportamiento ascendente del costo de vida en el país se inició en marzo de 2021, alcanzando la cifra máxima en abril del presente año. Al compararse la variación anual en mayo de 2021 que fue de 3.30 %, con la observada en mayo de 2022, el incremento es de 5.77 %, la cual, sin duda, es una cifra notable. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), la inflación en el mes de mayo de 2022 fue de 0.84 %, destacándose el rubro de los alimentos como el de mayor variación con 1.56 % y, por tanto, el que más aportó en el incremento de los precios.

Si bien la inflación es un fenómeno mundial, es apenas normal que en cada país se tomen medidas para combatirla. En el caso de Colombia se han aplicado diferentes políticas, una de ellas es el aumento en la tasa de interés fijado por la Junta Directiva del Banco de la República, con el fin de reducir la demanda y de esta forma controlar el aumento de los precios. Es así como dicha variable ha pasado de 1.75 % en septiembre de 2021 a un 7.5 % en junio de este año y se espera que la entidad la siga aumentando.

Dado que uno de los factores que más ha presionado el incremento en el costo de vida es el comportamiento de los precios de los alimentos, el Gobierno colombiano expidió entre marzo y abril del presente año los decretos 307 y 504, por medio de los cuales redujo el arancel a cero a más de 200 insumos del sector agropecuario con la finalidad de que los costos de producción de los alimentos no sigan subiendo y, por ende, aumentando la inflación. A pesar de ello, y a juicio de Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), el resultado en la importación de maíz y soya para la producción de concentrados para animales es nulo, puesto que antes de expedidas estas normas el arancel ya era de cero, a lo que se agrega que más del 94 % de los fertilizantes importados no tenían impuestos.

Una tercera medida para luchar contra la inflación en Colombia fue mantener, desde enero del presente año, los precios de los combustibles líquidos (gasolina y diésel) invariables, pese a que el precio internacional del petróleo ha tendido a elevarse. Esta medida llevó a que el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC) incrementara su déficit en 2,7 billones de pesos y sea actualmente de 14.2 billones.

Esta última estrategia fue reconsiderada el martes 14 de junio, cuando el Ministerio de Hacienda presentó el Marco Fiscal de Mediano Plazo, en el que se proyectan incrementos en el galón de la gasolina corriente y en el diésel o ACPM de $200 en los meses de junio y julio y de $250 en el mes de agosto. A partir de septiembre los incrementos serán graduales y secuenciales de $400 en la gasolina y de $250 en el diésel "hasta que se cierren los diferenciales de compensación" que, en el caso de la gasolina, será en agosto de 2023 y en el del ACPM en junio de 2024.

De las tres medidas atrás reseñadas, la primera la implementará el Banco de la República que, por mandato constitucional, "velará por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda", por ello, es de esperar que la institución siga incrementando la tasa de interés y que pueda llegar a terminar el presente año, según los analistas Gómez y Montenegro, entre 7.5 % y 9 %, respectivamente. Esta medida, dirigida a reducir la demanda, puede ser poco efectiva y puede llevar a que la inflación se siga incrementando, afectando negativamente a la población. Para el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, el impacto en el incremento en el costo de vida depende del estrato económico y de los productos que se consuman: para las familias pobres es de 11.26 %, para las vulnerables 11.07 %, para las de clase media de 9.46 % y para las de ingresos altos del 7.46 %.

La medida del Gobierno actual de no incrementar el precio de los combustibles en lo corrido del año y, de esa forma, amortiguar la inflación, es una decisión de carácter político. Al Ejecutivo le interesa en un año electoral (elecciones parlamentarias y elección presidencial) mostrar que el proceso inflacionario que vivía el país era provocado más por causas externas que por factores internos. Si se hubieran incrementado dichos precios, la inflación en la actualidad sería más alta, debido a que el precio de los combustibles no solo afecta el transporte, sino también la producción de los diferentes bienes y traslada el incremento de los costos al consumidor final. Los estudios del Ministerio de Hacienda demuestran que "por cada 1000 pesos que aumente el precio de los combustibles la inflación subiría 1 %". Por otro lado, Hernán Rincón Castro, investigador del Banco la República, "estima que un choque de 10 % a los precios de la gasolina y del ACPM aumenta la inflación en un 1.31 %".

El próximo Gobierno tendrá, necesariamente, que subir el precio de los combustibles, de lo contrario la situación fiscal del país será inmanejable; dicha decisión conducirá, inevitablemente, al incremento de la inflación, pero los costos políticos ya no los padecerá el actual Gobierno, sino el próximo, que, recién instalado, deberá enfrentar una situación aún más complicada, por el gran desfase existente entre los precios internos de los combustibles y los precios internacionales del petróleo.