Presentación

Aquí se presenta una lectura sintética del Paro Nacional³, en particular en el contexto de Cali, en clave de análisis de conflicto y su transformación, abordando los procesos de diálogo, mediación y negociación, que han conducido a un trámite parcial de esta protesta, que por su alcance en la ciudad adquirió la connotación de “estallido social”⁴.

Se parte de reconocer que se ha producido una avalancha de documentos, artículos, columnas de prensa, textos audiovisuales y mensajes, muchos escritos al calor de los acontecimientos, dirigidos a “dar cuenta” o señalar “la verdadera naturaleza” de lo acontecido en estos meses, específicamente en Cali. Algunos orientados a demostrar las “causas estructurales profundas del Paro y del Estallido” y su “justeza” e incluso a comprender todos los repertorios expresados en el contexto de esta movilización⁵ y a denunciar la “respuesta represiva del Estado”. También constatar que se produjeron documentos críticos, centrados en mostrar las razones, actores y motivaciones detrás del “desbordamiento” y los “repertorios violentos” o incluso, del lado oficial, en señalar sólo “conspiraciones” y “motivaciones políticas”.

No obstante, a ocho meses de su desenlace y si bien se ha ido decantando la discusión, aún son muchas las preguntas que se plantean en una lectura analítica comprensiva no sólo para entender las “causas” y factores que han incidido o determinado esta “explosión”, sino su dinámica y los retos, dada la amenaza y la posibilidad de una reproducción. En el presente texto proponemos entonces el análisis centrado en esa dinámica y los retos en la perspectiva de entender las posibilidades y dificultades de su transformación constructiva.

Introducción

El Paro Nacional iniciado el 28 de abril del 2021, que se prolongó al menos por dos meses en el que se expresaron y se fueron sumando actores y demandas diversas a lo largo y ancho del territorio nacional, tuvo como detonante el rechazo a proyectos y políticas del Gobierno encabezado por el presidente Duque, del partido Centro Democrático y los partidos de la coalición gobernante: las reformas tributaria y a la salud, al régimen de contratación laboral y pensional. De otra parte, con demandas sobre: una renta básica, equivalente a 1 Salario mínimo mensual, la matrícula cero para el ingreso a universidades, la revisión de los TLCs y el cumplimiento de acuerdos (suscritos con estudiantes universitarios, grupos de productores del campo, indígenas y comunidades campesinas y camioneros), y respecto a los Acuerdos de Paz, su pleno cumplimiento y la no fumigación de cultivos ilícitos; la eliminación del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) entre otros. Si bien el Paro en un primer momento enfrentó a organizaciones sociales de carácter nacional, con el Gobierno Duque y sus políticas, amplió su alcance y abrió espacio a la expresión de conflictividades diversas con la presencia de actores más locales y la inclusión de demandas tanto al gobierno nacional como a gobiernos territoriales, como en el caso específico de Cali y el Valle del Cauca.

Se puede caracterizar como una movilización y protesta masiva, fundamentalmente pacífica⁶, la más grande en varios decenios, tanto a nivel nacional, como local y regional, que puso en evidencia la inconformidad de amplios sectores sociales populares y medios de Colombia, el cansancio y la angustia frente a problemáticas acumuladas -de precarización económica y desigualdades- que la pandemia y su manejo mostró y amplificó, con especial fuerza en la ciudad de Cali. No obstante, en la dinámica del Paro y especialmente en el contexto de diversos hechos de confrontación, la respuesta por parte de las autoridades policiales fue violenta. Como consecuencia, en las primeras 6 semanas se produjo cerca de medio centenar muertos (^{Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH], 2021}, pp. 6-7), la mayoría de ellos jóvenes manifestantes y dos agentes del Estado, y múltiples violaciones de derechos humanos que alimentaron la sucesiva confrontación, y sus banderas, con la demanda de desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía y la solicitud de la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)⁷.

En ese contexto, igualmente entre los asuntos más resaltados y objeto de polémica, fueron el del “vandalismo” contra infraestructuras públicas y privadas⁸ y el de los bloqueos continuados durante cerca de 8 semanas. Estos fueron especialmente fuertes en Cali y el Valle del Cauca, departamento en el que, para mediados del mes de mayo, fecha más crítica, se presentó el 27%, de esta modalidad de protesta, sobre el total del país, convirtiéndose pronto en el referente de la protesta nacional y su dinámica clave para entender el alcance de este momento que marca un quiebre en la expresión de conflictividades, en la protesta social y en las demandas de transformación y cambio social y político.

Como parte de “los bloqueos” en diversos sitios de la ciudad y del Área Metropolitana de Cali⁹ denominados “puntos de resistencia”, se produjo la expresión de un heterogéneo “movimiento” juvenil y popular: la Unión de Resistencia Cali (URC)¹⁰, constituida sobre la marcha de los acontecimientos, con resonancia y reedición en otras ciudades del país, que llegó a plantear por fuera del Comité local y regional del Paro sus propias reivindicaciones, generando una dinámica que sobrepasó de hecho a la dirección nacional del Paro y en parte a la propia dirección regional.

El conflicto, su dinámica y actores¹¹

En términos de análisis y comprensión del conflicto, debe recordarse que todo conflicto implica actores concretos, enfrentados en torno a un asunto o problema, como objeto de la disputa, que se presenta como una oportunidad de cambio y transformación, pero igualmente en tanto disputa puede escalar hacia fases de enfrentamiento violento, en la cual las partes buscan imponerse o simplemente, debilitar al contrario y/o afianzarse y fortalecerse en sus propósitos. Por consiguiente, las formas de protesta presentes y desarrolladas durante estas semanas, sólo pueden entenderse en tanto formas de acción social, de expresión de “actores” o de grupos con determinadas motivaciones e intereses, en algunos casos directamente conectadas con demandas explícitas -“pliegos petitorios”- pero también no explícitas de naturaleza fundamentalmente político-ideológicas.

En el caso concreto de Cali se ha hecho referencia a los jóvenes y a los estudiantes como actores centrales de la movilización, especialmente en los sitios de bloqueo que terminaron configurando la denominada resistencia y le dieron el carácter de explosión social, determinando en buena parte el impacto del paro en la ciudad, la región y el país y que posicionaron la idea de Cali como capital de la Resistencia (^{Hernández-Lara, 2021}).

Reconociendo su mayoritaria presencia a través de las denominadas “primeras líneas”, debe señalarse que son diversas las evidencias de que, igualmente en esos lugares se expresaron y los sostuvieron, desde su inicio, diversos liderazgos, procesos y organizaciones sociales de los territorios y de las comunidades (de iglesias, ONG´s, movimientos políticos) que apoyaron la movilización, al menos durante el primer mes. Varios de estos procesos y grupos fueron tomando distancia, en la medida que se sostuvo la estrategia de bloqueo indefinido y que comenzó a afectar a las mismas comunidades: en su movilidad hacia el trabajo, la provisión de bienes, la seguridad en los sectores; esos mismos colectivos, en unos casos discutieron en asambleas de punto, planteando primero la necesidad de flexibilizar - “creación de corredores humanitarios”- y luego el levantamiento de los bloqueos y nuevas estrategias como “barrio adentro” -como en Siloé y Meléndez. En otros casos se fueron alejando y retirando el apoyo, lo que llevaría en parte a un final lánguido, en medio de una extensa discusión sobre la legitimidad de los bloqueos indefinidos¹² y el carácter indefinido del mismo paro.

Por otra parte, también se involucraron organizaciones y grupos cercanos a pandillas, “oficinas” y otros actores radicales (milicianos del ELN y de las disidencias de las FARC) que buscaron imponer sus lógicas y su control, lo que fue permanente fuente de tensión y también de cuestionamiento sobre su influencia o incidencia en la movilización, además de propiciar disputas y diversos hechos de violencia adentro y hacia afuera de los puntos¹³.

Esto se relaciona además con el carácter “espontáneo” u “organizado” de la protesta y del estallido, expresada en los “puntos de resistencia”: la primera alternativa sostenida por quienes la ven como una respuesta “heroica” y casi de supervivencia de los jóvenes contra la “desigualdad estructural”. La segunda, del lado gubernamental y de críticos especialmente de los “medios violentos del paro”, para quienes detrás había intereses de grupos organizados, incluyendo movimientos políticos, algunos cercanos a expresiones ilegales. Las evidencias se sitúan a mitad de camino, en efecto, varios activistas del paro y de los puntos de bloqueos, reconocen la existencia de un proceso de preparación previo, que de alguna forma remiten al paro del 21 de Noviembre de 2019, cuando se presentaron bloqueos en algunos de los puntos que reaparecieron en 2021¹⁴, pero también a hechos previos, sucedidos en la Universidad del Valle, en Abril de 2019¹⁵.

En este sentido, no puede descartarse como hipótesis que, si bien el estallido expresó la irrupción de dinámicas estructurales¹⁶ que hicieron eclosión en la coyuntura creada por la pandemia del Covid y su manejo por parte del Estado, la convocatoria del Paro abrió el espacio para que se expresaran, de un lado, actores espontáneos -especialmente muchos de los jóvenes y grupos marginados- y de otro, para que actuaran y confluyeran procesos organizados, agendas e intereses no espontáneos, que aprovecharon la coyuntura y convirtieron el paro y su dinámica en un espacio de acción política, con propósitos diversos y complejos, particularmente en el caso de Cali y el Valle.

Como parte de esta hipótesis la escalada de la violencia especialmente fuerte en Cali - como en Bogotá- podría también leerse como una especie de “teatro de operaciones”, en el que actores que incentivaron y apoyaron las acciones de hecho y de violencia en la ciudad, la convirtieron en un “laboratorio”, un campo no sólo de “aprendizaje”, sino en el que se jugaban intereses políticos, asociados a la explotación de los efectos de la escalada violenta: confrontar a la autoridad y su legitimidad, “agudizar las contradicciones” o también generar la sensación de inseguridad, caos, incertidumbre y miedo, que tiene como consecuencia demandar más “autoridad y orden”; estrategias y repertorios en las que convergen y se encuentran sectores extremistas de izquierda y de derecha¹⁷.

Retomando el tema sobre la “naturaleza” de la movilización, también se presentaron hechos espontáneos relacionados con la respuesta ciudadana y de personas en las comunidades, que le dieron impulso y legitimidad a la protesta con dinámicas que desbordaban a sus líderes, incluyendo la circulación de grupos y la alternancia en los “liderazgos”, en los diversos sitios y conforme a los momentos, que ratificaban parte de esa espontaneidad, que al mismo tiempo representaría parte de su debilidad.

La pluralidad y diversidad de actores, con agendas e intereses diversos, señalan la complejidad de motivaciones y factores que le dieron permanencia a la “explosión” en la ciudad pero también explican las dificultades posteriores para canalizar el proceso y encontrar alternativas y salidas. Esas dificultades se expresan en el proceso mismo de conformación y acción de la Unión de Resistencia Cali (URC), la designación de sus vocerías y la determinación de una plataforma de exigencias, que se vino a consolidar sobre la marcha en la propia fase de negociación con el Gobierno Distrital¹⁸. El carácter heterogéneo, en términos de expectativas, experiencias y posturas ideológico-políticas de este colectivo, así como las tensiones políticas y la dificultad de consolidar vocería y liderazgo estable y reconocido, incidieron en el diálogo y la negociación entre ellos y con otros sectores -gubernamentales, empresariales, universidades, eclesiales etc. Asunto clave a la hora de concretar sus logros en la negociación y conducir a un cierre concertado y no a la imagen del levantamiento de los bloqueos por cansancio o agotamiento¹⁹.

Este mismo tema puede indicar la expresión de un conflicto “difuso” y por momento “intratable” (por la diversidad de problemáticas, la dispersión de la contraparte y de los puntos objeto de la disputa); asunto que parece fundamental para encontrar no sólo respuestas y alternativas de coyuntura, sino sobre todo de transformación, superando las lógicas que tendían a mantenerlo en la confrontación violenta y su instrumentalización política²⁰.

Esta cuestión se vincula al impacto económico del Paro, que alimentó buena parte del debate y la polarización respecto de la legitimidad de los bloqueos -fuertes en Cali y el Valle del Cauca- como forma de protesta pacífica, en tanto estos si bien se constituyeron en una poderosa arma de presión contra el gobierno y en parte contra los sectores empresariales, terminaron afectando a las propias comunidades y a personas de los sectores más pobres, que precisamente habiendo apoyado al movimiento fueron tomando distancia y discutiendo la necesidad de su levantamiento.

Los impactos del Paro fueron diversos²¹, algunos muy cercanos a la vivencia de la gente como el desabastecimiento, nunca antes vivido en la ciudad, de bienes básicos (gasolina, alimentos y materias primas diversas), que se tradujo en: el incremento de precios, la fractura de algunas cadenas productivas, la imposibilidad de movilizarse al trabajo -formal o informal - el consecuente deterioro de fuentes de ingreso de muchas familias, y el crecimiento de la problemática del hambre que afectaba ya antes especialmente a los sectores más pobres de la ciudad.

¿Las comunidades y la sociedad civil, un tercero en la disputa²²?

La coyuntura y el desenlace del Paro, produjo un gran sacudón y un profundo impacto político y emocional con la movilización de conciencia de amplios sectores sociales, que involucró de diversa manera a toda la sociedad caleña y regional, agitando en las primeras semanas sobre todo las pasiones y las emociones, incluyendo el miedo y una sensación de desesperanza y fractura irremediable. En efecto, en las primeras semanas, diversos sectores ciudadanos reaccionaron primero contra los bloqueos y contra “el vandalismo”, la mayoría en forma pacífica, llegando muchos a los puntos a dialogar²³, con acciones no violentas, que muy poco se mostraron en la información y en las narrativas predominantes en las redes.

Pero por otra parte en la zona Sur de la ciudad, algunas personas esgrimieron y utilizaron armas contra manifestantes, en el enfrentamiento entre grupos de la Minga Indígena²⁴ y personas de Ciudad Jardín, el día 9 de mayo, cerca de la Iglesia la María en Ciudad Jardín, que pudo haber llevado no sólo al escalamiento del enfrentamiento, sino a una especie de confrontación entre sectores civiles en la ciudad; evento precedido además por la amenaza por parte de algunos habitantes de esta zona contra quienes sostenían los bloqueos. Estos hechos dieron el calificativo de “los ciudadanos de bien”, para referirse a grupos de ciudadanos de algunos barrios de estratos altos opuestos al paro y quienes convocaron a la “marcha del silencio” contra el paro y los bloqueos, realizada el 25 de mayo de 2021²⁵.

Como resultado, en la narrativa expresada en diversos medios -prensa y especialmente en las redes sociales- se ha resaltado el tema de la polarización política, ideológica y cultural, con nuevos estigmas (“los ciudadanos de bien”, “los vándalos” o “los indios”)²⁶ y nuevas “fronteras invisibles”²⁷, precisamente entre barrios de estratos altos y sectores populares aledaños. Si bien esta reacción fue evidente y muy fuerte en las primeras semanas y se mantiene como un asunto no sólo de polémica, sino de confrontación ideológica alentada por sectores extremistas, también motivó la expresión de voces y de una dinámica de reconocimiento, de escucha -entre diversos grupos y liderazgos ciudadanos- y procesos orientados no sólo a entender las motivaciones y razones en la base de la “indignación”, sino la profundidad de las desigualdades, que dividen a la sociedad, y la necesidad de construir caminos de inclusión, de transformación y reconciliación. Iniciativas de sectores de la sociedad civil que contribuyeron en la fase crítica, precisamente a desescalar la confrontación y a lograr que las estrategias de diálogo y negociación, contribuyeran a canalizar la protesta hacia una salida no violenta y en perspectiva de transformación pacífica de la conflictividad, tanto en escenarios institucionales (Mesa de negociación entre representantes gubernamentales y la URC), como en otros escenarios ciudadanos con la participación de jóvenes, empresarios, líderes sociales, académicos y de la iglesia.

En esta dirección hago referencia sintética a algunas dinámicas y actores que considero, caracterizan esta fase de transición, luego de ocho meses de iniciado el paro y de seis meses de su fase de mayor escalamiento, buscando resaltar precisamente una dimensión menos presente en la narrativa dominante del paro -la del “heroísmo”, la “resistencia” y el “vandalismo”- en perspectiva de giro epistemológico de los estudios de paz, que precisamente muestran el activismo y la “agencia” hacia la salida no violenta y la construcción de salidas pacíficas y transformadoras al conflicto y conflictividades²⁸.

Algunos procesos emblemáticos se fueron consolidando en estos meses y hacen parte del contexto de dinámicas que favorecieron los procesos de diálogo y de acciones transformadoras que rodearon el espacio político-institucional representado en la Mesa de Negociación entre el Gobierno Distrital de Cali y la Unión de Resistencia Cali, a la que me refiero en la parte final. Entre esas están las siguientes: Mediación por Cali, Compromiso Valle del Cauca²⁹, El Acuerdo por Cali y su propuesta de construcción de una Visión compartida de ciudad, como proyecto estratégico de transformación de la conflictividad, de inclusión y reconciliación³⁰, la movilización desde el sector Universitario (Mesas de trabajo de Cidesco, y la Universidad Pal Barrio de estudiantes y profesores de Univalle) y otras iniciativas más localizadas, pero igualmente importantes, en cuanto al activismo social, en tanto procesos de empoderamiento pacifistas (^{Muñoz-Muñoz, Herrera-Flores, Molina-Rueda y Sánchez-Fernández, 2005})³¹.

En primer lugar debe señalarse que esta movilización impuso el llamado a la defensa de la vida por encima de todo³² y la no violencia, que realmente logró que el escalamiento y el nivel de la confrontación y violencia no hubieran sido más devastadores; abriéndole paso a una idea fuerza: “lo valiente es dialogar” levantada precisamente por los rectores de las Universidades de la región agrupadas en Cidesco, y el Arzobispo de Cali, propuesta directamente en el espacio de “mediación por Cali”.

La iniciativa de Mediación por Cali³³, surge como espacio no-formal, en los primeros días del mes de mayo, a instancias de un primer colectivo de trabajo conformada por algunos académicos y líderes empresariales, propuesta al Arzobispo de Cali, quien la lidera y en la cual se convoca a lideres empresariales regionales, religiosos, ambientalistas, académicos, mujeres y jóvenes de la URC, asesores de la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle, con una agenda asociada a entender las razones del paro, a escuchar a sus diversos actores, y apoyar el diálogo entre los y las jóvenes, el alcalde y sus secretarios, empresarios, líderes sociales, representantes de la Minga. También a buscar alternativas y proponer acciones transformadoras en diversos planos.

Algunos logros de este proceso: la propuesta de los corredores humanitarios, para que en diversos puntos de bloqueos se permitiera, primero el tránsito de heridos, enfermos y posteriormente de productos esenciales; escuchar directamente a algunos representantes de jóvenes de las primeras líneas, para entender sus razones, demandas y expectativas y posibilitar la propia labor de mediación; escuchar y dialogar con el Alcalde y miembros de su equipo de gobierno, sobre su propio análisis, propuestas y alternativas. Estos diálogos abrieron espacios para afinar respuestas frente a temas o asuntos más sentidos y críticos planteados por los representantes de la URC -educación, empleabilidad, comedores comunitarios y especialmente la protección y atención en derechos humanos- contribuyendo a algunas propuestas que la Alcaldía tradujo en medidas permanentes como el Programa Todos y Todas a Estudiar³⁴; también la mediación exitosa, entre la Minga y ciudadanos de Ciudad Jardín, ante los temores levantados por su llegada en el 19 de diciembre a Cali.

Debe señalarse que, en este espacio no todo era diálogo fluido y “color de rosa”, sino al contrario, allí se expresaba la desconfianza hacia y entre los diversos actores, la polarización, y por momentos la pugnacidad y la intolerancia, a veces en forma abierta y otras en formas más sutiles y veladas. No obstante, finalmente las personas participantes mantuvieron la disposición y la permanencia, que permitiría en estos meses ganar el respeto mutuo y el reconocimiento, y un nivel de confianza básica y de “acuerdos”, que marcan en el proceso una ruta, que uno de sus participantes denominó la de la “Cali resiliente”.

En síntesis, la iniciativa “Mediación por Cali” se dio en medio de diversas actividades de diálogo social y político³⁵, en las cuales se expresó el renacimiento del activismo desde sectores ciudadanos y de la sociedad civil local³⁶, sea como fuerza de presión e interpelación especialmente a la institucionalidad pública -Gobiernos local, regional y nacional-pero por momentos con acciones de interlocución con los propios jóvenes³⁷.

El Diálogo político, como estrategia y espacio de transformación del conflicto

Las acciones reseñadas antes se pueden enunciar, desde una perspectiva teórica, que va entre la resolución y la transformación del conflicto³⁸, que implica en primer lugar asumir y entender el conflicto como una oportunidad de cambio y transformación y, en segundo lugar de movilización y articulación de iniciativas (institucionales, ciudadanas, comunitarias), con la participación de actores directos y terceros. El diálogo y la interlocución política aparecen como estrategias de reconocimiento y comprensión de los puntos de vista enfrentados y espacios de comunicación para construir confianzas, analizar alternativas y construir acuerdos, no sólo para desescalar la confrontación sino para satisfacer demandas de corto plazo y modificar las condiciones que nutren el conflicto y la protesta misma.

En este contexto, el escenario central, y que tendría un papel decisivo en la canalización del estallido en Cali, fue la apertura por parte de la Alcaldía Distrital, de un espacio de diálogo, y al mismo tiempo de reconocimiento, con la recién constituida URC, como interlocutor y contraparte de la protesta en la ciudad de Cali; ese espacio fue construido con la mediación de representantes de Naciones Unidas y la Arquidiócesis de Cali, en las que además estuvieron presentes el Ministerio Público y delegados de la Minga y organizaciones sociales locales³⁹.

Como resultado de este proceso y teniendo entre sus antecedentes el ^{Decreto 1.17.0517 de 2021} de la Gobernación del Valle del Cauca, que dispuso la creación de “mesas territoriales para el desarrollo social en el contexto del Paro Nacional del 28 de abril de 2021”⁴⁰, el Alcalde Distrital expidió el ^{Decreto 4112.010.20.0304 de 2021}, en el cual reconocía en primer lugar a la URC como “movimiento autónomo de articulación de los puntos de resistencia para la interlocución en el diálogo social con la institucionalidad y la sociedad” (Artículo 1º ) y además establecía: Garantías para la protesta pacífica (Artículo 2º) , un Canal de salvaguarda de vidas, una Comisión de Derechos Humanos y una Mesa de diálogo, “como un espacio inclusivo y participativo, para la definición de agendas que nos conduzcan de manera concertada a distensionar las dificultades, trazar líneas de inclusión social y brindar garantías de participación”.

El Decreto recibió ataques de diversos sectores y especialmente de representantes del Centro Democrático -el partido del gobierno- y grupos locales opuestos y enfrentados con el Gobierno Distrital, por considerar que el reconocimiento y la negociación con la URC, legitimaba la violencia y el vandalismo en la ciudad. Simultáneamente fue objeto de cuestionamiento por el Ministerio Público, y demandado ante el Juzgado Administrativo de Cali, en tanto el decreto estaría “amparando las acciones de hecho e impidiendo la acción legítima de la policía y adicionalmente, contraviniendo el ^{Decreto presidencial 575 de 2021}”-sobre orden público y “asistencia militar a alcaldes y gobernadores”- señalándolo

como atentado grave e inminente contra la institucionalidad constitucional y legal, lo que generaría no sólo una desfragmentación de la unidad nacional, sino también una afectación grave y directa a los derechos de terceros que se verían afectados por el impedimento de la fuerza pública para actuar frente alteraciones del orden público. (^{Auto 603-016-2021})

Como resultado de la medida cautelar se suspendió el Decreto; no obstante una tutela interpuesta restablecería su aplicación.

Así, cobró vida el camino de diálogo y negociación política-institucional⁴¹, casi un mes después de iniciada la protesta, en un contexto y como un proceso intrincado y complejo. En primer lugar porque, la URC planteó -no sin razón- como asunto prioritario y por momentos una precondición para avanzar en las negociaciones de otros temas, la denuncia de violaciones de derechos humanos y la demanda de verdad y justicia; lo que en parte desbordaba la competencia del Gobierno Distrital. La continuidad de los enfrentamientos y de hechos de violencia en varios de los “puntos de resistencia”, así como la denuncia de detenciones y seguimientos a miembros de la URC, implicaron un motivo de permanente tensión y freno a una negociación productiva, en los primeros dos meses de su trabajo.

De otra parte, dificultades de los dos actores centrales, operaron como obstáculos para el avance de una negociación productiva; de un lado, la propia naturaleza de la URC, como grupo heterogéneo, con vocerías inestables, circulantes y oscilantes en sus propias posturas, a veces dominadas por la posición de asesores, con sus propias agendas políticas, que seguían alimentando el radicalismo no sólo verbal, sino que de hecho justificaba y mantenía los bloqueos cuando era evidente el desgaste y el alto riesgo para quienes los realizaban y el riesgo político para la propia mesa y el camino de la negociación. Se agregan las propias dificultades del lado del Gobierno local y en parte del Departamental, en consolidar una propuesta y una ruta que pudiera responder eficazmente tanto a la presión por levantar los bloqueos, recuperar el control del orden público en la ciudad y responder a las exigencias inmediatas de los voceros y colectivos: seguridad y justicia, protección, alimentación, empleabilidad y alternativas de educación, entre otras. En un contexto político no favorable: tensiones con el gobierno central -más interesado en una salida de fuerza-, el reclamo de diversos sectores ciudadanos afectados por los impactos del Paro, y que desde diferentes posturas confrontaban al Alcalde Distrital⁴², y el condicional apoyo político en el Concejo Distrital⁴³ para sacar adelante las propuestas para dar respuestas al menos a una parte de las demandas planteadas en la mesa de negociación.

Una mezcla de desgaste, cansancio de los actores centrales, también de necesidad y simultáneamente el cambio de perspectivas, para encontrar una ruta de avance permitió que se fueran concretando algunos logros, de carácter inmediato y otros más mediatos, unos desarrollados directamente por el gobierno Distrital, que finalmente logró el apoyo y la aprobación del Concejo y levantar como eje de su propuesta la “reconstrucción de la casa común” en el contexto del proceso de la adecuación de la nueva estructura del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de servicios y la definición de nuevas localidades⁴⁴. De esta forma, el espacio del diálogo y la política logró un “cierre parcial”, con una perspectiva de resolución temporal y en parte de transformación pacífica del conflicto, que incluyó algunas conquistas y logros parciales para los y las jóvenes⁴⁵ y las comunidades y un terreno de aprendizaje y dinamización política de la ciudad.

Una hipótesis a manera de conclusión

Transcurridos ocho meses, podemos arriesgar una hipótesis en relación con la situación de la ciudad, sacudida por el estallido: se ha producido un salto de conciencia expresado en diferentes sectores y acciones, que puede traducirse en una perspectiva de transformación pacífica, a partir del diálogo múltiple, el cumplimiento de los acuerdos parciales, el desarrollo y profundización de acciones transformadoras diversas desde el sector público, los empresarios, las universidades, la comunidad internacional y sectores de los jóvenes de la URC y las organizaciones sociales. Que le han dado paso a la idea fuerza de “Cali resiliente”, y muestran también un proceso de politización colectiva que privilegia, precisamente la acción política, la no violencia y el diálogo entre los distintos actores. Se trata de un proceso abierto y en el que se expresan liderazgos⁴⁶ y motivaciones diversas, emergentes y nuevas en el contexto local; proceso contradictorio, con fragilidades y amenazas/retos para consolidar y sobre todo profundizar la perspectiva de convergencia hacia el propósito de construir visión y estrategias de transformación económica, social, política y cultural, para superar desigualdades y exclusiones históricas.

En este sentido, son grandes los retos que se enfrentan, que de no ser asumidos y transformados con acciones cooperativas y constructivas, representan un riesgo de reedición, en una fase de la historia local y nacional, plagada de incertidumbres. En tanto el “estallido” ha revelado los problemas de liderazgo político y gobernabilidad local: las debilidades y la baja capacidad de gestión del lado gubernamental, por la lentitud y limitada eficacia en las políticas públicas y acciones a su cargo; la desconfianza hacia el Gobierno local, de parte de actores claves -empresarios y élites locales y por momentos los mismos jóvenes y sectores académicos-, pero no sólo por el tema de transparencia; a lo que se añade el desconocimiento mutuo. Esto se traduce en la ausencia de una apuesta común, de largo plazo y la baja capacidad de coordinación para responder no sólo con acciones de corto plazo sino con políticas públicas y proyectos de transformación estratégica.

Por otra parte, la conformación y la actuación del propio actor o contraparte social (en primer lugar los jóvenes y la URC, pero también las organizaciones sociales y ciudadanas) requieren superar no sólo fracturas y la polarización, sino los problemas de liderazgo y capacidad de representar la pluralidad de grupos expresados localmente. En este sentido es un reto fundamental consolidar nuevos liderazgos y el protagonismo expresado desde diferentes grupos de jóvenes y ciudadanos, incluyendo la renovación de la política local, el fortalecimiento de las capacidades de diálogo y escucha para la construcción de acuerdos, precisamente en dirección a construir un proyecto y una visión de ciudad incluyente, como guías del compromiso y la acción colectivos.

El asunto de fondo es la permanencia de condiciones estructurales -que como he señalado se refieren no sólo a los aspectos económicos, sino de gobernabilidad, de seguridad, y al profundo rezago educativo, que propiciaron la protesta y el estallido- pero sobre todo la percepción de inacción o desconfianza en la puesta en marcha de acciones y procesos efectivos de cambio. En este sentido, un reto central se refiere a la permanencia de las amenazas y riesgos de seguridad, que se expresan en la ciudad y la región, vinculada a la presencia de actores ilegales - bandas del narcotráfico, la criminalidad y la insurgencia-⁴⁷, actuantes en el estallido y que tienen a la ciudad como objeto y escenario de su estrategia de confrontación al Estado y en particular al Gobierno Duque. Asuntos que claramente trascienden al nivel nacional y se conectan con la respuesta o “solución” a la problemática del narcotráfico y al logro de la “paz completa”⁴⁸.

Precisamente, en este sentido debe señalarse el reto político vinculado con el desenlace de la coyuntura político nacional, prevista para el 2022, en tanto la posibilidad de encontrar convergencia y propósitos comunes de transformación de las condiciones estructurales, a las que hemos hecho referencia, pero también de la polarización política, va a depender en parte del resultado. Esto además, en tanto el Cali y el Valle aparecen como una de las regiones políticamente más activas y movilizadas y donde el tono y el resultado de la confrontación política serán claves no sólo respecto de los vínculos con la propuesta nacional que reciba el respaldo de la mayoría de los y las colombianas, sino por la conexión y las alternativas de solución con los propios retos y prioridades locales. Se trata de un asunto para nada simple, dada las diferencias de “dinámicas” y tiempos territoriales, pero donde el diálogo local y la movilización social y políticas seguirán siendo fundamental para que, cualquiera sea la opción nacional elegida⁴⁹, se haga posible concertar y darle efectividad a una agenda de transformaciones locales y regionales, que contribuya a remover los factores estructurales invocados o en la base de los conflictos.

Se requiere por tanto una estrategia plural y mancomunada en una perspectiva de gobernanza, en la cual si bien son claves el liderazgo y los programas estatales -tanto del nivel local como regional y nacional- son fundamentales la coordinación y acción concertada de los agentes estatales con y entre los sectores empresarial, educativo, cultural, y las comunidades organizadas; pero igualmente la agencia de todos los actores sociales, políticos e institucionales, que comparten la perspectiva de transformaciones efectivas en el marco de las instituciones del Estado Social de Derecho y para darle efectividad a diversas promesas de la Carta Constitucional de 1991, respecto de una sociedad y un Estado democrático, incluyente y pluralista.