* Artículo de reflexión académica, resultado del proyecto: “Actualización y modernización del Derecho Societario colombiano: la SAS como punto de referencia”, proyecto de investigación con vigencia 2016-2017, y en el cual el autor del presente trabajo académico participa como investigador principal. El presente escrito se elaboró en la línea de investigación en Derecho Privado Sustancial, del grupo de investigaciones en Derecho Privado y del Proceso de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Colombia, seccional Bogotá, Institución que se encargó de financiar esta investigación.

¹Sobre este interrogante, expone Tamayo (2009, p. 123): “La cuestión pareció insólita a primera vista y los no partidarios de la teoría esgrimieron el argumento según el cual, quien ejerce un derecho, no puede cometer culpa ni ser responsabilizado. Otro factor en contra se halla en que la teoría hace su aparición en vigencia del individualismo, característico del siglo XIX. A partir de este criterio se reconoció el absolutismo de los derechos subjetivos. El titular, respaldado en su derecho, no podía hacer mal. Se le consideraba como si tuviera un verdadero derecho de perjudicar”.

²Por eso, y con toda razón sostiene Suárez (2008, p. 202): “El derecho moderno, y especialmente el derecho actual, hace del abuso una idea mucho más comprensiva; es abusivo todo acto que, por sus móviles y por su fin, es opuesto a la destinación, a la función del derecho en ejercicio; el criterio puramente intencional tiende a sustituir un criterio funcional, deducido del espíritu del derecho, de la función que le ha sido asignada. Cada derecho tiene su espíritu y su finalidad”.

³Afirma Suárez (2008, p. 201): “El problema del abuso del derecho se presenta también desde otra perspectiva ¿hasta dónde la autoridad del Estado debe proteger a quien ejerce un derecho con fundamento en la normativa jurídica que con esta actuación dañina y maliciosa causa daño a otro u otros?”.

⁴Al decir de Martínez (2010, p. 401): “Desde esta perspectiva, los tres criterios reseñados por la jurisprudencia pueden ser de naturaleza objetiva o subjetiva. Dice la Corte que la ilicitud en el ejercicio de los derechos ‘puede manifestarse de manera subjetiva -cuando existe en el agente la definida intención de agravar un interés ajeno o no le asiste un fin serio y legítimo en su procedero bajo forma objetiva cuando la lesión proviene de exceso o anormalidad en el ejercicio de determinada facultad, vista la finalidad para la cual fue esta última incorporada y reconocida en el ordenamiento positivo’. Al tratarse de criterios subjetivos, su prueba suele ser más compleja porque supone penetrar en el fuero interno de la voluntad del titular del derecho en ciernes, con miras a establecer la finalidad seria o innoble en el ejercicio de éste. Por lo general, será a través de la confesión o de la prueba indiciaria como el juez podrá persuadirse que un derecho se ha ejercido con el propósito o la voluntad de lesionar a un tercero en su persona o en su patrimonio”.

⁵“[…] deberá apreciarse si el mencionado titular obró con interés serio y legítimo, esto es, buscando el fin económico y social a que normalmente está dirigido el derecho de que se trate; en caso contrario se concluirá que actuó sin un interés importante y genuino y si con ello produce perjuicios a terceros, se estará en la hipótesis de un hecho ilícito generador de responsabilidad civil… De esta forma, con torcida intención, o sin ella, el titular de un derecho pude ejercitarlo de manera excesiva, inoportuna, innecesaria o con un propósito o finalidad desviada, dando lugar, en todos estos eventos, a un típico ejercicio abusivo del derecho ” (Suescún, 1996, pp. 19-20).

⁶“En este orden de ideas, tratándose de la autonomía de la voluntad privada y el conjunto de facultades que se condensan en la de celebrar un determinado negocio jurídico o dejar de hacerlo, en la de elegir con quien realizarlo y en la de estipular las cláusulas llamadas a regular la relación así creada, pueden darse conductas abusivas que en cuanto ocasionen agravio a intereses legítimos no amparados por una prerrogativa específica distinta dan lugar a que el damnificado, aun encontrándose vinculado por el negocio y por la fuerza precisamente de las consecuencias que para él acarrea la eficacia que de este último es propia, puede exigir la correspondiente indemnización” (Cas. 19 de octubre de 1994, M.P.: CARLOS ESTEBAN JARAMILLO, CCXXXI, segundo semestre, 709 a 777, citada por Rengifo, 2004, pp. 66-67).

⁷Así, sostiene Martínez (2010, p. 403): “Pese a que se han desarrollado criterios o pautas para el análisis de una conducta frente al deber objetivo de no causar daño a otro a partir del ejercicio de un derecho, lo cierto es que nuestros jueces han reconocido que no existen elementos de derecho positivo excluyentes para concluir en qué casos no hay lugar a la aplicación del art. 830 del estatuto mercantil, de suerte que corresponde al juez en cada caso concreto dirimir si el ejercicio de un derecho da lugar o no a un deber indemnizatorio, en tanto este se haya dispuesto o ejecutado de manera ‘abusiva’. En este empeño, el operador judicial tiene un poder moderador que debe guiarse esencialmente por la finalidad de impedir que alguien ejecute su derecho de manera ignominiosa, desbordando los fines de éste y causando daño a otro”. Y en palabras de Rengifo (2004, pp. 118 - 119): “el abuso del derecho es lo que los jueces dicen que ello es. Hay, pues, en esta materia un cierto grado de discrecionalidad y de libertad del juez en la apreciación de pruebas y circunstancias del abuso del derecho. El juez, en fin, tiene poder discrecional en la apreciación de los medios probatorios que en el debate judicial le proporcionan las partes”.

⁸Así las cosas, y tal y como lo advierte Martínez (2010, p. 404), “El derecho societario es uno de los campos más fecundos para la aplicación de la teoría del ‘abuso del derecho”. En el mismo sentido Peña (2015, p. 4): “En el campo del derecho socie tario no es de minúscula relevancia la figura; por el contrario, este es particularmente susceptible de que se abuse de los derechos, pues las sociedades se caracterizan por ser un punto de confluencia de diversos tipos de intereses, tanto personales como sociales, que pueden fácilmente oponerse… Así, debido a la presencia de diversas relaciones y ne xos entre todos estos actores, la sociedad puede fácilmente convertirse en un nicho asidero de com portamientos oportunistas movidos por el deseo natural de satisfacción del beneficio individual. Además, como las posiciones y facultades de los distintos actores no son las mismas, la propensión al abuso siempre es latente”.

⁹Advierte Reyes (2016, p. 252): “En general, se re conoce en la doctrina comparada, la existencia del denominado abuso de la personalidad jurídica de la sociedad, que no es sino la utilización de la for ma asociativa en el exclusivo interés personal de quienes la dirigen o controlan. Sin embargo, como ya se afirmó, el ámbito en que la teoría ha tenido mayor aplicación es el de las determinaciones de asambleas o juntas de socios”.

¹⁰Ahora bien, Martínez (2010, p. 405), pone de pre sente la diferencia que existe entre los conceptos de “conflicto de interés” y “abuso del derecho al voto”: “Nuestra legislación no prohíbe como regla general el ejercicio del derecho de voto por parte del accionista cuando por cuenta propia o ajena tiene un interés contrario al de la sociedad, como sí lo disponen la ley argentina (art. 248, Ley de So ciedades Comerciales) y la italiana (art. 2373). No obstante, parte del supuesto de que las decisiones de la asamblea deben tener carácter general, vale decir, afectan de una misma manera a todos los socios, so pena de que el acuerdo respectivo sea inoponible a los socios ausentes y disidentes (art. 190, Código de Comercio). En casos concretos, no obstante, el legislador se ha anticipado al conflic to de intereses, inhibiendo el voto del accionista, como sucede en relación con la aprobación de los balances de fin de ejercicio y las cuentas de los ad ministradores, situación frente a la cual el art. 185 del Código de Comercio prohíbe a los administra dores-accionistas votar sus propias cuentas. Otro tanto ocurre frente al administrador que pretende negociar acciones de la propia sociedad, en cuyo caso le está vedado participar en las decisiones del órgano competente orientadas a aprobar o im probar su participación (art. 404, ibídem). En todos estos eventos, se habla de un verdadero conflicto de interés que conduce a que el socio deba abste nerse de ejercer el voto, porque en estos casos ‘la satisfacción del propio interés se haría en sacrificio del interés social’. Sin embargo, una cosa es votar en medio de un conflicto de interés y otra bien dis tinta, abusar del derecho al voto. Porque aunque, según nuestro criterio, en ambos casos el titular del derecho político lo ejerce sin consideración al interés social, lo cierto es que el abuso del derecho se produce cuando tal transgresión a la regulación del voto se hace con un motivo ilícito, consistente en causar daño a los socios o a la sociedad”.

¹¹Sobre “el derecho al voto y su conexión con la fun ción social del derecho de propiedad accionaria”, sostiene Córdoba (2014, p. 3989: “Las acciones son bienes que pertenecen a sus titulares que en el ejercicio de sus derechos no escapan al orden constitucional, en particular porque se trata del derecho de dominio sobre unos títulos que incor poran unos derechos, en particular el de voto, que deben ser ejercidos según la Constitución”.

¹²No obstante, con buen criterio, la jurisprudencia de la Delegatura para los Procedimientos Mer cantiles de la Superintendencia de Sociedades ha expresado que: “la existencia de un conflicto intrasocietario puede tomarse como un indicio de la posible intención lesiva detrás de la aprobación de determinaciones que perjudiquen a uno o varios asociados” (Colombia, Superintendencia de Socie dades, Sentencia de febrero 27 de 2014, proceso nº 2012 - 801 - 029. Caso Capital Airports Holding Company v CAH Colombia SA).

¹³“La sociedad, una vez constituida legalmente, for ma una persona jurídica distinta de los socios”.

¹⁴“La asamblea general de accionistas ejercerá las funciones siguientes: …6. Adoptar las medidas que exigiere el interés de la sociedad”.

¹⁵“Los administradores deben obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Sus actuaciones se cumplirán en interés de la sociedad”.

¹⁶“Los administradores responderán solidaria e ilimi tadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad”.

¹⁷“Sin embargo, cuando adoptada la decisión por la asamblea o junta de socios, no se inicie la acción social de responsabilidad dentro de los tres meses siguientes, esta podrá ser ejercida por cualquier administrador, el revisor fiscal o por cualquiera de los socios en interés de la sociedad”.

¹⁸“La acción podrá ser ejercida por cualquier adminis trador, por el revisor fiscal o por cualquier asociado en interés de la sociedad”.

¹⁹“Los administradores y el revisor fiscal, respon derán por los perjuicios que causen a la sociedad, a los socios o a terceros por la no preparación o difusión de los estados financieros”.

²⁰Acerca de las teorías institucionalistas del Derecho de Sociedades, sostiene Rovira (2010, pp. 154-155): “Entendido que la rentabilidad de la empresa es la consecución del éxito de ésta en la inserción en una comunidad por la calidad o necesidad de sus productos y servicios, las nuevas doctrinas que se han venido desarrollando en la ciencia de la admi nistración muestran la importancia de focalizar la gestión no solo en la rentabilidad medida como la relación costo-precio, sino también en la obten ción de mercado y reconocimiento por aquellos a quienes van destinados los productos o servicios que genera o comercializa la empresa. Surge, así, la necesidad de una visión del desarrollo institucional -y también la concepción aggiornada de la empresa instituciónque tome en cuenta la importancia de satisfacer otros intereses menos mezquinos para poder ser éxitos en un mercado”.

²¹Sobre la naturaleza jurídica del derecho al voto, dentro del contexto propio del concepto de “interés social”, sostiene Rovira (2006, pp. 133-134): “Se han elaborado diversas teorías acerca de la naturaleza jurídica de este derecho. De este modo, quienes analizan la sociedad desde la perspectiva institucionalista conciben al voto como una potestad. Otros, como JAEGER, lo consideran ligado a un deber de colaboración entre los socios. Finalmente, otra posición lo considera un derecho subjetivo y otros lo califican como un derecho función, en tanto si bien es un derecho y no una obligación (pues el socio no puede ser obligado a votar), el ejercicio de ese derecho debe ser realizado en atención al cumplimiento del interés social”.

²²Al decir de De Romisier (1979, p. 74): “Más moder namente, y ateniéndose a las características que le son propias a las sociedades por acciones, sobre todo a partir de la segunda guerra mundial, se ha elaborado en la doctrina francés la teoría del abu so del derecho y de la desviación de poder, que se apoya en mucho, en la concepción de Josserand de los derechos-funciones., según la cual tales dere chos no son conferidos para su ejercicio egoísta sino que debe tenerse en mira el interés general. Así, cuando se trata de derechos-funciones, las prerrogativas conferidas guardan estrecha relación con los deberes que le son impuestos a su titular. En el ámbito societario, los derechos otorgados por la ley o los estatutos tiene por fin que sus ti tulares desarrollen una actividad beneficiosa para la sociedad, cabiéndole al juez determinar si tales derechos han sido ejercidos conforme a su destino y procediendo la anulación de una decisión toma da por los órganos societarios cuando ella revista carácter abusivo”. En un sentido muy similar sostiene Rovira (2010, pp. 154-155): “Entendido que la rentabilidad de la empresa es la consecución del éxito de ésta en la inserción en una comunidad por la calidad o nece sidad de sus productos y servicios, las nuevas doc trinas que se han venido desarrollando en la ciencia de la administración muestran la importancia de focalizar la gestión no solo en la rentabilidad me dida como la relación costo-precio, sino también en la obtención de mercado y reconocimiento por aquellos a quienes van destinados los productos o servicios que genera o comercializa la empresa. Surge, así, la necesidad de una visión del desarrollo institucional -y también la concepción aggiornada de la empresa instituciónque tome en cuenta la importancia de satisfacer otros intereses menos mezquinos para poder ser éxitos en un mercado”.

²³Reyes (2016, pp. 434-435): “Como es sabido, el artículo 43 de la Ley 1258 de 2008 estableció que el abuso del derecho en las determinaciones de asamblea, además de dar lugar a la indemnización de perjuicios, puede ocasionar la nulidad absoluta de la decisión adoptada, por la ilicitud del objeto. Las nuevas normas procesales son armónicas con los desarrollos sustantivos introducidos en esta materia por la ley de la SAS. En efecto, la regulación procesal permite suplir las deficiencias advertidas en el contenido del artículo 830 del Código de Co mercio, bajo cuyo imperio solo es viable impetrar la indemnización de perjuicios en los casos de abuso del derecho… Aparte de las sanciones a que acaba de aludirse, tampoco puede desestimarse el hecho de que sea posible intentar acciones de responsa bilidad de los administradores en aquellos casos en que la determinación hubiere sido adoptada por los miembros de la junta directiva, como ocurre en la colocación de acciones de sociedades anónimas. Con fundamente en lo previsto en el artículo 23, numeral 6 de la Ley 222 de 1995, les corresponde a los administradores sociales, además por que se cumplan las normas legales y estatutarias, el deber de darle un trato equitativo a todos los asociados. La capitalización abusiva podría considerarse como una actuación parcializada en contra de ciertos grupos de accionistas. Por último, no escapa al entendimiento la posibilidad de que algunas de las acciones judiciales a que se han hecho referencia puedan intentarse de modo concomitante. Así, pues, podrían coexistir acciones de nulidad con las de responsabilidad de administradores. La prescripción correspondiente sería, en todo caso, la de 5 años, prevista en el artículo 235 de la ley 222 de 1995”.

²⁴Al decir de Martínez (2010, p. 418): “No cabe duda de que la asamblea, con el voto de mayoría requerido en la ley o en los estatutos, puede hacer dejación del derecho de preferencia respecto de una deter minada emisión de acciones, impidiendo que los socios actuales ejerzan el derecho a suscribir una proporción de la nueva emisión. Pero tal decisión debe estar inspirada en el interés social, como su cede por ejemplo, cuando se trata de incorporar a la propiedad de la compañía un socio estratégico para el desarrollo de la empresa… Pero, como ocu rre frecuentemente, cuando la decisión se funda en el interés de la mayoría de que el suscriptor sea una persona vinculada a la mayoría, para diluir a los demás accionistas, en detrimento de sus in tereses, se estará en presencia de una conducta abusiva, proscrita por el legislador… Por eso la Superintendencia de Sociedades ha precisado: ‘… si la supresión, por acuerdo de mayoría, se orienta a favorecer a determinados accionistas en detrimento del interés de los demás, los disidentes o ausentes mantendrán siempre la opción a suscribir la proporción que a ellos corresponda si así lo manifiestan expresamente a la sociedad, y en tales eventos, la Superintendencia hará respetar el derecho preferencial. Una interpretación diferente conducirá a patentizar el abuso del derecho por parte de los accionistas mayoritarios contra las mi norías, abuso que sanciona expresamente la legis lación comercial (Código de Comercio, art. 830)’…”.

²⁵Sobre este punto ha sido enfática la Superintenden cia de Sociedades al expresar que: “no es suficiente alegar que las decisiones aprobadas en una reunión asamblearia fueron contrarias a los intereses sub jetivos de un accionista minoritario. Para acreditar que se produjo un abuso, debe demostrarse que las actuaciones del mayoritario estuvieron orien tadas por una finalidad ilegítima. Ello ocurriría, por ejemplo, si el derecho de voto fue ejercido con la intención deliberada de causarle un perjuicio al ac cionista minoritario. De no acreditarse esta u otra finalidad ilegítima, las pretensiones judiciales del minoritario serían inexorablemente desestimadas” (Colombia, Superintendencia de Sociedades, Sen tencia de noviembre 20 de 2014, proceso n.º 2013 - 801-129. Caso Alexander Rodríguez v. Jorge Díaz Ángel, Ricardo Alonso Zamudio Alarcón y Jannas Grupo Empresarial SAS).

²⁶Sobre la capitalización abusiva, se ha pronunciado la Delegatura para los Procedimientos Mercantiles de la Superintendencia de Sociedades, en los siguientes términos: “Esta figura consiste en au mentar el capital suscrito de una sociedad con el propósito primordial de provocar modificaciones en la distribución porcentual de las acciones en circulación. La capitalización abusiva se presenta, por ejemplo, cuando una emisión primaria de accio nes se aprueba para diluir, en forma premeditada, la participación de un accionista en el capital de la compañía. En esta hipótesis, la capitalización no tiene como propósito principal conseguir nue vos recursos para el fondo social, sino que, por el contrario, se convierte en un simple instrumento para expropiar a un asociado” (Colombia, Superin tendencia de Sociedades, Sentencia de febrero 27 de 2014, proceso nº 2012 - 801 - 029. Caso Capital Airports Holding Company v. CAH Colombia SA).

²⁷“[…] aunque inadecuadamente, porque las estatutarias también resultan de la voluntad social que se condensa en el cuerpo de reglas que rigen la vida de la sociedad” (Narváez, 2008, p. 205).

²⁸Al decir de Neira (2006, pp. 89-90): “Aquí tiene un papel predominante el derecho esencial del socio de participar en las utilidades sociales; luego la asamblea o junta de socios debe determinar exac tamente las necesidades o las conveniencias que le servirán de fundamento a su determinación. Esta es la razón para que deba dárseles una destinación especial”.

²⁹No obstante, el artículo 454 de nuestro Estatuto Mercantil advierte que: “Si la suma de la reserva legal, estatutario u ocasionales excediere del ciento por ciento del capital suscrito, el porcentaje obli gatorio de utilidades líquidas que deberá repartir la sociedad conforme al artículo 155 se elevará al 70 %”.

³⁰Sobre el particular sostiene Pinzón (1988, pp. 164-165): “Estas medidas de previsión meramente circunstanciales constituyen reservas ocasionales y están expresamente previstas en el artículo 154 del Código de Comercio, pero subordinadas a…que tengan una destinación especial cierta, es decir que se hagan para fines ciertos y conocidos por los socios, ya que estos, como dueños de las utilidades, tienen derecho a que no se distraigan para fines que escapen a su control…y que el des tino de las utilidades así congeladas no se altere sino por acuerdo de la misma asamblea general de socios, adoptado en la forma prevista en los estatutos para decretar o crear las reservas, a fin de que los socios sigan ejerciendo el control que les corresponde sobre la inversión o destino de unas utilidades que no han dejado de ser suyas y que pueden ser distribuidas en cualquier momento en que resulten innecesarias para los fines justifi cativos de estas reservas”. Por su parte, Velásquez (2010, p. 282), afirma “Las reservas consideradas en su conjunto no deben exceder de un determinado porcentaje de las utilidades repartibles, porque el legislador ha creído que en este punto no debe hacer libertad absoluta, y que por lo menos el 50 % de éstas debe ser repartido a los socios al final de cada ejercicio (art. 155 del C. De Co.). Salvo que el quórum del 78 % de los asistentes decida repartir un porcentaje inferior”.

³¹“No debe perderse de vista, sin embargo, que la decisión de retener utilidades puede obedecer al loable propósito de fortalecer la empresa social. Cuando ello ocurra —es decir, si la retención de utilidades atiende a un propósito legítimo de nego cios y no a la intención de perjudicar a un accionista minoritario o de perseguir alguna otra finalidad extralegal— no parecería existir una verdadera jus tificación jurídica para que los jueces intervengan en los asuntos internos de la compañía” (Colombia Superintendencia de Sociedades, Sentencia de julio 18 de 2014, proceso n.º 2012 - 801-061. Caso Isabel Cristina Sánchez Beltrán v. Centro Integral de Atención del Infractor S.A.S., Jeny Marcela Cardona y Juan Carlos Cardona).

³²En opinión de la Superintendencia de Sociedades: “En las sociedades que negocian sus acciones en los mercados de valores, las cortes rara vez inter fieren con las políticas fijadas para la repartición de dividendos. Esta renuencia judicial está basada en un análisis eminentemente económico. La dis tribución de utilidades no es la única vía por la cual los inversionistas de una sociedad abierta pueden recibir los beneficios derivados de la actividad social. Cuando la compañía determina retener las utilidades del ejercicio, las sumas que no se re partieron fortalecen el patrimonio de la sociedad. Los accionistas pueden hacer efectivo este mayor valor mediante la simple venta de sus acciones en una bolsa de valores. Esta circunstancia, sumada al amplio margen de discreción que los jueces les dan a los administradores sociales y a la disciplina de mercado que impone la posible depresión en el precio de las acciones, suele dejar la política de dividendos de una sociedad abierta a salvo de cualquier escrutinio judicial. En las sociedades cerradas, ante la carencia de un mercado líquido para negociar acciones, la retención de utilidades puede ser bastante más problemática. En esta clase de compañías, los asociados usualmente ocupan cargos en la administración o le prestan servicios de alguna otra naturaleza a la sociedad. La remu neración derivada de estas actividades les permite a los accionistas recibir una porción de las sumas dinerarias generadas por la empresa social, sin que sea necesario decretar dividendos. Si un accionista minoritario no cuenta con un cargo remunerado en la compañía, la repartición de utilidades se con vierte en el único mecanismo disponible para que ese asociado reciba un retorno sobre la inversión que efectuó en la sociedad. Por ello, la retención reiterada de utilidades puede privar al minoritario, de manera permanente, de la plusvalía generada en desarrollo de los negocios sociales. De ahí que esta práctica sea de frecuente uso cuando un ac cionista mayoritario pretende forzar una compra, a descuento, de las acciones de los minoritarios. Esta estrategia de opresión, conocida en la doctrina especializada como la exclusión inducida (squeeze-out o freeze-out), ‘se manifiesta en una serie de actuaciones, tales como la negativa a repartir divi dendos, la asignación de remuneraciones excesivas a favor de los accionistas mayoritarios que forman parte de la administración, la celebración de con tratos con partes vinculadas, el favorecimiento de parientes de aquellos que controlan a la sociedad, estos casos de abuso, existe consenso en torno a la necesidad de que las decisiones de no decretar dividendos sean examinadas por un juez” (Colomel monopolio de los cargos de gestión, etcétera’. En bia Superintendencia de Sociedades, Sentencia de julio 18 de 2014, proceso n.º 2012 - 801-061. Caso Isabel Cristina Sánchez Beltrán v. Centro Integral de Atención del Infractor S. A. S., Jeny Marcela Car dona y Juan Carlos Cardona). da como la exclusión inducida (edades: “a). ntencia de os Mercantiles de la Superintendencia de Sociedades ha expresado que: ag da como la exclusión inducida (edades: “a). ntencia de os Mercantiles de la Superintendencia de Sociedades ha expresado que: ag

³³La cuestión jurídico - económica es formulada por Amaya (2015, p. 5), en los siguientes términos: “El problema reside en determinar si la decisión de retener las ganancias obtenidas en desarrollo de la actividad social obedece a la consecución de un verdadero proyecto legítimo de negocios, o al inconfesable propósito de los accionistas mayoritarios de adjudicarse prerrogativas individuales a expensas de los minoritarios. Al resolver un conflicto de esta naturaleza, el juez societario se enfrenta con la compleja labor de examinar detalladamente las decisiones internas de una compañía, ante la posible presencia de expedientes opresivos que pueden ser utilizados por los mayoritarios para lesionar deliberadamente a la minoría”.

³⁴Sobre este particular, advierte Narváez (2008, p. 209): “la praxis comprueba que cuando las reser vas de la sociedad son cuantiosas, en algunas de las sociedades se pone de manifiesto la tendencia generalizada entre los administradores de propo ner ensanches o inversiones a sabiendas de que no se realizarán, para justificar la disminución de la porción de utilidades repartibles a título de dividendos o de participaciones”. Y en criterio de la Superintendencia de Sociedades: “La retención de las utilidades generadas por una compañía suele rebatirse, con bastante frecuencia, ante las instancias judiciales. Ello se debe a que, en estos casos, puede presentarse un conflicto entre los intereses subjetivos de los accionistas, quienes esperan recibir un retorno sobre su aporte al fondo social, y el interés de la compañía en disponer de las utilidades para reforzar su situación financiera o emprender proyectos de expansión” (Colombia Superintendencia de Sociedades, Sentencia de julio 18 de 2014, proceso n.º 2012 - 801-061. Caso Isabel Cristina Sánchez Beltrán v. Centro Integral de Atención del Infractor S. A. S., Jeny Marcela Cardona y Juan Carlos Cardona).