Introducción

Para el común de las personas, confrontar un cadáver es algo profundamente traumático; hay un rechazo automático, una náusea, un espanto. Y hay a la vez, en el golpe de emociones, una curiosidad, una atracción, una fascinación insana. Hay un no querer ver y un querer ver al mismo tiempo. (^{Ortiz, 2011}, p. 250)

Huachicol es una palabra que se empleaba en México en el siglo XX para designar o catalogar a las bebidas alcohólicas adulteradas (^{Zaid, 2019}). En el presente siglo huachicol ha popularizado y cambiado su connotación para referirse al hurto, almacenamiento y venta de gasolina de forma ilegal o clandestina.

El robo de hidrocarburos o huachicol es una actividad criminal que, para realizarse, requiere de un control total del territorio, pues de esta manera es como se lleva a cabo la extracción de forma efectiva, lo cual provoca una compleja ola de efectos concatenados: grupos delictivos que por medio de acciones violentas someten a las comunidades con el fin de tener control tanto de recursos como de información, comercio de drogas, robo de mercancías, extorsión, secuestro, tráfico de armas y de personas, colusión y sobornos tanto a autoridades como a instituciones, altos índices de homicidios y asesinatos violentos, entre muchas otras más.

Para ^{Pérez (2020)} el robo de combustible propiedad de la empresa Petróleos Mexicanos es una amenaza para la seguridad nacional y un desafío para el Estado, además que atenta contra la gobernabilidad del país. El robo de combustibles requiere de otras acciones como lo es la extorsión a los sectores empresariales, gubernamentales e, incluso, a las fuerzas policiacas, esto sumado al control de las comunidades donde operan a través de las amenazas y el miedo. Entre 1999 y 2018 los volúmenes robados equivalen a 800 pipas diarias, lo que en términos monetarios significarían 200 millones de pesos mexicanos diarios de perdidas (^{Pérez, 2020}), o bien, 60 000 millones de pesos al año, significando unos 3000 millones USD anuales (^{Nájar, 2019}).

En México existen dos zonas de alta incidencia de estas actividades, las cuales son llamadas comúnmente triángulos de huachicol: «el triángulo del estado de Puebla» y «el triángulo del estado de Guanajuato»; este último, está formado principalmente por los municipios de Celaya, Irapuato, Salamanca y León, considerados municipios con alto índice de violencia en el país, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; para 2019 los municipios de Guanajuato relacionados con el triángulo del huachicol ocupaban en orden los lugares del 14 al 21 en la lista de los más violentos de México (^{Aguayo et al. 2021}).

En el municipio de Celaya y sus municipios vecinos está la sede de operaciones de un cártel de robo de gasolina y diésel y otras múltiples actividades ilícitas. Este grupo se ha autodenominado Cártel de Santa Rosa de Lima;¹ en años recientes, inició una guerra contra otro grupo criminal denominado Cártel de Jalisco Nueva Generación, dejando una profunda escalada de violencia y estragos humanos de gran calado, al grado de imponer un amplio control territorial. Esta guerra entre cárteles ha sido por controlar los recursos relacionados con el huachicol y sus actividades conexas; todo lo anterior, ante la mirada distante y muchas veces colaborativa de todo un andamiaje institucional y judicial tanto en los niveles municipales, como estatales y federales. En el triángulo del huachicol

el problema de la violencia se ha amplificado por la combinación de factores como las disparidades socioeconómicas y el modelo de desarrollo, las políticas públicas y de seguridad con enfoque represivo, el deterioro del sistema de procuración e impartición de la justicia, la expansión de grupos armados y paramilitares, las disputas por rentas, tráfico y recursos económicos, lícitos e ilícitos, entre otros. (^{Lorusso, 2019}, p. 46)

La escalada de violencia en el triángulo del huachicol ha encontrado su pico más alto en los últimos dos años. Así lo demuestran los datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (^{Inegi, 2020}): de las 36 773 personas fallecidas por homicidio a nivel nacional, el estado de Guanajuato fue la que tuvo mayor número de estos casos con 5083, superando incluso a estados que comúnmente ocupan los primeros sitios como el estado de México con 3061, Baja California con 2926 y la ciudad de México con 1334.

Para el estado de Guanajuato, en el 2020 el municipio de Celaya registra 2147 defunciones por homicidio, de los cuales 1855 son de hombres y 280 de mujeres, seguido por Irapuato con 1393, de los cuales 1228 son hombres y 168 mujeres. En Celaya, el total de homicidios considerados en el rango de edad jóvenes (15 a 29 años) es de 873, lo que representa el 40.7% de todos los homicidios de este municipio; es decir, 2.3 personas jóvenes masculinas asesinadas a diario. Por su parte, para Irapuato el total de homicidios en ese mismo rango de edad es de 614, significando el 44.1% del total de homicidios; esto es, la población joven asesinada registrada en Celaya e Irapuato es de 1487, lo cual representa el 27.7 % del total de todo el estado de Guanajuato. El rango de edad juvenil con mayor número de homicidios en ambos municipios fue de 25-29 años, significando 393 para Celaya y 244 para Irapuato (^{Inegi, 2021}). De esta forma, los datos muestran una relación, o tendencia a relacionarse con el riesgo de muerte por homicidio, siete veces mayor por parte de los hombres con respecto a las mujeres, pero también que la población joven está entre las de mayor susceptibilidad con respecto a otros grupos de edad para relacionarse con ese destino fatal.

En los periódicos locales de Celaya son numerosas y cotidianas las notas de asesinatos. Hay descripciones que explican las formas en que fueron asesinadas e incluso las sospechas del por qué. Una lectura más dedicada a estos homicidios nos dice que existe una tendencia sistemática que recae en la población joven. Si observamos dicha tendencia, no solo comprendemos que se asesinan jóvenes, sino también podemos observar cómo lo son, destacando principalmente el uso de la violencia extrema y condiciones que expresan crímenes donde los culpables quedan impunes. Según nota del periódico AM de la región de Celaya:

Las víctimas aparentaban entre 20-25 años y estaban atados de las manos a la espalda y de los pies; y a simple vista presentaban múltiples heridas de bala en la cabeza. Los reportaron personas que transitan este camino donde, seguido, tiran cuerpos en esta zona despoblada. (^{Redacción AM, 15 de marzo de 2022})

Dos adolescentes fueron atacados a balazos mientras platicaban afuera de una casa. Un vehículo se les acercó y les disparó varias veces. (^{Redacción AM, 23 de enero de 2022})

Es así como los impactos de esta guerra son diferenciados a través de categorías siempre ligadas a los cuerpos, la edad y el género, aislando o exponiendo en menor o mayor medida al riesgo a través de los intereses que esta guerra advierte para cada persona. Pero no solo existe una relación causal directa entre los homicidios de jóvenes vinculados con el crimen organizado en Celaya; también hay casos como el sucedido en junio de 2020 donde a tres jóvenes universitarios emprendedores los acribillaron a balazos por negarse a pagar extorsión al Cártel de Jalisco Nueva Generación (^{Conmoción en Celaya, 2020}).

Aquí debemos preguntarnos: ¿cuál es la semiótica de estos homicidios? Para ^{Ortiz (2011)}, «¿podría hablarse, aquí ahora, de la necropolítica?, la política que, no lejos de la necrofilia y la necromancia, exige del cadáver misiones importantes: ganar adeptos y elecciones, controlar territorios, amasar un poder que ineluctablemente escapa» (p. 252).

Sobre lo anterior, el control de los territorios tiene efectos complejos para las personas que ahí habitan, ya que los impactos son aún más crueles para quienes, por una parte, se encuentran en el fuego cruzado al desarrollar sus actividades cotidianas en los espacios públicos o, por otro lado, para quienes son coactados en estas redes de delincuencia organizada.

El territorio, en otras palabras, está dado por los cuerpos. Como nunca, por esta soltura de las redes con relación a la jurisdicción territorial estatal-nacional, con sus rituales, códigos e insignias, la jurisdicción territorial es el cuerpo, sobre el cuerpo y en el cuerpo, que debe ahora ser el bastidor en que se exhiben las marcas de la pertenencia. (^{Segato, 2016}, p. 67)

«Las poblaciones que representan un obstáculo ante la voluntad expansiva de dominio sobre territorios, recursos y trabajo son deshumanizadas y se convierten en objetivos de guerra no declarados, que pueden ser exterminados indiferenciadamente» (^{Martínez, 2019}, p. 192)

Lo que está sucediendo en los territorios del triángulo del huachicol de Guanajuato es una guerra de baja intensidad con determinadas escaladas entre los cárteles de la droga y los cárteles del robo de combustible, a las que se suman por momentos las fuerzas armadas del Estado. En este escenario, los cuerpos humanos -jóvenes-, al igual que los territorios, son recursos de conquista, ya que estos últimos no logran la rentabilidad requerida para la consolidación de la compleja maquinaria que ha construido el crimen organizado sin cuerpos que los trabajen. Inclusive un cuerpo sin vida, asesinado de forma violenta y bajo códigos legibles en las arenas del crimen organizado, tiene una misión comunicativa que cumplir.

De esta forma, territorio y cuerpo son un binomio indisoluble cuando se habla de control y poder; en caso contrario, los cuerpos no sometidos serán desplazados, ya que no fueron conquistados. En esta reflexión, la aproximación a los territorios no es igual para todos los cuerpos, pues cada uno representa posibilidades de expoliaciones distintas; así mismo, los recursos o la violencia requerida para lograr dicha expoliación es diferente entre cuerpo y cuerpo. Para ^{Segato (2016)} las acciones paraestatales que disputan el control sobre los cuerpos recurren a la exacerbación violenta para detentar autoridad en los límites de los ejercicios jurisdiccionales:

Estamos frente a crímenes de guerra, de una nueva forma de la guerra. La violación y la tortura sexual de mujeres y, en algunos casos, de niños y jóvenes, son crímenes de guerra en el contexto de las nuevas formas de la conflictividad propios de un continente de para-estatalidad en expansión, ya que son formas de la violencia inherente e indisociable de la dimensión represiva del Estado contra los disidentes y contra los excluidos pobres y no-blancos; de la paraestatalidad propia del accionar bélico de las corporaciones militares privadas; y de la acción de los sicariatos -constituidos por pandillas y maras- que actúan en las barriadas periféricas de las grandes ciudades latinoamericanas; y, posiblemente, en el contexto subterráneo de la interconexión entre todos ellos. (^{Segato, 2016}, p. 62)

Si retomamos las ideas fenomenológicas de ^{Merleau-Ponty (1977)}, el cuerpo es la forma principal en la que somos conscientes del mundo, pero además, en la que nos relacionamos con todo lo que ahí existe o todo aquello que podemos entender. A través del cuerpo se da la existencia a todo lo que podemos ser conscientes (felicidad, deseo, miedo, dolor, libertad, entre muchos otros). Es por medio del cuerpo que el espacio se nos revela y, con ello, el territorio; este cobra sentido solo cuando el cuerpo lo habita. Es nuestro propio cuerpo -así como el de otros- el que nos hace contener relación corpórea, igual como sucede con la territorialidad.

A diferencia del lugar -que es un espacio personal con sentidos específicos-, el territorio es más extenso y sus disputas están en las arenas de lo público. De esta forma, el territorio es semiotizado por sus acontecimientos; es decir, no tiene significado en las escalas de tamaño, sino en las densidades, los usos y los simbolismos (^{Finol, 2018}).

Esta relación de poder que imbrica cuerpo y territorio puede comprenderse en las arenas de lo que los cuerpos pueden y no pueden hacer, ya que los territorios están normados por distintas formas de poder y de disciplinamientos. Para el caso de Celaya, la violencia que emana de las acciones del crimen organizado, pero también de las fuerzas del Estado, está situada en los espacios cercanos a los lugares de residencia donde transcurre la vida de las y los jóvenes, así como de sus relaciones sociales cotidianas. Este tipo de acciones pueden ser comprendida como violencia colectiva o comunitaria, la cual se manifiesta «como balaceras, desapariciones o control de los territorios mediante el miedo, lo cual implica el uso de tácticas como la exposición de cuerpos mutilados, el uso de mantas con mensajes a la ciudadanía o a otras agrupaciones» (^{Almanza-Avedaño et al., 2017}, p. 347).

Para ^{Foucault (2007)} el poder está siempre en relación con el derecho, pues es este el que avala su existencia y su consenso; sin embargo, poder y derecho presentan siempre una base sobre la cual están edificados: la economía, la cual puede disputar y derivar en diferentes direcciones el curso del poder.

Para el autor francés, el poder estará limitado y validado por el derecho, porque la economía puede disputarle al poder su capacidad para gobernar. En este sentido, la disputa del poder motivada por las economías del crimen organizado ha provocado en la región del triángulo del huachicol escaladas de violencia a través de intervenciones armadas sobre los territorios, en donde los cuerpos jóvenes son destinos estratégicos. Es así como el poder se manifiesta en un biopoder que, a través de la biopolítica, buscará la gestión y política para los cuerpos.

Para ^{Blair (2010)} la relación cuerpo/violencia desde la biopolítica nos muestra el carácter político de la corporalidad, en especial cuando hablamos de actores que ejercen la violencia desde el uso de las armas, manifestando el uso y control de los territorios mediante la apropiación de los cuerpos que ahí habitan. De esta forma, la violencia sobre los cuerpos significaría para la autora la «economía del castigo», basándose en las ideas de Foucault sobre la política punitiva del cuerpo, siendo esta la extrema muestra de la micropolítica corporal. Sin embargo, para el contexto de la violencia en México, «en la época actual la muerte se erige como centro de la biopolítica, transformándola en ne-cropolítica» (^{Valencia, 2010}, p. 142). Es así como los sujetos se construyen en relación con la muerte siendo esta un elemento constitutivo de sus vidas cotidianas.

Para los autores ^{Mbembe (2011)} y ^{Valencia (2010)}, la biopolítica comprendida como gestión de la vida ha encontrado en sociedades colonizadas y expoliadas procesos de gestión de la muerte hacia poblaciones no solo racializadas, sino mercantilizadas a través del sistema capitalista imperante; ello dado que este designio de muerte no es azaroso ni ingenuo, sino parte de una política que le inscriben a los cuerpos su necropoder. De esta forma, esa necropolítica es ostentada (para el caso mexicano) por actores legítimos derivados del ejercicio del Estado, pero en consonancia con actores ilegítimos en una mutua dependencia económica del crimen organizado y priorizando en toda medida los beneficios (^{Valencia, 2010}). Es entonces cuando se logra un perverso andamiaje de violencia extrema que solo puede entenderse bajo las lógicas del narcogobierno (^{Valenzuela, 2019}).

Según las ideas de ^{Mbembe (2011)}, el biopoder instituye la maquinaria que regulará la muerte como elemento constitutivo de todos los Estados modernos. De esta forma, lo que es permisible -y lo que no- pasa por lo que a los Estados les interesa mantener, reforzando procesos de terror y dominación que construyen las bases para una política que solo puede comprenderse como necropolítica desde la administración de la muerte. Las personas viven y mueren de diferentes formas según los intereses dados hacia sus cuerpos y hacia sus territorios.

Heredero de este depurado análisis sobre el control de los cuerpos, José ^{Valenzuela (2015}, 2019) lanza el provocador concepto de juvenicidio. A través de este relaciona a los jóvenes con procesos de precarización y marginación que derivarán en relaciones directas con la muerte. Para conformar este concepto, concibe los fenómenos de las violencias extremas presentes en México por efecto de la guerra de cárteles, pero enfatiza en la permisividad de un Estado cómplice (o un narcoestado) el cual, de forma intencionada y de forma no planificada, ha restringido la movilidad social de las juventudes: «El juvenicidio alude a algo más significativo, pues se refiere a procesos de precarización, vulnerabilidad, estigmatización, criminalización y muerte» (^{Valenzuela, 2015}, p. 21). Sobre el concepto de juvenicidio, ^{Gómez-Agudelo (2018)} sostiene que esta denominación se ha usado a través de diversos autores para nombrar a personas «quienes han puesto su cuerpo como evidencia de los alcances de la violencia (…), pero sus rostros, sus historias, los dramas de sus familias quedan recluidos en el silencio» (p. 73).

Por su parte, para ^{Salazar (2015)} hay dos conceptos que están sumamente relacionados: por un lado, el juvenicido, que significaría la muerte de jóvenes por actos violentos; mientras que, por otro, el juvecidio manifiesta un panorama complejamente más robusto, donde los jóvenes no solo son víctimas, sino actores destacados de esa generación de violencia con una marcada intencionalidad.

Gracias los anteriores argumentos se comprende que esta es una investigación antropológica que busca analizar las formas en que las personas jóvenes masculinas se relacionan con las dinámicas de violencia, las cuales terminan disputándose el control de sus cuerpos y sus territorios bajo fines económicos, imponiendo sometimiento, miedo y muerte. Según ^{Nateras (2004)}, no es posible comprender la condición juvenil sino a partir de los contextos sociales, políticos, económicos y culturales en que se desenvuelven. De manera específica, se rehace la experiencia de siete jóvenes sobrevivientes de un evento de ejecuciones, en el que asesinaron a dos de sus amigos por asuntos relacionados al robo de combustible y por dinámicas como el pago de extorsiones.

La propuesta de investigación alude a la idea de razonar, desde la narrativa de los jóvenes sobrevivientes a ese ataque armado, y comprender el valor de vida de sus amigos fallecidos. Así, la voz de los sobrevivientes da cuenta de los procesos sistémicos que existen detrás de estos homicidios.

Sobre la importancia de la narrativa, ^{Valenzuela (2019)} plantea que narrar un suceso traumático pueden en ocasiones crear estrategias de sobrevivencia ante un encuentro íntimo con la muerte. Es una forma de expiar esos recursos de dolor y de miedo; por lo tanto, «la crónica de sobrevivencia ayuda a continuar con la vida» (p. 30).

La relevancia de este estudio está dada por dos argumentos: el primero, temático-contextual, al analizar la comprensión de la corporalidad-territorio juvenil masculina desde el epicentro de disputa entre poderes; el segundo, está dado por el ejercicio etnográfico que busca dar cuenta de la subjetividad juvenil masculina ante un suceso de muertes violentas, buscando un conocimiento situado para describir el punto de vista de quienes viven los estragos de esta guerra.

El contexto de la población joven debe ser problematizado para comprender, desde la antropología, las consecuencias que la violencia les impone, así como también pensar en cuáles son los códigos socioculturales ante los procesos de poder y de control.

Método

Para la antropología social, ser o sentirse joven no podría definirse solo desde aspectos meramente biológicos, si bien para las instancias públicas mexicanas la juventud comprende desde los 12 a los 29 años, según el Artículo 2 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud (^{Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 1999}). Así, para esta investigación la juventud es una categoría abierta en cuanto a la edad biológica.

Usando el enfoque de la etnografía de la violencia (^{Mendoza & Álvarez, 2018}; ^{Ferrándiz & Feixa, 2004}) se comprende desde los datos empíricos la forma en que se producen, justifican y contrarrestan las distintas violencias que se manifiestan en los entornos sociales y comunitarios. Para Ferrándiz (2008) la antropología, a través de la etnografía, puede acompañar el diálogo de recursos, flexibilidad y rigor que requieren los estudios de las violencias desde los retos teóricos y metodológicos. Por su parte, para Mendoza y Álvarez (2018) este tipo de etnografía permite comprender los fenómenos de la violencia de una forma situada, y al dar voz a los actores se producen textos altamente descriptivos. De tal manera, para el caso de la violencia en México, la etnografía podría describir, por ejemplo, «cómo se organiza el uso del territorio, las relaciones de intercambio y producción de significados en este nuevo orden que requiere una mirada que interrogue lo singular y lo específico, en lugar de descartarlo como anomalía o falla» (^{Mendoza & Álvarez, 2018}, p. 631).

Se ha elegido la etnografía de la violencia no solo porque se sitúa en el marco central del tema elegido, sino porque la violencia se encarna en el cuerpo y se traduce en datos visibles: miedo, dolor, malestar, insomnio, pesadillas, lágrimas e, incluso, un cuerpo inerte sin vida. También es visible en el territorio y en la cultura a la hora de comprender los efectos culturales de dicha violencia. Además, se encuentra en los planos de las experiencias que son interpretadas por las personas y expuestas a través de narrativas de duelo y sufrimiento.

Es así como lo corporal visible se cruza con lo subjetivo. Según ^{Nordstrom y Robben (1995)}, la etnografía de la violencia reconoce una base principal epistémica que no solo documenta la violencia, sino que la traduce como un agente de cambio social. En este sentido, la comprensión de la violencia y el riesgo de investigarla provoca cambios tanto en el trabajo de campo como en la escritura, así como también en el etnógrafo. Es y será un ejercicio de experiencia que no puede permanecer atado a una teoría.

Investigar la violencia de forma etnográfica advierte diferentes perspectivas, ya que siempre es una manifestación social y cultural. Dicho enfoque niega las visiones esencialistas de la violencia, pero se adscribe a la experiencia que causa en las personas y sus manifestaciones empíricas (^{Nordstrom & Robben, 1995}).

Según ^{Scheper-Hughes (1997)} el ejercicio etnográfico para el estudio de la violencia deberá estar alejado de las miradas positivistas, para posicionarse en un locus de resistencia, buscando dar voz a todos aquellos que han sido acallados. Por lo tanto, la etnografía en contextos de violencia mantiene un horizonte político.

Desde este enfoque, son pertinentes las preguntas sobre la normalización del dolor, el sufrimiento y la muerte, aspectos que tienden a las tramas culturales y que, desde lo cotidiano, pueden ser concebidas con los instrumentos cualitativos. Ante este escenario, es importante comprender que la violencia puede ser muy evidente y clara (como la violencia directa), pero también invisible y de largo plazo (como la estructural; ^{Galtung, 2003}); entonces, es preciso el instrumental etnográfico adecuado para advertir aquello que parece oculto y está en los planos de lo subjetivo.

Con los datos obtenidos de las entrevistas a profundidad no solo se construyeron narrativas sobre cómo es el cuerpo concebido, sino lo que siente y lo que los jóvenes comprenden sobre su territorio; ya que, como expresa ^{Saraví (2015)}, «metodológicamente, era necesario explorar y analizar la relación individuo sociedad a partir de la cual los procesos sociohistóricos se corporizan en biografías» (p. 15). Cabe anotar que en esta etnografía no se está diciendo que los procesos descritos son exclusivos de los jóvenes masculinos; más bien, se explora un matiz que nos permite focalizar en las narrativas de los jóvenes desde reflexiones propias en un determinado momento de la vida.

Con el conjunto de datos de la etnografía se construyó una matriz de violencias que se presenta en el apartado siguiente (tabla 1) y que está ordenada por actor ejecutante, por efecto en los cuerpos y en los territorios.

Realicé trabajo de campo en una localidad al sur del municipio de Celaya que será llamada, a manera de seudónimo, como La Asunción. Su población total ronda en los 1300 habitantes según los censos federales. Los periodos de estancia de trabajo de campo fueron de marzo a junio de 2018, de mayo a junio de 2019 y de septiembre a diciembre de 2019. En los dos primeros meses se levantó una monografía para comprender de forma general los aspectos relacionados con sus ámbitos económicos, políticos, sociales y religiosos. En este momento se consultaron bases de datos institucionales, se aplicó una encuesta con población juvenil y adolescente que cursa educación secundaria, la cual tenía como objetivo comprender la percepción sobre la violencia en sus entornos y los comportamientos que construyen las relaciones de género.

En los meses de mayo a junio de 2019 se profundizó en la comprensión histórica del cambio de uso de suelo de esta localidad, ya que, en la última década, toda la región del triángulo del huachicol vio una transformación vertiginosa, pues dejó de ser mayoritariamente agrícola para centrarse en diferentes industrias, sobre todo la automotriz con la instalación de plantas armadoras japonesas como Honda, Mazda y otras 248 empresas proveedoras industriales. También se profundizó esos meses en las formas en que los jóvenes han socializado situaciones violentas relacionadas con drogas o alcohol.

En los meses de septiembre a diciembre 2019 conocí el suceso del homicidio a balazos de los dos jóvenes en esta comunidad y, usando una adaptación del instrumento de historia de vida, el trabajo etnográfico se enfocó en rehacer la historia del suceso, teniendo como protagonistas a siete jóvenes que vivieron de forma directa el asesinato de sus amigos. A través de entrevistas y charlas informales se acopiaron interpretaciones diversas sobre un mismo suceso. Se ahondó no solo en el hecho, sino en la interpretación y los fines de dicho suceso, así como también, en las experiencias que han tenido con respecto a los poderes que intentan controlar sus territorios y la compresión que hacen de esta guerra entre cárteles y las fuerzas del Estado.

Esta historia de suceso simula la misma técnica que las historias de vida, pero se enfatiza en un mismo acontecimiento desde varias voces grabadas con numerosas horas de cada interlocutor, siendo el suceso del homicidio el pretexto desde el cual se abordó el conocimiento sociocultural.

Es importante mencionar que, durante toda la investigación se usó un diario de campo y observaciones participantes. En la tabla 1 presento descripciones generales de estos siete jóvenes, usando en todos los casos seudónimos para proteger su identidad.

Tabla 1 Descripción de los participantes 

Estos jóvenes se autoadscriben como descendientes de campesinos y ganaderos. Solo Artemio vive con su familia extensa, el resto con sus familias nucleares. Todos tienen al menos un familiar migrante en Estados Unidos y tienen aspiraciones de migrar para conseguir empleos mejores. Ven con pesimismo la situación actual.

Hallazgos

Las muertes violentas crean marcas profundas en las personas que las presencian, sobre todo si son parte de una política que se intenta imponer; en este sentido, la violencia es instrumental (^{Arendt, 2006}).

Para entender el homicidio violento, no como un hecho aislado, sino como parte de un contexto en el cual transcurren las vidas de las personas, es necesario poner atención en la siguiente matriz (tabla 2). Pero antes, cabe decir que, aunque su planteamiento inicial advertía solo dos actores ejecutantes de violencia (los cárteles delictivos y las instituciones del Estado), al analizar los datos empíricos se incluyó un tercer actor: los sujetos ejecutantes de violencia que actúan de forma autónoma sin una vinculación directa ni con los grupos delictivos ni con las fuerzas del Estado (actor autónomo), sino a través de su propia agencia. Defino para efecto de esta investigación al actor autónomo como una persona o colectivo que no muestra una relación económica de manera evidente y claramente relacional, ni con los cárteles ni con el Estado, pero que sí es resultado de la violencia contextual existente.

Las categorías de la matriz surgieron de la etnografía en la localidad de la Asunción. Los instrumentos metodológicos giraban en torno a preguntar: ¿qué es la violencia y cómo se manifiesta?, ¿quiénes ejercen la violencia y contra quiénes? El orden en que está organizada la información es por mención reiterada a través de la narrativa de los jóvenes (tabla 2).

Tabla 2 Matriz de violencias por actores ejecutantes y tipos de violencias 

En la matriz son relevantes tres actores que han permeado la narrativa de los jóvenes: por una parte, la violencia de los actores autónomos que nos explica la presencia de una violencia estructural en los planos de lo microsocial, la cual sin duda es tolerada por el Estado, pero no es ejercida por este último de forma directa; sin embargo, provoca afectaciones evidentes en los jóvenes, pues están presentes en sus narrativas. Con los actores autónomos se pueden distinguir las violencias de baja intensidad, pero cotidianas de largo calado; estas son el consumo de alcohol y de drogas, la violencia extrema en los eventos públicos, las relaciones familiares con padres ausentes por la migración, las riñas entre pandillas y el uso de armas. Su presencia data de aún antes de la escalada de violencia por las disputas entre cárteles y las fuerzas del Estado.

Por otra parte, hacia la primera década del presente siglo, los cárteles inician un protagonismo incorporando nuevos elementos a estos escenarios, incluyendo drogas, mercancías robadas, violencia directa y extrema, mayor armamentismo, extorsión y una economía clandestina proveniente de los hidrocarburos hurtados. Todo lo anterior, provocó un control gradual de las localidades y los nexos directos con las autoridades estatales de los diferentes rangos.

Finalmente, y a la par de lo anterior, el Estado consolidó una omisión de acciones al tolerar el avance de los grupos delictivos sin garantizar la integridad y el respeto a los derechos humanos. Por otro lado, el Estado, a través de sus instituciones, ratificó ser represor y ostentador de violencia, dando señales evidentes de opacidad, además de perpetuar agravios.

En torno a lo anterior, a continuación, expongo fragmentos de narrativas que han sido seleccionadas. Según Artemio:

Lo primero que tengo en mente de los cárteles fue el robo de mercancías y la venta de los artículos porque estaban más baratos: televisiones, pero sobre todo estufas o colchones. Todo eso lo bajaban del tren de carga y luego se lo vendían a las tiendas, pero lo que estaba con algún desperfecto pequeño es lo que venían a ofrecer y la gente de aquí lo revendía.

Se decía que algunas tiendas de venta de mayoreo vendían cosas robada; luego, la venta de gasolina que ahora ya todos llaman huachicol. La primera gasolina que así vendían venía muy rebajada o la de los primeros años; luego el huachicol de los últimos años era puro; bueno, ¡costaba como cinco pesos menos por litro!

Para Francisco:

Sobre la violencia, lo que hace años se empezó a oír fue que había muertos por otros lugares por peleas de grupos, por allá por lugares un poco lejos. Después fue aquí mismo. Un día aparecieron los primeros tirados que no eran de aquí, hasta una cabeza sin cuerpo pareció tirada en la calle [hace una pausa corta] cerca de mi casa. Ahí vimos que la cosa ya estaba muy mal. También cabezas en el centro de la ciudad de Celaya; personas sin cabeza en otro rancho vecino o partes del cuerpo que tiran en diferentes lugares. Lo hacen para infundir más miedo entre la gente y pues sí funciona.

Javier comenta:

La policía llegó y nada más porque estábamos ahí sentados hablando nos intimidó. Lo bueno es que no corrimos si no quizá nos balacean. Eran cinco agentes en cada patrulla; dos patrullas -siempre vienen al menos por parejas-; los primeros se bajan y dos policías nos rodean mientras los otros tres se quedan atrás con sus armas en las manos, nos empiezan a esculcar, nos quitan los teléfonos y yo creo buscaban droga, pero solo estábamos en la calle hablando.

Después de todo, les pedimos que nos regresaran los teléfonos, pero dijeron que buscarían pruebas; nos los robaron a todos. Éramos cuatro los que ahí estábamos, les reclamamos y con las armas nos empujaron o nos decían que no nos acercáramos. ¡Nos robaron!

La selección de narrativas nos ayuda a comprender la matriz anteriormente expuesta, pero, sobre todo, nos permiten observar una constante intromisión de los diferentes tipos de poderes en los territorios donde los jóvenes viven. Así, la violencia es cotidiana y manifiesta sus profundidades, además, merece destacar los códigos semióticos que la etnografía describe, ya que en las narrativas existen reiteradas alusiones a cómo entender el diálogo y las marcas en los cuerpos y en el territorio que se encuentra en constante disputa.

Sobre lo anterior, la narrativa de Artemio nos dice que las intensidades de las violencias no son siempre las mismas, ni las víctimas ni los daños colaterales, ya que los impactos de los cárteles también pueden traer «beneficios» al acceder a electrodomésticos más baratos o comprar gasolina a menor precio. Todo lo anterior es lo que hace aún más compleja la situación, ya que si solo existiera violencia extrema y aniquilamiento las comunidades tendrían un efecto de desplazamiento poblacional generalizado, pero también existen otras formas de coaccionar adeptos con base en pequeños beneficios.

Discusión

Los referentes analíticos apuntan a que el cuerpo y el territorio son extensivos entre sí: el cuerpo es sintiente de todas esas violencias que están sobrepuestas en los territorios. Los jóvenes entrevistados para esta investigación han transmitido narrativas que están acordes al complejo acopio periodístico que cotidianamente es documentado en el triángulo del huachicol. Los cárteles, el Estado y los actores autónomos imponen una semiótica de control, sometiéndolos a un disciplinamiento de este biopoder.

Es así como el miedo, las pesadillas, la tristeza, las náuseas y el llanto son manifestaciones emocionales que acompañan las alegrías y sueños de ser joven en el contexto de triángulo del huachicol. La información generada en esta investigación no sobresale por ser un caso especial, pues los datos del Inegi (2021) sobre homicidios lo comprueban al colocar a Celaya entre las ciudades más violentas de México.

La investigación cualitativa, a través de la etnografía, aportó la narrativa de los jóvenes que experimentan los efectos de múltiples violencias; pero, más allá de los fines académicos de esta investigación, el ejercicio etnográfico tuvo un impacto en los interlocutores cuando la escucha sirvió de motivo para socializar el dolor y el miedo, resultando estas emociones constantes o reiteradas en escenarios normados por la disputa violenta y un marcado interés en la juventud; ello, dado que son los cuerpos jóvenes los más activos, los más desafiantes, pero, también, los más rentables para los fines económicos de los cárteles y del Estado. Entonces el miedo y el dolor se socializan, pero siguen presentes, pues en estos territorios se intensifica la violencia extrema aún a pesar del creciente número de elementos policiacos que el Estado ha incorporado a estas zonas.

Los datos estadísticos, periodísticos y empíricos nos muestran que se despojan los territorios en búsqueda de apropiarse de los recursos establecidos. Para ello, el crimen organizado utiliza su maquinaria de control, pero este ejercicio no estaría completo sin involucrar al Estado ya sea de forma activa, reprimiendo y extorsionado a los jóvenes, o ya sea de forma pasiva, por omisión de funciones, ya que ello también es parte de la complicidad.

Es destacable la imagen devaluada del Estado a través de quienes los representan, no solo de las fuerzas policiales y de seguridad armada, sino toda la institucionalidad municipal y estatal, a quienes los jóvenes señalan por su opacidad en acciones y nulos efectos positivos. El Estado mantiene en estos contextos la figura de reproductor de violencia sistémica, pero también los gobiernos del estado de Guanajuato y los municipales, quienes han abandonado toda relación constructiva con la juventud.

Por su parte, el concepto de juvenicidio camina sobre las huellas del concepto predecesor que es el feminicidio, significando no solo la muerte de un grupo poblacional sino la propensión sistémica a la muerte y al sufrimiento como parte de la agenda oculta de quienes se disputan el poder.

¿Cuál es la posición de los jóvenes ante esa semiótica de control sobre sus cuerpos y territorios que provoca la muerte y el sufrimiento? En un primer sentido, los cuerpos de estos siete jóvenes lograron salir ilesos físicamente, aunque con serias secuelas psicológicas. Las narrativas sobre lo sucedido dejan ver a sujetos que no cesaron por el momento, y activaron sus movilidades para buscar rutas de salvación ante un posible desenlace fatal. Por otra parte, una segunda lectura nos sugiere pensarlos como sobrevivientes seleccionados por los sicarios para transmitir el miedo en el presente y en el futuro, ya que, a pesar de su movilidad corporal, los comandos sicarios están formados para matar y ser efectivos. Como argumenta ^{Ortiz (2011)}, la necropolítica da encomiendas a los muertos, y en esta investigación esa misma necropolítica es la que deja con traumas de muerte a los jóvenes. Por último, hay una tercera posibilidad: la de reflexionar sobre la experiencia cercana a la muerte, el recuerdo de sus amigos asesinados al ser conscientes de las fuerzas de sometimiento que cruzan sus cuerpos y sus territorios.