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Introducción
La implementación del Acuerdo de Paz de La Habana es un suceso que ha cambiado el tablero de la guerra en Colombia, ya que el proceso de desarme de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo (FARC-EP)1 ha implicado la emergencia y reconfiguración de grupos armados en zonas de retaguardia y de control territorial de la antigua guerrilla. Además, la implementación del Acuerdo de Paz se ha dado en medio del conflicto social y el traslape con otros dispositivos de justicia transicional que siguen operando, como la Ley 387 de 1997, la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz) y la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas).
De esta forma, los escenarios transicionales son espacios sociales que se gestan producto de leyes o acuerdos transitorios, se caracterizan por ser una suerte de ensambles de prácticas institucionales y discursos expertos entrecruzados en un contexto histórico concreto. (Castillejo, 2017: 31)
En sintonía con Ríos (2020), la producción académica, en relación con las dinámicas de la violencia en el escenario de implementación del Acuerdo de Paz, resulta exiguo. No obstante, investigaciones como la de Salas, Wolffy Camelo (2018) muestran un análisis riguroso de las dinámicas territoriales del conflicto armado, especialmente la violencia registrada en el municipio de Tumaco (Nariño). En dicho estudio, observan el comportamiento espacial interrelacionado de variables como la presencia de actores armados, la confrontación armada, la economía basada en el narcotráfico y la violencia registrada en contra de la población civil. Otra investigación relevante es la de Trejos y González (2016), quienes evidencian que no existe una única teoría que explique o analice la naturaleza y las características de los distintos conflictos armados bélicos internos, ya que, debido a la complejidad y longevidad de cada caso, y a las cambiantes dinámicas político-militares de sus actores, resulta muy difícil enmarcarlos en una categoría preestablecida.
Trabajos como el de González (2020) plantean que la violencia en el posacuerdo está marcada por la variación territorial y su anclaje histórico, es decir, los distintos grupos armados se apoyan en redes y en formas de sociabilidad preexistentes. Por su parte, Aguilera-Peña et al. (2020) argumentan que las violencias que persisten tras el Acuerdo de Paz obedecen a una suma de nudos comunes: el homicidio y la violencia; las economías ilícitas y el control territorial; y los nuevos actores armados, políticos o criminales.
De esta forma, pareciera que las investigaciones concuerdan en que la violencia en el posacuerdo es multicausal y toma diversas formas de acuerdo con el entre-cruzamiento de tales nodos en un territorio determinado. De allí la importancia de generar estudios comparados de diferentes regiones del país que hagan análisis situados y contextualizados de tales relaciones sociales o nodos; es en esta línea que se inserta la presente investigación.
Por tanto, analizaremos los escenarios de transición que se presentan tras la puesta en marcha del Acuerdo de Paz en los municipios de San José y Calamar (Guaviare) e Ituango (Antioquia). Las preguntas de investigación son: ¿cómo se están configurando los escenarios transicionales en las regiones de Colombia? y ¿cuál es el papel del Estado, los actores políticos, los grupos armados y las comunidades en estos escenarios? Para comprender el fenómeno y responder las preguntas, dividimos el proceso en dos momentos: antes del acuerdo (2014-2016) y los primeros dos años de su implementación (2017-2019). Para lograr este propósito, tomamos el enfoque estructural relacional de Charles Tilly (1998), con el objetivo de comprender cómo el proceso político va modificando las relaciones entre actores.
Planteamos un análisis procesual de la transición, donde cada caso sigue su propia lógica como una suerte de corriente. De los tres tipos que plantea Tilly, nos centramos en dos: mecanismos contextuales, entendidos como el posicionamiento de actores en torno a la política pública que representa el Acuerdo de Paz, en últimas, el juego político (Scartascini; Spiller; Stein; Tommasi, 2011), en los departamentos de Antioquia y Guaviare; y mecanismos relacionales, es decir, las relaciones que construyeron y construyen las comunidades con los actores armados y el Estado. El juego político puede contribuir a la estabilidad de las políticas públicas o conducir a grandes vaivenes. "La estabilidad de las políticas depende de la capacidad y habilidad de los actores políticos de acordar y hacer cumplir acuerdos más allá de la duración en el cargo de ciertos políticos" (Scartascini et al., 2011: 56).
Estos mecanismos constituyen una estrategia analítica que busca iluminar los procesos intermedios que ocurren entre causas o factores explicativos, y los resultados que explican el estado actual de la implementación del Acuerdo de Paz en las regiones, evidenciando cómo ciertas variables (actores de poder local, el lugar del Estado, las relaciones entre comunidades y actores armados) inciden sobre los caminos que toma el proceso de transición.
Los "mecanismos relacionales", se asocian a las pautas de organización entre los actores y sus transacciones, por ello operan a nivel meso, imbricados en los procesos organizacionales de los sistemas. Por último, los mecanismos contextuales operan en el nivel macro de los sistemas, y se asocian a los efectos del contexto o a la conducta general del sistema. (Tilly, 2001: 24)
Con respecto a la noción de Estado, como lo ha señalado Serje (2013) siguiendo a Mitchell (2006), la oposición Estado-sociedad civil no es más que una falsa dicotomía, ya que hay grupos -incluyendo comerciantes, misioneros y empresarios, administradores y funcionarios- que controlan las instituciones, las decisiones y los recursos del Estado en diferentes niveles. "Son ellos quienes tienen acceso a 'ser' el Estado, a intervenir y hablar en su nombre y a definir su proyecto. Y, sobre todo, a centralizar sus decisiones y disponer de sus recursos" (Serje, 2013: 101). En este orden de ideas, el Estado vendría a ser encarnado por actores de poder local, sean élites económicas, políticas o grupos armados.
En cuanto a la estrategia metodológica, usamos el estudio comparativo de casos múltiples para abordar de forma intensiva y diacrónica dos casos que dan cuenta de un mismo fenómeno, esto con fines exploratorios, descriptivos y explicativos. Este estudio es de tipo exploratorio, puesto que analizamos un período corto e inicial de este gran proceso. Este aspecto nos brindó la posibilidad de definir algunas hipótesis y preguntas para estudios posteriores que reelaboren o desarrollen marcos conceptuales (Piovani, 2006). No obstante, "el interés no fueron los casos en sí mismos, sino la comprensión de un fenómeno que los trasciende, los cambios en las relaciones entre actores en períodos de transición política" (García, 2020: 23).
Gerring (2007) define el estudio de caso como el estudio intensivo de un caso particular, con el propósito, al menos parcial, de echar luz sobre una clase más amplia de casos. De acuerdo con la tipología que este investigador construye, la presente investigación estaría dentro de un tipo de diseño para múltiples casos, considerando cada uno de ellos holísticamente (García, 2019). Una debilidad en los estudios de caso es el tema de la generalización; sin embargo, como afirma Giménez (2012), en los estudios de caso, la generalización no se apoya en una muestra estadística, sino en lo que se denomina inferencia clínica, es decir, la generalización a partir de la profundización de un caso o varios, iluminando lo general mirando lo particular.
Analizamos estos casos a partir de varias comparaciones para describir y explicar las particularidades del proceso de transición mediante mecanismos causales, contrastando las diferencias y similitudes sobre 1) el papel de los gobiernos departamentales, 2) el estado de la implementación, y 3) las relaciones entre actores, para entender el cambio o la continuidad en cada caso. En lógica de replicación y comparación de hallazgos y resultados, "este diseño permite a partir de diferentes instancias de comparación, extender los resultados hacia fenómenos de similares condiciones y niveles más generales de teoría" (Neiman; Quaranta, 2006: 225).
Para la selección de los casos, nos guiamos por criterios teóricos y empíricos. Encontramos que los municipios seleccionados comparten procesos similares en cuanto a la inserción de los grupos armados, siendo ambos antiguas retaguardias de las FARC-EP; son municipios donde se ubicaron los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR)2; fueron regiones priorizadas para impulsar un desarrollo local con enfoque territorial; y tuvieron unos gobiernos departamentales de oposición al Acuerdo de Paz. Este estudio es un esfuerzo por ahondar en la heterogeneidad de municipios con procesos similares, "para considerar las diferencias espaciales internas de las localidades, que reflejan procesos diferentes de poblamiento, configuración social, inserción de los grupos armados en el territorio y desarrollo económico" (González, 2016: 36).
En el Guaviare, se eligieron dos municipios. Calamar, debido a que allí hicieron presencia históricamente las FARC-EP, fue donde se establecieron relaciones con las comunidades y donde se hizo el trabajo de campo previo al acuerdo. A agosto de 2016, en el comunicado conjunto núm. 91, se anunció que las Zonas Veredales de Transición y Normalización (ZVTN) iban a estar ubicadas en alguna de las veredas de Calamar: La Unilla, El Retorno y Tierra Negra. Sin embargo, por situaciones de seguridad y de conectividad se decidió, en diciembre, que quedarían ubicadas en el municipio de San José, en las veredas de Charras y Colinas. Por esta razón, el trabajo de campo sobre las relaciones entre actores en el posacuerdo se realizó en este municipio. Cabe aclarar que, los nombres de las personas entrevistadas fueron cambiados en aras de proteger el principio de confidencialidad.
En aras de brindar claridad sobre la vinculación analítica entre mecanismos casuales de tipo contextual y relacional, y las dimensiones en clave comparativa, elaboramos una tabla de la verdad (Cuadro 1) que busca recoger las características de cada tipo de escenario transicional abordado en esta investigación. En cuanto a los mecanismos contextuales, analizamos dos factores: el primero es el nivel de implementación del Acuerdo de Paz en relación con el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)3, el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS)4 y la reincorporación económica de los excombatientes en los ETCR; el segundo, hace referencia a la voluntad política (alta-baja) de los gobiernos departamentales de aplicar lo pactado.
CUADRO 1 Comparación de casos
| Dimensiones de comparación | Huango | San José y Calamar | Tipo de mecanismo |
|---|---|---|---|
| Implementación del AP (PDET PNIS) (B-M-A) | Implementación media alta (IA) | Implementación media (IM) | Mecanismo contextual |
| Grupo armado (G o GP) | Disidencias de las FARC-EP y paramilitares DG+GP | Disidencias de las FARC-EP y paramilitares DG+GP | Mecanismo relacional |
| Voluntad política | Voluntad política baja (VPB) | Voluntad política baja (VPB) | Mecanismo contextual |
| Presencia Estado (PE) | Presencia institucional del Estado (PIE) | Presencia armada del Estado (PAE) | Mecanismo relacional |
| Tipo de escenario transicional | IA+DG+GPVPB+PIE | IA+DG+GPVPB+PIE IM+DG+GP+VPB+PAE |
Fuente: elaboración propia.
En cuanto a los mecanismos relacionales, partimos de dos factores de comparación: la presencia del Estado, donde, siguiendo a Serje (2013), queremos situar qué pasa en los escenarios transicionales cuando este tiene mayoritariamente una presencia institucional (PIE) o una presencia armada (PAE); y el segundo factor es la presencia de actores armados en el posacuerdo, si se encuentran disidencias de la guerrilla (DG) o están tanto la guerrilla como los grupos paramilitares (GP). Después de darse la firma del Acuerdo de Paz, hubo un sector de la antigua guerrilla que se quedó en los territorios, a la vez que hubo presencia de otros actores armados (grupos residuales del paramilitarismo) que se estaban disputando el control territorial.
Contexto Antioquia
Antioquia es un departamento del noroeste de Colombia, que se sitúa, en su mayoría, en la cordillera de los Andes y se extiende hacia el mar Caribe. Cuenta con una superficie de 63 612 Km2, lo que representa el 5,6 % del territorio nacional. Está dividido en 125 municipios y 9 subregiones, las cuales son: Valle de Aburrá, Occidente, Oriente, Norte, Nordeste, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Suroeste y Urabá. A lo largo del siglo XX, la subregión Norte tuvo un esquema de ocupación territorial basado en el modelo de la colonización antioqueña, es decir, guiada por una política de ocupación de tierras baldías, que inducía a los colonos a abrir fronteras en forma permanente o mediante procesos espontáneos, con lo cual el Estado daba salida a los nacientes fenómenos de presión sobre la tierra sin tener que alterar la estructura de propiedad al interior de la frontera agrícola.
El municipio de Ituango se encuentra situado en la subregión Norte de Antioquia, inserto en el Parque Nacional Natural Paramillo, que abarca más de la mitad del municipio (1818,66 Km2, 54 % del territorio), y constituye la puerta de entrada al Nudo de Paramillo, nombre que recibe el accidente geográfico del cual nacen las serranías de Abibe, Ayapel y San Jerónimo. Es decir, conecta fácilmente con el Urabá antioqueño, al surcar la serranía de Abibe; también con la región del Bajo Cauca, por el oriente; y en el norte con el departamento de Córdoba. Esta posición estratégica ha sido el interés de los diferentes grupos armados, sin embargo, fue la guerrilla de las FARC-EP, con los frentes 18 y 36, el grupo que logró consolidarse allí.
La llegada del grupo guerrillero al municipio se remonta a los primeros años de la década de los ochenta, cuando el Frente 5 arribó a las veredas más profundas de Ituango; desde esa época, las comunidades campesinas e indígenas han convivido con este grupo armado. "De esta manera, las JAC y las FARC-EP hacían parte del engranaje de gobierno local, generándose órdenes políticos híbridos que entremezclaban elementos armados y comunitarios" (García, 2020: 45). Este frente comenzó lo que la subversión denomina proceso de desdoblamiento, para darle vida a los frentes 18 y 36 (pertenecientes al bloque Iván Ríos), los que, a su vez, comenzaron su proceso de expansión y consolidación.
Desde 1994, la estructura de los Castaño, que pasó a denominarse Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), inició un nuevo proceso de expansión hacia las zonas planas del sur de Córdoba llegando hasta la entrada del parque Natural Nudo de Paramillo, con el fin de disputarle a las FARC sus zonas de presencia histórica y los lugares estratégicos para el narcotráfico. ("Dinámicas del conflicto...", 2014)
Como lo menciona Echandía (2001), hacia finales de los años noventa se presentaron masacres en las zonas de incursión paramilitar; en el caso de Ituango, las masacres de El Aro y La Granja. A partir de 2003, la dinámica armada del Nudo de Paramillo se empezó a modificar. En primer lugar, los días 14 y 15 de julio de ese año se firmó "el acuerdo de Santa Fe de Ralito para contribuir a la paz de Colombia", en Tierra Alta (Córdoba), en el cual las AUC acordaron iniciar una etapa de negociación con el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe. Aquello llevó a una desmovilización progresiva de sus estructuras y a una reconfiguración de la presencia de los actores armados en los municipios del Nudo de Paramillo (García, 2020). "En 2011 el postparamilitarismo llega a su cénit en Colombia, cuando afecta a más de cuatrocientos municipios del país" (Ríos, 2020: 132).
El desarme y concentración de las FARC-EP fue un proceso político que impactó a niveles micro tanto la institucionalidad estatal como la sociedad, por ejemplo, en la cotidianidad de los habitantes de este territorio: "los últimos seis meses han sido muy buenos (en Ituango) porque uno ya podía salir, se podía mover con mucha más tranquilidad, incluso en la noche" ("En Ituango...", 2018). En enero de 2017, los guerrilleros de los frentes 18 y 36 salieron de sus retaguardias para concentrarse en las ZVTN, hoy en día Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR), de la vereda de Santa Lucía, según lo estipulado en el Punto 4 del Acuerdo de Paz " Fin del conflicto armado". No obstante, la desmovilización de los frentes 18 y 36 de las FARC-EP trajo consigo la llegada de grupos paramilitares, bandas criminales y disidencias del mismo grupo5. "En la actualidad, en el norte de Antioquia se disputan el control cocalero con Los Caparrapos y también con el ELN, en este caso por su interés sobre los proyectos minero-energéticos de la región" (Ríos, 2020: 133).
Con respecto al juego político, Antioquia ha sido el segundo fortín electoral -después de Bogotá-, donde la mayoría de su población, tradicionalmente, ha estado identificada con los valores y la ideología del Partido Conservador, pero, a su vez, es algo federalista. El gobernador de Antioquia, una vez termina su mandato, clasifica a la lista de los presidenciables (casos de Álvaro Uribe y Sergio Fajardo), y quien cuente con el apoyo del sector empresarial de ese departamento tiene garantizado un gran músculo financiero. Con la llegada de Álvaro Uribe al poder, la pelea entre los partidos tradicionales (Liberal y Conservador) quedó en el pasado. Hoy, las fuerzas que disputan el poder son el Centro Democrático y el resto de colectividades.
Una muestra de la tendencia política de los habitantes del departamento fue el triunfo del No en el plebiscito para refrendar el Acuerdo de Paz de La Habana. Allí, Antioquia, con más de 1 000 000 de votos por el No, se convirtió en un bastión clave para la oposición. La Registraduría Nacional reportó que, en este departamento, hubo 1 742 069 votos, de los cuales, solo 648 016 fueron por el Sí. En Medellín, la capital departamental, el No también arrasó en las urnas. Paradójicamente, el Sí ganó en 29 de los 125 municipios, incluyendo zonas afectadas por el conflicto, como Ituango, Briceño, Caucasia, Cáceres, Tarazá, Valdivia, Dabeiba y Apartadó.
Contexto Guaviare
El departamento del Guaviare se encuentra ubicado en el sur oriente del país, en el norte amazónico, y está dividido en 4 municipios, que son: San José del Guaviare, Calamar, El Retorno y Miraflores. Tiene diferentes figuras de ordenamiento territorial, como los resguardos indígenas (70,5 %), las zonas de reserva campesina (29,82 %) (Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE], 2014), Parques Nacionales Naturales y zonas de manejo especial6. Este departamento hace parte de los 5 menos poblados que tiene el país, con un total de 117 4947 habitantes para el año 2019. Lo habitan grupos indígenas como los desano, tucano, piratapuyo, nukak, karijona, jiw y sicuani; además, ha sido poblado por colonos de diferentes regiones del país, mayoritariamente del centro y de la zona pacífica, a través de diferentes oleadas de colonización, fruto de economías extractivas y de bonanza como la del caucho a inicios del siglo XX, la de las pieles de animales salvajes y la de cultivos de uso ilícito (marihuana y coca).
Desde los años setenta, hacen presencia grupos de narcotraficantes, quienes llevaron al Guaviare el cultivo de la marihuana y, posteriormente, el de la hoja de coca. Estos cultivos representan la economía rural y el desarrollo del departamento. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), para el año 2001, del área sembrada en el Guaviare, el 70 % estaba dedicada al cultivo de la hoja de coca. Desde los años ochenta, cuando llegó este cultivo al departamento, hasta la firma del Acuerdo de Paz, el cultivo de hoja de coca ha sido indispensable para el Guaviare. Al año 2014, el costo de la pasta había subido, en este departamento, un 42 % (Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, 2016), evidenciando lo significativo de este cultivo en la región.
Desde inicios de la década de los ochenta, las FARC-EP hicieron presencia de manera permanente en el Guaviare, con el Bloque Oriental, uno de los más fuertes e importantes para esta organización armada, que tuvo el objetivo de convertir esta región en su zona de retaguardia, financiamiento y trabajo político de masas. Por su parte, el paramilitarismo tomó fuerza a finales de la década de los noventa, con la llegada de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) al Guaviare, en 1997, cuando cometieron las masacres de Mapiripán y Puerto Alvira (Meta). Las AUC llegaron para hacerse al control territorial cobrando extorsiones a la producción petrolera y quitándole el control del narcotráfico a las FARC-EP (cultivos de coca, laboratorios, rutas).
Este departamento se creó con la Constitución de 1991 y, hasta 1995, tuvo la primera alcaldía elegida por voto popular como parte de una estrategia nacional para integrar regiones desconectadas de los centros de poder económico y político. A partir de las primeras elecciones populares a alcaldías y gobernación, hubo una fuerte presencia de la Unión Patriótica (UP), que ganó las alcaldías de Calamar, Miraflores y El Retorno. Después de la persecución política y su exterminio, en 2000 fueron retirados de sus cargos y encarcelados alcaldes y funcionarios de Calamar y Miraflores que militaban en la UP (Torres; Gómez, 2021).
Tras la salida de estos gobernantes, y con la presencia paramilitar, llegaron a la gobernación fuerzas políticas con nexos con el Bloque Centauros y el paramilitar alias Cuchillo, como Nebio Echeverry (2003-2006 y 2015-2019), quien fue acusado de prestar predios para la conformación del Bloque Centauros de las AUC, y de ser testaferro de Cuchillo (Calle, 2019); y la de su primo, Oscar Cadavid (2007-2009), quien también fue acusado de ser testaferro de Cuchillo, por lo que pagó 8 años de prisión; ambos fueron incluidos en las Lista Clinton, por EE. UU. Recientemente, fuerzas económicas del Guaviare, adscritas a FEDEGAN (Rodríguez-Guerra, 2020) y FEDEPALMA -organizaciones vinculadas con el paramilitarismo en el país y brazos económicos del actual Gobierno nacional- son quienes ejercen el control económico y político en el departamento; esto evidencia las formas en que los poderes locales han encarnado al Estado (Serje, 2013), es decir, en el Guaviare, el Estado ha gobernado a través de poderes locales. "En este caso, la configuración de las relaciones socio estatales fue mediada por grupos armados, narcotraficantes o terratenientes. Debido a esto, hubo una acumulación de capitales económicos, sociales y políticos por parte de una casta política regional" (García, 2021: 159).
Desde 2000, ha habido un giro en el juego político en el departamento, pues se eligieron mayoritariamente candidatos del Partido Conservador, Partido de la U, Cambio Radical y, últimamente, del Centro Democrático. La tendencia del voto por estos partidos no significó el rechazo del Acuerdo en el plebiscito por la paz, donde 3 de los 4 municipios votaron por el Sí de manera contundente: Miraflores, con el 85,7 %; Calamar, con el 72,1 %, y El Retorno, con el 59,2 %; por su parte, el municipio de San José, que tiene el mayor peso electoral en el departamento, votó por el Sí en un 47,4 %, y, por el No en un 52,6 %. La mayoría de los habitantes del sector rural y que han sufrido las consecuencias del conflicto armado apoyaron el proceso y tuvieron expectativas frente a los cambios que se podían generar a nivel local. Por su lado, los ciudadanos de San José, que concentran los poderes económicos y políticos, vieron en el Acuerdo de Paz un riesgo y un retroceso para sus intereses.
Mecanismos causales contextúales: la implementación del Acuerdo de Paz
En este artículo, entendemos el Acuerdo de Paz firmado como una política pública, la cual depende del juego político para ser ejecutada, es decir, depende de la relación de cooperación y acuerdos entre actores de poder para lograr su implementación (Scartascini et al., 2011). En el proceso de diálogo del Acuerdo de Paz, se posicionaron dos bloques: uno que estaba a favor y otro que estaba en contra; esta fuerte polarización aumentó la dificultad para desarrollar acuerdos políticos y elaborar escenarios de cooperación entre actores de poder, lo cual llevó a una inestabilidad en la implementación. Las demoras comenzaron en el gobierno de Juan Manuel Santos, con los ajustes que se hicieron en el período del fast track y con los retrasos para hacer habitables las ZVTN:
Era un sentimiento bacano, que íbamos a llegar a unos lugares como se había acordado, pero nuestra sorpresa es que no había nada construido para no estar dentro de la mata. Todo lo que está hecho lo hicimos nosotros. La carretera estaba bien fea, nos tocó a nosotros mismos con el sacrificio elaborar los ranchitos, y hambreados. Lo que hicimos apenas descargamos fue trabajar como hasta las 10 de la noche y con una sola comida. (Excombatiente de Colinas, comunicación personal, 31.03.2017)
Con la llegada de Iván Duque8 a la presidencia, aumentaron los incumplimientos, ya que este presidente revirtió lo acordado cambiando las funciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), eliminando instituciones como el Ministerio del Posconflicto, reestructurando agencias como la Agencia de Renovación del Territorio (ART), Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y Agencia de Reincorporación Normali zación (ARN), y dándole un giro a la política de paz hacia un enfoque de seguridad. Además, la captura de Jesús Santrich, el 9 de abril de 2018, por el presunto delito de narcotráfico, y el abandono de, al menos, 20 exmandos medios de sus respectivos ETCR generaron desconfianzas que solidificaron la idea de muchos excombatientes de engrosar nuevamente las filas de las disidencias. Otro factor que desestabilizó la implementación fue la mayoría de escaños en el Congreso que obtuvieron los partidos de oposición al Acuerdo de Paz, lo que permitió que el gobierno de Duque tuviera apoyo legislativo en sus programas para sacar decretos que retrasaron su implementación: "Los partidos dominantes capaces de mantenerse alineados (en sistemas presidenciales, presidentes y legislatura del mismo partido, especialmente si el partido es el 'centralizado') tienen la mayor capacidad para asegurar el apoyo legislativo para sus programas" (Scartascini et al., 2011: 38-39).
A este hecho, se le suma la poca voluntad política para aplicar el PNIS y el PDET, los cuales se destinaron para territorios que vivieron el conflicto armado y que necesitan de una atención prioritaria y diferenciada con un enfoque territorial y poblacional. Sin embargo, este proceso se detuvo con la política de "Paz con legalidad"9 de Duque, que vio en el PNIS una política antidrogas, priorizando la erradicación forzada y la aspersión con glifosato como solución a los cultivos de uso ilícito. Esta política desconoció los acuerdos y espacios de participación que se habían concertado previamente con los campesinos, y propuso un enfoque centralista que negó el espíritu del PNIS y el PDET de tener un enfoque territorial.
Implementación del Acuerdo en Antioquia
En el ámbito departamental, la implementación tuvo varios tropiezos, ya que, desde que el Gobierno nacional anunció que en este departamento estarían ubicadas 4 ZVTN y 3 PTN, el entonces gobernador, Luis Pérez10, realizó una serie de declaraciones que no propiciaban un ambiente de reconciliación.
Por ejemplo, el 25 de noviembre de 2016 declaró que los guerrilleros ya se estaban pre-agrupando en dichas zonas no cuentan con vigilancia de la fuerza pública, desconociendo las medidas especiales acordadas en la subcomisión como el Mecanismo de Monitoreo Tripartito. (García, 2020: 67)
Las FARC-EP describieron sus palabras como "propias de esa rancia clase que usufructúa el poder y las riquezas producidas por los pobres de la tierra a los que tanto aborrecen y desprecian" ("La pelea entre las FARC...", 2016), decidiendo vetar su ingreso a estas zonas.
No obstante, la decisión del gobernador Pérez, el 12 de junio de 2017, en medio de un Consejo Departamental de Paz, de crear, vía decreto, la figura de vicealcaldías y cuerpos para la paz generó malestar. Estas figuras tendrían labores "netamente civilistas y vigilarán que los territorios dejados por las FARC-EP tengan una institucionalidad para evitar que las bandas criminales se apoderen de ellos. También explicó que cada una de estará al cargo de un coronel retirado" ("Critican creación...", 2017). Las reacciones no se hicieron esperar: diferentes organizaciones sociales rechazaron las vicealcaldías, puesto que iban en contra de la autonomía de los municipios para coordinar los planes y programas de atención en salud, educación y demás iniciativas que se desarrollaran en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz (García, 2020). Otro argumento era que el entonces gobernador de Antioquia estaba optando por "la militarización como instrumento para atender las necesidades básicas de la población, mientras el acuerdo avanza en un enfoque de seguridad basado en el reconocimiento de los derechos humanos, la participación y la convivencia pacífica" ("Critican creación...", 2017).
En el ámbito local (municipio de Ituango), la falta de garantías de seguridad para los excombatientes11, así como la demora en la adecuación de los ETCR, en la entrega de subsidios y de proyectos productivos, en el proceso de cedulación, y en el acceso a la salud y educación fueron factores que incidieron en la emergencia de las disidencias. A nivel departamental, y respecto a los PDET, el 24 de junio de 2017, la directora de la ART se reunión en Medellín con el equipo de la Gobernación del departamento de Antioquia y los alcaldes municipales, con el fin de socializar la forma en la cual los PDET se articulan con los Planes de Desarrollo Departamental y Municipal, instrumentos de planeación de los gobernadores y alcaldes a 4 años, esto mediante Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR).
A nivel municipal, se eligieron 6 representantes por núcleo veredal, y se formaron núcleos motor, los cuales compilaban las propuestas, se organizaban y se complementaban con necesidades que hubieran sido olvidadas. Posteriormente, se convocaron diferentes tipos de instituciones estatales y organizaciones sociales del municipio; en este espacio, diversos actores (organizaciones productoras, de mujeres, de jóvenes, etc.) dieron insumos y recomendaciones sobre lo construido hasta el momento. Después de ajustar y completar el PDET, se firmó el pacto comunitario, el 4 de diciembre de 2018.
Hasta el día de hoy, el proceso de formulación de los PDET no ha generado resistencia por parte de los grupos armados o elites económicas locales, cosa que sí ha sucedido con los PNIS, ya que estos han costado la vida de dos líderes que abanderaban el proceso de sustitución de cultivos ilícitos12 y los PNIS están estancados. (García, 2020: 88)
Implementación en el Guaviare
La implementación del Acuerdo de Paz es central para el Guaviare, puesto que significa la presencia robusta por parte del Estado y su priorización como territorio que va a desarrollar el PDET y el PNIS, para ser incorporado al proyecto nación. Por sus condiciones socioeconómicas asociadas al conflicto armado y a la dependencia de los cultivos de uso ilícito, este departamento necesita, urgentemente, de la puesta en marcha de estos programas. Sin embargo, la implementación ha sido difícil porque se han presentado múltiples retrasos, y por la militarización del departamento a través de la Operación Artemisa13, adelantada por el Ejército Nacional, para la erradicación forzada y el uso de glifosato, en contravía de lo pactado.
Un factor clave para que no se haya implementado con celeridad el Acuerdo de Paz fue la poca voluntad política que hubo a nivel departamental por parte del gobernador Nebio Echeverry, quien impulsó la sustracción de 431 000 ha de reserva forestal, como lo muestra el Plan de Ordenamiento Territorial del Guaviare (Calle, 2019); apoyó las erradicaciones forzadas; no abrió canales para implementar y gestionar lo acordado con los campesinos para la sustitución de cultivos de uso ilícito y para la aplicación de los PDT a nivel local, y se declaró abiertamente a favor de los proyectos de ganadería extensiva y cultivos de palma14, que han fortalecido poderes locales que disputan con los intereses y transformaciones que supone la propuesta agraria del Acuerdo de Paz.
Esta poca voluntad se vio en la reducción del presupuesto, por parte de la Alcaldía de San José y de la gobernación, para los programas para la paz en el posacuerdo (FIP, 2017). Además, en los primeros dos años, en reuniones realizadas por el comité tripartito y por las agencias de cooperación, para articular el sector público, empresarios de la región, campesinos y excombatientes en los ETCR, no asistían representantes de la alcaldía y la gobernación, o llegaban funcionarios que no tenían poder de decisión sobre proyectos productivos (Nadia Fandiño, comunicación personal, 04.02.2020).
Tras la firma del Acuerdo de Paz, se dispusieron unas zonas de reincorporación de los excombatientes; en el Guaviare, se encuentran dos ubicadas en el municipio de San José: en la vereda de Colinas y en la de Charras15. Desde la llegada de los excombatientes a las Zonas Veredales de Transición y Normalización, se enfrentaron a retrasos en su infraestructura, pues no estaban adecuadas para la habitabilidad: de las 250 casas que se iban a construir, 200 estaban sin terminar (faltaban puertas, ventanas y acabados básicos en las paredes) y faltaban 50 por comenzar a construirse (Defensoría del Pueblo, 2018). Los procesos de cedulación se demoraron, haciendo que muchos de los firmantes fuesen apresados. También hubo retrasos en la bancarización, dejando por algunos meses a los excombatientes sin recibir el ingreso acordado. Hubo trabas en la aceptación e implementación de los proyectos productivos colectivos que brindaba el Acuerdo de Paz, dificultando la posibilidad de generar ingresos y ser autosostenibles.
Estos retrasos hicieron que los ETCR no lograran, en el corto y mediano plazo, su objetivo de ser espacios de desarrollo local que permitieran la entrada de la institucionalidad estatal y su ampliación a las comunidades que los rodean. La inseguridad, los problemas económicos y la dificultad de poder emprender proyectos productivos llevaron a que excombatientes abandonaran los ETCR para trabajar en fincas de campesinos en otros municipios y departamentos. Varios regresaron donde sus familiares y otros volvieron a la confrontación armada, a engrosar las filas de un sector de las FARC-EP que se quedó en armas. De esta manera, la disidencia de Gentil Duarte ha ido recibiendo y reclutando excombatientes y campesinos que no creen en las políticas del Gobierno y no ven que se desarrolle o se llegue con alternativas al campo. A abril de 201916, en el ETCR, tan solo vivían 202 excombatientes de los 482 que habían ingresado en 2017 a la ZVTN.
Mecanismos causales relacionales: configuración de las relaciones sociopolíticas entre comunidades y Estado, y comunidades y grupos armados
Una vez identificados los mecanismos contextuales que explican los escenarios transicionales de Antioquia y Guaviare, nos interesa indagar por los mecanismos relacionales, es decir, los cambios en los vínculos y las interacciones entre las comunidades y los actores armados, y las comunidades y el Estado. Para esto, es fundamental entender los tipos de presencias que ha tenido el Estado en estos departamentos, y las formas en que se establecen relaciones de cercanía y tensión con los grupos armados.
En línea con Castillejo (2017), es necesario comprender los procesos de transición como momentos de liminalidad, es decir, momentos de ambivalencia y ambigüedad donde los referentes de acción y sentido que las personas usan para habitar el mundo social cambian de un momento a otro, restructurando la cotidianidad de forma vertiginosa y contradictoria. De esta forma, los órdenes políticos en períodos de transición se caracterizan por emerger, sostenerse y transformarse, la fractura de órdenes previos va acompañada de la continuidad de otros órdenes. Así, las relaciones sociales que se gestan en momentos de transición están permeadas por las tensiones que se dan producto de las transformaciones y continuidades de diversas formas de violencia (estructural, simbólica, directa, etc.) (García, 2020).
Antioquia: relación de las comunidades con los grupos armados
Pese a la incursión de los grupos paramilitares en la década de los noventa, desde 2003, las relaciones entre las Juntas de Acción Comunal (JAC) y las FARC-EP continuaron entre la cooperación y la obediencia. Aquello se vio interrumpido en 2013 por dos procesos: el desarme de las FARC-EP y la emergencia de grupos paramilitares. Desde 2013 hasta 2019, las JAC han interactuado con tres grupos armados en distintos momentos: con las FARC-EP (2013-2016), con los grupos paramilitares (2017-2018), y con las disidencias de las FARC-EP (2018-2019). Miembros de la JAC de la vereda La Honda relatan cómo se dan estas relaciones:
La Honda antes del proceso de paz nunca tuvo intervención por parte de las FARC, la junta como tal no, es que La Honda es una de las veredas más autónomas, yo creo que eso es por dos temas: uno porque esa vereda no es montañosa y ellos podían verse expuestos, y lo otro es que la junta no acudía mucho a ellos. Porque es que las juntas tenemos la culpa de que esos grupos entren a las comunidades, porque empezamos con las quejas, eso ayuda a que esos grupos empiecen a entrar, a tomarse atribuciones. (Eugenia López, comunicación personal, 30.03.2019)
Por lo que comenta Eugenia López, la relación entre las JAC y las FARC -EP no era de total cooptación, es decir, de obediencia total, como por lo general se piensa. Por el contrario, sí existió cierto grado de autonomía de la junta con respecto al grupo armado. Como tal, no había una intervención fuerte en el proceso organizativo de la JAC, ya que no tenían la obligación de participar de reuniones en donde se les imponían directrices como a otras JAC. Sumado a esto, la entrevista brinda ciertas luces sobre los mecanismos que influyen en que se dé una relación de cooptación o autonomía: tal parece que la posición geográfica de la vereda y el tejido asociativo a la hora de solucionar problemas internos tienen injerencia en la configuración de la relación.
Ahora bien, esta situación cambió con el proceso de desarme de las FARC-EP. Hacia finales de 2017, grupos paramilitares (las AGC) y de delincuencia común (banda Los Pachelly) iniciaron un proceso de expansión en el casco urbano del municipio, así como en diferentes veredas de la ruralidad. En dicho año, se dieron una serie de homicidios selectivos sobre líderes sociales y excombatientes de las FARC-EP, esto generó que varias organizaciones sociales exigieran a la alcaldía que pusiera atención a la delicada situación. Durante 2018, la escalada de violencia siguió en ascenso, tanto así que el Consejo de Paz17 del municipio tuvo que ser suspendido, ya que no había garantías para realizarlo.
Diana Gallegos (comunicación personal, 13.02.2018), miembro de la Asociación de Mujeres Ideales de Ituango, y quien tiene voz y voto en el Consejo de Paz, analizó este proceso de la siguiente manera: "los paramilitares simplemente estaban tras el negocio de la coca y al alcalde no le importó lo que decíamos hasta que la situación se le salió de las manos y los paracos [paramilitares] estaban por todos lados".
Arjona (2008) afirma que los grupos armados pueden configurar un orden político por 4 vías: control social, ocupación militar, infiltración y coerción. En el caso de los paramilitares, fue la vía coercitiva. Esto les recordó a las comunidades la época de 2001 a 2005, cuando se dio la primera arremetida de estos grupos:
Fue una relación muy tensa, ellos ingresaron y fueron imponiendo sus reglas en la vereda mediante las armas, nada de voluntario, todo era obligatorio. Ellos empezaron a controlar las veredas, se vivía una incertidumbre constante. El trato de los paramilitares fue más agresivo, más vertical, autoritario, nosotros tuvimos varios muertos en el año 2001, cuando entraron a Ituango, creo que eso nos marcó, y al volverlos a ver nos llenó de miedo. (Elvia Mayorquin, comunicación personal, 30.01.2019)
Las relaciones entre los grupos paramilitares y las comunidades fueron verticales, y la regulación de la vida social se imponía por las armas. En el caso de estos grupos, la coerción por las armas fue la estrategia que les resultó más efectiva, al generar obediencia mediante el amedrentamiento, lo cual fue funcional para la ocupación territorial, pero no permitió crear legitimidad y arraigo en la comunidad. Las FARC-EP, por su parte, tenían una relación mucho más cercana con las comunidades, por dos motivos:
primero, porque eran personas de las mismas veredas, campesinos/as que se fueron a las filas y tenían vínculos con las comunidades; y, segundo, necesitaban mucha más colaboración de las poblaciones para obtener alimentos, información y demás recursos básicos en las guerras irregulares. (García, 2020: 52)
La relación de las comunidades con el Estado
La relación que las comunidades de ciertas veredas tuvieron con el Estado giró en torno a asuntos como: proyectos productivos, soberanía alimentaria, infraestructura comunitaria y prevención de enfermedades. Esto mediante diferentes políticas y agencias estatales, como el Departamento para la Prosperidad Social (Gobierno nacional), Consolidación Territorial (Gobierno nacional), Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria, Gobernación de Antioquia (gobierno departamental) y Empresas Públicas de Medellín (gobierno departamental). Según testimonios, la relación entre las JAC y estas agencias o programas fue cooperativa gracias al proceso de concertación:
En esos años hacíamos convites [trabajo mancomunado] que es algo que todavía hacemos, las asambleas, el plan de trabajo que se hace anualmente (...). Ahh... sí, Carlos, estábamos en un programa del DPS [Departamento para la Prosperidad Social] y Consolidación Territorial, eso fue entre 2014 y 2015 (...). Recuerden que en el 2013 estábamos trabajando con la UMATA [Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria], con los de EPM [Empresas Públicas de Medellín], trabajamos unos proyectos productivos y huertas caseras. (Grupo focal JAC La Honda, comunicación personal, 03.03.2019)
Con el fin de explorar los cambios que se pudieron dar en estas relaciones, consultamos, en un grupo focal, a la JAC La Honda sobre los programas o agencias estatales con las que habían trabajado de 2016 a 2018 (durante el desarme de las FARC-EP y formulación de los PDET), y el tipo de relación que habían generado. Resultado de esto, se hizo evidente que durante el proceso de desarme de 2016 y en adelante fue común encontrar dos aspectos: primero, la llegada de un mayor número de organizaciones, tanto ONG como agencias estatales, y, segundo, un mayor protagonismo por parte de la JAC. Con este protagonismo nos referimos a que la interacción de la JAC con agencias como la ART, la ANT y la ADR fue mucho más fluida y regular debido a un sinnúmero de reuniones, encuentros, talleres y visitas:
Para esos años llegó la gente de tierras [Agencia Nacional de Tierras] a levantar todo lo de linderos y eso, con la gente de los cuerpos de paz18 también se trabajó (...). Por Guacharaquero estaban los del desminado (...). Si no estoy mal, lo de los PDET también empezó entre 2017 y 2018 [Agencia de Renovación del Territorio], mejor dicho, hermano, estábamos muy visitados, muchas reuniones y talleres, ya hablamos como doctores. (Grupo focal JAC La Honda, comunicación personal, 03.03.2019)
La relación de esta JAC con las agencias y programas estatales ha aumentado de forma considerable desde el año 2016, lo cual generó que la junta directiva y parte de la comunidad adoptara una serie de prácticas y lenguajes estatales. Mediante estas prácticas y discursos adquiridos es recreado, formado o transformado el sistema Estado en el nivel local.
Al no estar las FARC-EP en el territorio, ya que para inicios de 2017 habían empezado el proceso de desarme, la JAC es la autoridad comunitaria sobre la cual recae la función de regulación y coproducción de bienes y servicios, en este caso el ordenamiento del territorio. (García, 2020: 48)
Guaviare: relación de las comunidades con los grupos armados
La relación entre las JAC y las FARC-EP se remonta a los años ochenta, cuando la guerrilla comenzó a ejercer control territorial y era una autoridad legítima, ya que ayudó a la consolidación de procesos comunitarios y de desarrollo local, así como a la realización de vías o la construcción de infraestructura comunitaria. También ejerció control territorial a través del cobro de impuestos, de la implementación de una normativa ambiental y de convivencia19, ejercicios de justicia por medio de la violencia, y a través del control de las rutas y la comercialización de la pasta de coca.
El campesinado, junto con sus instancias organizativas, y las FARC-EP compartieron nociones comunes de lo justo (Espinosa, 2003; Torres; Salamanca; Fajardo; Ortiz, 2018), que les permitieron construir relaciones cercanas y autónomas, ya que las JAC pudieron ejercer sus funciones, tener espacios de deliberación y de gestión de sus proyectos comunitarios y productivos. La guerrilla fungió como una segunda instancia de justicia que ayudó a resolver conflictividades e hizo cumplir la normativa de las JAC. Las FARC-EP vieron en las JAC la posibilidad de interlocución con el campesinado, de dar orientaciones e implementar la normativa que se regía en las veredas, lo que la guerrilla denominó los manuales de convivencia (Torres et al., 2018).
Esta forma de hacer presencia y tener control en el territorio constituyó una relación-tensión con las comunidades durante las décadas de los ochenta y noventa, puesto que la guerrilla se opuso a la participación de los campesinos en elecciones de representación local (gobernación, alcaldía, consejo). Esta tensión aumentó con la llegada del paramilitarismo a la región, en 1997; en esa época, arremetieron de forma violenta contra sus habitantes, al estigmatizarlos y criminalizarlos por vivir en zonas de incidencia de las FARC-EP, esto llevó a una violencia generalizada que se caracterizó por los asesinatos colectivos, las desapariciones, el robo de bienes y saqueos.
La presencia del paramilitarismo y las Fuerzas Armadas hizo más tensas las relaciones entre guerrilla y JAC. Las FARC-EP consideraban a muchos campesinos como informantes del Estado, y los declaraba objetivo militar; a su vez, paramilitares y militares los estigmatizaban y criminalizaban, acusándolos de ser colaboradores o milicianos de la guerrilla. Esto significó la retirada de la guerrilla de gran parte del municipio de Calamar y, a su vez, la ruptura total de procesos organizativos: las JAC dejaron de funcionar por varios años. La relación de las comunidades con los paramilitares y militares fue de total obediencia y sumisión, puesto que temían por sus vidas.
Como aquí no había presencia del Estado, fue cuando entró el Estado acá en Calamar y se puso una crisis crítica donde si hablaba, porque hablaba; si no hablaba, porque no hablaba; si andaba, porque andaba; si no andaba porque no andaba. Entonces todos andábamos aterrorizados, todo el mundo se quedó quieto. Ya no había junta, ya no había nada. Lo que había era temor, miedo, susto. Entonces se neutralizaron todas esas organizaciones, todo el mundo quieto. (Habitante de Calamar, comunicación personal, 04.08.2015)
Pues ellos siempre han estado en el pueblo, lo que pasa es que en el 2004 se lo tomaron descaradamente porque ya la guerrilla no estaba, no tenía el control. Pero como ellos siempre han estado compinchados con el ejército, ellos se nos tomaron el pueblo, aquí hacían y deshacían, desaparecían gente en el 2004. (Habitante de Calamar, comunicación personal, 23.09.2015)
Entre los años 2017 y 2019, hicieron presencia en los ETCR tres grupos de la sociedad civil. Primero fueron los familiares que llegaron a visitar a los excombatientes con ropa, alimentos, cobijas y artículos de aseo para apoyarlos, algunos de ellos apoyaron proyectos productivos que emprendieron los excombatientes y vivieron en los ETCR. El segundo grupo fue el de los colectivos, organizaciones y asociaciones de la región, que llegaron por iniciativa propia o por proyectos de cooperación internacional, para fomentar el relacionamiento con excombatientes. Y el tercer grupo lo conformaron comunidades aledañas a los ETCR, con quienes se relacionaron a partir de proyectos productivos en común, festividades y celebraciones locales, eventos deportivos y programas de desarrollo que impulsa la cooperación internacional.
Relación con el Estado
Las y los campesinos colonos en el Guaviare han construido una institucionalidad comunitaria que ha sido diseñada, gestionada y ejecutada por organizaciones sociales y las JAC, y les ha permitido resolver conflictividades, gestionar el territorio, impartir normas y concertar con actores armados en el territorio (Torres et al., 2018). Esta construcción de una institucionalidad ha surgido en respuesta a la poca presencia institucional del Estado y a su fuerte presencia militar (Salgado, 2012). De esta manera, el Estado colombiano ha integrado el Guaviare, a partir de formas particulares de penetración por la vía de la fuerza y la seguridad, que le son útiles al desarrollo del proyecto nación, pero que desatienden y desconocen los procesos propios y las necesidades de quienes habitan este departamento (Serje, 2013).
Tras varios procesos de paz que se hicieron con las FARC-EP y otros grupos insurgentes, y las denuncias y exigencias que hacían los pobladores de Calamar para solicitar presencia con instituciones en el Guaviare, se prometió la presencia institucional del Estado, con el fin de desarrollar económica y socialmente el departamento. Se llevaron a cabo proyectos como el de PLANTE o el Plan Nacional de Rehabilitación (PNR), que, al igual que los PDET y PNIS, no fueron implementados a cabalidad y terminaron por fortalecer a las Fuerzas Armadas y priorizar la vía de la seguridad en el departamento.
¿Y por qué no ha sido mucho? Porque la legalidad es que en ese conflicto armado que ha vivido Colombia, la plata que ha de ser para nosotros los campesinos la han vuelto orden público, mejor dicho, la han vuelto es guerra. Lo que tienen que darnos a nosotros lo convierten pero en bombas y en esas cosas que justamente no tenemos ningún beneficio. (Exhabitante de la vereda Puerto Gaviotas, comunicación personal, 04.08.2015)
Las JAC son la figura política, social y organizativa con la que los campesinos han encontrado interlocución con el gobierno departamental y municipal, pues les ha permitido celebrar contratos con el Estado para gestionar el desarrollo local de sus veredas; a través de estas instancias le han exigido la implementación de proyectos que transformen la lógica económica del departamento, que se basa en los cultivos de uso ilícito, pero, en definitiva, han sido plataformas desde las cuales luchan por el cumplimiento de sus derechos como ciudadanos de Colombia. En la actualidad, tanto las comunidades como los excombatientes buscan hacer efectivo lo acordado en La Habana, a través de figuras como las JAC, y también a través de estas instancias han logrado la recepción de proyectos de cooperación internacional, por medio de instituciones como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Office National des Forêts Andina, la Organización Internacional para las Migraciones, la Organización de Naciones Unidas y el Consejo Noruego, entre otros.
Consideraciones finales
Los escenarios transicionales en los municipios de Calamar y San José (Guaviare) e Ituango (Antioquia) se presentan más como la continuidad de distintos registros y categorías instaurados por el conflicto, que como una ruptura de esos órdenes. En este sentido, se ha presentado una serie de transformaciones y continuidades de diversas formas de violencia. Uno de los mecanismos contextuales que explica el porqué de este fenómeno son los retrasos y las trabas en la implementación del Acuerdo de Paz, que se recrudecieron con la puesta en marcha de la política de "Paz con legalidad" del gobierno Duque, la cual disminuyó los municipios priorizados por programas como el PDET y PNIS, y viró hacia una política centralista y punitiva, así como hacia lo relacionado con la reincorporación económica y seguridad de los excombatientes. Estos incumplimientos llevaron a que se perpetuaran sentimientos de desconfianza, zozobra e inseguridad, que afectaron la relación entre actores como las comunidades y el Estado, y las comunidades y las FARC-EP.
Otro mecanismo contextual del nivel medio que se engrana con el anterior es el tipo de juego político que se dio en ambos casos. Tanto en Antioquia como en Guaviare, no hubo voluntad política por parte de los gobiernos departamentales para implementar con celeridad el Acuerdo de Paz, ya que se encontraban gobernando funcionarios que estaban en sintonía con partidos políticos como el Centro Democrático y el Conservador. En el caso del Guaviare, se impulsaron estrategias como el Plan de Desarrollo Departamental (PDD) y la promoción de la erradicación forzada, que buscan fortalecer economías extractivas, ganaderas y agroindustriales20, en contravía de las transformaciones que plantea el Acuerdo de Paz para dar solución a la situación de pobreza, desigualdad, desatención y la falta de conectividad en los territorios.
En el caso de Antioquia, esta poca voluntad se reflejó en declaraciones por parte del gobernador y del alcalde de Medellín en contra del proceso de paz, y en la puesta en marcha de las vicealcaldías y cuerpos de paz, que pusieron en el centro de la política a la seguridad y la vigilancia entre la ciudadanía, a cargo de coroneles retirados, con el propósito de ocupar los territorios que dejaba la antigua guerrilla de las FARC-EP. La propuesta de esta política, más que propender por el robustecimiento de la institucionalidad estatal en zonas donde había alta presencia del conflicto social y armado, lo que impulsó fue la penetración en estas regiones por la vía de la seguridad. Ambos casos dejan en evidencia que, en escenarios donde el comportamiento cooperativo es más difícil de alcanzar y sostener, las políticas serán demasiado inestables o rígidas (Scartascini et al., 2011).
La configuración causal de ambos mecanismos contextuales repercutió en el nivel micro, donde empezaron a operar dos mecanismos relacionales que reforzaron las diversas formas de violencia en ambos escenarios transicionales. El primero es la presencia de grupos armados que ven, tanto en el Nudo de Paramillo como en el suroriente del Guaviare, un epicentro de desarrollo económico y unas zonas estratégicas para hacerse al control de rutas del narcotráfico. En el caso de Calamar y San José, en Guaviare, hacen presencia la disidencia de las FARC-EP de Gentil Duarte e Iván Mordisco, y grupos residuales del paramilitarismo que amenazan la aplicación del PNIS al ofrecer incentivos a los campesinos para que no se acojan a la sustitución voluntaria, a la vez que propician la deforestación para instalar cultivos de uso ilícito.
En el caso de Ituango, en Antioquia, hacen presencia la disidencia de los frentes 18 y 36, y las Autodefensas Gaitanistas Unidas de Colombia o Clan del Golfo (llegadas desde el sur de Córdoba y Bajo Cauca), grupos que se disputan el control territorial de corredores estratégicos. En estas disputas, compiten por los ejercicios de gobernanza directa con las comunidades, buscando lealtades que les brinden información, abastecimiento y, en últimas, control territorial. Ha sido tal el grado de disputa que el ETCR de la vereda Santa Lucía tuvo que ser reubicado en el municipio de Mutatá, debido a la falta de garantías a la vida e integridad de los excombatientes.
El segundo mecanismo relacional es la presencia del Estado, la cual se da de forma diferenciada en ambos escenarios transicionales. En Ituango, donde la presencia institucional es un poco más fuerte y robusta, se logran generar espacios de articulación entre las JAC y la institucionalidad para la paz (ART, ARN y ADR). A pesar de las políticas del gobierno Duque, que buscaron revertir lo pactado en La Habana, se ha logrado avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz, en momentos que se ha estancado por la falta de voluntad de los gobiernos de turno, lo que ha llevado a que se tenga una implementación media-alta.
Por el contrario, en Calamar y San José, donde la presencia institucional es débil y pequeña, y la presencia del Estado ha sido por la vía armada y de la penetración, la poca voluntad de implementación de lo pactado significó unas relaciones intermitentes y acotadas entre JAC y organización civil con el Estado. Esto se evidenció en los pocos avances con relación a: 1) soluciones integrales al problema de conectividad que tiene el departamento, 2) promover y consolidar mercados y rutas de comercialización que permitan sacar a los campesinos y excombatientes lo producido en el sector rural del departamento, y 3) la entrega a tiempo de los insumos para el avance de proyectos productivos en el marco del PNIS, lo que llevó a que se perdieran y a que los campesinos tuvieran que resembrar los cultivos de coca como único mecanismo de subsistencia.
