La desigualdad, la exclusión y la muerte en perspectiva histórica

Situarnos frente al fenómeno del asesinato sistemático de líderes sociales y de defensores de derechos humanos implica observarlo desde una perspectiva histórica para poder entender sus causas, objetivos e incidencias. Nos preguntamos entonces por el origen y soporte de semejante tendencia en el país, encontrando en diversas problemáticas sociales, entre las que se hayan la exclusión política y la desigualdad, una génesis de su lógica.

En primera medida, la exclusión política en Colombia ha sido encubierta por un discurso sobre la democracia en el país, que la ha enaltecido (como la democracia más antigua de América Latina) por su modelo representativo y bipartidista. Dicho modelo, en cambio, por la manera como se ha desarrollado en el país, ha propiciado y sostenido una serie de marcadas exclusiones políticas, cuyo sentido consistía en la perpetuación en el poder de un grupo de élites familiares, adscritas a los dos partidos tradicionales (liberal y conservador). En esta democracia, el poder se mantuvo sujeto a los tránsitos (a veces violentos) entre los partidos hegemónicos o a una alternancia pactada en una alianza, como fue en el caso del Frente Nacional. Tal como explica Pizarro:

[...] en Colombia rigió una división de la comunidad política nacional en dos subculturas políticas fundamentadas en sentimientos arraigados, más que en diferencias doctrinarias pronunciadas, división que generó una dura competencia política de carácter centrífugo. Este modelo dual, que habría de constituirse en uno de los sistemas bipartidistas más antiguos del mundo, lejos de facilitar la construcción nacional, le generó enormes obstáculos. (2005, 121)

Tal concentración del poder político obedecía también a los intereses económicos que defendían y promovían al ostentarlo, por lo que las elites partidistas buscaban su monopolio. De ese modo, los partidos tradicionales procuraron, en últimas, garantizar su mutua perpetuación en el poder, absorbiendo o reprimiendo a las fuerzas políticas contrarias y con menor poder económico (^{Giraldo 2015}). En síntesis, "la naturaleza no pluralista del Estado no solo significó el control del gobierno por una pequeña clase dirigente, sino también la exclusión periódica de parte de la misma, dado el intenso sectarismo partidista que dividía la clase dominante" (Oquist 1978, citado por ^{Giraldo 2015}, 24-25). Es justamente este antagonismo, que convertía al rival en enemigo, o en instrumento, lo que produciría grandes obstáculos para la participación democrática (como condición del Estado 84 nación), restringiendo las alternativas políticas en su calidad de limitadas a un único proyecto hegemónico.

Por otro lado, la mayoría de los resultados electorales se encontraban determinados o influidos por el capital invertido en campañas políticas o en prácticas ilegítimas que permitieran obtener ventajas en los procesos electorales. Debido a las desigualdades socioeconómicas en Colombia y, particularmente, a la concentración de la riqueza por parte de miembros importantes de los partidos tradicionales, resultaba propicio que ambos partidos aprovechasen su poder económico para vencer en la competencia por el poder político.

Ahora bien, la eliminación del posible adversario político no ha sido la única razón para acabar con los otros en el país, dado que hemos estado ante un conjunto de profundas desigualdades sociales que se cristalizan en la impunidad frente a los asesinatos de los más vulnerables y los excluidos. No es que el sistema no pueda dar con los responsables de los homicidios, es que la impunidad ha sido constitutiva de nuestro sistema de relaciones sociales. Se trata de una cruel pedagogía que ha dado valor diferencial a las vidas según ubicación geográfica, etnia, género y, como se señalaba, capital. Estas desigualdades han marcado la agenda de los diversos actores históricamente excluidos e invisibilizados desde hace más de cien años.

Sin embargo, las problemáticas no comenzaron allí, si tomamos el análisis que hace Paulo Freire sobre la colonización y la entrada de la democracia en Brasil, podemos entender que en América Latina los procesos democráticos se han enfrentado a la preexistencia de un conjunto de desigualdades derivadas de la herencia colonial que no permiten el reconocimiento del otro como igual, puesto que "lo que predominó fue el mutismo del hombre. Su no participación en la solución de los problemas comunes. Con el tipo de colonización que tuvimos nos faltó vivencia comunitaria" (1997, 65). En la era colonial tanto en Brasil como en Colombia y el resto de América Latina solo tenían voz los señores y gobernadores, existía un imperativo de obediencia y silencio que en la era republicana se mantuvo gracias a la persecución de las organizaciones sociales que no respondieran a los intereses de las elites, fortaleciendo y naturalizando las desigualdades sociales, lo que terminó derivando en una cultura de vasallaje que solo vino a ser controvertida con fuerza por los movimientos sociales del siglo XX. Así pues, "no podíamos, dentro de estas circunstancias, llegar a formas de vida democráticas que implicasen un alto sentido de participación en los problemas comunes, sentido que se 'crea' en la conciencia del pueblo y se transforma en sabiduría democrática" (^{Freire 1997}, 66).

En Colombia, según se registra desde comienzos del siglo XX, han sido numerosos los motivos de inconformidad cívica que devendrían en significativos empujes hacia la lucha contra los proyectos hegemónicos al servicio de los partidos tradicionales -principalmente, de aquellos propios del partido conservador- y, por ende, a la conservación del status quo¹. Para ^{Torrejano (2006)}, tales motivos de inconformidad a comienzos del siglo XX pueden clasificarse entre aquellos relativos a las carencias socioeconómicas latentes entre la clase popular -como la precariedad de servicios públicos, el alto precio de los alimentos, la falta de redes de transporte, el hacinamiento de las viviendas, etc.- y aquellos de carácter sociopolítico en estrecha relación con el abuso de autoridad, la restricción de las libertades civiles, los fraudes electorales y determinadas decisiones políticas (frente a la Iglesia, la educación y otras instancias). Ya hacia el decenio de 1920, eran motivo de protesta social:

El inconformismo económico de los trabajadores asalariados del campo y la ciudad que piden aumento de los salarios, reducción de la jordana laboral, incorporación de medidas de seguridad social, extinción del maltrato psicológico y mejoramiento de las condiciones locativas de los lugares de trabajo, junto con las demandas de los arrendatarios y los colonos atadas a la exigencia de algunos ajustes en los contratos de arrendamiento y la lucha por la propiedad de la tierra, respectivamente. (^{Torrejano 2006}, 336)

Es importante señalar que en Colombia el asunto de la tierra siempre se ha presentado como problemático, bien sea porque el registro de su distribución muestra unas desigualdades escandalosas o porque su apropiación ha estado relacionada con la violencia²; esto último da cuenta de cómo la vida y la muerte se han instrumentalizado para establecer hegemonías locales. Estas estructuras de poder regional se han encargado de limitar políticamente las apuestas por lo colectivo, pues estas no logran competir contra las grandes maquinarias electorales que han monopolizado la representatividad con agendas claramente clientelistas en las que no ha estado, como 86 una posibilidad real, la tan necesaria reforma agraria.

Un punto importante para tener en cuenta a la hora de reflexionar sobre el tema de la tierra tiene que ver con los recursos naturales y los impactos socioambientales que la explotación de materias primas puede ocasionar a diversas comunidades. Más allá de las problemáticas asociadas con la contaminación o las enfermedades, las poblaciones no pueden tomar decisiones soberanas en y con los territorios, puesto que el modelo extractivista se les impone por la fuerza incluso cuando existen recursos jurídicos por la defensa de los territorios. Es justamente en estos escenarios donde los interesados en sacar adelante dichos procesos buscan acabar con la organización social, algunas veces con el exterminio de sus liderazgos.

Las complejas condiciones de vida entre los habitantes más humildes de las urbes colombianas, así como en gran parte de los trabajadores del campo, eran reflejo de las enormes desigualdades socioeconómicas en el país³, que parecían acentuarse, en parte, por efecto de la exclusión en la participación. La falta de reconocimiento de las principales problemáticas de la población más vulnerable, aunada a la exclusión sistemática de sus intereses en la agenda nacional, supuso para muchos civiles que la única alternativa posible para sostener un cambio en el país era la lucha armada, siendo este el principio de las guerrillas en Colombia, como las FARC-EP y el Ejército de Liberación Nacional -en adelante, ELN-. La emergencia de la insurgencia, no obstante, profundizó entre los diferentes gobiernos nacionales la estigmatización sobre las terceras fuerzas, que sobrevino en una represión más violenta de los movimientos que progresivamente se fueran organizando para denunciar el abandono y exclusión del Estado (^{Giraldo 2015}) como, por ejemplo, los movimientos campesinos, estudiantiles, universitarios, indígenas, sindicales, entre otros.

Cabe señalar que en el contexto del conflicto armado diversas voces que se posicionaron en un lugar distinto al de los poderes locales y al de la revolución fueron perseguidas por las insurgencias, contrainsurgencias o ambas. De esta manera, grupos significativos de ciudadanos e incluso comunidades enteras fueron excluidos de los dos modelos de nación que se planteaban en el conflicto, algunas veces incluso eliminados sin que en la esfera nacional se diera una discusión en torno a las disputas planteadas en o por los territorios. Eran simplemente otras muertes en medio del conflicto armado, cifras.

Este panorama nos lleva a repensar los alcances de la democracia en el país, pues si seguimos a ^{De Sousa (2017)}, la democracia liberal ha basado su legitimidad en la certeza de los procedimientos y la incertidumbre de los resultados, pero, si en Colombia el modelo y la práctica han sido estructuralmente excluyentes, entonces los resultados tampoco son inciertos debido a que las opciones son limitadas y se encuentran en relación con quienes siempre han estado en el poder. De esta manera, en Colombia encontramos una democracia de baja intensidad (^{De Sousa 2017}) en la que la pluralidad y el respeto por la diferencia no son más que un sueño del que la violencia suele despertar a los ciudadanos. Cabe recordar el exterminio de la Unión Patriótica y ahora el asesinato sistemático de líderes sociales.

Este recorrido nos muestra no solo un sistema que históricamente ha impedido la participación política de actores con apuestas realmente innovadoras o que den cuenta de la enorme diversidad étnica y social del país, sino que también existe un conjunto de empresas de la muerte que han eliminado la divergencia política en las regiones para facilitar los proyectos del establecimiento. De esta manera, nos queda claro que no podemos perder de vista los objetivos generales que persiguen quienes determinan el asesinato de un líder social o defensor de derechos humanos. Alberto Brunori, representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia en una reciente entrevista con el periódico El tiempo se ha referido al problema:

Ahora creo que hay que superar la investigación de casos con autores materiales e ir a las estructuras criminales detrás de estos asesinatos, creo que ese es el salto que se necesita hacer para asegurar una efectiva lucha contra la impunidad. El sicario no se mueve solo, alguien lo paga, alguien le da una instrucción y ejerce una actividad, por supuesto ilícita, criminal. (Restrepo 2018)

En ese orden de ideas el asesinato sistemático de líderes sociales continúa una tradición de instrumentalización de la muerte que busca eliminar contradictores políticos, especialmente si estos toman la vocería por comunidades que busquen establecer otro tipo de relaciones en y con los territorios. De tal manera, la muerte está allí para minar la participación ciudadana, 88 negando no solo el derecho a la vida de quien es asesinado sino también los derechos civiles y políticos de todo un grupo o comunidad.

¿Por qué los líderes sociales? El proyecto necropolítico

El espíritu comunitario necesita dinamizadores, es decir, personas que identifiquen problemáticas regionales y propicien acciones para hacerles frente. Así, estos líderes comunitarios cumplen una tarea esencial para la democracia, especialmente si seguimos a John ^{Dewey cuando nos dice que "la democracia es una forma de vida" (1939}, 21), pues ellos propician la participación de los ciudadanos en las decisiones que podrían afectarlos de la misma manera que a sus territorios. Entonces podríamos decir que:

La condición de liderazgo social se fundamenta en dos pilares: la actividad concreta que esta persona desempeña y el reconocimiento que de esta actividad hace la comunidad en la que se encuentra inserta. De este modo, un líder o lideresa social es una persona que cuenta con reconocimiento de su comunidad por conducir, coordinar o apoyar procesos o actividades de carácter colectivo que afectan positivamente la vida de su comunidad, mejoran y dignifican sus condiciones de vida o construyen tejido social. (Cinep 2018, 8-9)

Un líder o lideresa social ocupa un lugar exaltado en relación con la visibilidad y la legitimidad que le ha sido otorgada por una comunidad. Es importante señalar que el ideal democrático del Estado nación solo es posible con una participación plural que tenga una incidencia real en las decisiones del colectivo, de allí que el lugar del líder en calidad de articulador y organizador sea esencial para visibilizar posiciones sólidas y unificadas. Es justamente a neutralizar o vaciar ese lugar a lo que apuntan quienes desean acabar con las acciones colectivas de una comunidad. Por eso se busca destruir de forma pública y a veces con sevicia a la persona que ocupa ese lugar de liderazgo, exhibiendo una flagrante impunidad que da un mensaje a todo aquel que intente ubicarse en dicho lugar, siendo su objetivo principal sembrar miedo⁴.

Decimos entonces que el asesinato de un líder social es un acto con objetivos particulares (según la lógica y los intereses del actor que perpetra el crimen), que además desarrolla una cruel pedagogía de aquello que las comunidades están obligadas a evitar, pues de lo contrario sus vidas correrán con la misma suerte que la de su líder. La impunidad y el cumplimiento de los objetivos en cuyo nombre se perpetró el crimen son los pilares fundamentales de esta pedagogía del terror con la que grupos ilegales, institucionales o parainstitucionales hacen gala de un poder regional sin límites. Ahora bien, entenderemos por defensor y defensora de derechos humanos a:

La persona que actúe en favor de un derecho (o varios derechos) humano(s) de un individuo o un grupo será un defensor de los derechos humanos. Estas personas se esfuerzan en promover y proteger los derechos civiles y políticos y en lograr la promoción, la protección y el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. (ONU 2004, 3)

En el caso del asesinato de los defensores de derechos humanos también vemos un intento por neutralizar sus acciones, callando una serie de denuncias que gracias a la eficacia simbólica asociada con dicho lugar tienen una mayor repercusión nacional e internacional. Se busca evitar el cubrimiento jurídico institucional que el defensor de derechos humanos puede propiciar para las problemáticas y conflictos que atenten contra la dignidad humana.

En estos escenarios donde la violencia está desatada, como en las regiones que históricamente han sido escenarios de disputa en el conflicto armado, es justamente la capacidad de dar muerte a otros la que da cuenta del poder de un determinado actor. De esta forma, las relaciones de poder comienzan a estar determinadas por los actos de terror, pues "el ejercicio del poder no es simplemente una relación entre parejas, individual o colectiva; es una forma en la que ciertas acciones modifican otras" (^{Foucault 1991}, 83). El asesinato de un líder social entonces es un acto que busca evitar o neutralizar las acciones colectivas que podrían poner freno a los proyectos que estos poderes regionales⁵ piensan desarrollar en los territorios o con las poblaciones.

En sus elaboraciones sobre el derecho de vida y muerte, Michel Foucault nos explica cómo en el Antiguo Régimen el soberano tenía el poder de disponer de la vida de los súbditos siempre que esta pusiese en riesgo su propia existencia como soberano. Era un derecho de vida y muerte como "el derecho de hacer morir o de dejar vivir" (^{Foucault 1978}, 164). En la Revolución francesa es el pueblo el que toma el derecho de vida y muerte decapitando a los antiguos soberanos, mostrándoles su poder con aquel acto definitivo de aniquilación. Así, con la apropiación por parte del pueblo del derecho de vida y muerte⁶, se comienza a gestar un cambio, "la vieja potencia de la muerte, en la cual se simbolizaba el poder soberano, se halla ahora cuidadosamente recubierta por la administración de los Cuerpos y la gestión calculadora de la vida" (^{Foucault 1978}, 169).

El poder soberano de los Estados nación, entonces, tuvo por objetivo el control de las formas de vida de las poblaciones, estableciendo una jerarquización determinada por un parámetro de obediencia del que los cuerpos fueron el objetivo principal. "Una sociedad normalizadora fue el efecto histórico de una tecnología de poder centrada en la vida" (^{Foucault 1978}, 175), esto es lo que Foucault denominó biopolítica. En este modelo disciplinario de sociedad, dar muerte deja de ser el mecanismo privilegiado de control, pasando a ser el último recurso en algunos casos⁷, se transita a una sociedad que excluye, aísla o simplemente deja morir a quienes no se someten a las normas⁸.

Ahora bien, siguiendo a Achille Mbembe, "la noción de biopoder es insuficiente para reflejar las formas contemporáneas de sumisión de la vida al poder de la muerte" (2006, 75). Mbembe toma como ejemplo la experiencia de los países que han atravesado por procesos de colonización por parte de las potencias europeas, en donde el poder de la muerte ha sido aún más determinante en la vida de las poblaciones, en estos contextos la barbarie fue el soporte de la civilización. Es decir que, mientras que en algunas sociedades el derecho de vida y muerte dio paso a la normalización de la sociedad por el camino del biopoder, en otras este proceso mantuvo la posibilidad de dar muerte a quienes se oponen al proyecto hegemónico por vías legales e ilegales; en estas regiones en conflicto o con democracias de bajísima intensidad parece reinar el Estado de sitio. Es a esta instrumentalización de la muerte como mecanismo de control social y territorial a lo que hacemos referencia con el concepto de necropolítica.

En estos escenarios la soberanía no recae completamente en el Estado nación, pues este no tiene acceso a muchos lugares que se encuentran entre sus límites y por ende no hay tampoco una relación homogénea de normalización, es decir, no hay incidencia estatal en los modos de vida de las poblaciones ni siquiera para lo más fundamental que es la satisfacción de sus necesidades básicas, el hacer vivir. En este orden de ideas, el derecho queda suspendido por la violencia del más fuerte, la fuerza del uno vuelve a imponerse sobre el poder de la comunidad.

De acuerdo con Mbembe, en estos casos la soberanía está en manos de poderes cimentados en la muerte, pues "la soberanía es la capacidad para definir quién tiene importancia y quién no la tiene, quién esta desprovisto de valor y puede ser fácilmente sustituible y quién no" (2006, 46).

De esta manera, estamos en condiciones de afirmar que en Colombia existe una serie de "espacios de la muerte" (Taussing 187) en los que florece una cultura del terror que define espacios y es creadora de significados. En los espacios de la muerte transitan con comodidad las llamadas "máquinas de guerra" (Deleuze y Guattari, citados por ^{Mbembe 2006}), pequeños o grandes ejércitos desterritorializados y desterritorializantes que ponen a operar el proyecto necropolítico. Un proyecto en el que "la extracción y el pillaje de recursos naturales por las máquinas de guerra van parejos a las tentativas brutales de inmovilizar y neutralizar espacialmente categorías completas de personas" (^{Mbembe 2006}, 62).

En ese sentido, la necropolítica se opone radicalmente al discurso de los derechos humanos, entendidos como un proyecto biopolítico que, pese a fundarse en la universalización de valores occidentales, cumple con su objetivo fundamental de hacer vivir, de dignificar la vida humana. Asumir desde el Trabajo Social una apuesta por la trasformación social que tenga la vida digna en el horizonte implica una sumatoria de desafíos que comienzan desde la interpretación analítica de las problemáticas que aquejan a las poblaciones.

[...] la dignidad de las personas no podemos entenderla de manera abstracta sino enraizada en contextos concretos, es decir, históricos, sociales, culturales, medioambientales cuyo respeto y protección se hace igualmente necesario para que el derecho a una vida digna pueda estar garantizado para todos los seres humanos. (^{Cordero, Palacios y Fernández 2006}, 3)

El conflicto armado, el narcotráfico, la incapacidad para dar trámite a los conflictos territoriales, la experiencia colonial, la desigualdad y la exclusión política han servido como telón de fondo para que la vida pierda valor en el país, para que cada vez el escándalo sea menor ante lo inaceptable; estamos frente a un proceso de deshumanización. En este contexto las máquinas de guerra apuntan a quienes agencian las acciones colectivas, buscan vaciar un lugar que permite la articulación de las luchas por la dignidad, acabando con sus líderes y sembrando el terror entre sus participantes. Así destruyen la democracia desde sus cimientos, apuntando a mermar la esperanza que es el más íntimo motor de la transformación social.

Se hace evidente que el proyecto necropolítico en Colombia tiene un alcance devastador, de allí la necesidad de tener presente esta matriz teórico-analítica a la hora de realizar diagnósticos que nos permitan intervenir en escenarios tan complejos, de modo tal que nuestros sujetos no pierdan aquella esperanza critica que los hace responsabilizarse de su futuro, que no tengan que perder la vida.

Los líderes y su importancia para el Trabajo Social

La práctica profesional del Trabajo Social en escenarios grupales o comunitarios busca contribuir en el desarrollo o fortalecimiento de la cohesión de un colectivo para que este aumente su capacidad de progresión. De este modo, la formación de redes de cooperación y la asunción de identidades colectivas permiten un posicionamiento frente a las problemáticas que afectan a una población, siendo este el primer paso para incidir en la agenda pública y política local desde unas acciones colectivas que reivindiquen la dignidad de un determinado grupo o comunidad.

Siguiendo a Yolanda López, existen tres orientaciones en forma de modelos de intervención para el Trabajo Social con grupos: 1) Trabajo Social grupal con orientación funcional, 2) Trabajo Social grupal con orientación hacia colectivos y comunidades, y 3) Trabajo Social con grupos de orientación terapéutica. Para esta elaboración nos interesa mostrar que:

La segunda orientación del Trabajo Social de grupo se dirige a agenciar la creación, reconocimiento o promoción de los grupos de un colectivo o comunidad para incentivar su activa participación en los procesos de crítica y autocrítica a discursos y prácticas sociales consuetudinarias, privadas o públicas, que, sustentadas en criterios de inequidad y discriminación social, involucran la participación de determinados sectores sociales en los beneficios materiales y espirituales de una sociedad.

La perspectiva de esta intervención es la de propiciar el reconocimiento de problemas que afectan los derechos sociales, civiles y políticos de una comunidad o de agrupaciones específicas y, al mismo tiempo, de valores e ideales sociales que los contrarresten para promover acciones colectivas que permitan a los individuos ejercer los derechos vulnerados o reivindicar su inclusión en la actualidad jurídica vigente. (^{López 2009}, 347)

Es importante señalar que, si la dignidad humana es el horizonte de la actividad profesional, entonces, como nos dice Dominelli, "los principios de los Derechos Humanos y la justicia social son fundamentales para el Trabajo Social" (2013, 35). En ese sentido:

La tarea prioritaria para el Trabajo Social será cómo interpretar los Derechos Humanos para su realización práctica, es decir, de qué forma "implementarlos", de cómo aplicarlos en las diversas realidades sociales, entendidas como espacios de actuación local, donde existen difíciles cuestiones fácticas y también normativas. (^{Cordero, Palacios y Fernández 2006}, 13)

De allí la importancia de la reflexión y acción en defensa de los líderes sociales y de los defensores de Derechos Humanos, con quienes nos identificamos en la tarea de construir una sociedad plural, democrática y participativa en la que todos los ciudadanos gocen de la garantía plena de sus derechos, y por ende puedan satisfacer sus necesidades básicas para una vida que podamos calificar como digna.

Plantear la intervención profesional desde los Derechos Humanos implica siempre una interpretación que supere la lógica eurocéntrica de estos, incluso podemos decir que "el enfoque de derechos puede ser pensado también como una forma de anudar, articular, imbricar las nociones de ley y responsabilidad. De esta manera es posible pensar la función de los derechos en relación con la integración de la sociedad" (^{Carballeda 2016}, 3). El enfoque de derechos debe propender por la inclusión, lo que está en juego es la cuestión del lazo social, por ello importa tanto la participación.

Es importante marcar que en el trabajo comunitario todo parte del reconocimiento por parte los propios sujetos de la intervención de aquellas problemáticas que les impiden el goce pleno de sus derechos y también de sus recursos y posibilidades para hacerles frente. Más que objetos de la intervención se busca que se conviertan en sujetos de las transformaciones sociales, entendiéndose como seres inacabados que deben tener responsabilidad sobre la construcción histórica, que vivan un proceso de democratización.

Ahora bien, es evidente que en escenarios en los que existen niveles tan elevados de desigualdad y violencias múltiples como en el colombiano, una de las apuestas fundamentales de la acción profesional deba ser la de motivar la crítica de las comunidades a la normalización de prácticas opresivas. También siguiendo a Dominelli diremos que:

La opresión es la devaluación de la gente -quiénes son y qué tienen que ofrecer a los demás-. Cuando se está en el campo de la opresión, las diferencias son valoradas negativamente como condición de inferioridad con respecto a la norma dominante, la cual es vista como superior (diada binaria). Si se vincula la opresión con la negación de recursos sociales (incluyendo el poder), esta se convierte en un fenómeno estructural que puede abarcar cualquier aspecto de la vida, desde lo espiritual hasta lo material, de lo físico a lo emocional, de lo personal a lo sociológico. Ninguna faceta de la vida se escapa de su alcance. (2013, 36)

Ante esto, los y las profesionales del Trabajo Social ejercen una función de orientación en miras a que los grupos o comunidades con los que trabajan dejen de necesitarlos para: realizar diagnósticos sobre sus problemáticas; encontrar formas de mediación ante sus conflictos internos; y construir planes de acción. En su función pedagógica el trabajador o la trabajadora social muchas veces asume un lugar direccional, lo cual puede ser de gran utilidad al comienzo de una intervención con grupo o comunidad cuando están recién en proceso de formación y organización; sin embargo, el ideal de la acción profesional debe ser el de promover o solidificar liderazgos dentro de los colectivos para así asegurar su continuidad en el tiempo.

Contribuir a la participación política de las comunidades invisibilizadas y excluidas es trabajar por un proyecto democrático que puede acercarnos a la tan ansiada paz. Cabe señalar que el ideario de los derechos humanos y de la dignidad humana restituye el poder de la comunidad, es decir que se basa en el derecho y se encuentra respaldado por la normatividad nacional, pues la Constitución establece que:

Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto a la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. (^{Constitución Política de Colombia 1991}, Art. 1)

Por otra parte, el asesinato sistemático de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos no solo afecta gravemente la organización comunitaria; genera también daños particularizados en todos los miembros de dicha comunidad al romper con sus redes sociales, especialmente para aquellos que perciben en las acciones comunitarias un impacto positivo en su calidad de vida. Decimos que los líderes sociales son tejedores de redes sociales. Red social es un grupo de personas, miembros de una familia, vecinos, amigos y otras personas capaces de aportar una ayuda y un apoyo tan reales como duraderos a un individuo o una familia. Es, en síntesis, un capullo alrededor de una unidad familiar que sirve de almohadilla entre esa unidad y la sociedad. (Elkaim citado por ^{Chadi 2007}, 27)

En un momento en que los profesionales del Trabajo Social le están apuntando a la construcción de paz, se evidencia la importancia de los lazos comunitarios, de la participación política y de un pensamiento situado que permita reconocer las especificidades de las poblaciones a la hora de pensar en las transformaciones que necesita el país. Así, podemos decir que las empresas de la muerte que trabajan contra la democracia son el principal enemigo de la paz y de todos aquellos quienes están trabajando por ella, la lógica de su existencia subvierte incluso los cimientos mismos de la vida en comunidad.

Este panorama nos lleva a pensar el alcance de la intervención grupal o comunitaria en Trabajo Social cuando los líderes se encuentran bajo amenaza con un nivel de mortalidad escalofriante, incluso nos obliga a reflexionar sobre los riesgos que implica el quehacer profesional con comunidades en resistencia ante macroproyectos de "desarrollo" o ante agendas de la ilegalidad, pues en algunas ocasiones el líder social asesinado podría llegar a ser justamente el trabajador o la trabajadora social⁹. Esta es una cuestión de suma importancia para la reflexión profesional, teniendo en cuenta que afecta estructuralmente la práctica y sus efectos. En consecuencia, es pertinente hacer un llamado a una discusión disciplinar que, desde la trayectoria y las distintas experiencias de los profesionales en este campo, de luces sobre posibles alternativas de intervención en las que los actores involucrados 96 tengan mayores garantías de seguridad. Por lo mismo se debe convocar al gremio a manifestarse con una exigencia sustentada en la experiencia y el riesgo profesional dirigida al Gobierno nacional para que este se comprometa realmente con las garantías democráticas mínimas que exige el país para ser viable.