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INTRODUCCIÓN
Las protestas que han tenido lugar recientemente en diferentes lugares del mundo, desde Hong Kong hasta Chile, pasando por el Líbano, Irak, Ecuador, Bolivia, Puerto Rico y Colombia, han despertado el interés de analistas y tomadores de decisión quienes se han esforzado por comprender lo que podría ser la ola más grande de movilizaciones masivas en la historia mundial (Chenoweth, et. al, 2019; Wright, 2019). Aunque existe una gran variación en cuanto a sus causas y potenciales desenlaces, un aspecto recurrente en el debate ha sido el papel que la violencia ha tenido en estas expresiones colectivas de descontento. Mientras algunos advierten que han sido en su gran mayoría pacíficas, otros sugieren que la violencia ha sido una estrategia necesaria en condiciones de abierta represión (Thaler, 2019) o una consecuencia no deseada del alcance de las movilizaciones y la dificultad de coordinar acciones en movimientos sin líderes visibles (Chenoweth, et al. 2019).
Colombia, por supuesto, no ha sido ajena a esta discusión. Históricamente, la protesta social se ha asociado a la violencia aludiendo argumentos tales como la influencia de los grupos armados ilegales o la incapacidad de los manifestantes de reconocer las vías institucionales para tramitar sus demandas. Lo anterior se ha traducido en un disperso y muy mal especificado marco normativo informado por una narrativa pública criminalizante que asume que la protesta, inevitablemente, genera desorden, fabrica delitos y afecta sistemáticamente los derechos fundamentales de quienes no se movilizan (Cruz, 2015; Lalinde, 2019).
En este contexto, los abusos en el uso de la fuerza por parte de las autoridades estatales volvieron a ser moneda corriente durante los eventos de protesta que se desencadenaron en el país desde el pasado 21 de noviembre de 20191, justificados bajo la idea de la infiltración de grupos que van desde las disidencias de las FARC hasta oscuros conspiradores rusos (Semana, 19 de diciembre 2019).
Tales agresiones han dado lugar a un proceso de adaptación recíproca por parte de algunos manifestantes que anticipa un potencial escalamiento de la confrontación. Por ejemplo, algunos sectores estudiantiles han impulsado la creación de colectivos de protección como las primeras líneas que, si bien se definen como un mecanismo defensivo, han generado problemas de coordinación con los demás manifestantes durante las protestas y enconados debates internos acerca del lugar que tienen las tácticas violentas en las luchas estudiantiles (Tapia, 2019).
Ante este potencial real de escalamiento, cabe preguntarse si la violencia y el desorden son, como supone una buena parte de tomadores de decisión y fuerzas del orden, atributos naturales de la protesta en Colombia. La pregunta resulta relevante si se tiene en cuenta que, como advierten Donatella della Porta y Sidney Tarrow, ante la activación de nuevos ciclos de protesta, autoridades y manifestantes ajustan sus estrategias de acuerdo a las expectativas que tienen del comportamiento de su contraparte de acuerdo a la información de la que disponen y de las experiencias previas de interacción (2012: 142).
Para responder a este interrogante, en este artículo nos ocupamos de analizar algunos determinantes de los repertorios de la protesta social en Colombia con base en la información disponible en la Base de Datos de Luchas Sociales del Centro de Investigación y Educación Popular (en adelante, BDLS-CINEP/PPP). De acuerdo a esta fuente original y única en el país, se analizan 22.167 eventos de protesta, registrados entre 1975 y 2016, a partir de un modelo de regresión multinomial con el ánimo de ofrecer evidencia sistemática acerca de algunos de los factores que incrementan la probabilidad del uso de repertorios que, de acuerdo a la literatura especializada, se pueden clasificar como convencionales, disruptivos o violentos (Tarrow, 2011 [1998]: 99).
En este sentido, nos concentramos en analizar la primera movida de los manifestantes cuando deciden salir a protestar. Por lo tanto, no se estudian sus desenlaces (lo que puede suceder durante la protesta) ni tampoco la forma en que reaccionan las autoridades del Estado (si existe o no una deriva represiva ante el desafío público)2.
En términos generales, se destacan tres hallazgos. El primero es que la violencia es una táctica marginal entre los diferentes repertorios de los que disponen los manifestantes en Colombia. La probabilidad de recurrir a este tipo de tácticas se incrementa únicamente cuando las demandas están asociadas a carencias materiales (tierra/vivienda) y el adversario de la protesta son las fuerzas de seguridad del Estado o las empresas públicas. En este sentido, la disrupción predomina sobre la violencia. La probabilidad de emplear este tipo de repertorios disruptivos tiende a incrementar cuando la protesta la lideran grupos sociales específicos (grupos étnicos, campesinos, estudiantes y trabajadores informales), las demandas están asociadas a carencias materiales o afectaciones directas al bienestar de las personas por acciones u omisiones del Estado.
El segundo hallazgo relevante, relacionado con el anterior, es que el tiempo tiene un efecto civilizador en el sentido que, año a año, se observa una disminución de la probabilidad de recurrir a tácticas violentas. Sin embargo, esto no implica una progresiva institucionalización de la protesta como sugieren algunos trabajos basados en las experiencias de los países industrializados, pues inversamente a lo que sucede con los repertorios violentos, la probabilidad de usar tácticas disruptivas se incrementa a medida que pasa el tiempo.
Finalmente, el tercer resultado muestra que, contrario a cierta sabiduría convencional, factores de contexto como el conflicto armado (medido por la presencia de grupos armados) incide más bien poco en el incremento de la probabilidad de emplear tácticas violentas. De manera llamativa, la probabilidad que la protesta se vuelva disruptiva se incrementa únicamente en situaciones diametralmente opuestas: sólo cuando se registra uno o cuatro organizaciones en un mismo municipio.
Estos hallazgos resultan relevantes tanto a nivel sustantivo como teórico. En términos sustantivos, brinda un panorama muy distinto de aquel que históricamente ha orientado la respuesta estatal para la gestión de la protesta y discute con el imaginario colectivo que la asocia con desorden y violencia. Un asunto de vida o muerte, en un sentido muy literal, si tiene en cuenta que una buena parte de los despliegues de las fuerzas de choque como el Escuadrón Móvil Antidisturbios se fundamentan en este tipo de apreciaciones con las consecuencias que el país ya conoce.
En términos teóricos, si bien los estudios sobre los repertorios de la protesta social cuentan con una relativamente larga tradición (Tilly, 1978) y han adquirido un renovado interés en los últimos años (Medel & Somma, 2016; Wang & Piazza, 2016; Taylor & Van Dyke, 2004; Chen, 2004), la mayoría ha analizado países en los que el Estado ha logrado pacificar la sociedad, concentrar el monopolio de la violencia, consolidar un régimen democrático y facilitar el ejercicio amplio y diverso del derecho a protestar. En el caso colombiano ninguna de estas condiciones está presente y, precisamente, aquello puede incidir en el predominio de unas tácticas sobre otras. De igual forma, consideramos que este tipo de análisis complementan los estudios sobre el comportamiento de la protesta que se conocen a la fecha. Hasta donde alcanza nuestro conocimiento, este es el primer análisis de este tipo para el caso colombiano3.
El artículo se divide en seis secciones además de esta introducción. En la segunda sección, se justifica la relevancia de estudiar los repertorios de la protesta social y se presentan algunas definiciones básicas. En la tercera, se formulan las hipótesis de trabajo de acuerdo a las expectativas que la literatura especializada ha identificado sobre los factores que incrementan la probabilidad del uso de unos repertorios sobre otros. En la cuarta sección, se presenta la metodología y los datos que se emplearon en el análisis y, en la quinta, se describen los principales resultados. En la última sección, se presentan las conclusiones, se señalan direcciones para futuras investigaciones y se sintetizan algunos mensajes clave de cara al debate político actual.
DEFINICIONES
Uno de los temas que más ha llamado la atención en la literatura sobre movimientos sociales ha sido el de los repertorios de la protesta social. Un aspecto central por varias razones. Primero, porque los repertorios tienen una dimensión estratégica por cuanto inciden en llamar la atención del adversario a quien se dirige el reclamo y en la probabilidad de conseguir los resultados que se proponen los manifestantes (Gamson, 1975). Segundo, porque además de su naturaleza estratégica, los repertorios tienen una dimensión expresiva: transmiten mensajes a los demás miembros de la sociedad y, por lo tanto, afectan la imagen y percepción que se tiene de la manifestación e inciden en la posibilidad de sumar nuevos aliados (Cervio & Guzmán, 2017; Urzúa, 2018). Y, tercero, porque los repertorios pueden contribuir o no a la cohesión interna y al fortalecimiento de los lazos afectivos al interior de los grupos que protestan (Casquete, 2006).
Por esta razón, no debe sorprender que los movimientos y las organizaciones sociales ocupen una buena parte de su tiempo y energía en discusiones relacionadas con el tipo de repertorios que resulta más conveniente emplear de acuerdo a sus tradiciones reivindicativas, las metas que se trazan en el corto, mediano y largo plazos, y el balance de poder frente al adversario y al interior de los grupos que hacen parte de la protesta.
De acuerdo al trabajo clásico de Charles Tilly, los repertorios se definen como “el conjunto de medios que los grupos tienen a su disposición para visibilizar reclamos de distinto tipo en contra de diferentes individuos o grupos” (1986: 4). Un conjunto que, advierte, no es ilimitado ni tampoco surge espontáneamente, pues se trata de construcciones culturales asociadas a procesos de aprendizaje que se despliegan en el tiempo de acuerdo a la organización del poder al interior de las sociedades y la interacción entre desafiantes y adversarios. Como Tilly señala en otro de sus trabajos, los repertorios no son únicamente “lo que las personas hacen cuando deciden visibilizar un reclamo; son también aquello que saben hacer y lo que la sociedad espera que hagan de acuerdo a un conjunto delimitado de opciones definido culturalmente” (Tilly, 1978: 151).
A partir de esta definición seminal se han desarrollado distintos trabajos encaminados a comprender las diferentes tácticas o modalidades que hacen parte de estos repertorios en diferentes contextos geográficos e históricos: la forma como surgen, evolucionan y desaparecen (Biggs, 2009). Aunque existen diferencias entre los distintos enfoques teóricos que han analizado los movimientos sociales, existe un relativo consenso acerca de la necesidad de distinguir entre diferentes tipos de repertorios según sus características. En nuestro caso, nos inspiramos en la clasificación sugerida por Sidney Tarrow (2011 [1994]: 98 y ss.) quien distingue entre formas convencionales, disruptivas y violentas.
A continuación, se define cada uno de estos repertorios y, brevemente, se ejemplifican a partir de algunos eventos de protesta tomados del caso colombiano.
Repertorios convencionales
Este tipo de repertorios buscan generar un cambio o expresar un descontento sin interrumpir el funcionamiento rutinario de la sociedad y sin incurrir en altos costos respecto a la reacción que pueda desencadenar en el adversario a quien se dirige el reclamo. Según Tarrow, este tipo de tácticas son ampliamente conocidas y la mayoría de las personas las saben usar por lo cual les resulta más fácil de implementar al momento de visibilizar sus demandas. Marchas y concentraciones son algunas de las tácticas que hacen parte de este tipo de repertorios (Tarrow, 2011 [1994]: 111).
Un ejemplo de este tipo de repertorios ocurrió en la ciudad de Barrancabermeja en mayo de 2011 cuando víctimas del conflicto armado se reunieron en la cancha de fútbol del barrio El Campín para conmemorar el día municipal de las víctimas y exigirle al Gobierno nacional la garantía de sus derechos a la verdad y la reparación en relación con la masacre paramilitar que ocurrió en este mismo lugar en 1998. La concentración tuvo un alto contenido simbólico, contó con el acompañamiento de miembros de la iglesia y de la administración local y su desenlace fue igualmente pacífico.
Repertorios disruptivos
Considerado el repertorio arquetípico de los grupos de desafiantes según Tarrow (2011 [1998]: 96), a esta categoría corresponden todas aquellas tácticas que interfieren en el funcionamiento cotidiano de la sociedad pero que, incluso en sus formas más extremas, constituyen a lo sumo una amenaza de violencia. Requiere de niveles de coordinación importantes y suelen ser efectivas en la medida que llaman la atención de las autoridades a quienes los manifestantes dirigen su reclamo. Invasiones, tomas de entidades y bloqueos de vías son algunas de las tácticas que hacen parte del repertorio disruptivo.
Un ejemplo relativamente reciente tuvo lugar en el marco del paro agrario de 2013 cuando campesinos de la región de El Catatumbo, al nororiente del país, bloquearon vías e invadieron algunos predios rurales para manifestar su descontento frente a la política nacional de erradicación de cultivos ilícitos y exigir el cumplimiento de los acuerdos que cuatro años atrás habían suscrito con el Gobierno. La respuesta de las autoridades (ministros de agricultura y de defensa) fue señalar a la movilización de estar infiltrada por las guerrillas y desplegar una estrategia encaminada a agredir y judicializar a los manifestantes. El resultado de esta intervención estatal dejó un saldo de más de un centenar de heridos y la captura de treinta personas acusadas de alterar el orden público.
Repertorios violentos
A este tipo de repertorios corresponden todas aquellas tácticas que buscan alterar el funcionamiento rutinario de la sociedad a través de acciones que intencionalmente buscan generar un daño físico a objetos o personas. Según Tarrow, se trata de una táctica que requiere de un nivel mínimo de organización y movilización pero que acarrea grandes riesgos en relación con la reacción que pueda desencadenar (Tarrow, 1998: 96). Dentro de este repertorio se pueden incluir tácticas como el saqueo, los disturbios o la destrucción de la propiedad privada o pública.
Aunque usualmente se asume que si hay violencia no hay protesta4, tal supuesto desconoce que, bajo ciertas circunstancias, algunos grupos sociales consideran necesario e, incluso legítimo, plantear reclamos públicamente a través del uso de vías de hecho que infligen daños físicos. Así sucedió, por ejemplo, en el municipio de Manatí, departamento del Atlántico, luego que el hallazgo del cadáver de un joven mototaxista de 16 años motivó a los pobladores a agolparse frente a la alcaldía para exigir justicia y mejores condiciones de seguridad. Para llamar la atención de unas autoridades que previamente habían desatendido sus reclamos, decidieron saquear la alcaldía e incendiar los objetos saqueados. Los disturbios fueron atendidos por la Policía que, posteriormente, se pronunció señalando que ya estaba en marcha la investigación para encontrar al asesino del joven mototaxista, pero que también adelantaría acciones legales en contra de quienes protagonizaron la protesta.
HIPÓTESIS
Ahora bien, ¿qué factores explican que, decididos a protestar, un conjunto de personas elija un tipo de repertorio en vez de otro? Para responder a esta pregunta generamos algunas hipótesis de trabajo de acuerdo a las expectativas que se derivan de la literatura especializada. Revisamos los siguientes factores: (i) las características del grupo que se moviliza; (ii) las demandas o motivos de la protesta; (iii) el tipo de adversario al que se dirige el reclamo; (iv) la presencia de grupos armados; y, (v) el efecto del tiempo y el lugar.
Las características de los grupos
Como llaman la atención McAdam, Tilly & Tarrow (2001) en su texto clásico sobre política contenciosa, uno de los aspectos más relevantes para entender este tipo de comportamientos colectivos tiene que ver con la necesidad de estudiar la forma en que los grupos moldean, perciben y actúan sobre la base de condicionamientos estructurales.
Una de las principales dificultades para definir en qué sentido las características de los grupos que se movilizan incide en el tipo de tácticas es que no son homogéneos. Por lo general, hay desacuerdos internos y no necesariamente actúan de una forma cohesionada. En este sentido, fácilmente se puede caer en el proverbial error del sesgo por correspondencia: asumir que las características de los individuos son las mismas que las características del grupo al que pertenecen.
Para lidiar con esta dificultad, seguimos la solución propuesta por Medel & Somma (2016) en su trabajo sobre las tácticas de la protesta social en Chile y adoptamos una caracterización relacional de estos grupos precisamente para no caer en juicios esencialistas. Interpretamos la propensión de ciertos grupos a usar unos repertorios sobre otros según la posición y el nivel de inserción que tienen en el sistema productivo y político. Por lo tanto, aquellos grupos que cuentan con un mayor nivel de integración son más proclives a usar tácticas convencionales en el sentido que suelen estar asociadas a libretos compartidos y pautas socializadas entre sus miembros que generan cierta predictibilidad en sus acciones. En el caso colombiano, este tipo de actores, en su gran mayoría vinculados al mundo sindical, son altamente visibles y suelen considerarse como una “actor institucionalizado” (Archila, 2003: 183).
Hipótesis 1a. Los grupos sociales que cuentan con una mayor inserción en el sistema productivo y político tienen menores incentivos para desplegar tácticas violentas durante los eventos de protesta social que protagonizan.
En cuanto a los grupos que experimentan una mayor exclusión relativa pueden tener dos tipos de comportamientos.
En casos en los que la actividad productiva que desarrolla un grupo específico se beneficia de la informalidad o de dicha exclusión por falta de otras alternativas, serán más proclives a protestar a través de tácticas violentas. Tal expectativa resulta razonable en la medida que estos sectores expresan reclamos acotados y poco diversificados (v.g. la defensa de su actividad) que no interpelan a audiencias más amplias lo cual contribuye, todavía más, a reducir su baja capacidad de negociación.
Hipótesis 1b. Los grupos precariamente integrados al sistema productivo tienen mayores incentivos para desplegar tácticas violentas durante los eventos de protesta social que protagonizan.
Por su parte, en situaciones en las que los grupos que experimentan una exclusión relativa están interesados en negociar su inserción tenderán a privilegiar las tácticas disruptivas sobre las violentas y las convencionales. En el primer caso, por los costos que la violencia les representa para su deseo de inclusión. En el segundo, porque en contextos de exclusión política la asimetría de poder hace que los repertorios convencionales o no estén a disposición o, si lo están, no son lo suficientemente efectivos para llamar la atención.
Hipótesis 1c. Los grupos precariamente integrados al sistema político tienen una mayor propensión a usar tácticas disruptivas durante los eventos de protesta social que protagonizan.
El tipo de demandas
Los motivos se refieren a las demandas que visibilizan los actores de la protesta. Medel & Somma (2016) señalan que, de acuerdo a su naturaleza, las demandas inciden en el tipo de tácticas que despliegan los manifestantes: cuando se trata de demandas radicales por lo general asociadas a carencias materiales o a la afectación directa del bienestar por acciones y omisiones del Estado existen mayores incentivos para usar tácticas disruptivas e, incluso, violentas. Se trata de un resultado plausible en el sentido que las demandas radicales son aquellas que magnifican el sentimiento de privación de los manifestantes desencadenando emociones negativas que pueden conducir a elegir este tipo de tácticas.
Por su visibilidad y la experiencia cotidiana de la carencia, consideramos que las demandas asociadas a privaciones materiales como falta de tierra o ausencia de servicios públicos o todas aquellas relacionadas con los efectos negativos directos y tangibles de las políticas u omisiones estatales pueden desencadenar más fácilmente tácticas disruptivas y violentas.
Hipótesis 2. Las demandas relacionadas con demandas radicales pueden inducir a los protestantes a elegir tácticas violentas y disruptivas sobre las convencionales.
Los adversarios de las protestas
Por adversarios de la protesta nos referimos a aquellos actores en contra de los cuales los manifestantes dirigen su reclamo. Aunque durante un tiempo persistió la idea según la cual el Estado era el adversario exclusivo de la protesta, recientemente se han desarrollado varios estudios que controvierten este lugar común y destacan que hay otros tipos de adversarios: empresas privadas, organismos internacionales, universidades, etc. (Van Dyke, Soule & Taylor, 2004).
La distinción resulta fundamental para nuestros propósitos. Siguiendo a Walker, Martin &McCarthy (2008), el razonamiento básico es que los manifestantes definen qué táctica elegir de acuerdo a la valoración que hacen de la posibilidad de que el adversario a quien dirigen el reclamo emplee medios represivos según las capacidades de las que dispone y los constreñimientos que enfrenta. En este sentido, la distinción entre adversarios estatales o no estales tiene implicaciones importantes.
En el contexto colombiano se pueden destacar tres. En situaciones en las que el adversario es el Estado (agencias civiles y de seguridad) es razonable esperar que la protesta sea más disruptiva en la medida que se trata de un actor que si bien tiene las capacidades para reprimir, actúa bajo constreñimientos institucionales (órganos de control) y políticos (castigo electoral, costos reputacionales, etc.) que se lo pueden impedir.
Hipótesis 3a. Las protestas sociales que se dirigen en contra del Estado se caracterizan por el uso de tácticas convencionales sobre las tácticas violentas o disruptivas.
En situaciones en los que el adversario es un actor no estatal resulta conveniente distinguir según se trate de un actor legal (empresas privadas) o ilegal (grupo armados). Aunque en Colombia existe evidencia de las alianzas entre unos y otros, para efectos de la generación de las hipótesis consideramos pertinente distinguirlos analíticamente. De esta forma, en tanto las empresas pueden tener bajas capacidades y altos constreñimientos para reprimir violentamente, los manifestantes serán más proclives a protestar de forma disruptiva y violenta. Inversamente, en la medida que los grupos armados ilegales tiene altas capacidades y menores restricciones, la mejor opción a disposición de los manifestantes serán tácticas convencionales.
En consecuencia:
Hipótesis 3b. Las protestas sociales que se dirigen en contra de los grupos armados legales e ilegales se caracterizarán por el uso de tácticas convencionales sobre las tácticas violentas o disruptivas.
Hipótesis 3c. Las protestas sociales que dirigen sus reclamos a adversarios no estatales como las empresas privadas cuentan con mayores incentivos para el uso de tácticas disruptivas y violentas.
Presencia de grupos armados
A pesar de contar con varios estudios que han abordado la relación entre protesta y conflicto armado5, aún queda mucho por conocer sobre la influencia que los grupos armados pueden ejercer o no en la forma como se organiza y expresa el descontento popular.
Para tener una primera aproximación a este tema, nos orientamos por la literatura que ha analizado acciones colectivas en condiciones de alto riesgo (McAdam, 1986) y aquella que ha insistido en la eficacia de los repertorios de acción no violenta y resistencia civil (Sharp, 1973; Chenoweth, 2020).
En su versión seminal, Doug McAdam (1986) propone contemplar en el análisis de la acción colectiva tanto los costos como los riesgos anticipados que ésta acarrea. La diferencia entre unos y otros, como anotaron posteriormente McAdam & Wiltfang (1991), es que mientras los costos están bajo el control del activista, “los riesgos, como costos futuros, dependen no sólo de las propias acciones de los activistas, sino de las respuestas de otros a sus acciones’’ (McAdam y Wiltfang, 1991: 989).
Ahora bien, ¿qué podría esperarse de las tácticas que despliegan los manifestantes en medio de contextos adversos como el colombiano en el que estos costos futuros pueden alcanzar niveles prohibitivos?
A partir de los estudios sobre el uso estratégico de prácticas no violentas, se podría considerar que las tácticas convencionales suelen ser más adecuadas en este tipo de situaciones. De acuerdo a Maria Stephan y Erica Chenoweth (2011), la evidencia histórica ha demostrado que las campañas no violentas registran mayores ventajas para quienes las implementan en situaciones de alto riesgo: ganan legitimidad, atraen apoyos domésticos e internacionales y neutralizan los grupos violentos.
Sin embargo, el nivel de riesgo y la rentabilidad del uso de estrategias no violentas de protesta puede variar de acuerdo al nivel de dominio que tenga el grupo armado y, de esta forma, afectar los resultados que nos interesa estudiar. Gáfaro, Ibáñez y Justino (2014), por ejemplo, encuentran que los modelos de gobernanza que implementan estos grupos contribuyen al aumento de la participación individual en acciones colectivas (no incluye protestas), pero deteriora la calidad de dicha participación.
Aunque reconocemos las dificultades de este indicador (Arjona & Otálora, 2011), para efectos de nuestro análisis observamos cuánto influye el número6 de organizaciones armadas que registran presencia a nivel municipal en la elección de las modalidades de protesta. El supuesto es que este número incide en la valoración que puede hacer el manifestante de acuerdo al nivel de incertidumbre que tiene sobre el control que ejercen estos grupos. Así, en condiciones de unipolaridad (presencia de un solo actor), los manifestantes tenderían a usar mecanismos más disruptivos toda vez que su relación puede estar mediada por estructuras de gobernanza impuestas o negociadas con dicho grupo que minimizarían los riesgos de emplear este tipo de tácticas. Al contrario, en municipios donde coinciden varios actores (tres o más) la protesta tenderá a ser más convencional. En la medida que no es clara la hegemonía de ningún actor, probablemente, los manifestantes preferirán este tipo de táctica pues resulta más segura en contextos de alta incertidumbre.
Hipótesis 4a. En condiciones en las que un solo grupo armado tiene presencia los manifestantes tienen mayores garantías para expresar reclamos a través de protestas disruptivas.
Hipótesis 4b. En condiciones en las que no existe una presencia simultánea de tres o más grupos armados ilegales los manifestantes elegirán tácticas convencionales sobre las disruptivas o violentas.
El efecto tiempo y lugar
Como advertimos más arriba, uno de los principales aspectos en los que la literatura se ha concentrado ha sido la forma en que surgen, evolucionan o desaparecen diferentes repertorios de la protesta social. Charles Tilly, a partir de la experiencia de los países de Europa occidental, sostiene que se trata de un cambio que se desarrolla en un arco amplísimo de tiempo. En su versión canónica, es un proceso lento asociado directamente a la formación del Estado en el que los repertorios dejaron de ser segmentados, parroquiales y particulares y se volvieron cosmopolitas, modulares y autónomos (Tilly, 1983).
Sin embargo, algunos autores han insistido en que estos procesos evolutivos se pueden acelerar a través de mecanismos concretos como la difusión y adaptación de nuevas tácticas (Wang & Soule, 2012). Analistas como della Porta (2006) y Jaspers (1997), por ejemplo, advierten que en las últimas décadas se han difuminado masivamente acciones más orientadas por lógicas simbólicas cuya principal pretensión no es vencer sino convencer al adversario. En un sentido similar, Russel Hardin (1982) ha sostenido que los repertorios tienden a despojarse de sus contenidos violentos y disruptivos a través de un proceso similar al de un “contrato por convención” en el que los participantes adoptan formas más institucionalizadas de protesta. Incluso, Sidney Tarrow considera que este proceso de institucionalización es casi siempre el mismo: “en la medida que la emoción de la fase disruptiva de un movimiento muere y la policía adquiere mejores destrezas para controlar, los movimientos institucionalizan sus tácticas con el fin de lograr ganancias concretas para sus partidarios” (2011 [1994]: 115). Los trabajos de Soule & Earl (2005), McCarthy & McPhail (1998) y Rucht (1998) aportaron evidencia en este mismo sentido para los casos de Estados Unidos y Alemania, respectivamente.
De ahí que sea plausible considerar la siguiente hipótesis:
Hipótesis 5a. Los repertorios convencionales de la protesta social tienden a consolidarse con el paso del tiempo y terminan por marginar en términos relativos los repertorios disruptivos y violentos como parte de un proceso más amplio de institucionalización.
Además del tiempo, el lugar donde ocurre la protesta también puede tener un efecto en la forma como expresa En efecto, como anota William Sewell Jr. en una maravillosa reflexión al respecto: “la política contenciosa es moldeada por y responde a las rutinas espaciales de la vida cotidiana” (Sewell Jr., 2001: 63). En una dirección similar, Martin & Miller (2003), sostienen que el espacio no es un simple contenedor del activismo, sino que “sitúa la vida social y cultural incluidos los repertorios de la política contenciosa” (2003: 144).
Una de las tesis más generalizadas en este sentido, es que la ciudad suele ser el lugar por excelencia de las protestas (Harvey, 2012) a tal punto que algunas de las tácticas que más frecuentemente se emplean están estrechamente ligadas a la “invención de la calle” como ocurre con la manifestación (Fillieule & Tartakowsky: 2015: 25). Además de este tipo de características materiales, en la ciudad se concentra una buena parte de la protesta por tres razones adicionales: los niveles de privación asociados a un crecimiento acelerado de estos espacios urbanos en condiciones en las que no existe la capacidad institucional para atender las nuevas demandas (Weiner, 1967; Eisinger, 1973; CityLab, 2019); la ubicación física de las instituciones que simbolizan el poder y la riqueza (Fillieule & Tartakowsky: 2015: 26); y la concentración de mayores recursos a nivel individual y colectivo que facilitan la participación de las personas en este tipo de comportamientos (Ong & Han, 2018).
En la medida que la ciudad incide en la frecuencia e intensidad de la protesta, éste puede ser también un espacio de innovación. En su análisis sobre las luchas sociales en espacios urbano-regionales, Martha Cecilia García destaca cómo, a los viejos repertorios de protesta, se sumaron nuevas modalidades con un fuerte contenido simbólico con el fin de “lograr mayor impacto sobre sectores ajenos a la lucha, llamar su atención y hacer visibles sus demandas” (2002: 79).
Bajo estas consideraciones, una expectativa razonable es que la protesta en las grandes ciudades capitales condiciona el uso de los repertorios hacia tácticas más convencionales que disruptivas y violentas, al menos, por dos razones. Primero, porque la proximidad de los símbolos de poder a los que se dirigen los reclamos y una mayor densidad de las fuerzas del orden pueden desincentivar el uso de tácticas extremas para llamar la atención. Segundo, porque la convención maximiza el potencial expresivo y la capacidad de llegar a mayores y más diversas audiencias que comparten el mismo espacio urbano.
Por lo tanto:
Hipótesis 5b. En las ciudades capitales se incrementa el uso de las tácticas convencionales por su proximidad con los símbolos de poder a quienes se dirige el reclamo (más estratégico) y la diversidad de audiencias a quienes se desea dar a conocer sus demandas (más expresivo).
CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS
Datos y variables
Para comprobar las hipótesis que se desarrollaron en la sección anterior, se utilizó la Base de Datos de Luchas Sociales del Centro de Investigación y Educación Popular (BDLS-CINEP/PPP) que recoge y sistematiza información sobre eventos de protesta social a partir de la revisión de múltiples fuentes abiertas (prensa escrita nacional y regional, digital, radio y televisión), reportes internos de varias organizaciones sociales e información recogida en campo. En total, se trabajó sobre una muestra de 22.167 eventos de protesta reportados entre 1975 y 2016 (para mayor información sobre el marco conceptual de la BDLS-CINEP/PPP se puede consultar Archila et. al., 2002: 258).
A partir de esta fuente de información se construyeron las principales variables dependientes e independientes que se usaron en el modelo de regresión multinomial que se describe en el siguiente apartado.
Variable dependiente
Para la variable dependiente se definió una variable categórica que puede asumir tres tipos de valores de acuerdo a la conceptualización presentada algunos párrafos arriba: convencional, disruptiva o violenta. Dado que la BDLS-CINEP/PPP no sigue esta clasificación, se realizó un ejercicio de re-categorización de las doce subcategorías (paro, bloqueo de vías, movilización, invasión, disturbio, toma de entidades, resistencia civil, huelga de hambre) que sí incluye. El resultado de este ejercicio se sintetiza en la siguiente tabla 1:
Variables independientes
Para la estimación del modelo de regresión multinomial y de manera consistente con las hipótesis de trabajo se identificaron seis tipos de variables independientes. Cuatro ellas se toman de la BDLS-CINEP/PPP y se ajustaron a los intereses de nuestro análisis:
La variable grupos que se movilizan hace referencia a los actores sociales que lideran la protestas entre los que se cuentan trabajadores asalariados, trabajadores informales grupos étnicos, estudiantes/jóvenes, sociedad civil, reclusos, víctimas y desmovilizados.
La variable motivos para la movilización corresponde a las diferentes demandas o reclamos que los manifestantes visibilizan por medio de la protesta. Pueden ser: ambientales, conmemoraciones, pliegos laborales, tierra/vivienda, servicios públicos/infraestructura, servicios sociales, incumplimientos, derechos, autoridades, políticas estatales.
La variable adversario de la protesta se refiere precisamente a las agencias estatales y no estatales a quienes los manifestantes dirigen sus reclamos. De acuerdo a la BDLS-CINEP/PPP se distinguen los siguientes: Estado (órganos ejecutores, judiciales, con potestad normativa, de control público), empresas estatales, empresas privadas, fuerzas de seguridad del Estado y grupos armados ilegales.
Adicional a estas tres variables, se incluyeron tres más:
La variable tipo de municipio permite evaluar si las capitales departamentales que concentran el mayor número de registros de protesta (el 56% de todos los eventos) afecta o no el tipo de repertorios que eligen los manifestantes.
La variable presencia territorial de grupos armados se incluyó con el ánimo de identificar si el número de organizaciones (uno, dos, tres o cuatro actores) incide en la probabilidad de emplear ciertos repertorios sobre otros. La información de esta variable proviene de la base de datos de Presencia Violenta de Actores Armados en Colombia (ViPPA por sus siglas en Inglés) elaborada por Javier Osorio y Alejandro Reyes (2016) 7.
La variable tiempo corresponde a una variable continua y permite controlar por los efectos que el paso de los años puede tener en la institucionalización de la protesta social.
La siguiente tabla 2 sintetiza el número de observaciones para cada una de estas variables independientes.
Modelo estadístico
Para analizar la información correspondiente a cada una de las variables de interés, se decidió emplear un modelo de regresión logística multinomial dada la distribución categórica de nuestra variable dependiente (Agresti, 1996; Long & Freese, 2006). La utilidad del modelo consiste en que estima las probabilidades de que ocurra alguno de los resultados posibles de la variable dependiente dado el cambio en una de las variables independientes manteniendo las demás constantes en comparación con una categoría de referencia que aquí será la modalidad convencional.
En otras palabras, la probabilidad de elegir una táctica disruptiva o violenta de acuerdo a la influencia de cada una de las variables independientes definidas se estima, primero, aislando la influencia de las demás variables y, segundo, sobre una línea base que sirve de comparación que, en el caso de la variable dependiente, corresponde al número de protestas sociales que emplearon tácticas convencionales entre 1975 y 2016 en Colombia y, en el caso de las variables independientes, hace referencia a otras más específicas según se trate del grupo que se moviliza, el adversario, etc.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Como se observa en la siguiente gráfica, en términos de magnitud, es claro que las tácticas convencionales predominan sobre las disruptivas y violentas. Sin embargo, las modalidades disruptivas muestran un repunte importante desde 2007 y, como se muestra más adelante, el efecto tiempo tiene una influencia positiva y estadísticamente significativa en la probabilidad de emplear este tipo de tácticas año a año. Efecto que, vale decir, no se observa en el caso de los repertorios violentos.
Fuente: BDLS-CINEP/PPP
Gráfica 1 Evolución temporal tácticas de protesta social en Colombia (1975-2016)
En cuanto a los resultados de las estimaciones del modelo, la tabla 3 arroja algunos resultados que respaldan varias de las hipótesis sugeridas, desestima otras y no encuentran evidencia para las demás. A continuación, se describen e interpretan dichos resultados.
Tabla 3 Regresión logística multinomial para táctica de protesta social en Colombia 1975-2014 (categoría de referencia: modalidad convencional).
Errores estándar entre paréntesis *p<0.1,**p<0.05, ***p<0.01. Log likelihood = -12293.787 Pseudo R2 = 0.2576 Categorías de referencia para la variable dependiente: Movilización Convencional. Categorías de referencia para las variables independientes: Grupo: otros; Motivos: otros; Adversario: otros; Tipo de Municipio: no capital; Número de actores armados: sin información
Características del grupo
El primer conjunto de hipótesis (1a, 1b y 1c) apela a la idea según la cual las características del grupo que lidera la protesta respecto de su posicionamiento en el sistema productivo y político influyen en la elección de unos repertorios sobre otros. En consecuencia, aquellos grupos sociales mejor integrados tienen mayores incentivos para emplear tácticas convencionales.
En cuanto a los grupos que experimentan una mayor exclusión relativa se contemplaron dos tipos de comportamientos: mayor proclividad a emplear tácticas violentas en casos en los que el grupo opera en la informalidad y mayor disrupción en aquellos casos en los que los grupos desean negociar los términos de su integración.
De acuerdo a las estimaciones del modelo, se confirman dos de las tres hipótesis sugeridas. Mientras los sectores sociales informales no son más proclives a la violencia como se había formulado (la relación es negativa y estadísticamente significativa), en todos los demás grupos se confirma que la probabilidad de usar tácticas violentas disminuye.
Esto es especialmente relevante en casos en los que ciertos grupos sociales suelen asociarse con violencia y desorden como es el caso de los estudiantes y grupos étnicos, especialmente los indígenas. Imaginarios fuertemente instalados, por ejemplo, en varios miembros de las agencias del orden encargadas de atender y gestionar eventos de protesta social como advertimos en una investigación previa con miembros de la Policía Nacional (Barrera, 2019)8.
Ahora bien, en cuanto a la propensión a emplear repertorios disruptivos existen resultados distintos según cada subcategoría.
En primer lugar, en el caso de los trabajadores asalariados se confirma que, en la medida que están mejor integrados a las dinámicas productivas y políticas, tienen una afinidad especial con el uso de repertorios convencionales.
En segundo lugar, se observa que los sectores más precariamente integrados sí son más propensos a utilizar este tipo de tácticas disruptivas, aunque el incremento de dicha probabilidad no es tan drástico. Con distintos niveles, en todos los grupos la relación es positiva y estadísticamente significativa. En orden de mayor a menor, se encuentran los grupos étnicos (5.5 veces más propensos), campesinos (5.3 veces), trabajadores informales (4.1 veces), estudiantes y jóvenes (3 veces) y víctimas y desmovilizados (2.6 veces).
Tipo de demandas
El segundo factor que se sugirió podía influir en la selección de los repertorios de la protesta estaba relacionado con el tipo de demanda o los motivos que animaban a los manifestantes a salir a la calle. La expectativa aquí es que la protesta tendería a ser más disruptiva y más violenta ante la exigencia de demandas radicales relacionadas con carencias materiales o reacciones frente a ciertas acciones u omisiones del Estado que afectaran directamente el bienestar de las personas.
Al respecto, los resultados confirman parcialmente esta hipótesis en el sentido que sólo se identificó una relación positiva y significativa para ambos tipos de repertorios en el caso de los motivos relacionados con tierra y vivienda. En este caso, el incremento de la probabilidad de que una protesta asociada a este tipo de reclamo sea más disruptiva y violenta es de 44 y 6 veces más, respectivamente.
En el caso de las demandas vinculadas a servicios públicos/infraestructura y a servicios sociales, si bien la protesta tiende a ser más disruptiva (6.2 veces y 2.4 veces más en comparación con la categoría de referencia), no hay evidencia que confirme su propensión al uso de medios violentos. Algo similar sucede con aquellos motivos relacionados con las acciones u omisiones del Estado que afectan directamente el bienestar de las personas. Los incumplimientos, las políticas estatales y la exigencia ante ciertas autoridades incrementan la probabilidad de emplear medios disruptivos en la protesta en 2.7, 2.2 y 1.8 veces.
Adversarios
El tercer factor considerado se derivó de la idea según la cual los manifestantes definen qué táctica elegir de acuerdo a la valoración que hacen de la posibilidad de que el adversario a quien dirigen el reclamo emplee medios represivos según las capacidades de las dispone y los constreñimientos que enfrenta. Se sugirió, entonces, que la protesta tendería a usar tácticas disruptivas cuando el adversario fueran agencias civiles y de seguridad del Estado, sería más convencional cuando el adversario fuera un grupo armado ilegal y sería más proclive a usar la violencia cuando se tratara de empresas privadas.
En el caso del uso de repertorios violentos, se observa que la probabilidad incrementa únicamente cuando los adversarios son las fuerzas de seguridad del Estado y la empresa pública siendo 6.5 y 2.5 más veces violenta, respectivamente. En ambos casos, la relación es positiva y estadísticamente significativa.
Aunque se trata de un resultado inesperado respecto a las expectativas iniciales (únicamente mayor disrupción frente a los adversarios estatales), el hecho de que estos dos actores coincidan como los adversarios hacia quienes el reclamo se dirige con mayor probabilidad de violencia durante eventos de protesta puede explicarse por razones históricas. Dada la importancia que tienen varias de estas empresas para la economía nacional y los riesgos que enfrentan en un contexto de conflicto armado, tradicionalmente ha existido una estrecha relación con las fuerzas de seguridad del Estado que, en varias ocasiones, ha dado lugar a un uso desproporcionado de la fuerza para disuadir muchas de las protestas en su contra9. Una situación a la que suman los atropellos y abusos cometidos por estas instituciones en otros contextos.
En este sentido, el incremento de la probabilidad de emplear medios violentos para protestar en su contra puede estar asociada a los sentimientos de indignación derivados de lo que algunos manifestantes consideran son abusos inaceptables por parte de estas agencias estatales. En este sentido, más que una oposición naturalmente violenta a las instituciones del orden, este resultado puede interpretarse como parte de un proceso más amplio de lo que Doug McAdam llama tácticas interactivas entendidas como “un proceso continuo […] en el que los desafiantes, de manera análoga a un juego de ajedrez, ponen en marcha ciertas tácticas para anular las del oponente” (McAdam, 1983: 736). Podríamos estar, pues, ante una suerte de accountability violento en el que si bien no se justifican los medios empleados, esto no implica desconocer las brechas de confianza entre civiles y fuerza pública en muchos lugares del país y el consecuente deterioro de las dinámicas de interacción entre ambos10.
En el caso de la subcategoría grupos armados ilegales la relación es negativa y estadísticamente significativa lo cual indica que, como esperábamos, las protestas que se dirigen en contra de este tipo de adversario privilegian los repertorios convencionales sobre los demás. Este resultado resulta consistente con cierta corriente de literatura que ha indicado que, en contextos de alto riesgo, los manifestantes tienden a expresarse simbólica y pacíficamente con el fin de evitar una reacción violenta de la organización armada ilegal. En este sentido, el movimiento por la paz es un buen ejemplo de este tipo de comportamiento. De acuerdo al análisis de García-Durán (2005: 153) entre sus acciones colectivas, especialmente aquellas relacionadas con las protestas, se destaca una tendencia “poco confrontacional” cuando han decidido exigirles a los grupos armados cesar la violencia y respetar el derecho a la vida.
Presencia de grupos armados
Si bien en el apartado anterior hicimos referencia a lo que sucede cuando las protestas se dirigen, específicamente, en contra de grupos armados legales o ilegales, decidimos introducir una variable que nos permitiera estimar más directamente la influencia que podría tener la presencia de estas organizaciones en los repertorios de la protesta en general. Valoramos, entonces, el efecto del número de organizaciones armadas que registran presencia a nivel municipal bajo el supuesto que, en condiciones de unipolaridad (presencia de un solo actor), los manifestantes tenderían a usar mecanismos más disruptivos que violentos toda vez que su relación puede estar mediada por estructuras de gobernanza impuestas o negociadas con dicho grupo. Inversamente, en municipios donde coinciden muchos actores (tres o más) la protesta tenderá a ser más convencional por los riesgos que implica visibilizar reclamos en condiciones en las que no es clara la hegemonía de ningún actor.
Las estimaciones del modelo, sin embargo, arrojan resultados sorpresivos respecto al comportamiento esperado, pues muestra que la disrupción se incrementa en condiciones tanto de unipolaridad (1 actor) como de extrema multipolaridad (4 actores). En ambos casos la relación es positiva y estadísticamente significativa aunque el incremento de la probabilidad de emplear este tipo de repertorios respecto a los convencionales no es drástica: 1.1 veces en condiciones unipolaridad y 1.2 veces en contextos de multipolaridad,
Finalmente, es relevante anotar que el modelo no encontró ninguna relación estadísticamente significa sobre la incidencia que podría tener la presencia de grupos armados en la elección de tácticas violentas para protestar.
Efecto tiempo y lugar
Finalmente, evaluamos el efecto que el paso del tiempo y el lugar de ocurrencia de la protesta (ciudad capital) tienen en la probabilidad de emplear unas tácticas sobre otras.
En el primer caso, inspirados por algunos trabajos que indican una transición progresiva hacia una “sociedad de movimientos” conforme se institucionalizan los repertorios de la protesta, estimamos que uno de los efectos esperados para el caso colombiano era, precisamente, ése: la disminución de la disrupción y la violencia en la protesta.
Aunque en términos absolutos es notorio el predominio de los repertorios convencionales, las estimaciones del modelo evidencian resultados interesantes. Si bien el tiempo tiene un efecto civilizador en la medida que la probabilidad de emplear tácticas violentas disminuye año a año (la relación es negativa y estadísticamente significativa), esto no implica que los manifestantes renuncien a emplear modalidades lucha social disruptiva. De hecho, como se puede observar, la relación es positiva y estadísticamente significativa en el último caso. Es decir, la probabilidad de usar tácticas disruptivas se incrementa a medida que pasa el tiempo.
Estos resultados llaman la atención toda vez que una interpretación posible es que los medios violentos pueden estar siendo reemplazados por tácticas disruptivas y convencionales como parte de una suerte de aprendizaje democrático que no necesariamente sigue la misma trayectoria que, en su momento, advirtieron quienes simpatizaban con la idea de una “sociedad de movimientos”. Los hechos recientes que ha experimentado el país, ilustran de alguna forma este mecanismo aunque seguramente a una escala mayor. Las grandes y masivas movilizaciones evidenciaron que un segmento de la sociedad que usualmente no participaba en este tipo de acontecimientos lo hizo por primera vez, estrenaron su derecho a protestar y han comenzado a adquirir nuevas destrezas y conocimiento sobre cómo hacerlo.
Sobre el efecto del lugar, se encontró que en las ciudades capitales existe una relación negativa y estadísticamente significativa respecto al uso de repertorios disruptivos. En otras palabras, que la probabilidad de emplear este tipo de tácticas disminuye si la protesta tiene lugar en este tipo de espacios. Aunque estos resultados son consistentes con las expectativas iniciales, deben interpretarse con cierta precaución en el sentido que es claro que la cuestión urbana no se agota en las ciudades capitales. Mucho menos, en un país como Colombia donde las ciudades intermedias tienen un peso importante en términos políticos.
CONCLUSIONES
La ola de movilizaciones que ha experimentado el país desde finales del año pasado ha tenido dos efectos masivos que, probablemente, perduren en el tiempo. Al menos, en el mediano plazo.
El primero, sintomáticamente ignorado, es que nuevas capas ciudadanas ejercieron por primera vez su derecho a protestar y se volcaron a las calles junto a otros sectores sociales con una larga tradición reivindicativa. Este encuentro, además de activar un ejercicio de memoria política (por ejemplo, al recordar colectivamente el paro de 1977), tuvo un importante efecto socializador entre sus participantes y una dimensión expresiva que llegó a audiencias más amplias que, a juzgar por los sondeos de opinión hechos en caliente (Lewin, 2019), respondieron positivamente a la interpelación ciudadana.
Simultáneamente -y este es el segundo efecto- la magnitud del desafío público alimentó visiones complotistas por parte del Gobierno y de varios sectores empresariales y políticos que, en vez de reconocer la legitimidad de los reclamos, han promovido y apoyado una campaña orientada a endurecer la respuesta estatal11. Una decisión que, contrariamente a lo esperado, podría radicalizar aún más las demandas y el comportamiento de los manifestantes generándose así un círculo vicioso en el que finalmente ninguna de las partes resultará beneficiada.
En el centro del debate, se encuentra la discusión sobre el papel de la violencia en la protesta social. Para algunos, la protesta se acaba cuando la violencia surge. Para otros, se trata de una relación consustancial en la que la protesta se asume violenta y desordenada.
Ante un potencial real de escalamiento, en este artículo evaluamos, primero, qué tan violenta era la protesta en Colombia y, segundo, cuáles variables podrían incrementar la probabilidad de emplear este tipo de tácticas.
Dos conclusiones se derivan del análisis. La primera: la evolución de la protesta en Colombia reporta un comportamiento similar al observado en otros lugares del mundo en el que el uso de tácticas violentas es marginal (ver, por ejemplo, Fillieule &Tartakowsky, 2015: 89).
La segunda: existen particularidades relevantes del caso colombiano como se pudo observar luego de analizar cuantitativamente 22.167 eventos de protesta registrados entre 1975 y 2016. Destacamos tres:
Aunque la probabilidad de emplear tácticas violentas disminuye con el paso del tiempo, esto no implica que la disrupción desaparezca o quede marginada por formas más institucionalizadas de protesta. Al contrario, parece haber un efecto de sustitución en el que la disrupción reemplaza la violencia.
La probabilidad de emplear este tipo de repertorios disruptivos tiende a incrementarse cuando la protesta la lideran grupos sociales específicos (grupos étnicos, campesinos, estudiantes y trabajadores informales), las demandas están asociadas a carencias materiales o afectaciones directas al bienestar de las personas por acciones u omisiones del Estado.
La probabilidad de emplear tácticas violentas no parece incrementarse por factores asociados al conflicto armado sino a unas pocas variables relacionadas con ciertas demandas radicales y adversarios específicos como las fuerzas de seguridad del Estado y las empresas públicas.
Estos hallazgos resultan pertinentes para el debate actual en el sentido que, si bien no desconocen que la violencia pueda ser una opción disponible para algunos manifestantes al momento de plantear sus reclamos públicamente, muestran que la probabilidad de que esto ocurra está muy lejos de la narrativa dominante que informa una buena parte de la respuesta estatal. Además, sugieren que, si la violencia sucede, puede ser un subproducto de la interacción entre autoridades y manifestantes más que la elección deliberada de unas u otros. Lo anterior, ubica el debate en un lugar muy distinto donde lo ha querido llevar el Gobierno actual y algunos sectores políticos.
