El 2018 será un año de elecciones en Colombia. Se elegirá, mediante el voto ciudadano, al Congreso (Senado y Cámara) (11 de marzo de 2018) y al presidente de la República (27 de mayo). Del Congreso se espera una renovación parcial, dada la aparición de nuevos actores y a que algunos parlamentarios no podrán aspirar nuevamente debido a las investigaciones judiciales que se realizan en su contra (^{El Tiempo, 2017, julio 26}). Sobre la Presidencia se tiene la seguridad de ya no la ocupará Juan Manuel Santos, pues la Constitución Política no permite la reelección consecutiva por tres periodos en Colombia (^{Arenas y Valencia, 2009}).

Pero de especial relevancia es la participación, por primera vez, del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), tanto en las elecciones a la Presidencia como al Congreso. Este nuevo actor político legal nació como partido el 31 de octubre de 2017, luego de culminar el proceso de desarme y desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército Popular (FARC-EP), y con el otorgamiento por parte del Consejo Nacional Electoral de su personería jurídica.

La novedad se funda en que las FARC fueron, hasta agosto de 2017, la organización insurgente más antigua del hemisferio occidental y durante cinco décadas mantuvo una lucha armada constante contra el Estado colombiano y cuestionando las instituciones del sistema democrático. Ahora el partido político FARC, legalmente constituido, quiere someterse a las reglas de la democracia, busca el apoyo popular a través del voto y aspira a representar a los ciudadanos en el Ejecutivo como en el Legislativo.

El partido FARC tiene una condición especial para el Congreso. El Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera o Acuerdo del Teatro Colón, firmado en Bogotá el 24 de noviembre del 2016, otorgó a esta organización política diez curules: cinco en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes. Número que, incluso, puede ser mayor si la cantidad de votos que reciba como partido en las elecciones sea superior al que se requiere para los diez cupos. De allí que se piense que las votaciones de marzo servirán para medir el grado de aceptabilidad y apoyo que tiene este nuevo actor político entre los colombianos.

En todo caso, a partir del 20 de julio de 2018 y hasta 2026, el Congreso contará de manera permanente con mínimo diez miembros del partido político FARC. En este recinto se espera que los representantes de este nuevo partido presenten y defiendan muchas de las leyes que se requieren para la implementación del Acuerdo; responsabilidad que compartirá con el Gobierno nacional, pues este es el responsable directo de elaborar y proponer las normas para la implementación del Acuerdo. También se espera que los miembros del partido FARC en el Parlamento haga seguimiento a los avances legislativos y que sea guardiá en el Congreso de los diseños institucionales necesarios para el posconflicto.

El balance al finalizar 2017 y luego de un año de vigencia del procedimiento legislativo especial, fast track, es que los avances legislativos en el Congreso fueron escasos. Se aprobaron cuatro leyes y siete actos legislativos, con los que se lograron adelantos en temas necesarios para la paz, como el indulto, la amnistía, la justicia especial para la paz y la oposición política; pero quedaron por gestionar la mayoría de las reformas necesarias para dar cumplimiento al Acuerdo. Quedaron sin trabajar añejos y fundamentales temas como la tenencia y distribución de la tierra, los programas para la solución integral al problema de drogas ilícitas y la atención prioritaria a las víctimas del conflicto.

En conclusión, a partir de julio de 2018 el nuevo Congreso tendrá dos grandes responsabilidades: la primera, como se viene advirtiendo, es asumir el compromiso de concluir o avanzar lo máximo en crear la estructura institucional para el posconflicto. El Congreso debe continuar siendo el arquitecto constitucional para dar cumplimiento a lo acordado con las FARC, debe realizar todos aquellos cambios que requiere para atender una sociedad en transición. Del cumplimiento de esta primera labor dependerá, en buena parte, el desarrollo económico, político y social presente y futuro del país.

La segunda es acoger con responsabilidad a los nuevos miembros del partido FARC. Los parlamentarios tendrán que aprovechar la situación privilegiada que tiene el Congreso, como máximo recinto de deliberación del país, y servir de ejemplo para continuar con los cambios en la cultura política nacional. El nuevo Congreso tendrá la oportunidad este año para darle la bienvenida a los excombatientes a la vida civil, escuchando con atención las propuestas de este nuevo partido y debatiendo con altura las mismas. El Congreso debe dar ejemplo al país en la manera como la sociedad, en su conjunto, debe avanzar y alcanzar la reconciliación y la resolución no armada de las diferencias.

En definitiva, el nuevo Congreso debe este año dar un salto cualitativo hacia la construcción de la paz en el país. Reconozcamos que Colombia ha sido históricamente un país polarizado, con grandes antagonismos, que aún continúan gestándose. Muchos de estos conflictos se han resuelto a través de las armas y la violencia. Pero el hecho de tener hoy a las FARC desmovilizadas y participando en la contienda electoral hace pensar que es posible otro camino para resolver las diferencias. En este sentido, la función del nuevo Congreso debe ser aprovechar el momento histórico para realizar cambios institucionales que permitan que la mayoría de la sociedad se caracterice por la cooperación y la convivencia pacífica.