INTRODUCCIÓN

Al comenzar una de sus obras, el historiador británico Simon Collier señala lo siguiente: "Es un lugar común en los textos de historia la idea de que la república de Chile fue un prototipo de estabilidad política durante el siglo XIX. Los lugares comunes son medianamente veraces o incluso más"¹. ¿En qué sentido esta afirmación es cierta? En el hecho de que, a diferencia del resto de Latinoamérica, Chile poseyó una mayor estabilidad política en la centuria decimonónica. Por ejemplo, mientras el Perú llegó a tener treinta y dos gobiernos entre 1839 y 1879, casi todos nacidos a partir de golpes militares, Chile contó con sólo seis administraciones, sin ningún golpe de fuerza que los depusiera².

Sin embargo, la constatación anterior amerita ser matizada. Durante al menos tres décadas del periodo arriba indicado (1830-1860), Chile poseyó un régimen autoritario que utilizó sistemáticamente a las fuerzas armadas para perseguir a sus opositores, mediante el expediente de los llamados "poderes de emergencia" (facultades extraordinarias y estados de sitio), y enfrentó dos guerras civiles (1851 y 1859) que, a pesar de que no lograron derrocar a los gobiernos de turno, sí fueron capaces de provocar un clima de gran tensión y violencia, desmintiendo -o al menos matizando- el lugar común de la excepcionalidad chilena³.

Pero, además, durante el periodo 1823-1830 Chile llegó a poseer treinta gobiernos⁴. Esto explica que los historiadores Jaime Etche-pare Jensen y Mario Valdés Urrutia hagan una distinción que resulta importante. Sostienen ellos que, no obstante que la denominación de anarquía podría no caber en comparación con el resto de Latinoamérica, si "analizamos el problema con el prisma exclusivo de la historia nacional se justificaría la tipificación, ya que es el único periodo, a excepción de la anarquía de los años 1931-1932, en que se suceden con tanta rapidez los gobiernos, y existe tal indefinición respecto de los objetivos y los medios para lograrlos"⁵.

El presente artículo apunta a dar cuenta de una importante sublevación castrense de la década de 1820 en Chile. Y que, en buena medida por no haber finalmente resultado victoriosa, ha solido ser olvidada a un nivel historiográfico. Sin embargo, y al igual que los alzamientos federalistas de 1827 y 1828, la sublevación o'higginista de 1826 puede ayudar a entender varios aspectos relacionados entre sí. En primer lugar, el significado de la inestabilidad política de la década de 1820, la década de la organización de la república. En segundo término, el papel de los militares en la configuración de ese mismo fenómeno y proceso. Tercero, y muy vinculado con lo anterior, la comprensión que, durante esos años, se tenía del principio de supremacía civil (sobre los militares). Y, por último, aunque sin descartar otros elementos adicionales, la pavimentación del camino hacia un régimen autoritario, que terminó rigiendo en Chile entre 1830 y 1860.

Para explicar los puntos anteriores, el presente trabajo acudirá, de un modo preferente, a categorías de análisis asociadas a los estudios sobre relaciones civiles-militares, categorías que han tendido a ser omitidas por buena parte de la historiografía sobre los comienzos de la república en Chile, lo que justamente permite explicar la (todavía) insuficiente incomprensión de la década de 1820 desde el punto de vista de la participación política de los militares. Dicho esto, y considerando que no se pretende aquí agotar el marco teórico referido, considérense, al menos, los conceptos de control civil sobre los militares y de control militar sobre los civiles. Del segundo de ellos, se desprenden, a su vez, las nociones de militarismo y de insubordinación castrense.

De acuerdo a Omar Gutiérrez Valdebenito, el control civil sobre los militares "corresponde a la sumisión total e incondicional del poder militar a la autoridad civil, que se cristaliza en el gobierno legítimo y que tiene la exclusividad de la toma de decisiones". Y añade que, bajo este sistema, las fuerzas armadas tienen como única función la defensa exterior y, en algunos casos, el mantenimiento del orden público interno. Por su parte, el control militar sobre los civiles supone que "las fuerzas armadas dejan de constituir un instrumento pasivo y pasan a desempeñar un papel importante dentro de la política de una sociedad determinada, hasta tal punto que, en ocasiones, pasan a ser las protagonistas de la escena política"⁶. Como se verá en este trabajo, lo segundo no significa que los civiles se subordinan totalmente a los militares, sino que los segundos -en connivencia con los primeros- se convierten en actores políticos fundamentales, por no decir en factores decisivos.

Del concepto de control militar sobre los civiles, se desprende, a su vez, la noción de militarismo. Hermann Oehling explica que el militarismo supone "ir más allá de la función política que a un ejército le incumbe en las tareas subsidiarias de la defensa nacional contra el peligro exterior o interno en sus intervenciones políticas". Y añade que, en síntesis, el militarismo es el efecto de "la preponderancia de lo militar en algún aspecto fundamental de la vida del país, de modo que sea impropio"⁸.

Pero, además, del concepto de control militar sobre los civiles se desprende la noción de insubordinación castrense que, cuando es directamente política y no meramente gremial, puede asumir dos formas: desplazamiento y sustitución. El desplazamiento apunta a reemplazar "un conjunto de políticos civiles por otro más sumiso", no desapareciendo el régimen civil, sino sólo un determinado grupo de civiles. En cambio, la sustitución, que es el nivel más radical de insubordinación castrense, "elimina el régimen civil y pone en su lugar el régimen militar"⁹.

Consignado el marco teórico anterior, no deja de llamar la atención que una buena parte de la historiografía niegue -o al menos minimice- la existencia de militarismo en la década de 1820. Probablemente, la figura más emblemática en este sentido sea la de Julio Heise, quien afirma lo siguiente: "La etapa de organización del Estado no conoció en Chile el militarismo. Los soldados que actúan en esta época -O'Higgins y Freire- fueron exaltados por elementos civiles, como símbolos de gloria y orgullo nacional, y ellos se inclinaron ante el poder civil y ante la juridicidad"¹⁰. Sin embargo, Heise parece confundir el concepto de militarismo con el de pretorianismo, que constituye una forma extrema del primero. De acuerdo a Samuel P. Huntington, bajo un régimen pretoriano "no se reconocen ni se aceptan instituciones políticas, ni cuerpos de dirigentes políticos profesionales, como intermediarios legítimos para moderar los conflictos entre grupos"¹¹. En cambio, bajo las formas más frecuentes de militarismo la vida política se caracteriza por una coparticipación civil-militar más que por una acción corporativa de los militares en contra de los civiles.

Una visión reciente, mucho más matizada que la de Heise, puede encontrarse en Alejandro San Francisco, quien a propósito de la guerra civil de 1829 plantea en esta misma revista algunas cuestiones desafiantes para la investigación aquí presentada. En primer lugar, San Francisco sostiene que la interpretación práctica de las disposiciones constitucionales en materia de supremacía civil no siempre resultaba concordante con la letra de esas mismas disposiciones. En segundo término, argumenta que, paradoja mediante, la insubordinación conservadora de 1829, liderada por el general Joaquín Prieto, de la mano de Diego Portales, apuntó a poner término a la anarquía y al militarismo de los años anteriores. Y a diferencia de Heise, San Francisco reconoce "que en la década de 1820 Chile experimentó numerosos casos de rebelión, motines militares y diversas manifestaciones de descontento y deliberación militar, lo que generaba una situación permanente de dificultades gubernamentales, cambios de administración y crisis políticas de distinto tipo"¹². Asimismo, afirma correctamente que la cuestión del militarismo ha sido poco estudiada a un nivel historiográfico¹³.

Pero volviendo a Heise, y ahora en términos fácticos, no es cierto que los generales Bernardo O'Higgins y Ramón Freire no hayan sido militaristas, incluso en el sentido de ejercer acciones de insubordinación castrense en contra de los poderes civiles: gobiernos o parlamentos. De hecho, la misma abdicación de O'Higgins de enero de 1823 tuvo como uno de sus factores principales el movimiento hacia la capital del ejército del sur, liderado por Freire, quien terminó sucediendo al primero en el mando supremo del país. Y, como veremos en este trabajo, la sublevación de 1826 fue planificada, desde el exilio, por el mismo O'Higgins, en connivencia con un grupo de civiles y militares. Estos ejemplos, entre varios otros, prueban además que la inestabilidad política de la década de 1820 fue producto no sólo de insubordinaciones castrenses, impulsadas por fuerzas políticas de corte liberal, sino también por sectores conservadores¹⁴.

De hecho, y probablemente después del alzamiento de 1829 (estudiado por San Francisco), la sublevación o'higginista de 1826 puede calificarse como una de las más importantes insubordinaciones castrenses, impulsadas por fuerzas conservadoras. Habiendo O'Higgins gobernado el país entre 1817 y 1823, dicha acción estuvo fundamentalmente orientada a provocar el derrocamiento del gobierno de Freire, con el propósito expreso de restituir al primero en el poder supremo de la nación. Para ello, y como una suerte de "cabeza de playa", los sublevados planificaron y ejecutaron la toma del archipiélago de Chiloé, que tan solo unos meses antes había sido independizado del imperio español y anexado a la república de Chile, justamente por un ejército encabezado por Freire.

El presente artículo se ordenará de la siguiente manera. En la primera sección (1), nos situaremos en el año 1825 para contextualizar la sublevación del año siguiente desde tres puntos de vista: a) las fuerzas políticas en conflicto, b) la sensación transversal de desgobierno, y c) la sublevación o'higginista de 1825, que pavimentó el camino a la insubordinación que es materia específica de este trabajo. Luego (2), se abordará la planificación y conquista de Chiloé por fuerzas o'higginistas procedentes de Lima, bajo el liderazgo del propio O'Higgins. En esta sección, se podrá apreciar la ambivalencia de las fuerzas militares a la hora de sumarse (o no) a una acción de insubordinación castrense en contra del gobierno civil. Posteriormente (3), se abordará la forma en que las elites de Santiago se enteraron de lo anterior y dispusieron una acción "contrarrevolucionaria". Aquí podrá constatarse que tanto las fuerzas rebeldes (conservadoras) como las represoras (liberales) desplegaron un discurso en contra de la anarquía reinante y a favor de la restauración del orden. Finalmente, se cerrará el presente artículo con una conclusión, orientada a responder de manera sintética a las cuestiones planteadas en el cuarto párrafo de esta introducción.

1. 1825. LAS FUERZAS POLÍTICAS, LA SENSACIÓN DE DESGOBIERNO Y LA PRIMERA RESPUESTA O'HIGGINISTA

Según Collier, el alejamiento de O'Higgins del poder "despejó el terreno para una variedad de bandos y agrupaciones políticos mayor que la que había antes"¹⁵. Pese a la diversidad de grupos menores, son dos las grandes tendencias que pueden distinguirse en el periodo 1823-1829: liberales y conservadores. Los liberales estaban integrados por los pipiolos, los federalistas y los liberales populares. Los primeros, cuya denominación fue creada por sus adversarios con un carácter despectivo¹⁶, eran los más moderados, perteneciendo a ese bando Freire y Francisco Antonio Pinto. Los segundos, más avanzados que los anteriores, estuvieron liderados por José Miguel Infante. Y los liberales populares, según Collier, "representaron el ala extrema izquierda de la revolución chilena"¹⁷. Un exponente importante de este último grupo fue Carlos Rodríguez Erdoiza¹⁸.

Los conservadores se desglosaban, a su vez, en tres grupos principales: pe-lucones (el más numeroso), estanqueros y o'higginistas. Los pelucones estaban formados por la aristocracia terrateniente. Según Fernando Campos Harriet, "descendían de familias vasco-navarras y castellanas, y como ellos, constituían un conglomerado trabajador, sobrio, con gran capacidad para el mando, con fortuna concentrada en sus manos, dueños de las grandes haciendas"¹⁹. Se les llamaba "pelucones", despectivamente por sus adversarios, porque algunos seguían usando, para las ceremonias más importantes, las clásicas pelucas empolvadas de la época hispana. Los estanqueros, liderados por Diego Portales, creían en un gobierno autoritario y centralizado que pusiese término a la anarquía. Formaban también este grupo Manuel José Gandarillas, Diego José Benavente y Manuel Rengifo, entre otros. Los o'higginistas, como su nombre lo indica, estaban constituidos por los seguidores de O'Higgins, la gran mayoría de los cuales anhelaba el retorno de su líder a Chile. Integraban este grupo José Antonio Rodríguez Aldea, Joaquín Prieto, Miguel Zañartu, entre varios otros.

La insubordinación de 1829, que devino en guerra civil, tuvo como protagonista a una coalición integrada, precisamente, por esos tres grupos conservadores. Todos ellos confluyeron en la necesidad de restaurar el orden a través de una autoridad fuerte. Y la sublevación de 1826 apuntó justamente a dicho objetivo, aunque de manera fallida.

Ahora bien, a mediados de 1825, a dos años y medio desde la renuncia de O'Higgins (acontecida el 28 de enero de 1823), Chile aún no lograba consolidar una institucionalidad política. En los términos de Diego Barros Arana, el país "se hallaba en un estado de desgobierno que parecía tomar los caracteres de una espantosa anarquía"²⁰. Por su parte, Melchor de Concha y Toro describe esta situación como sigue:

"Nos hallamos en el 16 de mayo de 1825 [...]. Aún no tenemos leyes fundamentales, derechos para los pueblos, reglas para las autoridades, un régimen general a toda la república. Concepción y

Coquimbo habían resuelto entenderse con la capital únicamente en cuanto a los asuntos generales, confiando a las asambleas provinciales el gobierno interior"²¹.

Considérese, además, que el 10 de enero de 1825 el nuevo congreso se había declarado constituyente, siendo el segundo de este carácter desde 1823. Y que, no obstante ser mayoritariamente liberal, no fue capaz de controlar los afanes autonómicos de las provincias. El 20 de abril el Cabildo de Concepción retiró los poderes de sus diputados y formó una Asamblea Provincial, similar a la de 1822, que había buscado derrocar al gobierno de O'Higgins. El mismo camino, días más tarde, seguirá la provincia de Coquimbo.

De esta manera, al no ser representativo del conjunto del país, Freire decidió cerrar el congreso el 17 de mayo de 1825. Esta medida no se debía sólo al retiro de los diputados de las provincias, sino también a las malas relaciones que él mismo tenía con los de capital. Barros Arana, pese a criticar a Freire por su carencia de don de mando, le reconoce su moderación al no haber cedido a la tentación de acumular sobre sí poderes excesivos²². En cambio, Francisco Antonio Encina afirma que esta medida, "lejos de robustecer al gobierno, aumentó la audacia de los bandos que se disputaban el poder, dirigidos ahora por hombres exaltados y turbulentos que nada respetaban"²³.

Diez días más tarde, el director supremo convocaba a una Asamblea Provincial en Santiago. Se volvía a revivir la situación de comienzos de 1823, debido a que esta convocatoria buscaba elegir plenipotenciarios para que, en conjunto con los de Concepción y Coquimbo, abriesen el camino a la instalación de un nuevo parlamento de representación nacional.

Después de varios intentos, en septiembre se lograba formar un nuevo congreso. Pero esta asamblea -irónicamente denominada Sala de Representantes Nacionales- no fue tampoco capaz de representar al conjunto del país. Las asambleas provinciales de Concepción y Coquimbo, aunque ahora más proclives a aceptar la autoridad del director supremo, se negaban a participar en ese parlamento. Concepción, por ejemplo, exigía la formación de un senado legislador, compuesto de tres miembros por cada provincia. Coquimbo temía la disolución de las asambleas provinciales, base de la autonomía local en contra de la capital.

Una novedad de este nuevo congreso fue la preeminencia de diputados o'higginistas, naturalmente contrarios a la figura de Freire. En buena medida esta mayoría se explica por el hecho de que, en general, muchos electores de tendencia liberal se abstuvieron de ejercer su derecho a sufragio²⁴.

A propósito de un movimiento popular en Valparaíso, en contra de una medida del gobierno que afectaba la actividad de pequeños y medianos lancheros²⁵, la Sala de Representantes Nacionales buscó derribar a Freire. La mayoría o'higginista que la integraba, tenía ante sus ojos la oportunidad de poner fin al gobierno y concretar, así, su anhelo de lograr el retorno de O'Higgins al poder. Para ello, resultaba fundamental obtener la lealtad de las principales fuerzas militares de la capital.

En Santiago residían tres batallones de infantería y uno de caballería. Estos cuerpos estaban al mando de los coroneles José Santiago Sánchez, Jorge Beauchef, José Rondizzoni y Benjamín Viel, respectivamente. Además, la comandancia general de armas estaba a cargo de Luis de la Cruz.

El 6 de octubre, y con el fin de asegurar el juramento del gobierno, el cuerpo legislativo llamó a los mencionados jefes militares para que hiciesen lo propio. Mientras que Luis de la Cruz se negó a hacerlo, alegando su inmediata dependencia del director supremo, los otros comandantes sí lo hicieron, siendo el primero y más entusiasta José Santiago Sánchez. Según Concha y Toro, los otros no estaban tan convencidos de jurar, pero el entusiasmo de Sánchez los precipitó a seguir sus pasos²⁶. "Fuese porque en realidad no pronunciara el coronel Viel su juramento, fuese porque lo hiciese en voz baja, se repitió entre los diputados el grito: 'el coronel Viel no ha jurado'. El coronel hubo entonces de volver y prestar el juramento como sus demás compañeros"²⁷. Este hecho, en apariencia anecdótico, da cuenta de que a los militares no siempre les resulta fácil insubordinarse en contra de los gobiernos. También da cuenta de que los civiles buscaban cooptar a los militares en favor de sus particulares propósitos.

Lo cierto es que, al verse sin apoyo castrense en la capital, Freire se dirigió al sur a la medianoche de ese mismo día. Lo hizo en busca de tropas leales. Pero dejando un oficio para el parlamento en que dejaba clara su posición:

"Yo pertenezco a la nación, y de ella dependo, no de una sola provincia. Yo he sido colocado por la nación reunida, y cuando ella lo esté, yo le haré la consignación más sincera de este peso enorme que ya me rinde, más entre tanto, no dejaré a mi honor la mancha de traicionar a las beneméritas provincias que con ésta constituyen la nación"²⁸.

Freire argumentaba que su gobierno era legítimo y que, por el contrario, el juramento de los jefes militares ante el congreso era nulo, por no representar ese parlamento al conjunto del país. Sin embargo, a la mañana del 7 de octubre el congreso no dudó en suspenderlo como director supremo. Según Barros Arana, esta decisión buscaba abrir el camino para el retorno de O'Higgins "como único medio de restablecer la tranquilidad pública y de devolver a Chile el crédito y el prestigio que había perdido en los últimos años"²⁹. Pero como O'Higgins residía en el Perú, se decidió confiar provisoriamente el gobierno a José Santiago Sánchez, quien -además de haber jurado con tanta energía- comandaba uno de los batallones de Infantería de la capital (el N° 4), que contaba con 568 plazas.

Después de jurar como nuevo director supremo a las 14 horas de ese día, Sánchez se acantonó en el cuartel de la calle San Diego³⁰ junto a sus ministros, recién nombrados: Miguel Zañartu y José Gregorio Argomedo, ambos diputados o'higginistas. El primero había sido el gran impulsor del nombramiento de Sánchez como nuevo director supremo.

Al enterarse que Freire retornaría prontamente con suficiente apoyo de tropas, Viel optó por abandonar el mando y dejarlo en manos de Eduardo Gutike, un oficial alemán. Rondizzoni y Beauchef decidieron ponerse bajo las órdenes de Freire. El segundo pasó varias horas indeciso, siendo finalmente convencido por el coronel Tupper. A través de una carta de fecha 29 de mayo de 1826, Tupper narraba esta situación como sigue:

"Mi comandante, el coronel Beauchef, a quien debo tantos y grandes servicios, se vio arrastrado en lo mismo. Yo sabía, sin embargo, que la facción revolucionaria se componía de hombres nocivos y peligrosos, y, además, que las provincias de Coquimbo y Concepción habrían de sostener seguramente a Freire. Por tanto, de la elección en la capital resultaría una guerra civil. Hice presente todo esto a Beauchef en los términos más enérgicos; procuré convencerlo de que siempre la guerra civil debía ser un juego peligroso para oficiales extranjeros. Sin embargo, él no quería ver las cosas como yo, sintiéndome en la desagradable necesidad de tomar el mando del regimiento en su lugar. [...] Beauchef llegó después al cuartel; le hice notar que el batallón no estaba ya bajo sus órdenes, y de nuevo le aconsejé que no se arruinara para siempre. Al fin admitió conducir el cuerpo en apoyo del director Freire. Tenido nuestro regimiento por muy efectivo, los otros batallones fueron inducidos a seguir nuestro ejemplo, y una contrarrevolución se llevó a cabo sin dificultad alguna, terminando todo el problema con el destierro de unos veinte individuos"³¹.

Y así fue. En la mañana del 8 de octubre Freire regresaba a la capital con suficiente apoyo castrense para imponerse frente al congreso³². El asunto se resolvería sin derramamiento de sangre. Sánchez, quien terminará siendo recordado por haber sido el gobernante chileno de más corta duración, se entregó y fue puesto bajo arresto. Además, Freire cerraba la jornada de ese día con la disolución de la Sala de Representantes Nacionales³³.

Una importante consecuencia de estos hechos fue el inmediato destierro de los parlamentarios o'higginistas que habían impulsado la caída del gobierno. Decía Freire en los fundamentos de este decreto:

"La experiencia adquirida en el tiempo de mi administración, me ha convencido de que, si bien se debe ser tolerante con las ideas y opiniones, y concederse al ciudadano la más amplia libertad para manifestarlas, aun cuando fueren contrarias a las particulares del gobierno, con tal de que esto no se haga de un modo sedicioso o que se comprometa el orden y tranquilidad pública; pero también me ha persuadido que no puede tolerarse ni dejarse impune por más tiempo a una acción, que si tiene algún sistema, es sólo por el restablecimiento del absolutismo y de las venganzas; facción a la que ni el olvido, ni la generosidad obliga, y que para prevalecer y triunfar no perdona ni respeta medios, ni dudaría hasta de hacer el sacrificio del honor de su propia patria implorando un auxilio extraño"³⁴.

La lista de desterrados la integraban las siguientes personas: Miguel Zañartu, José Gregorio Argomedo, José Antonio Rodríguez Aldea, Joaquín Echeverría, Gaspar Marín, Francisco Borja Fontecilla, Fr. Justo Oro, Felipe Santiago del Solar, José María Argomedo y José María Palacios. Casi todos los expatriados se dirigieron a Lima para estar cerca de su máximo líder. Los coroneles José Santiago Sánchez y Benjamín Viel también pasaron a engrosar el grupo de expatriados. Todos ellos llegarán a conformar el denominado "Club de Lima"³⁵.

2. 1826. DE LIMA A CHILOɳ⁶

El 6 marzo de 1826 Freire regresaba a Santiago de su segunda expedición a Chiloé. El archipiélago había sido ahora exitosamente independizado de España y anexado al país. El Consejo Directorial, que gobernaba en su representación, y que estaba presidido por José Miguel Infante, había dictado un decreto el 31 de enero anterior, en virtud del cual dividió al país en ocho provincias: Coquimbo, Aconcagua, Santiago, Colchagua, Maule, Concepción, Valdivia y Chiloé³⁷.

El 15 de marzo siguiente, el director supremo convocaba a un nuevo congreso, el tercero de carácter constituyente desde 1823. Freire estaba convencido de que, una vez completada la Independencia en términos militares, ahora sí realmente tendría lugar la organización definitiva de la república:

"Cuando a favor del fausto acontecimiento de la incorporación de Chi-loé, parece terminada la guerra de la Independencia, el decoro nacional, las necesidades de los pueblos y mi constante anhelo en promover todas las ventajas y las instituciones que denuncia el espíritu del siglo, reclaman imperiosamente la pronta reunión de una representación nacional [congreso] que, dictando las leyes más análogas a aquel, y a las circunstancias, carácter y costumbres de los pueblos, les asegure para lo futuro los inmensos bienes que tienen derecho a aspirar"³⁸.

Pero mientras lo anterior ocurría en Santiago, el Club de Lima comenzaba a planificar un segundo intento o'higginista en contra de Freire. Los historiadores discuten sobre la participación de O'Higgins en esta sublevación. Barros Arana dice que el prócer habría sido engañado sobre el supuesto apoyo que tendría en el país en caso de retornar. Este engaño habría derivado de las comunicaciones falsas o exageradas que recibía desde Chile³⁹. Encina sostiene que, pese a negarse inicialmente a volver, "el convencimiento que Chile rodaba hacia el precipicio, acabó por quebrantar su propósito"⁴⁰. Un tercer autor, Luis Galdames, no duda en cuanto al papel activo de O'Higgins:

"Chiloé aparecía insurreccionada con su guarnición a la cabeza; constituía su asamblea propia; proclamaba a O'Higgins jefe supremo y lo invitaba a regresar del Perú para asumir el mando de la república.

Tratábase de una conspiración fraguada por los chilenos expatriados en Lima, con la complicidad del más ilustre de ellos”⁴¹.

Sin embargo, el ex director supremo decidió en un comienzo tratar sigilosamente el asunto, reduciendo la conspiración de manera casi exclusiva a la persona de Pedro Aldunate y Toro, antiguo militar, y hermano de José Santiago, quien se encontraba a cargo de la gobernación de Chiloé, desde que fuera anexada a Chile.

La descripción detallada de los acontecimientos de esta sublevación aparece, en primer lugar, en la prensa de la época, incluyendo un periódico creado en Lima por los partidarios del retorno de O'Higgins al país. Se trata de El Chilote, comenzado a publicar el 4 de julio de 1826. Además, y tal como fue frecuente en el siglo XIX, los periódicos de ese tiempo incluían la transcripción de una gran cantidad de documentos de gran valor historiográfico, algunos de los cuales se citarán en las siguientes páginas.

El 24 de marzo Pedro Aldunate se hizo a la vela desde el puerto del Callao en la goleta inglesa Alejandro Adams. Llevaba consigo una carta del general O'Higgins para su hermano, en la que, además de reiterarle la amistad que los unía⁴², señalaba: "Yo me congratulo y aprovecho el placer con que le transmito mi más acendrado reconocimiento por los servicios que ha prestado a mi amada patria, y mis más sinceros votos por su prosperidad y por la del pueblo que le debe una nueva existencia y el mayor bien del hombre, su libertad civil"⁴³. Es decir, si bien no le solicitaba de manera expresa su apoyo a la sublevación planificada, sí lo hacía tácitamente al pedirle que renueve su espíritu patriótico en la situación crítica que el país atravesaba.

De acuerdo al periódico El Chilote, el 24 de abril -justamente un mes después de haber zarpado de El Callao- llegaba Pedro Aldunate a Chi-loé. En ese momento, su hermano "se encontraba ausente, organizando las milicias de aquella provincia"⁴⁴, y estando el puerto de San Carlos de Ancud a cargo de Manuel Fuentes, jefe de la brigada de Artillería, "que tenía por O'Higgins una entusiasta adhesión"⁴⁵. Por esta razón, y además de rechazar el clima de anarquía que se vivía en el país, no dudó en participar en el alzamiento en contra del gobierno, liderado por Freire.

El 3 de mayo José Santiago Aldunate regresó a Ancud y se reunió con su hermano, quien le confesó abiertamente los reales motivos de su estadía: la promoción de un cambio gubernativo en favor del general O'Higgins. Le señaló que este reemplazo sería luego apoyado por todos los pueblos de la república, ya que estaban cansados del desgobierno y desorden existente. La respuesta del gobernador de Chiloé fue tajante. En términos de Melchor de Concha y Toro, "[Santiago] Aldunate rechazó la oferta con indignación y previno a su hermano, don Pedro, que si insistía en sus propósitos lo haría salir de Chiloé"⁴⁶.

Pero la respuesta precedente no hizo desistir a los conspiradores. Ese mismo día: "Seguido de una guardia, el comandante Fuentes penetró en la noche en el cuarto en que dormía el comandante Aldunate. Negándose este a la proposición de ponerse a la cabeza del movimiento, Fuentes le arrestó haciéndolo conducir a bordo del bergantín Livonia que debía zarpar para Valparaíso"⁴⁷.

El 4 de mayo un Cabildo abierto le dio un tinte de legitimidad a la sublevación, y confirmaba a Fuentes como gobernador y a O'Higgins como director supremo del archipiélago. Al día siguiente, Fuentes convocaba a elecciones para una asamblea provincial, semejante a las ya existentes en Concepción y Coquimbo. A través de un largo manifiesto, el cabildo responsabilizaba al gobierno de Freire del desorden existente en el país:

"En el puerto de San Carlos de Chiloé [Ancud], a cuatro días del mes de mayo del presente año de 1826, habiéndose reunido el vecindario de este puerto en cabildo abierto, para conferenciar y acordar lo más conveniente a la seguridad y adelantamiento de esta provincia, precaucionar a sus habitantes de la irreligión y furor anárquico, con que genios inmorales están plagando a la república, evitar que pasen sobre ellos los resultados de una bancarrota y todos los males que son consiguientes a la divergencia de opiniones, oscilación de partidos y falta de unidad en las otras provincias, cuyas recientes subdivisiones no han sido bien calculadas; se acordó que, para resolver todo esto, y lo demás que se ha tenido en consideración, se convocase a toda la provincia para una asamblea, que se celebrará en este puerto o en otro punto que se designe, y en el día que más pronto puedan reunirse los diputados plenamente autorizados al efecto, que elegirá popularmente cada distrito de esta provincia, pasándose para ello copia certificada de esta acta con el correspondiente oficio del señor gobernador político y militar, que cuidará de circularla prontamente, como corresponde a su amor patrio y decidido interés por el bien general, y el de esta provincia"⁴⁸.

El 12 de mayo se reunió la asamblea provincial de Chiloé, compuesta de cinco diputados y un secretario. El acta de esta reunión -de fecha 13 de mayo y transcrita íntegramente por El Chilote- apunta a comparar los gobiernos de O'Higgins y Freire. El primero fue descrito del siguiente modo:

"Habiéndose reunido los diputados de esta Asamblea Provincial por el voto uniforme de todo el archipiélago de Chiloé para poner a cubierto a sus pacíficos y numerosos habitantes de los males que aquejan a las otras provincias del Estado y procure su felicidad y engrandecimiento, se trajo a consideración las pasadas glorias de la república, sus progresos en todos los ramos, su crédito público bien sostenido, su quietud y moralidad respetadas, sus instituciones marcadas con la prudencia, ejecutadas con moderación y obedecidas con placer, su respetabilidad, en fin, su influjo y nombrada dentro y fuera del Estado, mientras la dirigió el ciudadano virtuoso que la había defendido y libertado con su espada"⁴⁹.

En cambio, el juicio sobre el gobierno de Freire resultaba lapidario:

"Este cuadro probado con hechos públicos, testificado por la opinión general y patentizado por los S. S. diputados, fue contrastado por el que presenta la república desde el 28 de enero de 1823, impulsada y sostenida por pasiones bajas e innobles. Discursos enérgicos y luminosos hicieron ver que, desde esa época hasta la presente, todo ha retrogradado de aquella senda majestuosa; un gobierno entronizado bruscamente sin constitución ni ley, ni reglamento; los sucesivos congresos profanados con amenazas, y disueltos con un decreto, o un bando despótico; disipado el empréstito de cinco millones de pesos, sin provecho alguno del Estado, dilapidado el erario, el crédito público arruinado y perdiendo sus vales un setenta por ciento. El ejército, la escuadra, los empleados públicos insolutos por muchos meses; ellos y los demás acreedores del Estado sacrificados a esa bancarrota irreparable; los miserables restos de antiguas fortunas expuestos a ser asaltados y devorados; esta provincia, y las de Valdivia y Concepción sin esperanzas de auxilio y condenadas al hambre y mayores desgracias; la capital fluctuando a los embates del despotismo y la anarquía; ideas desorganizadoras y los impulsos de la desunión partiendo de la silla del mismo gobierno; la integridad del Estado despedazada con nuevas subdivisiones de provincias, que quitan a la capital su respetabilidad, y el que pueda ser en adelante el centro de la unión"⁵⁰.

Luego de emitir el crudo diagnóstico anterior, la asamblea acordaba que el "archipiélago de Chiloé se declara libre e independiente de las demás provincias de la República de Chile hasta que un congreso general, cuyas deliberaciones no se tercien por la sugestión ni las amenazas, restablezca la unión bajo sólidas bases y una constitución liberal" (artículo 1°) y que

"se nombra para jefe supremo, y general del ejército para este archipiélago al digno ciudadano don Bernardo O'Higgins, a quien se le pasará este acta con los correspondientes oficios, interesando su amor patrio, para que venga a encargarse del mando supremo de este archipiélago y de las fuerzas de mar y tierra (artículo 5°)"⁵¹.

Además, se nombraba a Manuel Fuentes como gobernador interino hasta que O'Higgins "venga a entregarse del mando" (artículo 6°)⁵², y a Pedro Aldunate se le encomendaba la tarea de dirigirse a Lima con el objeto de comunicarle a O'Higgins el contenido de las resoluciones tomadas. Llevaba consigo una variedad de cartas y documentos, en los que diversos personeros le manifestaban al nuevo director supremo su adhesión y lealtad. Sin embargo, una de esas cartas había sido escrita por José Santiago Aldunate, quien le manifestaba al prócer su respeto y le agradecía su amistad. Pero, al mismo tiempo, se expresaba categórico en su rechazo a la acción del 3 de mayo:

"Aunque V. E. hubiera estado convencido de que mi opinión era la misma de V. E., no debería haber contado con mis servicios, sino considerándome un hombre particular; pero como hombre público jamás debió persuadirse que podría ser infiel a la confianza del gobierno (sea cual fuere) había depositado en mí, entregándome el mando de esta provincia que he sabido sostener con decoro; y mucho menos cuando la invitación que se me ha hecho, es para cometer igual falta a la que se ataca a la actual administración; y si no dígame V E. ¿cómo podré jamás persuadirme qué es la voluntad general de los pueblos, cuando estoy viendo que en esta provincia, en donde viven los hombres con la mayor libertad, no sólo han estado muy distantes de la variación que se ha hecho, pero que hasta ahora no pueden adivinar el objeto?"⁵³

Desde Chiloé, Fuentes invitaba a la provincia de Valdivia a seguirla en sus resoluciones. Señalaba que los papeles públicos adjuntados

"dan una idea nada equivoca del estado alarmante de la república, y espero que si VV. obran del mismo modo tendrán el placer de ver dentro de muy poco tiempo en ese país al director supremo don Bernardo O'Higgins, quien ha enviado a este puerto por una goleta comunicaciones relativas sobre interesantes objetos en la inteligencia que sus recursos son tan grandes como que cuenta con todos los elementos e interés del Perú"⁵⁴.

Para la entrega de esta carta, y para gestionar de manera directa la adhesión de Valdivia a la sublevación, viajaba como emisario José María Cotar, teniente del batallón N° 4, quien llegaba a dicha ciudad la noche del 23 de mayo. Con el objeto de tratar un asunto de tanta trascendencia, Cosme Pérez de Arce, gobernador interino de la provincia, convocó al día siguiente a un cabildo abierto, cuyos integrantes decidieron de modo unánime "que se diesen a V. S. las gracias, por su comedimiento en participarnos su resolución, pero que no era posible seguir tales pasos en razón de que estando esta provincia sujeta al gobierno central de la república, sería faltar a la fidelidad e introducir la anarquía"⁵⁵.

3. 1826. DE SANTIAGO A CHILOÉ (PASANDO POR LIMA)

La noticia de la sublevación de Chiloé llegó a Santiago el 28 de mayo. Lo hizo de manos del sargento Jerónimo José Valenzuela, comandante del batallón N° 4 de Chiloé, quien junto a otros soldados se había logrado fugar en el bergantín Levante. El acontecimiento produjo gran revuelo en el gobierno central, puesto que temía que la acción de Chiloé pudiese ser imitada por el resto de las provincias. Por lo mismo, el ministro del Interior y Relaciones Exteriores, Ventura Blanco Encalada, comenzó a enviar circulares a los gobernadores de las provincias. En ellas, les aconsejaba tomar medidas para evitar y, en su caso, reprimir eventuales acciones de insubordinación. A través de una de ellas, le ordenó al gobernador de Valparaíso imponerse de la correspondencia epistolar procedente de Lima y revisar el cargamento de los barcos⁵⁶.

Además, el ministro de Guerra, José María Novoa emitía un decreto por el que daba de baja a O'Higgins, sosteniendo que ya había expirado el plazo de dos años para ausentarse del país. Para ocultar el hecho que realmente se trataba de una suerte de sanción, el decreto era firmado con fecha 24 de mayo. O sea, cuatro días antes de que llegase la noticia a Santiago de la sublevación de Chiloé. El gobierno aprovechaba esta oportunidad para dar de baja también a José Ignacio Zenteno, y al coronel José Santiago Sánchez, quienes -como ya sabemos- engrosaban el grupo de o'higginistas desterrados en Lima⁵⁷.

El 2 de junio arribó a Valparaíso el bergantín Livonia. A bordo venía el coronel José Santiago Aldunate, quien antes de dirigirse a Santiago redactó una completa relación de los acontecimientos. En ella, además de demostrar su inocencia en el alzamiento, le hacía ver al gobierno que dicha acción realmente no había sido apoyada por el pueblo, sino sólo por la tropa.

Como medida preventiva, el 4 de junio el ministro del ramo ordenaba iniciar un Consejo de Guerra en contra de Aldunate. Pero el 9 del mismo mes se dictaba en su favor una sentencia absolutoria. Concha y Toro afirma que el mismo Aldunate, en un gesto de transparencia, le había pedido al gobierno llevar a cabo dicho procedimiento judicial⁵⁸.

Como agradecimiento a la lealtad de Aldunate, y a petición de él mismo, el gobierno lo designaba comandante de la expedición a Chiloé, orientada a reprimir la sublevación. Para tal objeto, se formó una columna de 250 hombres, quedando bajo el mando del teniente coronel Guillermo de Vic Tupper. Con un apoyo monetario de 6 mil pesos, Aldunate, Tupper y la mencionada columna se hicieron a la mar el 24 de junio en el bergantín Aquiles y en el transporte Resolución. Junto a ellos, viajaba también el coronel Ramón Picarte, gobernador propietario de Valdivia, quien debía asegurarse de que esa provincia no cediera a la incitación de Chiloé.

El alzamiento del archipiélago no se constituyó en obstáculo para que el 4 de julio se instalase en propiedad el nuevo congreso. En su mensaje inaugural, Freire no se refirió directamente a los sucesos de Chiloé. Sin embargo, sostuvo que la nueva constitución debería ser una barrera "contra los ataques del poder arbitrario y el influjo de las ideas anárquicas desorganizadoras, que felizmente aún no han desarrollado entre nosotros su germen destructor"⁵⁹. Esto es interesante: demuestra que todas las fuerzas políticas se posicionaban en contra de la anarquía reinante y a favor de la restauración del orden.

El 7 de julio Freire presentaba su renuncia. Invocaba, para ello, razones de salud que no le permitían "contraerse debidamente a las graves atenciones del gobierno [a] las circunstancias críticas en que se halla la patria"⁶⁰. Al día siguiente, el parlamento le aceptaba su dimisión, designando como sucesor a Manuel Blanco Encalada, quien ejercería por primera vez la primera magistratura bajo el título de Presidente de la República.

Por otra parte, los acontecimientos de Chiloé no se convirtieron en una valla para la dictación de diversas leyes que tenían por objeto poner en marcha el régimen federal, que se estaba intentando instaurar. Por ejemplo, una que estableció que: "La República de Chile se constituye por el sistema federal, cuya constitución se presentará a los pueblos para su aceptación" (11 de julio)⁶¹.

El 17 de julio, mediante su tercer y último número, El Chilote describía como sigue la situación del país: "Los papeles públicos de Chile, que ha traído el último buque de Valparaíso, dan la más triste idea de aquel país; las plumas se han convertido en puñales, y bajo la máscara de un celo patrio, atizan la discordia y quisieran extenderla a los demás Estados"⁶².

Como ya sabemos, los avatares de la sublevación de Chiloé se daban en diversos frentes. Mientras que, en Ancud, Miguel Fuentes se enteraba del rechazo de la provincia de Valdivia a sumarse al alzamiento por él dirigido⁶³, Pedro Aldunate llegaba a Pisco el 6 de junio. Desde ese puerto, se dirigía a la hacienda de Montalván, lugar de residencia de O'Higgins. Las buenas noticias entregadas por Aldunate, impulsaron al prócer a escribirles a los demás integrantes del Club de Lima. El 12 de junio se comunicaba con su fiel amigo Miguel Zañartu:

"En este momento, acabo de recibir comunicaciones de Chiloé, cuyos habitantes, a ejemplo de las provincias de Concepción y Coquimbo, han elegido una asamblea provincial para adoptar medidas que considere mejor calculadas para promover el bienestar del archipiélago. Esta asamblea ha creído conveniente investirme con el supremo mando, y urgen mi pronto regreso a Chile. Hay fuertes razones para creer que las provincias de Valdivia y Concepción uniformen sus procederes con las islas de Chiloé, y a la verdad, si acreditamos las cartas recibidas, no hay en las provincias que están fuera del alcance de las bayonetas de Beauchef y Rondizzoni, con excepción de algunos intrigantes y sus amigos que circundan a la administración, quien no suspire por una reforma que restablezca el orden y la tranquilidad que gozaban tres años hace".

Según Barros Arana, tanto Zañartu como los otros expatriados "creían firmemente en un seguro y próximo cambio de gobierno en Chile" y que "la revolución iniciada en Chiloé en tan modestas proporciones debía haberse propagado casi sin resistencia en las demás provincias, y que por esto mismo no necesitaban auxilios". Sin embargo, de otro párrafo de la carta de O'Higgins a Zañartu, es posible colegir claramente que buscaba obtener la ayuda de Bolívar:

"Como yo siempre he comunicado a S. E. el Libertador todo asunto importante que de tiempo en tiempo he recibido de Chile, suplico a V. tenga la oportunidad de aprovechar la más pronta oportunidad de pasar a ver a S. E. y manifestarle las circunstancias que dejo expresadas, pues como es tan interesado en el buen orden y prosperidad de la América, es indudable recibirá una satisfacción".

Asimismo, entre los expatriados se discutió mucho sobre la conveniencia de que el mismo O'Higgins viajase prontamente a Chiloé. O que en su nombre lo hiciese el coronel Sánchez. Pero concluyeron que era mejor dejar el asunto en manos de los "jefes de ese movimiento para no ofenderlos". Jaime Eyzaguirre sostiene que el prócer no viajó al archipiélago básicamente por razones de carácter logístico y climático:

"Rodríguez Aldea, que no descansaba un momento, discutía con Zenteno y Zañartu lo que podrían hacer de inmediato, y aunque prefirieron aguardar la llegada a Lima de O'Higgins para tomar las decisiones definitivas, les pareció oportuno buscar desde luego un buque por si don Bernardo estimaba conveniente trasladarse a Chiloé. Pero esto, si fácil era pensarlo, resultaba casi imposible de realizar a esas alturas del invierno, en qué raro era el barco que intentaba la navegación en los mares australes"⁶⁸.

El 5 de julio O'Higgins publicó una proclama dirigida al pueblo de Chile, revelando ya de manera abierta su participación en la sublevación. Al referirse al estado del país, lanzaba sin ambages sus dardos contra Freire:

"Entretanto, compatriotas, vuestro actual gobernante, después de haber perdido la existencia moral y política de la república que domina, confundido por la conciencia de su propia bajeza, olvidado de la dignidad a que lo sujeta su posición pública, y desesperado del descrédito que le ha producido su mando, se encarniza con desapiadada justicia contra mi nombre, para desahogar de este modo la humillación de su amor propio al comparar el paralelo vergonzoso que hará el mundo de ambos gobiernos"⁶⁹.

Luego expresaba de manera directa su aceptación al nombramiento que le habían hecho los rebeldes de Chiloé:

"He aquí ciudadanos parte de lo que ha herido al archipiélago al incorporarse a la gran familia chilena. Aquellos habitantes virtuosos me han proclamado para que presida sus destinos, y yo acepto solamente el cargo para haceros el homenaje de mi vida, en defensa del orden y de la libertad. La prosperidad pública y gloria nacional serán siempre el norte de mis observaciones"⁷⁰.

Esta proclama llegó a ser objeto de gran debate entre las elites de Santiago, pero sin que el repudio a ella llegase a ser unánime. El 4 de agosto, y después que dicha proclama fuese conocida en la capital, el presidente Blanco Encalada presentó un proyecto de ley cuyo artículo 3° disponía: "La nación declara proscritos y fuera del amparo de las leyes a don Bernardo O'Higgins, y demás chilenos que han procurado introducir la discordia en el seno de la patria, que intentaren violar la integridad del territorio, o que ayudaren directa o indirectamente a algún individuo o nación a hacerle la guerra, sea cual fuere el pretexto que se tome para ello". El artículo 4° precisaba: "El poder ejecutivo publicará los nombres de tales traidores, para que recaiga sobre ellos el efecto de esta ley"⁷¹. Esta ley implicaba la desnacionalización de los autores materiales e intelectuales del alzamiento de Chiloé.

Es importante aclarar que el proyecto de ley anterior se explicaba, también, por los fuertes rumores de una eventual intervención armada de Bolívar en favor de O'Higgins. Barros Arana señala que, "si bien es verdad que Blanco era por carácter enemigo de medidas violentas, de golpes de autoridad y de persecuciones injustificadas, incurría en la debilidad de dar crédito a personas mal intencionadas", que "le representaban la necesidad de armarse por un tiempo de toda la suma de poder público"⁷². Esto último se refería a su solicitud al congreso de facultades extraordinarias para enfrentar la crisis que el país estaba viviendo.

José Miguel Infante, el gran líder del federalismo en Chile, se opuso tajantemente a la aprobación de tales medidas e hizo una apasionada defensa de O'Higgins. Después de algunas sesiones para debatir sobre la concesión de dichas facultades, el parlamento votó en contra bajo el argumento de que el supuesto apoyo de Bolívar a O'Higgins no se encontraba suficientemente probado⁷³.

Como ya se dijo, la expedición del gobierno destinada a reprimir la sublevación había sido encomendada a José Santiago Aldunate y a Guillermo de Vic Tupper, cuyo diario de campaña constituye hoy una fuente fundamental para seguirla en sus detalles. En él, después de describir la sublevación que debía sofocar, señalaba: "Era evidente la necesidad de destruir la semilla de la disolución y de poner punto final a esta revolución con mano fuerte"⁷⁴. El 11 de julio la escuadrilla enviada por el gobierno hacía contacto con una lancha cañonera, comandada por el capitán Juan Williams⁷⁵, quien -según Tupper- "se mostró muy contento al comprobar quienes éramos"⁷⁶.

En el comienzo de la dominación del alzamiento fue clave el ataque sorpresa de Tupper contra dos baterías chilotas, del que sólo habrían resultado levemente heridos cuatro defensores⁷⁷. El 16 de julio los soldados y sargentos que ocupaban el castillo de Agüi desertaron en favor de las fuerzas del gobierno. Esto fue de la máxima importancia, ya que en ese lugar se guarnecían las armas. Finalmente, el 19 de julio Manuel Fuentes ofrecía su rendición a cambio de indulgencia. Concha y Toro señala que, aunque Aldunate no le garantizó nada, "se ofreció simplemente a hacer valer sus propios servicios para obtener clemencia del gobierno"⁷⁸.

Sin enterarse aún de este desenlace, pero sí de la expedición del gobierno central a Chiloé, a través de una carta de fecha 25 de julio, O'Higgins le expresaba a Fuentes su decisión de sustraerse, al menos momentáneamente, de su participación directa en la sublevación, ya que "ignoramos que suerte ha corrido el Aquiles y [la] Resolución con 300 hombres bárbaramente mandados a buscar venganza"⁷⁹. Mientras tanto, el 31 de agosto le señalaba a su amigo Juan Thomas: "Sabemos con evidencia que Fuentes y la guarnición de Chiloé se han rendido a don Santiago Aldunate, bajo la más vergonzosa capitulación y sin disparar un solo tiro. Esta desgracia prueba más y más que la corrupción chilena se ha ingerido también entre los inocentes isleños de Chiloé"⁸⁰.

El 18 de agosto llegaba a Santiago la noticia del triunfo de las armas gobiernistas en contra de las fuerzas o'higginistas. Con un espíritu de pacificación, el 31 del mismo mes el congreso aprobaba un proyecto de ley de amnistía, en favor de los sublevados de Chiloé y de sus autores intelectuales.⁸¹ De esta manera, los desterrados de Lima por los sucesos de 1825 comenzarán a regresar al país. Aunque, en los términos de Luis Valencia Avaria, O'Higgins había aprendido la lección de no volver a inmiscuirse en la política interna de Chile⁸², el o'higginismo seguirá siendo protagonista del acontecer político en los años siguientes. Por de pronto, al ver a uno de los suyos, Joaquín Prieto, ocupar la primera magistratura durante el decenio de 1831-1841.

Conclusión

Un hecho clave para entender el contexto de la sublevación o'higginista de 1826 es la diversidad de fuerzas políticas que actuaron en los años de la presente investigación. Fuerzas que giraban en torno a idearios muy frágiles y que, eventualmente -frente al clima de desorden que se vivía-, optaban por seguir a uno u otro líder.

A diferencia de lo sostenido por Barros Arana, quien busca dejar al prócer en buen pie, las fuentes dan cuenta de que O'Higgins fue un activo protagonista de la insubordinación castrense estudiada en estas páginas. Las informaciones que, desde ambos bandos en conflicto, daba a conocer El Chilote muestran que, de parte del Club de Lima y de su máximo líder, existía un conocimiento bastante exacto del contexto político que se vivía en el país. Un conocimiento que le permitió a O'Higgins adaptarse a las circunstancias, avanzando o retrocediendo según los casos.

Asimismo, es importante dejar sentado que la sublevación de Chiloé, pese a desprenderse del resto de la república, no tuvo un carácter federalista. Por el contrario, y conforme se lee en el acta de la Asamblea Provincial del 12 de mayo, se sostuvo que "la integridad del Estado [se halla] despedazada con nuevas subdivisiones de provincias, que quitan a la capital su respetabilidad, y el que pueda ser en adelante el centro de la unión"⁸³. Sin embargo, y pese a ser unitarista, la sublevación aquí estudiada representa la paradoja de haber implicado la separación de una provincia del resto del país.

Ahora bien, y con relación al propósito de este artículo, no cabe duda de que la sublevación de 1826, precedida por otra del año anterior, formó parte de un contexto general de inestabilidad política. Pese a que el congreso que abrogó la Constitución de 1823 se declaró constituyente en enero de 1825, no fue capaz de legitimarse frente a las provincias que rivalizaban con la capital. Lo mismo sucedió con la Sala de Representantes Nacionales, que destituyó a Freire y puso en su lugar al coronel Sánchez. La inexistencia de una constitución en el país, de un congreso de efectiva representación nacional y de gobiernos duraderos son factores, entre otros, que sirvieron de abono para que la oposición acudiese al brazo armado.

En general, la inexistencia de un orden político consolidado se puede graficar en el carácter cíclico del devenir político que se vivía. El 16 de mayo de 1825 Freire se retrotrajo a 1823, al formar una asamblea provincial en Santiago con el objeto de elegir plenipotenciarios que diesen lugar a un tercer congreso constituyente. Y el congreso de 1826, espectador de la sublevación de Chiloé, llegó a ser el tercero de dicho carácter, aunque sin lograr finalmente su cometido.

Además, y relacionando el militarismo existente con el clima de inestabilidad que entonces se vivía, el intervencionismo castrense generalmente se buscó legitimar a partir del apoyo de cabildos y/o asambleas provinciales, aunque creadas para el efecto, como fue el caso de la sublevación de Chiloé de 1826. En este sentido, Samuel E. Finer sostiene que las intervenciones militares que se dan en el marco de estados nuevos buscan siempre legitimarse, especialmente a partir de los principios de nacionalismo y soberanía popular⁸⁴.

Una cuestión interesante es la conciencia prácticamente unánime de estar viviendo bajo condiciones de anarquía o, al menos, de estar al borde de ello. Y esto es así debido a que esta conciencia se expresaba, incluso, en bandos contrarios. No sólo entre quienes justificaban las acciones de insubordinación. Por ejemplo, en el caso del alzamiento de Chiloé se expresó, también, entre quienes se encargaron de reprimirla, como fue el caso de Tupper, quien llegó a señalar: "Era evidente la necesidad de destruir la semilla de la disolución"⁸⁵. Pero indudablemente quienes con mayor fuerza anhelaban y reclamaban la restauración de un orden perdido eran los sectores conservadores. En el caso de este artículo, el grupo o'higginista, que veía en el retorno de su máximo líder la fórmula necesaria para lograr dicho objetivo.

Por otra parte, la ocurrencia de la sublevación que ha sido materia de este trabajo constituye un mentís del aserto historiográfico que niega o minimiza la existencia de militarismo en el Chile del periodo 1823-1830. Aparte de haber existido en un sentido amplio, por la clara preponderancia de los militares en la vida política del país, existió también en un sentido estricto, por la efectiva intervención política de los militares a partir del uso ilegítimo de la fuerza. Y al usar la palabra efectiva, se hace referencia al hecho de haberse llevado a cabo, independiente de si ese uso termina o no siendo capaz de derribar a los gobiernos existentes.

Aparte de Heise, que niega de plano la existencia de militarismo en la década de 1820, puede también citarse el caso de Sergio Vergara Quiroz, quien habla de "militarismo latente", "como un peligro eventual, expresándose en conspiraciones y motines"⁸⁶. Si, conforme al diccionario de la Real Academia Española, el vocablo latente significa "oculto, escondido o aparentemente inactivo", no parece adecuado considerar que la "revolución de Sánchez" de 1825 y la sublevación de Chiloé del año siguiente hayan estado ocultas, escondidas o aparentemente inactivas.

La primera se expresó en la abierta participación de la Sala de Representantes Nacionales en la destitución de Ramón Freire como director supremo y en el nombramiento de su sucesor, José Santiago Sánchez. Y aunque este personaje no haya logrado ni siquiera completar un día en el poder, mal puede caracterizarse este acontecimiento como militarismo latente o eventual. La segunda implicó la separación de una provincia geopolíticamente estratégica -el archipiélago de Chiloé- y la proclamación como nuevo director supremo de quien, desde Lima, lideraba una comunidad de expatriados, precisamente por haber apoyado o sido parte del alzamiento anterior.

Además, y como un elemento muy asociado al contexto de inestabilidad que se vivía en el país, hay que considerar la lucha de las elites civiles por controlar a las fuerzas armadas. Lo interesante, sin embargo, es que no se trataba de una lucha orgánica de las primeras por dominar a los militares, sino de bandos políticos entre sí con el objeto de utilizar a los cuerpos militares para fines particulares o derechamente facciosos. Estas sublevaciones confirman que los militares fueron utilizados, durante la década de 1820, en favor de los "los intereses específicos de uno o varios grupos civiles"⁸⁷.

En efecto, las fuerzas políticas que participaban en el gobierno y en el parlamento persistían en su intento por atraer a los militares para sus propios fines. En el caso de la "revolución de Sánchez", esta lucha se expresó en el juramento ante el congreso del 6 de octubre de 1825 de los jefes militares de Santiago. En la sublevación de Chiloé, en la abierta utilización de las tropas allí acantonadas de parte del bando o'higginista residente en Lima. Ambos eventos apuntaron a derrocar a los gobiernos encabezados por Ramón Freire.

Por último, resulta interesante constatar que a los militares no les resultaba fácil optar por la insubordinación. Y cuando lo hacían, retrocedían con facilidad. Fue el caso de Benjamín Viel, José Rondizzoni y Jorge Beauchef en la sublevación de 1825. Sin embargo, y considerando que no existía un orden constitucional definitivo, sino más bien un principio teórico de supremacía civil, resulta igualmente sorprendente la voluntad decidida de algunos militares por rechazar de plano la insubordinación.

Fue el caso, por ejemplo, de Tupper en 1825 y de José Santiago Aldunate en 1826. Lo cierto es que la República de Chile se estaba construyendo. Todo estaba por hacerse en el país. Y el principio de supremacía civil, aunque estaba dando sus primeros pasos, constituía todavía una tarea pendiente