En varias investigaciones nacionales e internacionales, Colombia en los últimos años se ha ubicado dentro de los países más inequitativos y desiguales del mundo, reflejado en procesos de desigualdad económica, desigualdad en los ingresos y en la distribución de bienes y servicios, dentro de las cuales se encuentran la distribución de la renta generadas tanto por el capital, como por el trabajo (brechas salariales). El coeficiente de Gini de Colombia (cercano a 0,6) a nivel de las Américas, genera una situación no tan diferente a Haití, y a nivel mundial tampoco muy diferente a países africanos muy desiguales como Suráfrica o Lesoto.

Estas circunstancias se han dado en un marco social donde los actos de corrupción, captación y extracción de recursos son una consecuencia del diseño estatal existente (tal como lo evidencia la Fundación Pares, ligado a la contratación ejecutada por los grandes contratistas que hay en el país), lo cual genera que los recursos de inversión social se desvíen a procesos de enriquecimiento ilícito, financiación de campañas electorales, financiación de bandas criminales, como ocurrió en el pasado con la Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entre otros. A esto se le debe sumar los actos de corrupción que ha vivido el país durante esta pandemia, reflejado en los cientos de compras sobre-facturadas, fraudulentas y manipuladas que han realizado ciertas entidades gubernamentales (en especial algunas alcaldías, gobernaciones), a quienes los órganos de control, refieren, que harán procesos de vigilancia, supervisión y “control efectivo”; sin embargo, las medidas de control, vigilancia y sanción parecieran darse más en un ambiente político con una baja popularidad del Gobierno y de entidades con un “pobre desempeño” histórico.

Ante este panorama sombrío, es posible que con la pandemia vivamos consecuencias devastadoras, similares o superiores a las que se han presentado en países mejor equipados, mejor dotados, menos corruptos, menos desiguales y/o menos inequitativos. No es un misterio que los resultados de la pandemia dependen de características poblacionales o gubernamentales o características individuales, a saber:

Características poblacionales/gubernamentales: sistemas sociales donde se aseguren procesos de seguridad alimentaria, seguros de desempleo, subsidios, entre otros, para que las personas no sufran por el confinamiento o por pérdidas de desempleo transitorios; o sistemas de salud con enfoque poblacional, donde la vigilancia en salud pública de forma sistemática realice procesos de identificación y aislamiento de enfermos, seguimiento de contactos, remisión y manejo a centros asistenciales de forma oportuna, administrando los recursos hospitalarios de mediana y alta complejidad; dentro de las características gubernamentales, aquellas relacionadas con el diseño y verificación de procesos y protocolos de bioseguridad en espacios públicos o laborales, distanciamiento en los sistemas de transporte, orientaciones de desinfección a zonas comunes, familiares o a las personas.

Características individuales: donde los comportamientos eviten procesos de contagio o diseminación del agente infeccioso: seguimiento estricto a las acciones de prevención y control relacionados con el lavado de manos, uso de tapabocas al salir de casa, acciones de desinfección al llegar a casa, con los alimentos recibidos a domicilio, al interactuar en transporte público, entre otros; o acciones estrictas de aislamiento ante la presencia de signos síntomas o sin síntomas pero con pruebas positivas (asintomáticos respiratorios) para evitar el contagio de familiares, vecinos, compañeros de trabajo u otras personas con las que potencialmente se interactúe.

El país, la sociedad civil y la academia (igualmente con la participación de economistas, salubristas, epidemiólogos sociales, entre otros), debe plantear la generación de un nuevo contrato social, que permita repensar y rediseñar el Estado, donde se pueda avanzar en la disminución de las brechas sociales, revisar modelos de países con menores índices de desigualdad e inequidad, donde las diferencias en las rentas y en los ingresos sean menores, en donde se fortalezcan los sistemas públicos de salud y educación. Mientras esto ocurre, seguramente tendremos que apoyar iniciativas y orientaciones dadas por tomadores de decisiones como las hechas por la Alcaldesa de Bogotá, que ha marcado la ruta del devenir social y económico nacional, bajo las orientaciones de académicos ligados a la Epidemiología y la Salud Pública.