3.1 Movilizaciones sociales y derechos vulnerados: un marco de contexto nacional en diálogo con la región

El siglo XXI comenzó con una América Latina en estallido. Se trataba, por un lado, de la activación de luchas sociales que denunciaban los estragos que trajo la aplicación del recetario neoliberal durante la década del 90, y, por otro lado, del ascenso de gobiernos que encuentran en la integración regional y el rechazo a las políticas de injerencia norteamericanas los sustratos comunes para su engranaje. Estos gobiernos denominados progresistas, representados por Argentina (Néstor y Cristina Kirchner), Ecuador (Rafael Correa), Brasil (Ignacio Lula Da Silva), Bolivia (Evo Morales) y Venezuela (Hugo Chávez), sostuvieron un discurso antineoliberal y abrieron un nuevo ciclo en la dinámica de la región.

Lo anterior es denominado por autores como ^{Ouviña y Thwaites-Rey (2018)} como el ciclo de impugnación al neoliberalismo en América Latina, el cual tiene, entre otras, dos características claves: i) El contexto de ascenso de China en la economía mundial como comprador de los commodities energéticos y agrícolas que produce la región, ii) Reinstalación del Estado Nacional como actor predominante, de frente al mercado mundial. Para eso, refundaron lineamientos legales mediante Constituyentes, nacionalización de empresas, y la declaración de Estados plurinacionales como fue el caso de Bolivia.

Mientras el progresismo avanzaba en la región, Colombia recibió el nuevo siglo bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010); un periodo notorio en la vida del país por profundizar las políticas neoliberales y por militarizar la vida cotidiana a través de lo que se denominó la Política de Defensa y Seguridad Democrática. Las cifras oficiales que hablan de éxitos extraordinarios contabilizados en bajas a la guerrilla fueron utilizadas para justificar el crecimiento del gasto militar y la ampliación de los operativos.

Luego, quedaría en evidencia que esos éxitos en las acciones militares no se desarrollaban precisamente en el marco del conflicto armado, sino que se trataba de una cacería de jóvenes pobres para ser presentados como bajas en combate a cambio de recompensas y bonificaciones para los miembros de la fuerza pública. Esta estrategia orientada desde las altas esferas político-militares se conoce como Falsos Positivos; la ^{Jurisdicción Especial para la Paz (JEP, 2022)} hizo público el informe del Caso 03, conocido como “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, donde establece que por lo menos 6.402 personas fueron asesinadas para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008.

Durante el uribismo, Colombia llegó a tener las cifras de gasto militar más altas de América Latina (5,47%), por encima de Brasil (entre 1% y 1,5%) y Chile (3,5%)³. La militarización de Colombia y la implantación de estos esquemas represivos llegó a ser motivo de justa preocupación para otros gobiernos de la región, situación que se acentuó con el enunciado de la instalación de bases militares norteamericanas y la necesidad de intervención de organismos de articulación regional. Este proceso, que autores como ^{Vega-Cantor (2016)} han denominado neoliberalismo de guerra, involucra, además de la intervención militar, la profundización de un esquema represivo que abarca reformas legales capaces de judicializar la protesta social y otorgar mayor inmunidad al accionar de las fuerzas policiales a fin de garantizar la seguridad.

Una característica que vuelve atípico el caso colombiano, la cual ^{Gutiérrez-Sanín (2014)} va a desarrollar en su libro El orangután con sacoleva es que, a diferencia de otros países de la región, Colombia presume de contar con una democracia institucional-electoral casi sin interrupciones. Dice el autor que, de los cien años del siglo XX, sólo en el periodo correspondiente a 1949-1958 se registró un cierre del Congreso. Es el momento histórico que ^{Oquist (1978)} referencia como un colapso del Estado y, aun así, no podría hablarse de un colapso permanente porque los procesos democráticos electorales no se suspendieron. Al contrario, aunque de manera incómoda, represión y democracia han coexistido de forma funcional.

Para ^{Gutiérrez-Sanín (2014)}, muchas cuestiones pueden objetársele a la democracia colombiana, por ejemplo, la alternancia en el poder de los partidos tradicionales y el comportamiento fraudulento y coercitivo de las autoridades en las coyunturas electorales, pero es innegable que esta institucionalidad se ha mantenido. Eso se debe a que ha logrado instaurar un marco que encuadra el oficio de la política que, con sus pesos y contrapesos, condiciona desde los aspectos más complejos hasta los más regulares la vida pública del país.

Ese marco institucional fue retado en su momento por Álvaro Uribe cuando intentó cambiar las reglas de juego a su favor para mantenerse en la Presidencia de la República, e incluso cuando amplió su esfera de enemigos al enfrentarse a las altas cortes, a quienes llegó a hostilizar a través del propio aparato de seguridad estatal (^{López-Hernández, 2010}). Al mismo tiempo que las modalidades de violencia iban cambiando -de masacres y desplazamiento forzado a detenciones arbitrarias y falsos positivos-, lo que fue una constante en esas tendencias represivas fue que iban dirigidas a movimientos, organizaciones, partidos de oposición y liderazgos en defensa de derechos como tierra, vivienda, educación, entre otros.

Si bien las prácticas de violencia han atravesado los diferentes momentos de la vida republicana de Colombia, con Uribe se volvieron mucho más frecuentes, afectaron a más personas y estuvieron de manera explícita relacionadas con el núcleo del poder político. Tanto así, que la relación entre políticos de la coalición de gobierno con actores criminales fue persistente entre 2002 y 2008, como concluye ^{López-Hernández (2010)}, que hace un recuento a nivel nacional y departamental de la penetración de grupos ilegales en el Estado y la vida pública de Colombia.

El costo humanitario que trajo esta agudización del conflicto fue dramático para los movimientos sociales, cuyos integrantes terminaron sufriendo en sus procesos, territorios y vidas los estragos de la guerra. Es por esto que mientras la militarización de la vida cotidiana aumentaba y el accionar del Estado se dirigía a cercar las luchas sociales, éstas aparecieron más fuertes.

Según la revista Cien Días Vistos por CINEP, el 49% del total de las protestas ocurridas durante los dos periodos de Uribe Vélez estuvieron dirigidas a exigir el respeto de derechos integrales y cuestionar las políticas públicas impulsadas por el gobierno, sus protagonistas fueron los defensores de derechos humanos, los sindicatos y las organizaciones por la defensa de la tierra: campesinas, étnicas, desplazadas. También, entre las acciones más destacadas de esta primera década del siglo se encuentran las del sector sindical, la huelga indefinida de Ecopetrol del año 2004 impulsada por la Unión Sindical Obrera (^{Delgado, 2013}) y la ocupación del Centro Administrativo Municipal en la ciudad de Cali por parte del sindicato de las empresas públicas Sintraemcali (^{Saldarriaga, 2014}).

Desde las acciones dirigidas por las víctimas del conflicto, se destaca la creación del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), que abanderó para ese periodo diversas conmemoraciones y acciones tendientes a la búsqueda de verdad y justicia. Desde las organizaciones por la defensa de la tierra fueron visibles las marchas en contra de la militarización de los territorios a partir de la implementación de la política de Seguridad Democrática, y el llamado que hizo el movimiento indígena del Departamento del Cauca a la Minga de Resistencia Social y Comunitaria⁴, en clave de sumar esfuerzos entre las diferentes expresiones de lucha.

De esta manera, para el año 2010, fracciones de movimientos sociales terminaron juntándose en propuestas de articulación nacional y aparecieron el Congreso de los Pueblos (^{Cortés-Millán, 2019}) y la Marcha Patriótica (^{Osorio, 2012}) como movimientos sociales y políticos que integraron expresiones campesinas, indígenas, afrocolombianas, estudiantiles, urbanas y de mujeres, con el objetivo de generar escenarios de unidad de acción de cara al momento político que se vivía en el país para esos años.

3.2 Colombia negocia la paz y brota la movilización social como una forma de participación política legítima

Lo que aconteció en la segunda década del siglo se caracterizó por una región que fue cerrando el ciclo de impugnación al neoliberalismo con los cambios de gobiernos. Con la muerte de Hugo Chávez en 2013 y la seguidilla de estrategias jurídicas hacia los gobiernos progresistas, se fue marcando lo que podría considerarse el fin del ciclo de impugnación al neoliberalismo en América Latina (^{Thwaites-Rey, 2019}). Este panorama se convirtió en una suerte de escenario propicio para el ascenso de gobiernos más proclives al neoliberalismo.

Muchos balances resultan de lo que podría considerarse ese fin del ciclo de impugnación al neoliberalismo; quizá los cuestionamientos más fuertes se inclinan a postular que los gobiernos progresistas no discutieron el modelo capitalista, sino que se limitaron a aplicar una serie de reformas que bajo la figura de subsidios y programas sociales iban dirigidos a llevar un cierto nivel de bienestar a los sectores más empobrecidos (^{Ouviña y Thwaites-Rey, 2018}). Otro de los balances se centra en que estos gobiernos no pensaron -o respetaron- los procesos en clave de la construcción de poder popular, es decir, en la autonomía y sostenibilidad de las apuestas organizativas y los movimientos, para que no dependieran exclusivamente de las financiaciones de los gobiernos, porque una vez remplazados éstos, la dinámica de apoyo podía cambiar, tal como ocurrió (^{Ouviña y Thwaites-Rey, 2018}).

Este nuevo ciclo en la región coincidió con que, en Colombia, tras ocho años de Álvaro Uribe en la presidencia, fue sucedido por Juan Manuel Santos, quien era su ministro de Defensa. El primer gobierno Santos (2010-2014) puede leerse como un continuismo en materia de las políticas de seguridad, economía agraria y campesina, inversión extranjera, esta vez con énfasis en el extractivismo a través de la llamada locomotora minero-energética (^{Archila et al., 2014}). Sin embargo, su segundo mandato (2014-2018) estará marcado por la instalación de escenarios tendientes a la superación del conflicto armado por vía de la negociación, eso es, la apertura de diálogos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la firma del Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC-EP).

La revista Cien Días vistos por CINEP plantea que para este periodo las protestas fueron convocadas por pobladores urbanos en exigencia de derechos integrales, el incumplimiento de acuerdos y demandas relacionadas con servicios sociales. Se observó una disminución de las protestas dirigidas contra los grupos armados irregulares y el consiguiente aumento de aquellas enfocadas contra los ejecutivos nacionales, departamentales, municipales y las empresas privadas. El proceso de paz abrió un marco de posibilidades que llevó a que las exigencias de las luchas sociales transitaran hacia lo que implica una paz integral, es decir, no solamente el fin del conflicto armado sino la garantía de derechos para una vida digna.

Aparecieron entonces demandas en clave del acceso al agua como bien común, el derecho a la vivienda y al hábitat digno. De la demanda por mayor presupuesto a la educación pública superior, surgió la Mesa Amplia Nacional de Educación, que logró frenar el proyecto de reforma a la ley de Educación Superior (^{Colombia Informa, 2014}). Así mismo, indígenas y afrodescendientes reclamaron el cumplimiento de lo pactado en consultas previas y propusieron alternativas de políticas integrales necesarias para el mantenimiento de sus condiciones de vida, corroborando que el bajo nivel de éstas se encuentra asociado a la condición étnica. Por eso se desarollaron paros cívicos, como sucedió en el municipio de Buenaventura, en el Departamento Valle del Cauca hacia el año 2017.

Los campesinos, por su parte, hicieron un llamado a los paros agrarios de 2013 y 2014, logrando consolidar la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular como escenario unitario hacia un mandato por la reforma agraria estructural, la soberanía, la democracia y la paz con justicia social (^{Vallejo-Cruz, 2016}). Mientras, por otra parte, se evidenció una disminución en las luchas relacionadas con los pliegos laborales, dato que puede asociarse con la tercerización laboral y la creciente precarización del mundo del trabajo.

Con la firma del Acuerdo de Paz se corrió, de alguna manera, la cortina de la guerra que representaba un argumento para priorizar el gasto militar, así que otras cuestiones que permanecían ocultas tras esa cortina salieron a la luz: la exigencia de derechos sexuales y reproductivos, las libertades de expresión, el medio ambiente, los animales; también se dejó ver la corrupción, los carteles de contrataciones y los clanes políticos que debilitan lo público. Apareció una nueva ciudadanía asociada a la búsqueda de reconocimiento de sus derechos, con la intención decidida de participar en la definición de las políticas públicas.

El proceso de paz estuvo mediado de principio a fin por la polarización entre posturas que desvirtuaban los avances de este y posturas proclives a la búsqueda de una paz que diera fin a más de 50 años de guerra. En los años siguientes, y hasta la actualidad, los medios de comunicación de los sectores privados se encargaron de continuar el juego mediático de infundir miedo a la población, focalizando la atención en el caso venezolano, mostrándolo como un fracaso para enfatizar que, de llegar un gobierno progresista, igual destino tendría Colombia (^{Cepeda-Masmela, 2018}).

Esta polarización de la sociedad se visibilizó en las campañas a favor y en contra del Plebiscito por la Paz (2016), mecanismo de participación impulsado por el gobierno de Santos para refrendar si se aceptaban o no los acuerdos firmados en La Habana. El papel jugado por los medios de comunicación y las redes sociales en la instalación de discursos de odio para exacerbar temores movilizó las emociones para impulsar el resultado que dijo NO a la Paz.

Esta misma polarización también se empleó para las elecciones presidenciales de 2018. En medio de inconformidades, Iván Duque Márquez ganó las elecciones, pero a tan solo 100 días de su mandato ya se ubicaba como uno de los presidentes con menos aprobación popular que ha tenido Colombia. Este honor no fue gratuito. En el desarrollo de su gobierno no se comprometió con la Consulta Anticorrupción, no mostró voluntad para retomar los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y destinó 3.350 millones de pesos del fondo para la implementación de los Acuerdos de Paz en campañas que aumentaran su popularidad en redes sociales (^{Matiz, 2020}). Y, el más abrumador: durante ese gobierno se disparó de manera dramática el asesinato a líderes, lideresas sociales y excombatientes de las FARC.

Según el ^{Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ, 2021)}, para noviembre de 2021 se reportaron 195 líderes y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia. Es probable que al momento de leer este artículo estas cifras hayan seguido en alza. Estos asesinatos abrumaron al país y devolvió la discusión hacia la existencia del conflicto armado, por eso la defensa de la paz se convirtió en prioridad para los movimientos sociales.

Entre 2018 y 2019 las movilizaciones estudiantiles exigieron mayores recursos del Estado para la educación pública superior; el gobierno por su parte, hizo caso omiso a estas demandas, rehusándose incluso a reunirse con los estudiantes. El 21 de noviembre de 2019 tuvo lugar el Paro Cívico Nacional. Desde septiembre de 1977 no sucedía una movilización social de estamagnitud. Hasta entonces, con la denominación de Paro se habían sacado movilizaciones que en realidad no colapsaban la dinámica económica nacional; esto es apenas comprensible en un país con una tasa de representatividad sindical menor al 5% (^{Pardo, 2019}). Pero el 21 de noviembre de 2019 en cada rincón hubo protestas y Colombia realmente estuvo paralizada.

Desde la calle o desde las casas se escucharon los inéditos cacerolazos, repertorio usado en otros países, pero no antes en Colombia y que se sostuvieron por los días siguientes al 21 de noviembre. Las declaraciones, no sólo del presidente sino de los demás actores del gobierno, dejaron entrever una concepción negativa hacia las movilizaciones sociales que tendió a criminalizarlas y despolitizar su accionar. Además, la respuesta dada para atender las reclamaciones de la gente no solo implicó la represión física por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios⁵ sino también detenciones arbitrarias y montajes judiciales (^{Pardo, 2019}).

Estas jornadas de protesta social que se presentaron en Colombia estuvieron en consonancia con otras movilizaciones en la región. Así, para el cierre de 2019, el cordón del Pacífico estalló: Chile, Perú, Colombia. Tanto a nivel latinoamericano como a nivel nacional, las expresiones de descontento social tuvieron como protagonista a la juventud. De manera que Colombia, entre los años 2016 y 2019, aunque sin correrse del modelo tradicional, avanzó en un proceso de paz que marcó una estructura de oportunidad para los movimientos sociales y las reclamaciones que hasta ese momento la guerra no había permitido priorizar.

Al respecto, ^{Cepeda-Masmela (2018)} ubica que los cambios que trajo el Acuerdo de Paz en el entorno político nacional favoreció la movilización social como una forma de participación política legítima, pues permitió a otros sectores sociales mostrar que el conflicto iba más allá de la confrontación armada y que era necesario abordar temas neurálgicos como la desigualdad, la educación, el medio ambiente y los derechos ciudadanos. También propició un ambiente de escucha a las voces disidentes que, al remover a las FARC como enemigo eterno, removió también un motivo de maniobra que se ejercía para desvirtuar cualquier reclamación con el argumento de la infiltración.

Así, el discurso de la paz y de una salida negociada al conflicto armado deslegitimó cualquier respuesta represiva por parte del gobierno frente a actores políticos no armados y con estrategias disidentes. Las movilizaciones sociales ocurridas durante esos años tuvieron unos antecedentes de mediano plazo que se relacionan con el auge de las luchas sociales con carácter anti-reformas que caracterizó toda la segunda década de este siglo en sintonía con las olas de movilización en la región.

3.3 Correlación de derechos que han impulsado las movilizaciones de la juventud zarzaleña

El municipio de Zarzal se encuentra ubicado en la subregión norte del departamento Valle del Cauca, conformada a su vez por otros dieciséis municipios, entre los que están: Cartago, Roldanillo, La Unión, Bolívar, Toro, El Dovio, Obando, Versalles, entre otros. La subregión norte en su totalidad concentra 377.803 habitantes que corresponden al 8,3% del total de la población del Valle del Cauca; Cartago y Zarzal son los municipios con mayor densidad poblacional de la subregión.

De los 42.407 habitantes con los que cuenta el municipio de Zarzal, el 76% se encuentra ubicado en la cabecera municipal y, de la población total, 20.075 son hombres y 22.332 mujeres. Si se toma como referencia el grupo poblacional considerado como joven, el cual según la normatividad colombiana corresponde a toda persona entre los 14 y 28 años cumplidos (^{Ley 1622 de 2013}), se identifica que la población joven representa el 24,08% del total de la población de Zarzal, según los datos de proyecciones de población a nivel municipal para el periodo 2020 presentados por el DANE (véase tabla 2).

En este municipio el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) es en total de 17,2%, según los datos del Censo nacional de población y vivienda (^{DANE, 2018}), de los cuales existe una brecha de diferencia entre la cabecera municipal del 15,8% y los centros poblados y rurales dispersos con el 21,5% que permiten evidenciar los niveles de desprotección que afrontan las zonas rurales no solo en Zarzal sino incluso a nivel nacional (véase figura 1). Con esa brecha de diferencia entre lo rural y lo urbano, se destacan para ambos contextos dos privaciones en este municipio con mayores índices de medición: el bajo logro educativo y el trabajo informal.

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda (^{DANE, 2018}).

Figura 1 Pobreza Multidimensional. Privaciones por hogar según dimensión condiciones educativas, año 2018. 

La figura muestra las privaciones por hogar según condiciones educativas en el municipio de Zarzal para el año 2018, y como puede evidenciarse todavía el 10,8% de la población zarzaleña se encuentra en condición de analfabetismo y el 47,5% refleja un bajo logro en el nivel educativo, es decir un bajo promedio de escolaridad de las personas de 15 años o más en el hogar. Si se tiene en cuenta que el acceso, la permanencia y la culminación de los niveles educativos representan un requerimiento mínimo para que las personas puedan incorporarse a la vida productiva y social, la privación de este derecho en todas sus dimensiones puede generar un círculo de perpetuación de pobreza y desigualdad social (^{Feres y Mancero, 2001}). Aunque es importante la asistencia a una institución educativa, también es necesario considerar el grado de retraso escolar y el nivel de logro que se alcanza en el sistema educativo, en tanto estos indicadores también podrían permitir revisar las oportunidades de integración a niveles de educación superior, posgradual y al mercado laboral como tal.

Respecto al trabajo informal, son notorios los altos porcentajes de esta condición en este municipio: el 77% de los hogares de la cabecera municipal y el 76% de los hogares de los centros poblados y rurales dispersos presentan esta privación según la dimensión trabajo, tal como lo refleja la Figura 2:

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda (^{DANE, 2018}).

Figura 2 Pobreza Multidimensional. Privaciones por hogar según dimensión trabajo, año 2018. 

La figura muestra las privaciones por hogar según acceso al trabajo en Zarzal para el año 2018 y los datos que allí se evidencia tienen relación con que en el municipio el porcentaje del valor agregado por actividades económicas está vinculado en un 45,99% con actividades secundarias (^{DANE, 2018}), dentro de las cuales se destaca la industria de alimentos, con la fábrica de dulces Colombina S.A a la cabeza, seguida de la industria azucarera con Riopaila en la producción y comercialización de azúcar, miel y alcohol. El 45,29% de la economía del municipio está relacionada con actividades terciarias en las que predominan la tercerización de procesos, hostelería, transporte y entretenimiento. El 8,71% restante está relacionado con actividades primarias, entre las que se destaca la producción de maíz y soya como principales cultivos transitorios, y la caña de azúcar como principal cultivo permanente con un 88,44% de producción, seguido de la producción de cítricos con un 9,68% (^{Sistema de Estadísticas Territoriales [Terridata], 2022}).

Esas posibilidades de empleabilidad formal a partir de las dos únicas industrias que hacen presencia en el municipio implican que queda un amplio margen de población que debe dedicarse a actividades correspondientes al sector servicios, pero desde un lugar informal y de autogestión. De manera que los datos del IPM reflejan que en cada hogar del municipio hay al menos una persona cuyo sustento depende del trabajo informal.

No es gratuito, entonces, que los derechos a la educación y al trabajo aparezcan correlacionados en las reclamaciones que abanderan las movilizaciones sociales adelantadas por la juventud de Zarzal para los años 2016 a 2019. Se trata de reclamaciones que no solo competen al acceso y presupuesto para la educación superior, sino que viene desde el ámbito de la educación secundaria y media en la exigencia por mayor cobertura de docentes, por la alimentación escolar y por estrategias que garanticen la permanencia de la juventud en el sistema educativo.

De esta manera, educación y trabajo son derechos cuya garantía permitiría transitar hacia la inclusión social y la superación de la pobreza, por eso los jóvenes ubicaron responsabilidades en la garantía de estos derechos tanto a nivel nacional como a nivel local con la administración municipal, pero también con el sector privado empresarial que hace presencia en el municipio que, aunque escaso, juega un papel importante en términos de empleabilidad. Los jóvenes se enfrentan a un cuello de botella que les problematiza las posibilidades de insertarse con condiciones de bienestar al ámbito laboral. Por un lado, se les pide experiencia, pero justo por su juventud no la tienen y, entonces, no los emplean. Se trata de un círculo adverso que termina por propiciar el acogerse a condiciones de tercerización para iniciar la vida laboral.

Por otro lado, la subregión norte del Valle del Cauca ha sido escenario del conflicto armado mediante diferentes modalidades de violencia -desplazamiento forzado, extorsiones, reclutamiento de menores, minas antipersonas, entre otras-, debido a las confrontaciones entre clanes del narcotráfico interesados en controlar cultivos y laboratorios de coca, para lo cual tiene un papel estratégico la cercanía de la subregión con el cañón del río Garrapatas, ubicado entre los municipios de El Dovio, Versalles y Bolívar como salida al Pacífico (^{Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH], 2018}).

El Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH reporta, en uno de sus informes, que para el año 2004 la tasa de homicidios aumentó en 10 de los 16 municipios de la subregión norte. Un caso destacado es el municipio de Roldanillo, cuyo número de homicidios por cada cien mil habitantes pasó de 75,4 a 205,8; en esa misma línea Zarzal pasaría de 78,7 a 172,3 en tasa de homicidios (^{CNMH, 2018}).

Este escenario de violencia fue entonces uno de los argumentos que los jóvenes zarzaleños plantearon para impulsar su participación en el plebiscito por la paz realizado el 2 de octubre de 2016 como mecanismo de refrendación de los acuerdos de paz entre el gobierno nacional y la antigua guerrilla de las FARC. Según datos de la ^{Registraduría Nacional del Estado Civil (2016)}, el municipio de Zarzal tuvo un total de 13.223 votos en los escrutinios del plebiscito por la paz. De dicha votación 6.632 votos (50,19%) fueron por la opción del Sí, y 6.580 votos (49,80%) por la opción del No; se trata de un margen estrecho de votos que, sin embargo, va a marcar una ruptura con la tendencia respecto a los otros municipios de la subregión norte del Valle del Cauca, como se evidencia en la Tabla 3:

Es importante mencionar que la votación del municipio de Zarzal correspondió al 36,93% de las personas habilitadas para votar, lo que indica que hubo un nivel de abstención que superó otros escrutinios a nivel local (63,07%). A nivel nacional el panorama fue similar, ya que el nivel de abstención fue del 62,5%, uno de los más altos en los últimos 22 años.

Aun así, el monitoreo elaborado desde la ^{Fundación Ideas para la Paz (FIP, 2016)} registró 28 acciones colectivas posterior a los resultados del plebiscito, las cuales lograron movilizar a más de 50.000 personas; hasta el 25 de octubre de ese año se habían presentado un total de 54 movilizaciones sociales alrededor de esta temática. Si se compara la distribución territorial de las movilizaciones con los resultados regionales del plebiscito, se observa que estas acciones colectivas se desarrollaron en regiones que expresaron apoyo por el Acuerdo de Paz, que son precisamente aquellas regiones donde el conflicto ha tenido mayores impactos, como es el caso del Pacífico, la Orinoquía y el Caribe (véase figura 3).

Fuente: ^{Fundación Ideas para la Paz (2016)}.

Figura 3 Número de movilizaciones por la paz en relación con resultados del plebiscito. 

La figura muestra la radiografía del número de movilizaciones sociales por la paz realizadas entre el 03 y 25 de octubre de 2016, en relación con los resultados del plebiscito por la paz. Según la ^{FIP (2016)}, si se superponen estos mapas se refleja que las movilizaciones por la paz se desplegaron en las regiones donde ganó la opción del Sí, que son justamente las zonas más alejadas del Estado y donde el impacto del conflicto ha sido más fuerte. El No, en cambio, ganó en zonas más integradas y con mayor acceso a las instituciones.

En general, las movilizaciones en el municipio de Zarzal a lo largo del periodo 2016 - 2019 han sido lideradas por jóvenes estudiantes quienes se han articulado con las dinámicas de movilización nacional para sacar adelante iniciativas por la defensa de la educación pública superior, con el impulso de los paros estudiantiles de 2018 y 2019; y por la defensa del derecho a la paz en correspondencia con el marco de contexto ocurrido por esos mismos años a nivel nacional con los ecos que llegaban desde otras latitudes de América Latina.