Editorial

La investigación en la educación superior y su impacto en la disminución de la exclusión social

Research in higher education and its impact on social exclusion decrease

El desarrollo tiene como base fundamental la investigación, así lo ha demostrado la experiencia de los países desarrollados y de otros que están alcanzando indicadores importantes en Suramérica, quienes solo después de apuestas serias a la generación de nuevo conocimiento, han logrado posicionarse en el concierto mundial como países en crecimiento, que además se traduce en el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y de la competitividad necesaria en tiempos de globalización.

En Colombia el fortalecimiento de la investigación se ha dado durante las dos últimas décadas, a partir de la formación del talento humano en altos estudios en el exterior a través de becas, del desarrollo de maestrias y doctorados en el país, creación y consolidación de grupos de investigación, procesos de autoevaluación con miras a la obtención de registros calificados y acreditación de alta calidad de los programas de pregrado y postgrado y de las instituciones.

Por otra parte, la exclusión social de minorías y de personas vulnerables no ha sido del todo superada en el país, pese a definirse en la Constitución como un país incluyente y pluralista. En las últimas décadas se ha desarrollado una política de inclusión en la educación en general y en la educación superior específicamente, a fin de posibilitar la participación de personas con discapacidad, o perteneciente a grupos vulnerables y grupos étnicos. Esta inclusión se reconoce en los sistemas de acreditación y verificación de condiciones de calidad para los programas de educación superior, como un punto a favor, teniendo en cuenta que las instituciones deben garantizar inclusión de población diversa y vulnerable.

Es importante reflexionar acerca de la relación entre el nivel de desarrollo científico y tecnológico y el nivel de desarrollo social que entre otros aspectos, puede ser abordada a partir del análisis de los indicadores de ciencia y tecnología disponibles y su comparación con indicadores sociales, entre los cuales sobresale el índice de desarrollo humano. Para llevar adelante algún trabajo en esta área, se debe definir, con cierto cuidado, qué indicadores de ciencia y tecnología y qué indicadores sociales tomar, y cómo ponderarlos. La medición del impacto social de la ciencia y tecnología no ha sido objeto de demasiada literatura hasta el presente. Solo puede contarse con algunas experiencias en el área, principalmente en países desarrollados.

En este sentido, puede decirse que en el diseño de políticas públicas las investigaciones son un referente importante, pero que tan frecuentemente son tenidas en cuenta, es la pregunta crucial. En la producción de las normas, lamentablemente, no siempre se tienen en cuenta resultados de los proyectos de investigación, lo cual sería sumamente importante, pues en el proceso de creación de las normas debe tenerse en cuenta tanto el derecho comparado, para saber cómo otros países han solucionado problemas similares, como la investigación en la comunidad que sufre el problema que se pretende solucionar, a fin de establecer los recursos y las formas en que la misma población quiere solucionarlo o ha intentado solucionarlo.

De esta manera, en Colombia se han adoptado normas que han sido aplicadas en otros países, sin haber consultado el contexto y sin tener en cuenta por lo tanto la realidad colombiana, lo cual genera dificultades en su cumplimiento y en el proceso de interiorización que los ciudadanos deberían hacer con respecto a dichas normas. Es decir que se consulta el derecho comparado, pero no el contexto y la comunidad para los cuales se crea la ley.

La ONU ha resaltado desde la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI, Ginebra 2003 y Túnez 2005) en la que participaron gobiernos de todos los países del mundo, asociaciones internacionales, empresas y corporaciones del sector TIC y, lo que es más importante, representantes de las sociedades civiles de los cinco continentes, que el uso y apropiación social de las tecnologías de información brinda oportunidades de progreso sin precedentes para cumplir las metas de desarrollo y su capacidad para eliminar conjuntamente con las políticas de flexibilidad curricular, muchos obstáculos o limitaciones, que existían antes para el acceso a la educación profesional, especialmente el tiempo y la distancia.

Los avances tecnológicos no deben ser un factor de exclusión, sino todo lo contrario, el conocimiento tecnológico y científico debe permitir el desarrollo de todo un potencial humano que jalone a su vez el desarrollo de sus familias y comunidades. Sin embargo, en muchas partes del país se encuentran muchas necesidades básicas insatisfechas, que deben solucionar de manera prioritaria, por lo cuál el acceso a las tecnologías de información ocupa un lugar secundario o a mediano y largo plazo, en las agendas políticas.

Es importante diseñar estrategias en los programas de educación superior para la inclusión de todos los sectores poblacionales en los benefícios y ventajas de la sociedad de la información, de manera que esta sea verdaderamente integradora, y contribuya a la disminución de la exclusión social, desde el punto de vista de individuos como de grupos específicos, a veces tradicionalmente excluidos y discriminados. De esa forma se puede limitar la brecha digital, generando la apropiación de las nuevas tecnologías de la información, que se materializa en un uso y aplicación para la investigación, la formación, actualización y obtención de información confiable para la toma de decisiones y para el mejoramiento de la calidad de vida.

No basta entonces con que se logre en los países en vías de desarrollo la implementación de las infraestructuras de nuevas tecnologías de la información adecuadas y actualizadas, sino que hay que garantizar el acceso en condiciones de igualdad y su mejor aplicación. Por consiguiente, la educación superior juega un papel muy importante, pues permite a una gran población tener contacto y aprender a utilizar en toda su extensión estas nuevas tecnologías, sobre todo en las condiciones de desigualdad social en que el país se encuentra, pese a los avances que se han logrado desde que la Constitución de 1991, que facilitó la garantía de derechos y la búsqueda de la igualdad en el contexto del Estado Social de Derecho.

Internacionalmente se reconoce que nadie debe quedar excluido de la sociedad de la información y del conocimiento, sobre todo por la posibilidad de actualización que estas herramientas tecnológicas ofrecen. Específicamente en el campo del derecho facilitan no solo la comunicación, sino que son recursos cuyo uso facilitan los trámites judiciales, cambiando el escenario y los requisitos en el campo procesal, por ejemplo en lo que se refiere a notificaciones y otros aspectos relacionados en el Nuevo Código General del Proceso. También la tecnología facilita los procesos de regulación de visitas, pues estos se acuerdan sobre la base de encuentros virtuales frecuentes, incluso diarios que permiten sostener las relaciones a pesar de los cambios que se dan en las familias, de la distancia y de múltiples situaciones, en virtud del principio de la unidad familiar.

El arbitraje ha sido uno de los mecanismos alternativos de solución de conflictos en que más se han utilizado los recursos tecnológicos y por supuesto, los cambios en el sistema penal, también trajeron consigo necesidades nuevas en tecnología. Por todo lo anterior, es cada vez más importante la formación en tecnologías de la información para todos los profesionales y en especial para los abogados, cuya labor profesional requiere cada vez más del manejo de estas herramientas tecnológicas.

Esto quiere decir que la revolución tecnológica de estas últimas décadas requiere no de una capacitación, sino de una formación permanente y unas habilidades que permitan adaptarse a cada nueva versión tecnológica que deja los saberes y habilidades anteriores casi obsoletas. El compromiso entonces es mayor por parte de las instituciones educativas y del Estado y por supuesto de los usuarios del sistema, pues su rol frente a las nuevas tecnologías no es pasivo, como en otros casos y otros medios masivos de comunicación, sino todo lo contrario, un papel activo, que exige una interacción permanente. De aquí que se pueda presentar una exclusión de quienes no pueden acceder por si mismos al uso y más allá del simple uso, a la apropiación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Por otra parte no se puede negar que se ha logrado un avance en cuanto al uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la educación, pues estas han permeado los procesos pedagógicos y la didáctica al incrementarse las actividades, aulas y programas virtuales, que facilitan la interacción de los estudiantes con el mundo y permiten manejar cierta flexibilidad necesaria hoy día en los procesos educativos, pues, esta flexibilidad constituye una de las principales tendencias educativas, sobre todo en el nivel superior. La pregunta es, si la población se encuentra preparada para acceder a tal cantidad de información, a manejar tales medios de comunicación, a interactuar en varios idiomas, a utilizar recursos tecnológicos de alto nivel para el desarrollo de las actividades pedagógicas, entre otros aspectos, y si la apropiación social e estas tecnologías de la información y la comunicación en el sector educativo se da en forma igualitaria para toda la población.

La pregunta ahora se situaría en si estos avances se han dado de igual manera tanto en el sector urbano, como en el sector rural, pues si bien en este último las actividades difieren de los desempeños exigidos en las ciudades, ello no significa que tengan que estar aisladas y descontextualizadas de las características de la globalización y la internacionalización, y que además no tengan derecho a la información y a la educación a la que pueden acceder por la vía de las nuevas tecnologías.

Para finalizar, es importante anotar que la igualdad e inclusión social están relacionadas con otro concepto importante que es el de justicia, y más específicamente con una de las formas de entender este concepto que es el de justicia social. Esta supone la igualdad de oportunidades y de derechos en una sociedad, lo que garantiza condiciones estables y dignas, en el contexto del estado social de derecho para los ciudadanos.

La igualdad de todos para acceder a la educación en los diferentes niveles y a una educación de calidad, que asegure no solo la cobertura sino el cumplimiento de los estándares acogidos por las comunidades académicas y el Estado, es una aspiración válida y necesaria, en la cual las tecnologías de comunicación e información pueden ser determinantes.

Rocío Vásquez Fruto
Editorialista invitada
Abogada y psicóloga, magister en educación, doctorante en ciencias sociales.
Docente de la Universidad Autónoma del Caribe, Barranquilla, Colombia.