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Antipoda. Revista de Antropología y Arqueología

versão impressa ISSN 1900-5407

Antipod. Rev. Antropol. Arqueol.  no.44 Bogotá jul./set. 2021  Epub 28-Maio-2021

https://doi.org/10.7440/antipoda44.2021.04 

Panorámicas

Experiencia y subjetividad de mujeres sobrevivientes de violencia sexual durante el conflicto armado interno peruano*

The Experience and Subjectivity of Women Survivors of Sexual Violence Perpetrated during the Peruvian Internal Armed Conflict

Experiência e subjetividade de mulheres sobreviventes de violência sexual durante o conflito armado interno peruano

Camila Fernanda Sastre Díaz** 

**Pontificia Universidad Católica del Perú Doctoranda en Antropología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Magíster en Estudios Latinoamericanos y Licenciada en Historia de la Universidad de Chile. Integrante del Grupo Interdisciplinario Memoria y Democracia de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entre sus últimas publicaciones está: “De museo a lugar; de Yuyanpaq al LUM. Las idas y vueltas del Lugar de la Memoria de Lima. Historia, debates y museografía”. Clepsidra. Revista Interdisciplinaria de Estudios sobre Memoria 7, n.° 13 (2020): 138-157, https://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/clepsidra/article/view/SASTRE D%C3%8DAZ/pdf «csastre@pucp.edu.pe» «c.sastrediaz@gmail.com»


Resumen:

Durante el conflicto armado interno peruano en las comunidades de Manta y Vilca se instalaron bases militares, con el fin de mantener el orden de la zona. Sin embargo, de forma cotidiana y reiterada, los soldados comenzaron a violar a las mujeres. El presente artículo tiene como objetivo reflexionar en torno a cómo las mujeres sobrevivientes de las violaciones sexuales significaron estas experiencias. En el artículo examino el discurso contenido en los testimonios entregados por las mujeres de las comunidades de Manta y Vilca a la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú (CVR). Luego, analizo las conversaciones en profundidad que sostuve con seis de las nueve mujeres sobrevivientes de violaciones sexuales de la comunidad de Manta que son parte querellante del proceso judicial en curso desde 2016 contra catorce militares acusados de ser sus agresores. Estas conversaciones son parte de mi trabajo etnográfico desarrollado en los años 2018 y 2019. A modo de conclusión, observo que los significados que las mujeres sobrevivientes han dado a sus experiencias reflejan subjetividades relacionadas con el contexto histórico, pero sobre todo con el contexto socio-cultural. Dichas subjetividades varían en el tiempo, produciéndose resignificaciones de las experiencias. Por lo demás, este artículo busca rescatar las voces de las mujeres a partir del uso de la noción de sobreviviente de violación sexual, la cual teórica y metodológicamente busca destacar la agencia y la creatividad de las mujeres que atraviesan por estas experiencias.

Palabras clave: Perú; posconflicto; sobrevivientes de violación sexual; subjetividad; testimonio; violación sexual

Abstract:

During the Peruvian internal armed conflict, military bases were installed in the communities of Manta and Vilca in order to maintain order in the area. However, soldiers began raping women on a daily and repeated basis. The purpose of this article is to reflect on how women survivors of sexual violence have come to understand these experiences. In the article, I examine the discourse contained in the testimonies given by women from the communities of Manta and Vilca to the Peruvian Truth and Reconciliation Commission (CVR). I then analyze the in-depth conversations I had with six of the nine women survivors of rape from the Manta community who are plaintiffs in the judicial process underway since 2016 against fourteen military personnel accused of being their aggressors. These conversations are part of my ethnographic work conducted in 2018 and 2019. By way of conclusion, I note that the meanings that women survivors have given to their experiences reflect subjectivities related to the historical context, but above all to the socio-cultural context. In turn, these subjectivities vary over time, resulting in resignifications of the experiences. This paper is also intended to capture women's voices through the use of the notion of rape survivor, which theoretically and methodologically seeks to highlight the agency and creativity of the women who are subjected to such experiences.

Keywords Post-conflict; Peru; rape; rape survivors; subjectivity; testimony

Resumo:

Durante o conflito armado interno peruano, nas comunidades de Manta e Vilca, foram instaladas bases militares a fim de manter a ordem na região. Contudo, de forma cotidiana e reiterada, os soldados começaram a estuprar as mulheres. O objetivo deste artigo é refletir sobre como as mulheres sobreviventes de violência sexual significaram essas experiências. Neste artigo, examino o discurso contido nos depoimentos das mulheres das comunidades de Manta e Vilca prestados à Comissão da Verdade e da Reconciliação do Peru. Em seguida, analiso em profundidade as conversas que tive com seis das nove mulheres sobreviventes de estupros da comunidade de Manta que fazem parte querelante do processo judicial em andamento desde 2016 contra catorze militares acusados de serem seus agressores. Essas conversas fazem parte de meu trabalho etnográfico desenvolvido em 2018 e 2019. A modo de conclusão, observo que os significados que as mulheres sobreviventes dão a suas experiências refletem subjetividades relacionadas com o contexto histórico, mas principalmente com o contexto sociocultural. Essas subjetividades variam no tempo, produzindo-se ressignificações das experiências. Portanto, neste artigo, pretendo resgatar as vozes das mulheres a partir do uso da noção de sobrevivente de violência sexual, a qual teórica e metodologicamente busca resgatar a agência e a criatividade das mulheres que vivenciam essas experiências.

Palavras-chave: pós-conflito; Peru; sobreviventes de violência sexual; subjetividade; depoimento; violência sexual

Entre 1984 y 1998 en la comunidad de Manta (Huancavelica) funcionó una base militar contrasubversiva con el objetivo oficial de ocupar el área, otorgar seguridad a las/os campesinas/os de la zona y erradicar al grupo armado Sendero Luminoso. El grupo operaba en la zona desde fines de la década de 1970 por medio de comités populares que permitían conseguir apoyo, abastecimiento y lugares de descanso para las filas subversivas. Esta base no fue la única en la zona. En la comunidad de Vilca, a unos veinte kilómetros de distancia, se emplazó una segunda base, operativa hasta 1989. En ambos lugares, sin embargo, y lejos de los objetivos oficiales, “los miembros de las fuerzas del orden cometieron una serie de violaciones contra los derechos humanos de la población” (CVR 2003, 8: 79). Las mujeres, específicamente, fueron violadas por los efectivos militares, práctica que se convirtió en “persistente[s] y cotidiana[s]” (CVR 2003, 8: 80).

El presente artículo tiene como objetivo reflexionar en torno a cómo las mujeres de Manta, Vilca, y comunidades cercanas significaron sus experiencias de violación sexual. Para ello, comienzo analizando los testimonios que entregaron a la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR)2. Para muchas de ellas la comisión fue la primera instancia en la que contaron su experiencia de haber sido víctimas de violencia sexual por agentes del Estado. Luego, analizo las conversaciones que sostuve con seis mujeres sobrevivientes de violaciones sexuales. Estas mujeres son actualmente parte de un proceso judicial donde acusan a catorce militares de haberlas violado mientras las bases contrasubversivas se mantuvieron operativas en sus comunidades. En las conversaciones abordé distintos ámbitos relacionados con la experiencia vivida en los años del conflicto armado: cómo sus vidas eran antes y después de los hechos, cómo se han visto afectadas y qué opinan y cuáles son sus expectativas sobre el actual proceso judicial. A partir del proceso judicial y de la búsqueda de justicia formal, me pregunto de qué manera este proceso ha incidido en sus subjetividades.

Entiendo por subjetividad la manera como una persona habita las experiencias que le ha tocado vivir. Me inspiro en el trabajo de Veena Das, quien observa como mujeres indias, afectadas por la Partición de 1947, han concebido formas de domesticar las violencias y “habitar otra vez en el mundo” (2008a, 247). El uso de este concepto me parece pertinente pues permite comprender cómo las mujeres sobrevivientes de violencia sexual con las que trabajo han incorporado estas experiencias, con el fin de continuar con sus vidas. Como lo plantea Amandine Fulchiron (2014) en su trabajo con mujeres sobrevivientes de violación sexual en el conflicto armado guatemalteco, entender lo que les ha ocurrido a las mujeres desde sus subjetividades implica relevar sus deseos, su creatividad “y valorar las decisiones que las sobrevivientes han ido tomando a lo largo de su vida” (2014, 130). Esta perspectiva también implica reconocer que sus experiencias están marcadas por la violencia vivida, la cual ha llegado a integrarse en sus relaciones y vidas cotidianas. Como argumenta Das (2008a), esa violencia no necesariamente ingresa a sus presentes como un recuerdo traumático, sino que puede hacerlo como un conocimiento envenenado, es decir, un sufrimiento que destruyó sus mundos previos, pero que les plantea otra forma de habitar el mundo. Así, la manera como incorporan esas violencias nos deja ver su concepción de mundo, reflejo de su subjetividad, y por medio de la cual le dan sentido a su experiencia.

La violencia sexual ha sido trabajada desde distintas miradas y explicaciones. Algunas autoras señalan que las mujeres de nuestro continente viven una realidad violenta como resultado del pacto sexual sustentado en el terror (Gargallo 2019). Por ello, la violencia vivida por las mujeres en las guerras sería una exacerbación de la violencia cotidiana, y no una invención de la guerra propiamente. En el caso peruano, Julissa Mantilla (2003) señaló que la violencia sexual no fue un hecho aislado, sino que ocurrió en un marco mayor de desigualdad e inequidad más allá de los límites temporales del conflicto armado. La violencia sexual vivida en un periodo de violencia política muestra continuidades entre periodos de paz y de guerra, porque esta última se impregna del carácter de género que existe en tiempos de paz (Boesten 2010).

Otras autoras discrepan con el énfasis en la violencia sexual como una continuidad de la experiencia doméstica, pero señalan que sí genera un fortalecimiento de las estructuras patriarcales. Debido al significado del cuerpo femenino, la violación sexual no solo es una vulneración física, sino que también posee un horizonte simbólico. La violación es una violencia expresiva con interlocutores específicos (los pares del agresor), y convierte al cuerpo de la mujer en un medio de expresión de dominio (Segato 2018, 2013, 2003).

En esta misma línea, algunas autoras proponen entender la violación sexual como un tributo sexual que reafirma el sistema hegemónico masculino. Este tributo se sostiene en la reproducción simbólica de las relaciones de poder; las mismas que permiten a los agresores violentar el cuerpo femenino desde una posición de superioridad y que invisibilizan la violación, naturalizándola y haciendo que no tenga jerarquía de daño (Sonderéguer et al. 2011). Así, las violaciones sexuales se entienden como una expresión de poder del patriarcado en los cuerpos de las mujeres (Celiberti 2012).

Quienes analizan la violación sexual desde el ámbito judicial señalan que debe ser concebida como crimen internacional y nacional contra las mujeres, como violación a los derechos humanos. Este enfoque implica considerarlos delitos públicos, superando la dicotomía patriarcal público/privado que establece que aquello que sucede en lo privado no se regula ni sanciona (Odio 2004). Más aún deberían ser consideradas de interés público las violaciones sexuales ocurridas en contextos represivos, en tanto políticas de Estado (Sonderéguer 2012; Sonderéguer et al. 2011). Este enfoque sería en sí mismo reparador, ya que posicionar el delito en el ámbito público significa cuestionar el orden socio-cultural que lo invisibiliza y naturaliza. Superar la idea de la violencia sexual como daño colateral de los conflictos armados y comprenderla como crimen universal significa también superar la reticencia de las instituciones -patriarcales- para problematizarla y entenderla (Segato 2018).

Las experiencias de mujeres presas en las dictaduras del Cono Sur permiten observar cómo la violencia sexual fue utilizada también como una forma de castigo. La militancia de las mujeres era entendida como una insubordinación de los estereotipos de género. Por tal razón, se justificaba el terrorismo de estado de la siguiente forma: “Esas mujeres buscaron encontrar un lugar público que no les pertenecía ‘por naturaleza’, ellas ‘se lo buscaron’ y por esa trasgresión eran plausibles de un castigo sin mayor cuestionamiento” (Risso 2012, 41).

Por lo demás, las violaciones también pueden considerarse como un arma de guerra (Burt 2019; Franco 2008; Fulchiron 2014). Burt (2019) señala que en el caso Sepur Zarco en Guatemala la violencia sexual fue parte del diseño de los planes militares. De esa manera se controló a la población, se castigó a los hombres simbólicamente, se deshumanizó al enemigo y se destruyó a la comunidad, lo que significó su muerte social. Las mujeres al ser agredidas, son estigmatizadas y aisladas, lo que devasta las relaciones comunitarias y genera quiebre culturales (Segato s/f; Burt 2019; Velásquez 2019). Lo anterior se entiende dado el valor que tiene la sexualidad de las mujeres y su control para las sociedades, por ejemplo, respecto a la reproducción social y a la noción de honor que se deposita en el cuerpo femenino y se extiende hacia el cuerpo familiar y social. La violación sexual al dañar dicho honor, basado en el sistema patriarcal, genera la estigmatización y aislamiento de las mujeres, produciéndose la muerte social (Fulchiron 2014). En contraste, del lado de los perpetradores, las violaciones sexuales se convierten en eventos que permiten estrechar vínculos entre los soldados, consolidan hermandades de culpa (Franco 2008) y crean fraternidades con base en rituales de sangre que nacen del abuso y agresión (Theidon 2004).

La investigación que da resultado al presente texto comenzó en 2018. Durante mis dos años de trabajo de campo pude conocer a seis de las nueve mujeres sobrevivientes que han iniciado un proceso judicial contra sus victimarios. Mis conversaciones con ellas se extendieron hasta el 2019. A tres de ellas las conocí en mis viajes a la ciudad de Huancayo. Posteriormente, a finales de 2019 pude establecer una conversación con otras tres mujeres en la ciudad de Lima. Con todas ellas conversamos sobre sus experiencias de violencia, sus vidas antes y después de los eventos, y sus consideraciones y expectativas frente al actual proceso judicial.

Tanto las conversaciones como el trabajo de investigación están concebidos como resultado de la relación social que construimos entre las mujeres sobrevivientes y yo, en tanto investigadora y sujeta interesada por conocer sobre ellas y sus historias (Mannheim y Tedlock 1995). Esto implica entender que esos momentos de diálogo no tienen como objetivo obtener información, sino que son una ocasión de producción y elaboración de conocimientos, por lo cual no están exentos de tensiones, acuerdos, actos de confianza y buena fe (Guber 2005). Entiendo mi rol de investigadora desde la horizontalidad y veo a las mujeres como actoras principales y colaboradoras de mi investigación. Además, accedieron a conversar conmigo ya que conciben necesario dar a conocer lo que les ha sucedido y alcanzar reconocimiento social. Tal y como señala María Victoria Uribe, “quien no quiere ser narrado por otro no cuenta su historia; mientras que aquel que lo desea simplemente narra su historia” (2015, 101).

Esto último se vincula con mi decisión de hacer referencia a ellas como mujeres sobrevivientes. Las considero como sujetas protagonistas de sus procesos de reparación y de reestructuración de sus vidas (Bustamante 2017). Esto implica dejar de pensarlas como víctimas en tanto consecuencias de la guerra, y centrarse en la serie de estrategias, acciones y recursos que despliegan para continuar viviendo (López 2005). Incluso implica destacar la importancia de hablar y contar sus historias como actos de empoderamiento y de ejercicio político (Ruta Pacífica 2013). El uso de la noción de sobreviviente es también coherente con la metodología de antropología feminista con la que se tiñe este trabajo. El dar preponderancia a las voces y experiencias de las mujeres como fuente de conocimiento me convierten no solo en alguien que conoce y acoge un conocimiento compartido, sino en “un[a] testimoniante de la experiencia de ‘otra’” (Ruta Pacífica 2013, 37).

A su vez, el uso del término sobreviviente supone una crítica al tratamiento jurídico-estatal que ha tenido lugar en el Perú. Tal como los trabajos de María Eugenia Ulfe lo describen (2015b, 2015a, 2013), pensar en las mujeres como sujetas con agencia y actoras de sus procesos de recuperación supone dejar de verlas como entes pasivos a la espera de reparaciones estatales y encasilladas en una definición jurídica estricta que establece quienes son víctimas (Bustamante 2017). En el caso peruano, la condición de víctima las ha transformado en ciudadanas. Dicha condición ha estado mediada por el reconocimiento de un daño y ha generado una performatividad y una cultura política específica (Ulfe 2015b, 2013). Pese a mi preferencia por el término de sobreviviente, a lo largo del texto aparece algunas veces el concepto de víctima, aunque su uso responde a descripciones que hacen referencia a políticas estatales y no a mi acercamiento y relacionamiento con las mujeres.

Los testimonios y la CVR

Magda3 me invitó a pasar a su bodeguita que tiene a las afueras de Cayasi. Habíamos estado conversando sobre hace cuánto tiempo tenía su almacén, y me cuenta que desde que no tiene a sus animales, porque le costaba salir con ellos. Estoy contenta por haberme podido juntar nuevamente con ella. Luego de un rato, me comenzó a contar cómo fue aquella vez cuando entregó su testimonio a los equipos de la CVR. Sentada en un banquito de madera comencé a escuchar su relato. Con sus brazos cruzados y con sus ojos mirando hacia otro lugar, como buscando visualizar sus recuerdos de aquellos días de hace más de quince años atrás, empezó a hacer memoria de cómo quedó de reunirse con Marcela una mañana, bien temprano, para conversar. Sentadas entre los pastizales, mientras sus animales pastaban, le comenzó a relatar su historia: de cómo abusaron de ella en reiteradas oportunidades y cómo quedó embarazada, cómo fue que aquel hombre se comprometió a volver. Pero nunca regresó. Y allí quedó ella, esperando.

Quiso ir con Marcela al descampado, lejos de los oídos de cualquiera, en la tranquilidad de los pastizales, entre los mugidos de sus vacas y los balidos de sus ovejas, porque nunca a nadie le había contado lo que le había ocurrido. Su marido no sabía de nada de aquello que le había tocado vivir. Tampoco sus hijos e hijas. Nunca a nadie le dijo nada, como si así se fuesen a borrar esos hechos que provocan, hasta el día de hoy, que Magda se inunde de cólera. Aquella vez que habló con Marcela fue la primera vez que contó a alguien lo que le había ocurrido. (Notas de campo, octubre de 2018)

Como el caso de Magda, muchas son las mujeres que guardaron silencio intentando continuar con sus vidas, pero que cuando arribaron los equipos de la CVR decidieron contar lo sucedido. Muchas veces lo que les había tocado vivir quedaba relegado frente a la desaparición y/o asesinato de sus padres, hermanos, esposos o hijos. Sin embargo, algunos restos de aquellas experiencias irrumpían en sus historias: “Sí, pasaron por mí, pero además”. Por ello, cuando la CVR comenzó sus labores incorporó la perspectiva de género, principalmente porque los comisionados “Era[n] consciente[s] de que, aunque buscaba[n] arrojar luces sobre hechos largamente silenciados, habría aspectos de la violencia que serían más difíciles de mostrar” (CVR 2003, 1: 47).

Es interesante considerar que de los 16 985 testimonios que la CVR logró recopilar el 54 % de ellos fueron proporcionados por mujeres (CVR 2003, 8: 50). Sin embargo, entre las 69 280 víctimas que estableció la CVR, solo el 20 % son mujeres. Estas cifras no son definitivas. En enero de 2020, el Registro Único de Víctimas -RUV- (2020) reportó 143 001 víctimas individuales, de las cuales 58 096 son mujeres (40,60 %)4. Mi intención al exhibir estas cifras es evidenciar cómo las mujeres han comenzado a considerarse víctimas del conflicto armado. Precisamente respecto a la afectación de violaciones sexuales la CVR registró 527 casos, que distan de los 5 337 reportados por el RUV en enero de 2020. Una de las maneras en la que podría entenderse estos cambios en las cifras se debería a que muchas mujeres en sus testimonios a la CVR dieron prioridad a las experiencias vividas por los otros como consecuencia de la ética del cuidado en las que son socializadas, produciéndose una jerarquización de vivencias y siendo ellas subsumidas a un estatus de testigo de lo vivido por otros (Jelin 2002, 104-108).

Kimberly Theidon en su recolección de testimonios de la época de la violencia se encontró con este tipo de narraciones: “[las mujeres hablan de] las largas caminatas diarias hasta el río en búsqueda de agua, de las horas perdidas gorreando5 leña; cuando entre lágrimas recuerdan el hambre mordiente de sus niños que ellas intentaban calmar con agua y sal” (2011, 49-51). Estas descripciones densas de su cotidianidad son expresiones de la dimensión de género de la guerra. Pensar desde este enfoque las narraciones y los testimonios de las mujeres nos conduce a poner el foco en su agencia, sus acciones, las subjetividades que las impregnan y la diferencia de la experiencia de guerra a partir del género.

¿Qué dijeron las mujeres en sus testimonios entregados a la CVR? Sus testimonios se encuentran en la carpeta rotulada “BCS Manta y Vilca” 6, en el archivo de la Defensoría del Pueblo. Contiene cincuenta y ocho testimonios. Algunos hacen referencia al contexto, describiendo las incursiones de Sendero Luminoso y luego del arribo del Ejército. Otros cuentan sobre las detenciones, secuestros, torturas e incendios de sus casas. En medio de estas experiencias comienzan a emerger los casos de violencia sexual. Aunque no todos los testimonios se centran particularmente en este tipo de violencia, hay bastantes referencias, sea genéricamente o relatando casos puntuales: “Añade que entre 1984 y 1990 los militares cometieron diversos tipos de abusos como tortura, asesinatos, desapariciones y violaciones sexuales, como el caso de […] quien tuvo un- hij- de los militares” (Archivo del Centro de Información para la Memoria Colectiva y los Derechos Humanos -ACI-, fs. 014-016, carpeta 03, n. ° 100309)7.

No todas las mujeres de Manta y Vilca que testimoniaron ante los equipos de la CVR fueron víctimas de violencia sexual. En aquella oportunidad solo once mujeres declararon haberlo sido. Sin embargo, en la misma carpeta hay denuncias realizadas por padres, hermanos, suegras y vecinas, quienes narraron abusos perpetrados contra las mujeres, señalando incluso sus nombres y apellidos. De ellas no hay registro de testimonios entregados a la CVR. Quizás la ausencia de sus testimonios se relaciona con la percepción de la inexistencia de una audiencia comprensiva y empática con sus historias y con sus temores a la estigmatización (Mantilla 2005).

Los testimonios que analizo a continuación son transcripciones de las conversaciones sostenidas por los integrantes de los equipos de la CVR con las mujeres. En ellos aparecen citadas frases de las/os testimoniantes. Las conversaciones tuvieron un esquema semiestructurado. La gran mayoría de estos testimonios capturan la primera vez que las personas relataron lo que vivieron.

Al leer y analizar los testimonios fueron apareciendo elementos en común, los cuales me permitieron ir agruparlos para entender cómo las mujeres fueron dando un sentido y explicación a lo que les tocó vivir. Un primer elemento que aparece en casi en todos ellos es la mención de haber sido obligadas a tener “relaciones sexuales”8: “inmediatamente le ordenó que se desnudara a lo cual la declarante se rehusó. Ante la negativa de la declarante este oficial con sus propias manos empezó a quitarle la ropa dejándola completamente desnuda y empujándola hacia su cama” (fs. 020-023, carpeta 03). Las referencias a haber sido forzadas son complementadas con descripciones de su resistencia:

Este acto de violencia duró 10 minutos aproximadamente, tiempo durante el cual la declarante se resistió, gritando y golpeándole con los puños, arañándolo, pidiendo auxilio a sus vecinos, por lo cual el soldado le tapó la boca, amenazándola: ‘¡Cállate, carajo! si gritas ahorita te mato, te meto bala’. (Fs. 055-060, carpeta 03)

Sin embargo, las declarantes no pudieron oponerse a la agresión. En muchos casos esto se explica por la fuerza de los militares, las armas que portaban, la corta edad de ellas. Tal y como se ve en los siguientes extractos: “debido a la diferencia de fuerza, el soldado le colocó su rodilla encima del pecho y con las manos le levantó la falda, le bajó la prenda íntima y la obligó a mantener relaciones sexuales” (fs. 046-050, carpeta 03), “en todo momento los soldados se encontraban armados” (fs. 055-060, carpeta 03).

Hay tres casos en los que las mujeres abusadas tenían entre dieciséis y quince años. La edad pareciera ser un detalle que es solicitado por el/la entrevistador/a, al hallarse en casi todos los testimonios. En uno de los tres de casos se incorpora un cierto tipo de juicio: “debido a su corta edad, pues tenía 15 años, no pudo resistir esta agresión”, seguido con la referencia que esta agresión sexual “fue la ‘primera vez’, no habiendo tenido relaciones sexuales en anteriores oportunidades” (fs. 061-065, carpeta 03). En otro se señala: “como consecuencia del abuso la declarante comenzó a sangrar, pues era la primera vez que tenía relaciones sexuales” (fs. 061-065, carpeta 03), dato que es seguido con la edad, invitando a realizar una concatenación de la información proporcionada: “Al momento de ocurrir estos hechos la declarante tenía 15 años y 6 meses” (fs. 061-065, carpeta 03). Las referencias al hecho de haber sido la “primera vez” de estas mujeres, junto con su edad y conducta irreprochable, buscaría evidenciar que su honra había sido dañada, tal como lo exigía el código penal peruano vigente al momento de los hechos y convirtiéndolas en merecedoras de protección penal. En el resto de los testimonios varias mujeres hacen referencia a haber sido penetradas, como prueba de la consumación del delito sexual, detalle que puede haber sido solicitado por el/la entrevistador/a. De esa manera, encajarían en la definición que la CVR manejaba de violación sexual, definida como la invasión de un cuerpo de una persona a través de la penetración de cualquier orificio, sea por un órgano o parte del cuerpo de un sujeto o el uso de un objeto (CVR 2003, 6: 265).

Los testimonios de las mujeres fueron entregados dentro del contexto de la investigación desarrollada por la CVR, por encargo del Estado peruano, para conocer lo sucedido entre los años 1980 y 2000. Michael Pollak y Natalie Heinich (2006) reflexionaron en torno a las características que adquieren los testimonios en estos contextos oficiales. Señalaron que estas instancias se revisten de formalidades que van a normar el relato del / de la testimoniante. Parafraseando a las/os autoras/es, en muchos de esos contextos los testimonios adquieren el estatus de pruebas jurídicas, y quien recolecta el testimonio es un/a profesional que no pretende ser “ni un par, ni alguien cercano, ni un confidente”, centrándose en el hecho por sobre la/el sujeta/o para lograr una “generalización de la experiencia” (2006, 62). En el caso colombiano, María Victoria Uribe (2015) reflexiona sobre a la manera en que las mujeres habitan experiencias violentas, en específico durante la época conocida como “La Violencia”. Para Uribe la narración en tanto acto de comunicar le revelaría al / a la sujeto/a un significado de su experiencia. En este sentido, me pregunto, ¿cuánto de las formalidades a las que aluden Pollak y Heinich influyen en esa revelación de significados, y por tanto en la manera como habitan las experiencias estas mujeres, considerando que muchas veces este momento es de ruptura con el silencio guardado?

La mención que hacen las mujeres a haber sido forzadas, junto con las descripciones de resistencia, tiene relación con el contexto y las definiciones que van a producirse pos-CVR y normativas vigentes. Sus testimonios exponen la necesidad de las mujeres de mostrar confiabilidad en sus relatos, sobre todo considerando que el contexto de profunda discriminación étnica que marca al país permea la disposición de la audiencia (Manrique 2002). De hecho, durante la experiencia de la CVR fue la primera vez que el Estado peruano se ubicó en una posición de escucha.

Por otro lado, es interesante lo señalado por Degregori (2011), quien reflexiona en torno al contexto en que surge la CVR. Ese autor recuerda que los reclamos por verdad y repudio a la impunidad de los familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos y movimientos sociales simpatizantes se sumaron a la ola de críticas contra el autoritarismo de Alberto Fujimori. De hecho, la caída del régimen fujimorista ocurre principalmente por el rechazo de la sociedad civil hacia la corrupción. Las demandas por verdad y justicia se colaron entre las exigencias por transparencia y fin de la corrupción estatal. Degregori indica que este escenario es distinto al de otros casos latinoamericanos donde la lucha por la verdad era en sí misma una exigencia protagonista.

A lo anterior debe sumarse el debate sobre la responsabilidad de Sendero Luminoso en el conflicto armado, que permea las definiciones de las políticas públicas y definiciones como la de víctima. Sendero Luminoso se considera como quien inició la ofensiva contra el Estado, y el actor del conflicto que perpetró la mayor cantidad de violaciones a los derechos humanos (se le adjudica el 54 % de las víctimas fatales). Con este contexto, las/os campesinas/os, algunas/os de las/os cuales en un inicio mostraron su simpatía hacia las reivindicaciones senderistas, buscaron evitar cualquier vinculación posible con Sendero, que podría poner en tela de juicio sus testimonios y su condición de víctimas. De hecho, según la Ley 28592 (2020) que crea el Plan Integral de Reparaciones y de la que forma parte el RUV, se establece en su artículo cuarto que “No son consideradas víctimas […] los miembros de las organizaciones subversivas”9. Por ello, como señala Irma Figueroa, “En el Perú, la consideración de ‘víctima’ está estrechamente relacionada con sus posibilidades de reparación, siempre que sea inocente” (2016, 88). Es en este contexto en el que las mujeres deben ajustar sus experiencias para lograr validación y reconocimiento social y político.

Otro de los elementos reiterativos en los testimonios de las mujeres son las amenazas. Las primeras aparecen previas a la agresión como forma de coacción: “Ella refiere que les pidió que no le hicieran daño, pero la amenazaron diciendo ‘cállate carajo, te voy a matar’” (fs. 034-035, carpeta 03). Las amenazas continúan luego de cometido el abuso, buscando amedrentarlas para que no denuncien en las bases militares: “No le contó nada de lo ocurrido por temor ya que los militares la amenazaron diciendo ‘no me vas a denunciar, si en caso de denuncias te voy a denunciar como terruco10 y te voy a mandar preso’” (fs. 034-035, carpeta 03). En la gran mayoría de los casos las amenazas fueron efectivas y las mujeres no denunciaron. Sin embargo, la opción de denunciar, cualquier haya sido el abuso, no era viable. Sus pueblos se encontraban bajo estado de emergencia y la autoridad recaía en los militares; es decir, en los propios perpetradores. Como señala una de las testimoniantes: “dijo que no denunció antes estos hechos pues no existía un lugar donde hacerlo” (fs. 020-023, carpeta 03). Tampoco había autoridades que quisieran hacerse cargo de este tipo de denuncias: “la declarante intentó denunciar el abuso ante el juez de paz de Pampas quien se negó a recibirla” (fs. 066-068, carpeta 03). No obstante, hubo oportunidades donde las mujeres fueron a quejarse a las autoridades militares. En esos casos, se acercaron para exigir “que el ‘soldadito’ se responsabilice por lo que había hecho” (fs. 051-054, carpeta 03). Aunque primero los militares negaban las acusaciones, terminaban aceptando los hechos, prometiendo hacerse responsables del maltrato. Así, acordaban volver al pueblo luego de finalizado su servicio militar para casarse con ellas. Sin embargo, los soldados no volvieron.

Las mujeres también evitaron denunciar por vergüenza: “Luego de la violación la declarante le contó a su abuela que los militares la amenazaron de muerte para que no cuente lo ocurrido, pero no le contó sobre la violación por vergüenza y temor” (fs. 031-033, carpeta 03). La vergüenza continúa hasta hoy, en gran medida debido a las actitudes del resto de la sociedad y en particular de las comunidades: “Quedé arruinada y con la moral muerta, porque hasta la actualidad la gente no me mira bien” (fs. 058-064, carpeta 05). El silencio de las mujeres se mantuvo, en varios casos, hasta la recolección de testimonios de la CVR: “nunca le he contado a nadie esto que me ha pasado, a nadie, ni a mi familia ni a mis hijos, porque pienso que se ha perdido mi dignidad, es la primera vez que le cuento esto a alguien” (fs. 028-035, carpeta 05). Como se deja entrever en algunos fragmentos de los testimonios, el silencio se extiende a las/os hijas/os, particularmente a aquellas/os que son resultado de embarazos forzados: “Su hij- […] no sabe que es producto de la violación […]. Agrega que desea que esto se mantenga en la más absoluta reserva dada la delicada situación del caso” (fs. 038-045, carpeta 03).

Según las mujeres, el embarazo producto de las violaciones sexuales es la situación más compleja, empujando a quienes no quedaron gestando forzadamente, a desestimar sus experiencias: “Felizmente no me hicieron nada más, solo estuve con él, no me pegó, no quedé embarazada” (fs. 028-035, carpeta 05). De los once casos que se encuentran denunciados por las propias mujeres, siete de ellas señalan haber quedado embarazadas. Los testimonios entregados por terceras personas hacen referencia a otros tres casos de mujeres sobrevivientes de violaciones sexuales que quedaron embarazadas forzadamente. Pobladoras de Vilca señalan en sus testimonios que “a consecuencia de las incursiones militares las mujeres sufrieron violaciones, hay muchas madres solteras, niños sin padre y abandonados” (fs. 065-069, carpeta 05) . En el caso de Manta, el registrador del pueblo de ese entonces señala:

a partir de 1986 se acercaron varias mujeres para sentar la partida de nacimiento de sus hijos, los que según ellas son hijos de militares. Asegura que […] cada tres meses, cuando se producían los relevos en la base de Manta, y por lo tanto llegaba gente nueva que ‘hacían las mismas cosas’ […] Además señala que en su calidad de registrados del área de Registro Civil de Manta elaboró una relación de 32 nombres de niños que no tienen padre y que probablemente sean hijos de un efectivo del Ejército que estuvo destacado en Manta. Agrega que ninguno de estos niños vive con su padre en la actualidad. (Fs.017-019, carpeta 03)11

Las/os hijas/os se convierten en protagonistas de sus exigencias y requerimientos. En los testimonios no hay mención de expectativas o indicios de reparaciones para ellas. La petición principal es que los padres de las/os hijas/os producto de las violaciones sexuales se hagan responsables económicamente y/o las ayuden con su educación o, como ellas dicen, “asuma[n] las responsabilidades que le[s] corresponden” (fs. 066-068, carpeta 03). La petición se extiende hacia los familiares directos, como es el caso de una de las mujeres quien solicita: “que la abuela de su hij- quien recibiría la pensión de su hij-, apoye económicamente” (fs. 055-060, carpeta 03). Se trata de una exigencia general, compartida por las/os pobladoras/es de los pueblos, quienes también consideran que los militares deberían hacerse cargo de sus hijas/os producto de las violaciones que cometieron: “Que se sancione a aquellos soldados que sean padres de los hijos que han dejado en Manta y que también se responsabilicen por ellos” (fs. 074-075, carpeta 03). Las mujeres no se incluyen en las reparaciones, lo que no ocurre con sus hijas/os. Esto puede entenderse bajo la lógica de la ética del cuidado de la que hablaba Jelin (2002). Otra razón se vincula al no reconocimiento de ellas como sujetas de derecho (CVR 2003, 1: 279). Esto implica que no perciben sus experiencias como violaciones a sus derechos humanos (Mantilla 2007, 2005), debido a la naturalización de la violencia, exacerbada en periodos de guerra (Gargallo 2019).

Un tema complejo tiene relación con el consentimiento. En el extenso testimonio del registrador del pueblo, este señala: “precisando que, si bien algunas de ellas se comprometían con los soldados, otras fueron violadas por los nuevos efectivos” (fs. 017-019, carpeta 03). Su precisión apuntaría a establecer dos tipos de situaciones; una donde las mujeres fueron forzadas y otra donde, a los ojos de un tercero, habría un consentimiento. En la carpeta del caso Manta y Vilca hay un par de casos que entran en esta ambigüedad. La narración de la testimoniante de uno de estos casos comienza con la invitación que recibió para asistir a unas fiestas que se realizaban en la base militar. Señala que las jóvenes del pueblo eran llevadas con engaños. Cuenta que de aquellas fiestas ella pudo escapar. Sin embargo, fue descubierta por un soldado, quien comenzó a hostigarla. Un día el soldado se presentó en su casa con la supuesta orden del teniente para llevarla a la base militar. En vez de ello, la arrastró a un lugar alejado, la intentó abrazar, pero ella se negó. El soldado la tiró al suelo y le dijo “estoy enamorado de ti, por qué no quieres estar conmigo” a lo que ella contestó “por qué voy a estar contigo, no te conozco” (fs. 046-050, carpeta 03). Entonces, la violó. Días después continuó acosándola. Fue a buscarla a la salida del colegio, le ofreció disculpas y le pidió ser su enamorado (novio). Ella le dijo que no estaba molesta y accedió a la petición por miedo. Volvió a reunirse en otras oportunidades con él. Sus padres lo aceptaron y con ellos firmó una carta comprometiéndose a responsabilizarse del bebé que nacería del embarazo forzado de la testimoniante12. La aceptación del soldado como su pareja, a pesar del miedo y el contexto de violencia, otorgaría una supuesta legitimidad a la relación, ubicando a la testimoniante, a los ojos de un tercero, en una posición de ambigüedad como víctima.

En el segundo caso, otra testimoniante cuenta que una noche ingresó a su casa el capitán “Piraña”, le dijo a su madre que uno de sus soldados estaba enamorado de ella, y le exigió que se retirara del lugar. La madre no aceptó y fue sacada a la fuerza de su casa, mientras la testimoniante fue encerrada con el soldado en una habitación. El soldado le dijo que quería estar con ella y casarse. Ella se niega. Frente a la negativa él grita “si no quieres estar conmigo a buena hora pues, yo te voy a matar si no te confías” (fs. 051-054, carpeta 03). Luego, la violó. Al día siguiente, madre e hija se dirigieron a la base militar para exigir que el soldado se hiciese responsable. Así, el capitán y la madre firman un papel, comprometiéndolos en matrimonio, al terminar el servicio militar de él. Ya finalizado su servicio, el soldado volvió a Manta y se alojó en su casa, volviendo a tener relaciones sexuales. Luego de esos días se retiró y no volvió nunca más al pueblo.

Estos casos podrían persuadirnos a entender lo ocurrido de manera binaria; hay o no hay consentimiento. Sin embargo, esto invisibiliza las diferentes formas de coacción. ¿Puede haber consentimiento en un contexto de guerra, con presencia de militares en los pueblos y sin autoridades a las cuales recurrir en caso de abusos? ¿Se puede haber aceptado a un militar, que ya las había hostigado, golpeado, amenazado, violado, como enamorado? Como señalan Boesten (2016) y Escribens (2011) estas relaciones se pueden entender como prolongaciones de las violaciones ocurridas anteriormente, ya que plausiblemente no existirían si no hubiesen sido previamente violadas. Varias de ellas sintieron que no tenían otra opción que intentar emparejarse para subsanar la afrenta causada, sobre todo para aquellas que resultaron embarazadas de las violaciones. Incluso algunos de sus familiares cercanos buscaron concertar matrimonios, siendo una solución aceptable para su entorno y conforme a la ley13. Para otros, sobre todo miembros de sus comunidades, no es más que un ejemplo de su supuesta complicidad, lo que cuestiona la agresión y su condición de víctimas.

La discusión sobre el consentimiento se vincula con la noción de honor, que tiene un ámbito legal y otro sociocultural. Respecto al legal, el código penal vigente al momento de los hechos (que databa de 1924) entendía la violación como un delito que dañaba la libertad sexual y el honor. La libertad sexual es comprendida como la facultad de decidir sobre el cuerpo libremente. El honor tiene dos acepciones; el “honor subjetivo” entendido como el respeto de la persona por su propia dignidad, y el “honor objetivo” que hace referencia a la reputación de la persona según la mirada de las/os otras/os. A partir de la idea de libertad sexual, se puede comprender las constantes referencias en los testimonios a las descripciones de resistencia a la violación y al énfasis en las amenazas, para evidenciar la inexistencia de consentimiento. La reiteración con la que aparecen distintas declaraciones y explicaciones de haber sido resistido el acto sexual permite preguntarse si acaso el diálogo sobre este tema fue planteado por el equipo de la CVR. Cabe señalar que en 1991 el Código Penal se modifica, y la violación sexual se convierte solo en un delito contra la libertad sexual.

Por otro lado, las expresiones emitidas por las mujeres respecto al daño que sienten, hacen referencia al daño del honor subjetivo. El miedo y la vergüenza que las mujeres sintieron y sienten, también es resultado de constructos sociales sobre la sexualidad. Estos operan al momento de incorporar y significar sus experiencias. Son constructos, o habitus, encarnados como señala Fulchiron (2014), que ellas conocen y con los que se desenvuelven socialmente (Das 2008a). Estos constructos sobre la sexualidad de las mujeres no se limitan solo a sus cuerpos, sino que se prolongan al cuerpo familiar y social: la deshonra vivida por estas mujeres lo es también para su familia y comunidad. Sin embargo, desde las lógicas patriarcales las violaciones sexuales son de exclusiva responsabilidad de las mujeres. Son acusadas tanto por sus familias como por sus paisanos de haberse dejado agredir, como señala Escribens (2011), de ser las “enamoradas” de los soldados, estigmatizándolas y acusándolas de manchar a la comunidad con su “deshonor”.

Trece años después y un juicio en proceso

Estaba arriba del camión de regreso a Villabamba cuando de improviso se trepó un joven por las barandas y preguntó: ¿Estará aquí Rosalía? Se puso nerviosa. No respondió nada, hasta que su marido respondió, “Es mi esposa. ¿Qué pasa?”. Le pidieron conversar con ella. Descendieron del camión y todos juntos, se dirigieron a la casa de Rosalía. El joven iba acompañado con dos mujeres. Al llegar a su casa, Pedro, el joven que preguntó por ella, comenzó a hablar con su marido, intentando alejarlo, para que Ximena y Soledad pudieran hablar con ella de manera tranquila, lejos de los oídos de su esposo. “Cuando estuvieron los militares en tu pueblo, ¿abusaron de ti?”. Rosalía respondió que sí y dice “¿Por qué me hacen recordar esas cosas malas que me han pasado en mi vida?”. (Notas de campo, octubre de 2019)

En el año 2016 nueve mujeres sobrevivientes de violación sexual en el conflicto armado iniciaron un proceso judicial contra sus agresores. A razón de esto, me pregunto si el proceso de búsqueda de justicia ha generado alguna re-significación de sus experiencias, a partir de subjetividades nuevas con las que las mujeres han entrado en diálogo. El proceso judicial ha sido resultado de más de trece años de trabajo de las sobrevivientes. Posterior a la entrega del Informe Final de la CVR al Estado en el 2003, cuarenta y siete casos de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado fueron entregados al poder judicial para ser judicializados, entre ellos lo ocurrido en Manta y Vilca. Las organizaciones civiles Demus - Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer y el Instituto de Defensa Legal (IDL), decidieron convertirse en partes activas de la causa, en tanto promotores de la búsqueda de justicia para las mujeres. Así es como, de manera inmediata, iniciaron procesos paralelos para tomar contacto con las mujeres sobrevivientes de violencia sexual y plantearles la posibilidad de iniciar una demanda judicial.

Didier Fassin (2008) señala que el discurso humanitario tiene un vocabulario sensible, que destaca las huellas sicológicas que deja la violencia en las víctimas. Este lenguaje promueve más efectivamente las causas e implica una serie de profesionales vinculados al sufrimiento. Se transforma en una perspectiva de trabajo, que no solo impacta en la forma de documentar y describir los hechos, sino también en cómo estos se interpretan. Es una manera de representar la realidad. Das señala que estos lenguajes profesionales pueden llegar a transformar los testimonios y las voces de las víctimas, al punto de arrebatárselas:

las estructuras conceptuales de nuestras disciplinas -de la ciencia social, el derecho, la medicina- conducen a una transformación del sufrimiento elaborada por los profesionales que le quita su voz a la víctima y nos distancia de la inmediatez de su experiencia. En la memoria de un acontecimiento, como se organiza y se consagra por parte del Estado, solo pueden reconocerse la voz del experto, que con el tiempo adquiere un cierto tipo de permanencia y oculta a la vista la forma en la cual el acontecimiento puede haberse experimentado por la propia víctima. (2008b, 410)

En el caso peruano son interesantes las reflexiones de María Eugenia Ulfe (2013) sobre el Programa Integral de Reparaciones (PIR). Esta autora señala que la acreditación como víctima del conflicto armado y las reparaciones son significadas como un reconocimiento y un acercamiento de parte del Estado peruano con sus ciudadanas/os marginadas/os. Sin embargo, ese acercamiento está configurado dentro del marco del PIR, el cual no permite zonas grises, al hacer eco de la definición del RUV que define con claridad quiénes son víctimas.

A partir de lo anterior, me pregunto ¿qué ocurre en el caso de las mujeres y el trabajo que desarrollan las organizaciones civiles? ¿Cómo el discurso de los profesionales de las organizaciones civiles y del Estado permea la voz de las mujeres? Con las conversaciones sostenidas con seis de las nueve mujeres que actualmente son parte del proceso judicial, busco entender cómo piensan sus experiencias en la actualidad.

El deseo de reconocimiento de sus historias como verdaderas, tanto por la sociedad como por el Estado, es un elemento que adquiere protagonismo en nuestras conversaciones. A pesar de que este deseo no es algo explícito en los testimonios de la CVR, el acto de asistir a una instancia estatal nos habla de una voluntad por contar lo que les ocurrió. Magda me dice que para ella es muy importante que se sepa lo que les ocurrió y que sus historias se conozcan: “no puede ser que hayan pasado tanto tiempo y no se sepa qué es lo que nos pasó” (conversación personal, Huancayo, octubre 2018). T.A.B., M.A.E. y M.A.B.14 también me dicen que desean que sus experiencias se sepan, porque lo que ellas dicen es “la verdad” de lo sucedido. Les molesta que en el juicio los abogados de los acusados las llamen “supuestas víctimas” (conversación personal, Lima, diciembre 2019). Que sus historias sean conocidas es para ellas un reconocimiento social de sus derechos vulnerados. Los deseos de reconocimiento de sus historias incluso se extienden a sus agresores. Rosalía me comenta, con un tono de molestia, “¿Por qué no dicen la verdad en el juicio de lo que nos hicieron? Porque Dios igual los va a juzgar. Todo se paga en esta vida. Y si nosotras estamos mintiendo también Dios nos va a juzgar” (conversación personal, Huancayo, octubre 2019).

Ellas vinculan el deseo de reconocimiento a un nunca más. Para Margarita visibilizar sus historias serviría para concientizar a nuevas generaciones. Consideran que no hay leyes que realmente busquen la erradicación de la violencia contra la mujer. Me comentan que las leyes deben ser más drásticas, porque “siempre ha habido violencia contra las mujeres. Desde siempre los hombres nos hacen daño” (conversación personal, Huancayo, agosto 2019). Esto no les parece extraño considerando el tratamiento que el Estado ha tenido con ellas en el proceso judicial: “[c]reen que nos están reparando, pero ellos mismos no nos creen cuando contamos lo que nos pasó y lo que nos hicieron los militares”, dice Magda respecto al proceso judicial (conversación personal, Huancayo, agosto 2019). M.A.E. me comenta, respecto a la lentitud con que avanza el proceso judicial, “tengo miedo a enfermarme y morirme y no verlos [a sus agresores] en la cárcel” (conversación personal, Lima, diciembre 2019). Esta actitud, crítica y de desconfianza difiere de la confianza depositada en el Estado cuando decidieron entregar sus testimonios a los equipos de la CVR.

Posiblemente estas opiniones críticas pueden haber sido transmitidas a las mujeres por parte de las instituciones que las patrocinan. Las nueve mujeres querellantes periódicamente se reúnen con sus abogadas/os, quienes les comentan cómo va avanzando el proceso judicial. Aunque son reuniones privadas, existen variados documentos que las propias ONG redactan y publican, donde señalan su opinión respecto al avance del proceso judicial. En ellos generalmente se alega tardanza, lentitud, procedimientos inadecuados en torno a las pruebas que la defensa proporcionará para alegar inocencia de los militares, entre otras críticas. Estas opiniones se asemejan a las expresadas por las mujeres en mis conversaciones, siendo factible que sus críticas sean una combinación de sus sensaciones y de las críticas de las/os abogadas/os y de las ONG.

A diferencia de la vergüenza que sentían antes, actualmente dicen sentirse distintas. T.A.B. cuenta que hoy en día no se siente aproblemada de vivir en el pueblo. No tiene ni miedo ni vergüenza y dice que puede estar en la comunidad tranquila. T.A.B., M.A.E. y M.A.B. agradecen que la organización Demus haya aparecido en sus vidas. Antes dicen haberse sentido “jodidas”, y que ahora gracias al acompañamiento sicológico que les brindan han comenzado a sentirse mejor. Se trataría de un proceso de fortalecimiento, tal como Demus lo describe, haciendo referencia al impacto positivo que tendría que mujeres con experiencias similares compartan. Esto facilitaría “que ellas sepan que las lógicas de dominación y violencia que operan contra las mujeres las trascienden a ellas como personas” ayudando a “no sentirse culpables por la violencia que han sufrido y a poder colocar la responsabilidad de los hechos de violencia fuera de ellas” (Escribens, Fernández y Távara 2011, 70).

Este empoderamiento vivido por las mujeres se grafica en una anécdota que me narra Rosalía. Ella me contó que en uno de sus viajes al pueblo increpó al señor Arturo. En reiteradas oportunidades, él había cuestionado públicamente el relato de las mujeres, señalando que eran las “enamoradas” de los soldados. Rosalía en aquella oportunidad lo reprochó, “¿acaso tú viste cuando nosotras aceptamos ser sus enamoradas?”, regañándolo por no haber pensado que quizás ellas se habían visto forzadas a aceptarlos, debido al miedo y la situación de emergencia del pueblo (conversación personal, Huancayo, octubre 2019).

Sin embargo, cuando T.A.B. tiene que viajar a Lima por el proceso judicial dice “salgo calladita” de la comunidad (conversación personal, Lima, diciembre 2019), y Magda no usa su nombre real en Cayasi por miedo a que alguien le haga algo. ¿Qué sucede con el empoderamiento? Por otro lado, durante mi conversación con T.A.B., M.A.E., y M.A.B. me señalan que ellas no pueden expresar lo que les ocurrió, como sí lo hacen las actrices y performers de algunas representaciones artísticas inspiradas en sus experiencias, porque ellas “hablan bien” (conversación personal, Lima, diciembre 2019). Esto último, evidencia que ellas identifican a otras/os como mejores comunicadoras/es de sus experiencias, debido a que poseen herramientas y capacidades que permiten una mejor expresión. Es así como la voz de la/del experta/o o de quienes poseen la expertise y la técnica comienza a imponerse por sobre la voz o las posibilidades de expresión de las mujeres sobrevivientes.

En nuestras conversaciones vuelve a aparecer la cuestión del consentimiento. La apropiación de la posición feminista del debate en torno al consentimiento les permite complejizar los significados de sus experiencias y su derecho a decidir sobre su cuerpo y sí mismas. Margarita me dice que, aunque ellas anduvieran por el pueblo “calatas” (desnudas), ellos no deberían haber abusado de ellas. Agrega “yo no estaría alegando nada contra nadie si es que hubiese sido con mi consentimiento. Pero no fue así” (conversación personal, Huancayo, agosto 2019).

La confianza reflejada en sus opiniones manifiesta que la vergüenza ya no las habita tanto como antes. Sin embargo, solo una de las seis mujeres con quienes conversé vive en el pueblo15. Casi todas migraron a causa de la violencia vivida y la culpa depositada en ellas por sus paisanas/os al acusarlas de ser las “enamoradas” de los militares. En su momento, las mujeres fueron estigmatizadas y aisladas, rompiendo con sus redes de apoyo y comunitarias, lo que Segato llama, para el caso guatemalteco, una muerte social (s/f, 20; Velásquez 2019). Hasta el día de hoy son cuestionadas y el pueblo no desea que se sepa lo ocurrido, porque significa la “deshonra de la comunidad”. Como dice Franco, la violación devasta la comunidad porque excluye a la víctima, que es “condenada por una comunidad patriarcal” (2008, 27).

Un último elemento que quiero resaltar tiene relación con sus deseos, sueños y proyectos de vida. Unas me contaron que deseaban ser enfermeras y otras profesoras. M.A.E me dice: “Éramos las mejores de nuestras promociones” (conversación personal, Lima, 2019). Me hacen notar que sus vidas podrían haber sido diferentes: “Habríamos podido ser profesionales” (conversación personal, Lima, 2019). Estos detalles no están presentes en los testimonios que se proporcionaron a los equipos de la CVR, debido tanto a la estructura de los testimonios como a la ausencia de ese nivel de reflexión respecto al impacto de la experiencia en sus vidas. M.A.E señala con preocupación que teme terminar su vida vendiendo fruta picada en la calle, como ejemplo de la vulnerabilidad a la que fue arrojada como sobreviviente por la violencia (conversación personal, Lima, 2019). La expresión más brutal de esta normalidad afectada tiene que ver con sus sexualidades. “¿Acaso es posible vivir bien con una experiencia así y relacionarme bien con mi esposo y mis hijos?”, me señalan en una de nuestras conversaciones, a lo que agregan: “Nosotras estamos fregadas” (Huancayo, agosto 2019).

Conclusiones

Un día, ellas me comenzaron a preguntar cosas sobre mi vida. Les mostré fotografías de mi pareja, de mis padres. Me preguntaron si tenía hijas/os. “¿Y vas a volver a Chile?”, me preguntaron. “Sí. Tengo que volver”, les dije, a lo que me respondieron, “Y contigo, tan lejos se van a ir nuestras historias”. Me lo decían asombradas respecto a cómo lo que les había pasado ya hace casi más de treinta años, podría llegar a ser conocido más allá de las fronteras de su país. Esto implicaba para mí asumir una gran responsabilidad, como portadora de sus historias. (Notas de campo, Manta, mayo 2019)

El anterior fragmento de mis notas de campo deja ver cómo las mujeres reconocen el valor de contar sus historias como un medio de dar a conocer lo sucedido, lejos del silencio que guardaron durante años, por miedo, temor y vergüenza. Comenzaron contando lo vivido, primero frente a los equipos de la CVR, dotando los testimonios con una serie de descripciones que buscaban aclarar y explicar los hechos, y luego, frente al proceso de judicialización para conseguir justicia, en el que aún continúan.

El análisis de los testimonios y de las conversaciones no solo evidencia los significados y explicaciones que las mujeres sobrevivientes dan a las experiencias, sino que también refleja sus subjetividades influenciadas por sus comunidades, por el contexto de recolección de testimonios durante el trabajo de la CVR y finalmente por el proceso judicial. Ese transcurrir de tiempo también ha significado la interacción con otros actores sociales, quienes tienen otras concepciones sobre lo ocurrido. Dichas interacciones las han llevado a complejizar sus experiencias, sobre todo a partir de la relación con organizaciones de derechos humanos y ONG que las han acompañado en su búsqueda de justicia.

Lo vivido por las mujeres sobrevivientes marcó profundamente sus vidas. Algunas se convirtieron en madres de manera forzada. Otras huyeron del pueblo, guardando silencio por lo vivido para no ser estigmatizadas por sus paisanas/os o culpabilizadas como responsables de lo que les había sucedido por ser “las enamoradas de los soldados”, trayendo así la deshonra al pueblo. Todo ello he intentado analizarlo a partir de las subjetividades. Es así como he podido entender por qué tuvieron miedo, por qué fueron estigmatizadas, por qué decidieron huir y comenzar una nueva vida lejos de su pueblo. A su vez, entendí que esas mismas subjetividades que permiten comprender muchos de los significados, vuelven a operar en la manera como ellas intentan volver a habitar sus vidas. Lo valioso de centrarme en sus subjetividades, tiene que ver con haber puesto el foco del análisis en las perspectivas de las propias mujeres, tratando de mirar lo ocurrido desde sus ojos, pensándolas como sujetas con agencia, sobrevivientes, más que víctimas de una violencia vivida y cometida en sus cuerpos.

Referencias

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*Este artículo es parte de los resultados de mi investigación doctoral “Producciones culturales post-violencia: el caso de Manta y Vilca (Huancavelica) y los casos de violencia sexual durante el conflicto armado interno del Perú”, financiado por Beca ANID / Programa de Formación de Capital Humano Avanzado / Doctorado Becas Chile/2017-72170421 y por los fondos del Programa de apoyo a la investigación para estudiantes de Posgrado PAIP, categoría Doctorado, de la Vicerrectoría de Investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Agradezco a Juan Aedo y Nicole Muñoz por sus opiniones y comentarios a los borradores de este texto.

2En el año 2001 comenzó a funcionar la Comisión de la Verdad y Reconciliación, creada por el presidente transitorio Valentín Paniagua. La Comisión se encargó de investigar los hechos y violaciones a los derechos humanos ocurridos desde 1980 hasta el año 2000, periodo de tiempo que abarca desde el inicio de la subversión a manos del Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso, hasta la huida y destitución del expresidente Alberto Fujimori.

3A lo largo del texto aparecen mencionadas varias personas. Son las mujeres con las que he trabajado en mi investigación y que dan origen al texto. Sus nombres han sido reemplazados en algunos casos por seudónimos y en otros por sus iniciales, tal como ellas lo decidieron. Solo en algunas oportunidades se mantienen los nombres originales, mediante autorización de las propias mujeres, con el deseo de que sus experiencias sean conocidas. También los nombres de lugares han sido reemplazados por ficticios.

4El RUV es la instancia estatal que acredita a las personas como víctimas del conflicto armado interno. Las cifras no incorporan a los familiares que también son considerados víctimas a partir de la definición del RUV.

5Gorrear es un término coloquial para referirse al hecho de quitar o tomar algo, pero no de forma maliciosa.

6Base Contra Subversiva.

7Los testimonios se encuentran en el Archivos del Centro de Información para la Memoria Colectiva y los Derechos Humanos (ACI) que aparece listado al final del presente documento. En adelante se señalará únicamente los números de fojas (fs.) y carpeta debido a que todos los testimonios consultados provienen del mismo número de archivo.

8En los testimonios es ese el término usado para hacer referencia a las violaciones sexuales.

9No ser incluido en el Registro implica no ser reconocido como víctima por el Estado peruano y no poder acceder a reparaciones, tanto económicas como simbólicas.

10Terruco deriva de terrorismo y es un término coloquial para hacer referencia a personas que participaban en grupos alzados en armadas. Actualmente aún se ocupa, como una manera de denostar a una persona de posición política de izquierda.

11Theidon (2015; 2011) ha trabajado más profundamente el tema de las/os hijas/os nacidas/os producto de embarazos forzados. Si se desea ahondar en el tema se invita a conocer su trabajo listado en la bibliografía.

12La carta de compromiso fue mostrada por la testimoniante, como prueba del delito cometido y del compromiso incumplido, ante los equipos de la CVR.

13El Código Penal de 1924 establecía que, en caso de acordarse un matrimonio o una transacción económica, se podía desistir del delito.

14A lo largo del texto, algunas mujeres son identificadas con seudónimos y otras con las iniciales. Esta diferencia obedece a una elección de las propias mujeres.

15Aunque precisamente no vive en el pueblo, sino en un anexo, que se encuentra a más de media hora de distancia en automóvil.

Cómo citar este artículo: Sastre Díaz, Camila Fernanda. 2021. “Experiencia y subjetividad de mujeres sobrevivientes de violencia sexual durante el conflicto armado interno peruano”. Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología 44: 71-93. https://doi.org/10.7440/antipoda44.2021.04

Recibido: 14 de Febrero de 2020; Aprobado: 11 de Agosto de 2020

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