Colonización y escalas de violencia en la región

Visto en detalle, el contexto económico surgido en la región y el póstumo orden político que origina dicha condición, manifiesta con claridad que Guaviare sufrió, desde sus colonizaciones primerizas en el siglo XX, la constitución de escalas de violencia cada vez mayores, cronológicamente hablando. Es, a todas luces, lo que denominaremos como un caos armado.

Guaviare es, desde el inicio de su agencia económica en la nación, un auténtico problema logístico para el Estado, como muchos departamentos fronterizos que dependieron de sus ríos. Según ^{Molano (1987)}, desde los años 20 hasta los 40, fue escenario de una colonización cauchera-rapaz que trajo diferentes familias y empresas extranjeras que, mediante la esclavización indígena y el endeudamiento, percibían rentas favorables de dicho mercado. Gubernamentalmente, durante la guerra con Perú se potenció la colonización de fronteras y la colonización de la Orinoquía y la Amazonía para facilitar la inexistente administración estatal y la agricultura; Guaviare era la puerta a ello. Las utilidades incentivaron el comercio y la ganadería, creando un excedente que permitió a unos cuantos colonos establecerse con el fin de la bonanza y el inicio del tigrilleo; pieles exóticas demandadas luego de la segunda guerra mundial. Cazadores, pescadores y hatos pequeños, dependientes del comercio que traía los bienes a precios irrisorios y manteniendo el sistema de endeude.

El estallido de la Violencia entre los 40 y 50, en sus dos olas, implicó una migración generalizada de campesinos liberales y comunistas, organizados y disciplinados en los grupos de autodefensa (más organizados que armados), desde el Tolima, el Huila y el Sumapaz a través del Guayabero y el Ariari hasta el río Guaviare, terminando en San José (^{Molano, 1987}).

Esta colonización armada, acompañada por la campesina espontánea, inserta la economía agrícola campesinista en la región e inicia eufóricamente el cultivo que, pronto y ante la ausencia de redes comerciales, empujará a una crisis económica. El desestímulo sufrido en una población huyendo de la guerra y la muerte, con el anhelo de fundar nuevos hogares a lo largo de los llanos y la selva, tendría grandes consecuencias en los años 60, 70 y 80 (^{Molano, 1987}).

El superávit agrícola por la colonización acelerada, condujo al exceso de oferta y la pérdida de excedentes, en un ambiente sin comercio. Con tales condiciones, abandonados por el Estado, el cultivo de marihuana y coca daría pie. Sin embargo, solo la coca lograría crear las rentas jamás vistas por los colonos en la región. La coca sí tenía certeza de comercialización, la hoja cultivada era comprada por los traficantes, quienes controlaban toda la producción: endeudaban al agricultor y conservaban la fórmula de procesamiento. Sin embargo, el monopolio y el poder político del traficante surgido, era compensado por grandes utilidades que funcionan para las partes involucradas en la relación de producción (^{Molano, 1987}).

El resultado fue una ola migratoria, impulsada por la economía de enclave cocalera fundada por los traficantes: hubo excedente de capital, la demanda de todo tipo de productos se disparó, aparecieron nuevos negocios, mercados y bienes raíces. La diversificación del trabajo implicó más colonos, contribuyendo en menor o mayor medida al narcotráfico desde el transporte de insumos hasta el procesamiento. Muchos de ellos eran trabajadores del traficante y podían estar en todo el proceso: entrega de semillas, cultivo directo, transporte, procesamiento o cobranza. Fieles a él, quien se encargaba de introducir las innovaciones tecnológicas. Así, el poder y la influencia de los capos, que buscaban maximizar sus rentas y reducir costos, generó un área de influencia donde la ley era la del más fuerte. Ya, a partir de los 80, la popularización de la coca conlleva al filtramiento de la fórmula, permitiendo al cultivador y raspachín hacerse procesador familiar. Reactivamente, los traficantes compensaron sus pérdidas ante la competencia con el control de la red comercial: tenían la materia prima para el procesado y controlaban las autoridades mediante sobornos. Así, frenaban a las empresas y cocaleros incipientes, administrando al Estado contra ellos (^{Molano 1987}).

Frente a los traficantes, en los 80 los poderes locales fundados por la colonización armada chocaron con la avanzadilla del narcotráfico. Para no perder legitimidad del campesino y otros colonos, cuyas rentas dependían de la coca, permitieron su cultivo libre e individual, pero fortaleciendo la organización colectiva. El traficante imponía su ley, eliminó cultivadores para no pagar, asesinaba a los trabajadores y recolectores de la empresa emergente y, estos, en medio de dicha anarquía y confiando solo en la autoprotección, respondieron asesinando a los comerciantes, procesadores y policías sobornados del traficante. El bandidaje, el robo y las vendettas alrededor de la coca fueron la primera escala de violencia. No había control político, sino competencias desenfrenadas e intereses contrapuestos. Y, a mayor cultivo, mayor número de contendientes. Cuando el mercado se desinfla ante la tolerancia del gobierno de la coca, junto a la sobreproducción, los precios decaen y la violencia generalizada por las rentas de la coca se profundiza. Casualmente, cuando todos van entrando a bancarrota, asesinan a Lara Bonilla y regresa la represión al mercado de coca; la escasez y la demanda hacen lo suyo: el precio se dispara (^{Molano, 1987}).

El malestar social acumulado por la guerra, por el despilfarro, la corrupción moral del campesinado ante sus consumos ostentosos, faenas individuales y drogodependencia por el pago en droga, la mono-productividad de la coca y demás, influyó en la irrupción de la autoridad de las FARC-EP (^{Molano, 1987}). Lo anterior, coincide con la apuesta ofensiva de dicha guerrilla, buscando aumentar su área de influencia y el número de frentes (^{Centro Nacional de Memoria Histórica, 2014}; ^{Centro Nacional de Memoria Histórica, 2021}). Fundaron un nuevo frente, los sindicatos y asociaciones de la colonización armada fundan nuevos negocios, aumentan propiedades y estipulan nuevas reglas en compañía de las FARC (Molano, 1987).

Se controla el consumo excesivo, las actividades improductivas, se regula el cultivo de coca y se propende a la sustitución gradual, se prohíbe el pago en droga, se liquidan ladrones, matones y “sapos”, se impide el aumento del latifundio y frena el desequilibrio económico violento, se imponen tributaciones a comerciantes, traficantes y empresarios de la coca que preferían la contraprestación a reducir el cultivo, se fortalecieron los grupos de seguridad ante el pillaje en carreteras, se legaliza el extrañamiento y se permite el porte de armas limitado a casos justificados y medidos. Con ello, la seguridad retorna y la confianza también. Consolidaron, pues, un orden útil para la convivencia, reciben legitimidad, se suple su necesidad logística alimenticia y financiera, demuestran mando ante la masa campesina, se asegura el recibimiento del recurso humano y sus cuadros. En fin, beneficio mutuo (^{Molano, 1987}).

Lo que aquí se observa es la primera escala de violencia que demuestra las complicaciones de no tener un orden común, un monopolio de la violencia. Hasta lo dicho, Guaviare ha sufrido disputas por dicho monopolio: traficantes y empresarios contra colonos campesinos. Las FARC-EP se consolidan como la primera fuerza de armonización, a sabiendas de un Estado ausente que, paradójicamente, sus fuerzas policiales preferían rendir servicio al mejor postor dada su corrupción interna. Tal actor era más bien recesivo, pues en unas incautaba cargamentos, en otras se dejaba sobornar. Respecto a los militares, su formación deshumanizada y constante desquite, cercos y aniquilamientos contra la población civil, traza una brecha que la aleja de los habitantes (^{Molano, 1987}).

El monopolio consolidado sobre los 90 entraría en disputa con la irrupción del paramilitarismo en los Llanos y Guaviare, quienes obtuvieron respaldo y negociación directa con la élite regional traficante, empresarial y ganadera surgida de la coca. Las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC-, entre el 98 y 2005, fueron el paso paramilitar de contener la guerrilla, eliminar la izquierda social y los movimientos sociales, al de transformarse en mecanismo de violencia generalizada para instaurar órdenes sociales, políticos e incentivos de economías tanto ilegales como legales (^{Centro Nacional de Memoria Histórica, 2021}; ^{Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016}).

La incursión del paramilitarismo en los Llanos Orientales se basó en el orden construido por las Autodefensas Campesinas y fue de carácter autoritario. Las condiciones que favorecieron su irrupción fueron la ampliación de la frontera agraria, la expansión de la ganadería, la colonización empresarial y la consolidación de poderes locales cuyas rentas se veían mermadas o amenazadas por la izquierda electoral o guerrillera (^{Centro Nacional de Memoria Histórica, 2021}). A todas luces, la disputa generaría una violencia constante y fatigante. Tal es nuestro lapso: la segunda escala de violencia.Vale preguntar, por lo tanto, los alcances de su degradación.

Del territorio al control territorial en contexto de conflicto social armado

El territorio es contemplado como una construcción sociológica que integra múltiples abordajes. Teniendo en cuenta el interés particular de la investigación, este concepto se estudió a través del abordaje geo-sociopolítico. En tal perspectiva, se tiene en cuenta la población, lugar y la jurisdicción lo cual permite reflexionar sobre la cotidianidad de las personas que lo habitan y sus constantes interacciones (^{Rojas y Rodríguez, 2013}). Siguiendo la misma línea, según ^{Silva (2014)}, los territorios se constituyen en el día a día de las personas que, mediante las acciones, brindan cimientos para la construcción de un proceso identitario que solo lo experimentan aquellos sujetos inmersos en el espacio.

El territorio, al ser un espacio de relacionamiento social, económico y político, se encuentra inmerso en dinámicas propias entre las personas que hacen parte de este, por ello, las acciones dadas configuran las estructuras sociales que contemplan los comportamientos tanto de pobladores como de personas externas y lo que Foucault refiere como relaciones asimétricas de poderes (^{Rojas y Rodriguez, 2013}).

El control territorial está enmarcado en la mezcla entre lo político y militar; es decir, una militarización de la sociedad por parte de los grupos armados donde se instrumentaliza la vida civil desde las FARC-EP, circunstancia en que la gente recae en la condición de recurso de conquista. Para ello, los llamados “milicianos”¹ cumplen el rol de observar a la población y sus acciones, de encontrar conductas anómalas y reportar la novedad al grupo guerrillero (^{Cancimance, 2017}). En simultáneo, desde el ámbito político, se da a la presentación de una retórica de salvación mediante la revolución armada, llevando a cabo distintas acciones para legitimar su presencia y su poder en diferentes territorios, las FARC-EP emplearon una dominación sobre la ciudadanía y sus interacciones; cambiando según los criterios de región y tiempo (^{Centro Nacional de Memoria Histórica, 2014}).

Suplantaron funciones del Estado para sumar fuerzas a su proyecto político militar, como método para impulsar la revolución. Una vez cimentados en el monopolio de la violencia, el grupo subversivo reorganiza la vida social en su territorio de influencia (^{Cancimance, 2017}). Así, impulsaron la creación de “autonomías”² coaccionadas por un proselitismo armado, a modo de plataforma en sectores abandonados por el Estado colombiano (Cancimance, 2017). En sí, consistió en tomar reclamos de movimientos populares y convertirlos en bandera de lucha de la organización armada con el fin de aumentar su aceptación. Para la consolidación de esta apuesta se dio paso a la eliminación de los opositores, aunque estos fuesen parte de su misma línea política (^{Domínguez, 2011}).

En sus zonas de influencia, las FARC-EP implantaron mecanismos para controlar la vida cotidiana de los habitantes bajo su apuesta política mediante el “manual de convivencia para el buen funcionamiento de las comunidades”³, es decir, regularon las relaciones afectivas, familiares y de vecindad; la religiosidad, los espacios de participación política y social se encontraban regidos bajo el grupo armado y, dado el caso de incumplirlos, se presentaba un castigo que podía llegar al asesinato o trabajo forzado dependiendo de la falta (^{Cancimance, 2017}). En estos escenarios se dio un cogobierno entre el grupo guerrillero y el Estado, dado que el segundo presentaba poco control, por lo cual la movilidad también fue controlada; siendo necesaria una autorización para transitar por ciertas zonas -especialmente las rurales- (^{García y Revelo, 2018}).

Al ejercer un control territorial se asume la administración de la “justicia”, siendo jueces y parte en la resolución de todo tipo de conflicto donde regularmente el Estado es quien posee la legitimidad; en este caso no, la justicia guerrillera y la comunitaria (o justicia ejemplar) de las juntas de acción comunal suplen cualquier tipo de institución (^{García y Revelo, 2018}). No solo lo social estaba regido por los alzados en armas, la economía tampoco estaba exenta; la adquisición o venta de propiedades se daba bajo los estándares de las FARC-EP al igual que la coacción mediante “vacunas” a la siembra de coca y al procesamiento, transporte y venta de clorhidrato de cocaína (^{Cancimance, 2017}; ^{Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017a}).

Monopolio de la violencia

Teniendo en cuenta la poca presencia de las instituciones del Estado, las FARC-EP gobernaban el territorio y tenían establecido un orden funcional que ocupaba el vacío de poder. Por lo tanto, el sometimiento a la obediencia fue una constante sufrida por los habitantes, la cual se fundamentó en el miedo a una arbitrariedad. En este contexto, la autoridad del grupo guerrillero era reconocida socialmente por la población:

Ellos eran quienes ponían las leyes. Ponían todo, mejor dicho. Y hasta cierto punto, digámoslo así, yo no lo apruebo; para nada, pero hasta cierto punto había como una armonía, por cómo estaba la situación, pues como estaban solo ellos. (Entrevista ex habitante de Puerto Alvira, comunicación personal, 22 de agosto de 2020)

El actor armado de mayor presencia en los contextos narrados por las víctimas, eran las FARC-EP. Justamente, su predominancia las hacía fungir como autoridad y, consecuentemente, persistía un ambiente de tensa calma generado por la intersección entre los ejercicios de control social y la agudización de la hostilidad en medio de las disputas territoriales con el Estado y el Bloque Centauros de las AUC, conformado en 1997 como un proceso de unificación de expresiones paramilitares precursoras de la región como las Autodefensas de San Martín (^{Centro Nacional de Memoria Histórica, 2021}).

El uso de la violencia se legitimaba mediante los discursos, el interés de los actores armados por desarrollar su poder y el contexto de confrontación que profundiza la hostilidad contra la población civil (^{Sabucedo et al., 2006}). A partir del contexto anterior, se infiere que no se daba la aceptación plena de la justicia ejemplarizante impartida por los subversivos, sino, por el contrario, una conformidad frente al actor armado por la funcionalidad de su presencia en la región. “No, pues, allá el único grupo que había en la época al margen de la ley fueron las extintas FARC, que en el proceso de paz se resolvió el asunto ¿no?” (Entrevista Profesor, comunicación personal, 2 de agosto de 2020).

El grupo armado impartió un hostigamiento constante contra funcionarios y funcionarias del sistema de salud, como un ejercicio de poder demostrando su autoridad mediante el uso de la fuerza hasta tal caso que se debían dar explicaciones sobre los procedimientos médicos en el municipio. Al ostentar el monopolio de las armas se impuso el silenciamiento ante las arbitrariedades cometidas por las FARC-EP:

No, es (...) se la llevaron, pero nadie podía hacer nada. Nadie podía decir absolutamente nada, todo el pueblo lo supo. Yo hablé con el entonces secretario de gobierno, él dijo que (de) eso no sabía nada y que no se quería meter. Nadie sabía nada, todo era callado. (Entrevista ex miembro del personal administrativo de salud en Miraflores, comunicación personal, 3 de agosto de 2020)

El silenciamiento, la represión de la libertad de expresión para el control de la información sobre los sucesos violentos y la conducta normalizada sobre la violencia impartida por el grupo armado se evidencian en este caso en particular. Generalmente, la ciudadanía tiene posturas contradictorias sobre las agrupaciones armadas, dado el ocultamiento causado por el ejercicio de la fuerza de estos comportamientos arbitrarios. Por otra parte, logra detectar la ineficacia institucional ante los obstáculos acaecidos por la incidencia militar de los grupos armados y, en este caso, las FARC-EP:

Sí, claro. Claro, allá no podía hablar nadie. Si hablaba, se metía en problemas complicados. ¿El silencio era directamente impuesto o implícito, se sabía? No, se sabía. Se sabía que nadie podía hablar. Entonces, era un escenario donde no se permitía establecer oposición. Sí, claro. En esa época no había autoridad. En esa época no había presencia del Estado, ahí no se podía hacer nada. (Entrevista ex miembro del personal administrativo de salud en Miraflores, comunicación personal, 3 de agosto de 2020)

Nótese la diferenciación establecida por el sujeto entrevistado sobre las formas de poder ejercidas por las FARC-EP frente al Estado. Respecto al primer grupo, se resaltan los ejercicios de dominación atravesados por el autoritarismo, mientras que, al segundo, se le atribuye una legitimidad democrática y garante de sus derechos.

Los silencios impuestos eran una de las formas para sobrevivir en los territorios controlados por las FARC-EP, mediante ellos los habitantes preferían evitar comentarios sobre cualquier tipo de evento, dado que una opinión podía traducirse en una arbitrariedad por el susodicho grupo armado (^{Cancimance, 2017}).

El abandono por parte del Estado permitió al grupo guerrillero ejercer un dominio sobre gran parte del departamento. Si se suma al escenario de disputa territorial entre las FARC-EP, el Estado y el paramilitarismo, aumenta el riesgo de victimizaciones a la población. Lo anterior, se observa en la manera como fue constantemente estigmatizada de ser simpatizante o integrante del grupo subversivo, de los paramilitares o la institucionalidad:

¿La colaboración forzada prestada por el personal de salud no significaba algún perjuicio futuro? Pues, como en Miraflores solo había guerrilla. El problema era cuando la gente llegaba a San José se le decía que era guerrillero y así si se venía de San José que era un paramilitar. (Entrevista ex miembro del personal administrativo de salud en Miraflores, comunicación personal, 3 de agosto de 2020)

El vacío de poder ocupado por las FARC-EP en un municipio como Miraflores, en medio de las disputas territoriales con otros grupos armados, genera diversas formas para cometer las estigmatizaciones, instrumento idóneo para el control territorial. La anterior, se da mediante dos formas posibles. La primera, consiste en la división territorial o en las fronteras instauradas por los grupos armados, haciendo ver al habitante de cada uno como simpatizante del grupo predominante. La segunda, trata de la estigmatización directa a los individuos cuyas características sean indeseables, anómalas o evoquen la presencia del enemigo en el territorio dominado. Por tal motivo, el sujeto no demostró miedo de ser tachado como auxiliador de las FARC-EP, pues Miraflores estuvo controlada por la guerrilla, no había nada más, solo estaba ella.

En lugares aledaños al río Siare, en el departamento del Meta, se entrevén otros elementos respecto al monopolio de la violencia de las FARC-EP. Ante la necesidad de mantener su control social, mediante el uso de las armas llegaron a coaccionar los habitantes del municipio para participar en eventos o actividades donde se imponía la realización de trabajos forzados en pro de las necesidades del grupo subversivo:

Y de ahí para acá he estado acá en el Guaviare, he salido por ahí a trabajar al campo y estuve por allá donde le cuento, en río Siare. Entonces, fue cuando nos tocó salir de por allá a mucha gente porque ya empezaron las reuniones obligatorias para todos. (Entrevista campesina doblemente desplazada, comunicación personal, 11 de agosto de 2020)

Teniendo la narración anterior, es posible relacionar lo dicho a los aportes de autores anteriores. Según ^{Cancimance (2017}), las FARC-EP implementaron prácticas tales como la vinculación de forma obligatoria a actividades, el castigo mediante el trabajo forzado a aquellas personas que incumplieran lo impuesto por el grupo o cometieran infracciones. En ese sentido, el grupo guerrillero empleó medidas “correctivas” a los habitantes, basadas en castigos punitivos. Esto motivó el numeroso desplazamiento forzado de campesinas y campesinos que no se encontraban dispuestos a ser parte de dichos encuentros, los cuales denotaban consigo un control poblacional rechazado.

Otro ejemplo de dominación permitido por el monopolio de las armas ejercido, se vio reflejado en el secuestro de niños, niñas y adolescentes con fines de reclutamiento forzado en el departamento.Véase, por ejemplo, el caso de una campesina quien se desplazó forzosamente de un territorio cuando supo a través de una interceptación, el cometido de las FARC-EP por barrer una zona, “recoger” los menores y sus madres. “¿Eso estaba planificado? Sí, ya tenían planeado eso allá desde hace tiempo, de entrar a recoger lo que pudieran” (Entrevista campesina doblemente desplazada, comunicación personal, 11 de agosto de 2020).

En sus zonas de dominio, las FARC-EP emplearon el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes para incrementar el número de integrantes armados. Lo dicho, se hacía en aras de mantener su control ante la ofensiva adelantada por los grupos paramilitares y el Ejército Nacional a finales de los 90 e inicios de los 2000 en zonas santuario de la insurgencia (^{Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017b}).

Aunque la presencia de guerrilleros en esta zona ha disminuido debido a la firma del Acuerdo de paz pactado en La Habana (Cuba) entre el Estado colombiano y el secretariado del Estado Mayor de las FARC-EP, persiste la existencia de grupos de personas armadas que retoman las zonas abandonadas. “Esa gente siempre se ha mantenido por ahí, eso siempre mantienen por ahí, todavía siguen por allá” (Entrevista ex promotora de salud, comunicación personal, 2 de agosto de 2020).

A partir de lo visto, el monopolio de la violencia puesto en marcha por las FARC-EP consistió en la asunción de aquellas funciones que el Estado no llegaba a cumplir, dada la poca presencia de sus instituciones en la región. Los efectos de ello van desde el establecimiento de un orden funcional que copaba el vacío de poder y proporcionaba, de cierta manera, la resolución de algunas carencias respecto a la autoridad, la ley y la economía hasta una conformidad con la misma. Sin embargo, la anterior no era plena, aquel dominio generaba tensión por los controles y hostilidades latentes en los habitantes.

Por su parte, aspectos como el silenciamiento obligatorio a partir de la fuerza, el ocultamiento de las arbitrariedades y las estigmatizaciones por fronteras o dominios internos, han llevado a la mistificación de los intereses de cada actor armado como a la normalización del entorno represivo y violento. Mediante ello, incurrieron en prácticas violentas contra los inermes, dejando entrever un ambiente de desprotección generalizada.

La suplantación de la justicia

La presencia armada de las FARC-EP en Miraflores los convirtió en la única autoridad, con ello, pasaron a controlar el monopolio de las armas y gozaron la legitimación proporcionada por las comunidades para la resolución de conflictos, inconformidades y quejas:

Pues todo el mundo decía eso (¿qué tal que sea yo?), todo el mundo decía. Incluso, que de pronto por algún mal comentario lo involucraran a uno en algún problema, o que una persona que usaba el servicio de salud no estaba contenta y ponía la queja en la guerrilla. Incluso nos pasó una vez un niño que llegó en malas condiciones por mordedura de culebra, y llegó en las últimas, porque usted sabe que allá la gente primero hace toda esa cosa de rezos y ya cuando están mal van para el hospital, el niño llegó en malas condiciones y finiquitó. Los papás dijeron que fue culpa del hospital y entonces la guerrilla comenzó a molestarnos también. Fue también una situación difícil ahí, hasta que se les explicó cómo había pasado. Esas son las situaciones que pasaban por allá. (Entrevista ex miembro del personal administrativo de salud en Miraflores, comunicación personal, 3 de agosto de 2020)

De acuerdo con la particularidad poblacional del sector salud, visto como uno ajeno a la dinámica de las comunidades y sus autoridades, se observa una vulnerabilidad específica. Nótese, cómo en un contexto de desprotección los rumores, quejas o malos comentarios representaban un riesgo respecto a la perpetración de diferentes hechos victimizantes por la guerrilla. Además, se ilustra el tipo de justicia y los métodos utilizados para indagar dichas acusaciones, permeados por la coacción y el hostigamiento. Claramente, no son los únicos ejecutados en la región.

Ante cualquier tipo de sospecha sobre el personal de salud en tanto su participación en calidad de informantes de las fuerzas armadas o los grupos paramilitares, las FARC-EP emprendían acciones violentas sin una justificación.

En esa época sí, claro, claro. Sí, dudaban del personal pensando que era algo y los tenían permanentemente vigilados. En una oportunidad nos dejaron como casi dos semanas sin poder salir (...) complicada la situación. (Entrevista ex miembro del personal administrativo de salud en Miraflores, comunicación personal, 3 de agosto de 2020)

La disputa agudizó los ejercicios de dominio poblacional en cada territorio debido a la competencia de poder, acontecida por la presencia de otros actores armados en abierta contienda. Tal es el caso de Puerto Alvira, considerada el bastión económico de las FARC-EP durante los 90, lugar donde se evidenciaban los ejercicios que suplantan la justicia y solidifica la incidencia poblacional.

Las relaciones económicas hacen parte de las interacciones del territorio y en este caso particular, las rentas lucrativas del comercio de clorhidrato de cocaína. Es por ello que los grupos armados se disputan el control de las mismas, a lo que ^{Pizarro (2017)} refiere como economía de la guerra: la financiación de grupos armados mediante el narcotráfico. Este poderío económico se emplea para crear un nuevo orden social y reducir los riesgos del negocio de los estupefacientes, para ello se utiliza el ámbito político con elites regionales como una forma de respaldo de la clase política ante su actuar y, asegurando con ello, la estabilidad sus rentas ilegales (^{Duncan, 2017}).

En tal disputa, el 4 de mayo de 1998, alrededor de 200 miembros de las ACCU bajo el mando de Jorge Pirata, en connivencia del coronel Lino Sánchez, llegaron a Puerto Alvira o Caño Jabón, zona rural de Mapiripán y cometieron la duodécima masacre en la que se asesinó a 21 personas⁵ (^{Centro Nacional de Memoria Histórica, 2021}).

Momentos previos a la masacre, un comandante paramilitar se dirigió a la población con una narrativa justificadora sobre los hechos que ocurrirían de ese instante en adelante. En tal lugar, sacaron un listado de nombres de personas que supuestamente eran colaboradoras de las FARC-EP o tenían “cara de guerrillero” para asesinarlas. En concordancia con ello, según una de las personas implicadas, la idea de Vicente Castaño, comandante paramilitar “era dejar el mensaje de que las autodefensas no tolerarían un pueblo guerrillero” (^{Centro Nacional de Memoria Histórica, 2021}, p. 144).

Luego de una incursión de las ACCU en el corregimiento, que resultó en la masacre de Puerto Alvira, se instauró una política de sospecha; es decir, cualquier tipo de actividad anómala o no expresamente autorizada por las FARC-EP era considerada como un intento de auxilio a las fuerzas armadas o a grupos paramilitares:

Acusaron a ciertas personas y las desaparecían, las mataban. Por ejemplo, había un señor, creo que dueño de un local, en el que habían organizado una reunión. Entonces, le acusaban de que estaba realizando reuniones para informarle al ejército o a los paramilitares, acerca de la situación del pueblo. (Entrevista ex habitante de Puerto Alvira, comunicación personal, 22 de agosto de 2020)

La ruptura del dominio territorial de las FARC-EP se vio motivada por incursiones de paramilitares y el Ejército Nacional a zonas consideradas como baluarte del grupo subversivo. La violencia contra la población civil, motivada por la disputa armada, dio paso a diversos tipos de victimizaciones, entre ellas, el asesinato selectivo o la desaparición forzada, esta última modalidad era empleada para intimidar y generar terror de la población, tal hecho violento es catalogado como un crimen de lesa humanidad por el derecho internacional (^{Grupo de Memoria Histórica, 2013}).

Esto generó consigo una respuesta agresiva contra la población civil que fue tildada de auxiliadora de tales hechos desafiantes al orden establecido por los guerrilleros. En otras palabras:

La irrupción de un grupo armado implica un constreñimiento de la población, sometida a las preguntas y acusaciones del grupo armado y a la coacción a colaborar con este, que la convierte -de forma inmediata- en sujeto de posibles señalamientos por el actor armado contrario. (^{Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017a}, p. 59)

El grupo guerrillero fungía como ente investigador y juez en el momento de realizar acusaciones contra la población civil; la autoridad se veía reflejada en el uso de la fuerza como forma legitimadora del poder.

Porque es que mataban a gente por cualquier cosa, por chisme, porque otro lo indicó de algo y entonces ya lo mejor era salir huyendo que quedarse uno por ahí, porque eso sí lo podían llegar a matar a uno. (Entrevista ex campesina cocalera, comunicación personal, 25 de agosto de 2020)

Las personas acudían a las FARC-EP para resolver deudas o problemas interpersonales. Un ejemplo de ello es la narración del ex habitante de Puerto Alvira cuyo padre fue asesinado por el mismo grupo subversivo, al ser acusado de colaborador de las fuerzas armadas:

Yo me acuerdo que mi papá le dijo a mi mamá que ya venía, que iba a llevar a una gente de las FARC para allá arriba y que volvería para desayunar. Él se fue sin desayunar, se había ido en esos chores cortos de esa época y un esqueleto. Ya era el mediodía y no había llegado. Se lo habían llevado para matarlo, mejor dicho. Ya era mediodía, imagínese tanto tiempo a dónde dijo mi papá que iba. Mi mamá sabía que no se demoraba mucho tiempo por allá. Entonces, ella salió a buscarlo en el pueblo a ver si lo encontraba y miró la camioneta de él parqueada en un billar. Fue hasta allá y sólo miró a los dos guerrilleros en el billar, tomando cerveza. Se les acercó y les preguntó dónde estaba mi papá. Los manes le contestaron, con groserías y todo, que ese perro hijuetantas ya estaba muerto por sapo. Le dijeron así. (Entrevista ex habitante de Puerto Alvira, comunicación personal, 22 de agosto de 2020)

En este caso, la familia tuvo que acudir a los mismos asesinos de la víctima para exigir la devolución de bienes personales que había prestado a otra persona antes de su muerte. Los guerrilleros lograron mediante una coacción que la planta fuese entregada, pues, a pesar de las arbitrariedades cometidas eran la única autoridad legitimada en la zona:

El caso es que mi mamá habló con un guerrillero de esos y le comentó eso: “vea, ustedes mataron a mi esposo y él le había alquilado una planta a un señor y no la quiere devolver. Él dice que es mentira, pero mi esposo me había dicho que sólo se la había alquilado”. Entonces los guerrilleros fueron hasta allá con ella y le dijeron al tipo que devolviera esa planta o si no ya sabía qué le pasaba. Como lo que esa gente dice eso es de una vez, pues sí, le entregaron la planta y prácticamente ella se vino con eso: una moto, una planta, con mi hermana menor y mi persona. (Entrevista ex habitante de Puerto Alvira, comunicación personal, 22 de agosto de 2020)

La cita mencionada permite visualizar algunas características que definían la particular forma de hacer justicia por las FARC-EP en sus zonas de dominio. Véase, por ejemplo, su sostenimiento en la amenaza, la violencia racionalizada, ejemplarizante e incuestionable. Es, a todas luces, autoritaria y subyuga la voluntad de los individuos, la invisibiliza y traza una verticalidad propia del militarismo. Justamente, sus órdenes al ser ley y la regla su interés, hace de la justicia un instrumento funcional para consolidar la autoridad y la obediencia de las poblaciones. Un instrumento de dominación lógico de un ejército.

La suplantación de la justicia también trataba de un ejercicio de control de la supuesta criminalidad. Comúnmente, la ocupación del vacío poder de las FARC-EP en las regiones de olvido estatal como Guaviare, ocurría mediante una prolongada introducción de su presencia. Tal cometido se daba a través del diálogo con los pobladores para la eliminación de los criminales de la zona, obteniendo con ello mayor legitimidad. Sin embargo, desde los años 80, el grupo armado se torna más hostil y dichos controles del crimen, hacen simbiosis con la estigmatización (^{Centro Nacional de Memoria Histórica, 2014}).

En El Retorno, el contexto de disputa aceleró la profundización de las estigmatizaciones, esto es, las acusaciones y asesinatos a modo de justicia ejemplarizante; partiendo de sospechas y llegando a grandes castigos. Tal dinámica se daba en virtud de la insubordinación de algunos pobladores, acrecentando el escenario de riesgo y zozobra en los inermes. Así pues, la muerte de un comandante de las FARC-EP en un punto de compra de la hoja de coca, llevó al aumento de los barridos y las difamaciones enfocadas a la ciudadanía.Tal fue el caso de una participante, quien fue tachada de informante paramilitar al salir constantemente del lugar a las cabinas de Telecom:

Pero, entonces, con que lo tilden a uno de esa manera, de ser colaboradora de paramilitares o el Ejército, con eso había hasta muertes. Entonces, nosotros para resguardarnos nos desplazamos, más bien; salimos de ahí con lo que teníamos puesto. (Entrevista ex campesina cocalera, comunicación personal, 25 de agosto de 2020)

Una de las representaciones del conflicto social armado son las amenazas, el fin de ellas es generar un desplazamiento forzado, una práctica empleada por todos los actores armados para afianzar su control en una zona en especial interés, con ello se da un dominio sobre el ámbito político y económico de la región, la intensidad de estos hechos se encuentra ligada a la disputa del control entre varios grupos (Grupo de Memoria Histórica, 2013; ^{Muñoz, 2013}).

Posterior al desplazamiento forzado, las víctimas evitaron hacer mención del nombre del grupo armado, dado que su presencia en la región representaba un riesgo de caer en nuevas victimizaciones, condicionando así, las declaraciones y el acceso a la justicia:

Sí, claro, porque nosotros más que nadie sabíamos que por cualquier cosa mataban, por usted contar algo. Entonces, abiertamente que uno dijera que tal grupo nos sacó desplazados, a nosotros nos costó tiempo empezar a hablar con el nombre propio del grupo armado. (Entrevista ex campesina cocalera, comunicación personal, 25 de agosto de 2020)

El fragmento previo corrobora lo dicho sobre los efectos de la violencia en la expresividad de las víctimas. Nuevamente, la falta de garantías para el bienestar de las poblaciones generó todo un estado de incertidumbre que ocultó la verdad de los hechos presentados, ocultó la historia de las víctimas y rebajó su condición política.

Fue, según ella, una época peligrosa en la que se ejercían actos de violencia contra las personas inermes, sin distinción ni prueba alguna; solo con sospechas.

Como le digo, fue como en lo familiar, porque mis padres distantes, no había un medio de comunicación, después de ello; en menos de un año, mi hermana desapareció (...) Entonces, ella se desapareció a raíz de que estaba sola, nosotros salimos cada uno para un lado y ella quedó sola. No supimos qué pasó con ella, si estaba haciendo algo bueno o algo malo, en ese tiempo desaparecían por cualquier cosa. Para abril de 2003, desapareció ella. (Entrevista ex campesina cocalera, comunicación personal, 25 de agosto de 2020)

Las FARC-EP emplearon la desaparición forzada de sus víctimas como una forma de justicia en dos ámbitos: el primero, el de transmitir un mensaje sobre la vigencia de su autoridad en la zona; el segundo, como forma de ocultar su crimen. Una de las razones para que los grupos armados empleen la desaparición forzada como parte de su repertorio es su mismo método, la desaparición del cuerpo imposibilita el reconocimiento de este hecho victimizante donde la única forma de obtener información es por parte del victimario, generando zozobra a la familia y un sufrimiento prolongado ante el desconocimiento del paradero de su familiar (^{Grupo de Memoria Histórica, 2013}).

La administración de la justicia asumida por las FARC-EP, en medio del vacío de poder, fue un caldo de cultivo idóneo para la extralimitación de su fuerza. Consistió en los ajusticiamientos, es decir, asesinatos y desapariciones, con indagaciones dudosas alimentadas por estigmas o por prejuicios. Se cometieron contra los pobladores cuya conducta fuera indeseada para el grupo armado. Así pues, trató de una justicia ejemplarizante, la cual eliminaba a los individuos indeseados por el grupo armado.

Expropiación de bienes

En este contexto de suplantación de la justicia, las FARC-EP se atribuyó la capacidad de disponer de los bienes personales usurpados a las víctimas. La finalidad fue su integración al inventario del grupo guerrillero:

El carro, ellos se lo robaron, se quedaron con la camioneta que él tenía. Y lo único que le dejaron traer fue una moto, la de él, y una planta eléctrica que tenía. (Entrevista ex habitante de Puerto Alvira, comunicación personal, 22 de agosto de 2020)

Los actores armados despojan las pertenencias de sus víctimas para pasar a ser parte del inventario de bienes de la organización, especialmente aquellos objetos que son de interés específico debido a su funcionalidad (^{Grupo de Memoria Histórica, 2013}).

Manipulación y disposición de cuerpos

Ejercicio de poder para afianzar el control territorial mediante la manipulación de los cuerpos, su permanencia o no en la región:

En esos días, mi mamá definitivamente no tenía más para quedarse allá, entonces ella quería venir para acá. Ella pidió que le dejaran entrar el cuerpo, la guerrilla no dejó, entonces en esa época él quedó enterrado allá en el cementerio de Puerto Alvira. (Entrevista ex habitante de Puerto Alvira, comunicación personal, 22 de agosto de 2020)

En este caso, el control sobre la disposición del cuerpo responde a un ejercicio de poder y humillación por parte de las FARC-EP a la familia de la víctima que, ni una vez asesinado su ser querido, pudieron brindarle una despedida acorde a lo querido. Eso se ve reflejado en que los cuerpos son un territorio a controlar por parte de los actores armados, son objeto de manipulación, eliminación y violencia, es decir, todos los actores en el marco del conflicto social armado han dispuesto de los cuerpos para mostrar su poder frente a las poblaciones y grupos contrarios (^{Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017a}).