Rememoramos:

Rememoramos en esta declaración los 100 años de la Reforma Universitaria de Córdoba, Argentina, del 21 de junio de 1918, donde los estudiantes cordobeses se alzaron contra sus propias autoridades universitarias reclamando un "gobierno estrictamente democrático" y declararon, repugnados por una asamblea universitaria vendida al mejor postor para elegir a un rector que automáticamente se vendía al poder político, que "el demos universitario, la soberanía y el derecho a darse el gobierno propio radica principalmente en los estudiantes".

Rememoramos en esta declaración los 50 años de la matanza de Tlatelolco en México, acaecida el 2 de octubre de 1968 en la plaza de Tlatelolco y mandada ejecutar por el presidente mexicano Gustavo Díaz Ordaz: unos 400 trabajadores, docentes y estudiantes asesinados por el Batallón paramilitar Olimpia, cuando defendían la autonomía universitaria y solicitaban el fin de la represión del Estado contra los estudiantes.

Rememoramos a todas y todos los estudiantes, docentes, trabajadoras y trabajadores de los sistemas educativos; a todos los estudiantes muertos durante los gobiernos militares o en matanzas como las de Iguala (2014) o Jalisco (2018), asesinados en defensa de una educación más incluyente, más justa, integradora, democrática, respetuosa, intercultural y capaz de convertirse en motor transformador de un urgente y necesario desarrollo social humano y solidario.

Los representantes de la educación superior que aquí nos damos cita, reconocemos que las instituciones universitarias se originan, existen y se deben al conjunto de sus sociedades: a las mujeres y los hombres que con los impuestos que nacen de su trabajo, hacen posible el milagro de transformar la información en conocimiento, de generar un pensamiento crítico que beneficia el desarrollo social y sólo puede surgir en el marco de una autonomía universitaria garantizada. En consecuencia:

Denunciamos:

Denunciamos que la fallida autonomía universitaria ha sucumbido a la intrusión insoportable del poder político. Mientras las universidades públicas no tengan garantizada su independencia presupuestaria, no será posible frenar la injerencia del poder político hacia dentro de las instituciones universitarias: es urgente, necesario, imprescindible, constituir pactos nacionales en materia educativa que garanticen la autonomía universitaria y den a las instituciones universitarias instrumentos eficaces para ejercer esa autonomía. La universidad pública no es un apéndice del poder político, no es una propina que se le otorga al ganador de las elecciones y no es la fábrica de legitimación del currículo de los políticos: es una institución de casi un milenio de existencia encargada de generar el pensamiento crítico transformador de las sociedades. Y esto sólo puede hacerse manteniendo una poderosa autonomía que proteja la institución de las injerencias de los poderes fácticos.

Denunciamos la alianza servil de las instituciones universitarias con los poderes políticos y económicos: se pliegan ante los primeros y se humillan ante los segundos. La institución capaz de crear las armas cargadas de futuro que transformen nuestro presente, aparece empequeñecida, representando y sustentando intereses ajenos en lo institucional, pero muy propios en lo personal, por lo que reclamamos como imprescindible, un régimen de incompatibilidades que impida que los órganos unipersonales del gobierno universitario puedan utilizar la institución universitaria como un trampolín que les ayude a alcanzar sus anhelos políticos personales. Remarcamos que los gobiernos universitarios no son el poder, gestionan el poder que sólo ostenta el conjunto de la comunidad universitaria, de la que ellos son sólo sus fieles administradores y transitorios depositarios.

Denunciamos que el modelo neoliberal impuesto desde los poderes transnacionales y autoimpuesto dentro de las propias instituciones universitarias, está generando modelos educativos donde los estudiantes se han convertido en simples clientes que sólo tienen reconocido el derecho a reclamar (y a menudo ni siquiera lo ejercen). Estudiantes excluidos y autoexcluidos del sistema universitario, alienados, inmersos en un fenómeno de terciarización del sistema universitario, donde pueden elegir un presidente del gobierno, pero su voto vale menos que el de un docente de su propia institución para elegir a su propio rector.

Denunciamos la falta de democracia dentro de unas instituciones universitarias caracterizadas por la inexistencia de una mínima división de poderes y donde el poder ejecutivo asume las funciones legislativas y judiciales, todo al tiempo.

Denunciamos que la educación ha sucumbido a las teorías del "capital humano" demandando un conocimiento para ser competentes en el mundo del trabajo y adquirir valor por su capacidad de generar riqueza. El conocimiento, igual que la tierra y el trabajo, se ha puesto al servicio del capital y recibe el trato de mercancías comunes como si fueran un "cachivache" más (Fraser, 2012). Esta instrumentalización del conocimiento y la consideración de su valor de uso nos llevan a sobrevalorar la información neutral o especializada, frente a un conocimiento con sentido, formando a personas sumisas en los marcos globales económicos. Este conocimiento no es el que nos da capacidad para pensar, tomar postura crítica ante la vida y la sociedad y ser libres intelectualmente: en palabras de la escritora Luisa Etxenique "la cultura se convierte en una actividad de tiempo libre y no en lo que nos hace libres todo el tiempo"

Denunciamos que los modelos neoliberales refuerzan una política credencialista selectiva que va a impedir que el alumnado más vulnerable y con menos capacidad económica acceda a las etapas superiores del sistema educativo (bachillerato y universidad) y que todo el sistema educativo se ha vuelto un gran mercado, donde entran las empresas a hacer negocio y se alimenta la competencia entre centros, en pugna para llevarse al alumnado con mejores rendimientos, en lugar de buscar la mezcla, la diversidad y la pluralidad que beneficia a toda la sociedad.

Denunciamos que la mercantilización de la sociedad, junto al patriarcado, realizan una unión basada en la consideración de la educación, la cultura y de las propias mujeres como mercancías, productos intercambiables, justificada bajo una falsa libertad de elección individual, que oculta las diferencias de género, sociales y culturales. La liberalización de servicios, como los educativos en la búsqueda de una educación eficaz dirigida al empleo, tiene consecuencias para la formación de una ciudadanía domesticada, la precarización y control de una profesión docente muy feminizada y la sustitución de una formación igualitaria y plural para la convivencia por una educación competitiva y sexista basada en la ética del más fuerte.

Denunciamos el abandono de la Función Social de la Universidad: lo que debería ser el sentido fundamental de la propia institución, es su misión más desatendida: la superioridad con que mira su entorno socioeconómico le aleja de él y exitosos experimentos ya implantados en otros países, como el reconocimiento con títulos universitarios a las y los trabajadores, de su experiencia profesional a través de un catálogo de titulaciones profesionales, aún no son sino un lejano proyecto. Los títulos universitarios se protegen procelosamente de la sociedad extraña a la institución, pero se convierte en moneda de trueque con los poderes políticos y económicos.

Denunciamos el modelo único y excluyente de "calidad": Los modelos de calidad ni son regionales, ni integradores, ni adaptativos, sino únicos, exclusivos y excluyentes: nos los imponen como la panacea que gobierna las empresas privadas: modelos anglosajones creados por el ejército británico y perfeccionados por las empresas e instituciones estadounidenses, tras la implantación de las normas ISO, "La Calidad" es un concepto finalista asimilado ciegamente por todos los sistemas universitarios, que han asumido que

El concepto es, per se, sinónimo de desarrollo y los estándares de calidad que elaboran las autoridades se constituyen automática e irrefutablemente en "una medida de calidad (y) son tomados como indicadores para los planes de mejora en todas las instituciones universitarias" y los estándares anglosajones son los únicos verdaderos y válidos en los sistemas de acreditación y es necesario priorizarlos sobre los modelos organizativos particulares que se adapten a las realidades concretas de los propios sistemas universitarios.

Denunciamos la falta de inversión en educación pública y en investigación y la necesidad de asegurar la financiación de un modelo de educación superior verdaderamente democrático y autónomo, que elimine desigualdades en el acceso a la educación superior, fomente el desarrollo social de su entorno socioeconómico y posibilite la permanencia y empleabilidad del talento.

Por todo ello, RECLAMAMOS Y EXIGIMOS:

Impulsar, proteger, reconocer explícitamente y consolidar por parte de los gobiernos nacionales la Autonomía Universitaria como garantía de generación de un pensamiento crítico y del consiguiente fomento en el desarrollo de las sociedades iberoamericanas. La garantía de la Autonomía Universitaria es la garantía de una educación basada en la conformación de una sociedad igualitaria en la que alumnas y alumnos podrán desarrollar un pensamiento libre para elegir con conciencia su destino y convivirán en sociedad con dignidad y reconociendo a los demás como semejantes; iguales y singulares.

Fomentar y proteger la libertad y autonomía del profesorado. La autonomía en educación, desde la Escuela Nueva o los movimientos libertarios, ha significado innovación educativa y libertad para tomar decisiones sobre el gobierno de la escuela. Y son los profesores y profesoras con auténtica autonomía pedagógica, la clave para que se produzca el cambio educativo. La profesionalización y mejora de la docencia fijarán el objetivo en alumnos y alumnas y no en los intereses ideológicos de las diferentes reformas.

Iniciar procesos de democratización de los gobiernos universitarios y sistemas de elección directa no ponderada de los gestores de las instituciones universitarias, favoreciendo la presencia de mujeres en los órganos unipersonales de gobierno de las instituciones universitarias.

Potenciar y consolidar la educación superior pública en Iberoamérica mejorando la cantidad de recursos en atención a la mejora de la calidad educativa y al incremento de las matrículas de nuevos estudiantes.

Establecer mecanismos autónomos de control y gestión de la eficiencia del gasto público que, dentro del sistema educativo, aseguren la adecuada utilización de los recursos públicos y la más absoluta transparencia.

Incrementar la inversión y reorientar la misión de los centros de educación superior regionales favoreciendo su especialización y vinculación con su entorno socioeconómico inmediato.

Consolidar el modelo de universidades interculturales donde queden integrados en los currículos, de manera transversal, la diversidad cultural como objeto fundamental de estudio, de manera que los estudiantes conciban una visión panorámica de la variedad cultural presente en el continente. Además, el proceso de adaptación curricular debe permitir el desarrollo de estudios compatibles con el origen y cultura autóctona de los estudiantes.

Dar cumplimiento a los objetivos previstos en la Declaración de Salamanca de 2005, en la que los Jefes de Estado y de Gobierno valoraron la creación de un Espacio Iberoamericano de Conocimiento (EIC) sobre el que la educación superior sustentaría su acción en la investigación, el desarrollo y la innovación. Desarrollar, en este ámbito, mecanismos de gestión y controles de la calidad propios, eficaces y adecuados al contexto socioeconómico dentro de un proceso de Contextualización de los sistemas de calidad de la Educación Superior Iberoamericanos.

Y para que conste y sirva de inspiración y guía a los gobiernos iberoamericanos para el necesario proceso de reforma de las instituciones de educación superior, firman asistentes al congreso los abajo señalados, en el monte Ñielol, Temuco, Chile. 18 de octubre de 2018.

Junta Directiva Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana 2016 - 2020

Dr. Armando Martínez Moya. Presidente, México

Dr. José Rubens Lima Jardilino. Vicepresidente, Brasil

Mtro. José Enrique Cortés Sic. Secretario, Guatemala

Dr. Pascual Mora García. Tesorero, Venezuela

Dra. María Lourdes Alvarado. Vocal, México

Dr. Justo Cuño Bonito. Vocal, España

Mtra. Sandra Liliana Bernal V. Vocal, Colombia

Expresidentes SHELA

Dra. Diana Soto Arango, Colombia

Dr. Luis Celis (+), Chile

Dra. María Cristina Vera, Argentina

Dr. José Rubens Lima Jardilino, Brasil

Dr. Pascual Mora García, Venezuela

Presidente del congreso

Dr. Juan Mansilla Sepúlveda

Universidad Católica de Temuco, Chile

continúan cien firmas...

Fuente: Monte Ñielol. Temuco. Chile, 18 de octubre de 2018. En este lugar se llevó a cabo lectura de la Declaración del Monte Ñielol.

XII CONGRESO INTERNACIONAL, los días 17, 18 y 19 de octubre de 2018, Temuco - Chile.