Espanhol (pdf)
Artigo em XML
Referências do artigo
Tradução automática
Enviar este artigo por email
Citado por SciELO 
Citado por Google 
Similares em
SciELO 
Similares em Google 
Permalink
El gobierno escolar (GE) en la educación inicial en Colombia (Decreto 1860 de 1994, cap. IV), forma parte esencial del Proyecto Educativo Institucional (PEI), de las instituciones de educación oficial y convoca a toda la comunidad educativa para el desarrollo de las acciones democráticas y participativas consagradas en la Constitución Política de 1991, que por medio del sistema de educación se propone una pedagogía política para la formación ciudadana de niñas, niños y adolescentes (Ruiz, Ñáñez & Capera, 2018). El GE, además de un ámbito formativo, es un dispositivo que promueve la participación para la convivencia democrática en la escuela, como establece la norma específica en Colombia (Ministerio de Educación Nacional, 1994), promoviendo la plena convivencia de la democracia en la comunidad educativa (Algara-Barrera, 2016).
El marco normativo del GE en Colombia, inicia con la Ley 115 de 1992, como desarrollo de los principios constitucionales que, sobre democracia, participación política y pedagogía política para todos los ciudadanos, consagró la propia Constitución Política. Antes de ello, es difícil encontrar antecedentes de participación de niñas, niños y adolescentes en el contexto de la formación básica y media (Viveros & Ramírez, 2013), aunque los antiguos rituales de la escuela como los actos cívicos y algunas formas de organización estudiantil, podrían considerarse parte de una insipiente educación y preparación para la ciudadanía (Correa, 2016). Sin embargo, la democracia escolar ha sido una vieja preocupación de investigadores, educadores y políticos en diferentes países y épocas, desde la masificación misma del sistema escolar (Davisson, 1884; French, 1898; Pascal, 1988).
El GE establecido formalmente en la década de los noventa se compone del consejo directivo y el académico, la comisión de evaluación y promoción, el personero estudiantil, el consejo estudiantil, el comité de bienestar institucional, el consejo disciplinario, el consejo de profesores y la asociación de padres de familia. Estas nueve instancias de gobierno en la escuela (Red de Liderazgo Educativo, 2018), funcionan usualmente más desde la práctica ritualista para el cumplimiento de las normas (Estramiana, 2003), que como estructuras estables para una pedagogía política y una promoción de la convivencia democrática, al interior de la institución educativa (Vega, 2006).
De las organizaciones e instancias presentes en el GE, la función de personero estudiantil es particularmente interesante, puesto que con su elección se busca desde la praxis, la apropiación por parte de las niñas, los niños y adolescentes, las formas de participación democrática y el ejercicio público de funciones como representante de una comunidad estudiantil. La elección del personero es una actividad de gobernanza democrática que debe realizarse en los primeros 30 días del calendario escolar y está restringido a que sean los estudiantes del último grado que ofrece la institución, los que pueden postularse como candidatos, lo que obliga a profesores, directivos y padres de familia, especialmente a los profesores del área de ciencias sociales (Cubides, 2001), a realizar una serie de preparativos desde la convocatoria a los candidatos del último grado con que cuenta la institución, así como el proceso de socialización de propuesta de la elección (Ministerio de Educación Nacional, 1994).
La elección del personero forma parte esencial de la implementación de las políticas de GE en la escuela colombiana y es de carácter obligatorio en el sector de educación oficial. Si bien este carácter de obligatoriedad pretende mantener una constante agenda de pedagogía política en la escuela, pueden derivar en dos tipos de prácticas no deseables en el espíritu mismo de la posibilidad de participación política desde edades tempranas: por una parte, que se convierta solo en otra función más de la administración educativa que no está directamente en concordancia con los objetivos de aprendizaje y formación, simplemente que se realice como otra acción sin mucho sentido como muchas que se constituyen en rituales escolares.
Por otra parte, el ejercicio de la elección de personeros en la escuela puede convertirse en un síntoma de reproducción de las malas prácticas políticas al permitir e incluso promover por parte de profesores (Cárcamo, 2015), directivos y familias las prácticas clientelistas que en política se presentan en la sociedad general (Herazo & López, 2016). Si bien el propósito de la elección de personeros tiene un componente pedagógico que sirve como recurso para que los estudiantes aprendan a ser ciudadanos, además de promover la convivencia escolar y el cuidado y promoción de derechos y deberes, también se presentan prácticas que reproducen el peor escenario de la democracia cuando se corrompen los objetivos esenciales de la forma de construcción de la participación política (Chaverrí, 2009; Huerta, 2009).
Metodología
Este artículo es resultado de una investigación de enfoque cualitativo, realizada en instituciones de educación básica de la ciudad de Bucaramanga, Colombia. Para su desarrollo se utilizó el análisis de contenido realizado con diferentes documentos y procesos escolares referentes al gobierno escolar, complementado con la observación de las diferentes etapas del proceso de organización, selección y elección de personeros escolares y se orientó en el análisis de injerencia parental y la injerencia de docentes y directivos en los procesos de ritualización de la elección del gobierno escolar como categorías centrales de estudio.
Prácticas ciudadanas y gobierno escolar
Un lugar común en el análisis político es la declaración de la indiferencia de las niñas, los niños y adolescentes en los temas políticos y en el vacío de legitimidad y el pasotismo juvenil por la institucionalidad (Greenstein, 1965; Rodríguez, 1988); sin embargo, un cambio de perspectiva sugiere que los escolares no son apáticos a la participación democrática, sino, más bien, que existe una gran ausencia de espacios significativos de participación y de realización de la ciudadanía juvenil (Correa, 2016; Reguillo, 2003). La escuela es el escenario social por excelencia para la realización democrática, es decir, no solo para la formación en ciudadanía para el futuro aunque es discutible el efecto de largo plazo de la formación para la democracia en la familia y la escuela (Kiousis, McDevitt & Wu, 2005), sino también para la plena realización y ejercicio de niñas, niños y adolescentes como parte de un sistema democrático (Grau, García & López, 2019).
Por otro lado, las normas y procedimientos que instauran la obligación y la posibilidad de formación y participación política en el sistema escolar, en el caso colombiano desde la Constitución Política de 1991, la Ley General de Educación de 1992 y el Decreto l680 de 1994, no solo son muy recientes en términos históricos, sino, además, han sido implementadas en todos los niveles educativos e incorporadas de manera extensa en los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) (Mosquera & Rodríguez, 2018).
La idea general del fomento de una cultura política, está sustentada en la idea de que una formación política desde los primeros años de escolaridad y la promoción de formas generales de participación entre las niñas, los niños y adolescentes, tendrá un efecto beneficioso en la ciudadanía en general, puesto que existe una formación del comportamiento en lo público que va a determinar desde las primeras etapas, incluyendo la formación primaria en la familia, la estructuración de la ciudadanía. La escuela sirve, entonces, como correa de transmisión y de expresión de la cultura (Bourdieu & Passeron, 2014) y ha sido una institución que históricamente ha servido a la propia estructuración de las formas sociales (Pascal, 1988).
En la implementación de los gobiernos escolares, así como en las cátedras que promueven la construcción de una subjetividad política desde los primeros años formales de educación, se presentan tensiones entre el pleno aprovechamiento de estos espacios para la construcción y el ejercicio de la democrática o el mero cumplimiento de unas normas que conllevan la deformación misma de la política y de la formación y participación democrática, que marcará a unos individuos en su trayecto y significados sobre el ser ciudadano en un país con graves problemas de convivencia y de corrupción en las esferas públicas y privadas (Leal & Dávila, 1990), legitimando una transmisión intergeneracional de reproducción de las malas prácticas políticas (Máiz, 2003).
La escuela de esta manera, puede constituirse en un nuevo dispositivo de transmisión de la corrupción, de los vicios políticos y del oportunismo que impera en una sociedad en permanente crisis de legitimidad de la institucionalidad (Díaz & Raimán, 2017). Por supuesto las instituciones educativas también han sido permeadas por la corrupción y el clientelismo, no es un fenómeno nuevo en el país (Cubillos, 1982; Duarte, 2003) y se da en los niveles administrativos y docentes, así como en los ámbitos locales y regionales (Herazo & López, 2016; Zapata, 2016); pero en el espacio del gobierno escolar, pueden instituirse las rutinas que en lo público conducen a la corrupción (Bognador, 1992), como el clientelismo, la transacción de favores y el intercambio de beneficios a cambio de ciertos comportamientos políticos (Pino & Cárdenas, 2016; Tahull, 2017).
El personero escolar: ¿deformación de la democracia?
En la escuela se presentan conflictos de diversa índole y existen herramientas tanto formales como los manuales de convivencia y las distintas instancias del gobierno escolar, y no informales como la sanción social o moral, la exposición para la vergüenza y la violencia (Bonilla & Jaimes, 2017). En el ámbito del ejercicio de la elección y participación de personeros escolares, se pretende instaurar una instancia de representación entre los estudiantes, no solo para dirimir esos conflictos, sino además para desarrollar actividades desde la misma iniciativa estudiantil. Es decir, una instancia de ejercicio político donde se propone programas o acciones por parte de los candidatos, se realiza el ejercicio del voto universal y se concretan, o no, diferentes actividades.
La norma establece que aquellos estudiantes habilitados para la candidatura deben ser estudiantes del grado más alto que tiene la institución (Ministerio de Educación Nacional, 1994), respaldando el supuesto de que estos son los más preparados y encarnan cierta autoridad sobre sus compañeros de grados más bajos (Arzola, Loya & González, 2016). Entre sus funciones se encuentran organizar, vigilar y velar por el cumplimiento de los estamentos de la comunidad educativa y la promoción y garantía de los derechos y deberes de los estudiantes. Luego estos candidatos presentan sus propuestas a través de campañas políticas, y son elegidos en una jornada electoral que se desarrolla dentro de las instituciones educativas, donde participan los demás estudiantes por medio del voto para la elección de su representante estudiantil.
En el transcurso de las primeras semanas del calendario escolar, las instituciones deben organizar y promover la elección del personero para el mismo periodo del año escolar. Siendo estudiantes en situación de salida, se garantiza que no existe la posibilidad de reelección, sino que cada año debe realizarse de nuevo como estrategia de participación por rotación. Desde el ingreso, las niñas, los niños y adolescentes, participan anualmente de este proceso como electores que deben escuchar las propuestas de los candidatos, lo que constituye un ejercicio democrático periódico para los estudiantes.
Sin embargo, varios factores pueden contribuir a una deformación del modelo pedagógico y de las normas que promueven el ejercicio de elección de personeros. Es importante aclarar que buena parte de estas deformaciones pueden darse en el marco de los propios afanes y coyunturas propias del inicio del año escolar.
Estas fuentes de deformación se obtienen de las observaciones realizadas en diferentes escenarios escolares y con el apoyo de la escasa evidencia empírica en las investigaciones publicadas en el ámbito nacional (Correa, 2016):
Injerencia parental
Los padres ven en la candidatura y elección una oportunidad de liderazgo con beneficios académicos para sus hijos.
Los padres compran la votación a favor de sus hijos a través de publicidad, dulces, comida, obsequios en general y aumento de promesas de difícil cumplimiento.
Los padres animan a sus hijos a realizar campañas sesgadas.
La familia es la primera línea de formación política de la niñez (Páez, 2015), de manera importante el comportamiento político y público se adquiere en este primer espacio de socialización (Chapham, 1982). La escuela de hecho, señala aquellas conductas no adecuadas entre las niñas, los niños y adolescentes como producto del proceso de formación en la familia y reclama la corresponsabilidad en la educación y en el cuidado de los estudiantes. Específicamente en el GE, la evidencia por observación sugiere que, en algunos casos, los padres y otros parientes son quienes más incentivan prácticas de corrupción y clientelismo entre los estudiantes candidatos a personeros, disponiendo los medios para que sus hijos compren el favor de elección de los compañeros a través de regalos y de promesas no realizables, de comida y dulces, de publicidad, tal como sucede en el sistema electoral.
Esta reproducción de las malas prácticas en la democracia, está vinculada a la búsqueda de liderazgo, del mal liderazgo, que quieren los padres para sus hijos y de un saldo de aprendizaje del oportunismo y compra de favores de manera clientelista, con pésimas perspectivas para el sistema social que espera ciudadanos honestos que no legitimen el juego de la corrupción (Díaz, 1986; Mantilla, 2013).
Injerencia de docentes y directivos
Los profesores y directivos sesgan en favor de un candidato la elección.
Minimizan las jornadas de preparación y elección para el cumplimiento simple de la norma.
No dan continuidad al proceso de personería en el gobierno escolar el resto del año académico.
Además de la injerencia familiar, especialmente de los padres, una fuente más informal de malas prácticas en la formación política de los estudiantes, proviene precisamente de docentes y directivos. Las excesivas cargas normativas docentes, las costumbres administrativas y la manipulación de procesos formativos, desfiguran el GE y su funcionamiento. La elección de personeros es siempre una carga administrativa que recae en algunos profesores, quizá sin proponérselo, terminan sesgado la elección a cierto tipo de candidatos deseables como aquellos que observan las normas escolares y no representarán una fuente de conflictos en el año escolar: unas prácticas para que los más "juiciosos" o de mejor rendimiento académico se perfilen como candidatos, reproduciendo la exclusión como norma general.
Otro elemento encontrado es que la elección de personeros no pasa de ser una actividad más al principio del calendario académico, muy parecido con lo que sucede con los denominados juegos interclases, donde se realiza una gran ceremonia de inauguración deportiva, pero que, en la práctica, no promueve el deporte. El GE queda reducido a unas breves jornadas de campaña política y de elección, pero que muy poco incidirá en el GE, posteriormente.
Ritualización de la elección
Los programas del personero se proveen desde la propia institución.
La institución no solo provee programas, sino también las consignas y la orientación de las campañas bajo el precepto de mantener la disciplina.
Los candidatos son seleccionados o participan bajo amenaza de afectación académica en diferentes asignaturas.
Vinculada a las anteriores observaciones sobre el sesgo inducido por profesores y directivos, la ritualización de la elección de personeros puede darse en muchas instituciones como un formato predeterminado, que poco invita a la participación significativa: las mismas promesas, las mismas consignas y los mismos pobres resultados al proveer a los candidatos del discurso estandarizado como proceso de GE. Esta ritualización provoca la apatía y dramaturgia de un proceso que es necesario realizar, pero que no tiene ni el significado ni el efecto formativo ni de convivencia del GE.
Promoción solo de derechos
La idea deformada, desde la selección de candidatos, de que el personero solo debe hablar y trabajar por los derechos (adquiridos y deseables) de sus compañeros, no por la promoción de los deberes.
La construcción de programas sobre la idea generalizada de que los derechos se realizan solo en la esfera recreativa: paseos, fiestas, Jean Day, horas de descanso, libertad de uso de la tecnología, entre otras.
La figura del personero pierde legitimidad, en tanto los estudiantes asumen que su poder de acción es muy limitado y dirigido por las directivas.
La idea generalizada de que la democracia y la participación política solo se refieren a la defensa, logro o mantenimiento de derechos, también es una idea que deforma los modelos de GE. Es posible que los estudiantes refuercen este grave problema social a través de las prácticas de elección de personeros, pues la percepción generalizada de que la participación política se realiza solo en reivindicación de derechos no de deberes, ni de cumplimiento de las normas establecidas, implica ciudadanos acostumbrados solo a recibir beneficios del sistema sin cumplir sus obligaciones ciudadanas.
Otro tipo de observaciones como fuentes de posibles deformaciones del ejercicio normado de elección de personeros estudiantiles hacen referencia, por ejemplo, a los sesgos de género que pueden ser inducidos desde los propios profesores o directivos; las intromisiones a favor de un tipo deseable comportamental de personeros y las tensiones generadas entre las normas y las posibilidades reales para la institución educativa en particular, dada la enorme diferencia entre los contextos sociales y económicos, rurales y urbanos, de edad y grado escolar (Díaz & Raimán, 2017) y los propios objetivos pedagógicos presentes en los PEI.
Es decir, la deformación del modelo de elección y gestión de la figura de personero escolar, tiene que ver especialmente con las condiciones contextuales en que se realiza la elección y el seguimiento de la gestión. En diferentes trabajos de investigación empírica se destaca que el alcance mismo del proceso solo se expresa en términos de elección (Munar, 2016), de una jornada democrática donde la democracia solo se realiza en el sufragio. Por otra parte, se señala la capacidad de otras instituciones para promover la construcción de escenarios de participación de la comunidad educativa en términos políticos, aunque en la mayoría se ritualizan las prácticas y se reduce la democracia a un mero proceso instrumental electoral (Ñáñez & Capera, 2017).
Desde otras perspectivas, se establece que, si bien el proceso de elección de personeros es muy significativo para los estudiantes, no se tiene ningún tipo de continuidad en el mismo que permita realizar seguimiento al cumplimiento de los programas propuestos en las elecciones. Por otro lado, se encuentra evidencia de permeabilización de las elecciones escolares con prácticas de corrupción como compra de votos, distribución de favores, copia de los programas de otros candidatos y entrega promesas que no pueden cumplirse en el ámbito escolar y temporal (Pinzón-Tapias, 2010).
En las concepciones sobre política y participación electoral, los más jóvenes piensan que es un asunto de adultos que poco tiene que ver con sus propias vidas; además, hacen referencia a la política como ámbito de corrupción, pues, según estos, es un ejercicio de intereses particulares, de ahí la importancia de las instituciones educativas en la formación y el ejercicio de una ciudadanía activa, que a diferencia de la "política" es percibida como posibilidad de realización y de bienestar social (Roa, 2012).
Conclusiones
El gobierno escolar, como lo señala la citada ley, es un escenario de formación para la democracia. Por ello, todos los miembros de la comunidad educativa son competentes para participar en la dirección de las instituciones de educación y lo harán por medio de sus representantes en los órganos del gobierno escolar (Ministerio de Educación Nacional, 1994) creado para brindar un espacio a los estudiantes de las instituciones educativas de desarrollarse afectiva, social y moralmente mediante la participación activa y democrática de la toma de decisiones en la vida escolar. Se busca impulsar en los estudiantes actitudes que beneficien las escuelas, las familias y la comunidad en general, formándolos como ciudadanos cívicos y democráticos generadores de grandes cambios sociales donde prima el liderazgo, la autonomía, el cooperativismo como herramienta principal para el cumplimiento de los derechos y deberes.
El gobierno escolar es, además, una estrategia pedagógica para la formación de ciudadanos que, al ser incorporada en los proyectos educativos de las instituciones, promueve el arraigo de los valores democráticos desde las primeras etapas de la escolarización considerando, además, el papel fundamental de la familia en la formación política de las niñas, los niños y adolescentes.
El objetivo principal de la creación del gobierno escolar es la formación y educación de la infancia y adolescencia en la participación democrática, para la generación de una verdadera transformación social; por ello, la importancia de la construcción e implementación de estrategias pedagógicas que permitan desde edades tempranas fomentar la curiosidad, la postura crítica y las ganas de participar en la democracia y la transformación social por parte de niñas, niños y adolescentes.
Existen, no obstante, deformaciones del modelo de gobierno escolar, especialmente en la elección de los personeros escolares. Las prácticas de corrupción y clientelismo en el modelo que pueden generarse desde la familia y escuela, solo reproducen a escala institucional los grandes problemas de cultura política en nuestro sistema social que pueden constituirse en sistemas de transmisión de la corrupción en lo público.
Las prácticas que deforman el modelo del gobierno escolar, incluyen los niveles de involucramiento de la comunidad educativa, reproduciendo algunos de los vicios presentes en el comportamiento político: compra de votos, oportunismo, intercambio de favores, apatía y ritualismo de las niñas, los niños y adolescentes en las instituciones educativas.
Esta reflexión llama la atención del sistema escolar para revitalizar las posibilidades de formación política para la democracia desde la escuela, especialmente involucrando a las familias, profesores y directivas, en el cuidado de las diferentes acciones para una mejor pedagogía política, no solo para el mejoramiento de la convivencia escolar, sino, además, para el logro de un proceso de formación y comportamiento político acorde con los principios del sistema democrático.
