Migración, criminalidad y violencia en la frontera norte de México

Migration, Criminality and Violence in the Mexican North Frontier

Pablo Jesús González Reyes^*

^*Doctor en Ciencias Sociales Aplicadas. Investigador, Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Autónoma de Baja California, Mexicali, México. gonzalez@uabc.mx

Resumen

En el presente artículo se aborda el fenómeno de la migración internacional indocumentada México-Estados Unidos, que junto con el tráfico de drogas ha conducido a que el gobierno estadounidense, en especial en las últimas décadas, establezca mayores medidas de control y contención, a través del reforzamiento en la vigilancia fronteriza.

En este sentido, se plantearon los siguientes objetivos: establecer los nexos entre las políticas migratorias orientadas al reforzamiento de la frontera y el incremento de la actividad delictiva asociada al tráfico ilegal de indocumentados y otros tipos de actividades ilícitas; destacar los riesgos que implica la proliferación de delitos cometidos por bandas organizadas, que operan en el negocio ilícito del tráfico de indocumentados, y resaltar la victimización múltiple de que son objeto los migrantes internacionales indocumentados.

Palabras clave: tráfico ilícito de drogas, delitos, delincuencia organizada, migración, frontera (fuente: Tesauro de la política criminal latinoamericana - ILANUD).

Abstract

This article covers the phenomenon of illegal trafficking of immigrants from Mexico to the United States, which together with illicit drug trafficking, has led the us government to establish more severe control and contention measures - mainly in the past decades - by reinforcing border surveillance.

In this sense, the following goals were set: to establish links between migration policies geared to reinforcing said border and increased crime activity associated to illegal trafficking of immigrants and other types of illicit activities; to highlight the risks involved in the proliferation of offenses made by criminal groups operating illegal trafficking of immigrants; and to point out the multiple victimization international immigrants go through.

Key words: illicit drug trafficking, offenses, organized crime, migration, border (Source: Thesaurus of Latin American Criminal Policy - ILANUD).

Introducción

Consideraciones generales sobre la migración internacional

La migración internacional es una temática que cada día adquiere mayor importancia. Los extraordinarios avances en el campo de la ciencia y la tecnología en los últimos siglos fueron definitivos para el desarrollo de los medios de transporte, los cuales contribuyeron a modificar radicalmente los procesos de distribución y circulación de mercancías, así como el desplazamiento de los individuos, logrando con ello ampliar los niveles de integración de las regiones y vincular las relaciones intercontinentales.

Con los significativos adelantos en el campo de la cibernética y los medios de comunicación, la globalización adquirió un sentido mucho más amplio y profundo, al reproducir las formas de interacción entre los seres humanos en un mundo que se vuelve cada vez más reducido, ante la progresiva superación de las barreras del tiempo y las fricciones de la distancia (Ruiz de Olabuénaga, 2000: 10).

En la actualidad, la intensificación y complejidad de los flujos migratorios entre países tienen su origen en una multiplicidad de factores, que hacen extremadamente difícil el esfuerzo de elaboración teórica que permita dar cuenta de todos los procesos involucrados en el fenómeno migratorio. Es por ello que "...no hay una teoría coherente y única sobre la migración internacional, [sino] un conjunto fragmentado de teorías que se han desarrollado en buena medida aisladas unas de otras..." (Massey et al., 2000: 6).

En el caso específico de la migración internacional México-Estados Unidos, destacan las enormes desigualdades en los niveles de desarrollo entre ambos los niveles de desarrollo entre ambos países, que favorecen a su vez el desplazamiento de mano de obra de las regiones atrasadas hacia aquellas más prósperas. Las condiciones histórico-estructurales que han derivado en la conformación de un campo mexicano caracterizado por el rezago económico y la miseria en la mayoría de sus habitantes, se convirtieron en poderosos factores de migración interna hacia las zonas urbanas, particularmente hacia el área metropolitana de la ciudad de México, y de migración internacional hacia Estados Unidos.

En las décadas más recientes, la reorientación de la política económica del país hacia el neoliberalismo profundizó la crisis del campo mexicano, y aunado a las devaluaciones recurrentes desde mediados de los años 1970, la migración internacional de trabajadores procedentes de las áreas urbanas comenzó a surgir en forma cada vez más frecuente (Martín, 1999: 131).

El surgimiento de nuevas redes migratorias permitió la creación de un capital social que cumple una función integradora en el complejo tejido de interacciones desarrolladas entre los grupos migrantes del país expulsor y del receptor, debido a que favorece las relaciones interpersonales que vinculan a los migrantes con sus parientes, amigos o compañeros de su lugar de origen (Arango, 2000: 291). De acuerdo con Portes, la creación de los lazos sociales a larga distancia "...reduce la incertidumbre y los peligros del viaje para los migrantes más recientes" (Portes, 2001: 121).

Los flujos migratorios México-Estados Unidos

Con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado en el año de 1848, podemos situar los inicios de la migración de personas entre México y Estados Unidos (Corona, 2002: 217). Pero en el siglo XIX, el norte del país se encontraba escasamente habitado, por lo cual el traslado de personas en el límite fronterizo con el país vecino era muy reducido. Por eso podemos considerar que la migración internacional de trabajadores mexicanos a Estados Unidos surgió más bien en el siglo XX, que es cuando empezaron a intensificarse los desplazamientos de trabajadores mexicanos a ese país, como resultado de las condiciones de atraso y miseria en el campesinado mexicano y la creciente demanda de trabajadores agrícolas en la región suroeste de Estados Unidos.

El proceso revolucionario y su etapa posterior ampliaron la brecha de la pobreza en México, de manera que miles de trabajadores rurales vieron como opción laboral ofrecer su fuerza de trabajo a los empresarios agrícolas estadounidenses. A su vez, la interconexión de la línea ferroviaria contribuyó a que se facilitara el desplazamiento de los trabajadores por medio de un transporte más ágil y efectivo.

Con el surgimiento de la Primera Guerra Mundial, los empresarios estadounidenses se vieron afectados en el suministro tradicional de fuerza laboral proveniente del sur y este de Europa, motivo que los condujo al reclutamiento masivo de trabajadores mexicanos (Durand et al., 2001: 109).

No obstante, a partir del periodo de la recesión de fines de 1920, las deportaciones de trabajadores mexicanos indocumentados se incrementaron rápidamente, debido a que la actitud de la ciudadanía estadounidense hacia ellos se tornó muy hostil, al considerar que se estaban apoderando de los empleos de los trabajadores nativos. De 1929 a 1937 fueron arrestados y deportados de Estados Unidos 458.000 mexicanos, mientras que miles más decidieron regresar a su país, ante el clima político adverso generado por el desempleo y la recesión (Massey et al., 2002: 33-34).

En 1942 se creó el Programa de Braceros, que consistió en la contratación legal de mano de obra mexicana para trabajar en las labores del campo en Estados Unidos. Sin embargo, pese a la existencia de este convenio de trabajo legal, la migración indocumentada de trabajadores mexicanos continuó fluyendo, lo cual fue un reflejo del dinamismo de la propia economía de ese país y la posibilidad de adquirir empleo aun en condiciones de indocumentado. Al concluir el Programa de Braceros en 1964, la migración indocumentada se incrementó, y por lo tanto aumentó la vigilancia fronteriza por parte del servicio de inmigración estadounidense.

La determinación de la cantidad de personas que viven en condiciones de indocumentados en Estados Unidos, así como la de los flujos migratorios a ese país, es una labor sumamente compleja (Santibáñez, 1997). Los cálculos que se han realizado a partir del desarrollo de diferentes metodologías dependen en gran parte de los supuestos en los que se basan los diferentes estudios. En este sentido, tenemos que, según estimaciones elaboradas para el periodo de 1965 a 1986, la inmigración mexicana neta total en Estados Unidos fue de alrededor de 5,7 millones, de los cuales, el 81% de esa población estaba en calidad de indocumentada (Massey et al., 2002: 45). De acuerdo con las cifras que maneja el Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos, en 1994 había alrededor de cuatro millones de inmigrantes indocumentados en ese país, y el promedio del crecimiento neto anual de la población indocumentada fue en ese año de 300.000; además, y cerca del 40% de esa población residía en el estado de California y el 60% de los indocumentados eran originarios de México (Ganster et al., 1997: 272).

La represión e inestabilidad política en países centroamericanos como El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras, las condiciones de extrema pobreza en que están sumidos amplios sectores de su población, agudizadas aún más por las devastaciones económicas que provocan las guerras civiles, han contribuido a profundizar la migración internacional indocumentada de numerosos grupos de trabajadores, cuya mayoría se desplaza hacia Estados Unidos con la esperanza de obtener mejores perspectivas de vida. Para llegar a su lugar de destino, deben superar los obstáculos que implica cruzar la frontera sur de México, debido a las extremas medidas de vigilancia impuestas por las autoridades migratorias mexicanas, y posteriormente buscar la manera de trasladarse hacia el norte, donde también deben enfrentar múltiples riesgos y desafíos (Ruiz, 2001).

Antes de que emergiera la guerra civil en El Salvador, en 1979, solo un número reducido de salvadoreños habían emigrado a los Estados Unidos, pero en las siguientes dos décadas, las emigraciones se incrementaron aceleradamente. Se calcula que un millón de salvadoreños abandonaron su país para refugiarse de manera indocumentada en Estados Unidos (Mahler, 1999: 157).

Migración y reforzamiento fronterizo

En 1986, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Immigration Reform and Control Act (IRCA), con la cual se otorgó amnistía a la población indocumentada residente en ese país. Sin embargo, esa medida, lejos de detener la migración de indocumentados, la incrementó, al desencadenarse nuevos flujos migratorios, como parte de un nuevo proceso tendiente a lograr la reunificación familiar (Reyes et al., 2002: iii-iv).

A finales de la década de 1980, Estados Unidos comenzó a presionar al gobierno mexicano para que ayudara a mantener a los migrantes indocumentados centroamericanos fuera de aquel país. Básicamente, el tipo de apoyo requerido consiste en que las autoridades migratorias mexicanas intensifiquen la vigilancia fronteriza del sur de México y deporten a los migrantes centroamericanos antes de que lleguen a Estados Unidos. Como resultado de ello tenemos que en años recientes las deportaciones mexicanas, en especial de centroamericanos, se incrementaron cien veces, al pasar de 1.308 en 1987 a 130.000 cada año, desde 1990 (Jonas, 1999: 179-180).

La creciente presencia en Estados Unidos de migrantes indocumentados de origen latinoamericano, principalmente mexicano, motivó que se otorgara una ampliación sin precedentes a los poderes de la Patrulla Fronteriza estadounidense, incluyendo la canalización de mayores recursos y aumento en el número de agentes, se criminalizó la contratación de migrantes indocumentados y prácticamente se militarizó la frontera México-Estados Unidos (Durand et al., 2001: 112).

Las políticas estadounidenses orientadas al reforzamiento de la vigilancia fronteriza no son resultado únicamente del flujo constante de migrantes indocumentados, sino que responden también a la preocupación por el tráfico de drogas. Si bien es cierto que México es un importante productor de enervantes, su ubicación geográfica lo sitúa en un lugar estratégico para el tráfico de drogas procedentes de grandes países productores de cocaína, marihuana y heroína, como son Colombia, Perú y Bolivia, que tienen en Estados Unidos su principal mercado de consumo. El transporte vía terrestre y aérea de droga procedente de estos países, así como la del nuestro, impacta la frontera México-Estados Unidos, como zona de paso crucial hacia el mercado estadounidense.

En efecto, cabe destacar que, de acuerdo con estimaciones realizadas, dos tercios de la cocaína que llega a Estados Unidos se introduce por la frontera norte de México, al igual que el 30% de la heroína y grandes volúmenes de metanfetamina, así como de marihuana (Das, 2003: 5).

Es debido a ello que en esta zona fronteriza han proliferado en las últimas décadas múltiples células de narcotraficantes, como lo revela el hecho del surgimiento y consolidación de los carteles de la droga, como los de Tijuana, Ciudad Juárez y del Golfo de México. Esta actividad ilícita opera a nivel de delincuencia organizada en torno al tráfico de drogas, pero su red de operaciones se vuelve más compleja en la medida en que los grupos delictivos amplían su campo de actividad combinándolo con otro tipo de actividades ilícitas rentables, como el secuestro, el lavado de dinero, el tráfico de indocumentados, el contrabando de armas, entre otros más.

Debido al alarmante incremento en los niveles de consumo de drogas en Estados Unidos al final de la década de 1970 (Joyce & Malamud, 1998: 24), a principios de la década de 1980 el gobierno estadounidense estableció una campaña más agresiva contra el narcotráfico a través del programa "Guerra a las drogas". Esta política de combate al narcotráfico tuvo importantes repercusiones en la frontera México-Estados Unidos, al incorporar al ejército para la colaboración y apoyo a las autoridades de la Patrulla Fronteriza en la vigilancia de su frontera suroeste. Con esta medida, el gobierno estadounidense inició una nueva fase de militarización fronteriza (Dunn, 1996; Palafox, 1996).

Como era de esperarse, las regiones fronterizas del norte del país son las que más se han visto afectadas en los últimos años ante el tráfico de drogas por la frontera México-Estados Unidos. Así lo demuestran las estadísticas generadas en las encuestas nacionales de adicciones, en donde ubican a los estados fronterizos del norte entre los de mayores tasas de consumo de drogas ilícitas (Souza y Machorro, 2000).

A su vez, en los últimos años el escalamiento en las cifras y niveles de violencia utilizados en los delitos de alto impacto ocurridos en el país, y de manera relevante a lo largo de la frontera norte, se han vuelto en realidad dramáticos y preocupantes, ya que representan para la ciudadanía una sensación de completa inseguridad e indefensión. Realmente impresiona la saña y grado de violencia empleados en las ejecuciones, en donde la decapitación se ha vuelto una práctica recurrente como manifestación de venganza y provocación de temor en los adversarios.

En lo que respecta a la cantidad de personas detenidas por traficar con drogas, la frontera norte del país también se ve impactada por el narcotráfico hacia Estados Unidos. Según lo que se especifica en la tabla 1, en las décadas de 1970 y 1990, la región fronteriza encabezó al país en cuanto al número de delincuentes sentenciados por daños contra la salud. Más aún, en el año 2001 casi la mitad (46%) de las personas sentenciadas por daños contra la salud correspondieron a los estados de la frontera norte de México.

En la década de 1990, las autoridades migratorias pusieron en práctica varios programas para contrarrestar los flujos de indocumentados hacia Estados Unidos. Tradicionalmente orientada a la detención y deportación de indocumentados, la Patrulla Fronteriza estadounidense instrumentó novedosas estrategias basadas en la prevención por medio de la disuasión, con las operaciones Contener la frontera (Hold the Line), en El Paso, Texas; Guardián, en el sector de San Diego; Salvaguarda, en el centro de Arizona, y Río Grande, en el valle del Río Grande, en Texas (Cornelius, 2001: 3-4).

La aprobación de la Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act (IIRIRA) en 1996, incrementó en forma sustancial los recursos para prevenir la inmigración ilegal en la frontera México-Estados Unidos. La estrategia en la vigilancia de la frontera se orientó a bloquear las rutas tradicionales de entrada y cambiar el tráfico de indocumentados hacia áreas lejanas, desérticas e inhóspitas, donde el servicio de inmigración y naturalización tuviera mayores ventajas tácticas. Para lograr ese propósito, se le autorizó a la Patrulla Fronteriza mayor personal, equipo y tecnología para detectar, aprehender y repatriar a los inmigrantes indocumentados (Reyes et al., 2002: v-vi).

Los atentados a las torres gemelas y al Pentágono, el 11 de septiembre de 2001, demostraron la vulnerabilidad del programa de seguridad nacional del gobierno estadounidense. Como medida inmediata, se ordenó la protección de sus fronteras debido al temor de que se infiltraran al país de manera clandestina más grupos terroristas.

Pero la imperiosa necesidad de garantizar la seguridad de sus fronteras obligó al gobierno estadounidense a poner en práctica un sofisticado sistema de vigilancia y control fronterizo apoyado en alta tecnología, lo que se conoce como estrategia de creación de fronteras inteligentes (Ackleson, 2005: 138).

Esto contribuyó a que se presentara un ambiente propicio en diversos grupos políticos conservadores que continuaron presionando para que se reforzara la vigilancia y militarización de la frontera suroeste, haciendo más complicado para los migrantes traspasar la frontera hacia el país vecino del norte.

Si bien al inicio de las administraciones de los presidentes Vicente Fox y George Bush se habían creado expectativas de lograr acuerdos relevantes en materia migratoria entre ambos países, la negativa del gobierno mexicano de otorgar su apoyo a la invasión militar estadounidense a Irak, condujo a un enfriamiento en las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos, lo que a la postre se vio reflejado también en el endurecimiento de las medidas de repatriación de indocumentados.

Como era de esperarse, las circunstancias coyunturales de la crisis económica global han modificado las dinámicas migratorias al reducirse de manera sensible la oferta de empleos en múltiples regiones. Pero no obstante que los flujos migratorios de indocumentados hacia Estados Unidos se han visto mermados con la recesión actual, continúan manteniendo su importancia, al igual que las deportaciones, y por lo tanto los procesos delictivos asociados a estos fenómenos sociales.

Comentarios en torno a algunas implicaciones de la vigilancia fronteriza

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos se ha convertido en un blanco de críticas recurrentes de parte de los defensores de los derechos humanos de los trabajadores indocumentados. En principio, habría que distinguir entre el estatus legal del indocumentado y el del delincuente. En el primero, se trata de la transgresión a las disposiciones normativas en materia migratoria, que contemplan que, para ingresar a Estados Unidos, todo extranjero requiere de una identificación o pasaporte como documento oficial. En el segundo, se refiere a la comisión de conductas delictivas en virtud de la violación de normas sancionadas por el código penal estadounidense. Por lo tanto, ambas conductas, el ingreso a Estados Unidos de manera indocumentada y la comisión de algún delito, tienen diferentes implicaciones y dan como resultado sanciones totalmente distintas.

El problema surge cuando al indocumentado se le quiere tratar como delincuente, sin haber violado ninguna norma penal. El abuso de autoridad por parte de los agentes de la Patrulla Fronteriza, el empleo de fuerza innecesaria y la violación de los derechos humanos del migrante en general, están estrechamente asociados a otros fenómenos de naturaleza sociopolítica, en donde intervienen elementos de carácter racial, étnico, de prepotencia, corrupción y de impunidad de parte de las autoridades migratorias.

En estas circunstancias, el cruce de los indocumentados a Estados Unidos los vuelve proclives a la victimización y a la violencia, no solo de la Patrulla Fronteriza estadounidense sino también de otros grupos que se han ido conformando en la medida en que evoluciona el fenómeno migratorio internacional.

Del lado mexicano, la práctica cotidiana del cruce de indocumentados al país vecino y su incremento en las últimas décadas, ha dado cabida a la creación exponencial de grupos de "polleros" o traficantes de indocumentados, los cuales suelen ser contratados por los migrantes ante los riesgos de cruzar la frontera y el desconocimiento del área por la que van a transitar (Moreno, 2002: 84).

El carácter cada vez más sofisticado de las actividades que realizan estos grupos, sus ámbitos de influencia y la complejidad de las redes que van tejiendo en su organización, suelen convertir al migrante en fácil presa para la estafa, el engaño y la vejación.

En la actualidad, la frontera México-Estados Unidos se ha convertido en una zona geográfica en la que proliferan negocios ilícitos sumamente rentables asociados al tráfico de indocumentados. Por ello, en las últimas décadas se han creado en el país un número creciente de bandas delictivas asociadas a los flujos de migración internacional indocumentada (Ruiz, 2001).

Las políticas antiinmigrantes y el reforzamiento de la frontera norte han contribuido a que los "polleros", "coyotes" o traficantes de indocumentados aumenten el costo de sus servicios por ayudar al migrante a cruzar la frontera, ya que, de 300 a 500 dólares que solían cobrar en años anteriores, después osciló entre 1.300 y 1.800 dólares (Moreno, 1999: 83).

Se estima que más del 70% de los migrantes mexicanos recurren a los servicios del "coyote" o "pollero", y la probabilidad de solicitar los servicios de estas personas para cruzar la frontera aumenta cuando la vigilancia fronteriza se hace más estricta. Tradicionalmente, los "polleros" solían ser más guías que delincuentes, pero en la medida que las sanciones al traficante se incrementan, la frontera se resguarda y el contrabando de las drogas se expande, la naturaleza de su trabajo se vuelve más violenta (Coronado & Orrenius, 2007: 43-44).

Al convertirse el tráfico de indocumentados por la frontera norte en una actividad cada vez más rentable y lucrativa, se estimulan procesos de convergencia entre los intereses de estos grupos y los dedicados al tráfico de drogas. Este nexo, que se ha vuelto más intenso en los años recientes, se observa con claridad en la construcción de decenas de túneles a lo largo de la frontera, por donde se trafican de manera subrepticia tanto drogas, como armas e indocumentados.

Por otra parte, las pérdidas que les ocasionan el ejército o la policía a los narcotraficantes al decomisarles los cargamentos de drogas son compensadas mediante su diversificación en otras actividades delictivas, tales como el secuestro, la extorsión, el tráfico de indocumentados, por citar algunos casos. También se utiliza el cruce de indocumentados para el transporte de droga al menudeo, que si bien está aún lejos de ser el propósito fundamental que motiva al migrante a cruzar la frontera, el empeoramiento de las condiciones de desempleo y la pobreza misma los impulsan inevitablemente a realizar actos desesperados, formando así parte de esta compleja red entre migración indocumentada y desarrollo de actividades ilícitas.

De acuerdo con las estadísticas que reporta el Inegi sobre delitos relativos al tráfico de indocumentados, las zonas del país con mayor número de personas sentenciadas por este delito son Baja California, Tamaulipas, Chiapas y Sonora (ver tabla 2). De 1992 a 1995, el estado de Chiapas encabezó esa lista, debido al incremento en el flujo de migrantes centroamericanos que cruzan la frontera mexicana en dirección a Estados Unidos, los cuales se convirtieron en un atractivo negocio para las bandas de "polleros".

Se observa también en la tabla 2 que a partir de 1996 se da un cambio significativo en el número de delincuentes sentenciados por tráfico de indocumentados. En los estados de Baja California y Tamaulipas, las cifras absolutas se duplicaron respecto a 1995, y en el caso de Sonora, casi se triplicó. Este incremento adquiere sentido si tomamos en consideración que en esos años se intensificó la vigilancia fronteriza con la puesta en marcha de las operaciones Contener la frontera, Guardián, Salvaguarda y Río Grande. Dicho de otro modo, el reforzamiento de la vigilancia fronteriza aumentó la demanda de servicios de los "polleros", como una de las estrategias utilizadas para cruzar la frontera.

Es interesante observar también que el porcentaje de delincuentes sentenciados en Baja California por tráfico de indocumentados ha ido disminuyendo gradualmente a partir de 1998 (35,5 en este año y 21,6 en el 2001). En cambio, el estado de Sonora presenta una tendencia contraria, al aumentar de 8,7 en 1998 a 12,1 en el 2001. Esto se debe al hecho de que los cruces de los migrantes realizados por la frontera Tijuana-California se han ido desplazando hacia el este, como producto de una estrategia deliberada por parte de las autoridades migratorias de Estados Unidos, en la que se pretende reencauzar los cruces hacia las zonas desérticas de Arizona, Nuevo México y Texas (Reyes et al., 2002: vi).

Por desgracia, este cambio en los flujos de indocumentados, más que disuadirlos para evitar que traspasen la frontera, ha incrementado el número de muertes al cruzar por zonas desérticas, por canales y ríos (Cornelius, 2001).

La vigilancia en la frontera mexicana

Las frecuentes violaciones de los derechos humanos de los migrantes indocumentados, así como las presiones del gobierno estadounidense para que las autoridades mexicanas colaboren en la vigilancia fronteriza, fueron dos factores determinantes para que en 1990 el gobierno mexicano creara un nuevo cuerpo policiaco preventivo denominado Grupo Beta. Este organismo está conformado por policías federales, estatales y municipales, con la finalidad de garantizar la protección de los migrantes indocumentados (Valenzuela, 2000: 502).

En 1995 se creó el Beta Sur para reforzar la vigilancia fronteriza entre México y Guatemala. Esta policía se integró con oficiales chiapanecos, que atienden a más de tres mil indocumentados al mes, tanto en estaciones de autobuses, del tren, en las diferentes rutas por las cuales transitan, así como en los lugares donde suelen pernoctar (casas abandonadas, panteones, lavaderos públicos, etc.) (La Jornada, 1998).

Si bien la filosofía que subyace en la creación de este programa preventivo tiene un carácter protector del migrante, el desempeño del Grupo Beta no ha sido del todo exitoso, como se había planeado inicialmente. Además de que los policías laboran con escasos recursos materiales, su trabajo se ha vuelto contradictorio, ya que por un lado reflejan el lado humano, y por el otro se esconde el rostro de la corrupción, al establecer nexos con el narcotráfico, el tráfico y la extorsión de migrantes y el contubernio con las bandas de "polleros" (Velásquez, 2001:1).

Conclusiones

En resumen, la intensidad de los flujos migratorios de indocumentados y el tráfico de drogas por la frontera México-Estados Unidos se incrementó de manera significativa en las últimas décadas, contribuyendo con ello al surgimiento de nuevas políticas estadounidenses orientadas al reforzamiento de la vigilancia y militarización de la frontera, las cuales se fortalecieron aún más ante el temor generado por los ataques terroristas ocurridos hace ocho años, que pusieron en riesgo la seguridad nacional de ese país.

Sin embargo, estas medidas adoptadas no han logrado cumplir su objetivo, que es contener la migración internacional indocumentada, la cual continúa filtrándose por la frontera pese al aumento en los riesgos que implica cruzarla. En cambio, la frontera norte del país se ha convertido en una zona geográfica en donde prolifera la delincuencia organizada, con estrechos y complejos vínculos entre organizaciones de "polleros" o traficantes de indocumentados, grupos de asaltantes, narcotraficantes, secuestradores, tráfico de armas, tráfico de órganos, lavado de dinero y otros tipos más de actividad ilícita, que en contubernio con las autoridades policíacas y de gobierno, hacen de estas acciones negocios ilícitos enormemente productivos, por lo cual es difícil visualizar en esta región un futuro distinto, al menos en el corto o mediano plazo.

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