El estado de las instituciones franciscanas chilenas después de la Independencia

Las instituciones franciscanas chilenas, desde la Independencia, comenzaron a experimentar un proceso de cambios y transformaciones que abarcaba desde la reforma y renovación de aquellas presentes desde la colonia hasta la fundación y llegada de nuevas congregaciones. Los primeros franciscanos llegaron a Chile en 1553; eran miembros de los observantes procedentes de la Provincia Franciscana de los XII Apóstoles del Perú y se autonomizaron de esta en 1572 con la creación de la Provincia de la Santísima Trinidad (Olivares, 1961; ^{Barrios, 2003}). Fueron estos religiosos quienes comenzaron a fundar instituciones adheridas a su espiritualidad; en 1620, era posible, por ejemplo, encontrar en Santiago una VOT (^{Rovegno, 2007}, p. 50). A lo largo de los siglos, la presencia de estos religiosos fue estableciendo estructuras dependientes de la Santa Sede, Colegios de Propaganda Fide o aquellas surgidas del ordenamiento interno de la Orden Franciscana, como Comisariatos, Custodias, Provincias, algunas de corta duración y otras que perduraron hasta los inicios del año 2000.

Los observantes chilenos fueron los que experimentaron más cambios en sus instituciones a partir del proceso independentista. Hacia 1810, en Chile estaban presentes la Provincia de la Santísima Trinidad y el Colegio de Propaganda Fide de Chillán (1756). La primera, después de la independencia, entró en una decadencia denunciada por las autoridades civiles y religiosas, ante la cual hubo una serie de intervenciones, después de las cuales fue posible reestructurarla administrativa y territorialmente (^{Alvarado, 2022}). En el caso del Colegio de Chillán, este fue cerrado en el proceso independentista y reabierto en 1832. En 1838, se hizo cargo de las misiones en la Isla de Chiloé, estableciendo el Colegio del Santísimo Nombre de Jesús (^{Barrios, 2003}, p. 166).

Un nuevo cambio se dio en el marco de la Unión leonina (^{Carmody, 1994}). En 1905 se disolvieron los Colegios misioneros chilenos y se creó una nueva provincia misionera entre los mapuches, denominada de los Siete Gozos de la Santísima Virgen María (“Decreto de erección de la nueva Provincia de los VII Gozos”, 1995, p. 29). Su existencia fue relativamente breve; en 1926 fue dividida y se crearon dos Comisarías autónomas con sedes en Chillán y Castro (^{Iturriaga, 1995}, p. 25). La Unión leonina, además, permitió la liberación de religiosos europeos observantes al reunirlos en nuevas provincias centralizadas y establecer nuevas misiones en diferentes latitudes. Una de esas nuevas presencias se dio en el norte chileno, con el establecimiento de la Comisaría de San José, dependiente de los franciscanos belgas de la Provincia homónima (^{Rovegno, 2018}, pp. 13-14). A mediados de la década de 1930, había 37 religiosos con cinco casas en Iquique, Huara, Vallenar, Copiapó y La Serena (Archivo del Convento de Vallenar 1930-1972, s. f., f. 1-2; ^{Geboors, 1956}, pp. 5-32).

Los observantes fueron la única presencia de la Primera Orden en Chile hasta el año 1848. Ese año, el presidente Manuel Bulnes encomendó al enviado extraordinario y ministro plenipotenciario, Ramón Luis Irarrázaval (^{Salinas, 2011}, p. 253), la misión de representar al dicasterio romano de Propaganda Fide la necesidad de solicitar nuevos misioneros para el sur. Aceptada la solicitud, esta congregación pontificia contactó al enviado con el gobierno general de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos. Ambas partes firmaron un convenio que, en general, estableció el envío de doce religiosos, los cuales debían asegurar una permanencia mínima de diez años; su destino era las misiones de los indígenas en el sur de la República de Chile. Los gastos del viaje y su manutención en el territorio nacional eran responsabilidad del Estado chileno. Los capuchinos debían tener una dedicación exclusiva a la misión entre los indígenas, sin administrar o crear obras, como colegios o dar clases. Y, finalmente, debían embarcarse hacia Chile lo más pronto posible (^{Noggler, 1972}, p. 97).

La presencia de religiosas de vida activa en Chile comenzó a mediados del siglo XIX, pues antes la única forma de vida conocida era la monástica. Esto respondió a un movimiento global en la Iglesia católica. Entre el siglo XIX y XX se fundaron más congregaciones que en todos los siglos anteriores de la historia eclesiástica, con características bien definidas: se denominaron según algún misterio de la vida de Jesús o de su persona, o referida a la Virgen María; pasaron de la noción de obras de caridad al apostolado social, especializándose en atender a diversos grupos sociales vulnerables; se afiliaron a tradiciones espirituales previas; sus gobiernos generales se radicaron mayoritariamente en Roma; y fue relevante el número de comunidades femeninas, aprobándose más de 1100 instituciones (^{Álvarez-Gómez, 1990}, pp. 527-538). Entre estas últimas, 135 adherían a la espiritualidad franciscana (^{Iriarte, 1979}, pp. 556-572).

En el caso de las congregaciones femeninas de vida activa, vinieron a Chile desde Francia, atendiendo a diversos grupos sociales vulnerables y dedicándose a la educación. Destacan las Hijas de San Vicente de Paul, las Hermanas del Buen Pastor, las Hermanitas de los Pobres, las de San José de Cluny y las hermanas de los Sagrados Corazones (^{Langlois, 1984}; ^{Maeyer et al., 2004}; ^{Aliaga, 2003}; ^{González, 2011}). Estas hermanas impactaron a la sociedad chilena por sus formas novedosas de presencia. Fueron institutos de carácter pontificio, lo cual les daba autonomía del obispo local. La cercanía con las religiosas constituyó un acontecimiento, especialmente en sectores populares, ya que ellas renovaron la vida religiosa y de compromiso social de las clases altas, suscitando numerosas vocaciones en ese ambiente. En sus obras apostólicas, como colegios, hospitales, cárceles o asilos de huérfanos, sus cargos, gastos y rendiciones no dependían del obispo, sino de las autoridades civiles (^{Aliaga, 2003}, pp. 101-102).

En el caso de la espiritualidad franciscana, sus institutos femeninos fundados en el extranjero fueron tres con un talante misionero, educativo y de atención a grupos socialmente vulnerables (tabla 1). El bajo número de estas no se condecía con la historia franciscana chilena, pues en la Colonia los monasterios tuvieron una clara impronta franciscana, pero debe reconocerse que el protagonismo franciscano chileno fue lento, probablemente porque la presencia en Chile de las congregaciones femeninas se consideraba suficiente para el trabajo evangelizador o social, fueran estas franciscanas o no.

La presencia de estas religiosas de fundación extranjera se complementó con la creación, entre 1859 y 1929, de diecisiete congregaciones nacionales, de las cuales cuatro adherían a la espiritualidad franciscana (tabla 2). Estas últimas tenían las siguientes características: primero, en su origen estuvieron unidas a las estructuras de los frailes. En segundo lugar, nacieron de asociaciones laicales femeninas previas. Tercero, las hermanas fundadoras tenían estudios y experiencia en el área educativa. Y, finalmente, su misión era la atención de grupos socialmente vulnerables, priorizando a la mujer y la niñez.

La VOT vivió desde finales del siglo XIX una renovación normativa y una difusión de la mano de las iniciativas del papa León XIII, las cuales repercutieron en su apostolado social en Chile. Este papa promulgó en 1883 una nueva regla para esta institución (León XIII, 1907) y convocó un congreso internacional en Roma en el año 1900, en cuyas conclusiones se cimentó su compromiso con la condición obrera: se debía proteger a pequeños operarios y artistas; tener una preocupación por la educación de los jóvenes, especialmente los hijos de los obreros, estableciendo oratorios o escuelas religiosas (^{Editores, 1901}, p. 62); y en cuanto a las obras de caridad, debían procurar “ayudar á fomentar obras é instituciones de caridad ya existentes, y donde no existiesen y no sea posible establecerlas independientes, fúndese en el seno de la misma Orden Tercera” (^{Editores, 1901}, p. 63). En Chile, estas fraternidades laicales, usualmente establecidas en torno a conventos de la Primera Orden (Duhart, 2007, p. 33), se expandieron por diversos lugares del territorio, llegando a fundarse alrededor de 50 de ellas entre 1889 y 1932 (^{Murphy, 1909}, pp. 117-119; ^{Editores, 1911}, p. 224; ^{Pamplona, 1916}; ^{Iturriaga, 2010}).

La Primera Orden y el establecimiento de instituciones educativas

Los frailes de la Provincia de la Santísima Trinidad, a mediados del siglo XVIII, establecieron colegios debido a las leyes de la Corona, que legislaron la obligación de tener religiosos maestros de gramática para los jóvenes seglares de los conventos ubicados en villas o poblaciones mayores, cuya tarea debía ser exclusiva. En los albores de la independencia, producto de las leyes republicanas, surgieron las primeras escuelas conventuales fundadas por los provinciales Tadeo Cosme y José Guzmán y Lecaros en diversos conventos (“Circular del Ministro Provincial Fray Tadeo Cosme obedeciendo la orden de la Excelentísima Junta Gubernativa del Reyno de Chile sobre erección de escuelas de primeras letras en los conventos religiosos”, 1991; ^{Polanco, 1897}, pp. 263-264).

En las últimas décadas del siglo XIX, sus escuelas franciscanas resurgieron iluminadas por la reflexión de los católicos sociales y por decisión de los propios hermanos, para enfrentar la corriente liberal que influyó en una serie de iniciativas y reformas al sistema educativo chileno, que afectaron la función social de la Iglesia. En 1884, la Unión Católica realizó su primera asamblea, con unos dos mil asistentes, entre los que se contaban representantes de las comunidades religiosas, a quienes se les solicitó establecer colegios gratuitos en sus conventos, lo que se hizo efectivo según sus posibilidades (^{Cifuentes, 1936}, pp. 216-223).

Los religiosos de la Provincia de la Santísima Trinidad, en 1885, reabrieron el Colegio San Buenaventura en el Convento de San Francisco de Alameda (^{Lagos, 1910}, p. 523), el cual dependía directamente del Ministro Provincial, era gratuito, con preceptores pagados según la disponibilidad de donaciones y con la presencia de uno o dos hermanos designados por él (“Acta Definitorio 07/09/1887 Sesión sexta”, 1881-1907). En 1889, la administración del colegio quedó en manos del superior del antedicho convento (“Acta Definitorio 17/03/1889”, 1881-1907, p. 83). Estas directrices fueron el modelo de gran parte de los colegios provinciales fundados a partir del Capítulo Provincial de 1893 (“Acta Definitorio 16/11/1893”, 1881-1907, p. 139; Editores, 1893, p. 176). Hacia 1920, estos se encontraban presentes en la mayor parte de las presencias provinciales (tabla 3).

La administración de los centros educacionales fue un proceso complejo. Los superiores locales eran responsables del contrato de personal necesario para las escuelas (Acta Definitorio 05/02/1894, 1881-1907, pp. 142-143) y se les recomendaba generar un fondo para la mantención de estas (Acta Definitorio 04/03/1926, 1921-1930, p. 226), apelando a la caridad de los fieles (Editores, 1898, p. 178). La forma general fue establecer colectas o alcancías en los templos conventuales con autorización del definitorio y cuyas recaudaciones eran exclusivamente para las obras sociales (Acta Definitorio 12/11/1907, 1881-1907, p. 259; Acta Definitorio 15/11/1907, 1881-1907, p. 268; II Sesión capitular 26/12/1929, 1921-1930, p. 341). En casos de mucha necesidad, la curia provincial apoyaba con dinero (Acta Capítulo Provincial 08/02/1916, 1907-1921, pp. 172-173). Algunos católicos dejaban legados a favor de estas obras, como en el caso de Almendral (Acta Definitorio 10/12/1926, 1921-1930, p. 219), Curimón (Acta Definitorio 02/06/1924, 1921-1930, pp. 130-131) y La Granja (Acta Definitorio 12/11/1925, 1921-1930, p. 163), los cuales eran administrados desde la procuraduría provincial. Otros recibían algún tipo de subvención estatal. En Chile, la Ley General de Educación de 1860 obligó a los conventos a tener escuelas si sus rentas se lo permitían, lo cual era determinado por el presidente de la República (Toro, 2015, p. 39). Ello abrió la puerta a subvenciones escolares para colegios conventuales y de atención a la infancia vulnerable. El procedimiento, aparentemente, era a través de la gestión del propio colegio y el apoyo financiero podía ser en dinero o en textos escolares (Carta al Ministro de Instrucción Pública Escuela Franklin, 1885; Carta al Ministro de Instrucción Pública, 1885); sin embargo, estas generaban algunos problemas en la economía de los establecimientos. En 1916, por ejemplo, el superior del Convento de Curicó se quejaba de no recibirla, producto de la crisis económica del país (Acta Capítulo Provincial 08/02/1916, 1907-1921, pp. 172-173).

Fue destacable la opción de financiamiento de la escuela del Convento de Quillota. Su fundador, fray Francisco Muñoz, adquirió dos casas aledañas al convento “con el fin de proporcionarse fondos para el sostenimiento de dicho Colegio” (Acta Definitorio 23/10/1896, 1881-1907, p. 171), las cuales fueron puestas en arriendo y cuyo canon se rendía al gobierno de la provincia separado de los libros del convento (Acta Definitorio 03/04/1898, 1881-1907, p. 183).

Hacia la década de 1920, los colegios de la Provincia de la Santísima Trinidad parecían estar atravesando diversos problemas económicos y administrativos, iniciándose un proceso de decadencia de esta opción provincial. Las razones pueden encontrarse, posiblemente, en las formas asumidas para instituirlos y dirigirlos, y en las nuevas tareas pastorales que se iban asumiendo. Las decisiones pecuniarias, sobre personal y edificaciones, pasaban por el gobierno provincial y no siempre consideraban las características locales o contemplaban variables como la reputación o la relación con los obispos. Las colectas o donaciones variables dificultaban la manutención de obras con gastos estables. Al entregarse la responsabilidad de los centros educativos a los guardianes locales, su buen desempeño quedó supeditado al interés o capacidades de estos. Y, finalmente, una Provincia con un número reducido de religiosos enfrentaba el desafío, en algunos de sus conventos, de asumir colegios y parroquias. En 1930, quedaban establecimientos educacionales en los conventos de La Granja, Patronato de San Antonio, Curicó, Curimón, Talca y Valparaíso (^{Editores, 1930a}, p. 238).

En el caso de la Provincia de los VII Gozos, había escuelas con matrícula para mapuches en las zonas de misión, aunque también, en algunas ciudades, atendían a un alumnado general. Los frailes en las misiones del sur, hacia 1910, mantenían escuelas en Nacimiento, Mulchén, Traiguén, Collipulli, Angol, Lautaro, Temuco, Carahue, Cholchol y Cañete. Además, de sus escuelas en las ciudades de Parral, Chillán, Osorno y Ancud (^{Lagos, 1910}, pp. 524-526), y en la década de 1920 agregaban una escuela y un liceo en la ciudad de Castro (^{Vargas, 1921}, p. 547).

La presencia capuchina en Chile: aunque en sus inicios no proyectaba la creación de escuelas, estas comenzaron a hacer presencia entre los mapuches como en aquellos conventos ubicados en otros territorios chilenos. En el siglo XX, la presencia capuchina entre los mapuches fue destacada. Ellos debieron hacerse cargo del cambio de contexto en La Araucanía, producto de las intervenciones del Estado. Visitaban las comunidades que lo permitían y realizaban misiones ambulantes en ciertos territorios cada dos años. En ellas, los cánticos y parte de las celebraciones rituales eran en lengua mapuche (^{Bengoa, 2002}, pp. 103-105), las cuales se complementaban con las escuelas misionales, que hacia 1910 eran 8, ubicadas entre las actuales regiones de la Araucanía, Valdivia y Los Lagos: Imperial bajo (Puerto Saavedra), Boroa, Padre Las Casas, Panguipulli, Villarrica, San José de la Mariquina y Quilacahuín (^{Lagos, 1910}, pp. 527-528). Estas escuelas fueron fundamentales para la escolarización de la infancia indígena y también de los hijos de campesinos o colonos pobres, pues se ubicaban en las cercanías de las reducciones, a diferencia de las escuelas fiscales, cuyo acceso estaba limitado por las dificultades para movilizarse desde el campo a las ciudades (^{Serrano et al., 2013b}, pp. 298-303).

Además, de su presencia en la Araucanía, los capuchinos fundaron conventos en Santiago, Concepción, La Serena y Valdivia (^{Noggler, 1972}, p. 99). En 1910, en los conventos de Valdivia y Concepción, también se atendían escuelas (^{Lagos, 1910}, pp. 528-529).

Las religiosas franciscanas y sus escuelas

Las religiosas franciscanas, ya fueran de fundación extranjera o nacional, se dedicaron a establecer escuelas propias o a administrar colegios de la Primera Orden o de alguna otra institución eclesial, como la Sociedad Santa Lucía Protectora de Ciegos, el Patronato de San Antonio y la Sociedad Católica de Instrucción y Habitaciones Obreras (tabla 4).

Mayoritariamente, las congregaciones de fundación chilena se instalaron en provincias, mientras que las de fundación extranjera se establecieron en Santiago y desde allí abrieron presencias en provincias. Aunque es posible determinar excepciones en este movimiento; por ejemplo, las Verónicas se fundaron en Santiago, y las hermanas de la Santa Cruz llegaron a la capital después de su instalación en las misiones capuchinas. La distribución geográfica de las escuelas de religiosas franciscanas en Chile permitía descubrir la predominancia de estas en la zona de misiones en el centro-sur chileno. Sus establecimientos estuvieron dedicados a atender a niñas; la infancia mapuche en estos colegios se consideraba fundamental para el sostenimiento y mantenimiento de la fe en sus familias y comunidades (^{Noggler, 1972}, p. 107; ^{Aliaga, 2011}, pp. 52-55). Además, en ambientes obreros, fundaron o se instalaron en escuelas que combinaban la educación científico-humanista con una formación técnica, y en algunos casos atendieron a niños con discapacidad.

Los laicos franciscanos, cooperadores en la educación

Las intervenciones pontificias significaron un auge vocacional para la VOT. Aunque no existen estadísticas precisas, los historiadores franciscanos establecen que esta pasó de alrededor de 1 700 000 en 1900, a unos 4 000 000 de miembros en 1935 (^{Iriarte, 1979}, p. 539; ^{Fregona, 2007}, p. 219). Este impulso global confirmaba y profundizaba el cuidado espiritual y pastoral de la Primera Orden, con lo cual la acción social de los laicos quedaba cada vez más restringida y controlada por los clérigos o religiosos.

El papa Pío X continuó alabando a la VOT y sosteniendo que si la obra de San Francisco de Asís hubiera sido solo su fundación, sería mérito suficiente para alabar su servicio a la Iglesia (1909, p. 498). Sin embargo, profundizó su dependencia espiritual y orgánica de los frailes. En la Primera Orden, se destacaba el origen común, pero se resaltaba la dependencia. Llegó a sostenerse que el florecimiento de la VOT dependía del de los religiosos y que ella era una prolongación de la Primera Orden y de sus obras (^{Casas-Cordero, 1915}, p. 695). Desde estas coordenadas, la creación y desarrollo de obras sociales eran dirigidas por los frailes rectores, y la gestión y recaudación de los fondos necesarios era una labor de los laicos. A esto se debía agregar que, en el caso chileno, a diferencia de otras latitudes de la América colonial, probablemente debido a la pobreza del territorio, las asociaciones laicales no tenían templos ni propiedades, no establecían grandes obras caritativas y su labor se dedicaba generalmente a la solidaridad entre sus miembros (^{Serrano, 2009}, pp. 97-104).

La labor social de la VOT, por lo tanto, comenzó a ser entendida como un apoyo a la acción social de los frailes y a la atención a la infancia obrera o indígena, labor ejercida especialmente por las mujeres. A estas era posible encontrarlas en Chillán o en Santiago confeccionando ropa para los niños vulnerables atendidos desde colegios, templos o misiones franciscanas (^{Lagos, 1910}, p. 529; ^{Editores, 1920}). Sin embargo, no todas las hermanas terciarias se dedicaron a esta forma de caridad cristiana. En Santiago, especialmente en el Convento de San Francisco de la Alameda y su obra, el Patronato de San Antonio, ellas administraban sus colegios de niños, ya sea directamente a través de su Consejo femenino o por otras organizaciones fundadas y dirigidas por estas laicas franciscanas.

Las escuelas del Patronato de San Antonio estuvieron vinculadas desde su inicio a la sección femenina de la VOT del Convento de San Francisco de la Alameda, ya que antes de su fundación, ellas se hacían cargo de la infancia del sector a través de la catequesis (^{Fuenzalida, 1913}, p. 247). La escuela de varones, inaugurada en 1914, dependía del consejo femenino de esta VOT, y este confiaba las gestiones del colegio a algunas de las hermanas consejeras. Por ejemplo, en 1915, las hermanas Lía Ovalle de Errázuriz y Ana Cruchaga de Hurtado, madre de San Alberto Hurtado, realizaron gestiones exitosas para obtener subvenciones ante el Consejo Diocesano de Instrucción y el gobierno civil (^{Editores, 1915}, p. 613). A partir de 1919, al constituirse un nuevo consejo, se incluyó el oficio de visitadoras de escuela (Editores, 1919, p. 360); las dos primeras designadas fueron Corina Castillo de Fernández y María Guilisasti de Urrejola. Posteriormente, ostentaron este oficio las terciarias Ana Cruchaga de Hurtado, Amelia Edwards R. y Domitila Alemany Sánchez (^{Editores, 1929a}, p. 242).

En el caso de la Escuela de Niñas Santa Isabel de Hungría, fundada en 1916, esta fue administrada por organizaciones femeninas de hermanas de la VOT del Convento de San Francisco de la Alameda (Díaz, 1916, p. 271). Estas tenían como finalidad la mejora de las obras del Patronato de San Antonio, como la Sociedad del Catecismo, la Sociedad del Bazar y, en particular, la Sociedad de Labor de San Antonio. Esta última nombraba visitadoras para la escuela (^{Editores, 1917}, p. 262). Esta institución mantuvo el cuidado de la escuela de niñas hasta 1928 (^{Editores, 1928}, p. 73), aunque ella continuó funcionando en el Convento de San Francisco de la Alameda y realizando acciones sociales en el Patronato (^{Editores, 1931b}, p. 338). En 1929, el consejo femenino de la VOT nombraba a la terciaria Ana Cruchaga de Hurtado como visitadora de la escuela de niñas (Editores, 1929b, p. 387). Finalmente, en 1934, llegaron a esta institución las religiosas Franciscanas Terciarias de la Inmaculada (^{Alcover, 1978}, pp. 40-42).

Otra experiencia en colegios de la VOT se dio en Talca. En el año 1924, los laicos franciscanos de esta ciudad solicitaron al gobierno provincial de la Santísima Trinidad una parte de los terrenos del convento para construir una escuela de hombres que sería administrada por esta institución. Esta solicitud fue realizada por la ministra Marina Barros de Munita (Acta Definitorio 21/07/1924, 1921-1930, p. 132; El Convento Franciscano de Talca, 2002, p. 35) (figura 1). En 1925 se dio una respuesta favorable a “condición de que, si deja de ser sostenida la escuela por la dicha V. O. Tercera vuelva el terreno con todas sus mejoras al Convento, sin derecho a ningún reclamo, ni ninguna indemnización por parte de la Orden Tercera ni de ninguna otra persona física o moral” (Acta Definitorio 22/10/1925, 1921-1930, p. 161). Este colegio se mantuvo hasta 1971, cuando fue cedido al Estado chileno (El Convento Franciscano de Talca, 2002, p. 35).

Fuente: Editores (1927, p. 337).

Figura 1 Marina Barros de Munita, Terciara franciscana de la VOT de Talca