Introducción

La figura del prefecto en Perú se remonta a la Constitución Política de 1823², que estableció tal cargo como la autoridad política superior de los departamentos, encargada de mantener el orden y la seguridad pública. La Constitución de 1834 ratificaba a los prefectos y estipulaba, en el artículo 130, que el gobierno político superior de los departamentos había de depositarse en sus manos, cuyo mandato se extendía por cuatro años, mientras que en cada provincia habría un subprefecto cuya duración en el cargo sería idéntica a la del prefecto³. En el artículo 133 de la mencionada Constitución, se establecían también los requisitos necesarios para ser prefecto o subprefecto: nacionalidad peruana, probidad reconocida y tener cumplidos treinta años. Mientras los prefectos eran nombrados directamente por el presidente de la República, los subprefectos eran propuestos por los municipios y nombrados por los prefectos. El cargo se mantiene hasta la actualidad, aunque el Proyecto de Ley 2882/2022-CR impulsado por una Comisión de Descentralización convocada en el seno del Congreso de la República, puso en entredicho a prefectos regionales, subprefectos provinciales y subprefectos distritales como autoridades políticas designadas a cargo del Ministerio del Interior⁴.

Por lo tanto, durante casi dos siglos de historia de las instituciones civiles en Perú, la primera autoridad a nivel regional fue el prefecto, mientras que al subprefecto le correspondía ser la máxima autoridad de las provincias que formaban parte del departamento. Durante los primeros años de la República peruana y hasta bien entrado el siglo xx, las prefecturas y subprefecturas, como entidades de política local, desempeñaron funciones clave en la gestión de las finanzas públicas, apoyando la estructura militar y burocrática necesaria para el fortalecimiento del Estado⁵. A pesar de las dificultades económicas y las múltiples urgencias que enfrentaba el Estado, las prefecturas y subprefecturas en regiones como Junín y Ayacucho⁶ cumplieron tareas fundamentales para mantener la estabilidad y garantizar el flujo de ingresos⁷. Las prefecturas y subprefecturas también contribuyeron a la consolidación del Estado peruano al representar al presidente en sus respectivas zonas, y al asegurar y coordinar con las autoridades políticas locales el cumplimiento de sus responsabilidades administrativas. Por su parte, Remi destaca el papel crucial que representaron los gobiernos locales, en concreto, los alcaldes, en la democratización de la política, constituyendo las instancias a las cuales acudía la población históricamente situada en los márgenes de la nación⁸, mientras que, para otros, como Peralta Ruiz, los organismos de política local funcionaron como instituciones partidistas con labores principalmente de proselitismo e incluso de abierto bandolerismo utilizado para derrocar a la oposición y ensalzar a su candidato en el poder⁹.

Son varias las investigaciones que han tratado temas paralelos al que se presenta en este artículo. Un buen ejemplo lo constituye el trabajo de Velásquez, quien analiza la contradicción suscitada a partir de la puesta en práctica de la Ley de Servicio Militar Obligatorio¹⁰. El autor concluye señalando la dificultad de su aplicación en la estratificada sociedad peruana. Las contradicciones allí señaladas son innegables y observables en el contenido de nuestras fuentes. Por otro lado, la función de los prefectos y tesoreros departamentales en la construcción del Estado postcolonial ha sido analizada previamente por Grompone Velásquez para las regiones de Junín y Ayacucho, aunque no desde el análisis del nacionalismo (como sentimiento de pertenencia), sino desde el rol que el prefecto juega en la construcción del Estado-nación, al articular las finanzas públicas departamentales con el eje estatal¹¹. De modo similar, Martínez Riaza problematizó la historia del departamento como modelo de política regional y la integración de Loreto al Estado, utilizando para ello las memorias administrativas de los prefectos de Loreto desde el año 1879 hasta el año 1914¹². Por lo tanto, aunque persiguen objetivos distintos a los nuestros, los mencionados trabajos han constituido valiosos referentes (más aún, dada la escasez de los mismos) para el estudio de prefectos y subprefectos, y de la construcción del nacionalismo peruano desde las provincias. Y es que, aunque el papel que los prefectos y subprefectos desempeñaron en el ámbito local-regional para hacer cumplir los mandatos de la administración central resulta incuestionable, estos agentes locales no han sido suficientemente explorados por parte del mundo académico. Ello se debe a la confusión documental que existe al respecto, ya que sus memorias están distribuidas entre las diferentes carteras para las que desempeñaron funciones (el Ministerio de Gobierno y Policía, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Fomento), y a que mucha de esta documentación aparece suelta y sin catalogar¹³. Es por ello que el análisis de prefectos y subprefectos como agentes locales implicados en la construcción del nacionalismo está todavía por explorarse. En este sentido, el presente artículo presenta un contenido original y ofrece una nueva perspectiva de investigación para abordar la nación desde el espacio de las autoridades locales.

El litigio fronterizo de 1910 entre Ecuador y Perú supone una ocasión única para analizar el discurso que eclosionó en patriotismo y fue, en buena cuenta, creado y reproducido por las instituciones locales y regionales. Por lo tanto, en las siguientes páginas nos ocuparemos de demostrar la función que, como agentes del nacionalismo fronterizo, realizaron la prefectura y las subprefecturas de la región de Ayacucho, cuyos esfuerzos estaban dirigidos a la movilización de recursos para enfrentar el litigio con Ecuador y a la conformación de un nacionalismo peruano que combatiera la amenaza extranjera ante la inminencia de la guerra¹⁴.

La hipótesis que se sostiene en este trabajo es que el desempeño de prefectos y subprefectos como intermediarios entre el gobierno nacional y las comunidades locales, a través del envío de circulares y telegramas, ayudó a fomentar el “sentimiento de pertenencia”¹⁵ entre la población ayacuchana, espoleando la necesidad de defender la “nación ultrajada” a causa de los altercados que estaban ocurriendo en el Consulado y la Legación de Perú en Ecuador. Sin embargo, el nacionalismo aceptado por la población de todas las clases sociales contaba con limitaciones importantes, no siendo inusual la abierta resistencia a la participación en la guerra.

Para esclarecer la hipótesis, el método del análisis del discurso permitirá analizar el conjunto documental compuesto por los telegramas y circulares enviados entre marzo y mayo de 1910 desde el gobierno central a la prefectura y las subprefecturas de Ayacucho, y viceversa. Al utilizar el análisis documental, pretendemos extraer y clasificar información útil para la construcción del relato histórico¹⁶, mientras que haciendo uso del análisis del discurso pretendemos entender cómo se despliegan los significados de patria y defensa del territorio patrio a través del lenguaje utilizado en circulares y telegramas. De acuerdo con Peña Vera y Pirela¹⁷, aparte de la importancia que reviste la clasificación y análisis de los aspectos formales y de contenido de las fuentes, resulta imprescindible la inferencia de las motivaciones de los autores, que se desprenden del análisis discursivo de aquellas. Así, para la presente investigación se ha consultado información valiosa, como son los documentos, circulares, memorandos y telegramas enviados por el prefecto, subprefectos, gobernadores regionales y demás autoridades, así como una correspondencia firmada por la población indígena y enviada a la autoridad eclesiástica. Todos estos documentos fueron hallados en el Archivo Regional de Ayacucho (aray) y el Archivo de la Subprefectura de La Mar (aslma).

Abordar la nación

Buena parte de los padres fundadores de los estudios del nacionalismo consideraron que este es consecuencia de la política dirigida por los gobiernos o por grupos concretos de interés, a través de la ideología que practican¹⁸. El enfoque ideológico analizaba cómo las naciones se forman a partir de elementos históricos y culturales, creando una nueva interpretación de la historia que otorgaba a cada nación un significado fundamental y metafísico.

Otros estudiosos del nacionalismo han reflexionado acerca de este como un fenómeno que confiere un amplio margen de maniobra al sujeto, al entender que el nacionalismo constituye un proceso de autorreflexión o de elección consciente de los ciudadanos. En este sentido, Renan, en el contexto de la guerra franco-prusiana defendió que la nación es un “plebiscito cotidiano” que demanda un enfoque democrático por parte del Estado¹⁹. Por su parte, tanto Anderson²⁰ como Hobsbawm²¹ enfatizaron la naturaleza imaginada de las naciones, las cuales dependen no solo del sentimiento de pertenencia de sus ciudadanos, sino también de elementos como la definición de fronteras y de la ingeniería social necesaria para su construcción.

Avanzada la década de 1990, de la mano de la obra de Billig²², surgió una nueva corriente para la comprensión del nacionalismo a la que se conoció como “nacionalismo banal”, la cual se concretó poco más tarde con los estudios sobre el “nacionalismo cotidiano” de Edensor²³. La expresión “nacionalismo cotidiano” fue usada entonces para englobar un conjunto de ideologías, creencias y rutinas asociadas a los Estados nación, donde la reproducción del nacionalismo es inferida por los sujetos y no depende ni de la voluntad ni de la imaginación del sujeto nacional, sino de la costumbre y la rutina. En lo que atañe a esta investigación, es posible observar el nacionalismo cotidiano en circulares y telegramas que contienen el relato de prefectos, subprefectos y gobernadores regionales, y en el alegato de la población indígena en su crítica a las exorbitantes tareas que la nación les demanda.

Por último, será útil para la realización del presente trabajo la corriente de análisis que se conoce como “nacionalismo fronterizo”, pues la particularidad del patriotismo nacido de un litigio que se juega en los confines de dos países da lugar a que este se constituya desde una narrativa que identifica los límites geográficos del Estado con el yo nacional, y, por lo tanto, también las fronteras como “elementos de clausura del territorio nacional y como lugar de diferenciación neta con respecto al otro”²⁴. Según lo expone Bonilla Soria, la nación como objeto construido a partir de la disputa fronteriza entre Ecuador y Perú resulta susceptible de ser comprendida por medio del estudio de la narrativa que se utilizó en su constitución:

El objeto de la disputa entre Ecuador y Perú es el espacio nacional. Las prácticas sociales, las políticas de seguridad externa son el resultado de ese objeto construido y pueden, al mismo tiempo, ser concebidas en esta dimensión discursiva: no son meras respuestas a desafíos de una exterioridad dada, sino que edifican también la imagen de la realidad en su diagnóstico, postulación, creación y consecuencias²⁵.

En el contexto peruano, el análisis del nacionalismo de finales de siglo xix y principios del xx se centró, sobre todo, en el producido al albor de la Guerra del Pacífico (1879-1883)²⁶, contienda que evidenció la existencia de diversas corrientes nacionalistas y populares, desmintiendo la noción de un nacionalismo único. En este sentido, Mallon acuñó el concepto de “nacionalismo popular” ²⁷, para resaltar la importancia fundamental que tuvieron los campesinos y los sectores subordinados en la edificación de los Estados nación durante los siglos xix y xx. Su investigación puso de manifiesto cómo, en momentos de invasión extranjera, las comunidades campesinas desempeñaron un papel central. Para la autora, además, la participación política de los marginados se habría visto favorecida por la crisis de los antiguos modelos políticos. Por lo tanto, y en el contexto de la Guerra del Pacífico, Mallon, Méndez²⁸ y Pereyra Chávez²⁹ constataron la existencia de los múltiples nacionalismos producidos por todos los sectores sociales en territorio peruano durante la contienda.

Por su parte, Bonilla Mayta³⁰ y Manrique³¹, quienes también analizaron el nacionalismo surgido del conflicto con Chile, en sus análisis sostuvieron posturas encontradas sobre la motivación de los campesinos liderados por Avelino Cáceres en la Sierra Central. Bonilla planteó que el campesinado carecía de un nacionalismo incipiente, mientras que Manrique argumentó lo contrario, basándose en la defensa de la tierra sostenida por los campesinos ante la ocupación extranjera.

El conflicto fronterizo entre Perú y Ecuador

Desde mediados del siglo xix, la riqueza que generaba el caucho, abundante en las riberas del Amazonas, había sido aliciente suficiente tanto para Perú como para Ecuador, al delimitar su espacio selvático fronterizo y buscar la adhesión de territorios que hasta entonces habían estado olvidados. En ese sentido, desde mediados del siglo xix, Perú había hecho denodados esfuerzos enviando misiones civiles, religiosas y militares de reconocimiento territorial sobre la vertiente oriental del Amazonas³². Es así como Perú creaba, en 1853, el departamento de Loreto, y en 1867, la Comisión Hidrográfica del Amazonas, mientras que Ecuador, en alianza con caucheros proclives al gobierno septentrional, trabajaba en la extensión de su frontera cauchera³³.

El litigio limítrofe entre Perú y Ecuador comprendía, sobre todo, la demarcación de tres áreas: Tumbes, ubicada cerca de la desembocadura del río Tumbes, en el golfo de Guayaquil; Jaén, que se encontraba en el lado oriental de la cordillera de los Andes, entre los ríos Chinchipe y Huancabamba; y Maynas, la más extensa de las tres, situada a lo largo del río Amazonas. En 1832, tras aceptar ambos países la necesidad de definir sus fronteras, fue ratificado el Tratado de Comercio y Amistad “Pando-Novoa”. Sin embargo, la delimitación, objeto último del tratado, fue postergada al solicitarse la intervención del rey de España como árbitro en las disputas entre ambos países, lo que aplazó el contencioso hasta el Convenio Espinoza-Bonifaz de 1887. Sin embargo, el Convenio volvió a aplazarse, obligando a los dos países a encontrarse en la antesala de la firma del tratado García-Herrera, que tampoco llegó a ultimarse debido a la negativa de Perú a aceptar las concesiones en el Amazonas, y de Colombia que, en 1894, rechazaba el acuerdo por considerar que violaba sus límites territoriales. Aunque se buscó nuevamente la mediación del rey español, en 1904 la resolución del litigio seguía sin alcanzarse, creando un clima de tensión que muy pronto fue en aumento³⁴, sobre todo tras la difusión, por parte de la prensa contemporánea, de que la decisión arbitral sería favorable a Perú³⁵. Fueron esos rumores los que llevaron a ambos gobiernos a pedir la mediación del presidente norteamericano, mientras estallaban disturbios en Guayaquil, Quito, Lima y Callao, generando un clima de conflicto latente.

Para el seis de abril de 1910, dirigía la Legación del Perú en Ecuador Germán Leguía y Martínez, primo hermano del presidente de la nación³⁶. Leguía y Martínez había sido enviado como ministro plenipotenciario, encargado de encauzar la situación a expensas del laudo arbitral de Alfonso XIII. En tal fecha, denunció ante el ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Francisco Aguirre Jado, que se habían producido “gravísimos ultrajes” contra la nación peruana. Según lo relató, la turba apedreó el local de la Legación y profirió “groseras expresiones deshaciéndose en amenazas”³⁷. En su testimonio, el ministro plenipotenciario arguyó que se sucedieron los disturbios durante toda la noche del domingo 3 hasta el lunes 4, horas durante las cuáles acontecieron las agresiones contra los símbolos del orgullo patrio. De la misma forma, denunció que se repitieron parecidas manifestaciones en el Consulado peruano en la República de Guayaquil. Además, Leguía y Martínez también señalaba el maltrato que varios peruanos habrían sufrido en Guayaquil, los daños ocasionados en los locales donde estos trabajaban, y agregó que varios de ellos “quedaron reducidos a cenizas”³⁸.

Fue en este contexto que, entre el 9 y el 14 de abril de 1910, se enviaron telegramas desde el Ministerio de Guerra y Marina a las subprefecturas del departamento de Ayacucho en Perú, advirtiendo sobre un posible conflicto armado con Ecuador. Estas comunicaciones urgían a la movilización de batallones hacia la frontera, de acuerdo con la Ley de Servicio Militar Obligatorio de 1898³⁹. La tensión aumentó todavía más cuando la Legación peruana en Ecuador reportó disturbios y amenazas en su sede en Quito. Se exigieron, entonces, reparaciones al gobierno ecuatoriano, incluyendo la reprobación de los hechos, la destitución de autoridades responsables y compensaciones por los daños sufridos, que este se negó a aceptar⁴⁰.

Aunque el secretario de Estado norteamericano en un principio no aceptó fungir de mediador arguyendo que los rumores sobre el veredicto del rey de España eran falsos⁴¹, finalmente tuvo que mediar junto con Argentina y Brasil para evitar la guerra. En mayo de 1910, la intervención de los tres países evitó el conflicto inminente, demostrando la efectividad de los acuerdos internacionales para la resolución de conflictos.⁴²

La conscripción obligatoria

Ante las cada vez más sonadas amenazas de guerra, el prefecto y los subprefectos de las distintas regiones del Perú hubieron de realizar todo tipo de labores conducentes a preparar el terreno con la finalidad de procurar una victoria sobre el Ejército ecuatoriano. La primera y más evidente de sus funciones consistía en movilizar a los jóvenes solteros con edades comprendidas entre los diecinueve y veintitrés años que habían sido elegidos tras el sorteo realizado en función de la Ley de Servicio Militar Obligatorio de 1898. La nueva ley militar, firmada con el auspicio de los mandatarios de la República Aristocrática (1895-1919)⁴³, pretendía centralizar los ejércitos que, desde el inicio de la vida republicana, habían dependido de la capacidad de los caudillos regionales y, sobre todo, imprimir modernidad y legitimidad a un ejército que debía responder a las órdenes del gobierno central⁴⁴. Con anterioridad a esta ley, los batallones estaban constituidos por voluntarios o eran integrados por peruanos obligados a formar parte de las tropas mediante la leva⁴⁵. En cualquier caso, se carecía de una reserva lo suficientemente entrenada y numerosa como para responder con prontitud a una posible amenaza extranjera.

Fruto de esa búsqueda de renovación del aparato militar del Perú, se formulaba la ley de 1898, que dividía en cuatro secciones el grueso de efectivos militares, a partir de ese momento constituidos en Ejército regular, supernumerarios, reservas y Guardia Nacional⁴⁶. Los conscriptos que formarían las tropas eran ciudadanos de 19 a 23 años, llamados a ingresar a las filas como resultado de un sorteo, mientras que los supernumerarios de la misma edad eran considerados parte integrante del Ejército, pero no en servicio activo. En caso de guerra debía recurrirse a los supernumerarios para aumentar los soldados del Ejército y, de no ser estos suficientes en número, a la reserva. Aunque nacía bajo muy buenos auspicios, la ley mostró pronto sus limitaciones⁴⁷ a causa de la incapacidad del Estado de desplegar su accionar en las distintas provincias del país de forma efectiva, y por la falta de transparencia de la que hacían gala los encargados de la formación de las juntas inscriptoras, quienes muchas veces actuaban respondiendo a intereses personales.

Por otra parte, aunque la ley de 1898 establecía la conformación de un ejército permanente, en el Perú el grueso de los soldados tenía calidad de supernumerarios; así que estos no formaban parte del servicio activo; de hecho, en la primera década del siglo xx, las tropas del Ejército regular no superaban los 4.000 hombres⁴⁸.

Al igual que en el caso argentino, la aprobación de la Ley de Servicio Militar Obligatorio⁴⁹ presentaba a la conscripción como una “instancia civilizatoria, creadora de hombres patriotas y decentes”⁵⁰, y es que, en Perú, durante los tres o cuatro años de cumplimiento del servicio militar, los soldados que recibían la instrucción adquirían conocimientos en lectoescritura y aprendían a comunicarse en castellano⁵¹. La nueva ley, por otro lado exigía a los subprefectos, por orden del prefecto, supervisar que se realizara lo decretado por las Juntas Conscriptoras, y que, por lo tanto, todos los hombres sorteados se unieran a las tropas. En este contexto, el 9 de abril, el subprefecto de la provincia de La Mar contestaba al prefecto que cumpliría los incisos que le habían sido ordenados:

1º para que yo haga las inscripciones de todos los jóvenes de 19 a 23 años de edad y hagan sus ejercicios dos veces semanal bajo la dirección de los licenciados del ejército. 2ª para formar relación de estos para que dirijan los ejércitos militares; 3ª para que forme lista de todos los voluntarios que quieran ir a la guerra y otros; y 4º que yo de cuenta semanal a ese respetable despacho⁵².

En la organización del sorteo de los jóvenes que debían integrar las tropas regulares del Ejército, también cumplía una labor incuestionable el prefecto, quien, por orden del gobierno central, y tal como describe el telegrama enviado a las subprefecturas de Huanta, Puquio y Coracora, debía hacer llegar las instrucciones del gobierno, no solo a los subprefectos, sino también a los presidentes de las Juntas Conscriptoras de los departamentos a su cargo.

[…] el primero domingo de junio próximo en la capital de la provincia se haría el sorteo de los jóvenes de 19 años. El sorteo además debía de ser en espectáculo público dadas las circunstancias y aprovechando entusiasmo patriótico para que acto público [sic.] revista formalidad y corrección⁵³.

El telegrama exigía la representación de la ceremonia de la conscripción obligatoria, pues esto significaba anunciar la cobertura estatal del territorio en provincias y, por lo tanto, que la injerencia de la nación llegaba a lugares tan alejados de Lima como Ayacucho. De la misma forma, el nacionalismo se representaba públicamente mediante el recibimiento de los soldados de las distintas localidades en su paso hacia Lima. Así lo recogió el prefecto de Ayacucho, quien escribió al “director del gobierno en Lima”, haciéndole saber que el contingente de licenciados arribados a Huancayo fue ovacionado a su paso por los pueblos “siendo recibidos entre música, cohete y flores.”⁵⁴. Las ceremonias anteriormente descritas evidencian la voluntad de representar a la nación en las distintas provincias del país como un conjunto de hábitos adquiridos y relativos a la civilización que también la vía pública enseña y reproduce⁵⁵. En un territorio nacional como el peruano, que durante los primeros cien años de vida republicana había estado desarticulado y dirigido por caudillos regionales, el representar la existencia de un gobierno centralizado, con capacidad de reproducción en las provincias, resultaba de una importancia crucial.

Además de lo ya mencionado, prefecto y subprefectos no solo se ocupaban de movilizar al Ejército regular sino también de la formación de los batallones de voluntarios y de conseguir las erogaciones necesarias y consecuentes con el capital de la región. En este sentido, en un telegrama dirigido al ministro de Guerra, el general Pedro Muñiz, fechado en mayo de 1910, el prefecto de Ayacucho le recordaba al Gobierno central la desmesurada labor que realizaba en la región, junto con las principales familias, en la recaudación de recursos para la guerra. La sociedad de Ayacucho, a su vez, a través de las juntas patrióticas, se ocupaba de recolectar el dinero y los pertrechos necesarios, para lo que era habitual la organización de eventos a través de los cuales obtener recaudación. En sus empeños por contribuir con la recolección de erogaciones, el 28 de mayo de 1910, el subprefecto de la provincia de La Mar, afirmó que en el distrito de su mando:

he reunido la suma de quinientos sesenta centavos en erogaciones patrióticas, que los vecinos han dado para que se forme el contingente de la Provincia y que salga junto con el contingente de sangre que pide el gobierno y en caso de que no haya guerra nacional, para que sirva para el fomento de la Marina; pues tal es el deseo de los erogantes […]⁵⁶.

Este esfuerzo fue recompensando desde Lima, publicándose en la prensa regional las congratulaciones del gobierno central a los ayacuchanos por medio del siguiente telegrama: “Felicitación a pueblo ayacuchano publicose hojas locales [sic.]; y vecinos muy notables a nombre pueblo suplican retome agradecimiento y felicitaciones grandioso valor en militarización del país”. En otro telegrama del 7 de mayo, el prefecto de Ayacucho vuelve a dirigirse al ministro de Guerra para expresar su admiración acerca del patriotismo demostrado por la población ayacuchana, haciéndole saber que ha salido una partida de cuarenta y dos licenciados del Ejército para instruir a las tropas “en medio del más frenético ardor patrio”, y que a su paso entre la población y las autoridades iban “pronunciándoseles discursos llenos de virilidad y patriotismo”, toda vez que el “pueblo ovacionó y aclamó al presidente, y a vuestra excelencia”. Además, según mencionaba el prefecto, los habitantes de Ayacucho “esperan ansiosos llamamiento” para ser movilizados como “contingente de guerra”⁵⁷.

Como podemos observar, el prefecto no sólo buscaba el reconocimiento del gobierno central por su acción organizadora, sino que también pretendía mostrar su adhesión al mismo. La muestra de fidelidad al gobierno no resultaba banal puesto que en la memoria popular se conservaba muy vivamente el enfrentamiento entre caceristas y pierolistas (1894-1895)⁵⁸ que había dividido a la población del país antes de la llegada al poder de los mandatarios de la República Aristocrática. Por último, en su telegrama, el prefecto aseguraba al General Muñiz que la población ayacuchana, de manera generalizada, se ofrecía libremente para conformar los batallones de voluntarios.

Batallones de voluntarios

Los batallones de voluntarios debían estar compuestos por individuos que no pertenecieran a la primera reserva ni fueran mayores de treinta años. Mientras, los jefes de la categoría de oficial, según el artículo 40 de la Ley de Servicio Militar Obligatorio, serían nombrados para dirigir los nuevos contingentes armados⁵⁹. A partir de estas premisas, en la región de Ayacucho se formaron varios batallones de voluntarios, teniendo registro de los siguientes: Batallones n.°3, n.°7 Parinacochas, Batallón n.º 1 Huanta, Batallón de voluntarios Cangallo, Columna voluntaria de Chungui, Batallón Victoria n.º 1, Batallón 9 de diciembre, Batallón Puquio 1, Regimiento Caballería de Montaña, Columna Voluntarios de La Mar, Batallón Voluntarios de Tambo, Batallón Bolognesi, Batallón de voluntarios (Santiago de Pischa), Batallón de licenciados Lucanas, Columna Huamanguilla, Batallón Municipal de Huanta y Batallón Libres de La Mar.

El pago por parte del gobierno central asignado a los voluntarios que integraran los batallones quedó especificado en un telegrama que recibieron el 7 de mayo de 1910 los subprefectos de Huanta, Puquio y Coracora. En el comunicado se especificaba que los conscriptos voluntarios recibirían un “socorro diario de 25 centavos en la sierra y 35 en la costa”. Mientras que los licenciados por tiempo cumplido obtendrían “50 centavos en sierra y costa”. Por último, los conscriptos en los departamentos de Loreto y San Martín, por ser zonas de Amazonia y todavía en disputa, recibirán un socorro mayor, de “60 centavos diarios y los licenciados un sol”⁶⁰.

A través del ministro de Guerra, y dejando claras sus demandas para las provincias, el jefe del Estado Mayor de Lima, Augusto B. Leguía -quien estaba cumpliendo su primer mandato presidencial (1908-1912)-, enviaba el siguiente comunicado al prefecto de Ayacucho: “Es de suma urgencia conocer relación de licenciados por departamento por carecer jefatura con circunscripción nomina batallón. Sírvase Ud. disponer lo concerniente”⁶¹.

Del mismo modo, en el siguiente telegrama podemos observar cómo el prefecto del departamento de Ayacucho se ocupó de poner en comunicación del presidente el fervoroso patriotismo ciudadano que había conformado los batallones “9 de Diciembre” y “Voluntarios de Ayacucho”, los cuales se encontraban a la espera de recibir la autorización de salir hacia Lima:

Batallones ‘9 de Diciembre’ y ‘Voluntarios de Ayacucho’, así como todos los formados en provincias, esperan ansiosísimos llamamiento contingente Departamento, habiéndose recibido actas en Prefectura que remitió Dirección Gobierno, en que pueblos todos solicitan acuartelamiento y orden respectiva para salir Capital, ponerse órdenes Gobierno aplaudiendo todos viril actitud Gobierno digno honor nacional⁶².

Como podemos observar, estaban dando sus frutos las pretensiones del Ejecutivo, representado por el presidente y el ministro de Guerra, de que la exaltación nacionalista sirviera de reclamo para su estrategia mayor de integración territorial. La población nacionalista, por su parte, esperaba del Ejecutivo que este oficializara su accionar, por lo que solicitaron una “orden para salir a la capital”⁶³.

De forma similar, en Tambo, el 22 de abril de 1910, el subprefecto Osvaldo Patiño Lamurio ofició el acto de aprobación de los jefes y oficiales del “Batallón Voluntarios de Tambo”, quienes “acordaron pedir al Supremo Gobierno […] la aprobación del cuadro de Jefes y Oficiales voluntarios del Batallón” y se apresuraron a su conformación desde el mismo momento en que la patria fue amenazada por Ecuador: En la villa de Tambo capital del distrito de su nombre de la provincia de La Mar, del Departamento de Ayacucho a los veintidós días del mes de abril de mil novecientos diez reunidos expontaneamente [sic.] en la Casa Consistorial el Alcalde Municipal Sr. Ángel La Cruz y todos los vecinos notables, acordaron pedir al Supremo Gobierno por órgano del Sr. Subprefecto de la Provincia don Osvaldo Patiño Lamurio que estaba presente la aprobación del cuadro de Jefes y Oficiales voluntarios del Batallón formado en este distrito desde el momento que se tuvo conocimiento que la Patria había sido víctima de las injustas agresiones del Ecuador⁶⁴.

En el Ayacucho de comienzos del siglo xx se entendía por vecinos notables a aquellos ciudadanos que acumulaban poder en base a la posesión de tierras, educación y dinero, y, a su vez, acaparaban la mayor parte de los puestos de la administración local o regional. Eran los jueces de paz, los alcaldes, los tenientes gobernadores y los subprefectos. Como principal vecino notable y autoridad designada por el prefecto, el subprefecto de los respectivos departamentos tenía una función directa, siendo mediador entre el gobierno local y el nacional, y una legitimidad incuestionable a la hora de aceptar y dirigir la conformación de los batallones de voluntarios.

En la siguiente circular, enviada por el subprefecto de la Provincia de La Mar al prefecto de Ayacucho, podemos observar cómo otra de las funciones del subprefecto consistía en explicar a la población las instrucciones dadas por la autoridad regional con respecto a la preparación de la guerra, quedando también en evidencia la labor de proselitismo que realizaba en su objetivo de que los vecinos de la localidad se “entusiasmen con vivo interés” por la nación:

[…] me constituiré a la capital de este Distrito, el día 13 de los corrientes con el deber sagrado de cumplir de hacerlos reunir a todos los habitantes y hacerlos comprender el sentido del bando. Por mi parte, ofrezco a US tomar actividad y energía, para que los jóvenes de este lugar se entusiasmen con vivo interés defender el honor de la nación⁶⁵.

El 5 de junio de 1910, en San Miguel, el comandante del Batallón Libres de La Mar, quien había sido designado por el subprefecto de la provincia, elevó a este el listado de oficiales que formarían el batallón, toda vez que aprovechó la ocasión para ensalzar el patriotismo de los voluntarios que estaban dispuestos a entregar la vida en aras de enfrentar la agresión a la “bandera por los vecinos indignos del norte”.

Habiendo sido honrado por la designación de us y mis compañeros para asumir la Jefatura del Batallón formado por los jóvenes voluntarios con el fin de defender a nuestra amada patria en el eminente peligro en que se encuentra, me es grato adjuntar a us el cuadro de la oficialidad que deben formar el Batallón Libres de La Mar […]. Antes de terminar debo manifestar a US que todas las personas que forman el citado cuadro se encuentran decididos a lavar con su sangre la covarde [sic.] ofensa inferida a nuestra bandera por los vecinos indignos del Norte⁶⁶.

En la circular que envía el jefe del Batallón Libres de La Mar aparece claramente constituida la dicotomía entre el bien (los nacionales) y el mal (los otros). El bien es representado por los peruanos dispuestos a ofrecerse en sacrificio para lavar la bandera nacional manchada por los ultrajes de los representados como otros (“los indignos vecinos del norte”). Como expone Benedetti, el nacionalismo así constituido busca diferenciar entre “un nosotros, que finalmente oculta y olvida muchas diferencias internas”; frente a los otros, “de los que se omiten las múltiples semejanzas con lo interno”⁶⁷.

El nacionalismo ayacuchano

A 9 de abril de 1910, el señor subprefecto de Cangallo recibió en su despacho el telegrama del prefecto de Ayacucho, donde transmitía el entusiasmo patriótico de la población ayacuchana que, en palabras del prefecto, con “abrumado exceso”, asistió en tanto número a inscribirse en los batallones de voluntarios que tuvo que quedar fuera de los mismos por haberse cerrado las inscripciones. Además, el prefecto aseguraba en su comunicación que también los jóvenes de las familias acomodadas habían acudido a alistarse como voluntarios y que, por lo tanto, no era la población indígena la única que integraba las tropas.

A pesar de que últimos telegramas confirman restablecimiento calma con el Ecuador. La despedida de los voluntarios entre los que van jóvenes de las primeras familias revistió carácter de grandiosas e inexplicables. No se recuerda nada semejante que haya ocurrido en otras épocas. En solo dos días se ha reunido el contingente pedido a Lima con abrumados excesos. Es incontable el número de las personas que han quedado excedentes y no pueden enrolarse por haberse cerrado las inscripciones. De todo el país llegan noticias del más ardiente patriotismo. Por todas partes se viva al gobierno y se aclama a S. E. el presidente de la República⁶⁸.

Dos días más tarde, el 12 de abril, un telegrama firmado por el prefecto de Ayacucho, y dirigido al subprefecto del Cercado, servía para comunicar a este el despliegue regional de hondo patriotismo del que hacían gala los civiles ayacuchanos, los mismos que, con una solución de continuidad un tanto inverosímil, en el año 1824 libraron la última batalla contra los ejércitos realistas y consiguieron la independencia del Perú y, en esta nueva ocasión, a comienzos del siglo xx, se preparaban para enfrentar a los ejércitos ecuatorianos. El reconocimiento a la labor de los prefectos y subprefectos como directores del sentimiento patriótico, está fuera de toda duda:

Felicito efusivamente por conducir al valeroso pueblo ayacuchano por actitud patriótica y levantado que está de acuerdo con sus honrosas tradiciones. Los descendientes de los que sellaron con su valor y sus esfuerzos la independencia de la América del Sur los que siempre tuvieron culto de desintereses y pesar para su patria, los que estuvieron siempre entre los primeros en el momento de la prueba, no podían permanecer impasibles en estos momentos de expectativa nacional⁶⁹.

En el telegrama del prefecto se retoma el pasado mítico en el que se dibuja a los nacionales unidos como un todo, enfrentándose y venciendo a los ejércitos realistas en la Batalla de Ayacucho (1824), antepasados directos estos de los peruanos que, “armados del más fervoroso patriotismo” habían de enfrentarse, en 1910, a los ejércitos ecuatorianos. De igual forma, el 5 de mayo, desde La Mar, la representante de las mujeres patrióticas de Ninabamba volvía a enlazar el discurso nacionalista con el pasado heroico en el acto público de donación de un estandarte al batallón de voluntarios. En su discurso, se destaca a los héroes ofreciendo “el contingente de sus vidas” y a las mujeres, quienes colaboraban “con todo lo que sus facultades alcancen”, unidos para afrontar al “inmortal enemigo de la patria”⁷⁰:

[...] pues, es llegado el momento en el que todo corazón peruano engüido [sic.] de los sentimientos patriótico [sic.] que tan honrosamente nos dieron ejemplo nuestros antepasados en la guerra con nuestro inmortal enemigo, den una prueba práctica de ser dignos descendientes de dichos héroes: los hombres concurriendo con el contingente de su vida y las mujeres con todo lo que sus facultades alcancen […]⁷¹.

Retomando a Smith⁷², en la elaboración del mito fundacional podemos identificar el material ontológico suficiente como para inscribir una naturaleza heroica en el ser nacional, la cual se hace extensible a todas las generaciones de ciudadanos nacionales. Encontramos una construcción del imaginario nacional parecida en el caso chileno. En su estudio sobre la construcción del “roto” como héroe patrio llamado a engrosar las filas del Ejército durante la Guerra del Pacífico, Gabriel Cid demostró cómo la narrativa utilizada por la élite chilena tenía por misión elaborar un relato de continuidad histórica entre los chilenos que vencieron a los ejércitos peruanos en la Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana (1836-1839) durante la primera mitad del siglo xix y aquellos que debían enfrentar a los ejércitos peruano-bolivianos a finales de siglo en la Guerra del Pacífico. Yungay (1839), la batalla que dio la victoria a las tropas chilenas, se constituía así, para el discurso nacionalista, en un pasado mítico, glorioso y emotivo al cual acudir en busca de inspiración para movilizar a los rotos chilenos hacia la nueva guerra⁷³.

La escuela patriota

El esfuerzo de preparación para la guerra que se avecinaba demandaba, además, un requerimiento insólito que se tomó como medida de excepcionalidad: la preparación militar de los niños peruanos que hubieran cumplido doce años. Aunque algunos autores como Ponce⁷⁴ y Sánchez Ortiz⁷⁵ mencionan la participación de los niños soldados en las tropas del Ejército peruano durante la Guerra del Pacífico, ninguno de los autores sostiene que el entrenamiento militar de los infantes a tal edad temprana se diera de forma sistemática y jerarquizada, como sí ocurrió con motivo del contencioso con Ecuador, a partir de la emisión de la Resolución Suprema n.º 247 por parte del Estado⁷⁶. Es así como, el 7 de mayo de 1910, el prefecto del departamento enviaba una misiva al subprefecto de La Mar para darle a conocer la resolución emitida en el mes de abril, en la que el Estado acordaba lo siguiente:

1-Autorizar la práctica de ejercicios militares en los Centros Escolares y Escuelas Fiscales de varones de la República, para los alumnos mayores de 12 años cuya constitución física lo permita;

2-Dichos ejercicios se realizan por la mañana, antes de empezar las faenas escolares, o por la tarde, una vez terminadas aquellas⁷⁷.

En respuesta a lo estipulado por el gobierno central, la Prefectura de Ayacucho mandó un comunicado al ministro de Guerra en Lima, anunciándole que el director del Colegio San Ramón, conforme a lo estipulado en la resolución del 30 de abril, ya tenía a su disposición el material de enseñanza del colegio, pero requería un instructor para la formación militar de los escolares. Dado que, según el prefecto, el único militar experto en la región era el comandante Polar, quien también se desempeñaba como jefe de Circunscripción, el prefecto aprovechaba la ocasión que le ofrecía el comunicado para preguntar al ministro si debía utilizar a Polar como jefe encargado de la instrucción militar de los escolares, y también acerca del número de armas y cartuchos que resultaba conveniente entregar al director del colegio⁷⁸. En otro comunicado, el subprefecto de la provincia, dirigiéndose al ya mencionado director del Colegio Nacional San Ramón y en respuesta al oficio enviado por el mismo el 11 de abril, especificaba dónde debía llevarse a cabo la instrucción militar de los escolares:

[…] deben por ahora la correspondiente instrucción militar en el llano del Arco de esta ciudad los días jueves y domingos de cada semana de horas 7am a 11am. Para en cuya concurrencia puntual Ud. se dignará disponer convenientemente⁷⁹.

En idéntico lugar y horario debían ser también entrenados los alumnos del Colegio Seminario de San Cristóbal, tal como anuncia el prefecto al director de dicho establecimiento educativo. Y terminaba añadiendo: “Se digne disponer lo conveniente recomendando puntual asistencia”⁸⁰.

No todos van a la guerra

El 24 de abril de 1910, Mariano M. Sulca, subprefecto de la provincia de La Mar, escribió en respuesta a la petición del prefecto de Ayacucho, anunciándole que se encargaría de que “a la brevedad posible voten a todos los jóvenes desde las montañas para ejercicio Militar en los tres pueblos Huallhua, Anchihuay y Anyay”⁸¹, donde, “ya comenzaron con los ejercicios bajo la dirección de los licenciados y desde el domingo próximo principiarán en los demás pueblos”. No obstante, Sulca tenía que enfrentar el problema de que la mayor parte de los hombres que debían formar las tropas se encontraban en las montañas⁸². Y es que, a comienzos del siglo xx, la más grande proeza que debía realizar el Estado peruano, en su esfuerzo por poner en práctica la Ley de Servicio Militar Obligatorio, era conseguir que la población indígena, que integraba en un 60% los ejércitos, dejara de entender a la patria como un ente abstracto que buscaba cobrarse únicamente “el tributo de sangre” sin ofrecer nada a cambio⁸³. Por otro lado, aunque la ley de 1898, en teoría, instauraba el servicio militar obligatorio, en la práctica, las Juntas Conscriptoras, diferenciaban las condiciones de los soldados llamados a filas, estableciendo un recurso de excepcionalidad para que los hijos de las clases propietarias no integrasen las tropas⁸⁴, lo que creaba descontento entre la población indígena, que era consciente de la diferenciación que existía entre ella y los “vecinos notables”.

El 21 de abril de 1910, el subprefecto de la provincia de La Mar daba cuenta, en la siguiente circular dirigida a la Prefectura, de las deserciones que ocurrían entre los que eran llamados a filas y resaltaba la necesidad de amonestarlos por medio de los gobernadores de los distritos:

En vista de su apreciable oficio Nº 228 haré las investigaciones posibles para que los desertores del Ejercito sean aprendidos conforme a la relación adjunta de US que yo a mi vez transcribiré a los tenientes gobernadores del distrito de mi mando⁸⁵.

De la misma forma, en una circular del 23 de abril de 1910 dirigida por la subprefectura del Cercado al prefecto de Ayacucho, la autoridad expuso haber recibido una relación del gobernador de Lucanas el 19 de abril, en la que informaba que el soldado Dionisio Nolasco y Enríquez había desertado del Régimen de la Artillería de Montaña de Lucanas, el mismo que todavía “no ha vuelto a su hogar sin duda por el corto tiempo que hace de su deserción”, motivo por el cual el subprefecto se ofreció a investigar su paradero⁸⁶.

Los hacendados, por su parte, tampoco estaban por la labor de ceder su fuerza de trabajo para que sirviera como contingente de guerra a cambio de nada, como se desprende del contenido de la siguiente misiva que envió, desde San José de Ninabamba, uno de los principales terratenientes de la localidad a Osvaldo Patiño, subprefecto de la provincia de La Mar. En la carta, contestaba a la circular n.º 208 enviada por la Subprefectura, en la que mandaba la realización de ejercicios militares y la inscripción en batallones de todos los hombres aptos que fueran trabajadores de hacienda. En su respuesta, el hacendado aseguraba que, “como nadie ignora, esta finca no tiene gente propia, motivo por el cual, me privo de dar cumplimiento a la ordenanza”⁸⁷. Y es que, si bien el Estado peruano buscó crear entre sus ciudadanos un sentimiento de pertenencia y deber nacional que naturalizara la obligación de formar filas, la resistencia de hacendados y de las comunidades indígenas, así como las limitaciones coercitivas del propio Estado, obligaron a negociar y adaptar la Ley de Servicio Militar Obligatorio y, en la medida de las posibilidades del Estado, a aplicar sanciones a todos aquellos que no estuvieron dispuestos a aceptar sus exigencias.

Por su parte, para la población considerada “indígena” resultaban especialmente pesadas las cargas a las que obligaba la institución estatal. Para ellos, población en los márgenes del Estado, la nación peruana conformaba un ente abstracto que les exigía los mayores sacrificios a los de su clase. Así se desprende de una carta mandada por “los indígenas de las distintas comunidades de San Miguel” (La Mar, Ayacucho), que no consigna fecha pero que se encontró entre los legajos de la Prefectura de Ayacucho para los años 1910-1914. En la misiva, dirigida al obispo, se le informa en tono de denuncia sobre la relación de abusos que históricamente sufren los indígenas:

[…] que en los pueblos, en las villas, en las ciudades, en las comarcas, en los pagos, en las instancias y hasta en las apartadas regiones que constituyen la Nacionalidad Peruana, los indios, nos otros [sic.] indígenas de tan desgraciada condición, somos los que sufrimos las más pesadas cargas del Estado: nosotros arrastrados de nuestros hogares dejando sin pan seguro a nuestros hijos, formamos los ejércitos en tiempos de paz y guerra, en cuyos campos de batalla e rendimos la vida sin saber acaso porque luchamos; nosotros somos a título de comarreros, los obligados y criados de las autoridades territoriales, que gratuitamente y forzosamente nos exigen servicios personales […]⁸⁸.

Aunque los indígenas de San Miguel reconocen que la nación peruana llega a todas las partes del país, no lo hace de la misma manera para los vecinos notables y para ellos, que, en condición de inferioridad, soportan las cargas que les impone el Estado al que identifican con la nación. Para “los otros”, es decir, los indígenas, la nación es unidireccional y se impone como obligación, ya que los indígenas se constituyen como “los criados de las autoridades territoriales”, es decir, de las autoridades regionales, para quienes trabajan y ofrecen incluso la vida que se les reclama por la “patria” sin compartir necesariamente el mismo ideal de nación por el que se los convoca a la lucha.

La descripción que los indígenas de San Miguel hacen de su situación no es casual, ya que, en el contexto de representaciones negativas arraigadas desde la época colonial, el indio era quien llevaba la peor parte, al ser definido como “distante, ignorante, manipulable e indiferente”, lo que no contribuía positivamente a su inclusión en el Estado-nación peruano⁸⁹. La abolición de la tributación indígena que se produjo de facto a mediados del xix, y la Ley Electoral de 1896, que prohibía el voto analfabeto⁹⁰, no contribuyeron en demasía al proyecto defendido por los indigenistas, ya que despojaban al indio de las pocas herramientas con que contaba para afirmar su ciudadanía: el voto y la contribución al Estado⁹¹. Al respecto, Méndez⁹² también sostiene que la instauración de la Ley de Servicio Militar Obligatorio de 1898 jugó asimismo en contra de la adquisición de ciudadanía por parte de los indígenas, ya que, con anterioridad a esta ley, los hacendados y las autoridades locales que requerían de indígenas para conformar las tropas, cuando no recurrían a la leva por la fuerza, solían negociar con estos, y ellos, a cambio, obtenían prerrogativas ciudadanas, negociación que la ley de 1898 eliminó al ser supuestamente universal y obligatoria.

Conclusiones

A lo largo del presente trabajo, hemos asistido a la construcción de la nación en Perú a partir de la corriente conocida como “nacionalismo fronterizo”. En la elaboración de este tipo de nacionalismo intervienen principalmente las instituciones, las cuales difunden un mensaje de manera jerarquizada y unidireccional. En este sentido, uno de los agentes principales del nacionalismo fronterizo estuvo representado por las Fuerzas Armadas, que, a su vez, fueron ordenadas por el gobierno nacional hacia los gobiernos regionales y locales. Aunque, como hemos podido apreciar, también intervinieron otras instituciones de marcado carácter jerárquico, que contaron con enormes atribuciones en lo que respecta a la conformación de ciudadanos nacionales, como la escuela. De igual forma, era desplegado el poder de “convocatoria patriótica” en el ámbito local a través de la casa consistorial o de las juntas donde se reunían los “vecinos notables” y los de “toda condición” en la construcción de un nacionalismo creado principalmente en oposición al “otro” ecuatoriano. Como hemos podido observar, detrás de todas estas instituciones estaba siempre presente la figura del prefecto y los subprefectos, haciéndoles llegar indicaciones para su movilización en pos de la defensa de la patria. El análisis del desempeño -como agentes de nacionalismo- de prefectos y subprefectos a través de sus circulares y telegramas constituye el mayor aporte de este trabajo, pues no ha sido abordado anteriormente y sirve para aproximarse a la construcción de la nación desde el contexto regional, en un marco en el que la capacidad del Estado-nación de llegar a todo el “territorio nacional” constituía todavía una quimera.

La dicotomía entre un “nosotros” peruanos, agredidos y civilizados, que debemos defendernos de los ultrajes a la patria, frente al “otro” fronterizo, no es circunstancial en la prédica nacional, sino que puede remontarse algunas generaciones atrás para identificarla en los retos sorteados por los combatientes que asumieron el cometido de defender la nación en 1910.

Sin embargo, aunque el entramado discursivo local-regional-nacional constituía un potente homogeneizador del sentimiento patrio, no podía evitar encontrarse con el rechazo de los indígenas, que no sentían que existiera un equilibrio entre los pocos derechos que les ofrecía la nación y la ingente cantidad de deberes que les eran exigidos por la misma. Tampoco los propietarios de haciendas estuvieron dispuestos a desprenderse de sus trabajadores para pagar el “impuesto de sangre” en muchos casos, a lo que hay que añadir que la Ley de Servicio Militar Obligatorio no cumplió su propósito de universalidad, por lo que la defensa de la nación también estuvo sujeta al estatus social de los ciudadanos.