a. Las Comisiones de la verdad en eras de transición: las trampas de la construcción histórica y de la memoria selectiva

En América Latina una serie de Comisiones de la Verdad han tenido lugar y se han aplicado de diversas formas y con variadas metodologías. Algunas de esas comisiones fueron el resultado de procesos de transición entre regímenes autoritarios que abrieron la vía a gobiernos del orden democrático (Hayner, 1994). Aquí hacemos especial referencia a Argentina cFon la comisión Sábato (1983) y Chile con la comisión Rettig (1990). De igual forma, el esquema de comisiones de la verdad aplica a transiciones entre periodos de guerra civil a periodos de pacificación y fin del conflicto armado. Allí se destacan las comisiones de El Salvador (1993) y de Guatemala (1996) durante los años noventa. Es de resaltar igualmente la comisión de la verdad del Perú que desarrollo uno de los informes más extensos como consecuencia de la ola terrorista desatada por la guerrilla de Sendero Luminoso en el sur del país desde la década de los ochenta, al igual que la feroz respuesta del Estado durante la administración Fujimori.

Ahora bien, es importante decir que estas comisiones buscan establecer una verdad que resulta claramente controversial y las experiencias del pasado nos demuestran cómo estos ejercicios resultan ser sujetos de política y por lo tanto presas del poder. En esa lógica la verdad se distorsiona o se orienta de una forma deliberada en función de las directrices que dichas comisiones quieran establecer. En efecto, la región latinoamericana ha hecho aportes sustanciales a las comisiones de la verdad. Dentro de los objetivos iniciales que se ponen en práctica en estas comisiones está la idea de establecer una versión creíble sobre un pasado relativamente reciente luego de haber sobrepasado momentos de represión o guerra. Sin embargo, obtener la verdad resulta complejo dado que las partes antes en contienda han sobrevivido a la situación de enfrentamiento y allí radica toda la dificultad de establecer claramente la verdad o lo que podría ser la verdad. En este trabajo se pretende sustentar que dicho trabajo se hace difícil de aplicar por su mismo carácter político.

Las comisiones de la verdad son en realidad una plataforma pública que busca esencialmente resaltar el papel de las víctimas. Son estas, las que durante el periodo de represión o de guerra han sido acalladas, luego las comisiones de la verdad buscan de alguna manera darles una voz pública a dichas víctimas. En todo este marco, el pasado se inscribe como un eje de discusión y debate. Por otra parte, estos ejercicios oficiales y públicos de intentar restablecer la verdad develan una clara ausencia de carácter judicial. Estas comisiones no son una corte de enjuiciamientos desde un punto de vista penal, a lo que ellas contribuyen es a que los perpetradores puedan ser señalados públicamente¹. Su sanción tiende a ser más bien moral y no poseen el carácter de prueba judicial en la mayoría de los casos. Las comisiones buscan igualmente visibilizar a las víctimas para que estas puedan acceder en un escenario futuro a la reparación. No obstante, esta reparación va a depender claramente de la voluntad política de los gobiernos, así como de la aceptación clara y pública de los señalamientos por parte de los diversos actores participes del conflicto.

Elizabeth Jelin ha realizado importantes aportes del orden teórico y filosófico al respecto y ha abierto una clara discusión en la materia (Jelin, 2002). La línea central de su propuesta nos lleva inicialmente a un debate de fondo que se da entre la memoria y la democracia. Este debate surge en países del Cono Sur y Brasil que luego de salir de periodos autoritarios buscaron la senda de la democracia. Dentro de este proceso, el establecimiento de la memoria se convierte en un factor muy importante en la construcción, deconstrucción o hasta la misma transformación del pasado en tanto que idea. Con lo cual encontramos que la memoria es totalmente subjetiva (es decir, relativa al sujeto y a su forma de interpretar el pasado), que es política (en tanto la memoria es presa de diversos intereses sociales) y que se somete a múltiples interpretaciones y versiones dado que una sociedad no comparte una misma visión de la historia (Ricoeur, 2000). El caso latinoamericano es diciente dado que la memoria se ha convertido en uno de los aspectos de mayor debate en las sociedades post autoritarias y post bélicas involucrando a la generación posterior a la de las víctimas directas.

De todo este entramado se desprende entonces el cuestionamiento de qué tan fiable o real puede ser la pretendida verdad, dado que nos quedamos justamente en eso: una pretensión. Aguda discusión la que de allí se puede desprender pues la verdad toma aquí múltiples perfiles que son perfectamente adaptables a diversos contextos lo cual lleva a la dificultad de una verdad única. Al lado de la construcción de la verdad encontramos una lucha contra el olvido que busca que ciertos elementos (por encima de otros) permanezcan vigentes dentro del imaginario social. Este imaginario nos puede remitir claramente a la posibilidad o imposibilidad de la creación de una memoria colectiva (Ricoeur, 1999). Este es justamente el debate que abre Jelin al intentar encontrar argumentos que nos llevan a la respuesta de este interrogante. Otra mirada sobre la construcción de la memoria se puede ejercer desde el campo de las ciencias sociales. La historia, la antropología, la sociología y la psicología, entre otras, son las ciencias que se ven directa o indirectamente involucradas en el desarrollo de estudios sobre la memoria, y por qué no, la construcción de una posible versión de la verdad. Al ser un resorte de las ciencias, podemos pensar que la memoria se ha convertido en tiempos recientes en un objeto de estudio en sí mismo y de allí su carácter científico.

Lo cierto es que la memoria, más allá de ser un objeto de estudio, está sujeta a múltiples manipulaciones. En esta lógica, se recuerda lo que se quiere recordar y se olvida lo que se quiere olvidar. Entramos en el campo de la memoria selectiva que busca darle un sentido al pasado a partir de diversas verdades que pueden tener mucha o poca validez (Schacter, 1995). Este proceso de selectividad nos conduce casi de inmediato a la configuración de una historia o memoria oficial. El principal agente capaz de reproducir e interpretar dicha historia o memoria es desde un punto de vista epistemológico el historiador quien entra a desempeñar un rol claramente particular (Lecapra, 2001). Bien es sabido que, dentro de la metodología de los historiadores, en su oficio cotidiano por escribir historias, el archivo, o la fuente son la base de la construcción de sus relatos y narrativas. Son los hechos comprobables los que lo dotan de una legitimidad para construir dichos relatos. El problema que emerge aquí, es que la historia se construye a través de un proceso testimonial que abre paso a un sinnúmero de críticas y problemáticas del orden metodológico (Aróstegui, 2004). Al considerar el relato dentro del marco subjetivo, la validez de la historia puede ser constantemente atacada. Una vez enunciado esto, emerge claramente la diferencia entre lo que es la memoria y lo que es la historia como oficio y como profesión, entendiendo la memoria como parte de la materia prima sobre la cual se opera en la construcción de las narrativas (Ricoeur, 1999).

El problema aquí señalado radica justamente en que el testimonio de los eventuales testigos no deja de ser limitado y por ocasiones sesgado. De este modo, este testimonio o relato podrá sufrir diversas modificaciones. Allí también entra a operar el trauma vivido por la víctima y las ganas y el deseo de olvidar o de tener una memoria selectiva. De querer dejar atrás ciertos recuerdos como por ejemplo la violencia sexual sobre mujeres, las torturas, las masacres o cualquier otro escenario de trauma individual o social lo cual no siempre es un relato fácil de mantener y guardar dichas memorias puede generar problemas de larga duración en un plano psicológico. Es así como a partir de limitantes de este estilo nos hallamos una vez más ante la construcción o deconstrucción de una verdad particular.

Todo esto sugiere que, si hay un problema con la construcción de la memoria en presencia de víctimas o testigos directos, con el paso de los años se erige un riesgo aún mayor en la posible deconstrucción de dicha memoria (Lecapra, 2001). Nos referimos a la transición generacional y al paso de saberes a través del tiempo. Esto también va a conllevar en sí mismo un riesgo muy significativo. Varias preguntas emergen en ese contexto. Es importante comprender como los fenómenos se vivieron en su momento y en su contexto y después comprender como se interpreta hoy, luego del paso de una o más generaciones. Esto va a impactar de forma directa o indirecta la construcción, consolidación o mantenimiento de la memoria. Y es que el tema del contexto, tan cercano y apreciado por los historiadores, resulta fundamental en este aspecto dado que hoy podemos darle prioridad a algunas cosas que no eran relevantes antes, y al contrario se pueden ignorar cosas que fueron fundamentales, para las personas, para los agentes, para las víctimas y para los protagonistas de ese pasado. Con el paso del tiempo se vuelve entonces a una selectividad del qué recordar, con la simple intención de evitar el olvido.

Indudablemente trabajar los campos de la memoria resulta penetrar en un amplio y diverso espectro de orden plural en el cual no hay una sola aproximación valedera. Es necesario comprender lo que está en juego. Es una suerte de enfrentamiento entre diversas memorias, cada una de ellas luchando por convertirse en hegemónica, e imponerse sobre las demás de tal suerte que se construya una versión oficial de la verdad. Esto no hace más que reforzar el argumento de que la memoria no es más que un espacio de lucha política. Situación que se hace más compleja cuando la memoria se construye a través de la memoria de otros, es decir, cuando construimos memoria de cosas que no hemos vivido, pero lo interiorizamos a través de narrativas del pasado. Así las cosas, la construcción de una memoria colectiva no es una sumatoria de recuerdos sino más bien una combinación de los mismos.

Dentro del ejercicio de reconstrucción histórica hay un fuerte proceso de resignificación, es decir, dar u otorgar nuevos sentidos al pasado en una lectura particular del mismo a través de contextos presentes que van, sin duda, a modificar y sobre todo alterar esa memoria creando así niveles y categorías de memoria, pero también de olvido. (Jalin, 2002)

Lo que se puede extraer de la propuesta de Jalin es la reflexión profunda ante la idea de construir una historia, una memoria y una verdad. Todas tres altamente complejas de abordar definir y verlas desde un perfil de objetividad. Lo que se puede apreciar es que la memoria resulta ser un elemento supremamente variable, flexible y adaptable. Esta condición hace que la memoria sea manipulable y en la mayoría de los casos subjetiva. Dentro de todo este proceso entran los historiadores como protagonistas en la construcción de dicha memoria y la posibilidad en muchos casos de afirmar que se encuentran ante la verdad. Verdad que se hace difusa y casi imposible de alcanzar (Aróstegui, 2004).

Tenemos pues que la historia, en cuanto a ella, se convierte en una reconstrucción lógica del pasado y de las hipótesis que del mismo se desprenden. Es sin duda, una narrativa verificable a través de las fuentes de ese pasado desde una visión en el presente. Esto no sugiere, sin embargo, que las preguntas y las hipótesis sobre el pasado no puedan variar. En lo que refiere a la memoria decimos que el punto central es la emoción y el plano psicológico. Es jugar con la subjetividad de quienes recuerdan, como recuerdan y por qué recuerdan. Desde luego, la memoria se convierte en un insumo valioso para la historia. No obstante, al estar basado en lo emocional cae en la niebla de lo impreciso con el único objetivo de mantener vivo el pasado (Lecapra, 2001).

a. El Salvador entre la guerra y la paz: la negociación, el desarme y la búsqueda de definitiva de los acuerdos

En 1972 un fraude electoral abre paso a una nueva era de la historia contemporánea salvadoreña. El poder que los militares habían construido a lo largo de cuatro décadas hizo que el modelo

democrático fuera insuficiente para vencerlos a través de las urnas. La derrota de los movimientos sociales y en especial del Partido Demócrata Cristiano, PDC, a la cabeza del líder José Napoleón Duarte, fue la chispa que encendió la indignación de centenares de salvadoreños de clases medias y populares y les llevó a tomar la vía armada y la insurrección como única alternativa de acceso al poder y cambios estructurales para el país (Almeida, 2011).

De esta forma a lo largo de la década de los setenta se consolidan diversos grupos guerrilleros, tanto de carácter urbano como rural, en un complejo contexto de represión y persecución de los movimientos sociales formales y desde luego clandestinos. Tal como lo sugiere Rouquié el año de 1979 se erige como un año explosivo en dos aspectos sustanciales: uno internacional y el otro doméstico (Rouquié, 1994). En el plano regional la revolución sandinista de junio devela, después de la revolución cubana, las posibilidades de éxito de los movimientos armados de carácter marxista. Esta llama enciende los espíritus regionales que buscan emular rápidamente esta experiencia. En el plano nacional tenemos el golpe de Estado dado a los militares en el mes de octubre por parte de un colectivo cívico-militar que pretende efectuar las reformas que el país necesita (Bataillon, 2003). Este colectivo conocido como Junta Revolucionaria no va durar más que algunas semanas y el proyecto progresista nuevamente va a fracasar. El asesinato del líder religioso y máxima figura de la iglesia católica en San Salvador, Monseñor Oscar Romero, en marzo de 1980, va a encender la flama final que dará origen a una guerra civil cuya duración sería de más de una década. Para octubre de 1980 se consolida una confederación guerrillera bajo el nombre de Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN y que recoge en sus filas a cinco diversas organizaciones guerrilleras que habían nacido en la década inmediatamente anterior con orígenes geográficos e ideológicos diversos (Kruijt, 2008)².

Desde el inicio mismo de la guerra en El Salvador se buscaron aproximaciones para llegar a un acuerdo de paz. La comunidad internacional, en especial la Unión Europea, y los países vecinos, en particular los gobiernos de Cuba y México no ahorraron esfuerzos para encontrar el camino de la anhelada paz. No obstante, el gobierno salvadoreño fue claro en decir que mientras el Frente tuviera las armas y asediara a la población, no habría espacio a negociación alguna (Garibay, 2003). Desde luego, esta postura tanto del gobierno de José Napoleón Duarte (1984-1989) como de Alfredo Cristiani (1989-1994) venia alentada por las fuerzas armadas que veían en el Frente su más acérrimo enemigo. De igual forma se encontraban las elites económicas que no veían posible una salida negociada al conflicto. De esta manera, los gobiernos asimilaban que una negociación de paz con “terroristas” era absolutamente inviable, de allí la necesidad de entregar de forma incondicional las armas.

Durante la administración Duarte se realizaron múltiples acercamientos fallidos. De forma intransigente el gobierno decidió apostarle a la guerra y no negociar con el Frente. La presión de empresarios, militares y los Estados Unidos (bajo la administración Reagan), hacían difícil salir de esta receta para cualquier gobierno. La Comunidad Internacional tuvo un papel significativo dentro del proceso de paz de El ^{Salvador (Samayoa, 2002}). Pero el más interesante de todos fue el papel de los países de la región reunidos en el grupo Contadora³ y el Grupo de Apoyo que buscaron una salida a los conflictos de la región. Aunque se cuestionó la autoridad de los países miembros

para intervenir en los conflictos de América Central, Contadora y el Grupo de Apoyo⁴ fueron el precedente directo del Grupo de Países Centroamericanos liderado por Oscar Arias quien buscó una solución desde adentro (Rouquié, 1994).

La búsqueda de la paz fue en fin de cuentas un proceso largo y dispendioso. Para lograr sentarse en la mesa de negociaciones en junio de 1990 fue necesaria la participación de la ONU. También fueron necesarias acciones de alto impacto mediático tanto nacional como internacional como la toma armada de San Salvador por parte del FMLN y el posterior asesinato de los jesuitas directivos de la Universidad Centroamericana UCA por parte del ejército en noviembre de 1989 (Grenier, 1994). Este mes coincidió con la profunda crisis en Alemania y la caída del muro de Berlín y el el ocaso de la guerra fría. La ausencia de apoyos claves como los de la frágil Unión Soviética de Gorbachov a la guerrilla o la llegada a la Casa Blanca del presidente Bush que no quería seguir patrocinando una guerra sin ganadores, serán elementos claves para impulsar la negociación. El fracaso en las urnas del sandinismo socio fundamental en los planos militar y económico del FMLN en marzo de 1990 son de cierta manera la estocada final de una guerra que no tenía más salida que la negociación. A partir de ese año el dialogo permanente con el gobierno y el FMLN fue relevante, prolongado, frágil y delicado. (S. Samayoa, comunicación personal, 9 de diciembre de 2014).

Luego de 22 meses de diálogos entre las partes se llega a un acuerdo final que se presenta más bien como un borrador cercano a lo que se esperaba. Fueron meses de alta tensión en el cual los callejones sin salida diseñaban un laberinto difícil de recorrer en aras de la búsqueda de la paz. Los dos grandes ¿ejes? de la discusión eran la reforma a la fuerza armada y el cese al fuego. Sobre estos dos ejes se articuló casi toda la discusión. Otros temas de la agenda lograron tener mayor consenso entre el gobierno y la guerrilla (A. Martínez, comunicación personal, 9 de junio de 2016).

La tensión se hizo máxima luego de la que la ONU pusiera un dead line al final de las discusiones y la firma de los acuerdos. Esto radicaba especialmente en la idea que la gestión del Secretario de Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar terminaba su mandato a la media noche del 31 de diciembre de 1991 (O. Santamaría, comunicación personal, 10 de diciembre de 2014 y 3 de junio de 2016). Pérez había sido, junto a su emisario Alvaro de Soto, uno de los promotores y gestores del proceso de paz en El Salvador. El final de su administración era en sí mismo una amenaza a todo lo que se había acordado en los meses precedentes. De forma dramática se firman los acuerdos pasada la media noche en aras de clausurar definitiva y formalmente el proceso. Dos semanas después, en México, se hará el acto oficial de firma de la paz ante la presencia de emisarios de diferentes rincones del mundo.

b. La Comisión de la Verdad y el mandato de la mesa de negociaciones

Una de las etapas de negociación entre el Gobierno de El Salvador y el FMLN tuvo lugar en Ciudad de México. Esta ronda se desarrolló entre el 4 y el 27 de abril de 1991. Dentro de los mandatos que de allí se desprendieron estuvo la conformación de la Comisión de la Verdad, además de otros compromisos parciales en relación a la Fuerza Armada, el Sistema Judicial, los Derechos

Contadora se convirtió en el primer ejercicio e iniciativa latinoamericana sin la presencia de Estados Unidos, excluido de forma deliberada por considerarlo parte del conflicto.

Humanos y el Sistema Electoral. La labor encomendada a la Comisión de la Verdad por la mesa de negociación fue:

“Se ha convenido en crear la Comisión de la Verdad, que estará integrada por tres personas designadas por el Secretario General de las Naciones Unidas, oída la opinión de las partes. La comisión elegirá su presidente. La comisión tendrá a su cargo la investigación de graves hechos de violencia ocurridos desde 1980, cuyo impacto sobre la sociedad reclama con mayor urgencia el conocimiento público de la verdad” (Martínez, 2007, 25).

La determinación de los graves hechos de violencia que serían objeto de la labor de la Comisión de la verdad se enmarcó en el cumplimiento de condiciones especiales de los mismos de acuerdo al mandato. En estos acuerdos se establecieron las facultades y alcances de la Comisión además de la forma de selección y número de integrantes y el periodo de funcionamiento. En relación a sus integrantes, las partes acordaron que serían 3 designados por el Secretario General de Naciones Unidas y que el tiempo dado a la Comisión para la expedición del informe sería de 6 meses (Acuerdos de México, 1991).

El periodo de la Comisión de la Verdad fue establecido en relación a la perspectiva de superar la impunidad y el valor de la verdad en este proceso. Quedó también establecido como criterio para este plazo, la necesidad de adoptar medidas tendientes a la reconciliación nacional. Las Naciones Unidas designaron a Reinaldo Figueredo, Thomas Buergenthal y Belisario Betancur, ampliamente reconocidos a nivel internacional y sobre todo regional como directores de esta comisión. Apoyados en un equipo de alrededor de 30 personas (entre los que se encontraban abogados, sociólogos, antropólogos y especialistas en derechos humanos entre otros) se designó al peruano Carlos Chipoco como líder del equipo de investigadores de la Comisión (J. Gómez, comunicación personal, 22 de abril de 2016).

Se estableció que el tiempo de trabajo de la comisión fuera de 6 meses, plazo realmente corto y escaso para las necesidades que se tenían en ese momento. Una de las características de la composición de esta comisión era que todo su equipo era extranjero. Es decir, no se hallaba dentro del equipo ningún miembro de nacionalidad salvadoreña. Esto, a pesar de ser muy criticado (Ceballos, 2009), se explica en gran medida por la profunda desconfianza que reinaba entre las partes (guerrilla y gobierno) al finalizar el conflicto. La presencia de cualquier salvadoreño en la comisión daría pie a calificarla de parcializada hacia alguno de los dos bandos.

En un tiempo tan reducido la Comisión no podía ejecutar un trabajo a profundidad. Desde la partida se estableció que se iba a hacer énfasis en los que verdaderamente había generado una profunda conmoción en el tejido social. Además de ello, se estudiarían, desde luego, los casos más resonados durante el conflicto, a saber: el asesinato del arzobispo Oscar Arnulfo en 1980, la masacre de los jesuitas españoles de la UCA en 1989, el asesinato de las religiosas norteamericanas en 1980 y masacres a la población civil de alto renombre como el caso del Mozote en 1981.

Una vez firmados los acuerdos de paz en enero de 1992 se ponen en marcha los principales mandatos de este. Los miembros del equipo de la Comisión de la Verdad llegan a El Salvador en junio de 1992 a tan solo seis meses de la firma de los acuerdos. Tres meses después se desata una amplia crisis al interior de la misma como consecuencia de la renuncia de Mabel Colalongo, delegada argentina, quien entra en profundas contradicciones con el coordinador peruano Carlos Chipoco. El tema de discusión giró en torno a la fuerte tendencia que este último le estaba imprimiendo al caso de los jesuitas dejando de lado muchos otros casos. Al final de cuentas la comisión logro superar la crisis y continuar con el trabajo de recopilación de testimonios. No obstante, este tipo de aspectos se convierten en un argumento para comprender como estas comisiones manejan un alto grado de subjetividad marcada por dinámicas políticas e intereses personales. De por sí, la Comisión de la Verdad de El Salvador, por las limitantes temporales, ya contaba con una perspectiva selectiva con el fin de establecer prioridades (Buergenthal, 1994).

En el segundo semestre de 1992 se recogieron más de 20 mil testimonios que permitieron reconstruir algunos de los aspectos centrales de lo que fue el conflicto salvadoreño. Por directriz de los coordinadores de la Comisión se había establecido que durante el desarrollo de las labores no se rebelarían nombres de las personas implicadas en los crímenes. Esto para lograr bajar las tensiones y resistencias que desde el primer momento se manifestaron en contra de los miembros de la comisión dado que la hostilidad de los jueces, los militares y el partido de gobierno Alianza Republicana Nacionalista, ARENA eran evidentes⁵.

No obstante, a pesar del titánico esfuerzo por recopilar los testimonios, el informe que se construía nunca estuvo pensado bajo un carácter vinculante. Es decir, que desde el principio se consideró que no serviría como material probatorio para posibles procesos judiciales futuros. Otro factor que resulta interesante además de los anteriores es el hecho que ningún testimonio fue grabado. El único registro que se posee de estos testimonios es el que los comisionados redactaron en el momento de las audiencias de las víctimas. El precioso archivo producido en este proceso reposa en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York y no ha tenido seguimiento alguno. En suma, en El Salvador se le dio una importancia al informe final, dejando de lado cualquier otro material de apoyo. Al final del ejercicio, hubo un viraje de suma importancia dentro del proceso. La Comisión decidió, a principios de 1993, revelar los nombres de los implicados en graves crímenes. Esto se dio como respuesta a las múltiples presiones que se habían ejercido sobre el proceso y como forma de evitar la impunidad de los implicados, en especial las fuerzas armadas. Pero este cambio de orientación también obedeció a los fuertes rumores que circulaban en las primeras semanas de 1993 de que el gobierno estaría preparando una Ley de Amnistía general que pudiera dar garantías a los perpetradores de graves crímenes, en especial la Fuerza Armada.

En medio de un trabajo complejo, y por momentos desordenado desde el punto de vista metodológico⁶, los comisionados abandonaron El Salvador en enero de 1993 y se dirigieron a la ciudad de Nueva York en donde durante cerca de tres meses se realizó la redacción del informe final al cual el presidente Betancur denominaría “De la locura a la esperanza”. El 15 de marzo de 1993 se hace público y oficial el informe de cerca de 200 páginas. Dentro de las conclusiones generales que arrojó el informe encontramos que la responsabilidad en la generación de víctimas recae en su gran mayoría en agentes estatales. Se concluye que la Fuerza Armada de El Salvador ocasionó 46.59% de las víctimas mortales (cerca de 33 mil muertes). Los demás cuerpos de seguridad, entre los cuales se incluyen especialmente las tres policías, un 20.87%. En cuanto a las organizaciones paramilitares y los Escuadrones de la Muerte (asociados directa e indirectamente con el Estado y las elites políticas y terratenientes) 24% de las víctimas. Dentro del balance arrojado por el informe tenemos que las victimas generadas por el FMLN son de alrededor del 3.32%. De esta forma nos encontramos con que, de forma directa o indirecta, las víctimas de la violencia aplicada por el Estado ascienden a cerca de 64 mil personas, correspondiente al 91% de las víctimas (Comisión para la Verdad de El Salvador, 1993).

En ese marco se producen enormes reflexiones. Tanto más cuanto que el Estado, a través del gobierno, el congreso y las Fuerzas Armadas, plantearon un serio bloqueo a cualquier proceso de justicia transicional en el momento de la expedición de la Ley de Amnistía General. De igual forma se puede decir, que dentro del trabajo interno de la Comisión hubo un enorme esfuerzo en el esclarecimiento de los hechos en los cuales estuvieron involucrados miembros de la Fuerza Armada, pero al mismo tiempo se denotó un esfuerzo magro en darle una mirada más profunda al rol que tuvieron los Escuadrones de la Muerte y grupos paramilitares en el marco del conflicto. Amplios sectores de la elite salvadoreña y en especial de los militares descalificaron el informe tildándolo de inexacto y parcial. Tan solo 5 días después, el 20 de marzo, el Congreso salvadoreño, dominado por el partido hegemónico ARENA, emitió una Ley General de Amnistía para la Consolidación de la Paz (E. Sancho, comunicación personal, 10 de junio de 2016).

Los argumentos del gobierno para incentivar esta Amnistía fueron variados. Uno de los primeros elementos resaltados fue que para consolidar la verdadera paz en El Salvador era necesario un perdón absoluto en todas las partes concernidas. En efecto, los militares no iban a aceptar ser señalados, procesados e inculpados por los crímenes cometidos mientras que los ex guerrilleros del FMLN se vinculaban a procesos del orden político civil. De igual forma el gobierno señaló que las victimas que produjo el conflicto cayeron bajo el fuego cruzado en combates intensos y que en ningún momento se buscó hacer bajas más allá de las necesarias por causa de la guerra. La falta de herramientas más avanzadas de la Comisión en su trabajo, sumado a las resistencias de las elites salvadoreñas, hicieron que el informe perdiera toda eficacia y acción en pos de las víctimas del conflicto. El trabajo de la comisión de la verdad fue corto, acelerado y bajo de recursos (Ceballos, 2009). Careció igualmente de pedagogía y se hizo difícil si se tiene en cuenta que la población más afectada no se encontraba aun preparada para hablar.

La ley de Amnistía de 1993 representó un bloqueo significativo para la justicia y la reparación en El Salvador. El aspecto que más genera impunidad es el hecho que los responsables no hayan reconocido sus hechos y que en algunas ocasiones sean figuras de reconocimiento público al servicio del Estado. Con lo cual se puede concluir de forma preliminar que no existió un verdadero esquema de reparación a las víctimas. En palabras de Benjamín Cuellar la Amnistía General: “le cerró las puertas al perdón consciente de las víctimas de haber admitido su culpabilidad los victimarios. Además, mantuvo de manera riesgosa estructuras judiciales que, en un inadecuado uso de sus atribuciones, toleraron y encubrieron prácticas de grave irrespeto a la dignidad individual y colectiva.” (Cuellar, 2011, 169)

El destino de las recomendaciones y hallazgos de la Comisión de la Verdad, así como de la Justicia en general después de 1993 fue prácticamente el mismo. Fueron necesarios casi 25 años y una fuerte presión internacional para que esta Ley de Amnistía fuera derogada en El Salvador en junio de 2016 por orden de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Durante los 16 años de gobierno ARENA que siguieron a la expedición de la Ley de Amnistía, se mantuvo la situación inicial que instauró la ley. Toda iniciativa o demanda de cambio no logró prosperar a lo largo de los años. La llegada del presidente Mauricio Funes al poder en 2009, generó esperanza para un importante número de víctimas que consideraba que el paso del poder de ARENA al FMLN cambiaría de forma considerable la situación vivida hasta ese momento. Estas esperanzas se desvanecieron rápidamente cuando la posición de la administración Funes fue de continuismo, con el argumento de que el proceso de paz tenía sus costos, y que era necesario dejar quietas muchas heridas del pasado. La Ley de Amnistía justamente permitía que las heridas no fueran expuestas. Con el espaldarazo de Funes a la Ley, se confirmaba entonces la decisión de negar la posibilidad de una justicia transicional.

Lo que siguió después de este nuevo reto fue el trabajo de instancias internacionales tales como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estas organizaciones desarrollaron a partir de 2010 sendos trabajos para lograr el desmonte de la Ley de Amnistía. Para tal fin se concentraron en la recopilación de pruebas y testimonios para el caso de El Mozote en el cual fueron asesinadas cerca de mil personas en unas pocas horas en el mes de diciembre de 1981. La masacre fue efectuada por uno de los destacamentos más entrenados del ejército salvadoreño, conocido como Escuadrón Atlacatl. Así, en mayo de 2013, el entonces presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego García Sayán, declaraba que la ley de Amnistía salvadoreña carecía de vigencia y que no era aplicable⁷. Por el caso de El Mozote, el Estado salvadoreño fue condenado y obligado a reparar las victimas con indemnizaciones. Estas indemnizaciones fueron manejadas de forma un tanto arbitraria lo que denotaba una burla hacia la integridad y dignidad de las víctimas (R. Cañas, discusión con el autor, 9 de junio de 2016).

En lo que refiere a institucionalidad encontramos que esta fue una palanca más de las estructuras estatales para poner freno a los derechos de las víctimas. En los diálogos y negociaciones de paz entre el gobierno (del entonces presidente Cristiani del partido ARENA) y el FMLN, se acordó que existirían reformas a la justicia y el sistema electoral. En cuanto a este último se pudieron registrar avances significativos, especialmente después de 1994 con la incorporación del FMLN al sistema político en tanto que partido. No obstante, en lo que concierne a justicia, los temas pendientes en la agenda son más amplios (Samayoa, discusión con el autor).

Además de una mala percepción de los salvadoreños de la justicia, la impunidad es uno de los fenómenos más preocupantes de los últimos años (PNUD, 2011). Las dos organizaciones que podrían dar resultados efectivos son la Fiscalía General de la Republica FGR (en temas de investigación judicial) y la Procuraduría para la defensa de los Derechos Humanos. Dentro de la reforma a lajusticia propuesta luego de los acuerdos de Chapultepec se propusieron varios objetivos. En un primer momento se buscó una reorganización de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en especial en lo que refiere a la forma de elegir a los integrantes de este cuerpo colegiado. De igual forma se acordó atribuir un 6% del presupuesto general de la nación para el sector justicia. Acompañado a esto se planteó la creación de la Procuraduría para la defensa de los Derechos Humanos. Por último, se buscó que la elección tanto del fiscal como del procurador proviniera del Congreso de la República. En lo que refiere a esta última medida podemos afirmar que la elección de estos cargos por parte del parlamento no ofrecía garantía alguna, por lo menos no, en tanto que este estuviera dominado por partidos como ARENA. Tanto la Fiscalía como la Procuraduría han estado permanentemente manipuladas por el ejecutivo y su accionar en temas de víctimas ha sido muy escaso. A ello podríamos sumar la alta politización de la que sufre la conformación de los magistrados de la CSJ, que depende igualmente de las dinámicas políticas de los partidos políticos y el ejecutivo.

A finales de la década pasada existieron en El Salvador algunas señales que incitaban a pensar en vientos de cambio. Es de destacar la llegada de magistrados de la talla de José Belarmino Jaime, antiguo presidente de la CSJ y otros jueces pertenecientes a una nueva generación que buscaba marcar cambios significativos en materia de justicia. El gran temor de las elites y en especial del partido ARENA era que de parte de los jueces se pudiera movilizar de alguna manera la búsqueda de la inconstitucionalidad de la ley de Amnistía (Sancho, discusión con el autor). Una vez más, las amarras políticas y la incidencia de partidos tradicionales evitaron que este tipo de iniciativas prosperaran. Al respecto concluye Cuellar: “sobre el sistema de justicia en El Salvador es clara la situación. Al inicio de la posguerra, pese a los acuerdos entre las partes y las numerosas recomendaciones hechas, no se avanzó mucho en la transformación radical de las instituciones, estas permanecieron 'secuestradas' por los poderes económico, militar, político y mediático que generaron las causas de la barbarie” (Cuellar, 2011, 179). Con todo esto podemos decir que en El Salvador existió un silencio cómplice con respecto a las posibles acciones de justicia y una lucha contra la impunidad.

La principal crítica que se le puede hacer al informe de la Comisión de la Verdad (entre tantas otras) es que no profundizó en el caso de los grupos para-estatales y en especial los escuadrones de la muerte. En efecto, el impacto de dicho informe y el poco alcance de la comisión se pueden explicar por diversos factores. Estos factores resultan más bien externos y no están atados al desarrollo mismo de la Comisión. Si bien existieron errores de partida, desde el punto de vista metodológico, y algunos desacuerdos por parte de los comisionados, el trabajo que se realizó en tan poco tiempo y con tan pocos recursos resultó significativo. Fue realmente de afuera de donde vendrían las resistencias al trabajo desarrollado por la comisión. Dentro de los factores que podrían entonces explicar los relativos “fracasos” de la comisión encontraríamos la falta de interés por parte de una sociedad civil que no estuvo bien informada del proceso que se iba a llevar a cabo. Es importante, por ejemplo, hacer llamado al caso sudafricano, que para una época muy cercana planteo un modelo de comisión de la verdad realmente novedoso y eficaz. La difusión de las declaratorias por parte de los actores y protagonistas del conflicto se reprodujo a través de la radio y la televisión. Generando así un mayor impacto y cobertura en el conjunto de la sociedad. De tal suerte que hubo un mayor compromiso por parte de esa sociedad en cuanto a los avances, desarrollo y conclusiones de la comisión. (Ceballos, 2009).

De igual forma, se trataba de una sociedad angustiada y traumatizada por los horrores de la guerra. A pesar de la recolección de más 20 mil testimonios, muchas cosas quedaron por decir en materia de verdad. Evidentemente, otro de los factores que jugó de forma determinante fue la composición internacional de la comisión que fue uno de los requisitos de la mesa de diálogo ante la profunda desconfianza de las partes. Medidas las diferencias, El Salvador no pudo contar con figuras de la talla del argentino Ernesto Sábato y lo que este representó para la comisión de la verdad en su país: una persona pública y reconocida que produjera profunda confianza y legitimidad entre las partes. Esta ausencia fue notoria y sensible para el caso salvadoreño dado que era necesario un pivote o punto de engranaje entre la sociedad y las víctimas. Si bien la internacionalización de la Comisión denotó neutralidad, también evidenciaba desconocimiento y aislamiento frente a una población que recién salía de la guerra. De igual forma es necesario enunciar la falta de voluntad por parte del gobierno en lo que refiere al trabajo, desarrollo y conclusiones de la Comisión. A eso se añade una profunda falta de reconocimiento por parte del gobierno y de los militares de las acciones y conclusiones de la Comisión de la Verdad. Esta resistencia se evidencia desde el primer instante en que salió a la luz pública. La aprobación de la Ley General de Amnistía fue el muro de contención que frenó cualquier iniciativa en aras de reconstruir la verdad.

Por encima del derecho a saber, también se expresa como el acceso a la justicia ha sido truncado por poderes muy fuertes y efectivos en El Salvador que no permiten alternativas para la sociedad salvadoreña. Tal vez uno de los factores que más reconocen las victimas es el hecho de saber que las personas que perpetraron crímenes atroces durante la guerra, continuaron en libertad, nunca reconocieron su culpa y continuaron siendo figuras de alto reconocimiento dentro de las elites nacionales. En materia de reparación no encontramos avances significativos en El Salvador. El Estado no diseñó políticas al nivel de reconocimiento y reparación a las víctimas, nunca se dieron indemnizaciones, ni se dieron actos de alto impacto como la restitución de tierras⁸ o el incentivo para el retorno de los campesinos a su tierra. En lo que refiere a garantías de no repetición estas realmente no han existido. Si bien la posibilidad de una guerra civil en El Salvador es remota, nos encontramos con que hoy en día es uno de los países más violentos y peligrosos de América Latina. Nos hallamos frente a lo que Moreno denomina mutación de la violencia (Moreno, 2015). Si bien ya el país no está frente al peligro inminente de una nueva guerra entre guerrillas y fuerzas del Estado, el país se encuentra inmerso en una dinámica de la violencia y la criminalidad consecuencia de políticas estatales erradas. La falsa creencia de que la paz es una firma y que esta se representa en la ausencia de guerra resultó ser bastante equívoca en El Salvador. La impunidad, la falta de oportunidades y la continuación de un esquema elitista reprodujeron las estructuras que dieron luz en el pasado a la guerra. Lo que sorprende entonces dentro del caso salvadoreño es que fuera de la comisión de la verdad no se hicieron esfuerzos por alentar un proceso de justicia transicional más amplio y efectivo. Aparte de la verdad, que como hemos puesto en evidencia no funcionó en su gran mayoría, no se tuvieron aspectos como la reparación y la justicia. Esta situación presenta un balance negativo en el cual las víctimas del conflicto se revictimizan en el posconflicto.

Estas víctimas no han tenido un lugar central en el desarrollo de los teatros de posconflicto en El Salvador. De esta manera, si las víctimas no cuentan dentro de los procesos de posconflicto, el desarrollo de una justicia transicional efectiva no es posible. Como hemos afirmado anteriormente, la justicia transicional busca recomponer de alguna forma el tejido social afectado como consecuencia del conflicto. Si esta justicia no se desarrolla, el tejido social se ve entonces permanentemente lesionado. El Estado salvadoreño, amparado en sus elites y fuerzas armadas quiso invisibilizar a las víctimas. Pero ocultarlas o negarlas no quiere decir que no existan. Este proceso de negación del pasado lleva consigo un lastre que genera de forma casi automática nuevas víctimas en las siguientes generaciones.

Este contexto muestra los importantes errores cometidos a lo largo de las últimas dos décadas. Uno de esos errores es considerar que la paz es un punto de llegada y no un punto de partida. La paz no se consolidó en el castillo de Chapultepec el 16 de enero de 1992. La paz era un reto que tenían que afrontar con ahínco los salvadoreños desde ese momento. El principal motor para promover esa paz era el Estado, pero este falló al considerar que la paz como un valor adicional que vendría por si solo ante la ausencia de la guerra. Falló al no destinar los recursos ni los esfuerzos necesarios no solo para construir la paz sino para mantenerla, al ignorar a las víctimas, al negarlas, al invisibilizarlas. Falló al momento de no plantear un adecuado esquema de justicia transicional que pudiera ofrecerle un nuevo rumbo en el camino de la paz a la sociedad salvadoreña.