La disposición de la escena judicial

La disposición de las partes procesales en el escenario del teatro de la Universidad Francisco de Paula Santander, donde tuvo lugar la audiencia, debía reflejar el nuevo espíritu restaurativo de confrontación directa entre las víctimas y los perpetradores. Desde la perspectiva del público, que en número de unas doscientas personas ocupaba las tres naves de una platea situada metro y medio por debajo del proscenio, las víctimas estaban dispuestas a la izquierda, en un extremo del escenario, sentadas en dos hileras de sillas, y los victimarios al lado derecho, en el otro extremo, igualmente sentados en sendas hileras de sillas. Como siguiendo la coreografía de una tragedia ática muy arcaica, víctimas y victimarios, como protagonistas y antagonistas, integraban dos semicoros enfrentados, a la vez separados y unidos en el centro de la escena por una mesa larga rectangular en la que oficiaban como rectores del ejercicio los tres magistrados que dirigían la audiencia junto con el representante de la Procuraduría. Las víctimas representantes eran dieciocho, los comparecientes once. Los jueces y representantes de las partes procesales estaban sentados todos al mismo nivel. Únicamente la toga que vestían ―y acaso también la actitud enhiesta― permitía reconocer la dignidad particular de los magistrados en relación con los comparecientes, las víctimas y sus representantes. Casi todos ellos llevaban trajes ligeros, de factura ordinaria y adecuados a las condiciones climáticas de una pequeña ciudad de tierra media, situada a 1.600 metros sobre el nivel del mar, en el corazón de la cordillera oriental, cerca de la frontera con Venezuela. En la platea, delante de la nave lateral, debajo del semicoro derecho que integraban los perpetradores, se había dispuesto, vigilado por una de las madres, un altar arreglado con las fotografías de las víctimas de los falsos positivos de Soacha, junto al cual se depositaron flores y pequeñas veladoras.

La audiencia estuvo presidida por la magistrada Catalina Díaz, miembro de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP. La acompañaban los jueces Alejandro Ramelli, adscrito a la misma sala, Oscar Parra y el juez Roberto Vidal, asignado en préstamo por el tribunal para la audiencia.

La ceremonia inició con el ingreso de los jueces al escenario, el anuncio por parte de una presentadora de la llegada de las víctimas y la indicación de que los asistentes deberían ponerse de pie cuando ellas hicieran su aparición. Había gran expectativa. Tañían las campanas de la catedral vecina. Fue entonces cuando las víctimas acreditadas, unas de Ocaña y la región de Catatumbo y otras de Soacha, entraron a la platea desde la parte posterior de la sala y el público, que se volvió hacia atrás para mirarlas, formó una calle de honor cuando pasaron a ocupar sus puestos en las primeras filas de la platea y en el escenario. Todas vestían camisetas negras que llevaban estampada la pregunta “¿quién dio la orden?” y cada una de ellas llevaba, apretada contra el pecho, la imagen de su familiar asesinado. Después de ellas, de forma discreta, entraron los comparecientes por una puerta lateral.

Las tres primeras hileras de asientos de la nave central de la platea las ocuparon aquellas víctimas que en número de unas cuarenta o cincuenta habían sido reconocidas como partes en el proceso, pero que no hacían parte del semicoro de las víctimas representantes y que estaban llamadas a intervenir durante la audiencia. Los fotógrafos y reporteros de las cuatro o cinco cadenas de noticias nacionales e internacionales que cubrieron el evento apostaron sus trípodes y cámaras detrás del segmento de víctimas que ocupaban las primeras filas de la nave central. El resto del público eran funcionarios de organismos internacionales y de embajadas que apoyan a la JEP, periodistas, académicos que le siguen los pasos al experimento judicial y lugareños. El presidente de la JEP, el magistrado Eduardo Cifuentes, pronunció las palabras de apertura, de forma virtual, y procedió a dejarle la dirección de la audiencia a la magistrada Catalina Díaz, ponente del caso.

Ocaña había sido una ciudad de gran importancia durante la colonia y hasta comienzos del siglo XX; un lugar de tránsito de personas y mercancías desde Venezuela hacia el río Magdalena, la gran arteria fluvial que comunicaba el centro andino y la costa atlántica de Colombia. Hoy, sin embargo, a pesar de que sigue siendo importante para el tráfico fronterizo ―legal e ilegal―, es un pueblo situado en la periferia remota, de muy difícil acceso desde Bogotá. Asistir a la audiencia de reconocimiento ha demandado de todos los asistentes un gran esfuerzo. Acaso nadie se desplazó hasta un lugar tan alejado y peligroso por simple curiosidad. En cualquier caso, el evento presencial no estuvo abierto a todos los públicos. Como lo exigen los protocolos de seguridad para tales eventos, todos los asistentes debieron recibir previamente una invitación y su ingreso a la sala estuvo precedido de su inscripción y de su cateo. Los funcionarios de la JEP debieron corroborar que sus nombres estuvieran registrados en los listados correspondientes y guardias apostados en la puerta de acceso los requisaron.

Honrando el carácter voluntario de las comparecencias ante la JEP, únicamente un policía permaneció todo el tiempo dentro de la sala; estuvo parado discretamente en el extremo izquierdo de la platea. Sin embargo, en contraste con el clima de por lo menos aparente falta de constreñimiento que reinaba en el lugar, por fuera del teatro, apostado en línea sobre la calle que pasa frente a la puerta principal del edificio, había un fuerte dispositivo militar cuya presencia nos recordó que estábamos en los bordes del Catatumbo, zona de guerra. En la muy incomunicada región fronteriza, plagada como está de sembrados de coca que coexisten con cultivos de pancoger, deambulan ―a pesar de la desmovilización de las FARC-EP― destacamentos militares del ELN, de las guerrillas de nueva generación y bandas criminales de narcotraficantes y paramilitares que, por fuera del casco urbano dominado por el Ejército, luchan por el control del territorio.

Emociones y tensiones de trasfondo de la audiencia

El experimento restaurativo de sentar frente a frente a las víctimas de los falsos positivos y a sus victimarios en el marco de una audiencia de reconocimiento de responsabilidad introducía altos niveles de tensión sobre los cuales la JEP tenía que prever escenas de difícil control.

La confrontación directa entre los padres, hijos y hermanos de campesinos de veredas remotas y de habitantes de barrios marginales de Bogotá, infamemente asesinados, y los perpetradores de delitos tan ignominiosos como los falsos positivos podía dar lugar a múltiples expresiones de conflictividad: ya fuera porque los victimarios dijeran de repente algo inapropiado, o porque lo dijeran de una manera que ofendiera y dañara; porque defraudaran las expectativas de las víctimas, o porque éstas explotaran súbitamente de rabia y de dolor al escuchar el relato del victimario sobre el cobarde y cruel asesinato de sus seres queridos. Frente a todas esas eventualidades, la JEP, con el apoyo de equipos de psicólogos y demás expertos en el acompañamiento del dolor, preparó a los unos y a los otros para el encuentro durante ocho largos meses. De acuerdo con lo dicho por la magistrada Díaz en sus palabras iniciales, la JEP y la CEV organizaron conjuntamente 35 talleres con las víctimas y los perpetradores por separado. Los comparecientes fueron apoyados por la Fundación Duna. Al final del ejercicio, y como test anticipado de la perfección actoral y de la sostenibilidad emocional de lo que vendría, se llevaron a cabo dos reuniones en las que se juntaron. Al parecer, nada se dejó al azar.

El paso de lo privado a lo público

El paso del reconocimiento escrito, en condiciones de reserva, al ritual público de la audiencia de reconocimiento implica un sometimiento al escarnio público de quien, a la sombra protectora de un múltiple engaño, perpetró cobardemente un crimen tan oprobioso ―y tan vejatorio del sentido del honor militar― como el de abusar del poder que confieren las armas del Estado para asesinar en gavilla y desaparecer a ciudadanos indefensos. En ese sentido, el paso de lo privado a lo público que implica la audiencia de reconocimiento es el paso de la culpa secreta ―sentida en la intimidad de la conciencia moral― a la vergüenza pública mediante la exposición del compareciente a la mirada lacerante del otro, un otro que ya no se reduce exclusivamente a la familia, a las víctimas y demás partes procesales, sino que se ha hecho extensivo ―gracias a la presencia del público en el teatro y en los medios― al conjunto de la sociedad y hasta de la humanidad: un público potencialmente universal que, con su juicio, somete al compareciente a la profunda humillación en que consiste rebajarlo en su estatus relativo; un público que deja de ver en él un héroe y un honorable defensor de la patria y pasa a verlo como un villano. El sometimiento al escarnio público es el corazón del ritual de purificación que constituye la ceremonia de la confesión; así es desde los comienzos del primer cristianismo. El pecador se redime en el esquema confesional cristiano a través de su humillación: sin el dolor de la vergüenza no hay arrepentimiento y tampoco redención. También, es crucial el hecho de que quien aparece ―y parece― humillado, avergonzado y arrepentido inspira confianza ante los ojos de los demás. La percepción, por parte del público y de los jueces, de que el pecador siente vergüenza y está arrepentido de lo que hizo es el gesto notarial que certifica la credibilidad de su aporte de verdad y de su potencial transformación en una persona de bien.

Así, resulta comprensible que en general ―y con contadas excepciones, como la del general Paulino Coronado― los comparecientes hayan manifestado en sus declaraciones a la audiencia de Ocaña, casi con idénticas palabras, que para ellos “era duro estar allí”.

Esto explica también que los magistrados que tuvieron a su cargo el diseño y la puesta en escena del ritual confesional hayan tenido consistentemente la delicadeza de darles las gracias, no solamente a las víctimas ―por sobreponerse al miedo de enfrentarse a victimarios todopoderosos―, sino también a los comparecientes, por haber tenido el coraje de confesar públicamente.

Para incentivar la voluntad de confesar, en un responsable de crímenes de guerra y de lesa humanidad, no es suficiente que se otorguen beneficios en materia de impunidad y protección. Confesar delitos muy graves suele ser moralmente difícil hasta para un asesino en serie. A pesar de que a muchos les molesta, es útil que los jueces acompañen al compareciente en su esfuerzo por superar las reticencias con palabras de reconocimiento y aplausos.

El ideal de la justicia restaurativa que encarna la JEP, más que la humillación del victimario como condición para el rescate de la dignidad de las víctimas y su elevación, exige que las víctimas sean redimidas, pero que, en lo posible, también lo sean sus victimarios.

En cualquier caso, el general Coronado estaba, al parecer, en una posición moralmente más cómoda que la de sus subalternos, oficiales, suboficiales y soldados, a la hora de tener que responder por los falsos positivos. La responsabilidad por omisión, pero sobre todo la omisión ignorante en el cumplimiento de los deberes propios de un cargo, le deja mucho espacio al consuelo moral.

Para un mejor entendimiento del significado moral de la audiencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad en general, y no únicamente en el caso del Catatumbo, resulta útil hacer algunas aclaraciones. La audiencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad fue una creación jurisprudencial de la JEP. Fue concebida como una ceremonia de ratificación pública de aquello que ya el compareciente había reconocido por escrito y de manera privada en su respuesta al auto de imputación de hechos y conductas proferido por la Sala de Reconocimiento, luego de que se llevaran a cabo la versiones preliminares, las observaciones de las víctimas y las contrastaciones de información. Lo dicho previamente en su escrito de respuesta a la JEP era una suerte de guión sagrado que debía ser repetido en términos muy similares en la audiencia pública. Acaso por ello, para no falsear las palabras, los comparecientes a la audiencia de Ocaña prefirieron leer sus declaraciones.

El reconocimiento privado previo constituye, en realidad, el mínimo que no puede cambiar su sentido y sobre el cual al compareciente se le permite improvisar. Cabe pensar que para la JEP no solamente es irreprochable sino deseable que el compareciente improvise durante la audiencia pública, siempre y cuando lo haga para incrementar el valor de su aporte a la verdad y para profundizar en la fuerza simbólica de su reconocimiento de responsabilidad. Este mínimo debe, a su vez, ser consistente con el guión legislativo y jurisprudencial que resulta del régimen de condicionalidades al que están sometidos quienes comparecen ante la JEP como condición para ganarse el beneficio de la sanción reparadora y, en general, los beneficios del sistema transicional, como el de poder comparecer estando en libertad, que no es menor. En este sentido, una incongruencia fundamental entre lo reconocido en privado ―y aceptado por el juez, las víctimas y sus representantes― y lo reconocido en desarrollo de la ausencia pública defrauda los compromisos adquiridos por el compareciente y puede dar lugar a que se declare, de oficio o a solicitud de parte, la nulidad de la audiencia.

La audiencia en marcha

A primera vista, tanto perpetradores como víctimas parecían haber sido preparados para recitar de memoria sus papeles en la obra. Antes de darles la palabra, la magistrada Díaz explicó que primero hablarían las víctimas y después los comparecientes, que cada una de las víctimas, dado su mayor número, contaría con cinco minutos para decir su dolor, sus reproches y sus demandas, y que cada uno de los comparecientes, tendría veinte minutos para aportar verdad, reconocer su responsabilidad, mostrar su arrepentimiento y su disposición a reparar, y para responder a las inquietudes de las víctimas y de los magistrados. En relación con los perpetradores confesos, la magistrada Díaz fue particularmente cuidadosa en controlar sus intervenciones.

Con un tono entre pedagógico y admonitorio les advirtió a los comparecientes sobre las condiciones que debería cumplir su aporte de verdad para ser admisible y sobre la importancia de que sus explicaciones de lo sucedido y el papel que tuvieron en ello no estuvieran acompañadas de justificaciones ofensivas y que denotaran falta de arrepentimiento. Les explicó también que deberían hacer sus propuestas reparadoras.

Después vinieron las intervenciones intercaladas: por cada tres víctimas ―presenciales o virtuales― habló un victimario. Solamente uno de ellos, el cabo Urbano, lo hizo desde un lugar remoto, a través de una pantalla. El hecho de que muchas de las víctimas, al igual que muchos de los comparecientes, leyeran sus intervenciones ―seguramente escritas con la ayuda de sus representantes legales― reforzaba la impresión de que todo había sido preparado meticulosamente para evitar fallas en la representación. Que los comparecientes, aún más que las víctimas, hayan usado expresiones similares, fórmulas casi sacramentales, reforzó la impresión de que se trataba de un ritual que para que resultara eficaz en la consecución de sus fines debería tener una ejecución perfecta.

Como se puso de manifiesto con el paso de las horas, durante las cuatro largas sesiones de la audiencia la capacidad de los magistrados para ejercer control sobre las declaraciones de perpetradores y víctimas fue limitada, sobre todo en relación con las víctimas. Los victimarios estaban doblemente constreñidos: por el sistema de premios y castigos ideado en el acuerdo de Bogotá y en sus desarrollos legales y jurisprudenciales, y por las expectativas de las víctimas y del público, quizás moldeadas por la tradición cristiana, de lucha por los derechos humanos y contra la impunidad en materia de confesión, manifiestas en sus exigencias expresas y tácitas.

Si los victimarios parecían más bien dóciles y hasta intimidados, las víctimas, en cambio, se mostraban retadoras, a pesar del abatimiento en sus rostros. En el contexto de la larga lucha de las organizaciones de derechos humanos y de crímenes de Estado por la justicia, hacer justicia entrañaba la exigencia de que en materia de falsos positivos el destape y la atribución de responsabilidades intencionales llegara hasta la cúpula del poder militar y civil. En un escenario de sometimiento de sus verdugos, ahora reducidos a la impotencia, las víctimas indefensas contaban ante todo con la sacralidad de su condición, sacralidad que, por lo menos en el seno del experimento controlado de su participación en la JEP, les otorga una enorme libertad expresiva.

Llama la atención cómo al final del segundo día de audiencia, después de que el general en retiro Paulino Coronado reconoció su responsabilidad por omisión, las víctimas se pusieron de pie, insatisfechas con su declaración, y en forma repentina exhibieron carteles que decían “aquí faltó verdad”, “¿quién dio la orden?”, “faltan máximos responsables”. Detrás del acartonamiento del ritual judicial, con sus fórmulas fijas, se ocultaba un potencial disruptivo que los asistentes pudieron observar en aquellos escasos pero muy reveladores momentos en los cuales las víctimas o los perpetradores se salieron del libreto mediante interacciones improvisadas.

No todo es previsible en escenarios emocionales y de dignidad agraviada

Durante los dos días que duró la audiencia de Ocaña hubo por lo menos tres momentos en los cuales la ceremonia dialógica del reconocimiento, a pesar de haber sido preparada con esmero para que funcionara con la perfección mecánica de un reloj, estuvo a punto de extraviar su rumbo:

Estos tres momentos son particularmente reveladores y por ello merecen ser reconstruidos es sus trazos fundamentales, de manera que iluminen tanto el entendimiento de la audiencia como su lugar dentro del conjunto del proceso ante la JEP. Por lo pronto, cabe anotar que, gracias a dichos episodios de desajuste del libreto y de obligada improvisación actoral, la tragedia coral arcaica, que al comienzo pareció preservar su solemne pero monótona estructura, se convirtió, por momentos, pero sobre todo hacia el final, en un drama de acción de alta intensidad.

La dispersión territorial de los falsos positivos

Los primeros falsos positivos contrainsurgentes ―cuya infame materia prima se recogía entre los campesinos y lugareños de la estigmatizada región del Catatumbo― fueron reemplazados por una segunda generación, recolectada entre jóvenes desempleados, drogadictos, discapacitados y rebuscadores de las barriadas pobres de ciudades como Soacha, engañados con falsas promesas de trabajo y transportados a cientos de kilómetros para ser ultimados. Este reemplazo fue el resultado de la lucha corajuda de los familiares de los primeros; estos familiares, a través de sus denuncias constantes, visibilizaron el fenómeno a tal punto que lo hicieron inviable, lo que obligó a los militares a tener que buscar sus víctimas en otras zonas del país. La JEP decidió hacer la audiencia en Ocaña, justamente, para honrar su coraje, su persistencia en denunciar y en investigar a pesar de las amenazas, la desidia y las mentiras que debieron enfrentar por parte de distintas autoridades locales y regionales antes de que alguien se los tomara en serio (al igual que para honrar el coraje de las madres de Soacha). La audiencia tuvo lugar en la región en la que las familias ultrajadas habían concentrado el mayor número de pérdidas y denuncias, y donde se había producido el evento de derechos humanos que el general Coronado recordaba, borrosamente, como poco informativo.

Los daños causados por el crimen de falsos positivos, en las dos versiones que se imputaron en el subcaso del Catatumbo, pertenecen al orden de lo irreparable; abrieron heridas que sangrarán para siempre. Hay, sin embargo, dos mecanismos que contribuyen a hacer llevadera la vida y a otorgarle sentido: el perdón de la víctima, porque, si es profundo, la libera de las garras destructoras del odio al victimario, y la constitución de comunidades de dolor como comunidades políticas. En este caso, las víctimas devastadas al punto de perder, a menudo, su identidad y su capacidad de agencia, se juntan ahora, comparten solidariamente sus experiencias y desarrollan una identidad política colectiva como luchadoras en favor de la verdad y la justicia, usualmente acompañadas y orientadas por ONG de derechos humanos y de víctimas. Ambos mecanismos pueden, incluso, activarse juntos.

En el fragor de esa lucha las víctimas sufrientes se convierten, con frecuencia, en agentes. Fue por ello que la JEP quiso honrar a las organizaciones de víctimas del Catatumbo y a las madres de Soacha visibilizando el poder de su agencia política; la reacción de la magistrada Catalina Díaz se entiende a partir del hecho de que el general Coronado, con sus declaraciones, atentaba contra ese relato sanador.

¿Quién dio la orden?: un interrogante problemático

A diferencia del macrocaso 01 sobre secuestro, el cual se ha investigado de arriba hacia abajo tomando como punto de partida las pruebas disponibles contra la comandancia de las extintas FARC, el macrocaso 03 sobre falsos positivos se ha venido investigando de abajo hacia arriba partiendo de las pruebas recabadas contra los soldados de a pie. En el primer macrocaso, el establecimiento de la verdad judicial sobre “quién dio la orden” es una cuestión clausurada desde el comienzo; en el segundo, en cambio, se trata de una pregunta que permanece abierta hacia arriba y cuya enorme potencia acusatoria sobrecargó políticamente la audiencia de Ocaña. Si en lo que atañe al macrocaso 01 preguntar quién en la cúspide de la organización guerrillera dio la orden general de secuestrar resulta superfluo (pues es sabido de antemano), en el macrocaso 03 la pregunta es, en cambio, en términos político-simbólicos, muy poderosa, aunque judicialmente problemática.

En el entendido de que la orden de un superior es un acto intencional, podría pensarse que quienes la formulan lo hacen dentro de un marco de representaciones simétricas imaginando que, al igual que en el caso de secuestro, en el de los falsos positivos hubo una suerte de “secretariado”, ya no de las FARC, sino del gobierno civil y de sus fuerzas de seguridad, que adoptó y puso en práctica una política deliberada de producción de falsos positivos. Más allá de la aparente lógica política del paralelismo, no resulta fácil pensar en comparar una estructura guerrillera con un complejo aparato de Estado fragmentado en materia de seguridad a partir de largas cadenas de mando que ascienden hasta la cima del poder civil. En el contexto del sistema de pesos y contrapesos de nuestra imperfecta democracia, no resulta probable ni fácil de demostrar la planificación central de falsos positivos. Políticamente la pregunta sigue teniendo sentido en el marco de la insaciable búsqueda de verdad de las víctimas, pero en el plano judicial puede conducir, si no se adoptan las debidas precauciones, a un callejón sin salida. El propio expresidente Uribe, en la entrevista que rindió en su casa de Rionegro frente a la CEV, además de alegar que en ese momento fue engañado por sus subalternos, fue claro en decir, respecto a su responsabilidad en el crimen de los falsos positivos, “a mi que me juzguen por mis intenciones”. El exmandatario muy seguramente sabe que las imputaciones de responsabilidad en la cúspide del poder civil a título de dolo, sobre la base de la prueba reina de una intención criminal manifiesta, tienen más tropiezos que certezas; también lo saben los abogados de las víctimas de crímenes de Estado, pues son conscientes de que la JEP no tiene competencia para juzgar a los presidentes de la república. Todos saben igualmente que, muy probablemente, ni el Congreso ni la CPI van a estar dispuestos a embarcarse en esa difícil y políticamente costosa empresa.

Con todo, así la ruta judicial para resolver la pregunta por “quién dio la orden” tenga obstáculos anticipables que muy seguramente habrán de determinar que la JEP se sirva de modelos de imputación alternativos (como, de hecho, lo está haciendo), la lucha simbólica de las víctimas por esa verdad última no se va a detener.

La confesión del sargento Pérez como contraste: la aceptación de la monstruosidad

Para completar estas reflexiones, adelantadas a partir de la observación de la audiencia de Ocaña, es importante ocuparse brevemente del sargento segundo Sandro Pérez. Si el general Paulino Coronado fue, entre los perpetradores presentes en la audiencia de Ocaña, el gran antagonista político de las víctimas, por su posición en la cúpula militar del Estado, su gran antagonista moral fue el sargento retirado Sandro Pérez. Pérez es un asesino serial y rutinario que cumplió un papel central en la miríada de pequeñas conspiraciones que produjeron los falsos positivos del Catatumbo. Obedecía y servía a sus superiores, pero, por encima de todo, manejaba muchos de los hilos del tejido de microempresas criminales subyacentes al patrón de victimización de los falsos positivos en el mundo de las unidades de inteligencia y de combate que operaban en el Catatumbo. Pérez se califica a sí mismo como un monstruo. Después de declarar de forma escueta y sin miramientos consigo mismo que contribuyó de forma cobarde al asesinato de muchos civiles inocentes, lee la lista de sus nombres; lo hace pausadamente. Después de que pronuncia el quinto o el sexto nombre, las víctimas y los demás presentes en la sala empiezan a perder la compostura; su larga letanía resulta moralmente intolerable. Algunas de las víctimas se derrumban y deben ser llevadas fuera de la sala con el apoyo de expertos que casi las arrastran por los corredores de la platea. Pérez no despierta ninguna empatía. Es difícil imaginar que alguien como él, que parece encarnar el mal absoluto, sea capaz de arrepentimiento y de transformación identitaria, psicológica y moral. Sin embargo, parece cumplir a pie juntillas con las condiciones que le impone la JEP para preservar y obtener los beneficios que le ofrece la justicia restaurativa. Es un sapo grande que hay que tragar y que nos muestra la magnitud de la apuesta que ha hecho la justicia transicional.

Epílogo abierto

Un día después de la audiencia del Catatumbo, el 28 de abril, el general Coronado ofreció una entrevista para el diario El Espectador en la cual precisó su posición. En sus declaraciones de prensa, además de denunciar a sus superiores por ejercer presiones indebidas, y a sus inferiores por haberlo engañado, insistió en que los falsos positivos se realizaron sin su conocimiento, pero dejó claro que reconocía sin titubeos la responsabilidad por omisión que le había sido imputada.

Explicó de nuevo que en el encuentro del Catatumbo no se dio por enterado de lo que estaba sucediendo, pero manifestó que “la memoria es frágil”, que “sus subalternos lo engañaron”, que lo sucedido “le laceraba el alma”, y terminó diciendo que él le daba la razón a las víctimas y que aceptaba lo que las víctimas dijeran. Para que no quedaran dudas al respecto, reiteró más adelante: “Mi compromiso es con la verdad. La razón siempre la tendrán las víctimas”.

Resulta difícil saber si la última frase citada es una forma de manifestar su convicción de que la verdad verdadera está en las víctimas y no en los victimarios, o si es más bien una manera (no intencional) de expresar que para él lo importante, más que justificarse diciendo que no sabía, es cumplir con las condiciones que le imponen las víctimas y la JEP, en el sentido de reconocer que sí sabía, para poder ganarse los beneficios del sistema y salir definitivamente del problema.

Las expectativas de los militares en el caso de los falsos positivos, previas a la audiencia de Ocaña

Con poco más de un mes de anticipación a la primera audiencia sobre falsos positivos en Ocaña (26 y 27 de abril 2022) nos propusimos auscultar, en el contexto de un seminario colectivo en la Universidad del Rosario, las impresiones de los militares comparecientes ante la JEP sobre lo observado y lo esperado de la justicia transicional, en el ambiente libre de la conversación académica de un centro universitario.

Los invitamos para que reflexionaran con nosotros sobre la experiencia, ya vivida o apenas imaginada, de confesar y de confrontarse con los jueces y las víctimas. Muchos de ellos ya habían pasado por cárceles o guarniciones militares. Asumimos que dicha reflexión sería para ellos educativa y sanadora, y para nosotros esclarecedora.

Sanar y ganar un poco: racionalidad y decisión moral

Del conjunto de contrastaciones entre la justicia ordinaria y la justicia transicional de la JEP, señalamos, a partir de los conversatorios, lo siguiente. Para algunos de los militares la diferencia entre la justicia ordinaria ―dictatorial, inquisitiva, desconocedora del DIH y el derecho operacional― y la JEP ―cuyos funcionarios tenían pleno conocimiento de la guerra y del derecho que la regula, y abrían espacios para la reflexión― es abismal. Así, testimoniar frente a la justicia transicional resulta, para algunos, sanador, a pesar de que para otros es, en cualquier caso, desgarrador. “Es terrible ir ante un tribunal”, dijo uno de los militares.

Todos hablan con franqueza de lo intimidante que es enfrentar la justicia, cualquier justicia, incluida la de la JEP. Sin embargo, aceptan que hacerlo en un escenario de diálogo alivia y permite “explicar el contexto y mostrar matices”. Estas valoraciones se expresan de variadas formas: “Que lo traten a uno como persona mejora el modo como se informan las cosas. Sin presiones, uno confiesa más fácilmente, cuenta lo sucedido con más claridad”, dijo uno de ellos. Frente a la “verdad jurídica” y estrecha de la ordinaria, que los trataba de entrada como derrotados y culpables, aparecía la “verdad real” de la JEP, que los escucha y facilita los aportes de esclarecimiento en ese encuentro a la vez temido y deseado con las víctimas.

En la justicia ordinaria “uno se va al negacionismo para que no lo condenen; sabemos que es mejor ocho años que sesenta”, dice uno de los militares comparecientes ante la JEP, como queriendo subrayar con ello que, más allá de sus emociones, aquello que lo mueve es el interés en la mayor impunidad posible, por lo que, de todas maneras, evita actuar en contravía del sistema de incentivos.

Los participantes del taller modelan su experiencia de la comparecencia a través de lógicas distintas de las que los animan en el ejercicio del reconocimiento de su responsabilidad. Mientras hay quienes afirman sin ambages que su acto de reconocimiento voluntario de responsabilidad sigue el libreto moral de la tradición cristiana con su ritual de arrepentimiento, vergüenza y expiación de culpa por los pecados cometidos, hay otros, en cambio, que parecen identificarse como fríos calculadores, representantes de la escogencia racional. Es imposible saber cuál de estas dos miradas en competencia está más cerca a la realidad humana; ambas reclaman exclusividad en el dominio motivacional. Mientras la cristiana suele hacerlo en nombre de la pureza de los motivos que informan la decisión moral, la segunda lo hace en nombre del egoísmo irredimible que alienta al homo economicus en su paso por la vida. Los motivos de las decisiones humanas no siempre son tan excluyentes. Quizás haya que admitir que en algunos momentos son indisociables, en otros complementarios y en otros persiguen caminos autónomos. Es probable, en todo caso, que quienes comparecen ante la JEP se orienten en realidad por una mezcla indiscernible de ambas motivaciones.

Los reparos a la justicia transicional

Pese a que la valoración global de la justicia transicional es altamente positiva, no faltaron los reparos. Adujeron, por ejemplo, que la JEP, a pesar de su diseño, estaba manejada en buena medida por funcionarios educados bajo los mismos parámetros de la justicia ordinaria. Hubo reparos a la lentitud en la definición de las situaciones jurídicas y sus consecuencias para la vida personal, laboral y social de los comparecientes. Llamaron la atención sobre cómo el drama social y familiar, sin trabajo y sin pensión, los convierte en presa fácil del “reclutamiento criminal” que reproduce el ciclo de violencia que se pretende superar. Hubo quejas sobre la asimetría en la actitud de la JEP frente a ellos: “No hay neutralidad frente a los comparecientes militares”, “no hay justicia para los militares en ningún tribunal nacional”, dijeron. Hubo reiteradas observaciones y malestares respecto al exceso inquisitivo y coercitivo, aunque alguien con sentido de la realidad lo exculpó diciendo: “dialógico o no dialógico, la JEP es un tribunal”.

Un testimoniante del curso, para demostrar de manera ejemplarizante la veracidad de su afirmación, refirió lo que le sucedió a un compañero suyo, un compareciente discapacitado, que quiso hacerle notar al magistrado que llevaba su caso que él era una víctima y obtuvo por respuesta una frase que al participante del taller le pareció inadecuada: “Por ahora responda como victimario. Después veremos si puede comparecer como víctima”. Parecería, por el modo poco claro en que el participante presentó el ejemplo, que lo que le pareció arbitrario en el caso de su compañero fue que la condición de víctima no se hiciera valer de forma inmediata y que la postergación innecesaria de esa consideración hubiera sido tomada por ellos como una prueba de animadversión de la JEP contra los militares.

Hubo también anotaciones sobre presiones excesivas de la JEP. La JEP sólo tiene pleno sentido para quienes llegan decididos a confesar la verdad que demandan las víctimas, en lo posible bajo el formato de confesión temprana, así sea para obtener los beneficios estipulados, lo que le ahorra tiempo y trabajo al sistema. Sin embargo, y esto fue una preocupación generalizada, la JEP no se adecúa a la situación de quienes ya dijeron ante la ordinaria todo lo que tenían por decir. “Sí o sí hay que declararse culpable”, dijo uno de los participantes. La JEP no está hecha para quienes nada tienen que confesar, bien porque no han hecho nada, bien porque ya dijeron ante la justicia ordinaria todo lo que tenían por decir.

De esta tensión, que se agravó en la fase final de las negociaciones de La Habana ―cuando los detractores del sistema introdujeron en su diseño el principio de que quienes dan sus versiones libres no tienen la obligación de reconocerse culpables― surge el peligro, con frecuencia denunciado por los enemigos del Acuerdo de La Habana, de que en la JEP los comparecientes, sobre todo aquellos que no tienen nada nuevo que decir y se encuentran bajo presión de las partes procesales, mientan para mantenerse dentro del sistema y para preservar y obtener beneficios.

En todo caso, pese a los reparos de diverso tono y contenido, apareció esta frase contundente: “La JEP en el primer día obtuvo más información mía que la justicia ordinaria en doce años”, sentenció uno de ellos exaltando a la vez el valor purificador y reparador que esperan de su comparecencia ante la JEP, en la cual “ganaba la verdad”. En palabras de otro testimoniante, “la disposición del compareciente cambia por la mayor importancia de la verdad, por la mayor importancia de las víctimas”. Otro, evaluando su experiencia luego de cuatro días de versiones, anota con cierta perplejidad: “Es difícil que las víctimas escuchen”; pero luego dice: “son hechos vergonzosos”, “yo cometí delitos, tomé decisiones, soy responsable”.

La palabra encadenada

El rechazo de la justicia ordinaria en el imaginario de los militares tiene, más allá de la práctica judicial, una explicación política. A los militares sometidos a la justicia ordinaria se les ha inculcado por décadas, desde la cúpula y, en gran medida, desde los poderes civiles, que sus hombres han sido expuestos no sólo a la confrontación armada en el terreno, sino a una “guerra jurídica” de jueces y “brazos desarmados de la subversión” para desprestigiarlos, neutralizarlos y eventualmente llevarlos a prisión, con menoscabo de su misión de “salvadores de la patria”. En el desarrollo de la narrativa sobre la “guerra jurídica”, el aparato militar controlaba la palabra de sus soldados en la escena judicial ordinaria. La consigna era “no confesar para no enlodar el prestigio de la institución”. Esta lógica política protegía la institución militar, pero no a sus convictos.

Además, los que eran ahora hombres sub judice sentían que se les había movido el piso de las justificaciones. “Sentí tristeza porque en las unidades por las que había pasado celebraban mi actuar, nos decían que estábamos haciendo las cosas bien” y “la justicia penal militar avalaba nuestras actuaciones militares” fueron frases pronunciadas por los participantes. En ese sentido, los comparecientes puntualizan que “la responsabilidad no es de los combatientes, sino de las instituciones”. Adicionalmente, existe un sentimiento de injusticia por el hecho de que la JEP haya llamado sólo a unos pocos: “Somos muchos”, dijo uno de los participantes.

A estos militares los atormenta el hecho de que, a pesar de haber sido tantos los que compartieron con él el espíritu colectivo de matar guerrilleros vestidos de civil y población civil en zonas de dominio guerrillero, la JEP solamente haya señalado a quince (en el caso de Valledupar) como los máximos responsables. La selección los hace sentirse profundamente sólos, pues no cuentan con el grupo y mucho menos con la institución para sobrellevar el peso de la culpa.

La libertad provisional de la que hoy gozan no amortigua sino que, por el contrario, aumenta su sensación de abandono y soledad moral. Se reafirman en que no cometieron errores sino delitos y son claros en decir que la decisión de la JEP de imputarlos fue acertada, que ha sido buena para ellos y que los ayuda a prepararse para la audiencia pública que viene. Saben que, tras haber sido derrotados en la justicia ordinaria, llegaron a la JEP porque no tenían otra opción. Algunos afirman que nunca confesarían lo que no hicieron. ¿Lo dicen porque así lo sienten, porque saben que tienen que decirlo o tienen que creérselo para que los jueces y el público les crean y así salir bien librados?

Vale la pena resaltar que ni siquiera la complejidad de la guerra la utilizan como excusa: “Fue un mal momento; en mi caso, las víctimas fueron combatientes”, “en la ordinaria llegamos todos vencidos”, “me sentí solo y decepcionado”, “hay cosas que creíamos que estaban bien y no estaban, y cuesta trabajo aceptarlo”, “la JEP fue para mi una esperanza de vida personal” y “en la justicia ordinaria no había esperanza” fueron otras de las frases pronunciadas por los participantes.

Es notable el énfasis que hacen en la función redentora de la JEP. “Voy a la JEP a reducir el castigo, no a que me amnistíen; sólo hay amnistía para las FARC; si la hubieran pactado para nosotros, se nos viene la CPI encima”, dijeron.

Aún aceptando que quienes vienen de la justicia ordinaria y se presentan ante la JEP lo hacen en calidad de sujetos calculadores, guiados por la razón estratégica, queda claro también que el paso por la JEP los moldea, los convierte en sujetos morales y los embarca en una experiencia personal profundamente transformadora. Que se trate de sujetos calculadores no los exime de la vergüenza ni del arrepentimiento.

Una pregunta que se les hizo en otro pasaje de la conversación fue: ¿si la experiencia de los comparecientes es positiva en la JEP, por qué esta valoración individual no se comparte con la institución militar? Las respuestas abrieron otra línea de reflexión sobre la incidencia de las relaciones jerárquicas y las motivaciones en los diferentes escenarios judiciales.

Cuando estos convictos pasaron a la JEP hubo un trastocamiento de roles: dejaron de ser héroes de la patria y pasaron a ser villanos y “manzanas podridas”. La institución armada y el ministerio de defensa los abandonó a su suerte. “Aquí se sigue una línea gubernamental que no quiere la JEP”, “no quieren nada de nosotros” y “somos las manzanas podridas” son todos los nombres del abandono institucional, que suplen a menudo con el apoyo de sus familias, a las cuales recurren como soporte para confesar lo que nunca se habían atrevido a hacer.

Su soledad fue grande, pero, paradójicamente, esa fractura identitaria les dio, al mismo tiempo, libertad para hablar, para asumir sus propias responsabilidades, pero también para nombrarlas mando arriba, hasta las más elevadas instancias militares y civiles del país. “Por eso el Ejército no va a comprar el modelo de la JEP”, dijo uno de ellos. Otro lo enunció nítidamente: ”Debemos enviarle a la JEP un mensaje: ya no somos ejército. La institución no cuenta con nosotros. Nos apoyaron antes, pero no ahora. Hoy somos una simple estadística”. Algunos incluso nombran mecanismos de obstrucción a la justicia: “Hay altos mandos que pagan a subalternos para que no digan la verdad”.

Si los militares llegaban libreteados a la escena judicial ordinaria ―condicionados y presionados por toda la institución, con el discurso de la guerra jurídica injusta contra sus hombres, al amparo de la cual todos se creían buenos soldados, aún ejerciendo prácticas atroces en nombre de intereses nacionales― los que llegaban a la justicia transicional estaban condicionados y limitados respecto a lo que se debía decir (y la manera de decirlo) por la propia JEP y su alto grado de ritualidad programada. Cabe pensar que, en lo que atañe a la audiencia de Ocaña, los jueces sustituyeron a las fuerzas militares en la factura y el control del libreto que deberían recitar.

Consideraciones finales: el reclamo por la asimetría

Cuando nuestra colega Leigh Payne nos sugirió, en una reunión reciente, que le agregáramos a nuestro estudio de los reconocimientos voluntarios la pregunta por cuál era la relación de los comparecientes con el “director de la obra de teatro”, le respondimos que, en el caso de las FARC, parecía que el director (la dirección del partido Comunes) estaba muerto o agónico. La fractura interna del partido difícilmente permite imaginar que alguien, en nombre de la organización, esté siendo capaz de enviarles a los comparecientes órdenes coherentes sobre cuál debe ser y cómo debe ser representado su papel. Adicionalmente, quienes comparecen ante la JEP, en el desarrollo del macrocaso sobre secuestro, son las mismas personas que hoy dirigen el partido Comunes.

Por su parte, en relación con los militares, le pudimos contar a la Profesora Payne que la institución militar (según uno de los participantes), siguiendo instrucciones del gobierno Duque, rechaza la JEP y rechaza a quienes comparecen frente ella señalándolos de traidores y de manzanas podridas; la institución militar ha perdido el control sobre la escena confesional. El Ejército ha quedado expuesto a que sus hijos, antes protegidos y ahora despreciados y resentidos, desnuden los peores pecados del aparato militar.

Así pues, no sólo los ahora comparecientes ante la JEP, como muestra de su agradecimiento, están dispuestos a confesar ―después de haber sido rescatados del infierno de la cárcel―, sino que en el tránsito de la justicia ordinaria a la extraordinaria los exmilitares comparecientes, abandonados a su suerte por traidores, pasaron de estar bajo el control dramatúrgico de la cúpula del poder militar ―y civil― a estar bajo la orientación y control de la JEP.

En estas nuevas circunstancias, a pesar de que en el desarrollo del taller se alcanzó a oír algún “mi coronel” de parte de uno u otro participante, queda la impresión de que los militares que transitaron de la justicia ordinaria a la JEP dejaron de ser los miembros emocional y moralmente amparados por un ejército nacional, jerárquico, y se convirtieron, en cuanto bulto de manzanas podridas, en un grupo de descastados igualados en el abandono.

En cualquier caso, es razonable asumir que los militares perseguidos penalmente por su participación en el estruendoso crimen de los falsos positivos están hoy, frente a la JEP, mejor motivados que ayer para aportar verdad y reconocer voluntariamente una responsabilidad frente a la justicia ordinaria.

Una observación final para resaltar las complejidades de estos escenarios: tanto militares como guerrilleros, protagonistas del conflicto, se sienten asimétricamente tratados en la escena judicial. Los militares declaran la soledad y el abandono institucional en el que los han dejado; un trato desequilibrado frente a los guerrilleros, que tienen apoyos políticos, mecanismos de reinserción económica y ocupacional, asesoría psicológica y la posibilidad de ser amnistiados. Por otro lado, los guerrilleros se quejan de que se les considere como únicos responsables de la guerra junto a los terceros políticos azuzadores y financiadores de la misma. Son, desde luego, aspiraciones de simetrías de imposible aceptación en estos campos de la justicia transicional: la justicia negociada para y por el rebelde, y la justicia establecida para los crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos desde una institución estatal.

El paralelismo entre estos dos escenarios, el judicial y el extrajudicial, es posible por el nuevo y diferenciado lugar que tiene hoy la palabra. En efecto, tras los Acuerdos de La Habana, la verdad y la memoria se han instalado en la sociedad y la han permeado; se expresan en algunos espacios sometidos a ciertas reglas de producción, como en la ritualizada escena judicial. En otros espacios sociales, académicos y periodísticos, con mayores libertades en los qué y los cómo, la verdad y la memoria se han vuelto parte del debate público. La formación de una sociedad más deliberante es uno de los legados más importantes de la paz negociada.