INTRODUCCIÓN

Las exploraciones petroleras en el Amazonas ecuatoriano comenzaron a mediados del siglo XX. En 1949 se descubrió el campo petrolero Tiputini en el corazón de lo que posteriormente, en 1979, sería declarado Parque Nacional Yasuní, ubicado entre las provincias de Pastaza y Orellana, en plena cuenca amazónica y a 250 kilómetros al suroeste de Quito. En la década de los noventa también se descubrieron los campos petroleros de Ishpingo y Tambococha, que se encuentran dentro de los 10.200 kilómetros cuadrados del Parque. Bajo principio de precaución, en 1998, el Gobierno ecuatoriano declaró la zona sur del Parque Nacional Yasuní como ‘zona intangible’ en consideración a la presencia de comunidades indígenas amazónicas, especialmente los Tagaeri-Taromenane, que se encontraban en condición de ‘aislamiento voluntario’.

Fuente: Monitoring of the Andean Amazon Project (2022).

Mapa 1 Zonificación Parque Nacional Yasuní 

En el año 2007, por cuenta del Gobierno de Rafael Correa, nació en Ecuador la iniciativa oficial ‘Yasuní ITT’. Su objetivo era convocar a la comunidad internacional apelando a la corresponsabilidad global para que, a partir de una compensación económica de la mitad del dinero que obtendría el Gobierno ecuatoriano por extraer los cerca de 1.670 millones de barriles de petróleo en la zona, se pudiera dejar el crudo bajo tierra y conservar plenamente la estructura ecológica del Parque Nacional Yasuní¹. El terreno que afectarían las labores de extracción correspondía a tres campos principales del parque: Ishpingo, Tambococha y Tiputini (^{Fontaine, 2007}, p. 12). Sin embargo, esta iniciativa no tuvo éxito y en 2013 el Gobierno ecuatoriano anunció la extracción de petróleo en el área. A partir de ese momento, el conflicto, que involucra a organizaciones ambientalistas, poblaciones indígenas y movimientos sociales, entró en una segunda fase. Diferentes instancias internacionales y actores no estatales han participado en la discusión y la intensificación de este conflicto socioambiental.

Este análisis está guiado por tres objetivos: identificar cómo el Gobierno de Rafael Correa se enfrentó a las redes de denuncia y movilización internacional con especial sensibilidad ambiental; explicar, a partir del estudio de caso, cómo las resistencias al extractivismo en América Latina transitan escalas de denuncia y construyen el vínculo con la conciencia ambiental global para reducir el desequilibrio de poder a nivel local; y ubicar el concepto de ‘yasunización’ como perspectiva crítica ante el modelo de desarrollo extractivista en América Latina.

En este trabajo se considera el territorio como la unidad espacial básica de los conflictos ambientales. El territorio es un lugar en disputa, generado por la apropiación, arraigo y producción del espacio geográfico, influenciado por las relaciones sociales, la energía, la información, la comunicación y el uso de los recursos naturales. Particularmente se toman los aportes a este enfoque desarrollados por Claude ^{Raffestin (2005)} y Giuseppe ^{Dematteis (1995)}. Sin embargo, este análisis se centra en las dinámicas no-locales y de desterritorialización asociadas al conflicto ambiental en el Amazonas ecuatoriano.

CAMPAÑA OFICIAL: BUEN VIVIR Y DEUDA ECOLÓGICA

La voluntad del presidente Rafael Correa para revertir la dependencia económica del petróleo en su país se expresó también en la reflexión que adelantó con su Gobierno en torno a la búsqueda de un nuevo paradigma de desarrollo. Cuando en entornos académicos y militantes se empezó a pensar sobre cómo darle un alcance político a la lucha contra el cambio climático, fueron los avances constitucionales en Ecuador —y Bolivia— los pilares de una nueva reflexión alrededor del reconocimiento político y jurídico de la naturaleza (^{Gudynas y Acosta, 2011}, p. 72). Durante muchos años el movimiento ambientalista latinoamericano se identificó a nivel global como el ejemplo más elocuente de la lucha contra el modelo de desarrollo neoliberal y extractivista. El constitucionalismo andino que avanzaba hacia un planteamiento serio de ‘los derechos de la naturaleza’ se convirtió en referente mundial de innovación y reflexión en torno al metabolismo ser humano/naturaleza (^{Smith, 2009})². La posibilidad de crear un esquema interpretativo crítico y alternativo del impacto del ser humano en los ciclos biológicos fue el motivo principal para que, con iniciativa del ministro de Minas, Energía y Petróleo, Correa se volcara hacia la comunidad internacional buscando una salida global a un dilema del Gobierno local.

Con el Buen Vivir (sumak kawsay) como eje argumentativo, Correa buscó en la conciencia ambiental global³ un correlato institucional y financiero que permitiera dejar el petróleo bajo tierra y mantener intacto el Parque Yasuní, que, dicho sea de paso, es el hogar de pueblos indígenas en condición de aislamiento como los Tagaeri, los Taromenane y algunas nacionalidades huaorani. Por varios años la Iniciativa Yasuní ITT (en adelante la ‘Iniciativa’) se consolidó como una campaña nacional e internacional que sublimaba la amplia biodiversidad que se estaría cuidando en el parque, a la par que “buscaba crear conciencia ambiental internacional sobre los efectos que tiene la explotación petrolera en el medio ambiente y otorgarles a los países desarrollados su cuota de corresponsabilidad por la emisión de gases de efecto invernadero en la atmósfera” (^{Villacís, 2017}, p. 31).

En 2009 apareció una de las piezas audiovisuales insignia de la Iniciativa que empezó a darle la vuelta a Ecuador y el mundo con traducción en varios idiomas. En la plataforma de YouTube fue publicado el video en la cuenta “Viveecuador” —que pertenecía al Ministerio de Turismo— bajo el título “El Parque Nacional Yasuní, Único en el Mundo”⁴. Allí la narrativa insistía en el Parque Yasuní como el lugar más biodiverso del mundo y, al mencionar los eventuales beneficios directos del éxito de la Iniciativa, queda claro un emplazamiento de la conciencia ambiental global como un agente determinante de la corresponsabilidad internacional con el Amazonas. El Gobierno ha propuesto los beneficios de la Iniciativa de la siguiente manera:

- Evitar la emisión de 407 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera debido a la quema de combustibles fósiles⁵.

- Salvaguardar la “enorme riqueza biológica del parque, reconocida por la UNESCO como única en el mundo” (minuto 2:20).

- Respetar las culturas y tradiciones de los pueblos indígenas aislados que viven en el parque.

- Restaurar un millón de hectáreas de bosque.

- Fomentar la transición de una economía extractiva a un modelo sostenible de desarrollo.

La conciencia ambiental global ha tomado en ocasiones la forma de una angustia ante la degradación de la biosfera, como una ansiedad secundada por los medios de comunicación y que, en parte, ha permitido la consolidación del calentamiento global “como centro de debate político internacional y en las agendas de Gobierno e instituciones intergubernamentales” (^{Lemkow y Espluga, 2017}, p. 172). El video en cuestión utiliza de manera sistemática imágenes de grandes mamíferos y comunidades indígenas amazónicas para evocar emociones nucleares de la conciencia ecológica global. Estos conceptos giran en torno a la empatía hacia especies predilectas del ‘eco-panóptico’⁶, como primates, felinos grandes y comunidades indígenas percibidas como el “otro” ecológico (^{Ulloa, 2002}).

El mensaje de la campaña mediática del Gobierno Correa era claro frente a los potenciales contribuyentes de la Iniciativa, pues, en definitiva, cualquier Gobierno, organización, empresa o ciudadano del mundo podría aportar para la conservación del parque. El lenguaje usado en las piezas de campaña centraba su atención en ideas fuerza propias de un imperativo global en torno a “revertir el cambio climático”, las “generaciones futuras” y la “responsabilidad ciudadana” con la “conservación de la naturaleza”. En sus comunicaciones oficiales, el Gobierno Correa precisaba sobre quiénes podrían donar a la Iniciativa así:

APELAR A UNA ÉTICA COMÚN

La ciudadanía global es un concepto surgido de un nuevo orden mundial en el que los actores no estatales aumentan su influencia en la escala internacional. Reconociendo esto, la declaración de la conservación del Parque Yasuní como una causa para los ‘ciudadanos globales’ buscó situar la Iniciativa en el campo de una diplomacia pública del Gobierno de Correa. Esta diplomacia tuvo varios aspectos ambientales y se consolidó en 2008 con la consagración de los derechos de la naturaleza a nivel constitucional. Considerando el crecimiento de la conciencia ambiental global, se incluye el discurso conservacionista como medio para una buena imagen internacional. En el caso de Yasuní, el Gobierno de Correa tuvo que hacer un análisis político estimando que avanzar con la extracción de petróleo en el corazón del Amazonas ecuatoriano causaría una gran conmoción a nivel nacional e internacional⁸.

Siempre se habló de un plan A y un plan B, en los que la posibilidad de una compensación económica del mundo a Ecuador —para dejar el crudo bajo tierra— siguió siendo la hoja de ruta hasta mediados del 2013. En su discurso en la convención de Río+20, en 2012, Rafael Correa destacó el “derecho de los ecuatorianos” a explotar el petróleo del Parque Nacional Yasuní. Habló del “sacrificio” de la nación al renunciar a los beneficios de dicha explotación si el mundo entero colaboraba en la recaudación de al menos la mitad de los recursos que Ecuador obtendría por extraer más de 1.500 millones de petróleo del Parque Yasuní, es decir, unos 3.500 millones de dólares⁹. En aquella intervención, además, Correa hizo mención recurrentemente a la necesidad de un cambio en la relación de poder mundial, reivindicando el sur global como campo de acción política: “Desde el sur podemos llamar a la conciencia global. (…) Son los indignados del mundo, sobre todo los del primer mundo, los que nos dan la esperanza de una nueva relación de poder en el mundo” (minuto 21:25). La convocatoria que hacía el Gobierno Correa a una ciudadanía indignada a nivel global, con una conciencia ambiental e integrada a la “ética ecológica” del siglo XXI (^{Barrón, 2002}), fue, hasta el año 2013, la manera de aumentar el alcance de una iniciativa que para el 2011 apenas había recaudado 36 millones de dólares por cuenta de un canje de deuda con Italia y cien mil dólares donados por el Gobierno de Chile (^{Escobar, 2011}).

Para entender el recorrido político del conflicto ambiental que se desataría años más tarde en torno a la conservación del Parque Nacional Yasuní, es importante tener en cuenta que fue el propio Gobierno de Correa el agente principal del escalamiento en un primer momento, cuando aún no se presentaba como conflicto¹⁰. Millones de ecuatorianos que residían en las grandes ciudades conocieron el Parque Yasuní y su riqueza ambiental gracias a las piezas que el Gobierno puso a circular en diversos medios de comunicación nacional e internacional explicando sus motivos para insistir en la Iniciativa y dejar el petróleo bajo tierra. Pedro Bermeo, vocero de Yasunidos, lo describe así: “Fueron siete años en que muchos crecimos con un Gobierno que nos hablaba todos los días por la TV diciendo que era importante conservar el Yasun픹¹.

Así pues, la construcción de una deseabilidad genérica —nacional e internacional— de conservación ambiental en el área del parque fue el camino que recorrió Rafael Correa para presionar a Estados y entidades multilaterales a responder el llamado, que ya no sería sólo de un Gobierno latinoamericano, sino de toda una comunidad global de sentido en torno al Yasuní; es decir, la yasunización de su imagen internacional. Durante el Enlace Ciudadano del 9 de febrero de 2013¹², el secretario nacional de Planificación y Desarrollo, Fander Falconí, hizo referencia al parque así: “El Yasuní no sólo es un fragmento de bosque tropical con poblaciones humanas y con una enorme diversidad biológica, que se debe salvaguardar. Es una prueba de vida, es una apuesta por el planeta”¹³. La retórica insistente de conservación fue el camino que escogió el Gobierno ecuatoriano para escalar el alcance de la Iniciativa y sumar audiencias a nivel internacional que ejercieran como portavoces del Amazonas; la ruta institucional que en un primer momento logró que se le diera un calibre global al ‘tema Yasuní’ (^{Jima, 2018}, p. 145).

LAS VACILACIONES DE CORREA

Tras el lanzamiento de la Iniciativa, el Gobierno de Correa enfrentó diversos obstáculos para consolidar este fondo internacional, que teóricamente garantizaría la no explotación dentro del parque. Aunque muchos gobiernos, especialmente europeos, mostraron interés en apoyar económicamente la Iniciativa, surgieron problemas con el mecanismo de recolección de fondos y su uso. Estos problemas provocaron la renuncia de Roque Sevilla, presidente del Consejo Administrativo de la Iniciativa Yasuní-ITT, después de recibir intensas críticas del presidente.

Los Gobiernos que respondieron al llamado de la Iniciativa solicitaron la creación de un fideicomiso internacional que garantizara un uso adecuado de las contribuciones recibidas. Esta petición, aceptada por Roque Sevilla durante las negociaciones, fue calificada por Rafael Correa como “irrespetuosa” y señaló la gestión de Sevilla como “vergonzosa”. Aquel Encuentro Ciudadano del 9 de enero de 2010, espacio que con los años sería conocido popularmente como ‘las sabatinas’, terminó con una frase célebre de Correa: “Quédense con su plata y el lunes empezamos a explotar el ITT. Aquí no vamos a claudicar en nuestra soberanía”¹⁴.

Los ires y venires discursivos de Rafael Correa durante los seis años que duró la Iniciativa fueron causados por las vacilaciones que tuvieron muchos Gobiernos para contribuir económicamente al proyecto (^{Acosta, 2010}). El debate ambiental se da en el marco de un sistema internacional que preexiste a las propias crisis ecológicas y sus consecuentes discusiones. Las posiciones hegemónicas, la división internacional del trabajo y las relaciones de dependencia económica condicionan las contradicciones que subyacen en la discusión ambiental global (^{Estenssoro, 2014}), y ha sido en esa idea que Rafael Correa ha situado su discurso, primero para persuadir al mundo en virtud de conservar intacto el Yasuní y, a partir del 2013, para justificar la explotación del petróleo dentro del bloque 43, conocido como ITT. Una lectura propia de las relaciones de poder en el campo internacional significó para el Gobierno ecuatoriano el camino de una diplomacia combinada entre la reivindicación de una subalternidad política regional e internacional de Ecuador y la deuda climática histórica que tienen las potencias globales con los países en desarrollo (^{Bullard, 2010}).

Rafael Correa deslocalizó el Yasuní y con ello consiguió que buena parte de las y los ecuatorianos construyeran alrededor del parque una identidad nacional y emocional. Dicha deslocalización fue internacional y desde muchos lugares del mundo se empezaron a manifestar voces por el Amazonas y la no extracción del petróleo. Aquella vocación oficial —que después también sería ciudadana— para escalar una iniciativa pionera en el mundo y convocar a toda la comunidad internacional en torno a una agenda ambiental, terminó chocando con el lobby petrolero, liderado por Carlos Pareja¹⁵ y Wilson Pastor¹⁶, que insistía en la posibilidad de extraer el petróleo sin afectar la estructura ecológica de la zona (^{Acosta, 2010}, p. 21; ^{Rosero, 2014}, p. 3), tesis que después adoptaría Correa enfrentándose a los efectos de la campaña internacional que él mismo había liderado.

La función ecológica que desempeña el Amazonas en medio de la crisis ambiental mundial está comenzando a reflejar el significado simbólico del Amazonas como ‘lugar ecológico’. La Iniciativa se incorporó a la idea del Yasuní como ‘lugar ecológico’ y buscó aprovechar al máximo la importancia simbólica de las selvas amazónicas, sus especies y sus pueblos indígenas para comprometer al mundo entero. El calentamiento global dotó de un sentido relativamente universal la agenda de conservación de los ecosistemas amazónicos y la estructura biológica de las selvas tropicales en la zona del Parque Yasuní (^{Bass et al., 2010}; ^{Horn, 2006}; Scientists Concerned for Yasuní National Park, 2004). Además, la política pública que se construyó para la salvaguarda del Yasuní no se puede entender sin el intento de crear una comunidad de intereses nacionales e internacionales en torno al parque. A pesar del cambio de política gubernamental, esta comunidad se mantuvo estable bajo el mismo lema que compartía con el Gobierno de Correa hasta 2013: la necesidad de conservar el lugar más biodiverso del mundo.

‘YASUNIDOS’ Y EL LLAMADO AL MUNDO

En la tarde del 15 de agosto de 2013, Rafael Correa anunció la cancelación de la Iniciativa Yasuní-ITT. “El mundo nos ha fallado” fueron las palabras pronunciadas por el presidente ecuatoriano mientras confirmaba la firma del Decreto N.° 74, que permitía al Gobierno realizar actividades extractivas dentro del bloque ITT. Esa misma tarde fue convocada por redes sociales una manifestación en la Plaza Grande, frente al Palacio de Carondelet —residencia presidencial—, que lideró el colectivo Amazonía por la Vida y algunas otras plataformas aliadas. El Gobierno había roto uno de los símbolos que más le acercaba a los jóvenes (^{Galvez y Bonilla, 2014}, p. 86). Una multitud se empezó a encontrar recurrentemente en aquella plaza para expresar su rechazo a la explotación petrolera en el Amazonas hasta que el 27 de agosto de 2013, tras una jornada de represión estatal, se consumó el nacimiento del colectivo Yasunidos (^{Del Real, 2017}, p. 97).

La espontaneidad de las protestas que siguieron a la cancelación de la Iniciativa por parte del Gobierno estuvo determinada por una dinámica en redes sociales que permitió una convocatoria viral desde los primeros días de agosto, cuando se rumoraba que el Gobierno ya estaba evaluando la decisión de apelar al plan B y explotar el petróleo del Yasuní. Yasunidos nació como una plataforma ciudadana horizontal en donde se agruparon diferentes activistas de múltiples causas. En su sitio web (sitio.yasunidos.org) se describían como una expresión no partidista, autónoma y organizada por veganos, ciclistas, indígenas, trabajadores, campesinos, académicos, feministas, entre otros.

En una asamblea, tras una de las jornadas de represión, se definió el carácter orgánico de Yasunidos y empezó el camino de uno de los referentes de la movilización contra el extractivismo en América Latina. En Ecuador ya existían importantes organizaciones ambientalistas como Acción Ecológica o Amazonas por la Vida, que pasaron también a integrar Yasunidos. Para algunos, dicha consolidación del bloque ciudadano en torno a la conservación del Parque Nacional Yasuní se debió, entre otras razones, a una cultura política en Ecuador que rescató elementos del éxito del movimiento social de los años noventa y principios del nuevo milenio que rechazaba el modelo neoliberal, a la par de un acumulado político, también propiciado por el Gobierno, alrededor del respeto a las naciones indígenas y las áreas protegidas (^{Coryat, 2015}).

La atención internacional que el Gobierno Correa había atraído sobre el Yasuní no terminaría con la cancelación de la Iniciativa. En cambio, desencadenaría un nuevo escenario político determinado por el ritmo de un conflicto ambientalmente caracterizado en el Amazonas¹⁷ y que rápidamente se había nacionalizado. Tras la cancelación de la Iniciativa, el conflicto alcanzaría una escala supranacional, aunque no como una llamada oficial a la comunidad internacional; más bien, se convirtió en la deliberación de un movimiento social que consideraba la suma de audiencias internacionales como una ventaja comparativa en su disputa con el Gobierno ecuatoriano. Desde 2007, muchos Estados europeos, ONG internacionales y colectivos sociales de todo el mundo habían sido invitados a unirse a la causa de la conservación del Yasuní. Estos mismos Estados, ONG y colectivos conformaron una red internacional de voces que resonaron en contra de las acciones del Gobierno Correa y en defensa del Yasuní y su riqueza biológica y cultural.

ENLACES CIUDADANOS Y EL CONTRAATAQUE TELEVISADO

El sábado 17 de agosto, en el Enlace Ciudadano número 335, unos días después de cancelar la Iniciativa, Rafael Correa respondía a la manifestación ciudadana que había tenido lugar esa semana en la Plaza Grande. Además de justificar su decisión de extraer petróleo del Yasuní, afirmó que la juventud ecuatoriana tenía conciencia ecológica gracias a su Revolución Ciudadana y desestimó los motivos de la protesta¹⁸. Una semana después, tras nuevas manifestaciones —y la constitución de unos liderazgos visibles que desembocaron días más tarde en Yasunidos—, en el Enlace Ciudadano número 336 Correa se refirió a los manifestantes como “personas manipuladas por la derecha”, “niños ecologistas”, “los mismos lanzapiedras de siempre” o “clase media urbana con la barriga llena”¹⁹. De aquellas manifestaciones nació la idea de una consulta popular para decidir en las urnas el destino del Yasuní, iniciativa que Correa tildó en aquel Enlace Ciudadano como “una estrategia para ganar el apoyo que no tuvieron en las elecciones”, refiriéndose a sectores políticos de la oposición. En medio de aquellas primeras semanas tras la cancelación de la Iniciativa, los medios de comunicación, fundamentalmente privados, entraron a jugar un papel central en la confrontación como agentes dinamizadores del escalamiento del conflicto y el cubrimiento de la resistencia contra las actividades petroleras dentro del parque.

Los principales grupos económicos ecuatorianos y los medios de comunicación privados no tardaron en distanciarse del Gobierno de Rafael Correa. Cuando la política de gobierno frente al Yasuní pasó de la conservación a la explotación, los medios privados se ubicaron en la otra orilla y, al oponerse al Gobierno, privilegiaron el cubrimiento de las manifestaciones y las críticas contra el presidente (^{Rodríguez, 2014}; ^{Villarroel, Moyano y Martínez, 2013}). Para Antonella Calle, Vocera de Yasunidos, “fue evidente que la posición del colectivo, en tanto resultó incómoda para el gobierno, generó adhesiones de los medios privados”²⁰. Este elemento es crucial en el análisis de la multiescalaridad, entendida como la intervención de una multiplicidad de tensiones entre actores sociales e instituciones en conflictos y espacialidades localizadas (^{Garibotti y Sander, 2023}), pues se trata de una de las principales características del conflicto ambiental en torno al Yasuní. Mientras el Gobierno instrumentalizó a los medios públicos para justificar la política de explotación dentro del parque, incluso promoviendo desde allí campañas de desprestigio contra el colectivo Yasunidos, los medios privados se arrojaron a un cubrimiento de la controversia entre ambientalistas y el Gobierno. Jorge Espinosa, integrante de Yasunidos, describe el cubrimiento de los medios privados así:

Los medios mantuvieron una relación estrecha con nosotros. Hablamos con ellos directamente; lo que los medios públicos negaban, los medios privados lo investigaban. Es decir, finalmente, los medios privados sí lograron hacer un cubrimiento más transparente alrededor del Yasuní. Ha sido esa prensa ‘corrupta’, según Correa, la que ha transparentado la mentira ambiental del Gobierno. Pero, sobre todo, los medios internacionales. Cuando más teníamos gente pidiendo entrevistas, los colegios nos llamaban, en fin, era cuando la BBC o The Guardian nos venían a entrevistar. Y era cuando salíamos en esos medios que Rafael Correa explotaba contra nosotros en las sabatinas²¹.

Hay distintos episodios que funcionaron como detonantes de aquel segundo momento de escalamiento del conflicto tras la cancelación de la Iniciativa. Aunque ya existía toda una audiencia internacional dispuesta a la defensa del Yasuní, los hechos de represión estatal, matoneo mediático o manipulación institucional en contra del movimiento ambientalista y su iniciativa del referéndum terminaron por sumar aún más actores al seguimiento de la disputa que tenía lugar en Ecuador. Uno de los efectos más importantes de los insultos que dirigía Correa a Yasunidos en aquellas “Sabatinas” era el reconocimiento político de la causa y multiplicación mediática de los liderazgos. Diana Coryat lo explica:

(…) aumentó el cinismo en la campaña mediática del gobierno, especialmente el gasto masivo de fondos en publicidad y el encuadre negativo de Yasunidos en los Enlaces Ciudadanos. El cinismo creciente apunta a los límites y excesos del poder mediático. De hecho, cada sábado que Yasunidos era blanco de críticas en el Enlace Ciudadano, el lunes siguiente recibía decenas de llamadas telefónicas de personas preguntando dónde podían firmar el referéndum. (^{Coryat, 2015}, p. 3750).

El gobierno de Rafael Correa entró en plena contradicción con los medios de comunicación de Ecuador. En la construcción de su discurso político a través de sus años en la presidencia escogió a la prensa privada como ‘otro antagónico’ y la señaló como la punta de lanza de los intereses económicos de parte de la oligarquía económica de su país (^{Checa-Godoy, 2012}, p. 332; ^{Punín, 2011}; ^{Valdivieso, 2008}, p. 75). En este panorama era muy probable la instrumentalización política de la causa Yasuní por parte de la oposición al Gobierno, los partidos y los medios de comunicación. La creciente tensión en torno al debate se intensificó gracias, en parte, a un gobierno resuelto a desconocer los argumentos de la ciudadanía que se movilizaba por la conservación del Parque Nacional Yasuní y unos medios de comunicación dispuestos a difundir nacional e internacionalmente la causa de Yasunidos y el trato que recibían por parte de Correa. En esencia, una disputa política, cuyo origen es previo a la cancelación de la Iniciativa, desembocó en la deliberación de los principales medios del Ecuador para posicionar al Yasuní como tema principal de interés para la opinión pública.

LA PRENSA Y LA DISPUTA DEL RELATO

El colectivo Yasunidos tuvo plena conciencia de aquella lógica que impulsaba a los medios privados a ponerse de su lado. Eduardo Pichilingue, vocero de Yasunidos, plantea que “obviamente el interés de esos medios no era apoyar lo que nosotros hacíamos, sino oponerse al Gobierno. Ellos nos usaban a nosotros y nosotros a ellos”²² y, por lo tanto, el escalamiento mediático del conflicto siempre estuvo mediado por una relación relativamente racional en la que ambos actores ―activistas y medios privados―, señalados por el Gobierno como parte de un mismo bloque antagónico, actuaban en la coyuntura apoyados uno en el otro. Diana Paredes describió el trato diferencial que recibía el colectivo en los medios ecuatorianos:

“El medio de comunicación privado ha preparado a la audiencia sobre la identidad de Yasunidos asociándolo a una marcha de gran magnitud en defensa de la vida y de la naturaleza que busca dejar el petróleo bajo tierra. Señala que el colectivo está conformado por jóvenes ecologistas. En el canal estatal no se hace mención al colectivo, invisibilizando su trabajo, al mismo tiempo que disminuye la presencia mediática de sus aliados, entre los que se encuentra el grupo de mujeres amazónicas que marcharon hasta Quito” (^{Paredes, 2016}, p. 67).

La historia de los Yasunidos empezaba a conocerse a nivel internacional a la par que el Gobierno de Correa provocaba antipatías por asumirse como parte de la ola populista latinoamericana (^{Kitzberger, 2009}, p. 171). Las generalizaciones sobre los fenómenos políticos en América Latina, y la reconocida inscripción de la Revolución Ciudadana como parte del ‘bloque socialista’ en el continente, fueron coincidiendo con los desencuentros que poco a poco fue consolidando con sectores políticos de su país. Los constantes ataques del oficialismo contra la recolección de firmas que adelantaba Yasunidos en busca de una consulta popular construyeron alrededor del colectivo una figura de víctima del ‘régimen’ de Correa, a la vez que medios públicos como El Telégrafo arremetían contra la iniciativa de las firmas y ridiculizaban el trabajo de los jóvenes voluntarios que a lo largo y ancho del país se habían sumado a la causa del colectivo.

Los voceros de Yasunidos fueron siempre conscientes de la posibilidad de deslocalizar la resistencia a través de los medios privados: “Es el gobierno el que nos persigue y termina martirizando a muchos compañeros, y la gente nos ve así, como los que hemos tenido que soportar mucho por el maldito gobierno, y nos posicionan”²³. Por lo tanto, durante el escalamiento del conflicto y la suma de audiencias internacionales alrededor del asunto del Yasuní, los episodios represivos que sufrían los Yasunidos por parte del Gobierno se desempeñaron como hitos detonantes en la conformación de las redes nacionales e internacionales de activismo por la conservación del parque y la solidaridad con el movimiento ambientalista ecuatoriano.

En abril de 2014, la BBC de Londres tituló: “Yasunidos: los jóvenes que desafían a Correa en la polémica por Yasun픲⁴, lo cual fue una clara demostración de la popularidad que ganaban los jóvenes del colectivo frente a las acciones de un Gobierno que veía cómo su imagen en el exterior quedaba gravemente afectada ante sus últimas decisiones. 2014 fue el año en que la internacionalización de Yasunidos tomó impulso. La prensa, ONG, colectivos y distintos Gobiernos del mundo volcaron su mirada a Ecuador, no sólo como resultado de la conciencia ambiental global que demandaba su cubrimiento, sino en virtud de la permanente fiscalización que mantenía la opinión pública internacional frente a los Gobiernos progresistas de la región (Alonso, De Frutos García y Galarza Fernández, 2015, p. 6). La negativa del organismo electoral de avalar las firmas presentadas por Yasunidos, junto a la permanente campaña del Gobierno para boicotear la recolección de firmas y confundir a la gente²⁵, fortaleció el escalamiento internacional de la movilización al convertirse en estrategia del colectivo en función de presionar al Gobierno y asegurar una vigilancia internacional ante la amenaza de represalias por parte de Correa.

La activación de las redes internacionales de solidaridad era fundamental para Yasunidos en la ruta de persuadir al Gobierno y su decisión de explotar petróleo en el Amazonas. Ya en el 2016 el Ministerio del Interior había solicitado el cierre de la ONG Acción Ecológica, organización que desde 1986 adelantaba activismo ambientalista en Ecuador. El proceso inició con una demanda interpuesta por la multinacional china Exsa, especializada en minería, en la que acusaba a Acción Ecológica de promover acciones violentas contra un campo minero. Amparado en el Decreto 16²⁶, que permitía al Ejecutivo disolver organizaciones que se desviaran de sus fines o atentaran contra la seguridad nacional, Rafael Correa inició el proceso de cierre de Acción Ecológica. Sin embargo, colectivos y personalidades de todo el mundo se manifestaron solidariamente con la ONG y el 12 de enero de 2017 el Gobierno cerró el proceso. En aquella ocasión fueron varias las manifestaciones nacionales e internacionales contra la medida tomada por el Gobierno: celebridades ecuatorianas adelantaron una velada artística por Acción Ecológica; organizaciones de Luxemburgo, Francia, Argentina, España, Sudáfrica, 28 diputados españoles y más de 200 activistas de todo el mundo firmaron un comunicado solicitando al Gobierno detenerse en su intento de cerrar la reconocida ONG²⁷.

Antes, en el año 2014, el Gobierno ecuatoriano había confirmado el cierre de la ONG Pachamama, participante activo de Yasunidos, decisión que ratificaría a pesar de la solidaridad internacional y bajo el argumento ya mencionado del incumplimiento de las misionalidades y participación en política de la organización. El enfrentamiento con el movimiento ambiental llevó a Rafael Correa a una renuncia sustancial de la construcción de su imagen política internacional. Desde que Correa se presentó como un outsider ―en la primera candidatura presidencial― para resolver la crisis política y partidista en Ecuador (^{Cartwright, 2010}, p. 19), el movimiento indígena y el discurso ecologista fueron elementos centrales de su puesta en escena. Así, al señalar a Yasunidos y a sectores del movimiento indígena como “desestabilizadores”, “financiados por el capital extranjero” y parte importante de la oposición a su Gobierno, Correa se replegaba hacia un discurso que, abandonando elementos centrales del concepto ‘buen vivir’, insistía en la urgencia de recaudar los recursos económicos provenientes de la explotación de hidrocarburos para robustecer la política social y los programas de inversión pública: “No podemos ser méndigos sentados sobre un saco de oro”, afirmaba el presidente en el 2013, ad portas de cancelar la Iniciativa²⁸.

Para entender el proceso de escalamiento del movimiento en defensa del Parque Nacional Yasuní, además de la confección de una campaña internacional lo suficientemente fuerte como para afectar la diplomacia pública del Gobierno de Correa, es importante identificar el proceso político que consolidó la lucha por el Yasuní como una demanda constitutiva de la confrontación contra el Gobierno y, en últimas, la configuración del campo discursivo de los Yasunidos y su capacidad de irradiación a nivel nacional e internacional en la búsqueda por ‘yasunizar el mundo’.

LA ‘YASUNIZACIÓN’ DE LA POLÍTICA Y EL SENTIDO COMÚN DE DEJAR EL PETRÓLEO BAJO TIERRA

La estrategia comunicativa del Gobierno de Correa, entre 2007 y 2013, intentó convencer a Ecuador y al resto del mundo de la necesidad de mantener intacto el Yasuní. Su objetivo era convertir a los ciudadanos ecuatorianos en una audiencia activa funcional a la obtención de recursos económicos a través de la Iniciativa. Pero el intento de incluir al país entero como parte de las voces que apoyaban al Gobierno en su esfuerzo por mantener el crudo bajo tierra implicó fundamentalmente la búsqueda de un marco político. Dentro de este, la conservación del Amazonas alcanzaría tal nivel de consenso, tanto dentro como fuera del país, que se convertiría en la idea predominante en la agenda pública de Ecuador.

El término ‘yasunizar’ apareció con la iniciativa del Gobierno de Rafael Correa de conservar integralmente la selva y dejar bajo tierra el petróleo. La posibilidad de unificar luchas y acciones a escala local y global contra el calentamiento de la tierra, en la búsqueda de un nuevo paradigma de desarrollo y bajo profundos principios de respeto a la soberanía de los países y la redistribución de la riqueza, fue sintetizada en la posibilidad de yasunizar el mundo (^{Temper, 2012}, p. 185). El vicepresidente del Gobierno de Correa, Lenín Moreno, llegó a reflexionar públicamente sobre la posibilidad de incluir la palabra yasunizar en el diccionario de la Real Academia Española. Esta palabra, usada por primera vez por la poetisa y ministra de Patrimonio del Ecuador, María Fernanda Espinosa, fue reivindicada por todo el Gobierno de la época como un concepto capaz de reunir toda una apuesta política en un sólo verbo. Lenín Moreno afirmaría: “El término de cuidar, mantener cualquier espacio de la naturaleza en estado prístino sería estar yasunizando, que sería prácticamente el gerundio del verbo yasunizar”²⁹.

La centralidad política que ganó el Parque Nacional Yasuní gracias a la Iniciativa derivó, entre otras cosas, en un proceso de reapropiación del patrimonio ambiental por parte de la ciudadanía ecuatoriana que halló en la causa por la conservación del parque una cadena de equivalencias que configuraría los elementos fundamentales de la yasunización como causa social y política entre diversos sectores sociales y económicos del Ecuador³⁰. La confección de una acción e interpretación yasunizada del mundo, la división internacional del trabajo, el metabolismo ser humano/naturaleza y la geopolítica del petróleo, serían producto de un proyecto transversal en el Ecuador, con vocación hegemónica, y que iniciaría un proceso constituyente en el 2007 que llamaría la atención del mundo entero al proclamar los derechos de la naturaleza a nivel constitucional.

La conservación del Yasuní, como política pública del Gobierno de Correa, contaría con una potencia discursiva de tal magnitud que, con el paso del tiempo, y contando con la conciencia ambiental global como pieza importante, configuraría el alcance de la Iniciativa Yasuní-ITT a escala mundial y la yasunización del debate ambiental en varios escenarios. Hildyard y Lohmann identificarían la vocación equivalencial de la ‘yasunización’ como apuesta política integral en el marco de una discusión naciente sobre el petróleo y los nuevos paradigmas de desarrollo:

Lejos de ser un movimiento de simple rechazo, la iniciativa original de Yasuní abarca un cuestionamiento más amplio del extractivismo, un esfuerzo por fortalecer los medios de vida de la comunidad y una investigación colectiva de las posibilidades de la civilización post-petrolera, y se coordina con los esfuerzos que desarrollan diferentes enfoques alternativos de la producción energía. (…) Yasunizar significa la extensión de enfoques similares a otras regiones y países del mundo, en el sentido no de la aplicación de una fórmula universal, ni de una ‘ampliación’ del principio de mantenimiento del petróleo en el suelo, sino en el sentido de una alianza de movimientos que surgen de historias específicas de resistencia, que trabajan hacia una civilización post-fósil y continuamente descubren y desarrollan lo que son. (^{Hildyard y Lohmann, 2013}, p. 69)

La biodiversidad, el cambio climático y la deuda ecológica del norte global con los países desarrollados constituyeron el proyecto de otro mundo posible con base en la idea de una sociedad sin petróleo y en armonía con la naturaleza. Esta idea, sin embargo, encontraría en Yasuní la forma de articular dos elementos centrales de la conciencia ambiental global: la preocupación por la pérdida de biodiversidad y el régimen de representaciones³¹ que en el mundo occidental se ha fabricado sobre la cuestión indígena y el aislamiento de comunidades originarias.

TAGAERI Y TAROMENANE: LOS NOBLES SALVAJES

Uno de los nudos argumentales en la elaboración de la idea de Yasuní ―como un eje de discusión política― tiene que ver con la presencia de indígenas amazónicos en el parque y su condición de vulnerabilidad ante el avance de las actividades extractivas en el Amazonas ecuatoriano. Los pueblos Tagaeri y Taromenane, como comunidades indígenas en condición de aislamiento, desempeñaron un papel protagónico en la yasunización del debate sobre el desarrollo en Latinoamérica, además de haber sido un eje articulador en la consolidación del bloque ambiental que se movilizaría contra la medida del Gobierno de cancelar la Iniciativa.

La yasunización de amplios sectores de jóvenes y colectivos sociales del Ecuador estuvo mediada, como ya fue mencionado, por una tarea que en primera instancia sería articulada por el mismo Gobierno. La presencia de los Tagaeri y Taromenane en la zona del Yasuní fue uno de los argumentos más fuertes que empleó el Gobierno en su búsqueda de recursos a nivel internacional. La condición de aislamiento de pueblos originarios, al representar una de las otredades más exóticas en el mundo occidental (^{Ulloa, 2005}, p. 96), fue aprovechada por Rafael Correa cuando la conservación del Yasuní era su prioridad y luego por Yasunidos y el movimiento ecologista cuando el Gobierno ecuatoriano cambió de parecer.

La nacionalidad Huaorani sufrió una gran división en el seno de su identidad indígena. Mientras que un gran grupo de indígenas huaoranis fue contactado y civilizado en el marco de las misiones religiosas y petrolíferas del siglo XX, hay otro grupo de pueblos huaorani aislados, los Tagaeri y los Taromenane, que viven excluidos en zonas salvajes y manteniendo deliberadamente distancia del mundo civilizado (^{Santos Ortiz, 1996}). Aunque muchas comunidades huaoranis contactadas siguen viviendo en la Amazonía ecuatoriana, sus modos de vida han cambiado radicalmente con el asentamiento de compañías petroleras en la zona. Ávila Santamaría describe aquella relación moderna de comunidades huaoranis con el mundo occidental:

Los huaoranis contactados son, de acuerdo con el censo del año 2010, aproximadamente 2.200 personas. Los huaoranis han sufrido un proceso de aculturación. Las misiones religiosas cambiaron radicalmente las formas de vida y subsistencia de los huaoranis contactados: de las actividades de recolección y caza, los huaoranis se convirtieron en productores de chacra y cuidadores de animales domésticos; de pueblos que vivían de la abundancia de selva, pasaron a depender de los productos de ciudad -como azúcar, aceite y enlatados- que eran y son proporcionados por las empresas petroleras (^{Ávila Santamaría, 2017}, pp. 29-82).

Así pues, la presencia de los Tagaeri y Taromenane en la zona de influencia del Yasuní se ha convertido en un aspecto genealógico de las luchas por la defensa del parque como núcleo de diversidad biológica y cultural. Particularmente, la declaratoria del Yasuní como zona intangible en 1999, la concesión de medidas cautelares a los indígenas del parque en el 2006 y el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos en condición de aislamiento del Ecuador en el año 2008 tuvieron como argumento estructural la existencia de los pueblos Tagaeri y Taromenane (^{Ávila Santamaría, 2017}, pp. 29-81), haciendo eco de una suerte de mandato global, liderado por instancias multilaterales, para preservar la identidad de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y “respetar el principio de no contacto” con dichas comunidades (CIDH, 2013, p. 10).

Foto: Servindi (2020).

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CONCLUSIONES: LA AMAZONÍA ES QUIEN LA HABITA

La yasunización del debate, junto con el éxito de la campaña oficial Yasuní-ITT en divulgar la existencia de comunidades indígenas aisladas en la Amazonía ecuatoriana, obligó a Correa a barnizar su decisión de cancelar la Iniciativa, con un apoyo aparente de las comunidades indígenas amazónicas y las autoridades locales a su intención de avanzar con las actividades extractivas en el Yasuní. Un grupo de indígenas huaorani contactados y varios alcaldes de distritos amazónicos mostraron su apoyo a Rafael Correa argumentando la necesidad de los recursos económicos de las actividades petroleras e insistiendo, como el Gobierno, en la inocuidad ambiental de los planes petrolíferos que podrían adelantarse en el Yasuní³².

Sin embargo, buena parte del movimiento indígena ecuatoriano, representado mayoritariamente por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), que había apoyado a Correa durante casi todo su Gobierno, anunció su rechazo a la cancelación de la Iniciativa, y en rueda de prensa el vocero de la organización indígena Ecuarunari, acompañado por el vicepresidente de la CONAIE y la dirigencia de Pachakutik, sentenció: “Si se da una explotación hidrocarburífera en el Yasuní, se le cae la careta de ecologista a Rafael Correa”³³.

Yasunidos hizo presencia en la COP21 (2015), celebrada en París, y su invitación respondió en gran medida a la gran preocupación de movimientos y países de todo el mundo por la situación de los indígenas aislados del Amazonas ecuatoriano. Ya en la COP20 (2014), que se llevó a cabo en Lima, una delegación de parlamentarios alemanes se reunieron con Yasunidos para conocer a fondo la situación de persecución al movimiento ecologista en Ecuador y las presiones de las actividades petroleras sobre los huaorani³⁴. Una de las causas fundamentales para que la yasunización de la política en Ecuador estuviera determinada por la preocupación por los indígenas aislados tiene que ver con los antecedentes. Precisamente, fue la entrada en los años sesenta de la multinacional petrolera Texaco a la Amazonía ecuatoriana lo que aceleraría el proceso de aculturación de varias comunidades huaoranis y la ulterior división entre huaoranis contactados y huaoranis en aislamiento voluntario (^{Cevallos y Cevallos, 2018}, p. 115).

El escalamiento político, mediático y jurídico del conflicto ambiental provocado por las actividades petroleras en la Amazonía ecuatoriana estuvo mediado, más que por la dimensión ecológica de los daños provocados en la selva, por las repercusiones que tuvieron dichas actividades en las comunidades indígenas. Son las presiones ejercidas por las labores extractivas contra la diversidad cultural de los pueblos indígenas amazónicos el principal detonante de movilizaciones y preocupaciones en el Ecuador frente a la industria petrolera. Ya en el caso Chevron-Texaco fue la cuestión indígena, en un primer momento, la que despertó una preocupación generalizada en el país, que luego coincidió con la indignación por el precario manejo que la empresa petrolera dio a sus residuos (^{Inclán, 2017}, p. 173; ^{Rivas Toledo, 2017}). Este caso, que aún no ha sido cerrado jurídicamente, es emblemático a nivel regional al hablar de la degradación ambiental causada por multinacionales petroleras. Sin embargo, originalmente la denuncia internacional a Chevron-Texaco habría estado motivada por el perjuicio cultural causado por la empresa y el “desordenamiento petrolero” al haber intervenido las dinámicas culturales, sociales y territoriales de las comunidades indígenas (^{Maldonado y Bayón, 2017}, p. 83).

Para Jean Paul Bordellini, periodista ecuatoriano, la precarización de la vida de los pueblos indígenas amazónicos y los episodios de violencia fueron los que mediatizaron el conflicto ambiental que contenía la selva ecuatoriana desde la entrada de las empresas petroleras. Este alcance mediático no había sido logrado con las recurrentes denuncias de movimientos ambientalistas sobre los daños ocasionados a los ecosistemas en el marco de las tareas extractivas:

Yo entrevisté al ministro que permitió la explotación en Yasuní y él me decía que eran un mito, que los Tagaeri y Taromenane no existían, aun cuando ya había sentencias de la CIDH que el Estado debía protegérseles. Esto se empieza a mediatizar cuando hay muertos o lanceados. Ahí se asoman al conflicto. Yo me hice periodista justamente por esos casos. Cuando tenía dieciocho años me llegó una noticia de unos lanceados y me parecía muy extraño que a finales del siglo XX aún había conflictos como los que veías en películas entre indios y vaqueros. Los indígenas eran un mito, la historia que se contaba. Esto se vuelve mediático porque justo antes de Correa hay una masacre y ahí yo ya era reportero. Yo fui el único que llegó al lugar y tomamos un video, y los mismos huaorani ―contactados― grabaron un video en tierra de las casas Tagaeri y Taromenane incendiadas y de los cadáveres. Esa masacre del año 2003, entre treinta o cuarenta muertos, es la primera documentada con prueba fehaciente; llegó el fiscal y vio los muertos³⁵.

Así pues, fue el envilecimiento físico, cultural y territorial de las comunidades indígenas el componente primordial para la activación de una conciencia ambiental global que se miró al espejo en el conflicto ambiental del Parque Nacional Yasuní en Ecuador. Las masacres y demás hechos de violencia ocurridos en el territorio indígena amazónico desempeñaron un papel de teatralización cruenta de los efectos de las incursiones petroleras en áreas de alto valor ambiental y cultural (^{Aguirre, 2013}). Lo anterior, teniendo en cuenta que los pueblos indígenas aislados simbolizan hoy, para un continente latinoamericano plegado en su mayor parte a los valores, discursos y representaciones de Occidente, la supervivencia de otros modos de vida que, aunque se advierten exóticos en el siglo XXI, retratan una pureza adjudicada al “noble salvaje” (^{White, 1978}) como la alternativa romántica ―arquetipo de alteridad― a la “suciedad” de la modernidad occidental y su ritmo desaforado. Dicha consolidación retórica de la ‘alternativa’ es impulsada por una suerte de fetiche occidental configurado cuando la otredad ―en este caso los Tagaeri y Taromenane― se muestra indómita ante el mito del progreso (^{Espinosa de Rivero, 2009}). Así, la cuestión indígena se apresura como parte importante de la denominada yasunización de la política en Ecuador: en la disputa entre el Gobierno Rafael Correa y los movimientos ambientalistas del Ecuador y otros países por los indígenas aislados como significante político para la suma de apoyos y audiencias en el mundo occidental.

Aunque este artículo analizó la temporalidad de mayor disputa y escalamiento de este conflicto (de 2013 a 2017), es importante reconocer que su desenvolvimiento ulterior ha estado marcado por una insistencia en la movilización por parte del movimiento ecologista ante la coincidencia de la política de explotación en el Yasuní en los Gobiernos de Lenín Moreno (2017-2021), Guillermo Lasso (2021-2023) y Daniel Noboa (2023-presente). El reflujo en la movilización y la denuncia internacional frente a este caso es evidente. Sin embargo, por la actividad sostenida de organizaciones indígenas y colectivos como Yasunidos ―que aún existe―, la explotación de hidrocarburos en el Yasuní sigue siendo la piedra angular de muchas discusiones en Ecuador. Más de diez años después, en el mes de agosto de 2023, finalmente se llevó a cabo la consulta popular que incluía la pregunta “¿Está de acuerdo con que el Gobierno ecuatoriano debería mantener los campos petroleros de ITT, conocidos como Bloque 43, indefinidamente bajo tierra?”, en la que ganó el ‘sí’ con poco más del 58 %³⁶. El Gobierno de Daniel Noboa ha expresado sus intenciones de demorar al menos un año la aplicación de los resultados de la consulta, que exigen un plan de desmonte y retiro de la explotación petrolera en el Bloque ITT³⁷, por lo que los movimientos ambientalistas y organizaciones indígenas del país ya se encuentran en un nuevo ciclo de movilización. A fin de cuentas, la yasunización del mundo es un clivaje alrededor del cual se sigue definiendo el escenario político ecuatoriano casi dos décadas después y el eco-panóptico aún se activa recurrentemente en defensa del Yasuní, la Amazonía y los pueblos que la habitan