Introducción

En América Latina, la ilegalidad del acceso al aborto predomina en la mayoría de los países y representa una de las desigualdades más significativas en términos de género y clase. La legislación restrictiva condena a las mujeres, especialmente a aquellas pertenecientes a grupos vulnerables, a prácticas clandestinas y altamente riesgosas para interrumpir embarazos no deseados. A pesar de la creciente presión de los movimientos feministas para legalizar el aborto, la naturaleza controversial de estas políticas hace que sean difíciles de aprobar (^{Htun 2003}; ^{Htun y Weldon 2018}). No obstante, en algunos países las reformas han sido exitosas: Uruguay en 2012 y Argentina en 2020 permitieron el aborto a demanda de las mujeres, durante las primeras doce o catorce semanas de embarazo respectivamente; y en 2017, Chile y Bolivia aprobaron legislaciones que permiten el aborto bajo algunas circunstancias.

La literatura ha señalado que mayores niveles de modernización socioeconómica (^{Cherif 2015}), y menores niveles de religiosidad y de valores tradicionales son la base de la adopción de leyes a favor del aborto (^{Blofield 2006}; ^{Inglehart y Norris 2003}). Otros trabajos han enfatizado el acceso institucional de la Iglesia como obstáculo para las reformas (^{Grzymała-Busse 2015}) y la fortaleza de la movilización feminista vis-à-vis la movilización de organizaciones religiosas como factores que facilitan los procesos legislativos (^{Daby y Moseley 2022}; ^{Fernandez Anderson 2017}). Más allá de estas reflexiones, la evidencia comparada ha demostrado que las coaliciones entre movimientos feministas fuertes y partidos de izquierda son una condición necesaria para la aprobación de leyes de aborto legal (^{Blofield 2008}; ^{Blofield y Ewig 2017}; ^{Friedman 2019}; ^{Htun 2003}). La expectativa teórica supone que la liberalización ocurre a través de la vía contenciosa: es decir, cuando los movimientos feministas tienen capacidad de movilizar un gran número de personas a las calles (^{McAdam, Tarrow y Tilly 1997}; ^{Tarrow 1998}; ^{Weldon 2011}).

En América Latina, los cuatro países que liberalizaron el aborto mediante la vía legislativa lo hicieron bajo gobiernos de izquierda y en el marco de algún tipo de movilización feminista.¹ Esta combinación ha funcionado incluso en muy diferentes contextos socioculturales: en escenarios altamente seculares como Uruguay, donde la legalización era más probable (^{Blofield 2008}; ^{Blofield y Ewig 2017}; ^{Fernandez Anderson 2017}); en Argentina, donde la Iglesia Católica tiene una conexión fuerte con el Estado, pero donde se dio una intensa movilización feminista conocida como Marea Verde (^{Daby y Moseley 2022}); en Chile, un país con un fuerte legado conservador de la dictadura de Pinochet (^{Guzmán, Seibert y Staab 2010}; ^{Haas 2010}); y, en Bolivia, donde la liberalización por causales fue incorporada a una reforma general del Código Penal, y promovida por el presidente Evo Morales en su tercer mandato. En este caso, el artículo incorporado en el nuevo código (art. 157) para despenalizar el aborto nunca entró en vigor, pues la reforma al código fue derogada antes de su implementación por razones ajenas al aborto. Pese a esto, todas las negociaciones políticas para lograr que el nuevo Código Penal despenalizara el aborto ocurrieron, y su despenalización llegó a aprobarse. En tal sentido, a la luz de la literatura, Bolivia es un caso especialmente sorprendente. Aunque la liberalización del aborto ocurrió bajo un gobierno de izquierda -el Movimiento al Socialismo (MAS)-, este partido se caracteriza por las posiciones conservadoras en la agenda de género de muchos de sus líderes. Adicionalmente, Bolivia es una sociedad tradicional, con fuerte influencia de las organizaciones religiosas y donde la mayoría de la población se opone al aborto (^{Kimball 2022}). Además, el movimiento feminista por el aborto legal en Bolivia, si bien es histórico, es sumamente débil en su capacidad de movilización.

Pese a las contribuciones de la literatura reciente para entender el origen de las leyes de aborto legal, aún sabemos poco sobre cómo la presencia combinada de izquierdas en el poder y la activación de organizaciones feministas conducen a estas reformas. A partir del estudio en profundidad del caso de Bolivia, un caso inesperado de acuerdo con lo que dice la teoría (^{Gerring 2007}), este trabajo busca desentrañar los vínculos entre partidos de izquierda y movimientos feministas que hacen posible la adopción de leyes de aborto. En este artículo, mostramos que, en el contexto de una organización partidaria como el MAS, en la que la toma de decisiones se rige por procesos deliberativos (^{Anria 2019}), algunas legisladoras masistas que ocupaban puestos clave en el Parlamento, y eran cercanas a los principales líderes del partido, jugaron un rol crítico como enlace entre el movimiento feminista y el MAS. Este enlace hizo posible la reforma. Estas legisladoras, por un lado, moderaron las expectativas de las organizaciones feministas y coordinaron acciones con ellas. Por otro lado, desplegaron una intensa campaña de persuasión dentro del MAS para convencer a sus líderes de apoyar la reforma.

El artículo se basa en un trabajo de campo original que incluyó quince entrevistas en profundidad a activistas feministas y legisladoras involucradas en (o muy cercanas al) proceso reformista, así como la revisión sistemática de documentos y de prensa. Al identificar un mecanismo específico de enlace entre partido y movimiento social, el artículo contribuye a dos literaturas: por un lado, a los estudios específicos sobre la adopción de leyes enfocadas en los derechos de las mujeres (^{Blofield y Ewig 2017}; ^{Cherif 2015}; ^{Fernandez Anderson 2020}; ^{Friedman 2019}; ^{Htun 2003}; ^{Htun y Weldon 2018}), y por otro lado, a los trabajos recientes sobre vínculos entre partidos y movimientos sociales en América Latina (^{Anria 2019}; ^{Anria et al. 2022}).

El trabajo se organiza de la siguiente manera: en la sección que sigue se discute la literatura y se presenta el argumento. Luego se presenta el diseño de la investigación, seguido por el análisis empírico. Finalmente, se extraen algunas conclusiones y se discute cómo se podría traducir la teoría resultante a otros casos.

Movimientos y partidos en el avance de los derechos de las mujeres

¿Cómo avanzan los derechos de las mujeres en temas conflictivos como el aborto? Un extenso corpus de literatura se ha enfocado en analizar el rol de los movimientos feministas como actores centrales que influyen en los partidos y el Estado para producir reformas legales que extiendan los derechos de las mujeres y promuevan la igualdad de género (^{Bellucci 2014}; ^{Blofield 2006}; ^{Daby y Moseley 2022}; ^{Fernandez Anderson 2017}; ^{Friedman 2019}; ^{Johnson, Rocha y Schenck 2015}; ^{McBride Stetson 2001}). Otros trabajos han mostrado que, en particular, las alianzas entre movimientos feministas y partidos de izquierda son una condición necesaria para la aprobación de las leyes más conflictivas como el aborto (^{Blofield 2008}; ^{Blofield y Ewig 2017}; ^{Friedman 2019}; ^{Htun 2003}). Sin embargo, los mecanismos específicos de este fenómeno que hacen posible que los movimientos feministas influyan sobre los partidos de izquierda para obtener las reformas han sido menos estudiados.

En las democracias, los partidos políticos son agentes centrales de representación política (^{Luna et al. 2021}; ^{Mainwaring 2018}). Los partidos canalizan e intermedian demandas desde la sociedad y los actores sociales hacia el sistema político, y eventualmente convierten esas demandas en políticas públicas. En tanto buscadores de votos, los partidos utilizan las elecciones para interpretar las demandas de la ciudadanía e incorporarlas a sus propuestas de campaña o programas de gobierno (^{Downs 1957}). Por su parte, los movimientos sociales son fundamentales para promover los intereses de grupos marginalizados (^{Tarrow 1998}; ^{Tilly, Castañeda y Wood 2020}; ^{Weldon 2011}). Los movimientos pueden influir sobre las políticas de distintos modos y, en particular, tienen un rol crucial en la formación de agenda, por ejemplo, en la discusión política de asuntos que no suelen ser prioritarios para los partidos (^{Amenta et al. 2010}; ^{Weldon 2002}).

La forma típica de actuación de los movimientos sociales abarca el uso de múltiples repertorios de protesta disruptivos -boicots, disturbios o movilizaciones callejeras masivas o llamativas, entre otros- (^{McAdam, Tarrow y Tilly 1997}; ^{Tarrow 1998, 2021} ; ^{Tilly, Castañeda y Wood 2020}). Cuando los movimientos sociales tienen gran capacidad para movilizar masivamente personas en las calles, pueden cambiar la posición inicial de los partidos o de sus líderes sobre un tema. La razón es que logran modificar la percepción que tienen esos líderes sobre los costos de hacer avanzar las agendas de los grupos que representan. La acción de los movimientos sociales también puede influir en las posiciones de la opinión pública, volcándola a su favor y alterando por esta vía la posición de los políticos (^{Daby y Moseley 2022}). Luego de incorporar temas en la agenda, los movimientos pueden promover sus demandas a través de estrategias más institucionales, como la incidencia política (lobby) para conseguir que los parlamentarios voten a favor de las leyes que promueven (^{Amenta et al. 2010}).

La literatura identifica que el éxito político de los movimientos sociales depende de distintos factores (^{McAdam, Tarrow y Tilly 1997}). Por un lado, de aspectos referidos a la naturaleza del propio movimiento, como la capacidad de movilización, recursos, estructura organizativa, estrategias y marcos interpretativos (frames) (^{McCarthy y Zald 1977}; ^{Snow et al. 1986}). Por otro lado, el éxito de los movimientos también depende de las oportunidades o restricciones del entorno político; por ejemplo, de la capacidad y disposición represiva del Estado, la apertura del régimen político o la existencia de aliados políticos (^{Tarrow 1998}).

Según el modelo de mediación política, la influencia de los movimientos sociales está mediada por la falta de control directo sobre los resultados políticos de sus acciones, que están en manos de quienes ocupan cargos en el gobierno (^{Amenta 2013}). Así, en las democracias, la probabilidad de que los movimientos influyan políticamente aumenta cuando logran movilizar a un gran número de personas, lo que lleva a los actores político-institucionales a percibir algún beneficio en responder a sus demandas (^{Amenta et al. 2010}). Sin embargo, la mediación política se puede dar sin necesidad de movimientos con alta capacidad de movilización y recursos, y en entornos que, a priori, no son favorables para el cambio. En este sentido, la literatura también ha señalado que los actores sociales pueden estar “enraizados” en algunos partidos políticos (^{Etchemendy 2020}), o tener “conexión orgánica” con ellos (^{Anria et al. 2022}). Cuando esto ocurre, las organizaciones partidarias ofrecen a los actores sociales formas de incidir desde adentro del partido, para participar directa o indirectamente en las decisiones de este (^{Anria et al. 2022}).

En el caso de los movimientos feministas, las formas que asume la incidencia sobre los partidos no son evidentes, sobre todo cuando se trata de promover los temas más conflictivos de sus agendas, como el aborto legal. A diferencia de otros movimientos, los feministas no suelen formar parte de la base de apoyo principal de los partidos políticos. Los movimientos feministas pueden tener más cercanía programática con los partidos de izquierda debido a la importancia que estos partidos asignan a las reivindicaciones igualitarias (^{Sainsbury 1999}). Pese a esto, el vínculo entre izquierdas y movimientos feministas dista de ser sereno, y la conexión no es automática (^{Blofield y Ewig 2017}; ^{Friedman 2019}; ^{Tabbush, Díaz y Trebisacce 2016}). No obstante, esta conexión ha sido poco explorada.

En este artículo nos centramos en analizar un tipo específico de conexión entre movimientos y partidos que ocurre en estructuras partidarias descentralizadas en las que la deliberación de los miembros del partido es central en el proceso de toma de decisiones (^{Levitsky y Roberts 2011}). En estos partidos, actores sociales con escasa capacidad de movilización pueden influir en las decisiones desde dentro cuando tienen vínculos con sus miembros, o tienen “conexión orgánica” (^{Anria et al. 2022}). En el caso de la agenda de género y, en particular, del aborto legal, argumentamos que en ciertas organizaciones partidarias de izquierda hay integrantes cuyo rol es clave porque funcionan como nexos entre esas organizaciones y los movimientos feministas. Estos miembros suelen ser mujeres feministas que ocupan posiciones de poder dentro de las estructuras partidarias y/o en los poderes legislativo y ejecutivo. Históricamente, estas mujeres políticas han forjado fuertes lazos con las activistas feministas debido a que muchas veces ellas también pertenecen o han pertenecido a organizaciones feministas, es decir, han tenido doble membresía, o han cultivado vínculos de amistad con las activistas sociales (^{Beckwith 2000}; ^{Sainsbury 1999}). Las feministas de izquierda promueven proyectos de ley, tejen alianzas e intentan persuadir a otros miembros de sus partidos de la conveniencia de avanzar en la agenda del movimiento, realizando esfuerzos estratégicos de adaptación discursiva (framing) para alinear los argumentos feministas con las posiciones programáticas o valores de sus partidos (^{Snow et al. 1986}). Las feministas de izquierda funcionan como enlaces entre los partidos de izquierda y los movimientos feministas, y logran hacer avanzar la agenda de género (e incluso las demandas más conflictivas dentro de esta) en escenarios en los que los movimientos feministas no tienen suficiente capacidad de movilización masiva.

Método y justificación de la selección del caso

En este artículo nos valemos del estudio en profundidad del caso de Bolivia para especificar los vínculos concretos que asumió la relación entre el movimiento feminista y el MAS en la liberalización del aborto. En 2017, el aborto legal fue incluido en un artículo del nuevo Código Penal (artículo 157), promovido por el presidente Evo Morales (MAS) durante su tercer mandato (2014-2018).

El artículo 157 estableció que el aborto no era delito en circunstancias específicas: durante las primeras ocho semanas de gestación (y por única vez) cuando la mujer tuviese a su cargo personas adultas mayores o menores con discapacidad, o si era estudiante; y sin límite de tiempo, en casos de riesgo de vida de la mujer, riesgos para su salud integral presente o futura, violación, malformaciones fetales incompatibles con la vida; cuando la embarazada era una niña o una adolescente; y cuando el embarazo era consecuencia de la reproducción asistida no consentida por la mujer.² El artículo 157 nunca entró en vigencia porque el nuevo Código Penal fue derogado unos días después de su promulgación debido a protestas masivas lideradas por grupos poderosos cuyas reivindicaciones cuestionaban otros artículos del código (^{Centellas 2018}). Más allá de esto, lo sorprendente es que el Código Penal incluyera un artículo que liberalizaba el aborto en un contexto que podríamos esperar que fuera adverso para la aprobación de esta reforma, como el de Bolivia. La reforma del aborto boliviana, aún circunscripta a causales, se destacó en la región por ser incluso más amplia que la adoptada el mismo año por Chile, que permitió el aborto solo en tres causales.

Bolivia no cuenta con las condiciones estructurales y culturales que la literatura identifica como necesarias para la adopción de reformas controversiales de la agenda de derechos de las mujeres e igualdad de género, como el aborto legal. La sociedad boliviana es fuertemente tradicional e influida por la religiosidad. Bolivia es uno de los países latinoamericanos con menor porcentaje de ateos, agnósticos o personas que no adhieren a una religión; además, el 76 % de la población se oponía al aborto legal (Pew Research Center 2014). El país tiene una de las mayores proporciones de población rural de América Latina (29 % frente al 18 % de promedio en la región),³ lo que está asociado con un extenso arraigo de valores conservadores y visiones tradicionales sobre los roles de género en las familias. Por estas razones, el movimiento feminista por el aborto legal históricamente tuvo escasa capacidad para convocar adhesiones ciudadanas en el país. Además, en el partido de izquierda que gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, el MAS, predominan dirigentes políticos con posiciones conservadoras hacia la agenda de igualdad de género. Por esto, Bolivia se puede clasificar como un caso que, por ser poco probable, resulta crucial para estudiar la adopción de leyes sobre aborto legal (^{Gerring 2007}); es decir, un caso en el que, según la teoría, no deberíamos esperar que el aborto se liberalizara y, sin embargo, se liberalizó.

Los estudios de caso en profundidad son adecuados para obtener descripciones densas y, en particular, para identificar mecanismos que expliquen el resultado de interés (^{Beach y Pedersen 2016}; ^{George y Bennett 2005}; ^{Goertz 2017}). En este trabajo se explora cómo un movimiento feminista débil en su capacidad de movilización logró aprobar una reforma que liberalizó el aborto en ocho causales. Nuestro estudio de caso se valió del trabajo de campo original en La Paz, Bolivia, realizado en 2023. El trabajo de campo incluyó revisión de documentos y de prensa, así como quince entrevistas en profundidad con activistas feministas, mujeres políticas directamente involucradas en el proceso de negociación del artículo 157 o muy próximas a este, así como con legisladoras de la oposición (ver anexo). La proximidad de las personas entrevistadas al resultado de interés nos permitió obtener información directa y muy detallada sobre los procesos de negociación que llevaron al MAS a promover la legalización del aborto en el marco de la reforma general del Código Penal. Tratamos la información de las entrevistas como piezas de evidencia (^{Brady 2010}), y triangulamos las entrevistas entre sí para poder valorar la información aportada por los informantes y minimizar posibles sesgos.

Estudio de caso: el MAS y las organizaciones feministas en la reforma por el aborto legal en Bolivia

Como en la mayoría de los países latinoamericanos, el movimiento por el aborto legal en Bolivia surgió a fines de la década de 1990, influenciado por la participación de feministas bolivianas en redes internacionales. En 1990, las feministas latinoamericanas participaron en la V Conferencia Feminista Latinoamericana y del Caribe, en la que fijaron el 28 de septiembre como Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. En 1996, las feministas bolivianas formaron la Campaña 28 de Septiembre (en adelante, la Campaña), un “paraguas” de grupos y activistas que luchaban por el aborto legal, una de las principales causas de muerte materna en el país, especialmente para las mujeres de bajos ingresos (Ministerio de Salud 2016). Uno de los grupos más activos dentro de la Campaña fue el Colectivo Rebeldía. Otros grupos eran ONG internacionales con filiales en Bolivia (entre ellas, Católicas por el Derecho a Decidir, IPAS y Marie Stopes). Desde sus orígenes, el lema de la Campaña fue el siguiente: “Por el derecho a decidir de las mujeres” (Colectivo Rebeldía 2011). A lo largo de los años, la Campaña expandió su presencia territorial, especialmente en las zonas urbanas. Sin embargo, las activistas reconocen que el aborto en Bolivia “no es un tema muy popular”, y que el movimiento por el aborto legal “no es un movimiento arrollador como en otros lugares” (entrevista con Guadalupe Pérez, activista de la Campaña y el Colectivo Rebeldía).

Históricamente, el movimiento feminista por el aborto legal en Bolivia enfrentó desafíos para establecer vínculos con los sectores populares, particularmente con los poderosos movimientos de mujeres indígenas, como la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa (en adelante las Bartolinas), uno de los movimientos sociales fundadores del MAS (^{Anria 2019}). Los movimientos de mujeres indígenas cuestionan al feminismo por entender que “el feminismo hegemónico divide la lucha de hombres y mujeres” (^{Jáuregui Jinés 2019}). Para estas organizaciones, en el mejor de los casos, la agenda de género representa un tema secundario, y es eclipsado por los reclamos de igualdad étnica y de clase, así como por las demandas de derechos colectivos -como el acceso a la tierra para las comunidades indígenas- (entrevista con Adriana Salvatierra, diputada del MAS). Estos grupos, además, suelen estar fuertemente influidos por organizaciones evangélicas y cosmovisiones que realzan la maternidad y la complementariedad entre los roles de hombres y mujeres.

Las integrantes de la Campaña, en particular el Colectivo Rebeldía, han intentado influir sobre los movimientos sociales de mujeres indígenas, y si bien han logrado permear el colectivo Mujeres Interculturales -otra organización popular vinculada al MAS-, las activistas señalaron que “este tema fue difícil para las Bartolinas” (entrevista con Guadalupe Pérez). En este sentido, la lucha por el aborto legal en Bolivia solo ha sido un tema de interés para un pequeño grupo de mujeres, particularmente para las mujeres blancas y mestizas progresistas de zonas urbanas que son activistas en las organizaciones feministas. El contexto cultural boliviano ha impedido al movimiento feminista a favor del aborto forjar otras alianzas sociales relevantes, así como concitar extensas adhesiones ciudadanas. Este fenómeno fue descrito de la siguiente manera por activistas feministas:

[…] cuando se comenzó con este proceso también nos llegó el mensaje de que “ok, muestren que hay fuerza social para esto”, ¿no? Claro, y cómo lo haces si justamente las organizaciones sociales no lo tienen tampoco tan en la agenda fuera de Las Interculturales […]. Entonces es bien difícil… Mira, ha habido marchas en los días contra la violencia, que han sido importantes movilizaciones, pero no una específica por el aborto, ¿no? (entrevista con Mónica Baya, activista de ONG Comunidad de Derechos Humanos).

No ha habido protesta callejera. Será uno por ciento. […] ¡Somos diez! Somos diez. (entrevista con Gretzel Brozovich, activista de IPAS Bolivia y de la Campaña).

La Campaña también fue débil organizativamente. Las organizaciones que la integraban carecían de recursos económicos suficientes para llevar a cabo amplias campañas de propaganda e incidir en los medios de comunicación. Si bien las filiales locales de ONG internacionales como Católicas por el Derecho a Decidir, IPAS u Oxfam disponen de recursos para actividades de incidencia, han tenido escasa capacidad para influir sobre los partidos políticos, en especial sobre el MAS, el partido más grande del Congreso cuando se aprobó el artículo 157 (tenía dos tercios de los escaños).

El MAS es un partido construido desde abajo por movimientos sociales, en particular organizaciones indígenas y campesinas (^{Anria 2019}; ^{Anria et al. 2022}). Desde su creación, el núcleo del partido fueron las organizaciones cocaleras de la región del Chapare, más concretamente tres organizaciones campesinas nacionales conocidas como “Las Trillizas”: la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Sindical Intercultural de Comunidades de Bolivia (CSCIB) y las Bartolinas (^{Alberti 2015}; ^{Anria 2019}). A medida que el MAS amplió su electorado más allá de las zonas rurales, también reclutó a candidatos blancos y mestizos como forma de mejorar su atractivo entre el electorado no indígena. Esta coalición periférica del MAS estaba formada por una mezcla de organizaciones urbanas (sindicatos, asociaciones de vecinos y asociaciones profesionales), junto con intelectuales progresistas y tecnócratas (^{Madrid 2012}). Tanto los integrantes del núcleo duro como los de la coalición periférica integran las listas del MAS, lo que asegura su voz en los procesos decisorios del partido (^{Anria 2019}; ^{Anria et al. 2022}). Miembros de la coalición periférica han sido también el principal vínculo del MAS con la agenda de reivindicaciones relacionada con derechos de la diversidad sexual (^{Hummel y Velasco-Guachalla 2024}).

Al igual que en el resto de América Latina, el “giro a la izquierda” en Bolivia supuso procesos de incorporación política para grupos históricamente marginados (^{Etchemendy 2020}; ^{Silva 2017}; ^{Silva y Rossi 2018}). El MAS promovió diferentes ámbitos de participación para los movimientos sociales, lo que representó también una oportunidad para las organizaciones feministas y de mujeres, que pudieron avanzar en varias de sus reivindicaciones; incluso, algunas de ellas se plasmaron en la Constitución Plurinacional de 2009 (entrevistas con Elisabeth Salguero, exdiputada feminista del MAS y cofundadora de la Campaña 28 de Septiembre; Tania Sánchez, activista feminista, integrante de la Coordinadora de la Mujer, de la Campaña 28 de Septiembre y del Pacto Nacional por la Despenalización del Aborto en Bolivia; y Katia Uriona, activista feminista y consultora de ONU Mujeres). Sin embargo, las condiciones para avanzar en los temas más conflictivos de la agenda feminista no se dieron sino hasta el tercer gobierno del presidente Morales.

Las organizaciones sociales que luchaban por el aborto legal no formaban parte de los movimientos sociales que conformaban la base del MAS. Sin embargo, algunas activistas feministas eran votantes del partido, o tenían vínculos con los miembros de la coalición periférica, en particular con legisladoras feministas del MAS, como las diputadas Gabriela Montaño, Susana Rivero y Adriana Salvatierra, o la exdiputada Elisabeth Salguero. Estas legisladoras también eran integrantes de la Campaña. Además, algunas activistas feministas habían ocupado cargos técnicos en los gobiernos del MAS. Activistas y legisladoras se refirieron a estos vínculos de la siguiente manera:

La Campaña de Santa Cruz está muy conectada a la filosofía del Movimiento del Socialismo, no como partido, pero sí como proceso político boliviano, entonces no nos era difícil. Habíamos estado en todo el proceso constituyente, habíamos construido relaciones con las compañeras de las organizaciones y había un nivel de confianza que nos permitía trabajar este tema. (entrevista con Guadalupe Pérez)

Nosotras las conocemos, son nuestras forjadoras del feminismo en nuestros departamentos. Aquí en Santa Cruz, en Colectivo Rebeldía Guadalupe Pérez, por ejemplo, que ella es muy activa en la Campaña 28 de Septiembre. También Miriam Suárez, que era directora de la Casa de la Mujer. En La Paz, coordinábamos con Mónica Novillo, que estaba como presidenta de la Coordinadora de la Mujer. Y también clave para nosotras allí es Lourdes Montero, que es directora de Oxfam. (entrevista con Adriana Salvatierra)

Al momento de la reforma, las legisladoras Susana Rivero y Gabriela Montaño no solo eran miembros de la Campaña, sino que también ocupaban posiciones de poder en el Congreso. Rivero era abogada y presidía la comisión de Asuntos Constitucionales, una de las más importantes de la Cámara de Diputados, y había sido designada por el presidente Morales para liderar la redacción del nuevo Código Penal. Montaño era médica y presidió la Cámara de Diputados entre 2015 y 2018, y luego fue designada ministra de Salud. Ambas legisladoras pertenecían a la coalición periférica del MAS, pero eran muy cercanas a Morales. Rivero y Montaño no solo tenían larga trayectoria dentro del partido, sino que, además, sus perfiles técnicos contribuyeron a que ocuparan posiciones relevantes en el gobierno. En tanto feministas, enfatizaron los derechos de las mujeres en sus agendas legislativas, en especial los derechos sexuales y reproductivos (entrevistas con las legisladoras Susana Rivero y Gabriela Montaño del MAS, y Jimena Costa, legisladora feminista de la oposición). A través de ellas, el movimiento feminista por el aborto legal logró tener voz dentro de la compleja estructura organizativa y decisional del MAS.

Pese a estos vínculos, el MAS estaba lejos de tener una posición homogénea sobre el aborto. Varios de sus miembros se oponían firmemente a la legalización, incluidas figuras políticas clave como Hugo Moldiz, ministro de Justicia e integrante del Opus Dei, así como muchos de los integrantes de los movimientos indígenas de la base del MAS, quienes ocupaban cargos en el Congreso. Así lo afirmó una legisladora feminista del MAS:

[…] nuestro partido, tiene […] como sujeto principal, […], el movimiento indígena campesino. Y eso marca también ciertas tendencias y ciertas tensiones que nosotras tenemos. Muchas mujeres del movimiento campesino, de las mujeres Bartolinas Sisa, por ejemplo, no necesariamente se declaran feministas. De hecho, te cuestionan el feminismo. Porque en la tradición boliviana de las organizaciones de mujeres, hay un histórico recelo que empieza desde 1929 entre las organizaciones de mujeres feministas y las organizaciones más populares. Y esa desconfianza histórica permanentemente se recrea como una tensión política interna que tenemos. Entonces, si nuestro sujeto político es el movimiento campesino, no necesariamente eso hace que sea progresista en todos los ámbitos. (entrevista con Adriana Salvatierra)

Las oportunidades para liberalizar el aborto aparecieron en 2016, cuando el presidente Morales convocó a una Cumbre de Justicia para recibir propuestas de organizaciones sociales, colegios profesionales e instituciones académicas de cara a elaborar un anteproyecto de reforma del Código Penal. En este contexto, las diputadas Rivero y Montaño fueron decisivas: eran las encargadas de incluir un artículo que ampliara las causales del aborto no punible. En 2017 se creó el Pacto Nacional por la Despenalización del Aborto en Bolivia (en adelante, el Pacto). El Pacto representaba una coalición de actores más amplia que la Campaña, ya que reunía a las organizaciones feministas de la Campaña y también varias ONG (no necesariamente feministas) que apoyaban el aborto legal (por ejemplo, organizaciones de derechos humanos). El Pacto fue una herramienta creada para unificar estrategias a favor del aborto legal y mejorar la coordinación entre las diputadas feministas del MAS y las organizaciones de la sociedad civil, ante la posibilidad de lograr aprovechar la oportunidad para avanzar esta agenda (entrevistas con varias integrantes del Pacto).

En este contexto, las legisladoras feministas del MAS fueron el enlace entre el movimiento feminista y el partido. Rivero y Montaño redactaron el artículo 157 y lideraron las negociaciones que permitieron que se aprobara. Además, ambas trabajaron intensamente para desactivar potenciales actores de veto dentro del MAS. Además, mantuvieron al movimiento feminista alineado con la reforma que era políticamente factible, en lugar de que se opusieran a esta por no ser la reforma “ideal” que originalmente deseaban, puesto que las organizaciones de la sociedad civil reclamaban una reforma por plazos y no por causales:

Nuestra propuesta en ese momento era de despenalización hasta las doce semanas, la revisión sin causales de ningún tipo. (entrevista con Mónica Baya).

El Código que se abrogó para mí no iba a ser exitoso, me parecía insultante […] para mí no era un avance real. […] Nuestro mínimo son doce [semanas]. (entrevista con Andrea Terceros, activista de Marie Stops)

Según Montaño y Rivero, el aborto legal restringido a circunstancias específicas era lo máximo que podían conseguir de las negociaciones en el MAS. Las legisladoras acordaron con las activistas ciertos contenidos mínimos y, pese a algunas resistencias, tuvieron éxito en contener las expectativas del movimiento. Esto les permitió trabajar en estrategias comunes en el marco del Pacto, por ejemplo, coordinar declaraciones en la prensa con el objetivo de mostrarse como un frente unido vis-à-vis los fuertes grupos de oposición como la Iglesia Católica y los grupos evangélicos. Integrantes del Pacto caracterizaron de la siguiente manera la alianza con las legisladoras feministas del MAS y las negociaciones que estas tuvieron que llevar adelante para acordar un texto que pudiese ser apoyado dentro del partido:

Se acordaron ciertos mínimos […], y de ahí hubo un trabajo de incidencia en la Asamblea Legislativa. […] había asambleístas que conocían de la problemática, que estaban comprometidas con generar algún avance, pero también conscientes de que esto tenía un costo político también [sic]. [eran] asambleístas del MAS. […], Susana Rivero que estaba en la Comisión de Constitución […] su rol ha sido fundamental. […] Ahora, claro, desde fuera uno dice, ¿por qué no apostaron a más? […] Pero bueno, ellas también lidiaron con posiciones dentro del MAS que decían “esto no puede ir”. Y además de otros partidos, […] donde hay una convicción religiosa muy fuerte de varios que se oponen a avanzar en este tema. Y ellas también explicaron [se refiere a Rivero y Montaño] que es hasta donde lograron consensuar. (entrevista con Mónica Baya)

[…] la batalla la llevan ellas tres [se refiere a las diputadas del MAS Montaño, Rivero y Salvatierra], con ellas coordinábamos todo. Cualquier paso era con ellas. Era una alianza. […] Y nos dieron muchísimo espacio en los medios de comunicación. Y ahí fue la primera vez que todos se han desprendido de esas agendas personales como institución [se refiere a las organizaciones de mujeres]. Se han hecho canastas comunes, porque para el tema en general nunca hay suficiente plata. Increíble, de no creer. Y eso ha llevado a que se apruebe el Código. Mientras, Hugo Moldiz visitando al papa. Y nos salió todo bien tres días después [cuando el código fue derogado]. (entrevista con Gretzel Brozovich)

Para convencer a los miembros del MAS de incluir el artículo 157 -entre ellos al presidente Morales-, las legisladoras feministas, en primer lugar, cedieron en algunos contenidos del artículo original y eliminaron causales, como condición habilitante del aborto voluntario. Como señaló una de las principales negociadoras de la reforma, esta era la forma de “darle el gusto a la gente [en referencia a los legisladores del MAS]; hay que negociar, es parte de la Asamblea” (entrevista con Susana Rivero). En segundo lugar, las legisladoras feministas adaptaron discursivamente el marco interpretativo de la demanda por el aborto para que resonara con los principios programáticos del MAS. En lugar de utilizar los argumentos feministas típicos que enfatizan la autonomía de las mujeres para decidir sobre sus cuerpos, usaron argumentos centrados en la justicia social y la salud pública:

No esperes de Evo que te diga “soy feminista”. […] Pero él te entiende desde otras perspectivas […]. Entonces, cuando lo agarraste por el lado de los derechos, él lo entendió […] fue discutirlo con el presidente y explicarle a él, insisto, no siempre desde la lógica de “mi cuerpo, mi decisión”, sino desde el problema concreto. (entrevista con Adriana Salvatierra)

[…] abordamos todo esto no desde los derechos de las mujeres, sino desde los derechos sexuales y reproductivos en general. Era mucho más difícil decir “yo tengo la autonomía de decidir”. O sea, yo lo había intentado miles de veces. El Colectivo Rebeldía que es un poco el que lidera la Campaña 28 de Septiembre, que lleva unos cuantos años trabajando en esto… Y claro, eso de “es mi cuerpo, yo decido”, esa no te la creía más nadie. (entrevista con Susana Rivero)

Las legisladoras feministas también mediaron entre el movimiento por el aborto legal y las organizaciones de mujeres de base del MAS, intentando que estas últimas, en especial las Bartolinas, no se opusieran al artículo 157. Para esto, discutieron el artículo en el marco de un grupo de mujeres del MAS creado durante el proceso hacia la Asamblea Constituyente de 2009. Este grupo estaba compuesto por las organizaciones de mujeres de base del partido (las Bartolinas y las Mujeres Interculturales), mujeres en cargos gubernamentales y algunas ONG cercanas al MAS que trabajaban en temas de derechos de las mujeres (entrevista con Gabriela Montaño y Bernarda Sanabria, activista feminista, consultora de Solidar Suisse Bolivia). Como resultado de este trabajo de persuasión, en marzo de 2017 las Mujeres Interculturales enviaron una carta al presidente Morales en apoyo al artículo 157 (entrevista con Susana Rivero). En la carta, señalaban que las razones para legalizar el aborto en causales eran la extrema pobreza en la que vivían y que a menudo las mujeres indígenas se veían obligadas a tener relaciones sexuales sin usar anticonceptivos.⁴

Para asegurar los votos de la bancada parlamentaria del MAS, las legisladoras feministas también buscaron aliados hombres dentro del partido. En particular, fueron clave los apoyos del presidente del Senado, José Alberto “Gringo” Gonzáles, y del entonces vicepresidente, Álvaro García Linera. Ambos colaboraron para convencer a Morales, cuyo apoyo, a su vez, fue crítico para alinear a la bancada legislativa del MAS. En palabras de la diputada Rivero, el proceso de negociación del artículo 157 al interior de MAS funcionó de la siguiente manera:

Trabajamos con la bancada, fuimos tejiendo alianzas una por una. Porque eso de “ah, la bancada va a levantar la mano”, pues no; vas construyendo tus aliados por bancada. En Bolivia tienes nueve departamentos, entonces siempre tienes que tener dos o tres en cada bancada que vayan ablandando el camino, para que cuando ya nosotras tengamos que hablar, ellos tengan alguna receptividad de escuchar. Y ahí hay que avasallarlos de argumentos. Siempre va a haber uno o dos que se van a resistir en ese momento, que eran los cristianos. Entonces ahí era con Evo: “llamalo a tal, llamalo a tal”. Así funciona. Dependiendo de quién. A veces el Evo decía: “Álvaro [García Linera] resuelve eso” […] Cuando Evo dudaba algo, el Gringo ya estaba con Evo. Era un aliado natural para nosotras. (entrevista con Susana Rivero)

Dado que el MAS tenía dos tercios del Congreso, las promotoras del artículo 157 se concentraron en convencer a sus correligionarios, más que en buscar adhesiones en los partidos de la oposición; aunque la reforma contó con el apoyo de algunas legisladoras de otros partidos (entrevistas con Jimena Costa y Susana Rivero). De esta forma, el caso de Bolivia muestra cómo el débil movimiento feminista por el aborto legal fue exitoso en liberalizar la normativa gracias a las legisladoras que oficiaron de enlace entre el partido y el movimiento social, en el marco de una estructura partidaria en la que las decisiones son producto de procesos deliberativos de sus miembros y no solo de la voluntad de su líder.

Conclusiones

En este artículo se examina un mecanismo específico de vinculación entre partidos y movimientos sociales a través del estudio del nexo entre un partido de izquierda -el MAS- y el movimiento feminista para aprobar una reforma legislativa que despenalizaba el aborto en Bolivia. La liberalización del aborto en este caso fue sorprendente por dos razones: en primer lugar, porque Bolivia es una sociedad con valores conservadores extendidos, y en el que el movimiento feminista ha sido históricamente débil en su capacidad de movilización. En segundo lugar, si bien el MAS es un partido formado por movimientos sociales, sus grupos de apoyo principales son las organizaciones populares indígenas-cocaleras, cuyas demandas están alejadas de las reivindicaciones del movimiento feminista. Además, aunque es un partido de izquierda, muchos de sus principales dirigentes tienen posiciones contrarias, o en el mejor de los casos ambiguas, en relación con la agenda de igualdad de género. Este trabajo contribuye a entender mejor las relaciones entre los partidos de izquierda y los movimientos feministas, un aspecto poco explorado en la literatura, a pesar de que estudios previos han mostrado que la combinación de movilización feminista y partidos de izquierda en el gobierno es clave para la aprobación de reformas contenciosas como el aborto legal (^{Blofield 2008}; ^{Blofield y Ewig 2017}; ^{Friedman 2019}; ^{Htun 2003}).

Mientras la expectativa teórica sugiere que reformas de este tipo requieren movimientos sociales fuertes, el caso de Bolivia muestra que el aborto legal puede aprobarse aún en un contexto en que el movimiento feminista tiene escasa capacidad para organizar protestas masivas. Este artículo evidencia cómo la reforma fue posible gracias a una particular estructura partidaria en la que las decisiones se toman mediante procesos deliberativos; y gracias al rol clave de las legisladoras feministas del MAS como enlace entre el partido y el movimiento. Estas legisladoras feministas, pertenecientes a la coalición periférica del MAS y con doble membresía en el movimiento feminista, trabajaron intensamente al interior del partido para convencer a sus miembros de la necesidad de aprobar la reforma. Para ello, adaptaron los argumentos a favor de la liberalización del aborto de modo que resonaran con la ideología del partido centrada en la justicia social y la defensa de los grupos marginados. Asimismo, estas legisladoras moderaron las expectativas de las activistas feministas para que apoyaran el proceso (a pesar de que no era la reforma “ideal” que ellas hubiesen deseado) y coordinaron acciones con ellas para mostrarse como un bloque unido frente a los actores opositores al aborto legal.

A la luz de la literatura comparada, en este artículo se sugiere que, bajo la misma combinación de factores -movilización feminista y partidos de izquierda- existen diferentes caminos causales hacia el mismo resultado: distintas combinaciones de eventos que pueden conducir a la adopción de leyes sobre asuntos contenciosos de la agenda de derechos de las mujeres e igualdad de género, como el aborto legal. El caso de Bolivia representa un camino muy distinto, por ejemplo, al de la aprobación del aborto legal en Argentina. En Argentina, la despenalización del aborto fue una demanda histórica del movimiento feminista (^{Bellucci 2014}), y durante muchos años las activistas feministas hicieron lobby a los parlamentarios con el objetivo de que el Congreso tramitara un proyecto de ley que despenalizara el aborto durante las primeras doce semanas de gestación (^{Fernandez Anderson 2020}; ^{Tabbush, Díaz y Trebisacce 2016}; ^{Tesoriero 2013}). Sin embargo, el proyecto solo fue considerado por el Congreso cuando las movilizaciones llegaron a ser masivas (^{Daby y Moseley 2022}). En Argentina, la liberalización del aborto recibió apoyos transversales en el sistema de partidos ( ^{Fernandez Anderson 2022}), pero para que la ley se aprobara fue necesaria una mayoría de votos de legisladores de fuerzas políticas progresistas que, si bien tenían preferencias por el aborto legal, solo se activaron como promotores de la reforma ante la explosión de la movilización feminista en las calles. Uruguay, por su parte, es un caso que ilustra un mecanismo similar al de Bolivia, con feministas enraizadas en el partido de izquierda, el Frente Amplio (^{Johnson, Rocha y Schenck 2015}). En Uruguay nunca hubo movilizaciones masivas por el aborto legal. No obstante, dados los rasgos seculares de este país, la literatura ha considerado a este caso como un caso probable, es decir, un caso en el que era esperable que se despenalizara el aborto (^{Blofield 2008}; ^{Blofield y Ewig 2017}; ^{Fernandez Anderson 2017, 2020} ). Pese a estas condiciones, la ley solo se aprobó luego de intensas negociaciones y cuando la izquierda llegó al gobierno.

En definitiva, nuestro trabajo sugiere que, aunque la combinación de factores sea la misma (movimientos feministas y partidos de izquierda en el gobierno), los caminos a la despenalización pueden variar, pues los partidos de izquierda reaccionan y se vinculan de modos diferentes con los movimientos feministas. En este punto, el artículo muestra que el tipo de organización partidaria es importante para entender las reformas por los derechos de las mujeres y la igualdad de género (en particular, las demandas más contenciosas dentro de esta agenda), pues condiciona las formas en que los movimientos pueden influir sobre los partidos y así, sobre los resultados políticos.