1. SENTENCIA T-452 DE 2022

La sentencia objeto de estudio versa sobre la solicitud de amparo constitucional hecha por Ciro Alfonso Guerra Picón, conocido cineasta colombiano, quien goza de un reconocimiento nacional e internacional por su trayectoria en el mundo del cine, contra Catalina Ruiz Navarro y Matilde de los Milagros Lon-doño Jaramillo, directoras del portal Las Volcánicas, medio de comunicación feminista, al considerar que la publicación del reportaje "Ocho denuncias de acoso y abuso sexual contra Ciro Guerra"¹⁷, el 24 de junio de 2020, en el mencionado portal, así como las posteriores entrevistas y declaraciones que otorgó Catalina Ruiz Navarro a distintos medios de comunicación¹⁸, don de -menciona el accionante- asegura su responsabilidad en la comisión de estas conductas delictivas, constituyen una clara vulneración a sus derechos al buen nombre, honra y presunción de inocencia¹⁹.

Por lo anterior, pretendió, mediante la acción presentada, el retiro del mencionado reportaje del portal Las Volcánicas, así como cualquier otra pu blicación relacionada con el mismo, y de no prosperar esta primera solicitud, pretendió instar a las accionadas a rectificar, a través de todos los medios que se hayan usado para la divulgación del reportaje, las declaraciones que lo califican como acosador y abusador sexual, y publicar también, por los medios mencionados, la parte resolutiva de la sentencia que le concediera el amparo.

Finalmente, pretendió instar a las periodistas para que se abstuvieran de realizar cualquier clase de comentario o publicación que lo involucrara con otros hechos similares a los mencionados en el reportaje, o con cualquier otro hecho donde se hiciera alusión a su responsabilidad en la comisión de cualquier conducta delictiva. Mencionó el accionante que presenta esta acción para evitar un perjuicio irremediable, en la medida que el artículo publicado por las accionadas ha producido efectos negativos en su carrera, dado que:

Ante las graves acusaciones y atendiendo a los escándalos que han rodeado el séptimo arte, cualquier velo de duda que se cierna sobre una de las personas que trabajan en este medio, genera cautela en los otros miembros de la comunidad cinematográfica para continuar o construir nuevas relaciones con quien es vin culado a conductas del tipo de las que ha sido señalado por las periodistas.

Las accionadas se pronunciaron frente a esta acción arguyendo que no existía razón para que esta prosperara, en la medida que (i) el accionante ya había interpuesto acción de tutela²⁰, (ii) no se encuentran configurados los requi sitos de procedencia formal de la acción de tutela²¹ y, por último, (iii) no se configura una lesión a los derechos fundamentales del señor Ciro Alfonso Guerra Picón²².

Con base en lo anterior, el Juzgado Quinto Penal del Circuito con Fun ciones de Conocimiento de la ciudad de Bogotá, el 4 de marzo de 2021, falló negando la solicitud de amparo constitucional, al considerar que dicho recurso era improcedente, puesto que (i) no se cumplió con el requisito de subsidiariedad, al existir medios idóneos para la protección de lo incoado dentro de la acción, (ii) no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable, al no existir nexo de causalidad entre la publicación del reportaje y los perjuicios que argumenta haber sufrido el actor, y (iii) con la publicación del reportaje no se desconocían los derechos fundamentales del actor, dado que lo dicho en el reportaje por las accionadas se encuentra cobijado dentro de su derecho fundamental a la libertad de expresión, por lo que no se vulneran derechos fundamentales del accionante.

Presentada la impugnación por parte del accionante, quien se opuso a los puntos anteriormente expuestos, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito de Bogotá, el 26 de abril de 2021, revocó la sentencia proferida en primera instancia, y concedió el amparo constitucional al señor Ciro Alfonso Guerra Picón, al considerar que el reportaje publicado en el portal Las Volcánicas no cumplía con los requisitos de veracidad e imparcialidad²³, imputables al ejercicio de cualquier labor periodística y, por ello, sí se evidenció una vulneración a los derechos fundamentales del accionante. Por tanto, ordenó a las accionadas rectificar la información del reportaje, con apego a estos principios.

2. SOBRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, LA LIBERTAD DE PRENSA Y EL EJERCICIO DEL PERIODISMO FEMINISTA COMO MANIFESTACIÓN CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDA

La Corte Constitucional, en sede de revisión, y después de haber hecho un análisis a los requisitos de procedibilidad de la acción, estableció que los problemas jurídicos que debían resolverse frente a estas actuaciones constituyen (i) la determinación del alcance de la publicación realizada por Catalina Ruiz Navarro y Matilde de los Milagros Londoño, para establecer si con esta se habían vulnerado los derechos fundamentales a la honra, buen nombre y presunción de inocencia del señor Ciro Alfonso Guerra Picón, o si lo allí publicado constituye una manifestación del derecho a la libertad de expresión, y (ii) si el señor Ciro Alfonso Guerra Picón incurre en un abuso del derecho al iniciar, de manera paralela, procesos en las jurisdicciones civil, penal y constitucional contra las accionadas, los cuales persiguen hechos y pretensiones similares.

La Corte Constitucional considera pertinente evaluar el alcance de la libertad de expresión, enmarcada dentro del discurso de género (como dis curso constitucionalmente protegido), cuando lo que se pretende es denunciar violencias basadas en género, junto con el ejercicio del periodismo feminista, para así poder establecer cómo se deben ponderar los derechos a la honra, el buen nombre y la presunción de inocencia en disputa frente a este marco especial de ejercicio de la libertad de expresión. Por último, le corresponde estudiar el acoso judicial como figura que lleva a la censura previa dentro del ejercicio periodístico.

Aquello en lo que podría encontrarse una dificultad, sin embargo, es en la esfera conceptual, pues conceptos como feminismo y género²⁴ pueden resultar problemáticos dada su pluralidad de significados: el concepto de feminismo y, por tanto, el ejercicio del periodismo feminista como discurso reivindica-dor estará sujeto a lo que cada sociedad ha entendido por feminismo²⁵. Así, el contenido emancipador que se le atribuye al discurso feminista podría encajar más fácil en la definición que Hooks da del concepto de feminismo, definiéndolo como "una lucha para erradicar la opresión sexista"²⁶, que en, por ejemplo, la visión dada por Sau en la cual el feminismo es un espacio de reconocimiento de las diferencias entre individuos de uno y otro sexo, con el fin de vindicar el lugar de la mujer en la sociedad²⁷.

El concepto de opinión (o expresión en sentido amplio) e información resulta igualmente problemático, máxime cuando la Corte, como se expon drá en las próximas líneas, ha reconocido que estas dos esferas del derecho fundamental a la libre expresión llegan a entremezclarse en algunos ámbitos. Así, en la sentencia objeto de estudio, la Corte Constitucional pretende establecer la diferencia entre la libertad de expresión (entendida como el todo) y la libertad de información (entendida como la aplicación restricti va del todo), para así poder establecer los pilares de la labor periodística, y del discurso y periodismo feminista como una manifestación dotada de protección constitucional reforzada. Para ello, la Corte Constitucional de fine la libertad de expresión como un derecho polifacético, en la medida que tiene múltiples manifestaciones, entre ellas la libertad de opinión, de difundir y recibir información, así como la prohibición de la censura en todas sus formas.

El ejercicio periodístico se encuentra cobijado dentro del marco de la libre expresión, pues materializa tanto la esfera individual, interpretada por la Corte Constitucional como aquella facultad para expresar opiniones, sin que estas hagan referencias determinadas a hechos del mundo, por lo que no deberán ceñirse a parámetros de objetividad, veracidad o imparcialidad, y por tanto el alcance de esta acepción es más amplia, ya que cobija mayores manifestacio nes, como la esfera colectiva de este derecho; entiéndase la esfera colectiva de este derecho como aquella facultad que tienen los sujetos de informar e informarse, que, al hacer referencia a hechos determinados del mundo, y dado que pretenden la transmisión de aquellos hechos, deberán ceñirse a parámetros de imparcialidad y veracidad, en la medida que la información no puede corresponder a juicios de valor. Por tanto, dichas manifestaciones cuentan con una protección constitucional más restringida.

Sin embargo, dicha afirmación otorgaría al ejercicio periodístico un alcance desmesurado, que podría llevar al menoscabo de derechos fundamentales de otros miembros de la sociedad. Por tanto, la Corte enfatiza en los límites que debe tener el derecho a la libertad de expresión, así como los límites que deberán tener los periodistas en el ejercicio de la libertad de información, para garantizar que esta efectivamente se relacione con la realidad de las cosas, y no termine por convertirse en un relato ficticio, en desconocimiento de derechos de terceros.

Es necesario mencionar aquella diferenciación que hace la Corte entre la libertad de opinión, como derecho del cual todos estamos dotados, y por ello, toda manifestación de opinión que no esté expresamente prohibida se encontrará cobijada bajo el ejercicio legítimo de la libertad de expresión, y la libertad de información, cuya finalidad es la transmisión de hechos determinados con una repercusión observable en la sociedad, por lo que el ejercicio de este derecho tiene un ámbito de protección menor y, en todo caso, deberá ajustarse a los parámetros de veracidad e imparcialidad, de manera que no se protegen, dentro de esta esfera, los juicios de valor que desconozcan derechos de terceros.

Sin embargo, no por ello se encuentran estas dos manifestaciones de la libre expresión separadas; por el contrario, reconoce la Corte que pretender observarlas de forma aislada sería limitar la expresión misma de las personas, en los siguientes términos:

La división entre estos ámbitos no es absoluta. Existen espacios en los cuales el límite entre uno y otro se torna borroso; y un estudio que persiga deslindarlos de manera definitiva podría conllevar una restricción intensa a la libertad de expresión, al menos, por dos razones. Primero, porque desconocer las zonas de penumbra, o los espacios mixtos, podría disminuir el universo de expresiones válidas y podría generar un efecto disuasivo para los medios y los emisores, en la misma dirección. Así, reduciría lo discursivamente posible y válido en el orden constitucional. Estas consideraciones son relevantes porque permiten comprender las razones por las cuales el deber de veracidad en el ámbito de la información se traduce en una diligencia debida y no en uno de alcanzar la verdad.

Manifiesta la Corte que no se puede obligar al periodismo al alcance de la verdad, dado que la labor periodística se enmarca dentro de la reconstrucción de narrativas verificables que correspondan a la realidad de lo ocurrido²⁸, lo cual compone la veracidad que debe acompañar el ejercicio periodístico. Las reivindicaciones de la identidad sexual, la defensa de la equidad de género y la erradicación de las violencias basadas en género son discursos dotados de una protección especial, por lo que el análisis de sus limitaciones deberá hacerse dentro de un campo de protección mayor, dado el carácter liberador que estas manifestaciones suponen frente a quienes históricamente han estado sometidas a un entorno patriarcal, que les redujo a sumisión y miedo²⁹. "La Corte Constitucional reconoció que el discurso feminista está especialmente protegido, porque plasma asuntos de interés público en el Estado Constitucional de Derecho, y porque este incorpora un contenido político emancipador". Así es mencionado dentro de la Sentencia objeto de análisis, la cual desarrolla la tesis planteada en la Sentencia T-289 de 2021 en la que se explicita el interés público del discurso feminista en estos términos:

La violencia no finaliza con la consumación del acto que atenta contra la mujer, sino que se perpetúa al negarles la posibilidad de expresar y denunciar estos hechos. Debido a lo anterior, esta Corporación concluyó que los discursos en los que las mujeres ponen en evidencia prácticas machistas y de violencia de género constituyen discursos de interés público. En efecto, para la Corte, "los discursos que aluden a la protección de los derechos de las mujeres, y específicamente al derecho a estar libre de violencia, como el abuso y el acoso sexual, que además son delitos, son manifestaciones del derecho a la libertad de expresión de interés público que revisten de una protección especial con fundamento en el deber de diligencia en la prevención, investigación, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres". La categoría de interés público conlleva adoptar que las diversas violencias de las mujeres atentan, a su vez, a valores éticos diseñados y defendidos por la sociedad y las instituciones. Por su parte, la doctrina y la literatura especializada le han impreso adicionalmente un carácter de discurso político a las expresiones que realizan las mujeres que son víctimas de violencia de género; [...] los movimientos feministas buscaron llevar a la esfera pública asuntos, temas y prácticas que se entendían propios de la esfera privada, tales como la violencia doméstica [...] La finalidad de trasladar lo privado a lo público, no sólo consistía en denunciar las diversas formas de violencia que la práctica social había invisibilizado o normalizado, sino desarrollar un lenguaje normativo que nombre esa injusticia. De ahí que, deba entenderse que estos discursos tienen una connotación fundamentalmente política e implican cambios profundos en los comportamientos de la sociedad.

El discurso feminista obedece a la necesidad de visibilizar violencias sistémicas que, en otros espacios masculinizados, como los medios tradi cionales, son desconocidas o desestimadas³⁰. La posibilidad de las mujeres de denunciar, de manera pública, así como los discursos encaminados a la reivindicación del género y la difusión de violencias basadas en género posibilitan la participación activa de las mujeres en la sociedad, sin tener que ser sometidas a las relaciones de poder desiguales que ha diseñado la sociedad patriarcal.

El discurso feminista, y su respectiva manifestación a través del perio dismo feminista, es un medio efectivo para la erradicación de las violencias basadas en género, dado que permite movilizar dicho flagelo desde el espacio privado hacia el espacio público, generando un reproche social que produce cambios estructurales en las instituciones, así como un llamado a la acción para los entes gubernamentales. El periodismo feminista trae al centro de la discusión asuntos que, debido a su relación con lo femenino dentro de espacios públicos masculinizados, previamente han quedado relegados como información irrelevante o, como lo teoriza Bachmann, información de segunda o tercera categoría.

La materialización de un periodismo con enfoque hacia la mujer implica que los dilemas por ellas sufridos no se tratarán como asuntos de interés pri vado y. además, implica la superación de la limitación espacial impuesta por la esfera pública, que lleva a considerar los dilemas femeninos como asuntos que no pueden tratarse dentro de la plaza de lo político³¹. Ello conduce a la consideración de las violencias basadas en género como un asunto de interés público. Las víctimas están amparadas para denunciar desde sus posibilidades y sin tener que acudir, necesariamente, al proceso jurisdiccional.

Las mujeres están llamadas a expresar las violencias a las que fueron so metidas de la forma en la que tengan acceso, pues obligarlas a someterse a un proceso penal donde no se aplica un enfoque de género implica revictimizarlas y perpetuar aquellas manifestaciones encaminadas a silenciar las denuncias y dejar a las víctimas en el olvido, reafirmando violencias estructurales. Por ello, figuras como el escrache³² y el ejercicio del periodismo feminista pre suponen una alternativa idónea y efectiva para la realización de denuncias públicas y la divulgación de información que es de interés público, pues por lo que se debe propugnar dentro del Estado constitucional de derecho es la amplificación de voces silenciadas desde la institucionalidad.

El periodismo feminista, comprendido como aquella forma de informar que se separa de lo hegemónico y privilegia las voces y los problemas de las mujeres como objeto de especial atención, y no como un hecho de paso dentro de un esquema público masculinizado³³, dentro de su labor ética de visibilizar a las víctimas y ofrecer una forma de reparación simbólica al reconocer e informar sobre violencias basadas en género, no podrá privile giarse o preferirse sobre derechos de terceros, dado que, de ser ejercido sin atender a los parámetros de veracidad e imparcialidad, es altamente dañoso a la honra, buen nombre y presunción de inocencia de quienes son pública mente señalados.

Para ello, la Corte Constitucional estableció los criterios de cómo, quién, sobre quién y a quién comunican los medios, en su vertiente informativa, para determinar si lo que se dice debe privilegiarse como ejercicio de la libertad de expresión o si, por el contrario, lesiona los derechos de terceros. Este análisis, por tanto, pretende resolver el primer problema jurídico, res pecto a la vulneración de derechos fundamentales a la honra, buen nombre y presunción de inocencia del señor Ciro Alfonso Guerra Picón.

Respecto a quién comunica, reitera la Sala, como se realizó dentro de las consideraciones, que Catalina Ruiz Navarro y Matilde de los Milagros Londoño ejercen el periodismo con un claro enfoque feminista dados sus años de activismo y su vocación ética y social a la erradicación de violencias basadas en género; todo esto a través del portal independiente Las Volcáni cas, de reciente fundación (por lo que no ostenta un amplio reconocimiento o una posición privilegiada en el medio periodístico, en comparación a otros medios independientes), en donde se hace mención expresa a la labor que tienen las dos como directoras de visibilizar asuntos de género y feminismo.

Sobre qué y quién comunica, reconoce la Sala que se difunden ocho relatos de mujeres que reconocen a Ciro Guerra como su agresor, y quienes, ampa radas por el portal y ejerciendo la reserva de la fuente, deciden manifestar lo sufrido a manos del cineasta. Por tanto, el reportaje es una reconstrucción de hechos, donde se hace manifestación directa a relatos dados por víctimas de violencias basadas en género. Frente a quién se comunica, la Sala menciona que se comunica a cualquier persona que pretenda visitar el portal Volcánicas, aclarando que el contenido que allí se observa constituye un discurso con especial protección constitucional. Para finalizar, ante el cómo se comunica, se aclara que inicialmente se hizo a través del portal mencionado, y que no es imputable a las periodistas la posterior difusión que realizaron otros medios sobre el reportaje mencionado.

Continúa la Corte Constitucional haciendo una reconstrucción de los re latos divulgados en el reportaje, con una distinción entre los testimonios de las víctimas y las manifestaciones de las accionadas³⁴, y considera que estos últimos son los que deben ceñirse a parámetros de veracidad e imparcialidad, encontrando, por tanto, que las narraciones de las periodistas, donde esta blecían patrones conductuales del accionado, y creaban un entramado entre los testimonios, para hacerlos más comprensibles, eran acordes al ejercicio periodístico, y por tanto, el reportaje en cuestión no vulnera derechos fun damentales del accionante. Respecto a las entrevistas concedidas a Catalina Ruiz Navarro por distintos medios, la Sala aclara que, al ser sus declaraciones objeto de la libertad de opinión y no estando enmarcadas dentro de la libertad de prensa, no deben ceñirse a parámetros periodísticos, por lo que es claro que las manifestaciones dadas son las opiniones de una de las accionadas, las cuales no constituyen una vulneración a los derechos del señor Ciro Guerra. Sintetiza la Corte la respuesta a este problema jurídico de la siguiente forma:

La Sala Primera de Revisión concluye que Catalina Ruiz Navarro y Matilde de los Milagros Londoño Jaramillo, a través del reportaje "Ocho denuncias de acoso y violencia sexual contra Ciro Guerra" (i) no desconocieron sus derechos fundamentales y (ii) publicaron un trabajo periodístico que respeta la ética de la profesión, así como la apuesta adicional, ética y profesional en defensa de los derechos de las mujeres, y con miras a la creación de un espacio seguro para la transmisión de sus denuncias. Asimismo, (iii) encuentra que lo expresado por Catalina Ruiz Navarro durante las entrevistas que les dio a varios medios de comunicación después de la publicación del reportaje constituye un ejercicio legítimo de su la libertad de opinión, pues en dichos espacios expresó críticas y cuestionamientos partiendo de un discurso especialmente protegido, las cuales no atribuyen de manera específica la comisión de un delito.

3. SOBRE EL ACOSO JUDICIAL COMO EXPRESIÓN DE CENSURA AL DISCURSO QUE PRETENDE DENUNCIAR VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO

Si algo puede iniciarse a esbozar, a modo de conclusión, con base en el análisis del contenido de la sentencia reseñada, es que la libertad de prensa dentro del orden constitucional actúa como garante del Estado constitucional de derecho, al permitir la existencia de disensos y de oposición; asimismo, facilita el acceso a la información, y permite el fomento de espacios de dis cusión. El papel de guardianía que tiene el rol periodístico dentro del Estado constitucional conlleva a que este sea ampliamente protegido, puesto que logra visibilizar las posturas diversas de la sociedad y facilita el entendimiento del pluralismo político, étnico y cultural. Para el tribunal constitucional colom biano, en ese sentido, la prensa opera como educadora, como contribuyente al diálogo social y como guardián de la democracia.

Colombia, por la incorporación de obligaciones convencionales mediante el bloque de constitucionalidad, ha incorporado un amplio rango de protección a la libertad de prensa³⁵, atendiendo también que la labor periodística permite la difusión y amplificación de discursos minoritarios, visibilizando, dentro de la esfera pública, violencias que, al quedarse de forma única en la esfera privada, han sido desconocidas y reprimidas por aquellos que se benefician de mantener las estructuras sociales tal y como están, desvinculando a quienes se encuentran en posición de vulnerabilidad de la posibilidad de participar activamente en la sociedad.

Una de las manifestaciones de la libre expresión, considera la Corte Constitucional, es la prohibición de cualquier clase de censura. En efecto, manifiesta el tribunal que lo que se pretende con la censura es cercenar la autonomía que tienen las personas en la expresión de distintos pensamien tos, manifestaciones u opiniones, lo cual desconoce el núcleo esencial que pretende proteger la libertad de expresión; por tanto, esta no podrá ser per mitida en ninguna de sus formas, puesto que su ejercicio conduce al mayor desconocimiento que se podría tener ante la capacidad que tienen los sujetos en sociedad de reconocerse, determinarse y manifestarse. Ha sostenido que la censura constituye la forma más grave de violación al derecho fundamental a la libertad de expresión y, en virtud de su relevancia para la democracia, representa una afectación intensa al régimen democrático.

Esta consideración expresa de prohibición deberá tenerse en cuenta, por tanto, en todas las formas de manifestación de la libre expresión, incluyendo la libertad de información y la libertad de prensa. Los fenómenos de censura previa, donde se prohíbe a los medios realizar publicaciones sobre determinados temas o determinadas personas, previo a que aquellos pronunciamientos se realicen, en lo que podría catalogarse como una limitación a su posibilidad de informar,³⁶ y autocensura, donde los medios o periodistas se abstienen de realizar manifestaciones contra cierta persona o grupo de personas dada la posibilidad de represalias imposibles de satisfacer por parte de quienes pretenden evitar la divulgación de la información³⁷, no podrán ser permiti dos en ningún espacio³⁸, dado el efecto paralizador que dichos fenómenos producen dentro del periodismo.

El Estado debe procurar la existencia de regulaciones que permitan a los particulares, evitando el ejercicio de la sana crítica, o con ánimo de intimidar a los periodistas, acudir a la vía jurisdiccional de manera indiscriminada, impetrando acciones con pretensiones imposibles de satisfacer por los me dios, para impedir así el ejercicio periodístico, o lograr, por vía judicial, la rectificación o eliminación de información que no los beneficie, para ello, los particulares se sirven de una figura denominada acoso judicial, para lo grar el silenciamiento de los medios a través de las distintas jurisdicciones.

Define la Corte Constitucional, en el análisis concreto del caso, el acoso judicial como un efecto paralizador dentro del ejercicio periodístico de la siguiente forma:

El acoso judicial se produce cuando una persona acude a la justicia (i) con el propósito de silenciar la expresión, en especial, cuando esta resulta de interés público; (ii) la persona cuenta con buenos recursos económicos que le permiten contratar los servicios de abogados y sufragar los costos propios que supone el acceso a la justicia; (iii) se evidencia un desequilibrio de poder entre las partes; (iv) formula pretensiones desproporcionadas o imposibles de satisfacer por la parte accionada, en especial, indemnizaciones millonarias; (v) buscando generar un efecto silenciador o chilling effect.

En efecto, para el caso concreto se evidencia que el señor Ciro Alfonso Guerra Picón (i) ha acudido a la jurisdicción civil, penal y constitucional para limitar el ejercicio periodístico de las accionadas, pretendiendo, dentro de las tres acciones interpuestas, que estas se abstengan de intervenir en cualquier materia que relacione al actor, sea esta vinculada a los hechos ya denunciados en el marco del reportaje publicado en el portal Las Volcánicas, u otros hechos que no guarden relación con estos.

De esta manera, el accionante pretende censurar, de forma previa, todo tipo de pronunciamiento que Catalina Ruiz Navarro y Matilde de los Mila gros Londoño puedan hacer, en cualquier calidad, respecto de él. Del mismo modo, (ii) el señor Ciro Guerra es un aclamado cineasta a nivel nacional e internacional, el cual cuenta con los recursos suficientes para sufragar los costos que supone interponer, por medio de apoderados judiciales, tres accio nes simultáneas, lo cual (iii) deja evidenciado el claro desequilibrio entre las partes, pues las accionadas no se encuentran con la misma facilidad que él para cargar con los gastos de los procesos judiciales, al ser un grupo pequeño de periodistas, con un portal de formación reciente, sin mayor reconocimiento dentro del medio periodístico. También, (iv) para la Corte es claro que las pretensiones incoadas por el accionante son claramente desproporcionadas y ajenas a los hechos alegados, máxime si se considera que:

El accionante convocó a las accionadas a un escenario de conciliación y, en este, además de la solicitud de rectificación y/o retiro de la información, presentó una solicitud indemnizatoria; simultáneamente acudió al proceso penal, en el cual, además de plantear que las accionadas incurrieron en injuria y calumnia elevó una solicitud indemnizatoria, en sede de conciliación preprocesal por $150.000.000 (ciento cincuenta millones de pesos); y por último, en la demanda por responsa bilidad civil extracontractual fijó el valor de los perjuicios causados en su contra y de la sociedad Ciudad Lunar Producciones S.A.S., cuya indemnización se persigue en dicho trámite, en un total de USD$875.000.00 (ochocientos setenta y cinco mil dólares norteamericanos).

Con todo lo anterior, para la Sala queda probado que se está ante un claro acoso judicial, puesto que, detrás de las peticiones realizadas por el accio nante, se busca producir un efecto paralizador en las periodistas, utilizando los escenarios jurisdiccionales como estrategia de intimidación³⁹, para evitar que estas puedan continuar realizando manifestaciones que lo involucren en conductas delictivas. Para la Corte esto es especialmente preocupante, y constituye un abuso del derecho, puesto que lo que se pretender es callar forzosamente los testimonios de víctimas que reconocen, en el señor Ciro Guerra, a su agresor sexual.

Impedir el ejercicio de un discurso con especial protección constitucional es, por tanto, un actuar que no puede ser permitido, al menos, dentro de la jurisdicción constitucional, en la medida que la libertad de expresión, en el marco del discurso feminista, consta de una prevalencia sobre los otros dere chos; permite la emancipación de las mujeres víctimas y provee una justicia simbólica al permitir la difusión de sus verdades. Para la Corte Constitucional, es inadmisible el silenciamiento de estas manifestaciones, independiente de la forma en la que se presenten.

Por lo anteriormente expuesto, la Corte Constitucional decide revocar las sentencias proferidas por los juzgados de primera y segunda instancia, para así negar el amparo constitucional presentado por el señor Ciro Alfon so Guerra Picón, al no encontrarse vulnerados sus derechos a la honra, el buen nombre y presunción de inocencia, y al constatarse que con la acción constitucional pretendía silenciar a Catalina Ruiz Navarro y Matilde de los Milagros Londoño, las accionadas.