Introducción

La configuración socioterritorial actual del Pacífico Sur colombiano y en particular en el municipio de Tumaco, Nariño, ha sido el resultado de una compleja ecuación sociohistórica que involucra la consolidación etnoterritorial de los pueblos indígenas y las comunidades negras, así como las distintas facetas de la manera en que el Estado ha concebido el desarrollo, tanto desde sus acciones como desde sus omisiones. Esto incluye la consolidación del sector empresarial, el apogeo y auge de las economías globales ilegales, el proceso de pérdida de identidad cultural de la población rural y la paulatina consolidación de grupos armados y del crimen organizado nacional y transnacional. Se está hablando entonces del reconocimiento de diversos actores territoriales, con visiones distintas de la manera como ha sido su relación con el entorno natural y con los otros actores territoriales. En este complejo proceso, todos los actores involucrados, sin excepción, actúan, algunos con mayor o menor fuerza, en contra de las territorialidades étnicas y otras formas comunitarias. Estas relaciones de poder antagónicas en el Pacífico Sur han dejado consigo una enorme huella en el territorio y en su ambiente, pero también han generado una enorme crisis humanitaria y pérdida de vidas humanas, todo esto como resultado de múltiples y muy variados conflictos socioterritoriales como manifestaciones de las territorialidades superpuestas de los actores que han incidido en esta región.

El contexto en que se desenvuelven estos conflictos socioterritoriales se presenta en una situación de consolidación paulatina de un modelo geopolítico y territorial amparado en los valores del desarrollo, la modernidad y el libre mercado. Ha sido un modelo impulsado por el Estado colombiano desde inicios del siglo XX con la construcción del ferrocarril entre Tumaco y El Diviso (1905-1942), en un esfuerzo para promover la comunicación y la economía regional y poder obtener recursos del Pacífico para el interior del país (^{Zarama, 2016}). El fortalecimiento del sector empresarial en Tumaco da inicio con la construcción del oleoducto Transandino en la década de los sesenta (^{Obando, 2021}) y la apertura y fortalecimiento del puerto de Tumaco y el aeropuerto, que representan el inicio de un proceso que ha permitido el fortalecimiento de un importante sector económico en la actualidad. A este modelo se suma un agravante con implicaciones territoriales inmensas en la región desde la década de los noventa en adelante: el auge y consolidación de mercados criminales globales, como una anomalía del Estado colombiano en la improvisada búsqueda del mercado global, y la consolidación de regiones fronterizas vacías de la institucionalidad y del progreso que promovieron las condiciones en esta región para permitir la presencia de estructuras armadas nacionales y transnacionales que avasallan las complejas construcciones históricas socioculturales.

Este es un modelo que se construye desde lo global y que aniquila el lugar, en particular las construcciones socioculturales locales, contraste en el que las territorialidades se sobreponen para configurar los conflictos socioterritoriales en esta región del Pacífico Sur. Según los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2022), el municipio de Tumaco tiene una población de 253.637 habitantes; de estos, 86.320 (34%) se encuentran en el área urbana y 167.317 (66%) en el área rural. El 84,78% corresponde a población étnica (129.491 son población negra y 7.419 son población indígena). En este territorio, según la Agencia Nacional de Tierras, se han otorgado 22 títulos a consejos comunitarios de la población negra, 15 resguardos indígenas de las comunidades awá y uno para la comunidad eperara siapidara. Además, se identifican cuatro momentos en el proceso de poblamiento: 1) la cultura precolombina de los Tumaco, 2) la conquista y el movimiento de nativos del Amazonas y la zona andina hacia el Pacífico, 3) la llegada y posicionamiento de los negros y 4) los movimientos poblacionales de colonos campesinos y el narcotráfico. También se reconocen procesos de construcción y organización de los espacios ocupados por la población negra durante los siglos XVIII-XX (^{Agier et al., 1999}; ^{Hoffmann, 1999}, ²⁰⁰⁷; ^{Rivas, 1999}).

En este contexto, el presente artículo tiene como propósito reconocer y explicar la configuración de los conflictos socioterritoriales presentes en la región del Pacífico Sur colombiano, en la frontera con la república del Ecuador (Figura 1). La investigación se sitúa desde la perspectiva de la geografía política crítica contemporánea. Esta perspectiva precisa análisis que permiten captar las redes de intereses, representaciones, proyectos y asimetrías que configuran el territorio como recurso y condición de las relaciones de poder (^{Raffestin, 2011}). Además, problematiza los procesos de reproducción del capital global impulsados por la construcción de lugares funcionales a los beneficios económicos (^{Harvey, 2007}) que, a su vez, destruyen la localidad y particularidad del lugar en tanto arraigo de las construcciones socioculturales del territorio (^{Agnew & Oslender, 2010}; ^{Oslender, 2002}).

Fuente: elaboración propia con base en cartografía básica del IGAC¹.

Figura 1 Ubicación geográfica de la zona de estudio¹  

El presupuesto investigativo parte de la necesidad de precisar una reflexión acerca del concepto de territorialidad, categoría que sustenta el análisis conceptual y metodológico para poder comprender la configuración de los conflictos socioterritoriales, en tanto expresión de las territorialidades superpuestas entre los modelos geopolíticos instaurados en la región del Pacífico Sur colombiano desde mediados del siglo XX y las prácticas situadas de las construcciones socioculturales locales.

En este sentido, la reflexión teórica parte del reconocimiento de que la territorialidad está fuertemente vinculada con los procesos de apropiación del territorio por parte de grupos sociales. ^{Sack (1989)} define a la territorialidad a partir de dos dimensiones: el carácter histórico de la territorialidad y su relación con el poder. Por ello, la territorialidad se considera como una conducta de actores que intentan influir, afectar o controlar, con ciertas acciones, un territorio particular. Se trata de reconocer "el grado de control de una determinada porción de espacio geográfico por una persona, un grupo social, un grupo étnico, una compañía multinacional, un Estado o un bloque de Estado" (^{Montáñez & Delgado, 1998}, p. 5), lo cual se vincula con la producción del territorio mediante la intersección de prácticas espaciales en la medida en que el dominio, la apropiación y las fricciones son manifestaciones de representaciones y concepciones que se articulan con usos de la tierra, formas de movilidad y vínculos comunicantes multiescalares, entre otros aspectos constitutivos de una territorialidad (^{Zárate & Arrubla, 2020}).

La territorialidad se asocia con apropiación y esta con identidad y afectividad espacial, que se combinan para definir territorios apropiados de hecho o por derecho. En este contexto, las lealtades al territorio nacen del grado de territorialidad, y en un mismo espacio se pueden yuxtaponer varias lealtades de distintos actores territoriales (^{Montáñez & Delgado, 1998}). ^{García (1976)} relaciona la territorialidad con la exclusividad y categoriza dos tipos de exclusividad: la primera, de posesión o dominio, y la segunda, como sujeto de exclusión. Desde esta perspectiva, la territorialidad es vista como un proceso de dominación de elementos dentro de un territorio. En efecto, ^{Ortiz (2012)} argumenta que "los procesos de territorialización se deben entender como parte sustancial de la colonialidad del espacio y la naturaleza" (p. 66), es decir, la dominación que se puede hacer -en distintos grados- de un espacio. Además de esto, la identidad y la afectividad espacial entran a tener parte en la definición de los procesos de territorialidad, reforzando de esta manera los planteamientos dicotómicos de sociedad-naturaleza como entes totalmente separados, cuestión que se empieza a replantear desde corrientes posestructuralistas, tal como señala ^{Braun (2008)}, en las que la naturaleza pasa de ser un objeto a ser un sujeto político con capacidad de construcción constante de la realidad, siguiendo la línea de Bruno Latour.

Según ^{Agnew y Oslender (2010)}, "la territorialidad -el uso y control del territorio con fines políticos, sociales y económicos- es de hecho una estrategia que se ha desarrollado de manera diferencial en contextos histórico-geográficos específicos" (p. 195). Estos autores hacen una contribución muy importante para entender las tensiones entre la territorialidad del Estado y la territorialidad de los grupos sociales al acuñar el concepto de territorialidad superpuesta, que hace alusión a "una pluralización de territorios significativos [que] está produciendo lo que llamamos 'territorialidades superpuestas'" (p. 196). ^{Haesbaert (2013)} propone una multiterritorialización alternativa, en el sentido de la creación de territorios alternativos en la globalización, para hacer referencia a una efectiva apropiación del espacio de organizaciones comunitarias o grupos subalternados entre los grupos sin tierra, los indígenas y pueblos afrocolombianos, para nuestro caso. Para Haesbaert (2013), la multiterritorialización es "la posibilidad de tener la experiencia simultánea y/o sucesiva de diferentes territorios, reconstruyendo constantemente el propio" (Haesbaert, 2013, pp. 34-35). Este concepto se construye y se forja mediante dos poderes previamente definidos por ^{Foucault (1999)}: el poder soberano y el poder disciplinario. Un ejemplo del primero, del poder soberano, se da entre los movimientos que pueden darse en las fronteras, caso de la frontera porosa que se encuentra en el Pacífico colombiano con la república de Ecuador, donde se presentan múltiples movimientos de población entre Estados y se da una red de intercambios, de mercancías, de capital y de cultura que crea multiterritorialidades. Un ejemplo del segundo, del poder disciplinario, es el movimiento que se tiene por microterritorios, como el salir de la casa y moverse hacia el trabajo o ir del trabajo hacia un banco, lo cual crea territorios-red.

Ahora bien, partiendo de la disertación teórica sobre el concepto de territorialidad y de la operacionalización de las variables que la definen, a través del desarrollo de una metodología de enfoque mixto que involucró la consolidación de datos cuantitativos oficiales que describen las tensiones territoriales, se logró reconocer cinco tipos de conflictos socioterritoriales (Figura 2), cuatro conflictos en escenarios rurales y uno en el escenario urbano de Tumaco, como un reflejo de los conflictos socioterritoriales en la región del Pacífico Sur colombiano. Estos conflictos indican la presencia de territorialidades superpuestas en las que se reconstruye la apropiación del espacio de las organizaciones comunitarias y grupos subalternados en oposición a las territorialidades de grupos asociados al paradigma global de modernidad en su esfuerzo de dominación. Se trata de divergencias en las prácticas de poder que producen conflictos entre quienes orientan el desarrollo o se benefician a sus políticas y quienes son afectados por este; un escenario que promueve la desterritorialización o su reelaboración y donde se crean nuevas formas de organización espacial que son resistidas por otros grupos de actores (^{Gonzáles, 2016}).

Fuente: elaboración propia

Figura 2 Esquema conceptual de los conflictos socioterritoriales presentes en Tumaco, Nariño 

El presente artículo está compuesto por cuatro secciones. La primera corresponde a la introducción, en la que se presenta el problema, el objetivo de la investigación y se plantea una reflexión teórica en torno a la territorialidad como concepto central que permitió la operacionalización de una metodología mixta de investigación. En la segunda parte, se plantean los elementos relevantes asociados con el enfoque y el diseño metodológico aplicado. En la tercera parte, se plantean y se caracterizan los cinco conflictos socioterritoriales analizados para la región del Pacífico Sur colombiano. Para cada uno de ellos, se ofrecen evidencias empíricas y analíticas de su configuración a través de mapas y tablas que indican la superposición de territorialidades. Finalmente, en la cuarta sección, se presenta la conclusión en torno a las características de la configuración de los conflictos socioterritoriales reconocidos.

Las evidencias analíticas y empíricas dan cuenta de que los conflictos socioterritoriales registrados en el Pacífico Sur colombiano se han configurado bajo la implementación y consolidación de lo que se ha entendido por "modernidad", "desarrollo" y el modelo económico de la globalización, incluido el mercado global criminal con las implicaciones ideológicas que ello ha traído en el territorio. Este paradigma hegemónico se ha caracterizado por ser excluyente, concebir al mundo natural como la principal fuente de riqueza y promover el individualismo en prejuicio de las complejas construcciones sociohistóricas autónomas locales. Los conflictos socioterritoriales se gestan en las pretensiones de aniquilar el lugar para privilegiar el espacio global. Estas tensiones evidentes se reflejan en una territorialidad que desprecia todas las formas de vida y se materializan en cinco maneras o conflictos evidenciados: 1) conflictos entre los territorios colectivos étnicos y la colonización en torno al monocultivo de palma; 2) entre narcotráfico y territorios colectivos; 3) entre grupos armados organizados por el control de territorios estratégicos; 4) inter e intraétnicos; y 5) por el control de área urbana de Tumaco.

Elementos del diseño metodológico aplicado

El reconocimiento y análisis de los conflictos socioterritoriales y las territorialidades superpuestas en Tumaco parte de la reconstrucción rigurosa de un estado del arte a partir de las investigaciones y publicaciones que se han hecho sobre la región desde las universidades regionales y nacionales, desde los institutos nacionales como el de Antropología y Arqueología, y algunas publicaciones de investigadores internacionales que han enfatizado en el estudio social y económico de esta región. También se indagó en las publicaciones y trabajos de instituciones nacionales como las del Banco de la República y la Corporación Ambiental Autónoma de Nariño. Posteriormente, se inició un fuerte trabajo cualitativo y de representación espacial de los datos alfanuméricos previamente consolidados, como las cifras de la Unidad de Víctimas, los registros del Observatorio del Centro Nacional de Memoria Histórica, datos poblacionales del DANE, acciones armadas y tasas de homicidios, desde el año más antiguo de información disponible hasta el año 2022.

Con las dos primeras fases ejecutadas, se inició la tercera, que correspondió a la recolección de la información cualitativa in situ. Se llevaron a cabo cinco entrevistas a expertos académicos de la región, algunas en la ciudad de Pasto y otras en Bogotá. A partir de esto, se profundizó en las entrevistas en la región de Tumaco a 15 líderes, lideresas y personas de la comunidad que así lo permitieron. En las entrevistas, se validaron y encontraron más elementos que fortalecieron el análisis para cada uno de los conflictos identificados. Finalmente, dentro del trabajo cualitativo, se realizaron tres talleres focus group (grupo focal) en la ciudad de Tumaco, en un ambiente seguro y confortable, con delegados de las comunidades indígenas (pueblos awá y eperara siapidara) y delegados de los pueblos de las comunidades negras, en particular de la Red de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur. Cada taller tuvo una duración de un día por comunidad. En este espacio, entre otros aspectos, se indagó por los cinco conflictos socioterritoriales identificados. Las entrevistas y talleres se transcribieron y se procesaron en una matriz que permitió reconocer las relaciones de las memorias por cada conflicto socioterritorial definido. Posteriormente, en un espacio de síntesis, se consolidaron los elementos cualitativos del análisis de los conflictos socioterritoriales.

Finalmente, en un ejercicio de análisis espacial en el sistema de información geográfica establecido para la investigación, se construyó la cartografía que muestra las territorialidades superpuestas y los territorios del Pacífico Sur afectados por los conflictos socioterritoriales. Los datos alfanúmeros, recolectados en las dos primeras fases de la investigación, fueron procesados aplicando métodos geoestadísticos, ejercicios de álgebra de mapas, interpolación de densidades focales kernel y el método de interpolación Kriging Natural Neighbor (^{Salas, 2007}, ²⁰¹⁰). Esto permitió la representación cartográfica de los acontecimientos de confrontación armada, el número de minas antipersona, las áreas de cultivo de coca, las hectáreas de siembra de palma y la distribución de las tierras étnicas.

Estos datos fueron tomados de las fuentes oficiales anteriormente señaladas y espacializados para su triangulación con la información recabada en la aplicación de técnicas cualitativas como los grupos focales, entrevistas y la observación participante en las más de diez sesiones de trabajo de campo realizadas. De esta manera, el análisis cualitativo y sus resultados se integran con los patrones espaciales cuantitativos para presentar un análisis por cada conflicto socio-territorial y los principales hallazgos sobre esta problemática, los cuales permiten enfatizar en que las territorialidades superpuestas se manifiestan en los conflictos territoriales en formas de violencia y desprecio por la vida y en la reconstitución de las prácticas basadas en el lugar.

Primer conflicto socioterritorial: los conflictos entre los territorios colectivos étnicos y la colonización en torno al monocultivo de la palma

Este conflicto socioterritorial en el Pacífico Sur se ha configurado bajo el auspicio de la propiedad privada y en perjuicio de las propiedades colectivas étnicas. Dentro de los territorios colectivos, se distinguen los resguardos indígenas y los consejos comunitarios de comunidades negras. En un primer nivel de análisis, hay conflictos territoriales entre la propiedad privada y los territorios colectivos debido a la siembra de palma de aceite. Es importante precisar que este conflicto fue auspiciado por el Estado y sus instituciones, en la medida en que se asignaron títulos de propiedad a particulares y empresas promotoras del cultivo de palma mucho antes de la titulación de las tierras étnicas derivada de la aplicación de la Ley 70 de 1993. El Estado desconoce la construcción social e histórica de un territorio étnico en esta región de Colombia y sobrepone los intereses particulares de los palmeros, como se evidencia en las palabras de un líder de la comunidad negra de Tumaco:

El conflicto con las palmeras todavía está vigente. Tenemos demandas para la recuperación de los territorios como la de sector de Cundinamarca o la demanda del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera con la empresa Palmera. Pero ellos nos dijeron: "Nosotros les podemos entregar sus tierras, pero si el Gobierno -en ese tiempo era el [Instituto Colombiano de Desarrollo Rural] Incoder-, si Incoder nos dan, nos pagan a nosotros, nosotros entregamos las tierras". Estaban pidiendo indemnización por la tierra que ellos tenían que desocupar y que nos pertenece (Entrevista líder comunitario de la comunidad negra, Tumaco, abril de 2022).

Estos conflictos se hacen evidentes junto a la carretera que va hacia Tumaco y que viene desde la vía Panamericana, desde Pasto, pasando por Túquerres, Ricaurte y otros municipios, hacia la cabecera de Tumaco. Sobre el entorno de esa carretera predomina la propiedad privada y los territorios colectivos adquieren predominio entre más lejos están de esta. En el interior de los territorios colectivos hay amplias zonas selváticas, lo que disminuye este conflicto. Muchas de las propiedades de las haciendas y zonas de palma de aceite se hicieron a costa de los territorios colectivos. Estas unidades de producción agropecuaria invadieron el territorio colectivo no solo de comunidades negras, sino también de comunidades indígenas. Según los datos de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma), en Tumaco existen 18.153 hectáreas de palma sembradas, principalmente en áreas próximas a la vía principal (Fedepalma, 2023). En efecto,

Nunca ha existido una paz en los territorios indígenas. La violencia hacia los indígenas no se da únicamente cuando nacen las FARC y empieza la restricción de los derechos humanos. Esto ha sido desde mucho tiempo atrás, incluso cuando no existía el cultivo ilícito en la parte de la costa y ya había un conflicto. Empresarios que llegaron a desalojar y amenazar a las familias por apoderarse del territorio. No se ha tenido oleadas de paz ni armonía (Taller diálogo con comunidades de los pueblos awá y eperara siapidara, Tumaco, noviembre de 2021).

Asimismo, el cultivo de palma tiene un patrón de inserción territorial similar al documentado para los cultivos de camarón en los ecosistemas de mangles localizados entre Agua Clara, el casco urbano de Tumaco y Cabo Manglares. La bonanza productiva de Ecuador y el impulso del Estado colombiano permitieron construir piscinas de cultivo canalizadas por la infraestructura de la carretera de Tumaco y otorgaron beneficios de crédito, exención de impuesto, incentivos de investigación y concesiones de tierras propiedad del Estado (^{Castiblanco, 2002}). De tal manera, el horizonte de progreso de inversionistas de Cali, Medellín y Bogotá se superpuso a las prácticas económicas comunitarias y de escala regional para sustituirlas por economías empresariales de exportación global. El proceso de cambio cultural y económico asociado a la industria camaronera ha sido confrontado por organizaciones locales dependientes de los manglares que, para responder a la reconfiguración de sus redes de cooperación, la cooptación de los recursos madereros y la disminución de la pesca, insisten en lugares comunes de cooperación, recursos legales para el reconocimiento de sus derechos sobre el lugar y prácticas de subsistencia relacionadas con sus actividades tradicionales (^{Sánchez & Martínez, 2023}). Entonces, aquí hay un primer conjunto de conflictos territoriales definidos en torno a la disputa de la propiedad privada, las explotaciones de palma de aceite y los territorios colectivos, por un lado, de comunidades negras, y por otro, de resguardos indígenas. Aún hoy reposan en las instancias pertinentes conflictos en torno a estas dinámicas que no se han resuelto en los estrados judiciales.

En el resguardo Peña Alegría se tiene un problema con la empresa Astorga, es una palmera multinacional, esta empezó a comprar tierras, lo redujo y lo dejo prácticamente con 36 hectáreas (Taller diálogo con comunidades de los pueblos awá y eperara siapidara, Tumaco, noviembre de 2021).

Otra sobreposición territorial entre la propiedad privada y la propiedad colectiva engendra conflictos entre colonos campesinos y el Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera. Según información recopilada en entrevistas y diálogos comunitarios, a partir del año 2000 la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) realiza un proceso de colonización armada que promueve la llegada de colonos campesinos del Meta y el Caquetá hacia la zona fronteriza con Ecuador, en tierras del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera. Estos campesinos, respaldados por la actividad armada de las FARC-EP, han tomado posesión de un amplio sector del Consejo Comunitario, talan y siembran coca y desplaza a la comunidad nativa hacia el Tumaco urbano, Cali y Ecuador principalmente. En efecto, en el punto étnico del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado firmado entre la guerrilla de las FARC-EP y el Estado colombiano se reconoce la necesidad de restituir las tierras y realizar el proceso de desminado humanitario en el Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera. En entrevista, se pone en evidencia este conflicto socioterritorial que aún no se ha resuelto:

Nuestro territorio en gran parte ha sido despojado por los violentos. El Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera obtuvo su título como territorio colectivo en el 2005. El título colectivo abarca 23.651 hectáreas, pero podrían ser algo más de 30.000. Desde el año 2000, las FARC empezó a ocupar y hacer presencia en la zona 3, 4 y 5 del Consejo Comunitario. Llegó con hombres armados y después trajo colonos campesinos del Caquetá. Cerca de 9.000 hectáreas de bosque que nosotros los negros usábamos para casa y madera fueron taladas poco a poco por los colonos que tenían el respaldo armado de las FARC. Los desplazados que no han retornado son más de 1.500 y están radicados en el casco urbano de Tumaco, en otras regiones de Colombia y en el Ecuador. Más o menos el 70% del área total del Consejo, en el año 2000, estaba conformada en bosque. Hoy, esto ya no es así, está plagado de coca. Y los muertos, contando rápidamente de esas zonas despojadas, pueden ser 400 integrantes de las comunidades negras, de ellos, muchos líderes de las Juntas que, si no se sometían, los mataban (Entrevista con líder del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera, Tumaco, enero de 2020).

En la Figura 3 se muestran los principales elementos de estos conflictos socioterritoriales hoy presentes en Tumaco. El análisis espacial permite observar que las áreas destinadas a la siembra de palma sobre los alrededores de la vía son próximas a las tierras étnicas y los lugares donde se han concentrado los colonos campesinos sobre el área del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera.

Fuente: elaboración propia.

Figura 3 Tierras étnicas, áreas de siembra de palma de aceite y localización de colonos campesinos en Tumaco 

Segundo conflicto socioterritorial: los conflictos socioterritoriales entre narcotráfico y territorios colectivos

Un segundo conjunto de conflictos socioterritoriales se deriva de la ocupación de territorios colectivos por parte de narcotraficantes amparados por grupos armados, particularmente, la guerrilla de las FARC-EP, por un lado, los paramilitares, por otro, y, recientemente, grupos armados organizados, disidentes de los paramilitares y de la guerrilla de las FARC-EP que no se acogieron a los procesos de desmovilización. Estas estructuras han impulsado la siembra de coca en el interior de territorios colectivos y han impuesto a través de las armas una relación de dominio que aniquiló muchas hectáreas de estos territorios colectivos que estaban en condición de selva virgen, como se ha visto en el caso del Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera.

Un integrante de un grupo armado ilegal con presencia en el territorio nos ha obligado a sembrar coca y a venderle el producido a su estructura. Nos ha dado una plata por adelantado para la siembra y el abono, y cuando la hoja esté para la cosecha, será vendida a este grupo. Si no obedecemos y hacemos lo que nos dice, nos asesinan (Entrevista a un ciudadano sobre el área del medio y bajo río Mira, Tumaco, agosto de 2022).

Entonces, se evidencia una sobreposición territorial configurada entre narcotraficantes y cultivadores de coca, pequeños, medianos y grandes cultivadores y las comunidades negras, por un lado, e indígenas por el otro. Se trata de conflictos territoriales con un impacto profundo en las formas de organización colectiva, puesto que han repercutido en las comunidades étnicas y en la forma de vida de estos pueblos, especialmente sobre la población joven que al articularse a la economía co-calera empieza a desconocer la organización comunitaria a la que pertenece y sus tradiciones culturales, incluyendo cambios en sus propósitos de vida vinculados con los logros individuales por encima de los colectivos.

En el desarrollo de los talleres focus group, se pudo identificar la fractura con la territorialidad arraigada a las construcciones propias del pueblo awá, estructuradas por la dispersión en un territorio amplio, con la subsistencia sustentada en la cacería, la pesca, el cultivo de los productos propios (la chilma, plátano, chiro y pepepán) y los tejidos artesanales. Esto, a su vez, en correspondencia con una particular cosmovisión y comprensión del territorio:

Se tenía una buena relación con la naturaleza; dentro de la naturaleza está la medicina, seguían sin saber leer ni escribir, pero a través de la medicina aprendían a perseguir la cosmogonía espiritual; los rayos del sol indicaban la mañana, medio día, la tarde, la luna indicaba noches oscuras, lunas crecientes y menguantes, también, en qué momento se sembraba, se cosechaba, en qué momento era invierno, en qué momento nace el niño y en qué momento había que engendrar al niño para que este tenga una conexión espiritual con la naturaleza (Tallerfocus group, comunidad indígena en Tumaco, marzo de 2021).

La irrupción de agentes vinculados a una estructura de desarrollo extractiva depredadora implicó la reconfiguración de las actividades y redes socioculturales en la medida en que presionaron invadiendo tierras para la palma de aceite, la explotación de minerales y la extracción madera, cuestiones que se vinculan la aparición de grupos armados y la profundización de actividades delictivas. Al mismo tiempo, se registraron cambios en el horizonte de la comunidad dado que sus hijos e hijas formaron familias con los recién llegados, que están desprovistos de la lengua materna y las prácticas constitutivas del territorio. Así pues, con la llegada de hablantes de castellano empiezan procesos de destrucción de los sitios sagrados y las nuevas generaciones empiezan a construir proyectos basados en la acumulación de dinero:

La gente que está llegando, llegan con otra ideología, a sembrar dentro del territorio [cultivos ilícitos]. A partir de esa colonización de pensamientos se daña el tejido social, la conexión con la naturaleza y los sitios sagrados; a los jóvenes los ponen con una visión particular, que es más importante el dinero que proteger el territorio, el agua, el aire y las especies que existen dentro este, inician a colocarse aretes, ropa, botas; nace otra forma de vestir, [...] esa forma de vestir los hacen ver diferentes, empieza una discriminación muy fuerte por hablar la lengua materna, hacer prácticas de las plantas medicinales, no entendían esa forma de pensamiento, a los indígenas les decían salvajes insipientes que no tenían espíritu ni pensamiento, eran personas inservibles. Eso lo reconoce la Ley 89 de 1890, está escrito allí: "los salvajes insipientes se irán organizando debido se vayan reduciendo a la vida civilizada"; es una ley que discrimina (Tallerfocus group, comunidad indígena en Tumaco, marzo de 2021).

Adicionalmente, la respuesta del Estado, en particular la que se ha centrado en la fumigación de estos cultivos, ha tenido profundos efectos ecológicos que han afectado las formas de vida comunitaria que caracterizan a estos pueblos. Los efectos de las fumigaciones se traducen en contaminación del agua que deriva en un impacto en la producción agropecuaria para el autoconsumo y en las unidades de producción de estos pueblos étnicos. Estos conflictos son muy variados y se expresan con intensidades diferentes dependiendo de los pueblos étnicos a los que hace referencia, pero en términos generales hay un impacto muy fuerte en no pocos de los territorios étnicos, en todos los consejos comunitarios de los pueblos negros y en muchos de los resguardos indígenas.

Hay un aspecto adicional que ha incidido en los territorios étnicos y en las prácticas agropecuarias y de salubridad de estas comunidades: el transporte de petróleo a través del oleoducto Transandino y la postura que ha asumido la guerrilla en torno a los atentados a esta infraestructura, que ha traído derrames de petróleo y a su turno ha afectado las aguas y la producción agropecuaria de estos territorios. Según los datos consolidados en esta investigación, principalmente en revisión de prensa, en el periodo 2013 a 2022 se han realizado 355 atentados a esta infraestructura y sobre el tramo del oleoducto en el municipio de Tumaco se han registrado 47 atentados. Indudablemente, esta es una situación que no solo afecta los territorios de los pueblos étnicos y los predios privados de campesinos dentro de las zonas de las tierras étnicas, sino que también afecta las tierras de otras localidades lejanas. En síntesis, los impactos ecológicos de los atentados a la infraestructura petrolera y las fumigaciones de los cultivos de uso ilícito han traído efectos muy profundos en los ecosistemas.

Estos conflictos aquí expuestos no se amparan en la propiedad privada, sino que son producto del accionar de grupos sociales no étnicos, muchos de ellos, narcotraficantes venidos de otras zonas del país y colonos cultivadores que vinieron del suroriente y del oriente colombiano, así como de un conjunto muy variado de regiones del país. En la Figura 4, se logra dimensionar el impacto territorial del traslape de la siembra del cultivo de coca y las tierras étnicas en Tumaco. Obsérvese que la sobreposición se registra de manera más intensa en el sector de la frontera con Ecuador, sobre el Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera, por las razones anteriormente expuestas de procesos de colonización campesina sobre esta área, y también sobre el resguardo indígena Inda Zabaleta, en el sector de la vía hacia el área de la ensenada de Tumaco.

Fuente: elaboración propia con base en información de la Agencia de Renovación del Territorio (2023), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC) y el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) (2021). Cartografía básica del IGAC.

Figura 4 Tierras étnicas y áreas sembradas de cultivo de coca en Tumaco (2021) 

Tercer conflicto socioterritorial: conflictos entre grupos armados organizados por el control de territorios estratégicos

La presencia de actores armados y la disputa armada por el control de territorios estratégicos proveedores de economías ilegales, principalmente derivados del narcotráfico, y la disputa por el control de corredores terrestres, fluviales y marítimos en la región Pacífica fronteriza empieza a ser evidente a partir de finales de la década de los noventa e inicios del siglo XXI (^{Salas et al., 2019}). Estos conflictos por el control de espacios geoestratégicos y geoeconómicos han sido diversos a medida que nuevos actores entran en la disputa. En este contexto, desde comienzos de la década del 2000 se registraron conflictos por el control territorial entre la guerrilla de las FARC-EP y los grupos paramilitares del Bloque Central Bolívar hasta su desmovilización en 2005 (^{Salas & Escobedo, 2023}).

Estos conflictos territoriales entre grupos armados organizados y las acciones de la fuerza pública por controlarlos rebasan las zonas de propiedad privada y de territorios colectivos.

Esto ocurre porque dentro de los territorios colectivos hay grandes ríos, ejemplo, está el río Mira, el río San Juan y el río López; es una entrada y salida muy fácil de narcotráfico. Tiene entradas con el mar, es un territorio donde hay zonas quebradas, es boscoso, ideal para poder camuflarse (Taller diálogo comunitario con el pueblo indígena de Tumaco, Tumaco, noviembre de 2021).

Estos conflictos territoriales se dan por factores como el control de zonas fronterizas y se presentan en torno a los corredores que se configuran en los ríos y la carretera. Los conflictos en torno a los ríos son innumerables: en el río Mataje, el río Mira y todo el conjunto hidrográfico de la ensenada de Tumaco, el río Mejicano, Chagüí, Rosario, etc. La disputa desde un comienzo se centró en el control del corredor vial, las zonas urbanas adyacentes a esta vía y los corredores fluviales de los ríos Mira y Patía, así como en el control de la región fronteriza (^{Salas et al., 2019}). El siguiente relato deja en evidencia el nivel de tensión de la disputa territorial por estos espacios estratégicos y las implicaciones en las organizaciones étnicas y población civil en general.

Por ejemplo, hay comunidades que los grupos armados las tienen prácticamente secuestradas, pero de eso nadie habla. No secuestrados porque los tenga amarrados de mano, sino que la presión psicológica de que si usted vive en este lado y sale a compra el mercado, como es en el caso de Llorente, que es un corregimiento que es centro, y muchos de los resguardos indígenas tienen que desplazarse ahí para comprar sus víveres. Cuando los jóvenes salen a este corregimiento son capturados por el grupo armado que hace presencia y controla esta zona. En muchos casos son torturados, les cortan los dedos, a veces, cuando cuentan con suerte, [...] les quitan todo el dinero, los amarran, los estropean y los sueltan. Todo esto porque supuestamente las comunidades indígenas y sus habitantes llegan de una zona donde opera el otro grupo armado enemigo del que está en Llorente (Taller diálogo comunitario con el pueblo indígena de Tumaco, Tumaco, noviembre de 2021).

Este conflicto socioterritorial por el control de los territorios estratégicos se incrementó a partir de la década del 2000, a medida que los actores armados se reconfiguraban en el territorio, y sigue presentándose, e incluso en algunos sectores de Tumaco muestra incremento. Esto ocurrió después de la desmovilización de los paramilitares que agudizó la disputa entre la guerrilla de las FARC-EP y grupos armados organizados (Rastrojos y otras denominaciones disidentes) y después, desde el debilitamiento de los Rastrojos, e incluso más allá de la dejación de armas por parte de las FARC-EP, entre grupos disidentes de esta guerrilla, grupos narcotraficantes y, por supuesto, la reacción de la fuerza pública, que ha sido constante y se ha fortalecido desde la década de los 2000. La disputa por el control de los corredores y territorios estratégicos en esta región no ha cesado. Uno de los indicadores de la disputa ha sido el uso de minas antipersonales que afecta especialmente a la población civil:

La siembra de mina ha aumentado, anteriormente se le denominaba como mina quiebra patas, pero en este último año ha incrementado su poder, la mina estalla y desaparece por completo el cuerpo. Un compañero fue víctima de esta mina, se hizo lo posible por recoger el cuerpo, pero solo se logró obtener una porcioncita, el lugar está completamente minado, por ello, a pesar de que se ha hecho lo posible por recoger las otras partes del cuerpo que está esparcido por todo el lugar, ha sido imposible (Taller diálogo comunitario con el pueblo indígena de Tumaco, Tumaco, noviembre de 2021).

La Figura 5 evidencia la huella de la disputa armada registrada en Tumaco (1990-2020) en áreas estratégicas de este municipio. Este mapa muestra la densidad espacial de acciones armadas entre todos los grupos armados irregulares que han hecho presencia en Tumaco y la reacción armada de la fuerza pública, así como el uso de minas antipersonal. Las evidencias del análisis espacial demuestran que la guerra en esta región no ha tenido un comportamiento espacial disperso por toda la geografía y, por el contrario, se ha concentrado en sectores que son estratégicos para el control de los grupos irregulares como fuentes económicas y zonas de retaguardia. Como se observa, la vía desde el corregimiento de Llorente al área urbana de Tumaco ha sido un foco de disputa armada.

Fuente: elaboración propia con base en información del Observatorio del Centro Nacional de Memoria Histórica (2023) y la Dirección para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal (2023). Cartografía básica del IGAC.

Figura 5 Densidad del conflicto armado y uso de minas antipersonal en Tumaco (1990-2020) 

Los conflictos por el control territorial de Llorente y su entorno próximo afectan no solo las comunidades indígenas, sino las comunidades negras y los grupos sociales no étnicos que habitan en el entorno de la carretera y que viven de la explotación de palma de aceite, así como los acceso fluviales y terrestres al río Mira y a la frontera con Ecuador. Ese mismo patrón se reconoce hacia el norte del territorio de Tumaco, sobre la llanura del Pacífico y la ensenada de Tumaco. Esta es una región de acceso a importantes ríos como el Mejicano, el Rosario y el Chagüí. Todas estas áreas de disputa se caracterizan por ser regiones estratégicas para la movilidad y acceso a zonas proveedoras de economías ilegales, especialmente del narcotráfico y el contrabando.

Cuarto conflicto socioterritorial: los conflictos inter e intraétnicos

Se presenta otra sobreposición de territorialidades entre las comunidades negras y los pueblos indígenas resultante de la falta de definición de los linderos de los consejos comunitarios y de los resguardos indígenas. Hay, a su turno, invasión de indígenas sin tierra sobre áreas de comunidades negras e invasión de comunidades negras sin tierra y de capas de campesinados al interior de territorios colectivos indígenas. Este conjunto de conflictos no son los que más peso tienen, pero sin duda son conflictos no despreciables que ocasionan una falta de articulación entre los pueblos étnicos. No obstante, hay una tendencia a resolverlos a través del diálogo entre las distintas autoridades:

Se está llegando a acuerdos con los consejos comunitarios y los resguardos indígenas para poder solucionar el tema de los traslapes de los territorios. Porque lo que hacían algunos consejos comunitarios es expulsar al pueblo indígena (Diálogo con la comunidad afro, Tumaco, noviembre de 2021).

En la actualidad ya no hay ningún problema de traslape, se hizo reuniones y se llegó a un acuerdo con los hermanos afro (Diálogo comunitario con pueblos indígenas, Tumaco, noviembre de 2021).

En el interior de los pueblos étnicos se viven tensiones entre integrantes que respetan las pautas culturales de los pueblos étnicos y algunos que prefieren adoptar el modelo del cultivo ilícito en su territorio. En efecto, se promueve en algunos casos la siembra del cultivo de coca en zonas selváticas y otros grupos dentro de esas comunidades prefieren alinderarse en torno a la siembra como una salida a la subsistencia. Entonces, tanto en torno a los territorios colectivos de las comunidades negras como al interior de los territorios colectivos de los pueblos indígenas hay sectores de las comunidades que han adoptado las siembras de uso ilícito como una manera de supervivencia, como se especifica en la Tabla 1. Con esta reconfiguración de la territorialidad se pierden las pautas culturales que orientan las autoridades étnicas.

En algunos territorios, tristemente por el abandono del Estado, en algunas familias se han dedicado al cultivo ilícito. Es una realidad muy desafortunada (Diálogo comunitario con pueblos indígenas, Tumaco, noviembre de 2021).

Tabla 1 Cultivos de coca en resguardos y consejos comunitarios en Tumaco, Nariño (2001-2021) 

Fuente: elaboración propia con base en Observatorio de Drogas del Ministerio de Justicia y el Derecho (2023).

Además, estos conflictos territoriales se desenvuelven entre actores sociales, pero obviamente no se puede dejar de considerar la participación de actores armados organizados en este proceso.

Cuando los títulos, se hizo un acta entre los distintos pueblos étnicos. Se dejó sus tierras a ellos [indígenas], estos van aquí, estos quedan aquí dentro, por allá los de Piedra Sellada también, y el otro es la Turbia, también lo mismo. Entonces, aunque ellos querían, últimamente los estaba obligando las FARC para que dijeran ampliación de tierra. Dentro del mismo consejo comunitario, tuvimos un problema ahí con Chinguirito, y yo les dije, vea, a mí [...] mataran, pero, señor gobernador, usted tiene que saber que ancestralmente nosotros hicimos un pacto para que ustedes salieran como hermanos nuestros, tanto los indígenas como los afros podíamos convivir aquí. Y así lo resolvimos (Entrevista con líder comunitario de la población afro, Tumaco, noviembre de 2021).

Quinto conflicto socioterritorial: conflictos por el control de área urbana de Tumaco

La presencia de estructuras armadas y la disputa por el control de sus economías ilegales no es una condición exclusiva de las áreas rurales en Tumaco, ya que los conflictos que se han evidenciado en zona rural se ven claramente reflejados en el área urbana. En efecto, los conflictos por el control de territorios de los grupos armados que operan en zona rural tienen una fuerte incidencia en el casco urbano de Tumaco y particularmente en los barrios de baja mar o aquellos ubicados en el acceso al mar. Las disputas territoriales por el control de barrios estratégicos de Tumaco han conllevado situaciones de violencia en las que los actores son grupos armados organizados y esto tiene profundos efectos en los grupos sociales urbanos. En diálogo con la comunidad, así se confirma:

Tumes es una ciudad que cuenta con presencia fuerte de la fuerza pública y se sabe que existen barrios que incluso la misma policía no puede entrar, cuando se debería tener control. En la vía, a partir de las 6 de la tarde, no se puede andar porque si no te vuelves objetivo militar. El Gobierno, en vez de erradicar la coca, debería erradicar la necesidad que se tiene en el territorio (Entrevista a líder indígena de Tumaco, Tumaco, noviembre de 2021).

Asimismo, las situaciones de violencia se confirman con los datos de la Policía Nacional (2024). Las cifras de las tasas de homicidio por cada cien mil habitantes (HPCH) de Tumaco han registrado notables variaciones en el aumento del indicador. En 1998 se registró una tasa de 15,6 HPCH que se contrasta con la de 124 HPCH registrada en 2007, posterior a la desmovilización paramilitar y en un momento de mayor disputa entre grupos irregulares, que es el registro de homicidios más alto hasta ahora conocido. Actualmente el registro es de 78,6 HPCH, que, si bien disminuyó en comparación con 2007, es notablemente superior al de 1998.

Los actores armados con presencia en zonas rurales también han ocupado sectores del área urbana y han provocado una situación de fuerte control territorial en barrios de Tumaco. Esto se hace evidente en la Figura 6, en sectores de vivienda palafítica en los barrios Viento Libre, El Bajito, el sector de Los Puentes y sobre la zona del puente El Pindo. Estos sectores, en horas de alta mar, tienen una conectividad directa con el mar, lo que ha promovido la creación de muelles y escaleras improvisadas que facilitan el embarque y desembarque en una conexión directa con las áreas rurales, especialmente del sector del río Patía y la ensenada de Tumaco, y la región del río Mira y la frontera con Ecuador. Esta situación ha configurado tensos momentos de violencia en el área urbana, en conexión con la zona rural. La Figura 6 muestra los corredores de conectividad entre el área rural y las zonas del Tumaco urbano en disputa por la presencia de estructuras armadas organizadas.

Fuente: ^{Salas y Escobedo (2023)}.

Figura 6 Zonas de disputa urbana en Tumaco y flujos de incidencia rural 

Conclusiones

Las territorialidades superpuestas en la región del Pacífico Sur colombiano se manifiestan principalmente de tres formas: a través de conflictos socioterritoriales por el dominio de un espacio; a través de formas de violencia y desprecio por la vida; y a través de la alteración de las prácticas culturales de las organizaciones étnicas en el territorio. Estas tres formas en conjunto configuran una situación territorial en estado de conflicto y de deterioro socioambiental, en una incapacidad social por detener y revertir sus efectos.

Las territorialidades superpuestas en Tumaco hacen referencia a las múltiples visiones y acciones geopolíticas de actores en el territorio con pretensiones hegemónicas que generan situaciones de dominio. Sin la capacidad de imponer su hegemonía, esto ha llevado a un ciclo de más de treinta años de conflictividad y deterioro. En términos generales, se reconocen tres acciones geopolíticas en confrontación de sus territorialidades que se pueden agrupar en dos. El primer grupo corresponde a las acciones geopolíticas del Estado, que ha impulsado una visión de desarrollo sustentada en el crecimiento económico y excluyente de las comunidades étnicas, representada por la promoción de empresas palmeras y de producción de camarones y el fortalecimiento de toda la infraestructura para la exportación del petróleo que llega por oleoducto de la cuenca del Amazonas. La otra acción geopolítica que hace parte de este primer grupo corresponde al impulso de economías globales criminales con una acción geopolítica de depredación y de desprecio hacia todas las formas de vida. Así, en su totalidad, este primer grupo de acciones geopolíticas en el territorio se sustenta en la consolidación de economías globales y la disposición del territorio del Pacífico Sur para esta finalidad.

El segundo grupo de acciones geopolíticas corresponde a la visión de las organizaciones étnicas de preservar la vida, el ambiente y la cultura. Es una acción geopolítica en oposición a las del primer grupo. Se sustenta en la solidaridad, la defensa por la vida y es incluyente en el territorio. Una constante que cada vez es más evidente es que las acciones geopolíticas y las territorialidades del primer grupo de actores (Estado-economía global legal e ilegal-actores armados y del crimen) están en una constante contradicción y controversia con las territorialidades étnicas, que cada vez están más sometidas y doblegadas.

Respecto a las formas de violencia y de desprecio por todas las formas de vida, como una evidencia clara de las territorialidades superpuestas producto de la confluencia de los conflictos socioterritoriales, se puede considerar que Tumaco es una de las regiones de Colombia con mayor tasa de muertes violentas (HPCH en 2018) y los niveles de deterioro de la situación humanitaria son realmente críticos (^{Jurisdicción Especial para la Paz, 2023}). Pero el desprecio por la vida no solo se da entre seres humanos, sino que involucra a todas las formas de vida. La deforestación, la pérdida de la biodiversidad terrestre y marítima, la destrucción de ecosistemas estratégicos fluviales y marítimos y la contaminación por derrame de petróleo en estos cuerpos acuáticos han sido una constante. Estas territorialidades en su conjunto están atentando contra la identidad cultural de las organizaciones étnicas y están transformando el paisaje ambiental y cultural de manera radical.

La alteración de las prácticas culturales étnicas, como una consecuencia de los conflictos socioterritoriales en Tumaco, es verdaderamente crítica. La alteración del orden cultural y de la cosmovisión y cosmogonía de los pueblos étnicos, tanto indígenas como negros, es alta. Un síntoma de ello son las implicaciones para la población joven, que está considerando que el modelo del crecimiento económico y las economías ilegales en su territorio son el futuro. La campesinización y el desplazamiento hacia zonas urbanas de algunos integrantes de estas comunidades están trayendo efectos que amenazan la existencia misma de algunos pueblos. Es el caso de la comunidad eperara siapidara, que cada vez tiene menos integrantes.

Finalmente, se puede afirmar que los conflictos socioterritoriales se han configurado bajo la implementación y consolidación en el Pacífico Sur de lo que se ha entendido por "modernidad", desarrollo" y el modelo económico de la globalización, incluido el mercado global criminal, con las implicaciones ideológicas que ello ha traído en el territorio. Este paradigma hegemónico se ha caracterizado por ser excluyente, concebir al mundo natural como la principal fuente de riqueza y promover el individualismo, en perjuicio de las complejas construcciones sociohistóricas autónomas locales. Los conflictos socioterritoriales se gestan en las pretensiones de aniquilar el lugar para privilegiar el espacio global. Estas tensiones evidentes se reflejan en el territorio a través del desprecio hacia todas las formas de vida y se materializan en cinco maneras o conflictos anteriormente evidenciados.