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Introducción
Elaborar pensamientos críticos frente a la devastación ecosocial en perspectiva latinoamericana implica admitir que asistimos a una crisis civilizatoria y que, por tanto, urge reconocer y promocionar otras formas de pensar y habitar el planeta que reposan en experiencias comunitarias y de reexistencia campesina, ya que “estamos abocados a re/diseñar la urdimbre de la vida, a retejer y reparar, a re-unir lo separado, a re/inventar formas otras de habitar, de lugarizarse, de comunalizarse” (Escobar 2019, 18). Desde esta apreciación nace este trabajo colaborativo y en red que busca generar un proceso de ecología de saberes entre actores de la Asociación de Campesinos por el Desarrollo Campesino (Asopasquillita), la Universidad de La Salle y la Universidad Nacional de Colombia. Este artículo se desprende de dicho trabajo colaborativo: expresa un conocimiento creado de manera colectiva y relacional con la intención de movilizar el pensamiento y abrir nuevos horizontes para la acción social en respuesta al desafío civilizatorio.
Dentro del espectro de expresiones de la crisis civilizatoria, el estudio se concentra en los conflictos socioambientales provocados por la expansión urbana, la disociación de la dialéctica sociedad-naturaleza y la comprensión dualista y jerárquica urbano-rural en Bogotá. Estas tensiones se interpretan desde la dialéctica de las geografías de sacrificio-esperanza a partir de una mirada de ecología política que integra el análisis histórico-material -para estimar un índice de justicia socioambiental que describa la configuración de geografías de sacrificio- y la documentación y sistematización de experiencias -para evidenciar los procesos que constituyen geografías de la esperanza-.
A continuación, se detallan los referentes teóricos y la metodología que estructuran la descripción de las injusticias espaciales y la configuración de geografías de sacrificio, que posteriormente serán discutidas en relación con las acciones colectivas que emergen en la vereda Pasquillita, al sur de la ciudad, para la curación y la preservación de los territorios y de la vida. Por último, desde la recursividad e inescindible relación teoría-praxis, se entretejen las conclusiones.
Referentes teóricos
Ecología política, geografías del sacrificio y geografías de la esperanza
La investigación se inserta en el campo de la ecología política latinoamericana. Siguiendo los planteamientos de Enrique Leff (2019), se entiende como objeto de estudio de esta disciplina posnormal e híbrida, el reconocimiento de las estrategias de solución que formulan los pueblos de la tierra a los conflictos socioambientales que afrontan, prácticas de comunidades con fuerte arraigo territorial y cultura ancestral que, desde otras racionalidades, protegen la vida. Esto se sustenta en dos principios: comprender los problemas de ecología política como problemas epistemológicos; y entender el diálogo de saberes como caminos para elaborar propuestas alternativas de ser y habitar. El primero hace referencia a los modos en que se entiende la relación sociedad y naturaleza, es decir, la degradación ambiental como resultado de formas de conocimiento que se forjaron en el olvido del ser y de la naturaleza; el segundo supone la construcción de una racionalidad ambiental que depende de un diálogo de saberes con otras racionalidades culturales y conocimientos tradicionales (Leff 2019). Esto significa que las luchas ecoterritoriales son políticas y epistemológicas y, por tanto, que sus agentes son genuinos productores de sabiduría para la transformación social (Nova-Laverde, Rincón-Herrera y Vergara-Crespo 2023). Y, además, recalca el reconocimiento de la diversidad y complejidad de injusticias espaciales y conflictos socioambientales y, por lo mismo, la importancia de la recuperación de las prácticas, los sentires y los saberes situados (Porto-Gonçalves 2009).
Así, en el campo de la ecología política latinoamericana, el estudio de los conflictos ecoterritoriales no solo comprende la descripción de las tensiones y el choque de intereses por la apropiación de la naturaleza, sino que resalta las respuestas de movimientos sociales y comunidades que se estructuran desde racionalidades ambientales y modos alternativos de vida, las cuales surgen principalmente en las zonas rurales: los agentes para la construcción de una sociedad neguentrópica son los campesinos persistentes (Leff 2019). Es decir, los estilos de vida tradicionales campesinos son armónicos con los ciclos de la naturaleza, en contraste con la destrucción entrópica capitalista. Así, este artículo centra la mirada en las injusticias espaciales que se desprenden de la interpretación dualista y jerárquica urbano-rural y en la construcción social de geografías de sacrificio y periferias del sistema-mundo. Por tanto, se plantea un diálogo entre la geografía crítica (Harvey 2007), las teorías decoloniales de la justicia ambiental (Ulloa 2017; Álvarez y Coolsaet 2020) y los estudios rurales (Pellow 2016).
Interpretar los conflictos socioambientales de la interacción urbano-rural en Bogotá, desde la mirada sacrificio-esperanza planteada por la geografía crítica, permite develar la relación dialéctica existente entre los espacios producidos por las contradicciones del capitalismo y la emergencia de utopías espaciotemporales (Silveira et al. 2017). Específicamente, la devastación que produce un estilo de vida urbano y un modo de producción y consumo caracterizado por la disociación entre naturaleza y sociedad, en tensión con prácticas culturales de vida, formas de habitar y territorialidades comunitarias que surgen de las resistencias locales.
Una aproximación a la ecología política de la basura y los residuos conlleva la construcción de una teoría crítica sobre los conflictos ecológicos y las crisis causadas por el modelo dominante de gestión y disposición final de basuras en rellenos sanitarios, que se ubican generalmente en áreas periurbanas y rurales de las ciudades. Este es el caso del relleno sanitario de Doña Juana, localizado en la zona rural de la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. La doble crisis no solo incide en la producción de desperdicios y la contaminación, sino también en la pérdida de biodiversidad y el cambio climático. La degradación ambiental de los ecosistemas causada por estos conflictos altera las condiciones sanitarias y saludables que sustentan la vida humana y las actividades sociales, económicas y culturales de las comunidades que habitan en estas “zonas [geografías] de sacrificio” (Prieto et al. 2022, 53). En un marco de políticas neoliberales de gestión de basura, también son descritas como producción política de un paisaje tóxico con impactos concentrados en territorios con pobladores empobrecidos: el relleno sanitario, pensado como una solución técnica para el problema de las basuras urbanas, agravó las condiciones de desigualdad social y ambiental en la periferia pobre de Bogotá y, al mismo tiempo, activó la lucha social por la defensa del territorio (Molano Camargo 2019).
Comprender el fenómeno de “un proceso metabólico fisurado, insano, producto de una relación violenta y asimétrica entre sociedades explotadas y sus naturalezas vivas” (Solíz 2017, 21), ayuda a revelar la lógica de las geografías del sacrificio instauradas por el capital y la racionalidad económica (Harvey 2007) y a dimensionar que los conflictos ecoterritoriales son el resultado de “la destrucción de la vida por el dominio del modo de apropiación -epistemológica-económica-tecnológica-jurídica- forzada de la naturaleza subyugando y desplazando los modos comunitarios de habitar el planeta” (Leff 2019, 44). Así mismo, los ejercicios de reexistencia de los pueblos de la tierra, entendidos como heterogéneos, híbridos y abigarrados, dotan de sentido a las geografías de la esperanza (Harvey 2003) y aportan a la deconstrucción de oposiciones binarias urbano-rural insertas en la armadura conceptual del desarrollo, con la resignificación de los territorios desde ontologías relacionales (Escobar 2016) y en perspectiva ecofeminista (Cunha y Casimiro 2019; Coba et al. 2022).
Justicia socioambiental en perspectiva decolonial
Las teorías de la justicia social posrawlsianas convergen en una visión comprehensiva de los criterios de reconocimiento y redistribución (Fraser y Honneth 2006), y han venido entrelazándose con los enfoques de la interseccionalidad que estudian las dinámicas y conexiones estructurales entre opresiones por condiciones de raza, género, clase, edad u orientación sexual (Hill Collins y Bilge 2019), así como las injusticias espaciales del denominado giro espacial de las ciencias sociales (Arias 2010) y el giro ecológico a partir de la justicia ambiental (Garrido Peña et al. 2007)1. La justicia espacial se ha enfocado en las problemáticas y escenarios urbanos, mientras que la justicia ambiental se ha preocupado por el reparto equitativo en el espacio de los recursos y oportunidades (Soja 2014) e involucra tanto zonas urbanas como rurales y la distribución desigual de los impactos ambientales negativos, como la contaminación (Salamanca Villamizar y Astudillo Pizarro 2016).
Si bien, las teorías de la justicia social han incorporado las consideraciones sobre los problemas ambientales, estos quedan circunscritos a costos, daños y beneficios en la lógica antropocéntrica: “a pesar del valor simbólico y operativo de la noción de distribución ecológica para ‘ecologizar’ a la economía política, no constituye una categoría capaz de deconstruir las raíces de la racionalidad económica” (Leff 2019, 37). Sin desestimar la importancia de la reflexión sobre la justicia espacial y la distribución de los bienes y males ambientales, es importante señalar sus falencias en tanto replica la disociación sociedad/naturaleza y la noción objetivada de la naturaleza explotada y convertida en un bien distribuible. De allí que se busquen criterios de justicia ambiental más exigentes en las ontologías relacionales de los pueblos de la tierra: “estas comunidades no luchan por una ‘distribución de riesgos e impactos’, sino por el derecho a vivir ‘en relación con los demás y con el mundo natural en términos de no dominación y no explotación’” (Coulthard 2014, 13, citado en Álvarez y Coolsaet 2020, 8, traducción propia).
Álvarez y Coolsaet (2020) examinan críticamente la literatura sobre justicia ambiental desde planteamientos de la teoría decolonial, y explican que tales estudios están permeados geográfica y conceptualmente por una idea hegemónica de modernidad e ideales políticos de inspiración occidental, y que, por lo mismo, el referente normativo de la distribución ambiental resulta incompatible con los modos de vida de pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos. En este sentido, la racionalidad ambiental que promueve la ecología política latinoamericana plantea un ejercicio de descolonizar las teorías de la justicia con base en una justicia cognitiva: “para evitar la colonialidad del conocimiento, las teorías de justicia ambiental deberían acoger la idea de que existe una variedad de configuraciones de conocimiento, más allá de las reconocidas por la academia. ‘Estudios interepistémicos’ (Escobar 2014, 21), ‘democracia epistémica’ (Castro-Gómez 2007, 444) o ‘justicia cognitiva’ (Santos 2015) son los nombres dados por pensadores decoloniales a tal enfoque” (Álvarez y Coolsaet 2020, 14, traducción propia). Así mismo, descolonizar la justicia ambiental con la recuperación de saberes situados implica admitir la diversidad de conflictos ambientales que existen.
Dentro de esa pluralidad, las dimensiones rurales de los estudios de justicia ambiental han estado presentes, aunque de forma marginal. La reflexión sobre la justicia se ha centrado en las desigualdades raciales y de clase, mientras que las relaciones espaciales y las tensiones entre las comunidades urbanas y rurales no se teorizan con suficiencia. La justicia espacial ha tendido a enfocarse en los conflictos presentes en los centros urbanos: “eso no sería un problema si los académicos de los estudios de justicia ambiental prestaran una atención seria y minuciosa a las formas en que los espacios urbanos y rurales están inextricablemente vinculados e implicados en procesos complejos, profundamente desiguales e inequitativos. Pero ese enfoque ha estado ausente en la literatura” (Pellow 2016, 381, traducción propia). Pellow (2016), siguiendo a Wing, caracteriza la injusticia ambiental rural como una “relación parasitaria entre las comunidades urbanas y rurales, ya que las poblaciones urbanas obtienen la mayor parte de sus alimentos y energía de las zonas rurales, y devuelven sus residuos a las zonas rurales” (2016, 384, traducción propia). La disociación sociedad-naturaleza con la oposición y jerarquización urbano-rural son los códigos de la legitimación de estas injusticias:
Dado que las comunidades urbanas y rurales están inextricablemente vinculadas a través de, por ejemplo, ecosistemas compartidos, producción, consumo, migración, lazos familiares y una gran cantidad de otras relaciones, uno podría preguntarse si la división urbano/rural es un dualismo o una dicotomía que se ha desdibujado hasta el punto de que quizás sería más útil cuestionar dicha distinción. Sin embargo, la distinción es real porque, entre otras razones, sirve para estructurar nuestras vidas cotidianas y posibilidades futuras en torno a este dualismo siempre cambiante, pero persistente. Pero, como otros dualismos, este también genera pensamientos, relaciones y jerarquías opuestas, que sirven a un conjunto particular de intereses y desfavorecen a otros. (Pellow 2016, 382, traducción propia)
Dado que “las estrategias para la construcción de sociedades sustentables son configuradas a través de luchas teóricas por la significación y la politización de los conceptos” (Leff 2019, 310), la relación urbano-rural se resignifica desde la ecología política latinoamericana. A partir de la problematización de la lógica del capital y de la configuración de geografías de sacrificio, emergen significados existenciales y caminos civilizatorios alternos. En tanto el pensamiento dualista urbano-rural reproduce sociedades jerárquicas, explotadoras e insustentables, se necesitan nuevos sentidos del territorio y una racionalidad ambiental, construidos desde el diálogo de saberes, que contrarresten los efectos del conocimiento objetivante sobre la realidad social y la disociación sociedad naturaleza. En esa vía, los ecofeminismos dan luces importantes:
Esta perspectiva analítica ha propiciado una potente conceptualización del género como estructura clave de dominación que sustenta la violencia y el capital... Dentro de estos acuerdos confluyen diferentes formas de violencia, incluida la destrucción ambiental de las “zonas de sacrificio” […] que representan la materialización localizada y encarnada de las geografías desiguales de la acumulación capitalista, facilitada por la designación de territorios susceptibles de ser envenenados y cuerpos desechables. (Ojeda 2023, 367, traducción propia)
Los ecofeminismos cuestionan el ataque del capital a la vida y ofrecen alternativas de cuidado. Maristella Svampa (2015) conceptualiza los “ecofeminismos de la supervivencia” en el sur global como la estructura del pensamiento-acción de una cultura del cuidado soportada en un ethos procomunal, en el reconocimiento de la ecodependencia y la interdependencia, así como por la promoción de los principios de la reciprocidad, la cooperación y la complementariedad. Cabe resaltar que no se trata de esencializar el cuidado como actividad femenina, sino de afirmar la responsabilidad colectiva en la sostenibilidad de la vida (Pérez 2019).
Metodología
En correspondencia con el enfoque epistemológico de la ecología política, el artículo adopta los principios metodológicos de las ecologías feministas de saberes: copresencia, autorreflexividad, sentir-pensar-hacer, compasión contracondescendiente desde donde se cocrea conocimiento (Cunha y Casimiro 2019) y se guía el codiseño y empleo de técnicas investigativas cualitativas, tales como encuentros colaborativos, entrevistas, diarios de campo y revisión documental para el desarrollo de una sistematización primaria de la experiencia pedagógica ambiental.
La estructuración metodológica del trabajo con Asopasquillita parte de un proceso de documentación y sistematización de experiencias pedagógicas ambientales, afianzado en el uso de técnicas participativas para la reconstrucción colectiva de la historia de la Asociación. Se realizaron recorridos de memoria colectiva, recuperación de archivos fotográficos y documentales, entrevistas a docentes y asociadas, así como la reflexión-acción sobre la experiencia pedagógica comunitaria efectuada en el territorio. Específicamente, para este artículo se recuperaron entrevistas personales y grupales, así como conversaciones personales con las docentes participantes de la Asociación, indagando por los orígenes y fundamentos pedagógicos del proceso de defensa del territorio y la cultura campesina en la vereda Pasquillita.
Con la premisa de contener la proliferación de dicotomías, oposición y subordinación, se parte de una igual valoración de los saberes académicos y los conocimientos y prácticas situados. Por tanto, se emplean las estrategias de descripción, documentación secundaria y medición de las injusticias socioambientales, con la sistematización de la experiencia de acción colectiva. Los resultados de uno y otro ejercicio entran a dialogar con el fin de conceptualizar y elaborar comprensiones emergentes.
La primera estrategia aporta una mirada histórico-material a través de la creación de un índice de justicia socioambiental que dé cuenta de la diferencia entre la calidad de vida de los habitantes de una zona rural y los de una urbana. Esto mediante el uso de herramientas estadísticas, que permiten agregar datos correspondientes a indicadores estandarizados sobre el acceso a servicios públicos, percepción de condiciones de vida y conflictos ambientales en sus territorios, vinculados al uso del suelo y a la calidad del aire. Varios investigadores y creadores de política pública reconocen la importancia de medir este tipo de fenómenos, de manera que se tengan más elementos para la toma de decisiones y para la formulación diferenciada de políticas públicas, que propendan al cierre de brechas entre los diferentes grupos poblacionales.
Así, se toma como punto de partida el trabajo de Nova-Laverde, Rojas-Mora y González-Montero (2022), en el que se propone el diseño de un índice de justicia social desde los debates de la filosofía política y ejercicios de innovación en la medición estadística. Con base en un conjunto de indicadores que miden el acceso a oportunidades y la forma en que se distribuyen entre la población, el índice propuesto acoge los criterios de la justicia como reconocimiento y redistribución. Otros autores, como Harner et al. (2002), han propuesto crear una medición de índices medioambientales, a partir de siete indicadores en tres ciudades de Colorado (Estados Unidos) para medir la relación entre la distribución de los riesgos medioambientales y las poblaciones minoritarias afectadas por la pobreza; en el estudio se logra encontrar una medida preliminar y estandarizada para comparar zonas urbanas. En este caso, la justicia socioambiental apunta a que las personas puedan permanecer en sus territorios y estar protegidos de las amenazas del crecimiento descontrolado de las zonas urbanas. Con esto, vale la pena resaltar que las metodologías cuantitativas tienen un potencial de teoría crítica: “al pensar que se limita al mero registro siempre se le ofrecen, en efecto, solamente series de fenómenos, nunca fuerzas y contra fuerzas, lo cual no reside, por cierto, en la naturaleza misma, sino en la esencia de ese pensar. Cuando ese procedimiento se aplica a la sociedad, entonces resultan la estadística y la sociología descriptiva, que pueden ser importantes para cualquier fin, incluso para la teoría crítica” (Horkheimer 1974, 259-260). En este sentido, la propuesta de medir la justicia apuesta por la construcción de horizontes de sentido alternativo que guíen las transiciones socioecológicas.
Es así como el procedimiento para crear un índice requiere, por un lado, identificar y listar diferentes dimensiones que puedan tener relación conceptual con la justicia socioambiental, y por otro, formular indicadores que permitan cuantificar el estado de dichas dimensiones. Por lo tanto, el índice es una doble agregación ponderada de dimensiones e indicadores. A continuación, se detallan cada uno de estos elementos.
Dimensiones
Para determinar el índice de justicia socioambiental, partimos de la discusión sobre las justicias ambiental y espacial, centrándonos en cuatro constructos: (i) acceso a servicios públicos; (ii) percepción de oportunidades y satisfacción con las condiciones de vida; (iii) existencia de conflictos medioambientales en su territorio; y (iv) demográfico. De esta manera, y apoyándonos en fuentes de información secundaria, se definieron una serie de indicadores que den cuenta del estado de los cuatro constructos en el territorio.
Indicadores
En esta fase, se buscaron variables cuantitativas que permitieran operar e interactuar a los constructos, siguiendo el trabajo de Harner et al. (2002). En el primero, se usa el porcentaje de población con acceso a los diferentes servicios públicos: acueducto, alcantarillado, energía, recolección de basuras. En el segundo, correspondiente a la satisfacción de las personas con sus condiciones de vida, se incluyen las calificaciones de los habitantes a diferentes dimensiones de su vida: vivienda, ingresos, condiciones de salud, trabajo, seguridad, educación y posibilidad de tomar decisiones. En el tercero, se considera la existencia de conflictos medioambientales de aire y suelo. En el cuarto, el demográfico, se incluye la proporción de población no blanca en el territorio. La tabla 1 resume los constructos y los indicadores. Los indicadores fueron estandarizados para garantizar una misma escala e interpretación; el método usado es el min-max, desde la siguiente estimación:
Donde valor i,d es el valor original del indicador i en el territorio d, en este caso, la localidad a analizar; MaxValor i es el valor más alto que el indicador i tiene entre todos los territorios y MinValor i el valor más bajo del indicador i entre todos los territorios. No fue necesaria la estandarización para los indicadores de existencia de conflictos medioambientales, ya que la variable toma valores de 1, si existe un tipo de conflicto en el territorio, y de 0 si no hay presencia de este conflicto. En consecuencia, luego de la interpretación, se tiene que el valor de todos los indicadores está entre 0 y 1 -valores más cercanos a 0 indican bajo rendimiento y valores más cercanos a 1 indican mejor rendimiento-.
Tabla 1 Constructos e indicadores que componen el índice
| Constructo | Indicadores |
|---|---|
| Percepción y satisfacción con las condiciones de vida* | Satisfacción con su vida |
| Satisfacción vivienda | |
| Satisfacción ingresos | |
| Satisfacción salud | |
| Satisfacción trabajo | |
| Satisfacción seguridad | |
| Satisfacción amigos | |
| Relaciones familiares | |
| Satisfacción educación | |
| Satisfacción con la posibilidad de tomar decisiones | |
| Satisfacción comunidad | |
| Considera que la vida es mejor que hace 5 años | |
| Considera que la vida es igual que hace 5 años | |
| Considera que la vida es peor que hace 5 años | |
| Acceso a servicios públicos** | Promedio años de educación hombres |
| Promedio años de educación mujeres | |
| Acceso a internet | |
| Empleados en el municipio | |
| Clasifica residuos | |
| Acceso a acueducto | |
| Acceso a alcantarillado | |
| Acceso a recolección de basuras | |
| Acceso a energía | |
| Acceso a gas | |
| Demografía | Indígena |
| Negro afro | |
| Ninguna | |
| Conflictos ambientales | Conflicto suelo |
| Conflicto aire |
Nota: *calificación de 1 a 10 sobre el nivel de satisfacción con las condiciones de vida en general, donde 1 es el menor grado de satisfacción y 10 el mayor grado; **proporción de la población que accede al servicio y años de educación.
Fuente: datos recolectados a partir de la Encuesta multipropósito para ciudad de Bogotá realizada por la Secretaría Distrital de Planeación (2021) y por el Visor Geográfico Ambiental de la Secretaría de Ambiente de Bogotá (2023).
Ponderación y agregación
Una primera agregación se da a nivel de constructo. Allí se calcula el promedio ponderado de todos los indicadores, usando la misma ponderación para todos, de la siguiente manera:
Donde D j corresponde a cada una de las dimensiones incluidas, W ij es el peso otorgado a cada uno de los indicadores usados, e I ij hace referencia a los indicadores incluidos en cada dimensión y presentados en la tabla 1.
Para la construcción del índice, se optó por ponderar todos los indicadores de la misma forma, una práctica común en índices con capacidad descriptiva como este. Por lo tanto, la agregación del índice es la siguiente:
El índice podrá tomar valores positivos y, entre mayor sea su valor, indicará un mayor nivel de justicia socioambiental.
La segunda estrategia de investigación que busca entender la dimensión subjetiva e intersubjetiva es la documentación y sistematización de las experiencias de Asopasquillita. La estructuración metodológica parte de un proceso de documentación y sistematización de experiencias pedagógicas ambientales, afianzado en el uso de técnicas participativas para la reconstrucción colectiva de la historia de la asociación. En este sentido, se realizaron recorridos de memoria colectiva, recuperación de archivos fotográficos y documentales, entrevistas a docentes y asociadas y reflexión-acción sobre la experiencia pedagógica comunitaria efectuada en el territorio. Se tuvieron en cuenta entrevistas personales y grupales a integrantes de Asopasquillita, así como conversaciones con las docentes participantes de la asociación, indagando por los orígenes y fundamentos pedagógicos del proceso de defensa del territorio y la cultura campesina en la vereda Pasquillita.
Resultados
La mirada histórico-material
Configuración espacial desigual de Bogotá y la creación de geografías de sacrificio
Desde la segunda mitad del siglo XX, las dinámicas sociales, políticas, económicas y ambientales desarrolladas en Bogotá organizaron el territorio de una forma particular. Se establecieron localidades que produjeron espacios diferenciados y segregados, generando imaginarios que reflejan la desigualdad social y sus tensiones. De esta manera, observar el crecimiento histórico de la ciudad y sus impactos ambientales permiten entender las múltiples problemáticas que afectan la vida cotidiana de la población bogotana y sus alrededores.
En 1954, después de categorizar a Bogotá como Distrito Especial, se produjo una expansión del espacio citadino mediante la anexión de municipios vecinos con los cuales se logró establecer una conectividad múltiple, especialmente relacionada con la producción económica y las dinámicas de crecimiento poblacional. Este crecimiento se debió a dos factores fundamentales: el desplazamiento de la población rural hacia las ciudades como efecto de la violencia bipartidista y el conflicto armado presente hasta hoy; y la recepción de migrantes internos en búsqueda de mejores oportunidades de vida (Preciado Beltrán, Leal Pulido y Almanza Castañeda 2005).
Por esta dinámica de expansión, en la ciudad se acentúa la desigualdad social. Por un lado, la población con un mayor nivel de riqueza se concentra en el norte de la ciudad, donde el territorio tiene un uso mayormente residencial y una mejor conexión vial con los centros administrativos y económicos de la ciudad. Por otro, las clases populares se asientan sobre todo al sur de la ciudad, ocupando de forma progresiva espacios de los cerros surorientales y del occidente, desde el borde noroccidental en las localidades de Suba y Engativá, hasta las localidades de Bosa y Kennedy sobre los márgenes del río Bogotá (ver mapa 1) (Preciado Beltrán, Leal Pulido y Almanza Castañeda 2005).
Fuente: EJAtlas, https://ejatlas.org/conflict/relleno-sanitario-dona-juana-colombia
Mapa 1. Sur de Bogotá: localidad Ciudad Bolívar y relleno sanitario Doña Juana
Los espacios donde se ubicaron las clases populares en el siglo XX generalmente coincidían con las fábricas, minas, zonas de amortiguación ambiental -como cuencas hidrográficas- y periferias donde se desarrollaron escenarios de urbanización informal y autoconstruida (Preciado Beltrán, Leal Pulido y Almanza Castañeda 2005). Así mismo, estos espacios se vinculan estrechamente con el deterioro ambiental, ya sea por los efectos de la ruptura o la aceleración del metabolismo social, en donde se generan una saturación de los residuos excretados por los procesos de producción y consumo (Prieto et al. 2022), o por ser considerados en la formulación y ejecución de políticas públicas como aptos para la recepción, acumulación o procesamiento de estos residuos. Esta clasificación es precisamente la que ha determinado algunas zonas del sur y el occidente de Bogotá como “descartables” en búsqueda del beneficio general; en este caso particular, el procesamiento de las basuras y la contaminación de afluentes hídricos, especialmente el río Bogotá.
Ciudad Bolívar, en su dimensión rural, es junto con Usme la localidad más poblada de Bogotá y la tercera con mayores niveles de pobreza monetaria (41,1%) -San Cristóbal y Usme son las otras dos localidades-. Así mismo, es de recalcar que la percepción de calidad del aire en Ciudad Bolívar es excepcionalmente negativa por los efectos del relleno sanitario de Doña Juana (Rincón Melo 2022). Esta situación es reconocida como un profundo conflicto socioambiental por distintos actores académicos y por las mismas instituciones públicas. Adicionalmente, este territorio sufre de la expansión urbana y el deterioro del cauce y la ronda hídrica del río Tunjuelo (Marino Zamudio et al. 2023).
Estimación del índice de justicia socioambiental
El índice fue calculado para todas las localidades de Bogotá, discriminando entre zonas rurales y urbanas (ver tabla 2). Las localidades con conflictos ambientales experimentan bajos desempeños en el índice. En cuanto a los constructos de percepción y conflictos medioambientales, las zonas rurales tienen un comportamiento promedio mejor que las zonas urbanas, mientras que, en servicios y demografía, las zonas urbanas aventajan a las rurales; en el acumulado, las zonas rurales presentan un nivel de justicia medioambiental más bajo que las zonas urbanas.
Tabla 2. Resultado del índice de justicia socioambiental (IJSA)
| Localidad | Percepción y satisfacción con las condiciones de vida | Acceso a servicios públicos | Demografía | Conflictos ambientales | IJSA |
|---|---|---|---|---|---|
| Usaquén (rural) | 0,59 | 0,43 | 0,43 | 1,00 | 2,02 |
| Chapinero (rural) | 0,62 | 0,36 | 0,37 | 1,00 | 1,97 |
| Santa Fe (rural) | 0,35 | 0,17 | 0,37 | 1,00 | 1,52 |
| San Cristóbal (rural) | 0,19 | 0,17 | 0,37 | 0,50 | 0,86 |
| Usme (rural) | 0,57 | 0,34 | 0,40 | 0,00 | 0,92 |
| Suba (rural) | 0,71 | 0,61 | 0,60 | 0,50 | 1,82 |
| Ciudad Bolívar (rural) | 0,40 | 0,29 | 0,73 | 0,00 | 0,68 |
| Sumapaz (rural) | 0,88 | 0,30 | 0,46 | 0,50 | 1,67 |
| Usaquén (urbana) | 0,80 | 0,86 | 0,49 | 1,00 | 2,66 |
| Chapinero (urbana) | 0,83 | 0,87 | 0,56 | 1,00 | 2,70 |
| Santa Fe (urbana) | 0,24 | 0,68 | 0,71 | 0,50 | 1,42 |
| San Cristóbal (urbana) | 0,36 | 0,71 | 0,68 | 0,00 | 1,07 |
| Usme (urbana) | 0,23 | 0,67 | 0,81 | 0,00 | 0,91 |
| Tunjuelito | 0,18 | 0,72 | 0,55 | 0,00 | 0,90 |
| Bosa | 0,27 | 0,71 | 0,80 | 0,00 | 0,99 |
| Kennedy | 0,50 | 0,76 | 0,67 | 0,50 | 1,76 |
| Fontibón | 0,59 | 0,82 | 0,57 | 0,50 | 1,92 |
| Engativá | 0,51 | 0,80 | 0,51 | 0,00 | 1,31 |
| Suba (urbana) | 0,56 | 0,82 | 0,68 | 0,50 | 1,88 |
| Barrios Unidos | 0,66 | 0,83 | 0,66 | 0,50 | 1,99 |
| Teusaquillo | 0,78 | 0,90 | 0,52 | 0,50 | 2,18 |
| Los Mártires | 0,28 | 0,68 | 0,87 | 0,50 | 1,47 |
| Antonio Nariño | 0,33 | 0,78 | 0,68 | 0,50 | 1,62 |
| Puente Aranda | 0,45 | 0,82 | 0,62 | 0,50 | 1,77 |
| La Candelaria | 0,33 | 0,75 | 1,09 | 0,50 | 1,58 |
| Rafael Uribe Uribe | 0,33 | 0,73 | 0,76 | 0,50 | 1,56 |
| Ciudad Bolívar (urbana) | 0,26 | 0,65 | 1,15 | 0,00 | 0,91 |
| Promedio ciudad | 0,47 | 0,64 | 0,63 | 0,44 | 1,56 |
| Promedio rural | 0,54 | 0,33 | 0,47 | 0,56 | 1,43 |
| Promedio urbano | 0,45 | 0,77 | 0,70 | 0,39 | 1,61 |
Fuente: cálculos propios con información de la Encuesta multipropósito para ciudad de Bogotá realizada por la Secretaría Distrital de Planeación (2021) y por el Visor Geográfico Ambiental de la Secretaría de Ambiente de Bogotá (2023).
El mapa 2 permite visualizar los resultados agregados para toda la ciudad por localidad. Se puede observar que la localidad de más bajo nivel de justicia socioambiental es Ciudad Bolívar, mientras Usaquén es la de mayor nivel. Estos resultados serán entendidos en forma más amplia en la siguiente sección del artículo.
Discusión
El relleno sanitario Doña Juana como geografía de sacrificio
Por el crecimiento y el desarrollo de las dinámicas productivas y de consumo, en Bogotá se requiere un manejo de los residuos para procesar las basuras de sus localidades y municipios aledaños. A través de un macroproyecto realizado por un consorcio entre Colombia y Estados Unidos, se consideró la creación de tres rellenos sanitarios y una estación de transferencia en donde se procesarían inicialmente los residuos provenientes de la basura domiciliaria y los desechos de calles. Sin embargo, por decisiones políticas y administrativas, con un inocultable sesgo clasista, uno de estos rellenos fue descartado al estar proyectado al norte de la ciudad, y la escogencia de la ubicación del relleno sanitario en la localidad de Tunjuelito en Ciudad Bolívar se resolvió, además de las razones técnicas formuladas en el macroproyecto, por ser un lugar identificado como “ya afectado por actividad antrópica” que, incluso al estar cerca de algunos barrios populares, significaría una “molestia pasajera” que daría lugar a un área de recreación para este sector de la ciudad (Molano Camargo 2019, 136-137). Así, en 1988 se inauguró el relleno sanitario Doña Juana, como solución definitiva al problema de las basuras, tras una crisis socioambiental producto de la movilización social por la saturación de los botaderos existentes en los barrios El Cortijo y Gibraltar2, al borde del río Bogotá; y bajo el influjo técnico internacional que destacaba la creación de rellenos sanitarios como un método eficiente para manejar los residuos urbanos (Molano Camargo 2019). Dicha solución se tradujo en la ubicación de un nuevo lugar para el depósito de residuos que años después daría muestras de sus límites.
Hoy se conocen las lamentables afectaciones que este relleno sanitario ha generado a las poblaciones ubicadas en el sur de Bogotá, además de su considerable expansión hacia zonas rurales de Ciudad Bolívar y su afectación a la cuenca hídrica del río Tunjuelito. Así mismo, es importante resaltar las dinámicas ambientales y sociales que se han producido en sus alrededores, teniendo en cuenta la gran cantidad de habitantes que llegaron al lugar, acelerando el proceso de urbanización marginal e informal en la expansión de la frontera urbana, vinculado con las labores propias del procesamiento de residuos, así como a las labores desarrolladas en el parque minero cercano al relleno (Molano Camargo 2019). Martin-Calvo y Castañeda-Gómez (2021) estiman los niveles de metano, dióxido de carbono y compuestos orgánicos producidos por el relleno de Doña Juana, y aportan evidencia de las enormes proporciones de los gases de efecto invernadero emitidos. Por otro lado, Díaz-Gil y García-M. (2021) muestran los grandes impactos del relleno en el río Bogotá, tanto por la descarga del lixiviado producto de la descomposición de los residuos sólidos, como por la contaminación del recurso hídrico y el suelo, en la subcuenca del río Tunjuelo.
En definitiva, las afectaciones de esta geografía de sacrificio recaen desigualmente sobre la población bogotana, afectando directamente a quienes han carecido históricamente de bienes y servicios básicos para la vida digna, generando un claro ejemplo de injusticia espacial y ambiental que no tiene mayor solución en el horizonte inmediato.
La dimensión subjetiva: sociedades abigarradas concibiendo espacios de esperanza
Pasquillita es una de las nueve veredas de la zona rural de la localidad de Ciudad Bolívar. Se ubica sobre el extremo suroriental de la localidad, colindando con las veredas Santa Bárbara, Santa Rosa y Las Mercedes, frontera de Ciudad Bolívar con la localidad de Sumapaz. Hacia el oriente, colinda con la zona rural de la localidad de Usme, con la que comparte la cuenca alta del río Tunjuelito y hacia el norte, colinda con la vereda Pasquilla, la vereda más grande del territorio rural de la localidad.
En la vereda está la Escuela Rural Distrital Pasquillita, en donde desde la década de 1990 se viene desarrollando la construcción de un modelo de escuela sostenible que interseca el pensamiento comunitario con el académico, dinamizando la creación de una vereda educadora alrededor de los principios de la democracia, la gestión organizativa de la comunidad mediante un ejercicio situado en el territorio, la protección de los recursos del entorno natural y social, y la excelencia académica para la paz. El interés de este proceso educativo tiene una doble finalidad: generar un modelo de escuela que tenga en cuenta los intereses y las necesidades de los campesinos en un territorio afectado por la expansión urbana de Bogotá; e incentivar procesos organizativos que promuevan la cultura del reciclaje, la reforestación y la producción verde de alimentos (Orozco Sánchez 2004).
Las educadoras de esta escuela resaltan la importancia de este proceso para contener la expansión de la ciudad sobre el territorio rural, y para mitigar las graves afectaciones del crecimiento del relleno sanitario, como roedores y moscas y la imposibilidad de cultivar. Sobre esto, las docentes presentan su práctica de reciclaje, que nombraron “Aula ambiental de Polidoro”, homenajeando a un poblador de la zona, y donde narran la relación integral del territorio rural de Ciudad Bolívar mientras visibilizan la problemática que enfrentan:
Para llegar a Pasquillita, nosotros tenemos que atravesar la zona urbana de Ciudad Bolívar, y saliendo de Ciudad Bolívar encontramos Mochuelo, Mochuelo bajo y Mochuelo alto. En medio de los dos mochuelos [sic] está el relleno sanitario Doña Juana que es el lugar final de deposición de todas las basuras de Bogotá y de otros municipios también. Entonces, es una zona de alta influencia del relleno donde la deposición de residuos es una problemática que afecta a todos los campesinos.
Es también clave entender que, antes de que llegara Doña Juana a este sector, Mochuelo alto, Mochuelo bajo y Pasquillita eran veredas que proveían de alimento a la mayor parte de Bogotá. Con la llegada del relleno, los mochuelos [sic] se urbanizaron y desapareció la agricultura, la ganadería y parte de las fuentes de agua, porque esta es una zona de referencia para la producción de agua. (Gina Álvarez y Dora Valero, conversación grupal, Vereda El Hato, Municipio de Choachí, Cundinamarca, Colombia, 28 de agosto de 2022)
Samuel Orozco Sánchez, docente escolar y cocreador de esta propuesta educativa, cuenta que el propósito inicial de esta iniciativa era crear una escuela para la conservación de la cultura campesina que dimensionara la importancia del páramo como parte de la defensa del territorio:
Pensamos la escuela para los campesinos, en la medida en que el colegio debe concentrar mayormente niños y niñas pertenecientes a las veredas. Esto permite el cuidado del territorio porque los páramos, en la medida en que estén menos habitados, posibilita que el ecosistema se conserve. Entonces, la idea era que esta escuela tuviera esa vocación campesina ante la expansión de Bogotá, incluso en la demanda educativa.
En esa misma dirección, desde la escuela creamos muchos foros para que la gente entienda el cuidado del territorio, y cuando hablamos de territorio, hablamos de todo eso. Para nosotros, el territorio engloba la cultura. Al páramo hay que meterle menos gente, si le meten más personas el impacto es más grande y ese páramo es el que da agua y aire puro.
¿Cuál era nuestra propuesta inicial? Crear el colegio para los habitantes de allá, uno que otro que se venga que le guste el campo, o campesinos que han venido huyendo de la violencia, que tienen esa vocación campesina, recibirlos allá. Hasta se hizo la propuesta de crear un internado y una casa para los profesores. Se trataba de crear una cultura, nosotros hablamos de la cultura del reciclaje inicialmente. (Conversación personal, Barrio El Tunal, Bogotá, Colombia, 7 de septiembre de 2022)
Como parte del desarrollo de una relación intrínseca entre el proceso educativo y la comunidad veredal, en 2002 se fundó Asopasquillita. Esta asociación traduce el proceso organizativo propuesto en el modelo educativo adoptado, permitiendo la concreción de sinergias entre los habitantes de la vereda y el cuerpo docente de la escuela rural. Su particularidad radica en ser un proceso que surge desde las prácticas cotidianas de la comunidad y la praxis educativa. Sobre esto, Samuel menciona que es un proceso construido “al revés”:
El proyecto de Asopasquillita tiene una especialidad: nunca se escribió, o sea, no se hizo un proyecto para pedir plata. Es un proyecto hecho al revés, más natural que cualquier cosa. Yo no me senté a escribir: objetivo 1, objetivo 2, objetivo 3, inicio, antecedentes, conclusiones… nada de esa vaina. Eso fue “hagámosle y después escribimos”, eso fue todo al revés.
¡Y funcionó! Funcionó porque era práctico y a los campesinos les gusta lo práctico. Al campesino no se le va a decir: “a ver, léase estas páginas y después siembre una papa, estudie esta cartilla”. Él le va a decir: “dígame cómo se siembra, cómo se echa el abono”, porque es práctico. Pero luego de eso, de la práctica, sí escribimos cuando ya nos pusimos a pensar la necesidad de dar a conocer el trabajo y a la tarea de conseguir recursos para mantener el proyecto. (Conversación personal, Barrio El Tunal, Bogotá, Colombia, 7 de septiembre de 2022)
El proceso de trabajo desarrollado por la asociación se da en un tejido de relaciones que vincula a instituciones distritales, organizaciones de cooperación escolar y empresas privadas que impulsan proyectos vinculados al cuidado medioambiental y territorial, sin impedir el desarrollo autónomo y endógeno de la organización comunitaria. Dentro de las actividades que ha realizado la asociación, se identifica el desarrollo del proyecto pedagógico “Compartiendo saberes, desarrollando habilidades en defensa del territorio rural”, el cual se estructura sobre tres frentes: (i) los proyectos de aula desarrollados en la cotidianidad escolar; (ii) el Aula Ambiental de Polidoro; y (iii) la Finca Ambiental. Estos tres derroteros tienen un hilo conductor que marca la pauta de su desenvolvimiento en los ejercicios educativos: el desarrollo de aprendizajes significativos en el fortalecimiento de la identidad territorial.
De esta manera, conviene explicar brevemente los ejercicios representativos. Uno de ellos es la ya mencionada “Aula Ambiental de Polidoro”, un espacio donde se realiza pedagogía ambiental con los niños y las niñas desde la separación de residuos en la fuente, el cual se titula con el nombre de uno de los campesinos de la vereda con el objetivo de resaltar el papel de la comunidad en el ejercicio de reciclaje:
Polidoro es la representación de una persona campesina. Polidoro es el nombre de un campesino de la vereda, pero Polidoro también es cualquier campesino que tiene la virtud de enseñar. Lo tomamos como referencia porque es quien nos enseña en la comunidad y a los niños un saber muy importante: el cuidado del territorio. Esto lo enseña por medio de dos prácticas: reciclar y sembrar, sembrar de una manera sana. De ahí nace el proyecto que se desarrolla en la escuela, que se llama: “Compartiendo saberes desarrollando habilidades en defensa del territorio rural”. (Gina Álvarez y Dora Valero, conversación grupal, Vereda El Hato, Municipio de Choachí, Cundinamarca, Colombia, 28 de agosto de 2022)
El segundo ejercicio, la “Finca Ambiental”, que tiene relación directa con lo mencionado anteriormente, es el proceso de siembra sostenible realizado en “convites” con estudiantes de la escuela y pobladores de la comunidad:
[Es] un centro donde los chicos van a experimentar, donde siembran y todos los sembrados de allí son orgánicos, sobre todo las hortalizas. Con esto, los niños y las niñas entienden que esta es una forma de fomentar una alimentación saludable. En este sentido aprenden en la práctica elementos relacionados con la seguridad alimentaria para la comunidad, porque ellas y ellos mismos son quienes siembran, cosechan y consumen lo que se produce allí. Así mismo, por medio de la venta comunitaria de las hortalizas, hemos logrado pagar parte de los uniformes y los útiles escolares que se necesitan en la escuela. Este es un sistema que se ha implementado desde hace más de 20 años. (Gina Álvarez y Dora Valero, conversación grupal, Vereda El Hato, Municipio de Choachí, Cundinamarca, Colombia, 28 de agosto de 2022)
Por último, es clave mencionar los procesos pedagógicos que subyacen de la práctica educativa cotidiana y que ayudan a soportar estos dos grandes ejercicios. Un ejemplo es la práctica de lectoescritura que han desarrollado las docentes en diversos espacios de aula y otros autogestionados e impresos. Los de mayor referencia han sido el periódico escolar El Granjero y el periódico La Ruana; este último, espacio de escritura de la Asociación, intrínsecamente vinculado con el espacio escolar:
Nos dedicamos a trabajar mucho la escritura en el aula. La asignatura de Lecto-escritura la doy de segundo a quinto, Lenguaje como tal no trabajo, yo trabajo producción textual en territorio, por ejemplo, con las tipologías textuales. Empiezo con la narrativa, vamos a narrar anécdotas de la vereda y ahí les voy metiendo sinónimos, antónimos, etc., pero todo en el ejercicio de escribir. Ahorita estamos trabajando un cuaderno que se llama: “Narrándome en el territorio”, el cual tiene el objetivo que las niñas y los niños cuenten desde la casa todo lo que hacen en las dinámicas del territorio de forma quincenal. Buscamos también volver a trabajar los talleres de lecto-escritura con los papás y las mamás. (Dora Valero, entrevista personal, Escuela Rural Pasquilla, Sede B, Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, 15 de septiembre de 2022)
Mantener este modelo de escuela abierta a la comunidad no ha sido un ejercicio lineal sin contratiempos ni tensiones. Asopasquillita ha sido una práctica sostenible gracias a la tenacidad de sus líneas de trabajo y a los fuertes vínculos comunitarios, consolidándose como un ejercicio abierto y situado. Aun al ser dinamizado por el grupo de docentes de la escuela rural distrital, la participación comunitaria ha sido uno de sus fundamentos primordiales; esto se refleja en la vinculación que, a lo largo de su historia, han realizado pobladoras de la vereda y egresados de la escuela, tanto a la Asociación y sus espacios de trabajo, como al ejercicio docente.
Bajo esta premisa, es importante mencionar ejercicios trazados desde la misma apuesta educativa en los que el objetivo ha sido propiciar, con una mayor integralidad, espacios de formación de liderazgos para la defensa del territorio. Uno de ellos fue el Comité de Familias Educadoras Rurales (Cofaedur), en donde se realizaron actividades orientadas a la educación de la primera infancia y la estimulación temprana, que llevó a la creación de un jardín infantil para las habitantes de la vereda. Sobre esto, Samuel reconoce la importancia de desarrollar las líneas de trabajo de la Asociación:
Siempre pensando que los padres y las madres de familia también pueden producir pedagogía, y además que son pedagogos empíricos. Si la madre es capaz de criar a su hijo bien, ¿cómo no va a ser una pedagoga? ¿Por qué no reconocemos que ese trabajo-escuela? Por esa razón, creamos un comité de madres educadoras rurales e hicimos una cartilla donde participó toda la comunidad, especialmente los niños, enviando un mensaje: “¡A la comunidad también hay que escucharla!” Nosotros también creamos nuestro conocimiento y esa es una reivindicación popular. Esa es la base de la escuela popular, […] entonces todo estaba relacionado con el aprendizaje. La capacitación para los campesinos, dentro de los mismos estatutos de Asopasquillita, dice: “crear liderazgos”. No pensamos en educar solamente a los hijos, sino a los papás y a las mamás también, a la comunidad. Para tener una educación liberadora, hay que tener una educación crítica. (Conversación personal, Barrio El Tunal, Bogotá, Colombia, 7 de septiembre de 2022)
Así mismo, se puede mencionar el comité de exalumnos de la escuela, que promueve procesos de autogestión e innovación de los ejercicios educativos, teniendo como objetivo la preservación cultural y la protección del territorio. A través de estos ejercicios de fortalecimiento organizativo y de trabajo situado se han implementado técnicas para el aprovechamiento de recursos, que son sostenibles a lo largo del tiempo. En consecuencia, ha sido la misma comunidad la que ha construido y consolidado un proceso orgánico, en el que la educación ambiental y la sostenibilidad son horizontes movilizadores para la defensa del territorio.
Sin embargo, en aras de una lectura integral del proceso comunitario desarrollado por Asopasquillita, es clave mencionar algunas tensiones que han sido reconocidas en la reflexión sobre la práctica pedagógica realizada. Para comprender mejor estas dinámicas, se agruparon en cuatro puntos:
1.Tensión comunidad-institucionalidad. En el desarrollo de la experiencia pedagógica ambiental, es posible observar una tensión entre los procesos de organización comunitaria y las orientaciones institucionales, específicamente en lo relacionado con el ámbito educativo, las cuales dictan pautas que no siempre son afines a las proyecciones “sentipensadas” por la comunidad. En las entrevistas se reconoce que históricamente han existido dificultades para el desarrollo de las actividades pedagógicas, al existir un estrecho vínculo entre el proceso organizativo y la escuela, en tanto institución que debe responder a metas trazadas por planes de desarrollo e indicadores de cumplimiento estatales que no son proyectados desde las realidades territoriales propias de la experiencia comunitaria. También, el nombramiento de directivas de la institución que han orientado acciones educativas en contra vía o sin recoger los procesos comunitarios de la Asociación.
2.Tensión organizativa interna. Otra de las reflexiones identificadas son los cambios de liderazgo en la Asociación a lo largo del tiempo, que han impactado las prácticas pedagógicas. Es por esto que se han establecido mecanismos de diálogo, discusión y acuerdo para gestionar las diferencias dentro de la organización, así como definir objetivos y proyectos acordes a sus principios y visiones. La composición de la Asociación en su mayoría femenina en la actualidad, también es una materialización de sus proyecciones, vinculadas al ejercicio pedagógico y a las prácticas de cuidado realizadas por sus integrantes en la vereda.
3. Desarrollo de una escuela abierta a la comunidad. En anteriores líneas, se especificaba que el modelo de escuela abierta a la comunidad no ha sido una relación lineal, pues ha encontrado en su trasegar múltiples retos en su consolidación. La Asociación ha tenido que realizar replanteamientos y reflexiones para mantener el proceso organizativo durante dos décadas (Censat Agua Viva 2023). Esto pudo ser identificado gracias a factores externos -directrices institucionales y actores no alineados con la propuesta pedagógica de la asociación, ausencia de condiciones y recursos para la óptima comercialización de productos agrícolas, escenarios fortuitos como la pandemia por covid-19- y factores internos -necesidades vinculadas a la formulación e implementación de proyectos productivos, dificultad en la consecución de recursos para la sostenibilidad y el mantenimiento administrativo-.
4.Enraizamiento espacial de la experiencia pedagógica comunitaria en la escuela. Esta dificultad tiene relación con un profundo vínculo espacial entre la experiencia pedagógica desarrollada principalmente en la escuela y las dinámicas propias de la Asociación. Las docentes reconocen que, en uno de los momentos críticos de la relación entre la institucionalidad y la comunidad, la dinámica organizativa tuvo que reorganizarse para mantener su continuidad:
Lo que hicieron ellas fue reorganizarse, hacer las reuniones ya no en la escuela sino en las casas, reuniones casi semanalmente, y siguieron… seguimos todos. Con Gabriel con ecoturismo, empezamos a trabajar con lo de las alcachofas, arándanos y espárragos, y Doña Anais nos dijo: “si tienen la producción yo la compro”. […] Se mantuvo porque lo que era indisoluble era el aula ambiental, porque fue un proyecto que salió de la escuela, [pero] el fundamento está en Asopasquillita. Asopasquillita hizo la gestión, porque la inversión primaria la hizo el acueducto y el colegio puso otra parte, entonces no es totalmente del colegio, de Asopasquillita es una parte, y no podían disponer de eso. La granja sí es de Asopasquillita, y los niños siguieron yendo porque yo escribí una carta en aras de seguir manteniendo las prácticas. Al PEI del colegio y a la comunidad, les dije: “necesitamos llevar a los niños a hacer las prácticas en la granja de Asopasquillita”. (Dora Valero, entrevista personal, Escuela Rural Pasquilla, Sede B, Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, 15 de septiembre de 2022)
De esta forma, es posible considerar a Asopasquillita y su apuesta educativa como una práctica dinamizadora de una geografía de esperanza frente a las contradicciones nocivas que se generan en el territorio rural de Ciudad Bolívar, a causa del relleno sanitario Doña Juana y la ocupación del territorio rural cercano al páramo. De esta manera se configuran alternativas de solución a las problemáticas espaciales y ambientales desde las comunidades, integradas por un entramado de relaciones y dinámicas complejas en donde actúan actores presentes en el territorio o exteriores a este, para posibilitar escenarios de justicia socioambiental y construcción de paz (Silveira et al. 2017). La defensa del territorio y el desarrollo de la iniciativa pedagógica alrededor del cuidado ambiental y el fortalecimiento comunitario son elementos vitales para la generación de una alternativa local contrapuesta a la vecina geografía de sacrificio.
Por último, el trabajo de Asopasquillita ha postulado como horizonte el cuidado territorial y la conservación de la cultura campesina rural de la localidad de Ciudad Bolívar. Su apuesta se consolida como un ejercicio de gestión diversificada, a través de la autogestión o el apoyo de organizaciones y entidades públicas o privadas. Así mismo, la dinamización de los procesos por medio de la educación ambiental ha permitido una participación efectiva y amplia de la comunidad veredal, siendo las mismas docentes quienes han impulsado el tejido comunitario.
Esta apuesta se puede abreviar en un ejercicio de escritura poética de Samuel Orozco, en donde se plasma la corriente contra la que Asopasquillita ha venido desarrollando su práctica pedagógica ambiental durante dos décadas:
Hombres hubo,
qué soñaron futuros,
que escribieron verdades sobre el aire del páramo,
que fungieron principios en las rocas testigas,
y llamaron dioses al agua, al sol y al misterio del bosque.
Después llegaron las hachas y las voraces espadas,
destrozaron los bosques y disputaron el agua,
“Progreso” llamaron a tanta locura, y a tanta avaricia llamaron: “Progreso”.
Hoy el río ya no canta, se fueron los peces y las golondrinas,
el agua no escurre del lomo del cerro,
el ave no trina en la copa del árbol,
y un nubarrón se extiende en el cielo del páramo del Progreso.
Conclusiones
La expansión urbana promueve injusticias socioambientales. Las zonas periurbanas se convierten en geografías de sacrificio que sufren los costos de la contaminación y de la presión de urbanización. En contraste, la percepción de una mejor vida en la ruralidad, soporta propuestas de ruralizar la urbanidad3. El índice de justicia socioambiental permite ver que los habitantes de las zonas rurales tienen un alto grado de satisfacción con la vida, lo que ayuda a entender el arraigo territorial y necesidad de defender el territorio.
Bogotá urbana absorbe el suelo rural de la localidad de Ciudad Bolívar para su servicio. Así, desplaza comunidades campesinas, contamina aguas y aire, amenaza la soberanía alimentaria y acecha el equilibrio del páramo; esto es, configura geografías de sacrificio que atentan contra la vida. Pero en la vereda Pasquillita se configura una geografía de la esperanza frente a estas violencias. Con fundamento en la identidad campesina y la educación popular, se apuesta por curar y preservar un territorio de alta fragilidad y relevancia como zona de amortiguamiento de páramo, mediante estrategias de reciclaje y siembra. Sobre estas prácticas se erige un arsenal de educación ambiental que promueve la comprensión del territorio como tejido vital.
Asopasquillita, con códigos y gramáticas institucionales tales como “desarrollo sostenible” y “reciclaje”, despliega un repertorio de acción transformativa en defensa del territorio rural desde la deconstrucción del referente hegemónico urbano del progreso. Su experiencia da cuenta de la relevancia de recuperar las costumbres campesinas para diseminar la lógica desarrollista evocando los planteamientos de Kusch (2007). Así mismo, este proceso organizativo denota dinámicas culturales y territoriales que constituyen sociedades abigarradas (Rivera 2010) que trascienden esencialismos de un ethos campesino. Familias campesinas con maestras y maestros distritales, en su mayoría neorrurales (Quirós 2019), conforman redes de cooperación y acompañamiento mutuo, construyen ecologías de saberes, coproducen conocimientos transdisciplinarios, híbridos y biocéntricos, y recrean cultura y pedagogía. La afirmación de la cultura campesina que dialoga con la racionalidad pedagógica de actores neorrurales confluye en movimientos de reexistencia y reapropiación de su cultura en su naturaleza (Porto-Gonçalves 2002). La resistencia a ser consumidos por la globalización económica y las demandas del desarrollo urbano se planta sobre la curación y protección de sus territorios, con la revitalización de sus formas de existencia y la reinvención de sus identidades: “los conocimientos tradicionales, oprimidos y dominados por la racionalidad científica, económica y tecnológica de la modernidad, están siendo reconstruidos en estos territorios locales emergentes, hibridando de forma conflictiva las prácticas tradicionales de los pueblos con los conocimientos científico-tecnológicos modernos” (Leff 2019, 438).
En su misión, Asopasquillita se entrelaza de manera abigarrada con actores de cooperación escolar y empresas privadas, como ejercicios de interautonomías, de creación de coaliciones y redes de colectivos: la autonomía es una teoría y práctica de la interexistencia y el inter-ser (Escobar 2019); además de generar vínculos entre la institucionalidad -la escuela- y la comunidad local. Procesos comunitarios como el de Asopasquillita permiten crear criterios de justicia ambiental que contribuyen a transitar desde la deconstrucción del capital hacia la territorialización de la vida (Leff 2019) sobre principios de reciprocidad y complementariedad en la organización del espacio, esto es, la confluencia de las geografías de sacrificio y las geografías de la esperanza (Harvey 2003; Silveira et al. 2017).
Conceptualizar las propuestas de educación ambiental de Asopasquillita, conlleva una noción de territorios sabios sobre la que transforma la noción que Millan (2020) ha denominado terricidios, una expresión que captura el conflicto en cuestión y que ilumina las discusiones sobre el diseño de ciudades sostenibles. Hoy en día, el proyecto de repensar, rehacer y repolitizar el hábitat urbano debe emprenderse a partir de la experiencia de quienes se encuentran en los intersticios y periferias epistémicas, ontológicas, sociales y espaciales de las ciudades (Escobar 2022). Se entienden los territorios sabios como formas alternativas de pensar la relación dualista y jerárquica urbano-rural, como geografías de esperanza que apuestan por códigos, racionalidades e imaginarios que reordenen o reestructuren las relaciones sociedad-naturaleza desde una racionalidad ambiental, una ontología relacional, que recupera la sabiduría de la naturaleza, el poder de la comunidad y el cuidado en clave ecofeminista. Los territorios sabios, además de contener un potencial emancipatorio por la función poética del lenguaje, remiten a unas prácticas en el quehacer vital: sembrar y reciclar. Así, la acción colectiva de Asopasquillita representa lo que Escobar (2022) postula en términos de diseño pluriversal, porque contribuye a la transición de la civilización desde la existencia tóxica a la curativa y con el objetivo general de promover una nueva forma de habitar la Tierra.
Este trabajo se propuso analizar los conflictos socioambientales que se desprenden de la disociación de la dialéctica sociedad-naturaleza y de la comprensión dualista y jerárquica urbano-rural que configura espacios de sacrificio. Con este propósito se documenta y describen las tensiones y los choques de intereses por la apropiación de la naturaleza y se rescatan las respuestas de movimientos sociales y comunidades que se estructuran desde racionalidades ambientales y modos alternativos de vida. La recuperación de las experiencias de las organizaciones sociales rurales de base, reconocidas como actores políticos y epistémicos, contribuye a promover otras formas de pensar y habitar los territorios.
A través de procesos comunitarios arraigadas en lo local y desde sociedades abigarradas, se abre la posibilidad de geografías de esperanza con repertorios de acción como la educación ambiental y el fomento de prácticas agroecológicas. Allí se encuentran semillas de una racionalidad ambiental, relacional y ecofeminista, que deconstruye las lógicas del progreso urbano y propone comprensiones del territorio como tejido vital a cuidar, restaurar y preservar. En definitiva, la articulación de estas prácticas y luchas comunitarias ofrece una visión inspiradora para una transición civilizatoria hacia pluriversos y el florecimiento de la vida.
