INGE HELENA VALENCIA P.
PROFESORA DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS SOCIALES, UNIVERSIDAD ICESI, CALI
ihvalencia@icesi.edu.co

Recibido: 28 de enero de 2011 Aprobado: 1⁰. de agosto de 2011

Resumen

Colombia, al definirse en 1991 como un país pluriétnico y multicultural, reconoció derechos y estatutos especiales a diversas poblaciones y a sus territorios. Este artículo, que propone un reconocimiento de la población isleña-raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, busca dar a conocer algunas de las implicaciones del reconocimiento multicultural a partir del proceso de etnización de la población isleña-raizal, y estudiar el surgimiento de varios conflictos entre los pobladores isleños-raizales, el Estado colombiano y los migrantes de origen continental. Los conflictos evidencian el enfrentamiento entre dos registros identitarios en las islas: el diaspórico, fruto de las migraciones e intercambios propios del contexto del Gran Caribe, y el encerramiento étnico, como fruto del reconocimiento multicultural.

Palabras clave: etnicidad, conflicto social, relaciones interétnicas, Caribe insular colombiano.

Abstract

By defining itself as a multiethnic and multicultural nation in 1991, Colombia recognized special rights and statutes to a diversity of populations and their territories. Among them, the native population of the Archipelago of San Andrés, Providencia, and Santa Catalina achieved recognition under the new Constitution. This article aims to present some of the implications of this multicultural recognition focusing particularly on the process of ethnicization of the native population of the Archipelago and the emergence of different conflicts among the native population and the Colombian State, as well as those among the native population and migrants from Colombia's mainland. These conflicts reveal the clash between two identities on the islands: on the one hand, the diasporic one, which is a consequence of the Caribbean's characteristic processes of migration and exchange, and on the other hand, ethnic enclosure as a result of multicultural ethnic recognition.

Key words: ethnicity, social conflict, inter-ethnic relations, Colombian insular Caribbean.

Hoy en día, veinte años después de que en muchos países de América Latina algunas poblaciones recibieran un reconocimiento especial en razón de su diferencia cultural, asistimos a situaciones inéditas debido a la implementación de las políticas de reconocimiento de las constituciones multiculturales. Estas, sustentadas en un modelo etnicista de reconocimiento, otorgaron derechos especiales a minorías étnicas que se definieron con los patrones de lengua, cultura y territorio. En el caso colombiano, ese reconocimiento se configuró según el modelo andino para las poblaciones indígenas (reconocimiento de una autoridad propia, el cabildo, asentada en un territorio cerrado, el resguardo), y para las poblaciones negras, según el modelo propuesto por la Ley 70 de 1993 o Ley de Comunidades Negras², que permitió la titulación colectiva de algunos territorios, sobre todo en entornos rurales. El reconocimiento otorgado, si bien ha significado una ganancia, también ha acarreado el surgimiento de tensiones sociales, en virtud de ciertas acciones que otorgan derechos sobre el gobierno y la administración de territorios colectivos a algunas poblaciones, mientras marginan a aquellas que no se definen en términos étnicos. Esta situación ha tendido a manifestarse tanto por las vías del conflicto como en la competencia por recursos, liderazgos y territorialidades en diferentes regiones del país.

En el caso específico de las poblaciones negras de Colombia, comienza a evidenciarse cómo el reconocimiento opera solamente de acuerdo con el modelo étnico territorial propuesto por la Ley 70 de 1993, el cual desconoce las realidades de poblaciones que habitan en contextos urbanos o en otras regiones diferentes a la pacífica, o que no se definen por medio de una autoadscripción étnica. Situación paradójica, ya que un gran porcentaje de las poblaciones negras del país habita en centros urbanos, como las ciudades de Cali, Bogotá y Medellín; y en la región caribe, en Cartagena, Barranquilla y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina³.

En el caso particular de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la Constitución de 1991 permitió a la población nativa, la isleña-raizal, ser reconocida jurídicamente como grupo étnico del archipiélago. Este hecho estuvo acompañado por la elaboración de una jurisprudencia singular, que permitió que el archipiélago se rigiera por normas especiales en el control de la migración y la economía. Se profundizó así el conflicto existente entre los pobladores nativos reconocidos y los inmigrantes provenientes de Colombia continental, es decir, los que llegaron a las islas desde mediados del siglo XX impulsados por las políticas integradoras del Estado colombiano. Es importante mencionar que la población isleña-raizal, ante la falta de respuestas a sus reclamos políticos y territoriales, ha optado desde hace algunos años por autodenominarse población indígena, como una estrategia para conseguir la salvaguarda territorial y los derechos especiales que les otorga el Estado a las minorías étnicas. Sus reivindicaciones se han hecho de la mano de fuertes denuncias sobre la crisis arraigada en el archipiélago, que se relaciona con aspectos como la recesión económica vivida desde hace veinte años y otras situaciones conflictivas, como la escasez de importantes recursos -el agua entre ellos-, la sobrepoblación y, más recientemente, la violencia asociada al narcotráfico.

Acerca de la población isleña-raizal, que puede inscribirse en la que hoy se denomina región del Gran Caribe, se abre un profundo debate, pues las lecturas sobre las poblaciones que se definen como caribeñas oscilan entre los lentes del mestizaje, de los intercambios y de la etnicidad. Según Gerhard Sardner (2003, 54) y Beatte Ratter (2001, 42), esta región se caracteriza por la penetración y dominación coloniales, que han definido históricamente varias de sus características, como la de poseer un poblamiento exógeno y heterogéneo, constituido por la confluencia de distintas migraciones, y tener una matriz étnica resultante de orígenes diversos. En una perspectiva histórica, el Gran Caribe, como lugar de tránsito y comercialización de personas esclavizadas y como espacio para el asentamiento de colonos europeos, fue centro de tensiones entre los poderes dominantes y los subalternos: entre lo blanco y lo negro, entre lo europeo y lo africano (y en algunas islas también lo indígena), pares opuestos que, como nos lo recuerda Stuart Hall (1999), nunca se establecen en una relación de igualdad sino en posiciones diferenciales de poder. Además, en muchos casos las poblaciones originarias de estos territorios fueron suplantadas por olas migratorias de muy diversa filiación cultural, lingüística y étnica, y el resultado fue la conformación de una región compuesta por elementos bastante diversos: "[...] un mosaico de configuraciones etnoculturales, de expresiones lingüísticas y religiosas, de formas de organización social y modalidades de conducta cotidiana, cuya complejidad y diversidad constituyen el rasgo característico que la unifica y, a la vez, la fragmenta y divide" (Serbín 1987, 231). En estas condiciones, la lógica de los contactos y los intercambios permanentes ha obligado a la emergencia constante de sincretismos, los cuales tienden a convertirse en pautas culturales que se parecen, sin llegar a homogeneizarse. Sin embargo, en el momento actual del giro multicultural, encontramos poblaciones, como los garífunas del Caribe centroamericano o los isleños-raizales del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a las que les han sido otorgados derechos especiales, con base en una idea de comunidad étnica que las homogeneiza nuevamente y desconoce la heterogeneidad de sus trayectorias y los procesos de intercambio que las conformaron.

En medio de esta problematización podríamos hacernos varias preguntas: ¿qué tipo de lectura resulta más adecuada para entender los procesos identitarios de poblaciones que oscilan entre los registros étnicos y los que provienen de las migraciones y el intercambio? ¿Cómo leer estas tensiones entre etnicidad y mestizaje, o entre dinámicas migratorias y cerramientos étnicos? ¿Cómo pensar este debate para el caso concreto de las poblaciones asentadas en el archipiélago de San Andrés, frontera norte de Colombia, ubicado en el corazón del Caribe occidental?

Este artículo busca dar cuenta de algunos impactos de las políticas multiculturales aplicadas en el archipiélago, con el fin de hacer patentes los conflictos originados por el reconocimiento constitucional de 1991. Así, se estudiarán las implicaciones del reconocimiento multicultural a partir del proceso de etnización de la población raizal y la aparición de dos conflictos: i) el relacionado con los migrantes continentales, denominados pañas, y ii) el que surge de la recreación de una identidad de corte étnico, que causa rupturas en el interior de esta población. Estos conflictos dejan ver el enfrentamiento entre dos registros identitarios existentes en las islas: el diaspórico, fruto de las migraciones e intercambios propios del Caribe (Agudelo, Sansone y Boidin 2009; Cunin 2008), y el encerramiento étnico, como resultado del reconocimiento multicultural propiciado por la Constitución de 1991.

En las islas, donde existe una tradición de poblamiento con una alta movilidad, actualmente habitan los isleños-raizales, descendientes de migrantes europeos y africanos, asentados permanentemente desde finales del siglo XVIII. Esta población comparte dos registros lingüísticos (el creole y el inglés caribeño) y algunas otras tradiciones (como la religión bautista) con otros lugares del Caribe anglófono. También habitan allí personas llegadas desde Colombia continental, comúnmente llamadas pañas, procedentes en su gran mayoría de la costa caribe colombiana y de algunos otros lugares, como el Valle del Cauca y Antioquia. Muchas de ellas empezaron a llegar desde mediados del siglo XX atraídas por una búsqueda de mejores oportunidades de vida. También, en el caso específico de la isla de San Andrés, habita una migración extranjera de personas procedentes de Siria, Líbano, Turquía y Palestina, a quienes se llama turcos, que actualmente manejan el comercio de las islas, y que llegaron impulsados por iniciativas comerciales desde otros lugares del Caribe continental colombiano, como Maicao o Barranquilla, o directamente desde sus países de origen. Adicionalmente, hoy se habla de la existencia de otro grupo, los half and half, mitimiti o fifty-fifty, que corresponde a los hijos e hijas de madre o padre extranjero o continental, y de madre o padre isleño-raizal, quienes son los mestizos en este contexto insular. Durante años estos grupos lograron cohabitar, pese a sus diferencias étnicas y religiosas, pero en los últimos años los enfrentamientos se han hecho comunes debido a una crisis económica, social y ambiental que lleva más de dos décadas arraigada en las islas.

Las condiciones particulares de las islas -como la composición étnica y cultural de la población isleña-raizal y su desarrollo económico, ligado a actividades como el comercio y el contrabando- motivaron grandes desacuerdos respecto al proyecto de nación colombiano. Recordemos que el archipiélago, por estar ubicado en el corazón del Caribe occidental y estar habitado por un pueblo anglófono, en su mayoría negro y protestante, más cercano a las Antillas inglesas (como Jamaica y las islas Caimán) que a la Colombia continental, se convirtió en una región problemática para los cimientos centralistas andinos, blancos y católicos con los que se estaba construyendo la nación colombiana. A pesar de la adhesión voluntaria a la República de Colombia hecha por algunos pobladores en 1822, desde comienzos del siglo XX el Estado colombiano buscó integrar el archipiélago a través de un fuerte proceso de asimilación. Esta actitud dio lugar a una relación ambivalente y conflictiva entre los pobladores de las islas y el Estado colombiano: los isleños reclaman su presencia, al tiempo que rechazan lo proveniente de la Colombia continental (Pedraza 1989, 34).

De hecho, tras la declaración del archipiélago como intendencia, en 1912, se comenzó a implantar una soberanía ideológica en aras de integrar las islas al territorio nacional y al imaginario de nación que se promulgaba desde el centro del país, situación que ocasionó conflictos, reclamos y movilizaciones. El mecanismo para llevar a cabo aquel propósito consistió, primero, en la instalación de la escuela, y junto con ella, de la Iglesia católica y la enseñanza del idioma español. Se impuso a los habitantes la religión católica, se prohibió el inglés como lengua en las escuelas e incluso fueron clausuradas a mediados de siglo varias iglesias bautistas, que eran el eje sociocultural y educativo del archipiélago⁴. Las dificultades se recrudecieron con los cambios que sobrevinieron tras la declaratoria de San Andrés Isla como puerto libre, en el año de 1953, y posteriormente con el desarrollo del turismo como principal actividad económica. La declaratoria de puerto libre, además de incorporar las islas al territorio colombiano, también buscaba legalizar muchas de las actividades comerciales que allí se ejercían, para facilitar el ingreso de mercancías libres al país y fortalecer el desarrollo económico por medio del fomento de la industria turística. La irrupción de las actividades comerciales significó que algunas personas isleñas-raizales abandonaran sus actividades productivas tradicionales para dedicarse al comercio, y que otras, al no tener cómo sostenerse, vendieran las tierras. Los conflictos, entonces, comenzaron a hacerse visibles de diferentes maneras, ya no solo por la presencia de la Iglesia católica o la irrupción del idioma español, sino porque llegaban más y más personas a hacer presión sobre los recursos y el espacio. Lo cierto es que este proceso de integración o colombianización para establecer la soberanía por vías de carácter ideológico y la integración económica por la vía de la modernización y el desarrollo recrudecieron los conflictos en el archipiélago y fortalecieron la confrontación entre algunos de sus pobladores y el Estado colombiano.

La implementación de las políticas de colombianización -fortalecidas con el puerto libre-, sumada al aumento de la población por migración, que redujo los recursos y las tierras que quedaban en manos de la población isleña, condujeron al surgimiento de un conflicto importante entre pañas-continentales e isleños-raizales. Poco a poco las disputas por el acceso a la tierra, por la disposición de los recursos naturales y por la escasa participación que tuvo la población isleña-raizal en las actividades comerciales comenzaron a manifestarse y a hacerse públicas, y se materializaron en diferentes situaciones. Una de ellas consistió en que comenzó a rondar entre los pobladores nativos la idea de que el impulso de la migración desde el continente era una estrategia del Estado colombiano para despojar de las islas a los isleños, con el fin de instaurar la soberanía nacional. Es famoso el episodio, que muchos isleños narran, de la existencia de un documento secreto elaborado por el Estado colombiano que hacía sugerencias para asegurar la integración por la vía de la migración.

Una segunda situación consistió en que con frecuencia la llegada de los migrantes continentales, por no ser planificada, aumentó la sensación de invasión y despojo entre los isleñosraizales. Si bien, como lo mencionamos atrás, las relaciones con los continentales existieron desde comienzos del siglo XX, fue sobre todo a partir de 1970 cuando empezaron a asomar fuertes diferencias debido a la explosión demográfica en las islas, especialmente en San Andrés. En estos años numerosas personas provenientes de Colombia continental llegaron en busca de mejores condiciones de vida, y esta oleada migracional significó el aumento de la competencia con los isleños-raizales por acceder a los recursos. En medio del conflicto naciente, las diferencias socioeconómicas entre isleños-raizales y pañas-continentales, unidas a la disputa por los recursos económicos y ambientales, se tradujeron en la elaboración de una representación del inmigrante como un agente invasivo, conflictivo, violento, ruidoso, que resolvía los conflictos con violencia y vivía en barrios subnormales. Fue así como los isleños-raizales comenzaron a usar denominaciones peyorativas para referirse a los inmigrantes, como champetudos, sharkheads, chambacús, términos que hacían referencia a su origen distinto, pero sobre todo a lo que para los raizales era un comportamiento invasivo.

Cuando la presión sobre los recursos económicos y ambientales aumentó, la tensión social se recrudeció, y fácilmente se encontró el culpable: el paña, que desde entonces sería visto como el enemigo o el invasor. También comenzó a hacerse más fuerte un juego de oposiciones entre el paña, como representante del mundo hispanófono continental, y el isleño-raizal, como representante del mundo anglófono insular, que se veía en oposiciones como "el origen inglés y africano del isleño distinto al de los pañas provenientes de la sociedad colombiana; el idioma inglés y el creole a diferencia del español; la Iglesia bautista en contraste con la católica; las actividades tradicionales de subsistencia como la pesca y [la] agricultura en oposición al turismo y al comercio" (Guevara 2005, 42).

Este conflicto, además de manifestarse en una diferenciación sociocultural, comenzó a materializarse en una fuerte diferenciación territorial. El norte de la isla se transformó en la zona destinada al turismo y en ella se localizaron la gran mayoría de los barrios de continentales, mientras el centro de la isla, conocido como La Loma o The Hill, y el litoral suroriental, llamado San Luis, se convirtieron en los barrios isleños por excelencia, a tal punto que en algunas ocasiones estas zonas fueron vedadas para el arrendamiento a pañas o extranjeros. Encontramos, entonces, que la construcción de la diferencia y del conflicto entre pañas y raizales, antes que expresarse en un discurso étnico, lo hizo recurriendo a la diferencia entre nativos e inmigrantes, y a marcadas diferenciaciones de clase que encontraron eco en la búsqueda de los culpables de la competencia por los recursos y del deterioro económico y ambiental que comenzó a vivir la isla desde finales de la década de los ochenta.

Una tercera situación vino a reforzar el conflicto entre isleño-sraizales y pañas-continentales; se trata del proceso de recesión económica que vivió la isla desde 1990. A comienzos de esta década, el deterioro de la isla se agravó debido a la coyuntura político-económica que vivió Colombia. Por un lado, la apertura económica eliminó casi todas las ventajas comparativas del puerto libre, con lo cual la economía de San Andrés y la calidad de vida de la población de las islas se vieron muy afectadas⁵. La bonanza y la estabilidad económicas habían sido vulneradas, y sobrevino un clima de crisis e inestabilidad. Los incentivos para viajar a San Andrés a comprar artículos importados se perdieron, y, aún peor para la isla, los costos de transporte y las economías de escala hicieron que a menudo los productos extranjeros resultaran más económicos en el comercio formal del continente colombiano. Sin embargo, esa caída no reflejaba toda la magnitud de la crisis del modelo sanandresano, pues con el fin del turismo de compras se dio paso a un tipo de turistas con un poder adquisitivo muy reducido, que llegaban para disfrutar del sol y las playas en planes con todo incluido, a menudo con tarifas muy económicas, que no dejaban ninguna reinversión en la isla (Meisel 2009).

Por otra parte, la irrupción del narcotráfico a comienzos de la década de los noventa generó una economía que, tras la retirada de la isla de los mayores capos, acentuó la recesión. En efecto, el narcotráfico se constituyó en la isla en una alternativa económica que reemplazó la bonanza comercial de años anteriores al inyectarle a la economía local importantes capitales, y que atrajo una nueva oleada de colombianos continentales de escasos recursos, interesados por la actividad de la construcción y la ocupación informal. Finalmente, las políticas neoliberales que se aplicaron a lo largo de toda la última década provocaron importantes ajustes fiscales que redujeron drásticamente la burocracia estatal del archipiélago. El empobrecimiento y el descenso de la calidad de vida de toda la población se acentuaron con el final del puerto libre. Como resultado de este proceso, encontramos una intensificación de los conflictos entre pañas-continentales e isleños-raizales, unida a la degradación ambiental y económica de la isla, todo ello en un escenario de complejas relaciones sociales. Como plantea Charry (2008):

Aun así resulta a su vez significativo reconocer que en tales acercamientos e interdependencias surgieron toda clase de relaciones sociales: uniones matrimoniales, alianzas políticas, comerciales, y de un nivel aún más difuso, como lo fueron las relaciones resultantes del turismo masivo. Estas dinámicas dieron paso a un nuevo y complejo orden social, caracterizado por el crecimiento urbano y demográfico irregular, el desempleo y el aumento de la criminalidad. Factores que desbordaron ampliamente las diferencias étnico culturales que caracterizaron los conflictos entre los nativos y continentales previos a la instauración del Puerto Libre. (67)

El desplazamiento territorial y el hacinamiento progresivo que vivió la población isleña-raizal acentuaron las diferencias y permitieron que las reivindicaciones de la propiedad y la defensa del territorio se tradujeran en un discurso de defensa de la propia identidad, que planteó que las tradiciones anglófonas de la población y la sostenibilidad ambiental de las islas se habían deteriorado debido a la invasión continental. Algunos sectores isleños esgrimieron estos argumentos para comenzar a buscar espacios, interlocuciones y estrategias que permitieran asegurar la protección y defensa de la población isleña-raizal. De esta manera, en medio de la recesión económica de la década de los noventa, se consolidó el conflicto entre pañas-continentales e isleños-raizales, y se dio inicio al proceso de etnización vivido por la población isleña-raizal.

El deterioro de la situación económica y el aumento de la población llevaron a que algunas personas vieran en la Asamblea Constituyente de 1991 la posibilidad de materializar los reclamos relacionados con la participación política y con la protección de la riqueza cultural y ambiental de las islas. Es claro que la presión sobre los recursos y la pérdida de la estabilidad económica hicieron que los isleños comenzaran a emplear un discurso que buscaba establecer diferencias entre ellos, como los pobladores ancestrales, y los pañas-continentales, como foráneos que llegaron con el apoyo del Estado colombiano.

La participación en la Asamblea Constituyente desembocó en que el archipiélago recibiera el estatus de departamento especial⁶, lo cual significaba que podía contar con una legislación y un régimen especiales en materia administrativa, y el reconocimiento de la población isleña-raizal como el grupo étnico del archipiélago⁷. Esta situación acentuó el conflicto entre pañas-continentales e isleños-raizales, cuando las diferencias entre ellos se recrudecieron por causa de las denuncias motivadas por la crisis que se comenzó a vivir en el archipiélago. Así, la entrada en vigencia de la nueva Constitución tuvo como consecuencia el reconocimiento de una serie de derechos a la población isleñaraizal, referidos a sus particularidades culturales, a su participación en el Gobierno central y a los problemas de sobrepoblación y presión sobre los recursos, que justificaron que se considerara necesario controlar la migración y la residencia en las islas.

Esta puede ser vista como una de las situaciones más significativas propiciadas por la Constitución de 1991. Mediante el Decreto 2762 de 1991 se creó la Oficina de Control a la Circulación y Residencia (Occre), que se encargaría de controlar la migración en aras de garantizar que la población residente fuese sostenible en el contexto insular. Con el surgimiento de la Occre, el derecho a habitar en las islas se definió con base en el hecho de haber nacido en ellas, y se estableció un criterio de diferenciación acerca de quiénes eran isleños-raizales y quiénes no. En ese momento fueron reconocidos como raizales quienes fueran hijos de padres nativos y pudieran demostrar tres generaciones de consanguinidad, o quienes fueran hijos de raizales a pesar de haber nacido en otro lugar. Como residentes se reconocía a quienes nacieran en las islas o justificaran la residencia por más de tres años consecutivos antes de que se expidiera el decreto. Aquellos que no fueron cobijados por esta clasificación pasaron a ser ilegales, determinación que profundizó el conflicto, pues algunos raizales comenzaron a solicitar la reubicación de los continentales o la expulsión de quienes de ahora en adelante serían llamados ilegales. Además, a las personas no nacidas en las islas, pero que por diferentes razones llegaron a residir en ellas después de la creación de la oficina, se las reconoció como residentes temporales. Estas personas deben justificar su permanencia en las islas, durante un tiempo limitado y estipulado de acuerdo a las tareas y funciones que desempeñen. Finalmente, la Occre estableció que quienes viajan a las islas como turistas tienen un tiempo limitado para su estancia, que no puede sobrepasar los seis meses en un año. Hasta hace unos años existían dos tarjetas que distinguían a los raizales de los otros residentes, pero recientemente se unificó este documento de identificación en la tarjeta de residencia permanente (Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Oficina de Control de Circulación y Residencia [Occre] s. f.)

De esta manera, encontramos que si bien en un comienzo la Occre esperaba hacer un control migratorio sobre las personas que llegaban a las islas, terminó finalmente por definir y fijar el carácter "étnico" de sus pobladores, función que de nuevo motivó varios conflictos. Primero, la población isleña-raizal tuvo que demostrar su origen y ascendencia, y los pañas-continentales tuvieron que justificar su presencia en las islas, lo que supuso muchas incomodidades, pues debían recurrir a documentos y genealogías. Algunas personas lo entendieron como un proceso de fiscalización y fuerte control de parte del Estado. Segundo, para los isleños-raizales este procedimiento de reconocimiento aumentó la sensación de control, pues para ser reconocidos como tales y conseguir las tarjetas de residencia debían escudriñar en sus historias familiares o recurrir a expertos que se encargaban de rastrear los lazos familiares y elaborar árboles genealógicos que eran remitidos a la Occre⁸. Tercero, en el caso de la población de origen continental la sensación de conflicto aumentó, pues esta demostración del derecho de permanencia en el territorio a través de la sangre se contraponía claramente a los procesos de migración que muchos habían vivido. Los emigrados continentales argumentaban que ellos ya se habían establecido en el archipiélago, y decían que no se iban a ir. Además, ya había una primera generación de ellos nacidos allí, por lo que los argumentos acerca de la expulsión no eran fáciles de aceptar. Si bien es cierto que la sobrepoblación es un factor importante para entender muchos problemas, la expulsión y reubicación de un alto porcentaje de la población continental no podía ser la única solución. Así pues, el que la Constitución de 1991 hubiera establecido unos derechos especiales para un grupo, diferenciándolo del resto de los pobladores de las islas, aumentó las tensiones entre ellos.

Esta situación, y el hecho de que desde los años noventa la población isleña-raizal fuese minoría en su propio territorio, tuvieron como consecuencia que en la coyuntura del reconocimiento surgiesen diversas organizaciones de carácter cívico, religioso y ambiental que luchaban por la defensa de la identidad de la población raizal y denunciaban los conflictos, tanto en las islas como ante el Estado colombiano. Las reivindicaciones y movilizaciones promovidas por estas organizaciones constituyen el denominado movimiento raizal. Entre tales organizaciones se pueden destacar Archipiélago Movement for Ethnic Native Self Determination (AMEN-SD)⁹, dirigido por pastores protestantes; The Ketlena National Association (Ketna), que recogió los objetivos del antiguo Sons of the Soil; Infaunas, grupo de agricultores y pescadores que promueven la protección del medioambiente; San Andrés Island Solution (Saisol), fundada por algunos estudiantes isleños-raizales de 1980; y otras organizaciones más pequeñas, como Barrack New Face y Cove Alliance. Entre estas organizaciones sobresale AMEN-SD, que, en un proceso de convergencia, planteó los lineamientos y directrices del movimiento raizal. La importancia de algunas de estas organizaciones sociales radica en que fue a través de ellas como la crisis de la isla se dio a conocer, al tiempo que fueron las encargadas de posicionar los reclamos de la población isleña-raizal, en el marco de su reconocimiento como grupo étnico. Gracias a las organizaciones y sus acciones, el discurso de la diferencia étnica de la población isleña-raizal se masificó y motivó el surgimiento de diferentes posturas, tanto de los isleños que comenzaban a ver "renacer" su identidad, como de los continentales, quienes con mayor recurrencia eran culpados por la crisis del archipiélago. Si hubiera que determinar el momento en que el movimiento raizal se afianzó, se podría decir que fue en 1999, con el surgimiento de AMEN-SD. Esta organización, entre cuyos líderes se destacan los pastores bautistas (que refuerzan el rol de la religión como institución fundamental en la organización social de los isleños-raizales), convocó a personas y organizaciones más pequeñas para visibilizar la situación de las islas y dar comienzo a un proceso de lucha por la defensa de los derechos de la población isleña-raizal.

AMEN-SD surgió como respuesta a las amenazas que recibieron algunos pastores y líderes locales del sector de La Loma. En esa ocasión, en julio de 1999, se realizó una gran marcha que finalizó con el bloqueo del aeropuerto. Esta movilización estuvo acompañada de un pliego de peticiones en el cual se exigía investigar las amenazas, asegurar el cumplimiento de las normas sobre el control de la residencia en las islas y garantizar la participación de la población isleña-raizal en las decisiones de carácter político y administrativo, exigencias que debían materializarse en la emisión del Estatuto Raizal¹⁰, entre otros puntos (Castellanos
2006, 34).

Dos años después, en junio de 2001, este movimiento llevó a cabo otra serie de protestas, pues se consideraba que el Gobierno no había cumplido los acuerdos de 1999. Entonces se bloqueó el muelle y se impidió el abastecimiento de gasolina y la entrada de alimentos durante una semana. En abril de 2002 algunos grupos de isleños-raizales bloquearon la vía de acceso al basurero Magic Garden, protestando por la insalubridad y el deficiente manejo de los residuos. Durante el bloqueo, Ralph Newball, gobernador raizal, emitió un decreto en el que prohibía la entrada de los camiones de basura y en el que se negaba a utilizar la fuerza pública para levantar a los manifestantes. Para la Procuraduría General de la Nación esto significó avalar el bloqueo, y se abrió un proceso disciplinario que terminó con la destitución del gobernante. Muchos sectores interpretaron la destitución de Newball como una clara confrontación del Estado colombiano con la población isleña-raizal, y en consecuencia hubo fuertes protestas y confrontaciones, en el marco de las elecciones presidenciales de 2002. Los choques que se produjeron llevaron a la población isleña-raizal a interponer una denuncia pública ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que contó con la participación de uno de sus relatores para los derechos humanos. A esta denuncia se sumaron otras acciones importantes de aquellas organizaciones, como la demanda interpuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos, en 2005, a propósito de la situación de crisis, la exclusión y la subordinación a que estaba sometida la población isleña-raizal. En 2007 se llevó a cabo otra importante marcha contra el colonialismo colombiano, unos días antes de que el presidente del momento, Álvaro Uribe, llevara al archipiélago el desfile militar que conmemoraba la independencia de Colombia, como un acto de soberanía ante las nuevas demandas limítrofes que Nicaragua adelantaba en la Corte Internacional de Justicia en La Haya.

Los líderes del movimiento coinciden en que las acciones colectivas se realizaron para llamar la atención del Estado, y aunque en sus comienzos tenían la intención de solucionar aspectos de primera necesidad para las islas, posteriormente el discurso del derecho a la autonomía y a la autodeterminación y el discurso sobre la protección de las particularidades culturales adquirieron más importancia. Sin embargo, el hecho de que este movimiento en algún momento estuviera motivado por la idea de que la crisis del archipiélago se relacionaba con la llegada de los continentales, y de que era necesario fomentar su salida, condujo con el transcurso de los años a que surgieran algunas resistencias dentro de la misma comunidad.

En este sentido, encontramos que el posicionamiento político que la población isleña-raizal comenzó a obtener desde 1990 estuvo marcado por la disputa por el acceso a los recursos económicos y ambientales, debido a la recesión económica que padeció la isla tras la apertura económica que orientó la política de Estado de César Gaviria (1990-1994). La crisis económica surgió en paralelo con la adopción de las políticas multiculturales de la Constitución de 1991; ello nos permite inferir que el proceso de visibilización étnico-política de la población raizal llegó en un momento de reversión y crisis económica que nunca antes se había vivido en el archipiélago, y que además, en una escala más grande, obedeció al reacomodamiento del multiculturalismo en los Estados neoliberales latinoamericanos (Duarte 2004, 138).

Al respecto, un elemento que vale la pena señalar es la relación entre el nacimiento de las constituciones multiculturales en América Latina y la adopción de un modelo de desarrollo estatal fundamentado en el libre mercado. No en vano gran parte de estas reformas se realizaron en Latinoamérica durante la década de los noventa, periodo marcado por grandes transformaciones económicas y políticas, como las promovidas por el Consenso de Washington, de acuerdo con unas directrices que pretendían generar mayor estabilidad y crecimiento económico en la región. Este hecho es determinante para entender cómo, a la par del reconocimiento de la multiculturalidad, encontramos la implementación de políticas de descentralización, de participación democrática de la sociedad civil, de liberalización del mercado y de privatización de las funciones estatales. Al tiempo que implementaban políticas neoliberales, algunas naciones latinoamericanas ratificaron el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y se comprometieron a adaptar la legislación nacional a los marcos establecidos por este, basados en el reconocimiento de derechos a pueblos indígenas dentro de los Estados nacionales. De esta manera, doce países latinoamericanos, en el lapso de menos de diez años, reformaron sus constituciones a fin de reconocer la composición pluriétnica y multicultural de sus naciones.

We are the original and hence, the indigenous people of our Caribbean islands, descendants of the Africans, Caribbean and British people who first settled our territory in the 16^thand 17^thcenturies and create our society, bearing in mind that our origins, history, cultural identity, language, traditions, customs, religious beliefs, institutions and social organizations differentiate us from other people¹¹. (Declaratoria del Pueblo Indígena Raizal, Conferencia Mundial contra el Racismo, Durban, Suráfrica, septiembre de 2001)

Es claro, entonces, que la población isleña-raizal aprovechó el reconocimiento otorgado por la Constitución de 1991 para posicionarse políticamente. Si se venía construyendo un discurso que hablaba de diferencias entre la población isleña y la paña-continental y del despojo producido por el proceso de integración, es visible entonces cómo en cabeza de las organizaciones sociales raizales se materializó la utilización de un discurso etnicista con el fin de lograr mayor visibilidad y participación política.

En el caso del movimiento raizal, quienes reivindicaban la diferencia étnica fundamentaron sus discursos en argumentos como el de que recurrir a una identidad étnica podría ser una manera de garantizar la pervivencia y autonomía de la población isleña-raizal, con el fin de demostrar los efectos negativos del proceso de integración. En palabras de Juvencio Gallardo (en Ramírez y Restrepo 2001, 43), líder histórico de la isla, la utilización del discurso étnico, unida a los reclamos realizados en décadas anteriores, se legitimaba debido al desplazamiento territorial, cultural, económico y político sufrido. Para él, la población isleña-raizal estaba ad portas de un etnocidio, y era necesario asegurar a toda costa su protección. Por ello, desde ese momento se comenzó a usar la categoría de indígenas, en aras de reconocerse como pueblo originario, diferente del resto de pobladores del archipiélago y del territorio colombiano.

Para este sector de la población isleña-raizal, la autodenominación como pueblo indígena se fundamentó en el Convenio 169 de la OIT, que al proponer una definición de los pueblos indígenas bastante amplia permitió que muchas minorías étnicas se acogieran a ella. También es importante mencionar que las reivindicaciones realizadas por este sector de la población, que en adelante se denominaría pueblo indígena raizal, se sustentaron en el reconocimiento otorgado por la Constitución de 1991. Es interesante recordar las reflexiones de Frederick Barth (1976) sobre los grupos étnicos; este autor enfatiza la importancia de los procesos de identificación, pues considera que es sobre la base de la autoadscripción y de la adscripción por otros como se delimitan las fronteras entre los grupos en interacción, fronteras que son definidas por el grupo y no por el contenido cultural que lo encierra. De esta manera, se puede afirmar que para la población isleña-raizal el recurso de la etnicidad fue primero una estrategia para adquirir legitimidad en la defensa de la identidad propia, y así proteger ciertos derechos culturales, económicos y políticos. En segundo término, con ella se buscaba dar cuenta de la diferencia que la población isleña-raizal quiso establecer con los continentales y con el resto de la nación colombiana, en aras de demostrar que tras estas reivindicaciones también había una disputa sobre el derecho a la pervivencia y a una mayor autonomía en las decisiones relacionadas con el archipiélago.

Luego, la recreación de corte étnico fue necesaria para fortalecer la lucha por los derechos ante el Gobierno colombiano, y en particular para reclamar el derecho a la autonomía y la autodeterminación. Es evidente que con todo el sustento legal que hubo detrás del reconocimiento y de la utilización de la denominación de pueblo indígena también se logró visibilizar e internacionalizar la situación de crisis del archipiélago. Así, de las denuncias sobre la sobrepoblación y sobre el problema por el acceso a los recursos, hubo una transición dirigida a la constitución de una identidad étnica y, con ella, a los reclamos por el derecho a la libre determinación, a la autonomía territorial y al libre desarrollo, de acuerdo con el reconocimiento brindado por la Constitución de 1991.

La utilización de la denominación de pueblo indígena y la reivindicación de una identidad de corte étnico fue otro punto de profundo debate en la población isleña-raizal, pues algunos sectores no compartieron el significado de esta denominación. Primero, porque recrear este tipo de identidad obligaba a buscar unos orígenes ancestrales que precisamente los isleños-raizales no poseen, en razón de que su historia es una particular confluencia de múltiples orígenes, propia de su condición caribe (Rivera 2002, 76). Además, la reivindicación etnicista niega toda una tradición de mestizaje e intercambios que todavía es perceptible en las islas. Y en segundo lugar, en contradicción con las posturas que señalaban a los pañas-continentales como los culpables del deterioro de las islas, estos sectores decidieron recurrir a la concertación y a un discurso fundamentado en la integración con Colombia y la convivencia entre los diferentes grupos sociales en el contexto insular.

Las reivindicaciones que realizó este sector de la población isleña-raizal, más que enfocarse únicamente en el respeto de la diferencia cultural, se concentraron en la búsqueda de elementos comunes con el continente y con el Caribe anglófono, y en el caso particular de San Andrés, en la búsqueda del bienestar para la totalidad de la sociedad insular.

También hubo diferencias con relación a las demandas sobre el derecho a la autonomía y a la autodeterminación, ya que para estos sectores isleños-raizales la autonomía estaba relacionada o se expresaba como una mayor incidencia suya en las decisiones que se tomaban en el departamento, o como un régimen de pertenencia mixta que les permitiría mayor independencia respecto del Estado colombiano, para acceder de manera directa a los recursos de la descentralización. Vale la pena decir que este tema fue objeto de un intenso debate: mientras unos sectores plantearon y diseñaron el Estatuto Raizal como proyecto de ley que materializaba la autonomía, otros lo rechazaron por considerar que la propuesta era sectaria e inconstitucional. Muchas de las personas que se adscribieron a estos reclamos hacían parte de esa élite de políticos, profesionales o comerciantes "más respetables", como diría Peter Wilson (2004), que buscaron ocupar un lugar destacado en la sociedad insular. Por ejemplo, mantener una relación con el Gobierno central era importante y, a diferencia de aquellos que se cobijaban bajo la denominación de pueblo indígena raizal, este otro sector de la población aceptaba la legitimidad del Gobierno central y canalizaba sus reivindicaciones a través de esta relación.

De este proceso de etnización vivido por parte de la población isleña raizal también llama la atención la necesidad de redefinir ciertos aspectos de la identidad, como aquellos relacionados con la memoria de la trata de personas esclavizadas, pero con la peculiaridad de reivindicar el registro y las relaciones propiciadas por su pertenencia al Caribe anglófono y por su herencia de una memoria inglesa, definida por la presencia del Imperio británico en esta región. Para este caso, es de resaltar cómo algunas de las reivindicaciones realizadas en las décadas de 1960 y 1970 recibieron la influencia del discurso afroamericano de lucha y defensa de los derechos civiles, que llegaba a las islas por vía de los intercambios históricos con el sur de Estados Unidos y otros lugares del Caribe anglófono, y sobre todo en boca de los pastores bautistas que transitaban por la región. Así, algunas de las movilizaciones de la década de los setenta tenían la impronta del discurso de intelectuales como Marcus Garvey, Malcolm X y Martin Luther King, "ya que algunos pastores y personas tenían posibilidades de formarse y educarse en lugares donde tenían acceso a este tipo de discursos. En este contexto las ideas que planteaban la necesidad de la liberación o [de la] lucha contra la opresión se tradujeron en la fuerte confrontación ante el Estado colombiano" (Ramírez 2002, 197).

Vale la pena mencionar que la reivindicación de una herencia afro en la década de los noventa se vio fortalecida por los andamiajes institucionales propuestos por el Estado con la Ley 70 de 1993, que instauró una Comisión Consultiva Departamental y permitió que miembros de las islas participaran en la Comisión Consultiva Nacional¹². En la Comisión Consultiva Departamental participaban alrededor de treinta líderes de organizaciones de base de San Andrés y diez de Providencia (Guevara 2005, 75). Si se tiene en cuenta la participación de la población raizal en la comisión consultiva, es perceptible, entonces, cómo el Estado colombiano abre una instancia que invita a esta población a definirse como afrocolombiana y a afirmar su participación en el Estado, por medio del reconocimiento como minoría étnica.

Este recorrido a través de las discusiones sobre aceptar o rechazar una identidad de corte étnico nos permite ver que han escindido o creado una fractura entre los pobladores de las islas, incluso entre la misma población raizal. Es destacable que estas diferencias no se manifiestan solamente en la adscripción a las organizaciones, en los discursos étnicos y políticos y en las relaciones de poder. El desacuerdo ha provocado choques y divergencias entre diferentes sectores de la población, y se traduce en la manera como se piensa la relación con el Estado colombiano, pero sobre todo con los migrantes continentales y sus hijos que hoy habitan el archipiélago. Así, observamos cómo el reconocimiento etnicista consignado en la Constitución de 1991 también profundizó las diferencias y conflictos entre la población raizal y la de origen continental.

El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es uno de los ejemplos vivos de un lugar fronterizo por excelencia, porque es un territorio de fronteras geográficas e identitarias en el que se proponen diálogos entre lógicas de intercambio y mestizaje, y también dinámicas propias de los procesos de etnización que deben asumir las poblaciones negras en América Latina en el contexto posterior al giro multicultural.

A propósito de la tensión entre el etnicismo del giro multicultural y los fenómenos de mestizaje e intercambios propios del Caribe, vale la pena hacer algunas consideraciones. A la vez que el reconocimiento etnicista produce una explosión de organizaciones y movimientos sociales que defienden la identidad y los derechos de las poblaciones reconocidas, también surge una fuerte producción discursiva con relación a la reafirmación y producción de identidades de corte étnico, sustentada en la búsqueda de muchas poblaciones por acceder a los derechos y ventajas que ofrece el reconocimiento constitucional. Pero en el proceso de reivindicación de la diferencia, ligado al reconocimiento de derechos especiales, también está presente la competencia entre grupos étnicos y grupos y organizaciones sociales por el acceso a los recursos económicos y a los canales de interlocución política con el Gobierno central, y por la titulación de territorios. Como consecuencia, encontramos múltiples conflictos y fracturas, en el archipiélago y en numerosos lugares del territorio nacional¹³. Hoy en día puede decirse que en el archipiélago se respira otro aire, un aire que se ha hecho más pesado, más tenso, un cambio potencializado por el reconocimiento que la Constitución de 1991 hizo de la población nativa del archipiélago, en medio de un contexto de recesión económica que ha desatado una crisis social de grandes proporciones. En este panorama donde se construye una frontera étnica, podríamos decir que la etnización de la población isleña-raizal oculta la existencia de una matriz híbrida, que es propia del mundo Caribe debido a la multiplicidad de referentes identitarios que van más allá de los límites étnicos (Losonczy 2002, 2007). Para la población isleña-raizal, el reconocimiento de base etnicista se muestra como punto de inflexión para consolidar una identidad basada en un único origen, que va en contravía de una identidad constituida a través de intercambios; ese reconocimiento ha producido conflictos dentro de esta población, y con otras de las que también habitan el archipiélago. Aquí vale la pena mencionar que estamos en mora de darle un lugar a la población de origen continental asentada en el archipiélago, y aún más si observamos que las relaciones ya establecidas entre dicha población y la isleña-raizal están reconfigurando el escenario identitario de esta región insular. Actualmente, los hijos de uniones interétnicas, conocidos como fifty-fiftys o miti-mitis, y los hijos de migrantes, que nacieron en el archipiélago y que no responden a la frontera establecida entre pañas y raizales, reclaman un lugar en su espacio social y territorial.

Como mencioné antes, la lógica de la etnización, además de su impacto sobre las poblaciones, ha tenido efecto sobre la investigación académica. Después de la década de los noventa asistimos a una proliferación de estudios sobre las "minorías étnicas", sus dinámicas y problemáticas. Sin embargo, respecto del archipiélago de San Andrés, donde se encuentran el mundo anglófono con el hispanófono y el protestante con el católico en un pequeño territorio de 25 km², surgen muchas preguntas de tipo analítico: ¿cómo leer estos procesos de intercambio y mestizaje, que son fundamentales para entender la configuración de las identidades, en un contexto de frontera? Y, más allá, ¿cómo construir un marco de análisis que permita comparar la hibridez caribeña, en un contexto de etnización de las políticas estatales, para asumir la diferencia?

Las fisuras que aparecen entonces en el discurso multicultural se encuentran en diferentes niveles: por un lado, los reconocimientos y la autonomía son más discursivos que efectivos, y se encuentran fuertemente limitados por políticas económicas agenciadas por los nuevos Estados neoliberales. Por otro lado, el reconocimiento tiene lugar según un modelo etnicista, en el que solamente las poblaciones que se ajustan a los criterios de cultura, lengua y territorio propios son reconocidas, mientras que son excluidas las que no lo hacen. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, al establecerse límites entre quienes son reconocidos (raizales) y quienes no (pañas o continentales), se ha desatado un profundo conflicto que atenta contra ciertos principios de convivencia que históricamente se han observado en este territorio.

Podríamos plantear que la ruptura etnicista ha contribuido a borrar una historia híbrida y de intercambios, y que, en medio de un panorama de crisis social, ha comenzado a minar la convivencia que perduró por muchos años en las islas, hasta el punto de haber desatado ya situaciones de violencia. En medio de la circunstancia del conflicto se hace importante dirigir la atención a las estrategias que han permitido el intercambio y la cohabitación de grupos distintos sin anularse mutuamente. Estas formaciones sociales, comunes en el Caribe, surgen también en el archipiélago, de modo que las reivindicaciones comunitarias y étnicas, que engendran diferencias, son atenuadas por las uniones interétnicas, que si bien no son una solución a la problemática étnica y racial, sí permiten la convivencia entre diferentes grupos (Avella 2001, 12). Al respecto, los hijos de las uniones interétnicas juegan un rol fundamental en el escenario de las islas, pues atenúan notablemente el conflicto (García 2010).

Teniendo en cuenta la experiencia colonial y la diversidad comunes a los territorios adscritos al Gran Caribe, podríamos afirmar entonces que las identidades de estas poblaciones son ambiguas en sí mismas, y no responden a un origen único y primordial, sino a diversas memorias que deben conciliarse en pos de un imaginario común. En contraste con una memoria común que nos propone la caribeanidad como estrategia para conciliar los orígenes diversos, el reconocimiento multicultural de base etnicista obliga a ciertos grupos a reconstruir su identidad a partir de la definición del esencialismo y del encerramiento étnico. Así, de los intercambios, el mestizaje y el sincretismo históricos, actualmente pasamos a una tendencia que divide y delimita, y hace que grupos que antes se mezclaban comiencen a actuar de manera excluyente y que se segreguen unos a otros.

1 Este artículo es resultado de la investigación doctoral en curso titulada "Convivencia y conflicto en el Caribe insular colombiano (1990-2010)", que la autora realiza en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, y ha recibido el apoyo financiero de la Universidad Icesi.

2 "La presente ley tiene por objeto reconocer a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes. Así mismo tiene como propósito establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana".

3 Según datos del Departamento Nacional de Estadística (DANE), en el censo de 2005, y de Barbary y Urrea (2005).

4 Desde el año de 1926 hasta 1975, la misión católica tuvo la responsabilidad de la educación en las islas. Durante todos estos años el discurso escolar estuvo entreverado con lo católico, por lo tanto se adelantó notablemente el proceso de nacionalización, y se dieron importantes pasos al impartir ideas morales y sociales de la nación colombiana. La conversión a la fe católica llegó a ser requisito para ocupar cargos públicos y disfrutar de otros beneficios oficiales, como el de recibir becas universitarias. Se llegó incluso a cerrar colegios donde todavía estudiaban la gran mayoría de niños y jóvenes. En el año de 1943 se impuso el español como lengua oficial del archipiélago, y se prohibió el uso del inglés en los colegios y en los documentos públicos (Clemente 1991, 234; Vollmer 1997, 65).

5 Para dar una idea de la crisis económica, pueden ser ilustrativos los índices de desempleo de las islas en los años noventa. Hasta comienzos de esta década, los aumentos de la fuerza de trabajo eran en su mayoría absorbidos por la demanda, y por lo tanto las tasas de desempleo se mantuvieron bajas. La recesión económica que atravesó el país desde 1992, que afectó al archipiélago, hizo que desde este año hasta 1999 la tasa de desempleo pasara de 2,5% a 10,9%, si se incluyen en la estadística los funcionarios de la Gobernación, la mayor parte raizales, que fueron despedidos durante la reestructuración administrativa del departamento, a finales de 1999 (Bernal y Quintero 2002).

6 Al respecto, la Constitución Política de 1991 dice: "El departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina se regirá, además de las normas previstas en la Constitución y las leyes para los otros departamentos, por las normas especiales que en materia administrativa, de inmigración, fiscal, de comercio exterior, de cambios, financiera y de fomento económico establezca el legislador. Mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de cada cámara se podrá limitar el ejercicio de los derechos de circulación y residencia, establecer controles a la densidad de la población, regular el uso del suelo y someter a condiciones especiales la enajenación de bienes inmuebles con el fin de proteger la identidad cultural, de las comunidades nativas y preservar el ambiente y los recursos naturales del Archipiélago. Mediante la creación de los municipios a que hubiere lugar, la asamblea departamental garantizará la expresión institucional de las comunidades raizales de San Andrés" (art. 310).

7 La Corte Constitucional, en la Sentencia C-086 de 1994, establece: "El constituyente de 1991 fue consciente de la importancia del Archipiélago y de los peligros que amenazan la soberanía colombiana sobre él. Esto explica por qué la actual actitud política se basa en la defensa de esa soberanía, partiendo de la base de reconocer estos hechos: a) la existencia de un grupo étnico formado por los descendientes de los primitivos pobladores de las islas; b) las limitaciones impuestas por el territorio y los recursos naturales, al crecimiento de la población; c) la capacidad y el derecho de los isleños para determinar su destino como parte de Colombia, y mejorar sus condiciones de vida".

8 Finalmente, los datos de mayor significación estipulados por la entidad estaban relacionados con la permanencia en el territorio y la filiación, por lo cual el árbol genealógico fue uno de los requisitos exigidos a los raizales que solicitaban ser reconocidos oficialmente (Occre s. f.). Sin embargo, bastaba con que el padre o la madre fueran raizales para cumplir el requisito de filiación (Ramírez 2005, 40).

9 Valga resaltar la correspondencia entre la sigla de esta organización, AMEN-SD, con la palabra amen, propia de la religión bautista del archipiélago.

10 El Estatuto Raizal fue un proyecto de ley presentado por algunos sectores de la población isleña-raizal, en el que se proponían algunas medidas para materializar la búsqueda de autonomía y autodeterminación para el archipiélago.

11 "Considerando que somos la población originaria y que somos el pueblo indígena de nuestras islas caribeñas, descendientes de los africanos, de las gentes caribeñas y británicas que se asentaron en nuestro territorio por primera vez en los siglos XVI y XVII, y teniendo en cuenta que nuestros orígenes, historia, identidad cultural, lenguaje, tradición, costumbres, creencias religiosas, instituciones y organizaciones nos diferencian de otras personas...".

12 La ley 70 de 1993, además de reconocer el derecho de la propiedad colectiva de los territorios en zonas de la cuenca del Pacífico, planteó algunos "mecanismos para la protección y desarrollo de los derechos de las poblaciones afrocolombianas". Entre ellos se destaca el fortalecimiento de los procesos organizativos de las poblaciones y la creación de las comisiones consultivas, como espacios de participación y consulta, adscritas al Ministerio del Interior. En Colombia existe la Comisión Consultiva de Alto Nivel, en la que participan representantes de poblaciones afrocolombianas de los departamentos de Antioquia, Valle, Cauca, Chocó, Nariño, de la costa caribe y del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; y existen así mismo las comisiones consultivas departamentales, conformadas por miembros de organizaciones sociales de cada departamento (Agudelo 2005, 188).

13 Algunos trabajos que pueden dar luces sobre el surgimiento de conflictos entre grupos sociales son el de la antropóloga Margarita Chaves (1998) en la Amazonia occidental colombiana, sobre el enfrentamiento entre indígenas y campesinos, y el del sociólogo Jhon Jairo Rincón (2008), en el departamento del Cauca, acerca del enfrentamiento entre indígenas y campesinos.