2.1 Ebullición del movimiento estudiantil

Continuando con este recuento cronológico, se ingresa a la década de 1970. Allí el año 1971 es, como ya se ha mencionado, la expresión más intensa de las tendencias reseñadas sobre la movilización estudiantil de la anterior década: crecimiento, combatividad, radicalización y politización.

El año 1970 estuvo marcado por las elecciones presidenciales en Colombia, las cuales llevaron al poder al candidato del Partido Conservador Misael Pastrana Borrero (1970-1974), este fue el último gobierno del Frente Nacional. Los años 1970 y 1971 se caracterizan por una intensa movilización social en el país. Protestas de grupos como los campesinos, el profesorado de educación básica primaria y secundaria, los obreros de industrias nacionales (Bavaria, Coltabaco, entre otras) e incluso diversas organizaciones políticas que cuestionaban la legitimidad de las elecciones en las que resultó elegido el nuevo presidente (^{Ordóñez, 2007}; ^{Acevedo y González, 2011}), convergieron con las protestas y la movilización estudiantil que se tornó particularmente dramática.

Los acontecimientos desarrollados en la UV, entre enero y febrero de 1971, son considerados como detonantes de la mayor movilización estudiantil registrada hasta entonces en el país (^{Archila, 2012}). ^{Jiménez (2017)} destaca que la movilización comenzó el 7 de febrero, cuando los estudiantes de esta universidad convocaron a una huelga de 24 horas, en la que exigieron la dimisión del rector Alfonso Ocampo Londoño, debido a la gestión autoritaria de la universidad, eliminación de la influencia del sector privado y de la Iglesia católica en el Consejo Superior, revisión de las condiciones crediticias impuestas por entidades internacionales a la universidad y la suspensión de la fundación privada FES, que compartía la administración de los recursos destinados al funcionamiento de la institución. Se destacan los días 20 y 21 de febrero, cuando tuvo lugar en Cali el Encuentro Nacional Universitario, durante el cual se decidió respaldar la huelga de los estudiantes de la Universidad del Valle, incorporar sus demandas en el programa del movimiento estudiantil a nivel nacional, y convocar a una movilización en solidaridad con la UV para el 26 de febrero (^{Ordóñez, 2007}).

El 26 de febrero, la movilización local se tiñó de violencia y muerte. En horas de la madrugada, el Ejército y la Policía irrumpieron por medio de la fuerza para expulsar al grupo de estudiantes que permanecían allí como un acto de toma de su alma mater. En horas de la mañana los estudiantes decidieron hacer una retoma de la universidad, contaban con el apoyo de otros sectores sociales que ese día estaban predispuestos a participar en la jornada convocada por los estudiantes universitarios. Este choque entre fuerzas armadas del Estado y los estudiantes derivó en muerte y caos en la ciudad de Cali³, al respecto ^{Jiménez (2017)} apunta lo siguiente:

En medio de una manifestación estudiantil, siete estudiantes murieron y quedaron heridos muchos más. La agitación ganó espacio en la mayoría de universidades, incluidas las privadas. El 3 de marzo se decretó el toque de queda en Medellín. El 4 de marzo, esas manifestaciones prosiguieron en Manizales, Bucaramanga, Popayán, Bogotá y Medellín; más hubo que deplorar dos muertos más: uno en Medellín y otro en Popayán (p. 15).

En medio del violento panorama el estudiantado continuaba movilizándose, realizaron encuentros regionales y nacionales, en su mayoría clandestinos, donde debatieron y construyeron un pliego de peticiones que finalmente lograron estructurar y presentar ante la opinión pública el 25 de marzo. El documento se denominó Programa mínimo de reestructuración de la universidad y estaba constituido por seis puntos: 1. abolición de los Consejos Superiores Universitarios y conformación de organismos provisionales de gobierno universitario con participación de tres profesores y tres estudiantes; 2. financiamiento adecuado de la Universidad Nacional cumpliendo con el 15% del presupuesto educativo; 3. conformación inmediata de una comisión evaluadora de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional y de los contratos con fundaciones extranjeras así como la liquidación del ICFES; 4. retiro de la FES de la Universidad del Valle; 5. derecho a constituir organizaciones gremiales autónomas universitarias; 6. reapertura de la Facultad de Sociología de la Universidad Javeriana (^{Archila, 2012}).

Para el mes de abril, la situación en la mayoría de las universidades públicas era de paro o cierre por disposición del Gobierno, y algunas instituciones privadas enfrentaban circunstancias similares, dejando a decenas de miles de estudiantes afectados. Frente a esta masiva protesta y movilización estudiantil con un discurso crítico, denunciante y de exigencia, que obtuvo el respaldo de la ciudadanía, el gobierno nacional, representado por el joven ministro de Educación Luis Carlos Galán, se sentó a escuchar a algunos líderes de la movilización y accedió ante puntos del Programa Mínimo: cubrir el déficit de la Universidad Nacional, presentar una reforma para modificar la composición de los Consejos Superiores de las Universidades y aceptar una participación mayor de los estudiantes en estos consejos y otras instancias de las universidades, lo cual fue conocido como cogobierno (en la Universidad del Valle esta figura fue conocida como Comités Paritarios).

2.2 Languidece el movimiento estudiantil

Luego de los acontecimientos reseñados en los últimos párrafos, que recrean un periodo de intensa movilización estudiantil, sobreviene un proceso de languidecimiento de la movilización (^{Archila, 2012}). Para comprender este declive, es crucial considerar dos factores clave. El primero, se refiere a una táctica utilizada por los gobiernos nacionales y locales que se volvió recurrente en la década de 1960: la represión de las protestas estudiantiles. A pesar de los esfuerzos negociadores del ministro de Educación, la estrategia del acoso militar no cesó luego de los acontecimientos violentos suscitados el 26 de febrero.

Al resaltar el papel de la represión militar, es fundamental señalar un factor que generaba una tensión violenta entre los estudiantes y el Estado: la presencia de nuevas organizaciones guerrilleras surgidas en la década de 1960, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en 1964, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 1966 y el Ejército Popular de Liberación (EPL) en 1967. Estas organizaciones encontraban en la población estudiantil universitaria a individuos que compartían sus visiones críticas del sistema establecido y que consideraban legítimo el uso de la vía armada como respuesta al brazo armado de dicho sistema. De esta cercanía ideológica entre algunos estudiantes y las guerrillas, sin desconocer que existieron casos de estudiantes que pasaron de la simpatía a incorporarse en grupos guerrilleros (^{Acevedo y Samacá, 2015}), los gobiernos de turno extraían argumentos para calificar de subversivo al movimiento estudiantil y justificar su actuar represor ante las movilizaciones.

Con respecto a 1971, ya se ha señalado la violenta represión vivida en Cali, que se extendió a otras ciudades del país. ^{Pardo y Urrego (2003)} señalan que luego de los meses de abril y mayo, el gobierno nacional trataba de establecer la normalidad académica en las universidades que habían entrado en paro, pero ese intento fracasaba a medida que sectores de los estudiantes consideraban que la anormalidad era necesaria para continuar con las reformas tanto universitarias como sociales que se proponían. De este modo, la calma no arribaba a las universidades públicas y privadas del país, por lo que la expulsión de estudiantes y la militarización de las universidades continuaron como estrategia recurrente de directivas universitarias y de los gobiernos regionales y nacionales.

Ante la posición firme del estudiantado de mantener el movimiento a nivel nacional y no aceptar la exigencia de la normalidad como requisito para discutir una nueva reforma, el gobierno profundizó la represión. El 25 de junio, expidió el Decreto 1259, con el cual se le otorgaron al rector las facultades que antes tenían todas las demás autoridades universitarias, especialmente las disciplinarias; los estudiantes bautizaron el decreto como el de los rectores policías (^{Pardo y Urrego, 2003}, p. 11).

En palabras de ^{Jiménez (2017)}, los denominados rectores policías “pasaron a ser agentes de control del orden público” (p. 13). Subraya ^{Jiménez (2017)} que la persecución a líderes estudiantiles condujo a algunos a cambiar de universidades o a ingresar a grupos guerrilleros. La represión es entonces un elemento que conlleva a “languidecer” el movimiento estudiantil. Nuevamente, en palabras de ^{Jiménez (2017)}: “Producto de esta difícil coyuntura, para quienes participaron de las movilizaciones de esta época, el movimiento estudiantil colombiano nació y murió en el periodo del Frente Nacional, entre 1958-1974” (p. 19).

El segundo elemento que contribuyó a languidecer el movimiento estudiantil se encuentra en la fragmentación ideológica, reflejada en la diversidad de organizaciones estudiantiles involucradas en el movimiento. Como ya se ha señalado, un elemento característico de la movilización estudiantil estaba en su relación con una diáspora de corrientes ideológicas que, aunque la mayoría de estas tenían en común el ubicarse en el plano izquierdo del panorama político nacional, no por ello dejaban de tener diferencias que al parecer trazaban fronteras infranqueables (^{Hernández, 2007}). Tales diferencias pesaron en ese momento histórico de clímax de la movilización estudiantil, impidieron unificar posiciones como movimiento social-universitario y anteponer los intereses académico-universitarios sobre los políticos.

En medio de la conformación y negociación del Programa Mínimo, ^{Archila (2012)} señala la existencia de:

(…) tensiones entre unos sectores que llamaban a negociar con el gobierno la prometida reforma y otros que eran intransigentes ante cualquier negociación y más bien buscaban radicalizar el movimiento para producir cambios revolucionarios en la sociedad (…) Se reproduce así en el seno del estudiantado la típica división de la izquierda entre reforma y revolución (pp. 83-84).

El dogmatismo político y los comportamientos sectarios de ciertos grupos dentro de la movilización estudiantil sobrepolitizaron al movimiento, lo que llevó a una mayor fragmentación y frustración en cuanto a la posibilidad de lograr cambios estructurales en las políticas de educación superior del Estado⁴.

3.1 Apuntalando una lectura política del movimiento estudiantil

La lectura política de los sucesos no es exclusiva de Ocampo. En un documento titulado La universidad y el movimiento estudiantil, escrito por el decano encargado (E) de la DCSE, Alfredo ^{Roa, fechado el 19 de marzo de 1971}, se proporciona un recuento de la movilización estudiantil en la División que trasciende el conflicto específico de la elección del decano. Este documento, hallado en el AHUV, persigue por objetivo mostrar cómo un movimiento estudiantil, que el autor considera inició con motivaciones académicas, “fue desviado paulatinamente por algunos líderes estudiantiles hasta convertirlo en un movimiento netamente político con ideologías definidas…” (^{Roa, 1971}, p. 1). En el argumento se destaca la idea de que los estudiantes líderes del movimiento eran audaces políticos, mientras que profesores y directivos eran ingenuos para la lucha política.

Los elementos que se presentan para respaldar esta hipótesis comienzan por rememorar los eventos a partir de septiembre de 1970, cuando los estudiantes expresaron una serie de reclamos relacionados con la carencia de profesores y la ausencia de un director para el programa de Economía Industrial. Tras una serie de disputas entre estudiantes y profesores sobre la mejor manera de abordar este problema, según señala ^{Roa (1971)}, algunos estudiantes “escalonaron el ataque” al agregar entre sus reclamos una discusión sobre la orientación del programa. ^{Roa (1971)} destaca que estos estudiantes calificaron esta orientación como un ejemplo de “servilismo a la empresa privada” (p. 2). Después de una defensa de la orientación del programa, el autor retoma la exposición de los eventos y anota que posteriormente se adicionaron nuevos elementos en los reclamos de los estudiantes, al poner en tela de juicio el programa de Economía General, el programa de subgrado de Economía Agrícola y el Magíster de Economía Agrícola, es decir, todo el plan de estudios del Departamento de Economía, sumando una fuerte crítica al enfoque y la enseñanza de los cursos impartidos por el Departamento de Ciencias Sociales.

Luego, en el transcurso del documento, ^{Roa (1971)} indica que el movimiento estudiantil incorporó otro tipo de demandas diferentes a los señalamientos sobre programas, planes y cursos, referidos a un interés estamental por alcanzar una participación en la elección de docentes y directivas para la división. Al respecto sentencia lo siguiente: “Aquí, a mi juicio, terminó el movimiento estudiantil con intereses puramente académicos y fue reemplazado por un movimiento político que favorece cierta ideología y que se plasma en la lucha por el poder en la Universidad dirigida, inicialmente en nuestro Departamento, a participar activa y beligerantemente en el nombramiento de nuevos profesores y el decano en propiedad” (^{Roa, 1971}, p. 4).

Para ^{Roa (1971)}, la conjunción de críticas y demandas de participación no se origina en motivaciones académicas, sino políticas, ya que ve en ello una lucha por el poder. ¿A qué poder se refiere exactamente? Se infiere de las ideas presentadas a continuación que este poder es el de definir la orientación de contenido y formación de la disciplina. En el documento, ^{Roa (1971)} cita la consigna de los estudiantes que reclamaban una enseñanza que trascendiera las “teorías extranjeras”, consideradas por ellos como “enfoques orientados a perpetuar el sistema socio-económico actual y encubrimiento premeditado de la realidad del país” (p. 5). Además, subraya el interés de los estudiantes por incorporar nuevos docentes a la división y, en conjunto, cree advertir un sesgo estudiantil hacia corrientes ideológicas que les hacía tener una visión equivocada de los profesores de la unidad académica. Sin embargo, en el mismo escrito el autor ofrece elementos para interpretar que quizás ello no era así, pues reconoce que en ese entonces los profesores de la división tenían una idea parcializada, o cuando menos corta, de la Economía, que incidía en la formación que ofrecían:

Por su parte, los profesores del Departamento de Economía manifestaban la necesidad de adecuar la teoría económica a nuestro medio y el cambio de énfasis en el enfoque de la enseñanza de la economía que venía siendo primordialmente la eficacia, o sea mayor productividad y producción. Decidimos que era importante darle igual importancia a problemas tan serios como la distribución del ingreso y situaciones de pobreza. Este enunciado que puede parecer simple a algunos, constituye todo un proceso de investigación arduo y difícil pues nuevas teorías no aparecen de un momento a otro y muchos sabemos que el “estado de las artes” en cuanto se refiere a la teoría económica para países en desarrollo y el marco de referencia teórico para el estudio de distribución del ingreso y pobreza está bastante atrazado (sic) (^{Roa, 1971}, pp. 4-5).

Los líderes estudiantiles, según ^{Roa (1971)}, pasaron por alto estas intenciones de los docentes y emprendieron por sí mismos la búsqueda de nuevos docentes, “(…) profesionales con determinada trayectoria política dizque con el fin de vincular a la División gentes con otros puntos de vista y así “universalizar” la enseñanza de la economía y promover y estimular el debate entre profesores con posiciones encontradas” (p. 6). Afirma ^{Roa (1971)} que los profesores pecaron de ingenuos al permitirlo, ya que los avezados políticos, que eran los líderes estudiantiles de la División, lo que hacían era seguir un plan: “conscientes con su movimiento político enfilaron todas sus baterías a vincular personas de su preferencia y de determinada orientación política…” (p. 5). Es importante resaltar que los candidatos a docentes pasaban por una presentación ante estudiantes y docentes. Estos últimos tenían posibilidad de veto al candidato.

^{Roa (1971)} expone el caso del profesor Jorge Villa, quien fue postulado como candidato a docente por los estudiantes y logró su ingreso a la División. Según ^{Roa (1971)}, esto fue posible debido a la ingenuidad de los docentes, pues señala que Villa tuvo buen recibimiento por parte de los docentes, encontró simpatía entre estos e incluso obtuvo su apoyo para postularse como candidato a la decanatura de la División. Sin embargo, cuando estalló la huelga estudiantil, los docentes de la División “descubrieron” que el profesor Villa se identificaba con la huelga, dejando ver en ello “(…) su ideología política. La gran mayoría del profesorado de economía calificó esta actitud, y otras, como deshonesta y desleal y hoy en día la mayoría de profesores del Departamento de Economía deseamos la salida del Dr. Villa del Departamento” (^{Roa, 1971}, pp. 6-7).

En resumen, el texto de ^{Roa (1971)}, que tiene por objetivo mostrar la transformación del movimiento estudiantil de la División en un movimiento político, permite inferir por medio de sus argumentos que hubo una lectura política por parte de uno de los actores implicados en el conflicto. Este actor percibe a sus oponentes no como estudiantes, sino como políticos astutos que se enfrentan a la ingenuidad de los docentes. En consecuencia, esta perspectiva desestima la legitimidad en el ámbito académico de las aspiraciones de los estudiantes, especialmente su deseo de participar en la elección de sus profesores y directivos.

Valga la pena señalar también que los líderes estudiantiles plantearon muy bien su lucha política y no descuidaron el debilitar la posición profesoral. Desconocieron exámenes aprovechando el apoyo inicial de algunos estudiantes nacido de las bajas calificaciones, se revelaron (sic) contra dos profesores el último día de clases explotando de nuevo las bajas calificaciones y el temor de perder las materias; se vetaron esos mismos profesores que, obviamente, fueron escogidos para golpear la organización del Departamento de Economía ya que uno de esos profesores es el Director encargado del programa de Economía General y el otro el Jefe del Departamento (^{Roa, 1971}, p. 7).

La lectura política del conflicto y del movimiento estudiantil, que hacen tanto el rector de la UV como el decano encargado de la DCSE no es una perspectiva exclusiva ni original de ellos. Como se ha observado, la movilización estudiantil nacional a lo largo de la década de 1960 estuvo impregnada de política, destacándose por su distanciamiento y postura crítica ante el Frente Nacional, así como por sus relaciones con organizaciones y corrientes políticas de izquierda. Es decir, que esta interpretación de los acontecimientos era plausible en ese contexto, ya que representaba un enfoque del conflicto que ya había ganado terreno, en especial, entre los actores que se ubicaban en los puestos de mando del establecimiento y que se solía acompañar de medidas represivas.

^{Ordóñez (2007)} recoge algunas líneas de la carta de renuncia a la rectoría de Alfonso Ocampo Londoño, luego de los acontecimientos del 26 de febrero, de estas líneas se destaca la siguiente afirmación: “(…) se vio claramente que este no era un movimiento únicamente universitario, sino esencialmente político y atentatorio contra los principios y valores que fundamentan las instituciones democráticas en nuestro país […]” (^{Ordóñez, 2007}, p. 114). En conclusión, un atentado a la democracia por parte del movimiento estudiantil.

Los investigadores Ingrid Bolívar y Óscar Calvo, quienes en sus indagaciones sobre la movilización estudiantil de 1971 se han detenido en los acontecimientos represivos y de muerte que tuvieron lugar el 26 de febrero en Cali, aportan la lectura policiva sobre la movilización estudiantil obtenida de un expediente de Inteligencia del Estado hallado en el Archivo General de la Nación (Bogotá). Este expediente presenta al movimiento como una “amenaza subversiva” al haber sido supuestamente infiltrado por organizaciones guerrilleras que seguían los lineamientos de una coordinadora guerrillera llamada Movimiento Guerrillero Urbano -MOGUR-, presunta responsable de sabotajes a fábricas, secuestros, extorciones y boicots a eventos internacionales (^{Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, 2021}).

Esta lectura policiva se entronca con la lectura política de las élites administrativas de la universidad y del Departamento del Valle del Cauca, y sirvieron como justificación a la violencia desde el Estado. Bolívar y Calvo (^{Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, 2021}) recogen las palabras del Gobernador del Departamento del Valle del Cauca de la época: Marino Rengifo. Estas fueron pronunciadas tras los sucesos del 26 de febrero y documentadas en el expediente de Inteligencia estatal, e ilustran la interpretación de las élites locales:

Comenzó a ponerse en ejecución el plan previsto, de acuerdo con los documentos incautados por los Servicios de Inteligencia de la Policía y del DAS, que constituyen un verdadero manual de "guerrilla urbana". Ataque y robo a almacenes, incendio a las bombas de gasolina, automotores y toma de puntos claves, tales como, las bodegas de las Empresas Municipales que fueron igualmente saqueados (^{Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, 2021}, 24m30s-25m29s).

Sin embargo, las pruebas aportadas por los cuerpos de inteligencia resultaron endebles y, en ocasiones, falsas. Las evidencias se componían de un documento incautado a un trabajador del psiquiátrico departamental, denominado Manual del guerrillero urbano de Carlos Marighella y de dos panfletos de grupos armados que, según Bolívar y Calvo (^{Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, 2021}), eran de dudosa autenticidad y cuyo contenido no indicaba relación alguna con la huelga estudiantil. En palabras de Óscar Calvo:

(...) se trata de un montaje hecho por la Inteligencia, convenientemente filtrado a los medios de comunicación que sustenta la declaratoria del estado de sitio y una amplia represión contra diferentes movimientos sociales, la detención de los dirigentes de la huelga entre ellos Vicky [Donneys], Gustavo [Vivas] etc., etc., con información claramente falsa… (^{Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, 2021}, 23m49s-24m11s)⁷.

3.2 Apuntalando una lectura académica del movimiento estudiantil

Por otra parte, en el análisis sobre el conflicto vivido en la UV existe “otro enfoque” que corresponde al de los estudiantes que, según ^{Ordóñez (2007)}, se diferenciaba al del rector por tener visiones encontradas sobre el proceso de modernización de la universidad. Para ilustrar dicho “enfoque” se parte por recoger elementos obtenidos de una entrevista realizada por las mismas personas que entrevistaron al doctor Ocampo en 1992. En esta ocasión Vianney Herrera y Leonor Trujillo entrevistan a María Victoria Donneys, quien participó del movimiento en calidad de líder estudiantil e integró el Comité ejecutivo de la Federación de Estudiantes de la Universidad del Valle FEUV (estudiante regular del programa de Trabajo Social).

Las entrevistadoras solicitan a la exlíder estudiantil que relate los sucesos del 26 de febrero, a lo que ella responde resaltando inicialmente los logros obtenidos por el movimiento en los días previos a la trágica fecha. Destaca que habían logrado sensibilizar a la ciudadanía respecto al conflicto que se vivía en la UV, ganando apoyos locales y nacionales para la causa estudiantil. Enfatiza que había sido exitosa la denominada “toma sin bolillo” de la Plaza de Caicedo el 25 de febrero:

(…) habíamos hecho simplemente la exposición de unas grandes pancartas con los puntos básicos que pedíamos, con los puntos básicos del problema y había gente cantando en la Plaza de Caicedo, había sido algo exitoso porque toda la ciudad se había enterado, porque habíamos recibido mucha solidaridad y yo pienso que realmente eso fue lo que hizo pensar a determinados sectores del Gobierno, de la Universidad misma de que el movimiento qué dimensiones iba a tomar, algo como muy fantasioso, muy poco realista a mi manera de ver, porque nosotros hasta ese momento no planteábamos ningún otro tipo de reivindicaciones, fuera de las reivindicaciones de la Universidad. O sea que era un movimiento que buscaba solidaridad de la ciudadanía pero para un problema muy específico, que no tenía mayor trascendencia realmente, pero lamentablemente el 26 de febrero, por el éxito que se tuvo ese 25 de febrero, que no hubo una sola piedra, que no hubo violencia, ni provocación del ejército, de la policía […] Fue una masacre absurda […] tú te imaginas por presentar una terna, por un movimiento puramente reivindicativo, por procurar tener una participación […] ¿una masacre de estas dimensiones?[…] No, nada la justificaba […] Fue una masacre en esta ciudad, es imperdonable[…] (^{Ordóñez, 2007}, pp. 116-117).

El texto de ^{Roa (1971)} permitió ver algunas de esas reivindicaciones específicas a las que alude María Victoria Donneys. Sin embargo, se ha considerado relevante examinar otro documento hallado en el AHUV, redactado por estudiantes de la DCSE y titulado Análisis y planteamientos de los estudiantes del Departamento de Economía (s.f., se presume que fue escrito en el último trimestre de 1970). Allí se exponen con mayor detalle algunas de esas reivindicaciones académicas. El documento permite reconocer las motivaciones de la movilización y observar si fueron de carácter académico o político como sostuvieron los directivos.

El texto tiene una extensión de dieciocho páginas, producido por diferentes manos, en el que se registra el trabajo de los estudiantes para elaborar una radiografía de su División. En las primeras cuatro páginas se exponen dos apartados, el primero es una introducción que ofrece un panorama general del problema de la División y menciona los problemas específicos que alimentan el diagnóstico; el segundo apartado se denomina Historia del movimiento estudiantil y proporciona una memoria de los acontecimientos ocurridos en la División entre 1969 y 1970, destacándose el recuento de los hechos de septiembre de 1970. El resto del documento está dedicado a la la presentación de cuatro informes producto de comisiones de trabajo de los estudiantes y están referidos a: i. Plan de estudios del Departamento de Economía, ii. Departamento de Ciencias Sociales y Políticas, iii. Promociones y iv. Programa de Magíster en Economía Agrícola.