Introducción

Además de la función punitiva de la pena privativa de la libertad, la legislación colombiana establece la función resocializadora ^{(El Congreso de Colombia, 2000)}. En cumplimiento de esta función, los establecimientos carcelarios han implementado el Programa Cadena de la vida y Responsabilidad Integral con la vida (CVRIV). Este programa inicia con una antelación de seis meses al cumplimiento de la pena y fomenta estrategias pedagógicas que propician la reflexión sobre el delito cometido y la adquisición de sentido de coherencia con la vida, favoreciendo su incorporación a la cotidianidad y que se configuren las decisiones futuras en el cuidado, mantenimiento de la vida y la no reincidencia ^{(Cifuentes et al., 2016)}.

Una adecuada función de resocialización incide positivamente en factores de la vida en sociedad personales y contextuales, entre estos: facilidades para la consecución de trabajo, mejoramiento de la capacidad adquisitiva, acceso a la vivienda y atenuación de problemas psicosociales y de relacionamiento ^{(García-Jarillo et al., 2016)}. Esta doble función de la pena adquiere relevancia en el marco del Estado social de derecho en Colombia, que toma en consideración al sujeto, en preservación del principio de dignidad ^{(Duran Migliardi, 2015)}.

En Manizales, el programa CVRIV se implementa desde 2019 en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad (EPCMS) con el objetivo de generar fortalezas en los internos, de acuerdo con el marco de Sentido de Coherencia, en relación con la vida, la existencia y la calidad de vida relacionada con salud considerada un aspecto de la esencia humana ^{(Cifuentes et al., 2016)}.

De acuerdo con ^{(Antonovsky, 1996)}, el Sentido de Coherencia es la disposición personal a valorar los acontecimientos de la vida como “comprensibles”, “manejables” y llenos de “significado”. Es la representación de la capacidad para recibir y valorar las experiencias para actuar de forma constructiva; las dimensiones de este constructo son descritas por ^{(Paredes-Carbonell et al., 2013)} así: “a) Comprensibilidad: referida al grado en que las personas tienen un sentido cognitivo y enfrentan las situaciones de modo ordenado, consistente, estructurado y claro. b) Manejabilidad: grado en que los individuos entienden que los recursos adecuados para hacer frente a las demandas del entorno se encuentran a su disposición y c) Significatividad: como valor que la persona otorga a lo que ocurre independientemente de cómo acontezca la experiencia de que la vida vale la pena; de que los retos merecen nuestros esfuerzos y son dignos de nuestro compromiso”.

Teniendo en cuenta la reciente implementación del programa, esta investigación se enfocó en 1) caracterizar a nivel sociodemográfico la Población Privada de la Libertad (PPL) perteneciente al programa, 2) conocer las condiciones de vida antes de ingresar a prisión 3) evaluar sus condiciones de vida en el establecimiento y finalmente, 4) medir una línea de base para el Sentido de Coherencia de este grupo poblacional.

Metodología

Se realizó una investigación transversal que corresponde a un estudio observacional en el que la medición de las variables se hizo una sola vez, en un momento puntual del tiempo, un lugar determinado y no tiene periodos de seguimiento ^{(Hernández et al., 2014) (Manterola et al., 2023)}. El alcance es descriptivo puesto que permitió determinar las características sociodemográficas, las condiciones de vida antes y durante la estancia en prisión y el análisis desde la perspectiva del Sentido de Coherencia.

Resultados

A continuación, se presentan los hallazgos de la caracterización sociodemográfica y las condiciones de vida antes y durante la prisión.

Discusión

Las características sociodemográficas fueron coincidentes con lo reportado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (INPEC) en 2019 ^{(Oficina Asesora de Planeación, 2019)} donde el grupo etario de mayor representación es el de 25 a 29 años, seguido por los privados de libertad entre 30 y 34 años. También evidencia que el grupo más representativo en escolaridad es el que ha cursado algún grado de bachiller con un 56,9%.

En relación con el estado civil y la dimensión de comprensibilidad del SOC- 15 se encontraron diferencias estadísticamente significativas. En la evaluación de esta dimensión y en términos de desarrollo humano, se destaca su relación con la capacidad de “afiliación” de la lista de capacidades centrales para el funcionamiento humano de Nussbaum, definida como: “ser capaz de vivir con y hacia otros, de reconocer y demostrar preocupación por otros seres humanos, de comprometerse en diferentes maneras de interacción social; ser capaz de imaginarse la situación de otros y de tener compasión de tal situación; ser capaz tanto de justicia cuanto de amistad” ^{(Nussbaum, 2020)}.

Del análisis de las condiciones de vida antes de ingresar al EPCMS se evidenció una vulneración de la protección del derecho fundamental a la salud y de los principios de universalidad, solidaridad y eficiencia en el acceso a los servicios de salud, por cuanto el 27% de los participantes reportaron no tener afiliación al sistema de seguridad social en salud. También se destaca que si bien la mayoría (59,4%) tenían un trabajo formal y reportaban niveles de satisfacción altos con su salario y su trabajo, solo el 21,6% tenían cobertura integral de seguridad social, es decir salud, pensión y riesgos laborales. Llama la atención este hallazgo por cuanto se observa una precarización en la protección social antes de la privación de la libertad, condición que persiste en el establecimiento carcelario puesto que allí las condiciones de protección social son más deficientes; teniendo en cuenta que los derechos de las PPL “[...] están orientados por los 11 principios básicos para el tratamiento de reclusos definidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su ^{Resolución 45/111 de 1990}, un instrumento universal ^{(Asamblea General de las Naciones Unidas, 1990)}. Al respecto se advierte “Desde una perspectiva de salud pública, la compleja situación de salud en los Establecimientos penitenciarios y carcelarios EPC, representan un riesgo no solo para las PPL, sino también para sus familias y el cuerpo de vigilancia y custodia y para la salud pública, por lo tanto, para lograr una intervención efectiva en los EPC e impactar en los determinantes sociales de la salud deben implementarse políticas penales y carcelarias que atiendan las necesidades en salud, así como los factores ligados a las condiciones propias del confinamiento” ^{(Lopera Medina & Hernández Pacheco, 2020)}. Lo anterior tiene incidencia en la dimensión de significatividad, en especial en la percepción de que la vida es buena y en que se pueden encontrar soluciones a las dificultades (ver tabla 4).

Según ^{(Guerrero, 2018)} “[...] un alto sentido de coherencia está relacionado con la puesta en práctica de hábitos más saludables en diversas poblaciones” como la realización de actividad física frecuente y tener una alimentación balanceada con un adecuado consumo de frutas y verduras. Se halló significancia estadística entre la rutina de actividad física y el consumo de frutas y verduras con el puntaje general del SOC en la población estudiada. Cotejando esta información con los resultados de condiciones de vida en prisión, preocupa que el 59,5% se encuentre inactivo; esta situación incide de manera negativa en los diferentes ítems de las dimensiones comprensibilidad, manejabilidad y significatividad del SOC-15 y a la vez desvirtúa el objetivo de resocialización.

Asimismo en las condiciones de vida antes del ingreso a la prisión, se exploró sobre la pertenencia a grupos o instituciones comunitarias (acción comunal, asociaciones o grupo social) y se evidenció una baja participación social. La consecución de propósitos de participación social “[.] supone la existencia de una identidad colectiva anclada en la presencia de valores, intereses y motivaciones compartidas que sustenta la existencia de un “nosotros”. La participación social desarrolla la conciencia cívica de las personas, refuerza los lazos de solidaridad, hace más comprensible la noción de interés general y permite que los individuos y grupos más activos intervengan en la gestión pública”. ^{(Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2007)}

Al indagar por las características de la vivienda, el 59,5% respondió tener vivienda arrendada y un 40,5 % propia dos años antes del ingreso al establecimiento carcelario, a su vez la mayoría con acceso a servicios públicos de agua, energía, alcantarillado, gas y recolección de basuras, así como también condiciones de iluminación y ventilación adecuadas. Cobran validez las afirmaciones de ^{(Carmargo Sierra & Hurtado Tarazona, 2013)} y ^{(Mocaleano, 2006)} en cuanto a la tenencia de vivienda, que para países como Colombia significa necesariamente convertirse en propietario, siendo esta una necesidad tan básica como el alimento y el vestido, puesto que se torna tanto en un reflejo del progreso personal como un indicador de la materialización de un derecho fundamental, el derecho a la propiedad. De acuerdo con esto, se podría decir que el tener vivienda propia genera una seguridad protectora para la vida fuera de la prisión, ya que se le atribuye no solo la función de un techo sino también la generación de oportunidades, un patrimonio seguro para heredar, rentas por arrendamientos o títulos de propiedad como respaldo para créditos ^{(Carmargo Sierra & Hurtado Tarazona, 2013)}. A la evaluación por la escala SOC-15 se encontró que los participantes que reportaron tener vivienda propia tenían en un 86,7% fortalecida la dimensión de manejabilidad que incluye ítems como “en los últimos años las decisiones de tu vida han tenido claridad y coherencia”, “te encuentras en una situación en la que sabes lo que tienes que hacer” y “eres capaz de afrontar las dificultades de tu vida”.

En este orden de ideas entra en juego la ciudad no solo como espacio físico “[.] sino como sistema de instituciones que se relacionan con los hogares e individuos y tienen la capacidad de ofrecer e impedir el acceso a oportunidades relacionadas con la vivienda”. Esto reflejaría la triada activos-oportunidades- instituciones planteada por ^{Moser (2005)} desde el enfoque de construcción de activos como base para estrategias de política social ^{(Carmargo Sierra & Hurtado Tarazona, 2013)}. Entre las que es necesario incentivar las tendientes a la función de resocialización prevista en el derecho penal.

El 62,2% de los participantes afirmó tener proyecto de vida antes del ingreso al establecimiento carcelario. A su vez los hallazgos con relación al puntaje total del SOC en este grupo de estudio arrojó que el 78,3% “siempre” tienen un proyecto personal o familiar. Lo cual es importante y coincide con ^{(Rawls, 1995)}, para quien: “la idea principal es que el bien de una persona está determinado por lo que para ella es el plan de vida más racional a largo plazo, en circunstancias razonablemente favorables, un hombre es feliz, en la medida en que logra más o menos, llevar a cabo este plan”.

Para ^{(D'Angelo, 2004)} el proyecto de vida ayuda a conformar la identidad personal y social de acuerdo con el transcurrir del tiempo y a los acontecimientos que en este se desarrollen. Es la idealización sobre lo que el individuo espera o quiere ser y hacer y las posibilidades propias y del medio para lograrlo.

Este hallazgo incide positivamente en los recursos generales de resistencia para desarrollar el proyecto de vida “[..] se requieren de los Recursos Generales de Resistencia y, en tal sentido si una persona tiene todos estos recursos, le será más fácil enfrentarse a los desafíos y contratiempos que le surjan en la vida y, el sentido de coherencia facilita la solución de problemas de una forma adaptativa ante situaciones estresantes ^{(Burguillos Peña, 2016)}.

En este orden de ideas, es dable reconocer que en salvaguarda de la ^{Constitución Colombiana la sentencia T-227 de 2003} le otorgó preeminencia al desarrollo de un plan de vida, precisando: “[...] Así las cosas, la elevación a rango constitucional de un plan de vida concreto en el marco de las condiciones sociales en las que el individuo se desarrolle y la posibilidad real y efectiva de gozar de ciertos bienes y servicios [.] amplían la posibilidad de desarrollar un papel activo en la sociedad y definen los contornos de lo que se considera esencial, inherente y, por lo mismo inalienable para la persona” ^{(Corte Constitucional de Colombia, 2003)}. Este tipo de pronunciamientos refuerzan la importancia dentro del SOC de la valoración de las dimensiones de Significatividad y Manejabilidad como herramientas de apoyo entorno a la función de resocialización de la pena.

En los hallazgos se destaca como tiempo promedio de permanencia en el EPCMS 9,2 años (DE=5,89); en relación con este aspecto la literatura científica evidencia que durante este tiempo pueden darse fallos en los mecanismos de adaptación de los reclusos, en el contexto de una población que presenta afectaciones de la salud mental siete veces mayor y mayor riesgo de conductas suicidas en comparación con población general con mayor incidencia en jóvenes. ^{(Gómez-Figueroa & Camino-Proaño, 2022) (Niño et al., 2017)} Así también, los centros de reclusión se consideran como “un entorno dañino para el bienestar mental de una persona”, además del aislamiento social y familiar existe discriminación y estigmatización junto con abuso de sustancias psicoactivas ^{(Niño et al., 2017)}.

Desde la perspectiva de la salutogénesis y de la psicología positiva, entendiendo la salud mental como “un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera, es capaz de hacer una contribución a su comunidad” ^{(Organización Mundial de la Salud, 2019)}, en igual sentido el SOC-15 puede constituirse en herramienta para evaluar los mecanismos de afrontamiento, en este caso particular de la PPL en la que cada persona debe asumir el impacto que genera en su vida la pérdida de la libertad y a su vez se deben propiciar las intervenciones para facilitar el proceso de resocialización una vez se cumpla la condena.

En relación con estos hallazgos, se encontraron ítems de las diferentes dimensiones del SOC-15 con puntajes bajos, lo que denota la afectación en la salud mental a saber: con un puntaje promedio de 3,8/5 en el ítem 14 “encontrar una solución a los problemas es fácil” y de 3,7/5 en ítem 11 “para ti la vida es interesante” de la dimensión de significatividad. A su vez un puntaje de 3,7/5 en el ítem 1 “te sientes comprendido cuando hablas con los demás” y con 3,8/5 en el ítem 2 “cuando tienes que hacer algo que depende de otras personas sientes que puedes lograrlo” de la dimensión de comprensibilidad. Cifras que pueden incidir restrictivamente en el proceso de resocialización del privado de la libertad una vez cumplida su condena, dado que muestran desconfianza en los demás y algún grado de depresión (Tabla 4).

Por su parte los resultados de las dimensiones de comprensibilidad y manejabilidad del SOC-15 en los ítems 4 “claridad en las ideas y sentimientos” y 9 “manejo adecuado de sentimientos” se perciben como deficientes a mayor tiempo de permanencia en el establecimiento carcelario, lo que concuerda con los pronunciamientos realizados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México: “[...] cabe reconocer, que la falta de cualquier punto de referencia que ofrezca algún tipo de certidumbre en el largo camino de la reclusión prácticamente a perpetuidad, no puede menos que repercutir negativamente en la salud mental del interno” ^{(Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, 2015)}.

Finalmente, como limitaciones del estudio se reconoce que la baja escolaridad de la PPL, puede ser un obstáculo al momento de aplicar instrumentos que requieran comprensión lectora, también existe el sesgo de repuestas normativas por el tipo de preguntas y la población estudiada. Es importante señalar que el periodo de recolección de la información coincidió con el periodo de pandemia por COVID-19 durante 2021 en donde aún había restricciones para el ingreso al EPCMS con incidencia en el impacto psicológico y sus efectos ^{(Sandín et al., 2020)}.

Conclusiones

Este proceso investigativo confirmó que la escala SOC-15 en su versión en español puede ser aplicada para la población colombiana y en el contexto carcelario con confiabilidad adecuada para medir la capacidad de aprovechamiento de los recursos para enfrentar los estímulos (Sentido de Coherencia).

El estudio permitió establecer una línea de base para la evaluación de las dimensiones del SOC en relación con el programa CVRIV que permitirá darle un seguimiento y continuidad al impacto del programa en el fortalecimiento de las dimensiones contentivas del SOC-15 comprensibilidad, manejabilidad y que favorezcan el proceso de resocialización y su reinserción a la vida en sociedad.

Las penas privativas de la libertad muy extensas inciden directamente en la salud mental, generando percepciones deficientes en los ítems constitutivos de las dimensiones del SOC-15.

Se requieren estudios de mayor alcance para la investigación sobre esta temática que permitan orientar políticas efectivas que fomenten prisiones promotoras de salud, que prioricen el proceso de resocialización sobre la función punitiva de la pena y que llamen la atención a los decisores de política pública en la incidencia directa en las condiciones locativas de los EPCMS a todas luces conocidas las deficiencias en infraestructura existentes en el sector.

Por último cobra interés lo preceptuado en la ^{Sentencia T 762 de 2015}: “Es imperioso recordar que el esfuerzo por la resocialización del delincuente y por su incorporación a la vida en sociedad, después de su castigo, se traduce en beneficios para la comunidad.[...] abandonar tal enfoque hace que el sistema penitenciario y carcelario se convierta en un sistema multiplicador de conflictos[.] lo que finalmente termina siendo más costoso para el conglomerado social [...] se enfatiza que si no se permite la resocialización real de los condenados no se reduce la reincidencia” ^{(Corte Constitucional de Colombia, 2015)}.